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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 645/2020 C.A. de las Islas Baleares Resolución nº 1043/2020

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 5 de octubre de 2020

VISTO el recurso interpuesto por D. B.C.V., en representación de la mercantil URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2020 por el que se acuerda la adjudicación del contrato y la exclusión de la recurrente en el procedimiento de licitación publicado por el Excmo.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca del contrato de “Servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad de Palma para una ciudad más sostenible”, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. Que en fecha 25 de octubre de 2019 fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del Expediente número 2019/056A, para la adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad de Palma para una ciudad más sostenible”.

El objeto de este contrato es la contratación de servicios de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad de Palma para una ciudad más sostenible.

El contrato objeto de esta licitación tiene un valor estimado de 1.983.471,07€ y la duración de cuatro años, con la posibilidad de una única prórroga de un año.

Segundo. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, en la relación de licitadores presentados, que obra en el expediente administrativo, consta que fueron siete los licitadores admitidos:

1) COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU

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2) FCC MEDIO AMBIENTE, SA

3) FERROVIAL SERVICIOS, SA

4) IMESAPI, SA

5) SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA

6) SOCAMEX, SAU

7) URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERAI Y SERVICIOS, SA

En sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2020, la mesa de contratación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca procede a la apertura de la proposición económica y proposición técnica relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas (sobre C).

Resultan admitidos todos los licitadores que presentaron las propuestas, remitiéndose estas a la comisión técnica para que emita informe.

En sesión de fecha 8 de enero de 2020, la mesa de contratación procede al estudio del informe técnico de fecha 11 de diciembre de 2019 relativo a los criterios evaluables mediante fórmulas. Se indica que la empresa URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, ahora recurrente, ha obtenido la máxima puntuación 93,82 puntos, pero se encuentra incursa en baja desproporcionada. Así mismo, la empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, también se encuentra incursa en baja desproporcionada. Por este motivo, la mesa de contratación acuerda solicitar a ambas empresas que justifiquen su oferta anormalmente baja.

En sesión de fecha 17 de febrero de 2020, la mesa de contratación procede al estudio del informe de fecha 10 de febrero de 2020 emitido por la comisión técnica en el cual se analizaban las justificaciones aportadas por ambas empresas y que concluye que las bajas ofertadas por las empresas URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.

y FERROVIAL, S.A., no quedan justificadas, motivo por el cual se propone la exclusión de ambas empresas y requerir a la siguiente empresa por orden de puntuación, SAMPOL

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INGENIERÍA Y OBRAS, S.A., la documentación necesaria para la posterior adjudicación de este contrato mediante acuerdo de la Junta de Gobierno.

Esta decisión, según consta en el expediente administrativo, documento número 34, en fecha 19 de febrero de 2020 se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el siguiente texto: “Comunicación de admisión o exclusión definitiva”

“La Mesa de Contratació, en sessió de dia 17 de 2020, va acordar proposar a la Junta de Govern l´exclusió de la licitació de FERROVIAL SERVICIOS SA i de URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS SA, d´acord amb l´art. 149.6 de la LCSP 9/2017, ja que segons els informes técnics de data 10.02.2020, les seves ofertes no queden justificades”.

Tercero. Con fecha 11 de marzo de 2020, D. B.C.V., en representación de la mercantil URBIA INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS, SA, interpone recurso especial en materia de contratación, contra el acto de la mesa de contratación por el que se propone al órgano de contratación que acuerde su exclusión del procedimiento por baja no justificada, tramitándose por este Tribunal con el número de recurso 315/2020.

En fecha 21 de mayo de 2020 por este Tribunal se dicta Resolución nº 641/2020 de 21 de mayo, por la que se inadmite el recurso interpuesto por URBIA por haber sido interpuesto frente a un acto no susceptible de recurso especial, por tratarse de la propuesta de exclusión, en tanto no había dictado una resolución de exclusión de URBIA por parte del Ayuntamiento de Palma.

Cuarto. En fecha 18 de junio de 2020 se notifica a la recurrente el Acuerdo de la Junta de Gobierno de Palma el acuerdo adoptado en sesión de fecha 17 de junio de 2020, por el que se acuerda:

“1º. – Excluir de la licitación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE PALMA PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE a las empresas URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS A y FERROVIAL SERVICIOS SA ya que no han justificado las bajas desproporcionadas de las ofertas y esto es motivo de exclusión de acuerdo con el artículo 149.6 de la LCSP 9/2017.

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2º. –Adjudicar a la empresa Sampol Ingeniería y Obras SA (A-07088206), con domicilio en la calle Gremi de Boneters, 48, CP 07009, de PALMA, el contrato sujeto a regulación armonizada, convocado para los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD DE PALMA PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE, por procedimiento abierto, según pliegos y su oferta económica de día 25 de noviembre de 2019, por un 18,13% de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento ordinario de explotación (PAE - Anexo 04), por un 60,00%

de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento no ordinario de reposición (PAIR - Anexo 11), y por un 14,69% de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento no ordinario de renovación (PAM - Anexo 05)”.

Quinto. Con fecha 9 de julio de 2020, D. B.C.V., en representación de la mercantil URBIA INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS, S.A., interpone recurso especial en materia de contratación, contra el citado acuerdo de adjudicación del contrato de fecha 17 de junio de 2020 por el que se acuerda su exclusión por no entender justificada debidamente la baja desproporcionada de su oferta.

La entidad recurrente, URBIA, solicita que se anule el acuerdo de exclusión y adjudicación y se le adjudique el contrato por haber presentado la mejor oferta, sosteniendo que sí ha justificado de forma completa, adecuada y suficiente su oferta, por lo que no procede acordar su exclusión. Subsidiariamente, para el caso de que se estime que la justificación de la oferta económica efectuada por URBIA adolece de algún error formal o material, solicita que se retrotraigan las actuaciones a fin de que pueda subsanar dichos errores y una vez corregidos, se tenga por correctamente justificada la oferta y se le adjudique el contrato.

En cuanto al fondo del recurso especial, la recurrente defiende l a justificación de su oferta indicado que en el informe técnico de fecha 10 de febrero de 2020, en el que se trata la propuesta de su exclusión, existen errores de cálculo y no se encuentra suficientemente motivado.

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Concretamente, señala que en los apartados relativos al “Servicio de mantenimiento ordinario de explotación” (PAE) y “Servicio de mantenimiento ordinario de renovación”

(PAM) en el Informe, el técnico considera que el importe económico justificado resulta superior al contenido en la oferta formulada por URBIA, motivo por el que se considera indebidamente justificada la baja temeraria, si bien, alega la recurrente que los cálculos que ha realizado el Ayuntamiento para proceder a la exclusión son erróneos, puesto que toma el importe total de ejecución material, excluyendo los gastos generales y el beneficio industrial. Por el contrario, la recurrente explica que el criterio que ha utilizado para justificar la baja temeraria, incluye todos los costes y gastos que se originan para ejecutarlo, incluidos los conceptos de gastos generales y beneficio Industrial, lo que a su juicio no afecta a la viabilidad del contrato.

Por otro lado, en cuanto a apartado “Servicio de mantenimiento no ordinario de reposición”

(PAIR), sostiene que los descuentos en el suministro de materiales por los proveedores que se han ofertado y acreditado por URBIA son reales y razonables y justifican la baja efectuada, señalando que el Informe técnico en este punto adolece de falta de motivación.

Por último, con cita de distintas resoluciones de este Tribunal sostiene que la exclusión de un licitador como consecuencia de una oferta económica anormal o desproporcionada exige que el órgano de contratación dice una resolución reforzada que desmonte las argumentaciones y justificaciones aducidas por el licitador para defender la viabilidad de su oferta, lo que entiende no ha tenido lugar en este caso.

Sexto. Remitido el recurso al órgano de contratación, este emite informe en fecha 16 de julio de 2020, centrando su argumentación en la explicación de los motivos técnicos por los que se considera que la oferta de URBIA no ha quedado justificada.

El órgano de contratación señala que como se expuso en el informe técnico de 16 de marzo de 2020, las proposiciones económicas, según especificaba el pliego de cláusulas administrativas punto B del cuadro de criterios, se debían presentar de acuerdo al anexo I, donde la baja ofrecida se aplicaba sobre los precios unitarios de ejecución material, sin incluir gastos generales, beneficio industrial ni impuestos que ya vienen fijados en los

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Pliegos con un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial y el IVA del 21%

que le corresponde.

Así, respecto de las discrepancias aducidas por la recurrente, señala que en lo que se refiere al “Servicio de Mantenimiento Ordinario de Explotación” (PAE), señala que la baja en la oferta de URBIA del 25.50% sobre los precios unitarios de ejecución material del PAE da lugar a un importe de 196.095,25 euros. De modo que, como se indicaba en el Informe de 10 de febrero de 2020, aplicando el porcentaje de baja al importe de ejecución material anual del PAE de la licitación de 263.215,10 euros (sin aplicar gastos generales ni beneficio industrial ni el IVA) resulta un importe anual de ejecución material ofertado de 196.095,25 euros. Si bien el importe de ejecución material anual que resulta del cuadro del punto 11 del informe de justificación de la oferta de URBIA SA era de 223.304,64 euros anuales, importe que es superior al de la oferta presentada, por lo que no quedarían acreditado en el informe la baja.

Lo mismo ocurre con el “Servicio de Mantenimiento No Ordinario de Renovación” (PAM) en el que la oferta de URBIA es del 34% sobre el precio de ejecución material anual del PAM (35.831, 97 euros, sin incluir gastos generales, ni beneficio industrial, ni IVA), resultando un importe de 23.649, 10 euros. Sin embargo, como se indicaba en el Informe de 10 de febrero de 2020, este importe es inferior al contenido en la justificación de la baja presentada por URBIA.

Por último, en relación con el “Servicio de mantenimiento No Ordinario de Reposición”

(PAIR) señala el órgano de contratación que como ya expuso en su informe de 10 de febrero de 2020 y 16 de marzo de 2020, analizada la documentación del informe de justificación que presentó URBIA se concluyó que los descuentos en los precios de materiales que presentaba la empresa más el margen en el coste de la mano de obra que declaraba no justificaban el 49,50% de baja ofrecido.

Séptimo. Interpuesto el recurso, la secretaria del Tribunal por delegación de este dictó resolución de 28 de julio de 2020 por la que se resuelve la mantener la suspensión del expediente de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo

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53 de la LCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento.

Octavo. La secretaria del Tribunal en fecha 16 de julio de 2020 dio traslado del recurso interpuesto a los licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen alegaciones; sin haber hecho uso de su derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente recurso corresponde a este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 LCSP y el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Illes Balears sobre atribución de competencia de recursos contractuales de fecha 29 de noviembre de 2012 (BOE de fecha 19/12/2012), prorrogado tácitamente mediante Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 (BOE de fecha 17/12/2015) y nuevamente prorrogado tácitamente mediante Resolución de fecha 11 de diciembre de 2018 (BOE de fecha 20/12/2018).

Segundo. El contrato al que se refiere el acto impugnado es un contrato de servicios que supera el umbral cuantitativo previsto en el art. 44.1.a) de la LCSP. El acto es recurrible al tratarse de la adjudicación, de acuerdo con el art. 44.2.c) de la LCSP.

Tercero. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 50.1.d) de la LCSP.

Cuarto. La legitimación se regula en el Art. 48 LCSP, que señala que “Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.

En reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada entre otras sentencias en las de 31 de mayo de 1990, 19 de noviembre de 1993, 27 de enero de 1998, 31 de marzo de 1999 y 2 de octubre de 2001, donde se declara que por interés debe entenderse toda

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situación jurídica individualizada, dicha situación que supone una específica relación con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se extiende a lo que, con más precisión, se titula interés legítimo, que es el que tienen aquellas personas, físicas o jurídicas, que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando incidan en el ámbito de ese su interés propio. El interés legítimo abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir, directa o indirectamente, de un modo efectivo y acreditado, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien recurre o litiga.

En el presente caso, la licitadora recurrente ha participado en el procedimiento de licitación habiendo sido excluida, por lo que dispone de legitimación al ser interesada en la revocación del acuerdo impugnado conforme al artículo 48 del LCSP.

Quinto. En cuanto al fondo del asunto, es preciso analizar si la decisión de exclusión de URBIA es o no ajustada a derecho, para lo que habrá que examinar si la oferta realizada por la recurrente es anormalmente baja o desproporcionada, considerándose indebidamente justificada la viabilidad de la misma.

Dispone el artículo 149 de la LCSP que “1. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece este artículo.

4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de

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costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

6. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica”.

Podemos citar al respecto de la justificación de las ofertas anormalmente bajas la Resolución 1108/2018, que se remite a su vez a las resoluciones 1228/2017 de 29 de diciembre, dada en el Recurso nº 1020/2017 C.A. Galicia 125/2017, o la Resolución 37/2017, de fecha 20 de enero de 2017, en la que señalábamos:

“Es también doctrina reiterada de este Tribunal la que sostiene que la apreciación de que la oferta tiene valores anormales o desproporcionados no es un fin en sí misma, sino un indicio para establecer que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello, y que, por tanto, no debe hacerse la adjudicación a quien la hubiere presentado. De acuerdo con ello, la apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una valoración de los diferentes elementos

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que concurren en la oferta y de las características de la propia empresa licitadora, no siendo posible su aplicación automática. Por lo demás, “la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación sopesando las alegaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios técnicos.

Evidentemente ni las alegaciones mencionadas ni los informes tienen carácter vinculante para el órgano de contratación, que debe sopesar adecuadamente ambos y adoptar su decisión en base a ellos” (Resoluciones 24/2011, de 9 de febrero, 72/2012, de 21 de marzo, o 121/2012, de 23 de mayo). Por último, indicábamos también en la Resolución 142/2013 que “aun admitiendo que la forma normal de actuar en el mundo empresarial no es hacerlo presumiendo que se sufrirán pérdidas como consecuencia de una determinada operación, situación ésta que sólo se produciría si aceptamos los cálculos de costes de la recurrente, es claro también que entre las motivaciones del empresario para emprender un determinado negocio no sólo se contemplan las específicas de ese negocio concreto, sino que es razonable admitir que para establecer el resultado de cada contrato, se haga una evaluación conjunta con los restantes negocios celebrados por la empresa y que, analizado desde esta perspectiva, pueda apreciarse que produce un resultado favorable”

(Resoluciones 24/2011, ya citada, y 303/2011, de 7 de diciembre de 2011).

De otra parte, tal y como razonábamos en la Resolución nº 465/2015, de 22 de mayo, con cita de la resolución de 23 de marzo de 2015 (resolución nº 269/2015), la finalidad de la legislación de contratos es que se siga un procedimiento contradictorio para evitar rechazar las ofertas con valores anormales o desproporcionados sin comprobar antes su viabilidad.

No se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo. En resumen, y como se refleja, asimismo, en la reciente Resolución nº 17/2016, de 15 de enero, no resulta necesario que por parte del licitador se proceda al desglose de la oferta económica, ni a una acreditación exhaustiva de los distintos componentes de la misma, sino que basta con que ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y seriedad de la oferta. A la vista de dicha documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución “reforzada” que desmonte las justificaciones del licitador. Se ha señalado además que en la revisión de la decisión del órgano de contratación en estos casos no opera la doctrina de la “discrecionalidad

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técnica”, pues no se trata de acreditar el cumplimiento de la oferta, fase procedimental ya superada, sino de razonar porqué la misma es seria y viable (Resolución nº 82/2015).

Finalmente, es también doctrina de este Tribunal, que la exhaustividad de la justificación aportada por el licitador habrá de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el resto de ofertas presentadas. Y del mismo modo, a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la justificación que se ofrezca (Resolución nº 559/2014 y 662/2014)”.

Esta doctrina exige demostrar que, gracias a las especiales soluciones técnicas, a las condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones del contrato, a la originalidad de la forma de ejecución de las mismas que se proponga aplicar o a la posible obtención de ayudas, el licitador está en condiciones de asumir, al precio ofertado, las obligaciones contractuales que se propone asumir, con pleno respeto de las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente y de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que deba realizarse la prestación, todo lo cual en aras a demostrar que su oferta, pese a ser sensiblemente más baja que la de los demás licitadores, permite la futura viabilidad técnica y económica del contrato.

Aplicando los criterios anteriores al caso que nos ocupa, debe rechazarse que en el presente asunto se haya vulnerado la normativa vigente por parte del órgano de contratación.

Como se ha expuesto en los antecedentes de hecho, la licitación objeto de este recurso tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios para la prestación de los servicios de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad de Palma para una ciudad más sostenible.

En el “Cuadro de Criterios de Adjudicación del Contrato” contenido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por su parte, se indica lo siguiente:

“A. CRITERIOS DE ADJUDICAICÓN

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Los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato, por orden decreciente de importancia de acuerdo con la ponderación siguiente son:

1. Criterios económicos…máx. 70 puntos.

2. Criterios cualitativos…máx. 30 puntos”.

Concretamente, respecto de los “Criterios económicos” se indica en cuanto a la “Oferta económica” que “Las proposiciones económicas se presentarán de acuerdo al modelo de lo contenido en el Anexo I, donde la empresa que proporcione el porcentaje de baja más algo `Bi´respecto a los precios unitarios de mantenimiento licitados en el pliego de prescripciones técnicas, será la que obtendrá la máxima puntuación (70 puntos), las restantes proposiciones reducirán la puntuación según la siguiente fórmula, redondeando los resultados a dos decimales…”.

Se especifica a continuación que “Estas bajas se aplicarán sobre los precios unitarios de ejecución material contenidos en los cuadros de precios del pliego de prescripciones técnicas referidos en los Anexos 04 05 y 22 (PAE, PAIR, PAM respectivamente) sin incluir gastos generales, beneficio industrial o impuestos”.

Del mismo modo en el Anexo I “Modelo de oferta económica” se indicaba que los porcentajes de bajas de los licitadores debían indicarse respecto de los “precios unitarios de mantenimiento”, y debían indicar de forma separada: i. Porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento ordinario de explotación (PAE); ii. Porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento no ordinario de reposición (PAIR); iii. Y, porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por los servicios de mantenimiento no ordinario de renovación (PAM).

Presentada oferta económica por la recurrente, URBIA, ajustándose a lo previsto en el Pliego, aplicando los “Párametros objetivos para apreciar valores anormales o despropocionados” se comprueba que URBIA incurría en oferta anormal o

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desproporcionada, por lo que se acuerda requerirle la justificación de su oferta, tal y como exige el artículo 149.4 LCSP.

Analizada la justificación presentada por URBIA, en Informe técnico de fecha 10 de febrero de 2020 se concluye que no se han justificado las bajas desproporcionadas de las ofertas por lo que la mesa acordó proponer la exclusión de la licitadora. En el informe se indicaba que:

“La empresa URBIA S.A. realizó la siguiente oferta:

- Porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por el Servicio de mantenimiento ordinario de explotación (PAE) b(α): 25,50%

- Porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por el servicio de mantenimiento no ordinario de reposición (PAIR) b (β): 49,50%

- Porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos por el servicio de mantenimiento no ordinario de renovación (PAM) b (γ): 34,00%

PAE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE EXPLOTACIÓN

La totalidad de los precios unitarios del PAE forman el presupuesto anual de ejecución material del Servicio de mantenimiento ordinario de explotación.

Analizada la documentación presentada por este punto y examinando el punto 11 de la documentación donde se adjunta el cálculo desglosado anual del coste del contrato por los trabajos del Servicio de mantenimiento ordinario de explotación, PAE, el importe justificado por URBIA S.A. de ejecución material es de 223.304,64 € anuales.

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Este importe se justifica a partir de una extensa documentación donde se especifican los costes directos e indirectos de la empresa comparando con los costes del Pliego de condiciones técnicas.

Así como especifica el cuadro de los criterios de adjudicación del PCAP las bajas se aplicarán sobre los precios unitarios de ejecución material contenidos en los cuadros de precios del Pliego de prescripciones técnicas referidos en los anexos 4, 5 y 11 ( PAE, PAIR y PAM respectivamente ) sin incluir gastos generales, beneficio industrial o impuestos.

El importe de ejecución material anual del PAE en la licitación es de 263.215,10 €, sin aplicar gastos generales ni beneficio industrial ni el IVA., si se aplica el porcentaje de baja ofrecido por URBIA de 25,50% a este importe (PAE) resulta un coste de 196.095,25

€.

El importe resultante del cuadro del punto 11 de la documentación presentada por URBIA S.A. es de 223.304,64 € anuales, importe que resulta superior al de la oferta presentada de 196.095,25 € anuales que es el que se obtiene de aplicar la baja al precio de licitación del contrato.

Por eso no se encuentra justificada la baja ofrecida por el PAE puesto que no justifica el importe de 196.095,25 € ofrecido a la licitación.

PAIR.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO ORDINARIO DE REPOSICIÓN

Los presupuestos por este mantenimiento se realizará en base al Generador de precios de la construcción “España CYPE ingenieros S.A.” vigente en el momento de la elaboración del presupuesto que se necesite.

El porcentaje de baja ofrecido de 49,50% con el margen que comunica que tiene la empresa por el coste de la mano de obra entre 35,63% y 38,81% y los descuentos con los precios de los materiales que dice URBIA que dispone no justifica la viabilidad de los precios del mantenimiento no ordinario de reposición por este tipo de mantenimiento.

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Consideramos que los precios de los suministros de materiales de los proveedores de URBIA S.A. tendrían que ser superiores a los que acredita en los anexos aportados para poder justificar el descuento ofrecido por el precios de ejecución material.

Por eso no se encuentra justificada la baja ofrecida por el PAE puesto que no justifica el importe de 196.095,25 € ofrecido a la licitación

PAM-SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO ORDINARIO DE RENOVACIÓN

El porcentaje de baja ofrecido por el Servicio de mantenimiento no ordinario de renovación por URBIA S.A es de 34,00%. Si se aplica este descuento al anexo 5 resulta un importe de 23.649,10 € de ejecución material inferior a la oferta presentada por URBIA de 27.456,12 € que resulta de aplicar el porcentaje de baja ofrecido al precio PAM de licitación.

Por lo expuesto en los puntos anterior consideramos que la documentación presentada por la empresa URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. no justifica los descuentos ofrecidos por cada uno de los Servicios PAE, PAIR y PAM”.

Por lo tanto, dicha baja se consideró injustificada, por su carácter anormal y sin que de la documentación aportada para justificar la anormalidad resultara lo contrario.

Alega la recurrente que para determinar su oferta económica, la baja ofertada no la calculó tomando como referencia los precios unitarios de ejecución material contenidos en los cuadros de precios del Pliego de Prescripciones técnicas, que no incluye ni gastos generales, ni beneficio industrial, ni impuestos, tal y como se indicaba en los Pliegos, sino que ha tomado el denominado “Importe de ejecución contrata” que sí incluye los gastos generales y los beneficios industriales pero no los impuestos. En consecuencia, la justificación de su oferta la realiza también partiendo de ese importe de ejecución contrata y no respecto del presupuesto de ejecución material y, por ello, el órgano de contratación aprecia que la oferta es anormal.

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De la justificación presentada por la recurrente, por tanto, no resulta como pretende que el órgano de contratación ha incurrido en error en los cálculos realizados y en la valoración de su justificación. Tampoco de sus alegaciones resulta directamente que su oferta no sea anormal o desproporcionada, y ello porque su única alegación es que su oferta no se ha presentado como exigían los Pliegos donde como hemos visto claramente se indicaba que

“las bajas se aplicarán sobre los precios unitarios de ejecución material contenidos en los cuadros de precios del Pliego de prescripciones técnicas referidos en los anexos 4, 5 y 11 ( PAE, PAIR y PAM respectivamente ) sin incluir gastos generales, beneficio industrial o impuestos”, por lo que si como manifiesta su baja se aplicó sobre un importe distinto del indicado en los Pliegos, entonces la cuestión a analizar sería la admisibilidad de su oferta por ser contraria a los Pliegos, pero no la anormalidad de su oferta.

En consecuencia, este Tribunal considera que el órgano de contratación ha actuado conforme a derecho y que su resolución por la que se excluye al licitador considerando que la anormalidad de su oferta no se encuentra justificada está suficientemente motivada, que la actuación del órgano de contratación se encuentra dentro de lo razonable y proporcionado, y que no adolece de errores materiales, arbitrariedad o discriminación que justifique su revisión, únicos extremos que, fuera de las normas de competencia y procedimiento, puede controlar este Tribunal por mor del respeto al principio de discrecionalidad técnica.

Procede en consecuencia desestimar el presente recurso.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. B.C.V., en representación de la mercantil URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2020 por el que se acuerda la adjudicación del contrato y la exclusión de la recurrente en el procedimiento de licitación publicado por el

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Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1. letra k y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa.

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