PROCEDIMIENTO ARBITRAL: 31/2014 EMPRESA: XXXXXX.

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PROCEDIMIENTO ARBITRAL: 31/2014 EMPRESA: XXXXXX.

SOFÍA BERNARDO RÓDENAS, árbitra designada de acuerdo con las disposiciones vigentes en el procedimiento arbitral 31/2014, instado por don XXXXXX que actúa en representación de la Asociación Profesional de Empleados de XXXXXX, en el proceso electoral seguido en la empresa XXXXXX., dicta el siguiente Laudo Arbitral, basándose en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha de entrada de 16 de septiembre de 2014 don XXXXXX, actuando en nombre de la organización sindical CC.OO, presentó ante la Oficina Pública del Registro dependiente de la Subdirección General de Trabajo preaviso para la celebración de elecciones sindicales en la empresa XXXXXX, número 13.270 de preaviso, fijándose como fecha de inicio del proceso electoral el día 4 de diciembre de 2014.

SEGUNDO .- Con fecha de 6 de octubre de 2014 por procedimiento administrativo ante correos, y entrada en registro del 10 de octubre siguiente, don XXXXXX, en representación de la Asociación Profesional de Empleados (ASPEM) de XXXXXX, presentó escrito ante la Oficina Pública del Registro y Publicación de Elecciones Sindicales, impugnando el preaviso arriba mencionado, y solicitando que se dicte Laudo en el que, estimando sus argumentos, se “deje sin efecto el proceso electoral y en todo caso se proceda a tramitar dicho proceso electoral conforme establece la normativa reguladora de los procesos electorales”. Las razones de tal petición eran que se está pretendiendo agrupar diferentes centros de trabajo en una circunscripción, siendo así que los centros de la provincia no disponen por sí mismo de 6 trabajadores, que es lo que exige el artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores. Se añade igualmente que tampoco es de aplicación el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores que permite la agrupación de diversos centros de trabajo, por tratarse de un precepto previsto para la elección de Comités de Empresa y no de Delegados de Personal. El impugnante cita en apoyo de su pretensión un Laudo del Servicio de Relaciones de Cantabria de 14 de octubre de 2006, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2001.

TERCERO.- El día 16 de octubre de 2014 se celebró la comparecencia previa a dictarse ZARAGOZA

SENTENCIA: 85/2015 DEMANDANTE: ASPEM FALLO: SE ANULA EL LAUDO

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Laudo, a la que asistieron don XXXXXX, en representación del sindicato impugnante, doña XXXXXX, en representación del sindicato CC.OO. y don XXXXXX, en representación del sindicato Pixkanaka Kaskari. No comparecieron las demás partes citadas, cuya relación consta en el expediente.

CUARTO.- El representante de ASPEM, sindicato impugnante, se ratificó en su reclamación, señalando que solo sería posible celebrar elecciones en los centros de trabajo de XXXXXX y de XXXXXX de Zaragoza que tienen más de 6 trabajadores. A tal pretensión se opone la representante del sindicato CC.OO., alegando, en primer lugar, la prescripción de la impugnación por haberse superado los 3 días desde el preaviso, publicado, según se alega, en el tablón de anuncios de la Autoridad Laboral el 17 de septiembre de 2014, y en segundo lugar, y ya sobre el fondo del debate, que para que pueda hablarse de centros de trabajo estos deben tener autonomía, y ser unidades productivas autónomas con organización específica, lo que no se da en este caso, ya que carecen de una organización propia y diferenciada y la contabilidad de los mismos dependen de la Dirección Provincial de la empresa que es la que dirige y determina la movilidad de personal, y la que tiene dados de alta a los trabajadores de los lugares de trabajo, incluso por acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, suscrito el 19 de mayor de 2014, como si se tratase, todos juntos, de una sola unidad. En apoyo de la misma tesis aduce igualmente que el espíritu de las elecciones sindicales es que todos los trabajadores puedan tener representantes. Finalmente, el representante del sindicato Pixkanaka manifiesta que los trabajadores, por decisión de la Dirección Provincial, cambian continuamente de oficina, lo que hace habitual que sea variable en número de trabajadores de cada una de ella, y que tienen una total dependencia de la misma.

Abierto el periodo de prueba, las representaciones de ASPEM y CC.OO. presentan la prueba documental que consta en el expediente. En dicha prueba, y por parte del sindicato CC.OO. se aportan distintos acuerdos llevados a cabo entre la patronal bancaria y los sindicatos más representativos del sector, donde se acuerda, en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo Sindical de Banca, que podrán agruparse trabajadores de distintos centros de trabajo a la hora de celebrar las elecciones sindicales. Igualmente se aporta un acuerdo referido a XXXXXX (empresa) y los sindicatos más representativos en la empresa, donde no hay referencia a posibles agrupaciones de trabajadores de distintos centros de trabajo, a efectos de elecciones sindicales. La parte impugnante presenta como documentos –aparte del preaviso- el correo electrónico donde se le comunica la existencia de dicho preaviso, una relación de trabajadores distribuidos por oficinas, copia de la Sentencia del Juzgado número dos de Zaragoza de 14 de junio de 2012, un laudo de

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Cantabria, diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y una del tribunal Supremo. CC.OO. además presenta prueba testifical pidiendo la comparecencia de don AAAAAA, a quien se procede a tomar declaración y quien manifiesta, en síntesis, que ha sido durante 23 años director de oficina en la empresa, que las oficinas no tiene autonomía para ninguna decisión, ni aun contable (ni siquiera hay contabilidad propia) ni de personal, que sus facultades quedan limitadas a transacciones en la propia oficina, hasta el punto de que los objetivos están globalizados y se asignan a las delegaciones territoriales, calculándose también globalmente los incentivos, referidos siempre a ventas. Señala que la movilidad de personal es continua, sin que en los contratos de trabajo figure una adscripción de los trabajadores a un lugar determinado, y sin que las oficinas tengan capacidad de dar altas o bajas, o vacaciones, que se decide siempre por Recursos Humanos.

En conclusiones, cada una de las partes comparecientes se ratifica en sus manifestaciones anteriores.

CUARTO.- De lo actuado se declara probado que con fecha 16 de septiembre de 2014 y por la representación del sindicato de CC.OO. se presentó preaviso para la celebración de elecciones en la empresa XXXXXX Zaragoza, preaviso que impugnó el sindicato ASPEM mediante escrito presentado en correos por procedimiento administrativo el 6 de octubre de 2014. Del preaviso no ha quedado probado que tuviese conocimiento directo el sindicato impugnante, habiéndose solo enviado un correo electrónico a las secciones sindicales de todos los sindicatos, entre ellos el impugnante, el 2 de octubre de 2014 en el que se les hacía saber la promoción a elecciones solicitada. Igualmente ha quedado acreditado que las oficinas de la empresa en Zaragoza dependen de la Dirección Provincial de la misma, no constituyen unidades independientes, aun dentro del esquema general de la empresa, no teniendo autonomía para decisiones que no sean cumplir los objetivos de venta marcados de forma globalizada para las Direcciones Provinciales, no disponen de contabilidad propia ni de política de personal, de manera que la adscripción de los trabajadores a las oficinas, así como su traslado de unas a otras, se produce por decisión provincial, lo que hace que el número de trabajadores (superando en cada oficina unas veces sí y otras no los 6) sea variable según dichos traslados, por decisiones ajenas a cada oficina. De esta forma, además, los contratos de trabajo del personal no están adscritos a una u otra oficina, no teniendo ninguna de ellas capacidad para dar altas o bajas ni para determinar la fecha de las vacaciones.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Una primera cuestión que se plantea en la presente contienda –y que debe ser resuelta con carácter previo- es saber si la impugnación del preaviso se hizo dentro del plazo establecido por la norma.

El artículo 76, 5 del Estatuto de los Trabajadores establece que el procedimiento arbitral “deberá presentarse en un plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se hubiesen producido los hechos…; en el caso de impugnaciones promovidas por sindicatos que no hubiesen presentado candidaturas en el centro de trabajo… los tres días se computarán desde el día en que se conozca el hecho impugnable”.

En este supuesto, el sindicato impugnante no tiene representación en la provincia de Zaragoza, lo que hace que deba considerarse el cómputo de los tres días de plazo, no desde la fecha del hecho impugnado, 16 de septiembre de 2014, sino desde la fecha en que tuvo conocimiento de la presentación del preaviso. Se aduce el conocimiento del hecho más tardío y la presentación en plazo, por procedimiento administrativo, el 6 de octubre de 2014, mientras que la parte impugnada señala que debe mantenerse el momento del acto, 16 de septiembre, toda vez que legalmente aparece en el tablón de anuncios de la Autoridad Laboral la fecha de dicha presentación.

De las pruebas practicadas se desprende que la comunicación de la presentación del preaviso para la celebración de las elecciones sindicales no llegó formalmente al sindicato impugnante hasta el 2 de octubre de 2014, momento en el que tuvo conocimiento del hecho impugnado que es el sentido que tiene el artículo arriba citado, sin que sea razón suficiente para menoscabar tal dato el que el preaviso se publicara o no en el tablón de anuncios de la autoridad laboral, máxime teniendo en cuenta que el sindicato impugnante no tiene presencia en Zaragoza, y que la autoridad laboral citada fue la de esta provincia. De acuerdo con ello, pues, y teniendo en cuenta que la impugnación se hizo el 6 de octubre de 2014, dentro de los tres días hábiles desde el conocimiento, que se tuvo el 2 de octubre anterior, no puede atenderse la pretensión del sindicato CC.OO.

SEGUNDO.- La otra cuestión a dilucidar, que afecta al fondo de la discusión, es si las oficinas para las que se solicitaba la celebración de elecciones sindicales y se presentó el preaviso, muchas de ellas, con menos de 6 trabajadores, deben ser consideradas centro de trabajo, o por el contrario son simples lugares de trabajo, integrables, por tanto, en un solo centro, que, al superar el número de 6 trabajadores, sí podría celebrar las elecciones pretendidas.

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admite dudas a la luz de los artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores. Referencias similares e inequívocas hay en los artículos 66,5 y 67 y 68 del mismo texto legal y numerosas sentencias, por otro lado, y de forma inequívoca, mantienen el mismo criterio. Se trata, por tanto, ahora, de saber si los lugares de trabajo que participan en estas elecciones son centros de trabajo en sí mismos –lo que llevaría a no poder celebrar elecciones en algunos de ellos- o, por el contrario forman parte inseparable de un solo centro –lo que haría legítimas las elecciones.

Con independencia de los dispuesto en el artículo 1,5, párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores (“se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral”), las normativas electorales y, sobre todo, la jurisprudencia, ha enseñado que los requisitos que definen el centro de trabajo son: ser una unidad productiva, tener una organización específica y ser centro dado de alta ante la autoridad laboral.

También ha sido la jurisprudencia la que, exhaustivamente, ha concretado las condiciones que definen tales requisitos. Y así es ya indiscutible que por “unidad productiva” se entiende aquella que lleva a cabo una actividad específica, con autonomía en su ejercicio, aunque este se encuadre, obviamente, en el más general del conjunto de la empresa, con capacidad de la dirección y poder disciplinario. Como indiscutible es entender que organización específica hace referencia a la autonomía organizativa, a la existencia de medios materiales y personales propios que dan capacidad para funcionar como empresa autónoma, con un mero cambio subjetivo de dirección. En cuando al requisito de alta ante la autoridad laboral, se trata, como también la jurisprudencia ha mantenido uniformemente, y sobre todo, a partir de la aprobación del Real Decreto Ley 1/1986, de 24 de marzo y Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986 (que sustituyen el requisito del alta por simple comunicación), de un requisito no fundamental, simplemente de carácter formal, sin que, por sí mismo, se trate de un elemento trascendente a nuestros afectos.

Si ahora consideramos los hechos presentes nos encontramos con oficinas cuya dependencia de la Dirección Provincial de Zaragoza es total, salvo en el cumplimiento de los objetivos de venta que previamente, también por la Dirección Provincial han sido determinados. Dependencia que llega hasta el extremo de carecer de instrumentos tan elementales como la contabilidad propia, lo que tratándose de oficina bancaria define claramente la dependencia, y de no disponer de la adscripción del personal, que varía en función de las decisiones de la Dirección Provincial. No son dichas oficinas, en consecuencia, unidades productivas ni tienen la autonomía precisa para ejercer sus tareas, ni cuentan, congruentemente con ello, con la necesaria e indispensable capacidad de dirección. Tampoco se trata de oficinas con autonomía organizativa, como ocurre con la capacidad contable indispensable, y todo hasta el punto de que el personal se les adscribe desde fuera, varía en función de las decisiones de la Dirección Provincial y no tiene sino contratos que solo le vinculan a la empresa concebida con carácter general, parte siempre y solo parte de la Dirección Provincial.

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No estamos, en consecuencia, ante unas unidades productivas, que se definen, citando de una vez por toda, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2004, por tener “organización específica y funcionamiento autónomo, aun no siendo independiente en el conjunto de la empresa, y con repercusiones específicas en el ámbito laboral”.

De esta forma, pues, debe rechazarse la pretensión deducida por la parte impugnante, dando valor al preaviso presentado con todas sus consecuencias, sin que sea necesario valorara los acuerdos entre representantes de Banca y sindicales que se mencionaron en la relación de Hechos al hablar de la prueba documental.

Vistos, por tanto, los hechos y examinados los mismos a la luz de las normas, dicta el siguiente

LAUDO ARBITRAL:

Se desestima la reclamación formulada por don XXXXXX, en representación de la Asociación Profesional de Empleados de XXXXXX (ASPEM), sobre impugnación del preaviso en el proceso electoral seguido en la empresa XXXXXX., debiendo mantenerse, por tanto, la vigencia del mismo. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76. 2. b) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 67. 2 y 74 del mismo texto legal.

Este Laudo se notificará mediante copia a las partes interesadas y a la Oficina Pública dependiente de la Autoridad Laboral, señalando que contra el mismo se puede interponer recurso ante la Jurisdicción Social en el plazo de 3 días contados desde la fecha de la notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.6 del Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y artículos 42.2 del Real Decreto 1844/1994 y artículos 127 y siguientes del Texto de Procedimiento Laboral.

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JDO. DE LO SOCIAL N. 4

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00085/2015

IMPUGNACION LAUDOS

MAT. ELECTORAL

0000906 /2014

SENTENCIA N° 85/2015

En Zaragoza, a 27 de Febrero de 2015

Mariano Fustero Galve, Magistrado del Juzgado de lo Social n° 4 de Zaragoza, habiendó visto los autos registrados al n° 906/2014 sobre impugnación de Laudo arbitral, seguidos a instancia de ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPLEADOS DE XXXXXX (ASPEM), asistida por Letrado sr. XXXXXX, contra la empresa XXXXXX que no comparece, contra CC.OO, representado por Letrado sr. XXXXXX, contra ALE y PIXKANAKA que no comparecen; en nombre de S.M. El Rey pronuncio la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 27-10-13 fue repartida a este Juzgado demanda en la que la actora, por los hechos y fundamentos de derecho que alega, suplica al Juzgado se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se anule el proceso electoral realizado.

SEGUNDO: Se señaló el acto del Juicio el pasado 25-2-1 5.

TERCERO: Al acto del juicio comparece la parte actora, que se afirma y ratifica en su demanda, y solicita el recibimiento del pleito a prueba. Por el sindicato demandado se manifestó oposición a la demanda, y solicitó el recibimiento del pleito a prueba. Practicada la prueba propuesta y admitida, documental y testifical a instancia de ambas partes, quedaron los autos, tras el trámite de conclusiones, vistos para dictar sentencia.

CUARTO: En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales esenciales, y se dicta sentencia en legal plazo.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En fecha 16-9-14 el sindicato CC.OO cursó preaviso de elecciones en los centros de la empresa XXXXXX. en la provincia de Zaragoza, señalando 10 sucursales bancarias en la ciudad de Zaragoza, como centros de trabajo a los que afecta este preaviso electoral

SEGUNDO: La Mesa electoral fue constituida en fecha 4-12-14 Se presentaron candidatos a la elección de delegado de personal candidatos correspondientes a los sindicatos CC.OO, ALE y PIXKANAKA KASKARI.

El numero de trabajadores ascendía a 48, resultando elegidos dos candidatos de ALE y uno de CC OO

Solo una de las sucursales de Zaragoza tiene más de 6 trabajadores (XXXXXX).

TERCERO: Por la Asociación Profesional de Empleados de XXXXXX(ASPEM) se presentó en fecha 6-10-14 ante la Oficina Pública del Registro y Publicación de Elecciones Sindicales escrito de impugnación interesando se deje sin efecto el proceso electoral, y celebrada la comparecencia el día 16-10-14,fue desestimada tal impugnación mediante Laudo Arbitral dictado en fecha 20-10-14.

CUARTO: En fecha 19-5-14 los representantes de CC.OO, PIXKANA KAKASKARI, LAB, ALE, GIV y ASPEM, acordaron promover elecciones sindicales a miembros de Comités de empresa y delegados de personal. En el apartado 3.4 del acuerdo consta lo siguiente:

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“Para aquellas provincias en las que está presente XXXXXX y en las que haya 500 más trabajadores se agruparán todos los centros de trabajo de dichas provincias y se elegirán Comités de empresa según establece el Estatuto de los Trabajadores. Para el resto de provincias, al no alcanzarse un compromiso sobre el mecanismo de elección de Delgados de personal no se pacta ninguna regulación, quedando dicho mecanismo de elección al margen de este acuerdo, que es un pacto de mínimos”.

QUINTO: En las oficinas de la entidad XXXXXX en la provincia de Zaragoza se comercializan todos los productos financieros que comercializa la entidad demandada, dentro de los límites cuantitativos impuestos por la entidad. El personal de cada oficina gestiona sus clientes y cuentas, como cualquier oficina bancaria al uso. Al Director de cada sucursal le son asignados unos objetivos anuales o mensuales por la Dirección Regional, contando este Director con total autonomía en orden a la consecución, de tales objetivos. El Director de la oficina ejerce la dirección sobre el personal de la misma. Los días de vacaciones y libranza personal se remiten desde la oficina a Recursos Humanos, con el visto bueno del Director de la oficina. Cada oficina es proveída, según sus necesidades, de los medios materiales convenientes por los servicios centrales. Cada oficina cuenta con una contabilidad de activo y de pasivo, así como de moneda, arqueo, cajeros, gastos de oficina, y sueldos. El Director de cada oficina está autorizado a actuar dentro de unos determinados márgenes comerciales, si bien para inaplicarlos precisa autorización de la Jefatura de zona. Cada oficina tiene adscrito su propio personal si bien puede ser desplazado en caso de necesidad por el Departamento de Recursos Humanos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan acreditados con la valoración conjunta, al amparo del art. 97.2 de LJS de la prueba documental presentada por las partes, así como de las manifestaciones de los testigos propuestos por las partes comparecientes, sr. AAAAAA, Director durante 37 años, propuesto a instancia’ de la parte actora, y sr. BBBBBB, gestor de la entidad, y candidato en la lista del sindicato que comparece.

Sostiene la parte actora, que solo una de las oficinas de Zaragoza tiene más de 6 trabajadores y que el total de trabajadores de las sucursales no alcanza 50 trabajadores y que no sería de aplicación lo dispuesto en el art. 63 del ET el cual permite la agrupación de centros de trabajo puesto que dicho precepto esta pensado para la elección de comités de empresa, no delegados de personal y tampoco seria de aplicación el apartado 2°, e invoca el concepto de centro de trabajo a través de diversas resoluciones judiciales, concluyendo que las diferentes sucursales conforman centros de trabajo

Por el Sindicato que formuló el preaviso se manifestó que las diferentes sucursales no constituyen centro de trabajo con autonomía organizativa, ni constituyen una unidad productiva, siendo el centro de trabajo el conjunto de las sucursales que existen en la provincia, y hace suyos los argumentos vertidos en el Laudo impugnado en su Fundamento de Derecho 2°.

SEGUNDO: La cuestión discutida se centra en si las oficinas de la entidad XXXXXX. en la provincia de Zaragoza, de las cuales solo una tiene más de 6 trabajadores, han de ser consideradas como centro de trabajo, o bien como simples lugares de trabajo y por lo tanto son susceptibles de ser agrupados en un solo centro al objeto de elegir delegados sindicales.

No obstante traemos en primer lugar a colación sobre esta cuestión la sentencia del TSJ de La Rioja sobre idéntica cuestión: “Para dar respuesta al motivo examinado debemos tener presente la Doctrina Jurisprudencia recogida por el Juzgador en la Sentencia recurrida y reiterada en STS recientes como la de 14 de julio de 2011 , en la que se afirma: “... Un caso muy similar al que ahora enjuiciamos, que ha sido resuelto en el mismo sentido en que ahora resolvemos, es el de STS 28-5-2009 (RJ 2009, 4553) (recurso 127/2008), que cita a su vez numerosos precedentes. La doctrina jurisprudencial establecida en estas sentencias anteriores de la Sala se puede resumir en los siguientes puntos: 1) los preceptos legales de los artículos 62. IET y 63.1 ET, que establecen en función de la dimensión de la empresa dos cauces de representación de los trabajadores - comités

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de empresa y delegados de personal -, son de derecho necesario, vinculando a las entidades sindicales que promueven tales elecciones de representantes unitarios; 2 ) la circunscripción electoral “básica” para dichas elecciones es el centro de trabajo, definido en los términos del artículo 1.5ET; 3) la razón de ser de esta consideración como derecho necesario indisponible de las circunscripciones fijadas en la ley radica en que “permitir la agrupación de centros de tamaño reducido por voluntad de los sindicatos promotores sería tanto como despojar a los trabajadores de los centros que ocupan entre 6 y 10 trabajadores de la facultad soberana que les otorga el artículo 62ET de ser ellos los únicos que pueden decidir por mayoría si celebran o no elecciones, para imponérselas desde fuera”; y 4) (conclusión) “no cabe agrupar centros de trabajo de entre 6 y 10 trabajadores para la elección de delegados de personal”, y “tampoco cabe agrupar los centros de trabajo para la elección del comité de empresa”, “salvo en los supuestos legalmente previstos”.

Tampoco es posible, en ningún caso, la celebración de elecciones para delegados de personal en empresas o centros de trabajo que cuenten con menos de 6 trabajadores; los promotores de tales elecciones no pueden alterar la única unidad electoral básica establecida por la ley para estas ; y no cabe su convocatoria y celebración en un ámbito superior al centro de trabajo, mediante la agrupación de varios de ellos con la finalidad de obtener por esa vía una representación distinta en número o calidad a la querida por la Ley. Como tampoco cabe, desde la perspectiva de la Ley, desbordar el centro de trabajo como unidad electoral en la elección para comités de empresa. Porque el art. 63, pese a utilizar la misma expresión de “empresa o centro de trabajo”, tampoco permite agrupar, salvo, excepcionalmente, para la elección del Comité conjunto, dentro de una misma provincia o en municipios limítrofes, los distintos centros de trabajo que una empresa puede tener repartidos a lo largo y ancho de todo el terrítorio nacional para elegir un único comité de empresa de ámbito estatal”.

Y la sentencia de 31-1-2001 del Tribunal Supremo, muy clara en sus términos:

“Y es que la tesis de los recurrentes llevada hasta sus últimas consecuencias, como serían las de poder celebrar elecciones para delegado de personal en cada provincia en que se supere el número de 6 trabajadores — obsérvese que han convocado elecciones en la provincia de Zaragoza donde la empresa sólo tiene 10 trabajadores— o para un comité de empresa estatal mediante la agrupación de todos los centros en una única unidad electoral, conduciría a un sistema representativo muy distinto del previsto en la Ley o, en todo caso, a una desmesurada y no autorizada ampliación del mismo. Amén de que permitir la agrupación de centros de tamaño reducido por voluntad de los sindicatos promotores, que es lo que se pretende en el recurso, sería tanto como despojar a los trabajadores de los centros que ocupan entre 6 y 10, de la facultad soberana que les otorga el art. 62 ET de ser ellos los únicos que pueden decidir por mayoría si celebran o no elecciones, para imponérselas desde fuera, aun en contra de su voluntad.

Es obligado pues entender, que la opción del legislador ha sido clara: dar un tratamiento plenamente diferenciado a las empresas o centros de trabajo con escasos trabajadores, respecto de las que ocupan un mayor número. Y que cuando ha optado por el centro de trabajo y no por la empresa corno unidad electoral, lo ha hecho teniendo en cuenta todas sus consecuencias entre ellas la de que en las empresas con diversos centros con menos de 6 trabajadores, éstos queden sin representación legal unitaria, por numerosa que pueda llegar a ser la plantilla total de la empresa en su conjunto, sin que pueda imputarse a olvido la regulación que los demandantes reclaman. La Ley no permite la agrupación, posiblemente, por considerarla innecesaria, en atención a que, como expone la sentencia recurrida, los problemas que puedan surgir en los centros de pequeñas dimensiones pueden resolverse por los propios interesados, y no llegan a alcanzar una problemática tan amplia y general que requiera el soporte de una representación de intereses generales”

Para responder a la cuestión planteada debemos atenernos al artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores el cual dispone que a efectos de esta Ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad, laboral.

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Son, por tanto, tres los requisitos que configuran el concepto de centro de trabajo según reiterada jurisprudencia: a) unidad productiva, entendida como la realidad primaria y más simple que sirve de soporte a la realización práctica de la actividad empresarial, en este caso la actividad financiera que es la propia del objeto social de la empresa; b) organización específica - dirigida en este supuesto por un Director -, que implica una autonomía organizativa dentro del conjunto empresarial, sin que suponga privar a la empresa del poder general de planificar, y regir la vida entera del negocio; y c) que sea dado de alta como tal ante la Autoridad Laboral ( sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de junio de 2003, rec. 63/2003).

A la vista de los hechos probados debemos estimar que cada sucursal lleva a cabo la totalidad de las actividades que desarrolla una entidad bancaria al uso, ‘sin más limitación que la que le pueda venir impuesta en relación a topes cuantitativos, para los que puede precisar de autorizaciones de órganos centrales (concesión de créditos o hipotecas por determinados importes superiores a unos límites fijados), y es claro que actúa sobre la totalidad del negocio que le es propio y no solo sobre una parte del mismo. Lo expuesto por los dos testigos propuestos por las partes, deja clara la existencia de una jerarquía obvia en orden a la consecución de unos objetivos generales de la entidad, si bien cada Director, puede actuar, en orden a conseguir los objetivos comerciales y de rentabilidad (márgenes) de forma independiente. Cierto es que toda oficina se nutre de unos medios materiales que le son suministrados por unos servicios centrales, y que existe un Departamento de Recursos Humanos central que adopta decisiones en materia de personal, si bien es innegable que la actividad diaria de los trabajadores de cada oficina viene dirigida por el Director de cada oficina, quien lleva contabilidad de activo y pasivo. (la principal) así como de otra tal como control de nóminas, productos, arqueo, cajeros, gastos generales de la oficina. Toda esta estructura y funciones desarrolladas por el superior jerárquico de la oficina demuestran que existe una organización suficiente y una actividad total en el negocio financiero y de comercialización de servicios bancarios que es propio de la entidad, y que es prestado por todas y cada una de las sucursales en la provincia de Zaragoza, de modo que las distintas oficinas cumplen con el requisito del art. 62.1 del ET, y constituyen centros de trabajo, concebidos como unidad productiva y con organización suficiente, sin merma de la superior dirección de la entidad, por lo que procede declarar no ajustado a derecho el Laudo dictado en fecha 20-10-2014, por lo que se anula tal Laudo y se deja sin efecto el proceso electoral realizado a que se refiere dicha resolución.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:

Que debo estimar la demanda interpuesta por ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPLEADOS DE XXXXXX(ASPEM), contra la empresa XXXXXX, contra CC.OO, contra ALE y PIXKANAKA-KASKARI declaro no, ajustado a derecho el Laudo dictado en fecha 20-10-2014, por lo que se anula y deja sin efecto el proceso electoral a que se refiere tal resolución.

Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de su razón, y en los autos originales testimonio de la misma, para su notificación a las partes, apercibiéndoles de que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se practique la notificación, con las formalidades depósitos y consignaciones para recurrir establecidas en la Ley de Procedimiento Laboral; lo pronuncio, mando y firmo.

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