Contraloría General de la República Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico Dirección General de Presupuesto Nacional

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Contraloría General de la República

Informe de Seguimiento Semestral

Ejercicio Económico 2014

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 1.1 Competencias

La Contraloría General de la República es la encargada constitucionalmente de la fiscalización del uso de los fondos públicos, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la gestión de la Hacienda Pública y a ser un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en materia de control político; el ámbito de su competencia se establece sobre los entes públicos, los sujetos privados que sean custodios o administradores de los fondos y actividades públicos, de entes y órganos extranjeros integrados por aquellos de carácter público nacional e incluso de las participaciones minoritarias del Estado en sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, es decir la ejerce sobre los entes públicos y los sujetos privados que custodien o administren fondos públicos. Su gestión se encuentra enmarcada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2020, el cual se va ajustando en forma gradual a los requerimientos metodológicos establecidos por la Dirección de Presupuesto Nacional en su calidad de ente rector en la materia de programación presupuestaria, de tal manera que, para el año 2014 a nivel institucional se establecieron los siguientes indicadores de resultados:

1. Tasa de retorno de los productos de fiscalización, en los cuales se aplica la metodología de medición de resultados.

2. Porcentaje de ahorro obtenido por las acciones de fiscalización integral realizadas. 3. Percepción ciudadana respecto de la utilidad de la información pública disponible. 4. Información solicitada disponible en la WEB, respecto del total de información

solicitada a las instituciones seleccionadas, y

5. Cobertura de instituciones de mayor riesgo fiscalizadas para prevenir la corrupción. Respecto al primero, el cual representa la razón entre los beneficios obtenidos como resultado de los estudios de fiscalización y los costos asociados a dichos estudios, la institución reporta que al primer semestre de 2014 se obtuvo un resultado de 29,6 superando la meta anual establecida de 28, lo anterior se traduce en que por cada colón invertido en los estudios de fiscalización se obtuvo un beneficio de ¢29,6 colones para las finanzas públicas (a 22 fiscalizaciones con las que se recuperaron ¢19.610 millones se asocian los costos directos e

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indirectos atribuibles a la fiscalización y al seguimiento de las disposiciones, que suman ¢662 millones), traducidos específicamente en aumentos en la recaudación de impuestos en algunas Municipalidades, reintegros por pagos de más en contratos de construcción, ahorros en la administración producto de acciones jurídicas y recuperaciones de terrenos propiedad del Estado, a manera de ejemplo en RECOPE la recuperación económica por multa en atrasos de fecha de entrega de producto contratado y en el CNC lo que respecta a la aplicación de multas por incumplimiento a las cláusulas del Contrato con Autopista del Sol S.A.

Respecto al segundo indicador, no se reportan resultados, en su lugar se solicita excluirlo de la programación aduciendo la imposibilidad de contar con una línea base de medición, la cual esperan contar a partir del año 2016; exclusión que no fue aceptada por cuanto el ente Contralor fue comunicado, al igual que otras entidades, que la fecha límite para reprogramación era el 25 de mayo de 2014.

Sobre el tercero, tampoco muestra avance, la institución indica que se están determinando oportunidades de mejora sobre la percepción que algunos actores (Asamblea Legislativa) tienen sobre sus servicios, por tal razón pide suprimirlo de su respectiva programación presupuestaria, la cual tampoco fue aceptada.

En lo relativo al cuarto indicador no se reportó avance, en su lugar reportaron niveles de cumplimiento de un indicador que no forma parte de la programación aprobada por la Ley N° 9391 denominado “Informe disponible en la WEB, para promover la transparencia”, por tal razón en este informe se omiten sus resultados.

Sobre el último indicador, se reportó la aplicación de la metodología del caso con los correspondientes criterios y la identificación de 27 instituciones con mayor vulnerabilidad a riesgos de corrupción, a partir de ese listado y conforme al PEI se dará cobertura al 80,0% (22), pese a que el compromiso para el año de interés se estableció en un 40,0% (9). Al primer semestre se tiene como resultado el rediseño del Índice de Gestión Institucional (IGI), el cual incluye 37 medidas orientadas a fortalecer la ética y a prevenir la corrupción, se informa de la fiscalización de 11 entidades clasificadas de mayor vulnerabilidad, con información verificada en dos vías, la efectuada por parte del Ente Contralor y las auditorías internas.

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1.2 Gestión financiera

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2014 con ingresos corrientes y de financiamiento (fuentes 001, 280 y 905), respectivamente:

Autorizado (Ley 9193 y Modif.) 0-Remuneraciones 17,425,877,900 8,153,625,726 46.8 1-Servicios 1,113,543,800 325,264,741 29.2 2-Materiales y Suministros 158,464,800 43,123,588 27.2 3-Intereses y Comisiones - - -4-Activos Financieros - - -5-Bienes Duraderos 597,023,500 7,372,295 1.2 6-Transferencias Corrientes 654,922,500 166,271,526 25.4 7-Transferencias de Capital - - -8-Amortización - - -9-Cuentas Especiales - - -SUB TOTAL 19,949,832,500 8,695,657,876 43.6 Transferencias no vinculadas 1/ 488,167,500 200,544,595 41.1 TOTAL GENERAL 20,438,000,000 8,896,202,471 43.5 Ejecutado 2/ Partida

2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Fuente: Módulo de Poderes. 3/ Incluye superávit libre.

Cuadro 1.2.1

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Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado según Partida Al 30 de junio de 2014

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

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El nivel de ejecución alcanzado en el primer semestre por el ente contralor fue de un 43,5% de los recursos autorizados para el año, porcentaje muy similar al obtenido en la misma fecha en el año 2013 (43,0%). Se informa que las principales razones que justifican el comportamiento del gasto fueron:

Aspectos relacionados con el pago de las remuneraciones –rubro que representa el 87,3% del total autorizado y el 93,8% del gasto devengado-, tales como el reconocimiento de porcentajes menores por costo de vida para el primer semestre, se reconoció un incremento diferenciado de 1,43% para algunas categorías y el 0,43% para la mayor parte de los puestos, que promedian un 0,93% en contraposición al 2,73% presupuestado, la no utilización de 17 plazas en promedio por quincena, producto de los movimientos por el cese de la relación laboral, jubilaciones y ascensos, entre otros; otro hecho relevante fue el traslado de 27 plazas del régimen de salario base y pluses al de salario único, lo que da origen a un ahorro producto de que fueron presupuestadas con supuestos salariales y costos más altos; de igual forma, un pago menor en el salario escolar por ¢30 millones al no cerrar el ejercicio anterior con ocupación plena de la planilla estimada. A todo lo anterior se suma el efecto que este comportamiento del gasto en remuneraciones tiene en las contribuciones sociales y el aporte patronal al fondo de cesantía. Otros aspecto apuntado es la presencia de facturas en condición de devengadas por un monto de ¢35 millones en razón de que no han cumplido con el plazo de 30 días naturales posteriores a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios adquiridos; en forma análoga se presentó el atraso del cobro de las facturas de los servicios de energía eléctrica, telefónicos, médicos y telemáticos. También, se produjo un gasto menor al esperado en mantenimiento de los distintos bienes de la institución, al reconocimiento de facturas por cinco meses para el pago de servicios continuados, en gastos de viaje dentro del país con la aplicación de políticas y procedimientos para hacer más eficiente los traslados de los funcionarios, como es el uso de las videoconferencias y revisión de los documentos en la sede y no en la institución auditada, entre otros; también a que las líneas de gasto relativas a viáticos y transporte al exterior fueron afectadas solo para adquirir 6 tiquetes aéreos y el reconocimiento de viáticos para 8 eventos de 25 actividades en que participó la institución, dado el apoyo económico brindado por los respectivos organizadores.

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Otro factor que incidió fue la continuidad de las políticas emitidas para la racionalización de gastos en productos como tinta, tóner, papel para impresión y suscripciones; así como las adquisiciones de suministros bajo el sistema de contra demanda.

El gasto en becas fue menor al programado al no impartirse la Maestría en Gestión Pública, también hubo poca ocurrencia en el pago de subsidios por incapacidades; se reporta el pago según lo programado en el renglón de prestaciones legales por un monto de ¢101 millones. Sobre los bienes de capital, la ejecución es muy baja tomando en cuenta que la mayoría de ellos se ejecutan mediante licitaciones, se indica que por su dinámica, el gasto se concretará en el segundo semestre.

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del

quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos

(gestión/resultados)si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución,

programa o subprogramay en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio.

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en la Ley de Presupuesto del 2014 y sus modificaciones para el Programa Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, centro gestor al que se le asignó una mayor ponderación en el presupuesto institucional.

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Operativo Estratégico Fiscalización Superior de la Hacienda Pública - 2 TOTAL GENERAL - 2 Al 30 de Junio de 2014 Centro de Gestión Cuadro 2.1

Contraloría General de la República

Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. Cantidad de indicadores operativos y estratégicos,

por tipo de indicador, según Centro de Gestión

Indicadores

Fuente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General

de Presupuesto Nacional.

Con base en los indicadores considerados en la programación, el 100% de los cuales fueron clasificados como estratégicos y de los datos suministrados por la institución, se da cuenta en el siguiente cuadro del porcentaje de cumplimiento de los indicadores de producto, su asignación presupuestaria y ejecución financiera en el primer semestre, omitiendo el cuadro sobre indicadores de objetivo, al carecer este programa de los mismos.

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100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/

Ejecutados 1/ 2/

Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor

riesgo. X 58.8 43.2

Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por la Contraloría General de la República para el control político.

X 1.4 0.0

Total de recursos 60.2 43.2 Porcentaje de ejecución

Fuente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.

2 /El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.

71.8% Servicio de Fiscalización Integral de los Servicios Públicos Cuadro 2.2

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Porcentaje de avance y monto de recursos, según productos e indicadores estratégicos asociados Al 30 de junio de 2014

Descripción del Producto

Descripción del Indicador

Porcentaje de avance Recursos en millones de colones

Para el primer indicador, “Cobertura de los servicios públicos críticos o de mayor riesgo” -aparte del desarrollo del proceso metodológico para determinar los diferentes niveles y la desagregación de los servicios críticos del nivel muy alto-, se alcanzó un inventario inicial de 22 servicios públicos críticos, de los cuales solo 18 (80,0%) se enmarcan en su cobertura, conforme lo establece el objetivo estratégico de su PEI. En el primer semestre se fiscalizaron dos servicios críticos de los 9 (50,0%) programados en la Ley, lo que arroja un resultado de un 22,2% (2/9) y un nivel de avance del 44,4% de la meta anual programada, -estos resultados difieren de los reportados por la institución, por cuanto reprogramaron la meta de este indicador en forma extemporánea, como se señaló anteriormente-, el primer servicio crítico fiscalizado fue el

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relacionado con el servicio de abastecimiento de agua potable –en el periodo comprendido entre el primero de enero y 31 de diciembre del año 2012 y ampliado en algunos casos según conveniencia-, efectuado por 28 municipalidades operadoras de acueductos: Abangares, Alajuela, Alvarado, Aserrí, Barva, Belén, Cartago, Dota, Flores, Grecia, Jiménez, La Unión, León Cortés, Montes de Oro, Nandayure, Naranjo, Oreamuno, Orotina, Paraíso, Poás, San Carlos, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tarrazú, Turrialba, Upala, Valverde Vega y Zarcero. Estos acueductos abastecen aproximadamente a 740 mil habitantes y la prestación de este servicio generó ¢25.600 millones en los períodos 2012-2013. La fiscalización efectuada, las debilidades determinadas y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el órgano contralor, según se indica, permitirá: “…una mejora en la gestión de los gobiernos locales que permita determinar y

controlar las pérdidas del recurso generadas en el proceso de captación, conducción y distribución del agua a la población, y se efectúe el cobro a los usuarios, de acuerdo con las cantidades de agua efectivamente consumida por los abonados, para traducir los dineros cobrados en un servicio de calidad a los usuarios, así como para promover acciones que fomenten un uso racional y mitiguen los riesgos del agotamiento del recurso hídrico y, por ende, procurar su sostenibilidad”.

El segundo servicio público crítico es el que se relaciona con el servicio de vivienda de interés social, se efectuó el análisis de la normativa técnica creada o modificada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) para la implementación de los procedimientos de control vinculados con la fase constructiva de los proyectos de interés social financiados al amparo del artículo N°59 de la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda; del estudio se citan los siguientes resultados:

1. Oportunidades de mejora relacionadas con el control en la etapa constructiva de los proyectos llamados “llave en mano”, los cuales no presentan un proceso previo de fiscalización en fase constructiva, pues las inspecciones se realizan sobre el proyecto finalizado para determinar aspectos puntuales. Dicho tópico, es de mucha relevancia en el sentido de que el BANHVI ha adquirido proyectos con estas características por montos superiores a los ¢ 45.000 millones, en los últimos seis años.

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2. Otro aspecto de mejora determinado es el vinculado con el manejo de la documentación de los expedientes de los proyectos, por cuanto hay información dispersa entre los distintos actores involucrados que no se incluye.

3. Emisión de disposiciones a la gerencia del BANVHI, para que en su condición de superior ejecutivo del Banco y como responsable del correcto funcionamiento del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, tome las acciones correctivas respecto a las debilidades encontradas, con el fin de que mejoren su gestión financiera y propicien mayores oportunidades de vivienda a las personas con menores recursos económicos.

Para el segundo indicador “Nivel de satisfacción sobre la utilidad de los productos generados por

la Contraloría General de la República para el control político” no se reporta avance pues sus resultados se derivan de la aplicación de una encuesta anual de percepción en forma específica a personeros de la Asamblea Legislativa, atinente a la satisfacción derivada de sus productos para el control político. No obstante, señalan que se efectuaron algunas acciones relacionadas tales como la revisión de los instrumentos aplicados anteriormente con el fin de actualizar y permitir la compilación de datos relevantes para la respectiva toma de decisiones.

Finalmente, la institución muestra el interés por dar continuidad al proceso de consolidar la aplicación metodológica de fiscalización de los servicios públicos críticos, en al menos dos estudios adicionales que tienen definidos en su programación ajustada.

Ahora bien, tomando en consideración los resultados de los indicadores del programa al corte del presente informe, que revelaron niveles de avance del 44,4% respecto de las metas anuales comprometidas y un porcentaje de ejecución del 71,8% respecto de lo programado, se observa que la relación entre los avances de las metas y la ejecución de los recursos destinados a su consecución, no es acorde.

Por otra parte, al igual que en periodos anteriores es importante subrayar que la entidad ha mostrado una excelente disposición y se ha esforzado por alinear su PEI 2013-2020 a la metodología de programación presupuestaria y en acatar las recomendaciones emitidas por la rectoría en los distintos informes; por lo cual sorprende que para la presentación del informe de

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seguimiento institucional que sirve de base para la formulación del presente informe, se hayan aplicado cambios que implican la exclusión de dos indicadores de resultados y la variación de las metas de un indicador de gestión, sin observar el marco normativo establecido por la Dirección de Presupuesto Nacional para esos efectos, el cual autoriza la reprogramación anual en fecha anterior a la establecida para el informe de seguimiento.

Programa Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.

Propósito del programa Fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

Presupuesto del programa ¢13.750.355.500

Porcentaje ejecutado del presupuesto 45,8

Período de seguimiento Enero a junio de 2014

Fuente de Información Informe de autoevaluación realizados por las institución y análisis realizado por la DGPN.

Nota: No incluye transferencias no vinculadas a la gestión.

Ficha resumen

Información general del Programa

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3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La implementación gradual del PEI 2013-2020 exige un monitoreo constante de su contenido, que conlleva la revisión y propuesta de ajustes necesarios para el proceso de mejoramiento de la gestión, lo cual puede implicar la variación de la programación contenida en la Ley, que se efectúa observando la normativa y fechas establecidas al efecto por el órgano rector en materia presupuestaria, de manera que se informe sobre el avance de los compromisos asumidos mediante la Ley y/o las variaciones autorizadas en el decreto de reprogramación, la observancia de este procedimiento evita situaciones como la presentada en el presente informe.

En relación con la elaboración de indicadores de resultados institucionales, se evidencia la falta de una línea base consolidada respecto del indicador “porcentaje de ahorro obtenido por las acciones de fiscalizaciones integral realizadas”, por la diferencia tan marcada entre el resultado obtenido y la meta anual establecida a partir de la línea base, los resultados del primer semestre muestran que ya se superó la meta anual.

Otro aspecto a resaltar es que tanto en el informe de seguimiento del año anterior como en el actual, el cuadro que informa sobre el análisis de los resultados, lo numeran y titulan de manera distinto a lo instruido en el instrumento diseñado, para rendir el informe.

De la revisión y análisis del informe remitido, se formulan las siguientes recomendaciones: 3.1 Ajustarse a los lineamientos establecidos para rendir los informes, por lo tanto debe circunscribirse en su forma y requerimientos a lo solicitado por el órgano rector.

3.2 Revisar y adecuar la programación presupuestaria con la oportunidad que demanda las fechas establecidas al efecto por el órgano rector, con el propósito de evitar versiones diferentes entre los resultados del informe rendido por la institución y los del presente informe.

3.3 Incluir en la Ley de Presupuesto solo aquellos indicadores donde se hayan obtenido las respectivas mediciones y los resultados en años anteriores, de tal forma que cuenten con una base de medición consolidada que permita medir su avance y/o resultado esperado para los años siguientes.

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