Política petrolera y laboral en Colombia. La huelga de la Unión Sindical Obrera

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Región Andina

Política petrolera y laboral

en Colombia. La huelga

de la Unión Sindical Obrera

Héctor Vásquez F.*

La Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) nació como empresa de todos los colombianos des-pués de una huelga de los trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), en 1948, a través de la cual se reivindicó la creación de esta entidad estatal para que asumiera la explotación del petróleo al final de la “Concesión de Mares” que el Estado colombia-no le había hecho a la multinacional Tropical Oil Company para explotar el petróleo existente en la zona del municipio de Barrancabermeja.

Hasta antes de la creación de ECOPETROL, el petróleo se explotaba mediante contratos de “concesión”, a través de los cuales las compañías multinacionales sólo pagaban impuestos y unas regalías que podían representar hasta el 20% del precio del barril. Con el surgimiento de la empre-sa estatal ECOPETROL, el esquema de “concesiones” ter-mina y se inicia otro tipo de contratos, llamados “de aso-ciación”, a través de los cuales el país logra una mayor par-ticipación en las utilidades que deja el negocio, que pue- [AÑO

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den estar entre un 35% y un 50% del precio del barril, descontadas las regalías, y dependiendo también de los riesgos y del precio del petróleo.

Desde entonces, los trabajadores de ECOPETROL organi-zados en la USO han sido siempre la piedra en el zapato en relación con la política petrolera y con la negociación de este tipo de contratos, porque no ha faltado nunca quien desde el Estado desarrolle una política favorable a los intereses de las compañías multinacionales.

Esto motivó la huelga de la USO, hecho que no ocurría desde 1977. El gobierno tomó la decisión unilateral de dividir la empresa, una política que además de tener la intención de apartar al sindicato y a los trabajadores de las decisiones de política petrolera, coloca a ECOPETROL en la vía del marchitamiento progresivo (algo en lo que el presidente Uribe es especialista, como nos lo recuer-da la situación de bancarrota que se generó en todo el sector público de la salud a partir de la Ley 100 de 1993, de la cual fue ponente cuando en ese entonces era senador de la república), como lo dijera a propósito el ministro de Minas: “ECOPETROL se convierte en un actor adicional a los que ya existen, en las mismas con-diciones de los demás”.

Precisamente, esto fue lo que denunció con mucha cla-ridad la USO: “La primera empresa del país está seria-mente amenazada por una política oficial contraria al interés nacional. La estatal petrolera sólo perforó 4 pozos exploratorios en los últimos cuatro años, cuando el Plan Quinquenal (1998-2003) proyectó perforar 200. Las asociadas respondieron bajando el ritmo de perforación exploratorio, para presionar cambios en el contrato de asociación, como en efecto ocurrió, obteniendo más par-ticipación en la distribución de la producción y menos pago por regalías a las regiones. En síntesis, la explora-ción ha caído y la realizada en forma directa por parte de ECOPETROL es marginal, porque el presupuesto de exploración está destinado en un 95% al desarrollo de

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“La estrategia de las multinacionales del petróleo ha sido la de presionar para obtener condiciones de asociación con el Estado que cambien el esquema actual, favorable a los intereses de la nación. Por ello se han resistido a realizar nuevas exploraciones mientras explotan los campos petroleros más productivos y con mayores reservas de petróleo.”

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los campos de producción de los asociados, situación que pone al país en alto riesgo de convertirse en pocos años en importador de petróleo, ya que las reservas propias, que son del orden aproximadamente de 325 millones de barriles, se están agotando y no hay perspectivas en el corto plazo de nuevos hallazgos y con el nivel de consumo actual, aproximadamente en cinco años perderemos la condición de autosuficiencia petrolera” (Frente Obrero, 2004).

La estrategia de las multinacionales del petróleo ha sido la de presionar para obtener condiciones de asociación con el Estado que cambien el esquema actual, favorable a los intereses de la nación. Por ello se han resistido a realizar nuevas exploraciones mientras explotan los campos petroleros más productivos y con mayores reservas de petróleo. Esta estrategia, desarrollada en el contexto de los altos precios del petróleo y del agota-miento de los campos petroleros explotados por la nación a través de ECOPETROL, ha dado sus primeros resultados positivos. En el contexto de las negociaciones con la USO, el gobierno anunció que cambiaría radicalmente el esquema de contratación insinuan-do la vuelta al esquema de las “concesiones” en insinuan-donde las multinacionales del petróleo se quedan con los mayores recursos generados por la explotación, dejándole al país sólo las regalías y los impuestos. Recordemos que el esquema de asociación vigente hasta ahora le permitió a ECOPETROL aportarle a la nación en 2003 aproximadamente el 25% de sus ingresos corrientes, representados en 5,45 billones de pesos en transferencias más 2 billones de pesos adicionales en regalías.

El nuevo esquema se comenzó a implementar en relación con la reversión del contra-to para la explotación del gas de la Guajira, en el que por parte del gobierno se diseñó la extensión del contrato en condiciones completamente desventajosas para la nación, con precios de 98 centavos de dólar el kilopié cúbico, cuando toda la evidencia técni-ca demostraba precios aún mayores (1,50), en el que el país va a perder por lo menos 87 millones de dólares y la multinacional ChevronTexaco obtiene tasas de retorno equi-valentes al 26% (¡!), como lo demostraron en el debate que adelantaron los senado-res Serrano y Robledo en el Congsenado-reso de la República.

La huelga fue votada por los trabajadores el 15 de enero de 2004 y respondió a dos factores propiciados por la empresa. Uno fue la presentación de un contrapliego a vés del cual aspiraba a revisar aspectos fundamentales de la convención colectiva de tra-bajo, como las pensiones, el régimen de estabilidad y la política de contrataciones: nunca en la historia de las negociaciones colectivas entre la USO y ECOPETROL la empresa había aspirado a revisar aspectos fundamentales para los trabajadores. El otro fue la expedición del Decreto 1.760 de junio de 2003, que reestructuró a ECOPETROL apar-tándola de la orientación de la política energética.

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“El pliego de peticiones obrero y contrapliego patronal entraron a enfrentarse; la legislación, que por muchos años otorgó esa facultad exclusivamente al sindicato, en los últimos años del siglo pasado la extendió al empleador. El sindicato, que inicialmente rechazó el contrapliego, accedió de hecho a debatirlo paralelamente con el pliego, pero no aceptó el tribunal de arbitramento que fue convocado por el gobierno, después de transcurrido el período legal de negociaciones directas y de haberse prorrogado las mismas por dos lapsos consecutivos de veinte días sin llegar a acuerdo. No quedaban sino dos opciones: arbitramento o huelga. Una asamblea de trabajadores votó a favor de la huelga y el gobierno procedió a con-vocar y conformar el tribunal, sustituyendo, como lo establece la ley en esos casos, al árbitro de los trabajadores. El laudo emitido por ese organismo el 9 de diciembre de 2003 confirmó el articulado del Decreto 1.760 –que eliminó las his-tóricas ventajas laborales de la convención colectiva para los trabajadores que fue-ren contratados a partir de esa fecha– y dejó en pie las innovaciones introducidas por el contrapliego. La USO procedió a apelar la nulidad del acto ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta confirmó el laudo y ordenó la introducción de aspectos puntuales que, en criterio del alto organismo, no habían sido satisfechos. La huelga estalló y al día siguiente el gobierno, desoyendo viejas recomendacio-nes de la OIT y de la Corte Constitucional, la declaró ilegal por vía administrativa y no judicial. Entre la presentación del contrapliego y la cesación del trabajo pasa-ron casi 17 meses. Otro récord en la relaciones laborales de la principal empresa industrial del país” (Delgado, 2004).

El Ministerio de la Protección Empresarial

La huelga de los trabajadores afiliados a la USO se desarrolló haciéndole frente a una de las peores políticas laborales que se haya llevado adelante en los últimos años en Colombia, tanto por parte del gobierno como de los empleadores. En este caso, la empresa se negó a buscarle un arreglo negociado al conflicto iniciado con la presenta-ción del pliego de peticiones por parte de la USO, le impuso a los trabajadores un Tribunal de Arbitramento confiando en que a través de este mecanismo conseguiría revi-sar aspectos fundamentales de la convención colectiva, expidió el Decreto 1.760 que dividió en dos a ECOPETROL, ilegalizó la huelga y despidió a 284 trabajadores.

La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social en contravía de una recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ante una situación semejante –huelga en empresas varias de Medellín– había conceptuado que tales deci-siones debían ser adoptadas por una autoridad independiente (un juez, en este caso), y que, ante todo, el Congreso de la República debería definir qué tipo de servicios

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cos son los que deben considerarse esenciales. Tal decisión no hace más que darle con-tinuidad a una política que en lo laboral se ha puesto del todo del lado del empresaria-do y en contra de los derechos laborales de los trabajaempresaria-dores, como lo demuestran los siguientes casos.

La reforma laboral

Esa reforma se impuso con el argumento de generar condiciones para la creación de nuevos empleos en un contexto de desempleo que llega al 17%. Sin embargo, el prin-cipal impacto de esta reforma no ha sido este, sino la transferencia de recursos de los trabajadores hacia los empleadores en cerca de un millón de dólares en el primer año, lo que agrava aún más la distribución del ingreso que presenta el país, que se sitúa entre las más injustas del planeta. Como lo señala un informe de la Superintendencia de Sociedades, que analizó los resultados de 9.049 empresas cuyos ingresos operaciona-les equivalen al 61% del PIB: a un año de la reforma estas empresas incrementaron sus ventas en 16% y sus activos en 9%, y sus utilidades netas fueron de 7,6 billones de pesos, más del doble –exactamente el 138%– de las alcanzadas el año anterior, mien-tras que sólo crearon 5.923 puestos de trabajo.

La reforma al sistema pensional

Con esta reforma no se atacó el problema fundamental de la baja cobertura: de cada 100 personas ocupadas apenas 24 cotizan para pensiones, y de cada 100 personas mayores de 60 años apenas 26 reciben alguna pensión. Al contrario, la reforma hizo que fueran más difíciles las condiciones para acceder a este derecho: incrementó las cotiza-ciones del 13,5% al 14,5% del salario en el año 2004, 15% en 2005 y 15,5% a partir de 2006. Incrementó también las semanas de cotización y la edad requerida para obte-ner la pensión de vejez: 57 años las mujeres y 62 años los hombres a partir de 2014. Y finalmente, disminuyó el monto de la pensión, que oscilará entre 55,5% y 80% del ingreso base de liquidación.

La contratación colectiva retrocede

La negociación colectiva presenta una dramática disminución: en 2003 se firmaron 284 contratos colectivos de trabajo, 199 menos que en 2001. La mayor parte de esta dis-minución se produjo en el sector público, particularmente en los municipios, donde se dejaron de negociar más de 70 convenciones colectivas como consecuencia de los [AÑO

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procesos de reestructuración del Estado y por los recortes de personal en hospitales públicos sumidos en la más grave crisis económica, consecuencia directa de la Ley 100 de 1993. También por la convocatoria a tribunales de arbitramento, 84 en 2003, la mayoría de ellos (74) en el sector público. Además, por la desaparición de algunos sin-dicatos en hospitales y municipios como consecuencia de las presiones de grupos armados de autodefensas. Finalmente, por la precarización de las condiciones de con-tratación que se viene presentando tanto en el sector público como en el privado donde, a través de contratos civiles o de cooperativas de trabajo asociado, empresarios privados y funcionarios del Estado imponen formas de contratación fraudulenta que no tienen otro ánimo que disminuir costos laborales y evitar la posibilidad de que los tra-bajadores se organicen en sindicatos.

Implementación de una cultura antisindical desde el Estado

A través de la reestructuración de tres de las más importantes empresas estatales, ECOPETROL, Telecom y el Instituto de Seguros Sociales, el Estado intentó liquidar tres de las más importantes organizaciones sindicales del país. Este objetivo lo logró en el caso de Telecom, que fue liquidada sin el trámite legal que validara esta operación, acaban-do con el sindicato, que tenía 6 mil afiliaacaban-dos. En relación con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), la escisión de la empresa significó que 13.741 afiliados a Sintraseguridad Social1 pasaran a la “nueva” entidad prestadora del servicio de salud bajo la figura de “empleados públicos”, sin los mismos derechos que antes tenían en virtud de la con-vención colectiva que los amparaba, negándoseles además el derecho a ser represen-tados por el sindicato.

Crecen las resoluciones de ilegalidad declaradas por el Estado

Otro rasgo significativo de la cultura antisindical que se implementa desde el Estado se refiere al tratamiento de las acciones de protesta de los servidores públicos. Como a estos trabajadores no se les reconoce el derecho a la negociación colectiva ni a la huel-ga, deben recurrir a los paros y acciones de protesta para reivindicar sus derechos. Estas acciones se han incrementado en los últimos años como consecuencia de los proce-sos de reestructuración del Estado y del recorte de los recurproce-sos para la inversión social. Como se observa en el cuadro a continuación de estas líneas, durante el gobierno de Uribe se presenta un giro respecto del tratamiento de estos conflictos: en lugar del diá-logo y la concertación con las organizaciones sindicales, el método ha sido ilegalizar sus acciones. C RONOL OG ÍA [P OL ÍT IC A PE TROL ER A Y LA B OR AL EN C OL OM BI A ]

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Contrario a lo que el gobierno y los principales medios de comunicación esperaban, la huelga de los trabajadores de ECOPETROL se desarrolló en un contexto de amplio res-paldo por parte de los sectores democráticos de la población, que asumieron como suya también la defensa del interés nacional en relación con los recursos energéticos del país. En ningún momento la huelga fue aislada. Al contrario: no sólo en Barrancabermeja, sino en todo el país, se presentaron importantes movilizaciones que presionaron para alcan-zar una negociación donde finalmente fueran tenidas en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores petroleros.

Ahora, en virtud de la huelga y de la presión que amplios sectores ejercieron alrede-dor de sus objetivos, como lo señalara la redacción económica de El Tiempo (2004), “a ECOPETROL la dotarán de dientes para poder emprender proyectos de exploración y explotación con mayores recursos”, “ECOPETROL continuará operando directamente los campos de producción La Cifra-Infantes y Casabe, y entre el gobierno y la USO reglamentarán el Decreto 1.760 que escindió las actividades de la compañía”. Además, como lo señaló el presidente de la USO, ECOPETROL asegura la posesión sobre los activos y bienes de los actuales contratos de asociación, y el control y mane-jo de los campos de producción.

Un logro de la huelga si se quiere todavía más significativo fue el haber suspendido la privatización de ECOPETROL, ya que el gobierno había preparado previamente su subas-ta a través de su conversión en una empresa de sociedad anónima, situación ante la cual varias multinacionales prácticamente ya hacían sus cuentas acerca del control sobre varias áreas de explotación, tradicionalmente explotadas por ECOPETROL, donde se tie-nen datos de reservas significativas de petróleo.

Aquí vale la pena rescatar elementos fundamentales para que la USO no fuera aislada, y que a la postre permitieron mantener la fuerza de la movilización. El primero de ellos lo constituyó el apoyo masivo por parte de la población de Barrancabermeja, rescatándose el vínculo muy estrecho que el sindicato de los trabajadores petroleros había mantenido his-tóricamente con las organizaciones sociales del puerto petrolero, vínculo que se había debi-litado ostensiblemente en los últimos años como resultado de una política sindical muy preocupada por la defensa de los intereses corporativos de sus afiliados, y por el impacto [AÑO

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Declaratoria de ilegalidades por parte del Ministerio de la Protección Social

2000 2001 2002 2003

Solicitudes de ilegalidad 7 6 15 30

Declaradas ilegales 4 0 12 26

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negativo sobre las organizaciones sociales que produjo la confrontanción entre la insur-gencia y los grupos paramilitares por el control territorial de la ciudad de Barrancabermeja. El segundo de ellos fue el apoyo de un sector de la iglesia católica, encabezado por el arzo-bispo de Barrancabermeja y por la Pastoral Obrera, que permitió que las partes se senta-ran a la mesa nuevamente y dusenta-rante la huelga para buscar un acuerdo negociado al con-flicto. Otro fue que la USO organizó sendos foros petroleros en las principales ciudades del país, incluyendo Barrancabermeja, que permitieron desenmascarar la política petrolera del gobierno puesta al servicio de las multinacionales del petróleo; aunque en el conflicto labo-ral estaba de por medio la discusión de una nueva convención colectiva, el interés funda-mental del sindicato estaba colocado del lado de la defensa de los intereses petroleros del país. Por otro lado, estos foros sirvieron para demostrarle al país que los costos laborales de ECOPETROL y en general del sector de refinería de petróleos son los más bajos del sec-tor manufacturero (4,6% de la producción frente al 11,5% del total del secsec-tor manufactu-rero colombiano), en oposición a lo que desde el gobierno y desde las editoriales de los principales medios de comunicación se pregonaba, haciéndolos aparecer como unos “pri-vilegiados” a los que lo único que les interesaba era tragarse los recursos de la empresa. Entre otras cosas, estos editorialistas integran la minoría de privilegiados que concentra la mayor parte del ingreso de la nación y que coloca a Colombia como uno de los países con la más injusta política de distribución del ingreso.

Estos elementos son fundamentales en la construcción de un sindicalismo más reflexi-vo y dotado de información, que además de las reivindicaciones particulares que le son propias asume como suyos intereses más amplios, como en este caso los intereses nacionales en relación con sus recursos energéticos.

Otro elemento fundamental ha sido la legitimidad que la dirección de la USO aún man-tiene entre sus afiliados, legitimidad que persiste por el respeto a sus normas estatutarias y por el permanente contacto que sostiene con sus bases. Estos factores fueron muy débi-les, por ejemplo, en los casos de Telecom y el ISS, y por ello los sindicatos de estas enti-dades, frente a los procesos de liquidación y privatización emprendidos por el gobierno, no lograron concitar ni el respaldo de sus bases ni el apoyo de otros sectores de la población.

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Bibliografía

Delgado, Álvaro 2004 “Huelga en ECOPETROL, más que un paro anunciado”, en Cien días vistos por CINEP(Bogotá: CINEP) enero-mayo.

El Tiempo2004, 27 de mayo.

Frente Obrero2004, 10 de abril.

Notas

1 N. de la E.: Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social.

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