RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 689/2015 C. Valenciana 117/2015 Resolución nº 678/2015

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 17 de julio de 2015

VISTO el recurso interpuesto por D. A.L.C., en representación de VARESER 96, S.L.,

contra el acuerdo de adjudicación del contrato de servicios de “Servicio de limpieza de

colegios públicos, piscina municipal y otras dependencias municipales de Burriana”, el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por medio de anuncio publicado en el DOUE de 14 de febrero de 2015, por el

Ayuntamiento de Burriana se licitó el contrato de “Servicio de limpieza de colegios

públicos, piscina municipal y otras dependencias municipales”. El plazo de duración del contrato se estableció 2 años prorrogables por anualidades hasta cuatro. Su valor estimado se cifró en 2 644 628 euros y la contratación se debía ajustar a la tramitación ordinaria y procedimiento abierto. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el

Pliego Técnico habían sido aprobados con antelación. Respecto de la valoración, 70

puntos eran asignados a la propuesta económica y 30 a los criterios que dependían de un juicio de valor.

Segundo. Tras la aportuna tramitación se ordenaron las ofertas por orden decreciente resultado:

Primer clasificado: 97,97 puntos Segundo clasificado: 97,89 puntos Tercer clasificado: 95,96 puntos

Cuarto clasificado (Vareser 96 S.L): 94,97 puntos Quinto clasificado: 92,00 puntos

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Sexto clasificado: 91,06 puntos

Tercero. Disconforme con la valoración asignada, VARESER 96, S.L. ha formulado recurso especial en materia de contratación, en el que expone, en esencia, que hay

determinados conceptos en los que oferta que resultado adjudicataria, finalmente, no

habría podido obtener la máxima puntuación al existir otras ofertas mejores en los

mismos, siempre de acuerdo con el informe técnico de valoración que sirvió de base para la adjudicación, de modo que se le ha asignado indebidamente dicha máxima puntuación. Así, indica, en el concepto de horas de limpieza, sería la oferta de la recurrente la que superaría a la de la adjudicataria. En el concepto, organización y protocolo, o medios de elevación, sería otra empresa la que ofrece la mejor propuesta. En valoración conjunta de los apartados 1 y 2 de la memoria expone que la calificación de completa realizada por el informe resulta incoherente con otras deficiencias detectada. El recurso igualmente critica el informe técnico al dar por supuesto a qué se refieren algunos apartados de las ofertas, como el estudio técnico de las mejoras y que sus horas de trabajo se realicen fuera del

plan de trabajo. Reprocha que no se contiene un desglose de las puntuaciones.

Finalmente, formula el siguiente suplico: “…se proceda a anular la adjudicación y

retrotraer las actuaciones para dar una puntuación técnica fundamentada en base a las ofertas presentadas por los licitadores en el procedimiento de referencia”.

Cuarto. El órgano de contratación ha emitido el oportuno informe. En el que consigna que la cláusula 17 del PCAP dispone:

17.1 Criterios ponderables mediante juicios de valor.

Mediante juicio de valor se evaluará la calidad de la memoria técnica presentada. El estudio de los distintos apartados de la memoria técnica presentada por el licitador otorgara hasta 30 puntos (30%) de valoración en la adjudicación del presente contrato.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la valoración:

Se valorará el alcance de la memoria en cuanto al programa de los servicios que se propone, los medios materiales disponibles, el sistema de control de presencia, gestión y vigilancia SICH.

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Se valorarán las propuestas que afecten a:

* Encerado, abrillantado o acristalado de suelos. Frecuencia, medios a utilizar y dependencias en donde aplicar.

* Limpieza de fachadas. Frecuencia, medios a utilizar y dependencias en donde aplicar.

* Cesión de medios de elevación como grúas, andamios o carretillas elevadoras para limpiezas o trabajos especiales a cargo de terceros.

* Empleo de medios mecánicos en la limpieza de patios o grandes superficies. Frecuencia y medios a utilizar.

* Mejoras en los productos de limpieza de mayor eficacia y especificidad para

dependencias como la Piscina Municipal cubierta, instalaciones deportivas o

vestuarios.

* Suministros de papeleras, contenedores higiénicos, dispensadores automáticos, secamanos eléctricos.

Cantidades y modelos que se proponen. * Si procede, plan de ajuste de plantilla.

* Compromiso de gestión de residuos generados en las dependencias municipales. Propuestas y medios a disposición.

Las mejoras se valoraran atendiendo a su idoneidad e interés para el Ayuntamiento siempre que se formulen con el detalle y concreción suficientes para fijar las obligaciones asumidas por el contratista”.

Tal cláusula no asigna valores concretos a los subapartados y que tal asignación no puede ser realizada una vez conocidas las ofertas: “El Pliego de condiciones regulador fija un máximo de 30 puntos pero no contiene ningún desglose de puntuación para cada uno de los aspectos y tal desglose no puede introducirse en el procedimiento a posteriori, una vez conocidas las distintas ofertas de los licitadores”. Sostiene que la valoración

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“completa” sino a la apreciación conjunta de la mejor oferta técnica a la que se ha asignado la máxima puntuación técnica.

Quinto. Por resolución de 7 de julio de 2015, la Secretaria del Tribunal, por delegación de éste, resolvió mantener la suspensión del procedimiento de contratación, producida de conformidad con el artículo 45 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Sexto. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de licitadores para que en el plazo de cinco días hábiles realizaran las alegaciones que estimaran oportunas,

trámite que ha sido evacuado por CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS

AUXILIARES S.A para solicitar la inadmisión, y subsidiariamente la desestimación del

recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 TRLCSP, en relación Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Valencia sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE de 17 de abril de 2013.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del TRLCSP por tratarse de un proceso de licitación convocado por una entidad que ostenta la condición de poder adjudicador y ser un contrato de servicios, sujeto a regulación armonizada, este Tribunal tiene competencia para resolver el recurso.

Tercero. Los acuerdos de adjudicación y de exclusión son actos cuya revisión corresponde al Tribunal conforme establece el artículo 40.2 TRLCSP.

Cuarto. Antes de entrar en el fondo del recurso, procede plantearse si la empresa

recurrente posee la legitimación activa requerida por el artículo 42 del TRLCSP. Al

respecto, el citado artículo 42 del TRLCSP dispone que “podrá interponer el

correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”. Como ha señalado ya este Tribunal en resoluciones anteriores, entre ellas, la 226/2012 relativa al recurso 207/2012, para

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determinar si la recurrente se halla o no legitimada para interponer recurso, debe, antes, analizarse su relación con respecto al propio objeto del recurso y al resultado final del procedimiento de adjudicación. Para precisar el alcance del “interés legítimo” ha de tenerse en cuenta que, aunque la doctrina jurisprudencial en el ámbito administrativo considera el concepto con criterios amplios, lo que permitiría recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto al de obtener la adjudicación, tal interés ha de ser propio e ir más

allá de la mera defensa de la legalidad. Y, respecto al interés legítimo, en la misma

resolución, se afirmaba, citando otra previa del propio Tribunal (la nº 290/2011), que:

“Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada, entre otras, en

sentencias de 19 de noviembre de 1993 y 27 de enero de 1998, el interés legítimo

equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética”.

En el presente caso resulta que la recurrente quedó cuarta clasificada en orden

decreciente, y sus argumentos se dirigen a la desacreditación de la puntuación del

atribuida al adjudicatario, pero no de los licitadores que en dicho orden siguen a aquél y preceden a la misma recurrente, clasificados en segundo y tercer puesto, de modo que la estimación del recurso no conlleva un beneficio concreto. El recurrente actúa por un interés general por la legalidad, que no es determinante de la atribución de legitimación por sí solo, lo cual conlleva la inadmisión del recurso.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Inadmitir el recurso formulado por D. A.L.C., en representación de VARESER 96, S.L., contra el acuerdo de adjudicación del contrato de servicios de “Servicio de limpieza de colegios públicos, piscina municipal y otras dependencias municipales de Burriana”, por carecer de legitimación.

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Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1. k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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