B) Sociedad civil y sociedad mercantil. La sociedad civil con forma mercantil

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Texto completo

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La sociedad universal puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ga-nancias (art. 1.672). Si no se determina contractualmente la especie de sociedad uni-versal, ésta es de ganancias (art. 1.676). La determinación de la especie de sociedad no debe ser necesariamente expresa sino que puede derivar de la interpretación del contrato y, en concreto, de los facta concludentia de los socios, como criterio inter-pretativo de su voluntad contractual (cfr. arts. 1.281 y 1.282).

La sociedad universal de todos los bienes presentes consiste en la aportación por los socios de todos los bienes que les pertenezcan en el momento constitutivo de la sociedad y los que adquieran posteriormente pero con base en un título anterior, como un derecho de opción o de retracto, con ánimo de partirlos entre sí, así como las ganancias que adquieran con ellos (art. 1.673). En este caso, los bienes pasan a ser propiedad común de los socios (art. 1.674), salvo que la sociedad goce de perso-nalidad jurídica, en cuyo caso ésta adquiere la titularidad de tales bienes y ganancias. No comprende, esta clase de sociedad, los bienes que los socios adquieran posterior-mente a título gratuito, tanto inter vivos como mortis causa, aunque sí sus frutos. Cabe, empero, el pacto de comunicación recíproca de cualesquiera otras ganancias (art. 1.674, párrafo segundo).

La sociedad universal de todos los bienes presentes supone también la transmi-sión a la sociedad de las deudas de los socios anteriores al momento constitutivo de la sociedad. Mas para la eficacia de dicha transmisión es necesario el consentimiento del acreedor, pues se trata, en definitiva, de una novación subjetiva del deudor del tipo asunción de deuda.

La sociedad universal de ganancias comprende todo cuanto adquieran los socios por su industria o trabajo durante el tiempo de vigencia de la sociedad. En este caso, la sociedad es titular del usufructo de los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio corresponde a los socios (art. 1.675), por lo que la sociedad adquiere los frutos de tales bienes.

El art. 1.677 contiene una norma prohibitiva para celebrar un contrato de socie-dad universal: no pueden celebrar dicha especie de sociesocie-dad entre sí quienes no pueden otorgarse recíprocamente alguna donación o ventaja.

La sociedad particular, dice el art. 1.678, es aquella que tiene por objeto cosas determinadas, su uso o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una pro-fesión o arte.

B) Sociedad civil y sociedad mercantil. La sociedad civil con forma mercantil

Tradicionalmente se ha distinguido entre sociedad civil y sociedad mercantil con base en un criterio meramente formal derivado de los arts. 116 y 119 C. de C. Así, cualquier sociedad constituida con arreglo a las prescripciones del Código de co-mercio (escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil) es una sociedad mercantil. Mas el criterio formal no es el adecuado para distinguir ambos tipos de sociedades. En realidad, ni siquiera es el criterio previsto en el Código de comercio pues la sociedad (mercantil) se inscribe en el Registro Mercantil precisamente por-que se trata de una sociedad mercantil y no es tal porpor-que se haya inscrito en dicho Registro público.

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El criterio que permite distinguir entre sociedad civil y sociedad mercantil es doble: de un lado, el objeto o materia; de otro, el tipo o forma social elegido. Así, como dice VICENT CHULIÁ, se debe distinguir: i) En las sociedades personalista, el carácter mercantil de las mismas deriva de su actividad u objeto. Si éste es mercantil, si constituye “ejercicio de comercio”, entonces la sociedad será mercantil, colectiva o comanditaria simple (cfr. arts. 1 y 122 C. de C.); ii) En las sociedades de capitales o capitalistas, la mercantilidad viene determinada por la forma: la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones son siempre mercantiles, cualquiera que sea su objeto. Así, el art. 1-1 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que “son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limi-tada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones”, mientras que el art. 2 LSC reafirma la mercantilidad de tales sociedades al señalar que “las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil”.

El Código civil introduce una nota discordante al permitir en el art. 1.670 que una sociedad civil pueda revestir cualquiera de las formas previstas en el Código de comercio y quede sometida a las disposiciones de éste, salvo que se opongan a la regulación del Código civil. En cualquier caso, esta sociedad continúa siendo civil por lo que la forma mercantil de que se puede revestir sólo puede ser la colectiva o la comanditaria simple, pues el resto (anónimas, comanditarias por acciones y limita-das) son siempre mercantiles cualquiera que sea su objeto. Por otro lado, no podrán acceder al Registro Mercantil, el cual se reserva sólo a las sociedades mercantiles. La sumisión a las disposiciones del Código de comercio, salvo que se opongan a las del Código civil, obliga a realizar un examen, en cada caso concreto, de las normas civiles y mercantiles aplicables para verificar si existe entre ellas contradicción o no. En su caso, prevalecen las normas civiles siempre que sean imperativas pues la dispositivas deben entenderse derogadas por la voluntad de los socios al adoptar la forma mer-cantil (BROSETA).

ii. ConStituCión de la SoCiedad Civil

1. Constitución

La sociedad tiene un origen contractual (art. 1.665). El contrato social es un trato consensual, de manera que la sociedad nace y se constituye por el mero con-sentimiento de los socios aunque todavía no se hayan realizados las aportaciones prometidas. Así, el art. 1.679 establece que la sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa. Cabe, por tanto, el pacto en contrario, como someter el inicio de los efectos a un término (término inicial) o a un evento futuro (condición suspensiva), como la efectiva aportación prometida por cada socio.

La sociedad dura por el tiempo convenido entre los socios o por el tiempo del negocio objeto de la sociedad si éste tiene una duración limitada. Si no se ha conve-nido un tiempo determinado de duración de la sociedad o el negocio que es objeto exclusivo de la sociedad no tiene duración limitada, entonces la sociedad se entiende constituida por toda la vida de los socios, sin perjuicio de los dispuesto en los arts.

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1.700-4.º y 1.704 CC. (art. 1.680). Es decir, cualquier socio puede provocar la disolu-ción de la sociedad con una oportuna declaradisolu-ción de voluntad que no sea contraria a la buena fe (arts. 1.700-4.º, y 1.705 a 1.707).

2. Sujetos y capacidad

La puesta en común de dinero, bienes o industria, se considera un acto de dispo-sición por lo que, en relación con el menor emancipado, regirán las restricciones del art. 323 CC. siempre que se trate de la aportación de bienes inmuebles o de muebles de extraordinario valor.

El art. 1.677 no permite contraer sociedad universal entre sí a las personas a quie-nes está prohibido otorgarse recíprocamente alguna donación o ventaja. La norma ha perdido virtualidad práctica desde que se permite en nuestro sistema la contrata-ción entre cónyuges y, en concreto, la donacontrata-ción (art. 1.323 CC.). Vid., no obstante, los arts. 221, 215, 752 y 754 CC., a cuyos supuestos es aplicable la norma del art. 1.677.

3. objeto y forma

Si el objeto es ilícito, el efecto que deriva no es la nulidad del contrato de socie-dad sino su disolución. En este caso, el párrafo segundo del art. 1.666 establece que las ganancias se destinen a los establecimientos de beneficencia del domicilio de la sociedad y, en su defecto, de la provincia (cfr. art. 39 CC.). El precepto se refiere a las ganancias, pero nada dice respecto de las aportaciones realizadas por los socios. Res-pecto de éstas, parece que los socios podrán reclamar su devolución, bien mediante la acción reivindicatoria bien a través de la acción de enriquecimiento injusto (por todos, CAPILLA) pues la retentio del art. 1.306 CC. sólo se aplica a los contratos de cambio. Si la ilicitud es penal, las aportaciones serán decomisadas (arts. 1.305 CC. y 48, 350, 393 y 602 C.P.).

Respecto de la forma, rige el principio de libertad de forma, verbal o escrita, salvo que se aporten bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso, dice el artículo 1.667, será necesaria la escritura pública. A ésta se deberá unir inventario de los bie-nes inmuebles, firmado por las partes, so pena de nulidad del contrato (art. 1.667).

No obstante, la jurisprudencia ha entendido (por todas, STS 9 de octubre de 1987) que el requisito de la escritura pública no es constitutivo, por lo que, inter partes, sigue rigiendo el citado principio de libertad de forma. Mas la misma jurisprudencia también mantiene que la falta del requisito formal configura la sociedad como so-ciedad irregular, de manera que se le priva de efectos frente a terceros (no, como he señalado, inter partes) y se le somete al régimen de la comunidad de bienes (ex art. 1.669).

4. las aportaciones

Las aportaciones son las prestaciones que los socios se obligan a realizar en fa-vor de la sociedad o de la colectividad de socios y que conformarán, en su caso, el fondo común o social y el instrumento para iniciar la empresa común objeto de la sociedad. El art. 1.665 las describe como dinero, bienes o industria y, en artículos sucesivos (arts. 1.681 a 1.683), se prescriben algunas reglas a que quedan sometidas.

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Técnicamente, la aportación no es sino la obligación que cada socio ha asumido, la conducta que ha prometido y a la que queda vinculado. Puede consistir en dar (dinero o bienes) o en hacer (industria) alguna cosa, siempre que sea valorable eco-nómicamente.

Si la aportación consiste en dar, es un acto de disposición. Mas puede tener por objeto el dominio sobre una cosa (art. 1.681 y 1.687) o bien sólo el uso y disfrute de la misma (art. 1.701, párrafo segundo). El socio cuya aportación ha consistido en dar alguna cosa cierta y determinada, está obligado a la evicción de la misma, en los mismos términos que el vendedor en sede de compraventa (art. 1.681, párrafo se-gundo). Parece claro que, además de por evicción, el socio responderá también por saneamiento.

El art. 1.687 contiene las normas dedicadas a determinar el riesgo de la cosa cierta y determinada aportada: a) Si la aportación se realiza en uso y disfrute y la cosa es no fungible, el riesgo es del socio; b) Si se trata de cosas fungibles, o que no pueden guardarse sin que se deterioren, o que se aportaran para ser vendidas, o, salvo pacto, se entregan con estimación hecha en inventario, el riesgo es de la sociedad; c) Si la aportación se hace a título de dominio, aunque nada dice el Código civil, la cosa pe-rece para el dueño (res perit domino): el riesgo es, por tanto, para la sociedad si la aportación ya está realizada (arg. ex art. 1.687).

A las aportaciones de dar cosa cierta y determinada les son aplicables las normas referentes a las prestaciones accesorias de conservar la cosa con la diligencia del buen padre de familia (art. 1.094), de entregar los frutos (art. 1.095) y de entregar los accesorios aunque no hayan sido mencionados (art. 1.097).

Los arts. 1.682 y 1.683 contienen sendas normas específicas: El socio obligado a aportar una suma de dinero, dice el art. 1.682, es de derecho deudor de los intereses desde el día en que debió aportarla, sin perjuicio de indemnizar además los daños que hubiese causado. Es decir, que se coloca automáticamente en mora.

En virtud del art. 1.683 CC., si la aportación consiste en industria, el socio debe a la sociedad las ganancias que durante ella haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la misma. El fundamento de esta norma es claro: el conflicto de intereses que se puede originar entre los propios del socio industrial y los de la sociedad misma, de la que él también es parte.

iii. adminiStraCión, obligaCioneS y

dereChoS

1. Clases de administración

A la administración de la sociedad se refieren los artículos 1.692 y siguientes. El nombramiento del administrador o de los administradores es un acuerdo unánime de los socios, lo cual es obvio cuando el nombramiento se realiza en el acto consti-tutivo de la sociedad pues, de lo contrario, no habría ni siquiera contrato. Mas puede ocurrir que en dicho acto se determine la forma y clase de administración (un so-cio administrador, varios soso-cios, un tercero, etc.). En este caso, el acuerdo posterior

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nombrando a la persona o personas no requiere la unanimidad sino la mayoría de los votos.

A) Si se nombra administrador único a un socio, se debe distinguir si el nom-bramiento se ha realizado en el momento constitutivo de la sociedad o mediante un acuerdo posterior. En el primer caso, el poder es irrevocable, salvo justa causa, y el socio administrador puede realizar todos los actos propios de la administración, a pesar incluso de la oposición de los demás socios, a no ser que proceda de mala fe. Los actos que conforman la administración de la sociedad vendrán determinados, en los supuestos más conflictivos, por el objeto y finalidad de la sociedad. Si el nombra-miento del socio administrador se realiza por un acuerdo social posterior, el poder de administración que se le atribuye es perfectamente revocable en cualquier mo-mento, salvo que en el contrato se hubiera acordado conferir tal poder.

B) Nombramiento de dos o más socios administradores. Puede realizarse tanto determinando las funciones propias de cada uno de ellos cuanto imponiéndoles una actuación conjunta (de manera que los unos no puedan actuar sin el consentimiento de los otros). En caso contrario, la actuación de los socios administradores será in-distinta o separada, pero cualquiera de ellos podrá oponerse a la actuación del otro siempre que ésta no haya producido efectos legales. Esta norma, pues, desarrolla una doble protección: protege a la sociedad o al interés de los demás socios o protege al tercero que ha contratado con el socio administrador, a resultas de que la oposición de alguno de los demás administradores se haya producido antes o después de que la actuación del socio administrador haya producido efectos legales. El veto impues-to por uno de los socios administradores a la actuación de otro parece que se debe resolver mediante un acuerdo mayoritario de todos los administradores (arg. art. 398) y que no es oponible al tercero que no lo conocía ni pudo conocerlo, es decir, al tercero de buena fe.

Si la actuación de los socios administradores debe ser conjunta, es decir, que no pueden actuar los unos sin el consentimiento de los otros, la validez de los actos de administración necesita el concurso de todos sin que quepa alegar ausencia o impo-sibilidad de alguno de ellos, salvo peligro inminente de un daño grave o irreparable para la sociedad (art. 1.694).

C) Nombramiento de un tercero como administrador. Tal supuesto no lo prevé el Código civil pero tampoco lo impide. Debe ser nombrado por acuerdo unánime de los socios, ya en el momento constitutivo del contrato, ya mediante un acuerdo pos-terior. Si en el contrato se previó el nombramiento, el acuerdo posterior será válido si se adopta por mayoría, pues no es sino ejecución del anterior. Por lo demás, se puede nombrar a un tercero o a varios, del mismo modo que a los socios administradores, e incluso constituir un órgano social mixto, socios y terceros, con determinación de funciones, con actuación conjunta o con actuación indistinta o separada. Igualmente, si el órgano social es colectivo, bien sólo terceros bien terceros y socios, cualquiera de ellos goza del veto o facultas prohibendi a que se refiere el art. 1.693. Esta norma está dictada por razón de la administración y no por la de la cualidad de socios de los administradores, aunque sí con ocasión de ella. Finalmente, el poder de administra-ción conferido al tercero es perfectamente revocable en cualquier tiempo.

D) Administración de carácter legal. La falta de previsión contractual o consen-sual sobre la administración de la sociedad, se suple con las normas dispositivas que establece el art. 1.695:

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i) Administración indistinta, disyuntiva o separada de todos los socios y vincu-lación de la sociedad (vid. art. 1.669, párrafo primero i.f.), sin perjuicio de la facultas prohibendi de cada uno de ellos en los términos que ya hemos visto (vid. art. 1.693).

ii) Uso individual de las cosas comunes según costumbre de la tierra, siempre que no se haga contra el interés de la sociedad ni se impida el uso de las mis-mas por los demás socios.

iii) Obligación de todos los socios de contribuir a los gastos para la conservación de la cosa común.

iv) Consentimiento unánime de los socios para la introducción de cualquier no-vedad en los bienes inmuebles sociales, aunque sea útil a la sociedad.

El artículo 1.684 contiene normas para dirimir un posible conflicto de intereses que surja entre el administrador y la sociedad mediante el instrumento de la im-putación de pagos para el supuesto en que el socio autorizado para administrar la sociedad (es decir, el administrador) cobre una cantidad exigible que le era debida a la sociedad y a él mismo por la misma persona. En este caso, el cobro se debe im-putar a ambos créditos en proporción a su importe, salvo que hubiera dado recibo por cuenta del haber social, en cuyo caso se imputará todo a éste. No obstante, el deudor puede ejercitar la facultad de imputación que le concede el art. 1.172 CC. si el crédito del administrador es más oneroso que el social.

2. obligaciones y derechos

A) Responsabilidad de la sociedad frente a terceros

El párrafo segundo del art. 1.698 establece que la sociedad no queda obligada respecto a tercero por los actos que un socio haya realizado en su propio nombre o sin poder bastante para ejecutarlos.

La sociedad, dice el art. 1.697, queda obligada con los terceros por los actos de al-guno de los socios si: i) el socio obra en su carácter de tal por cuenta de la sociedad; ii) tiene poder suficiente para obligar a la sociedad, bien como administrador, bien por mandato expreso o tácito; iii) el socio obra dentro de los límites de su poder o mandato (vid. arts. 1.697, en relación con los arts. 1.669 y 1.714 y 1.715). También queda vincu-lada respecto del tercero por los actos de los socios, ya actuaran en su propio nombre ya sin poder o con extralimitación del mismo, que posteriormente ratifique.

Si el socio actúa en nombre propio o sin poder bastante no vincula a la sociedad sino a él mismo. Sin embargo, de dicha actuación puede derivar un beneficio o pro-vecho para la sociedad, la cual se enriquecería injustamente. Por ello, el art. 1.698 establece, en el último inciso de su párrafo segundo, que la sociedad queda obligada para con este socio en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de ella.

B) Responsabilidad de los socios respecto de las deudas de las so-ciedad

De las deudas sociales responde la sociedad (se entiende que tiene personalidad jurídica propia y distinta de la de sus miembros). Los socios, dice el art. 1.698, no

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res-ponden solidariamente respecto de tales deudas. El art. 1.698 se limita a señalar que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales no es solidaria y que ninguno puede obligar a los otros por un acto personal si no se le ha conferido poder para ello.

Para determinar la forma de responsabilidad de los socios respecto de los actos que vinculan a la sociedad, se debe determinar previamente si ésta tiene o no perso-nalidad jurídica. Si carece de persoperso-nalidad jurídica, la responsabilidad de los socios es directa, no solidaria entre ellos y proporcional a sus cuotas; en cambio, si la sociedad goza de personalidad, la responsabilidad de los socios será subsidiaria de la de la sociedad-persona jurídica y no solidaria entre ellos.

La concurrencia de acreedores sociales y acreedores particulares de los socios respecto de los bienes sociales, la resuelve el art. 1.699 otorgando preferencia a los primeros. Los segundos podrán solicitar el embargo y remate de la cuota de su deudor en la sociedad, lo cual lleva aparejado la previa disolución de la misma (art. 1.700-3.º) para poder hacer efectivo el embargo pues sin el consentimiento de los demás socios la cuota social en sí misma es intransferible (ex art. 1.696).

C) Responsabilidad en la relación societaria interna

En virtud del art. 1.685, el socio que ha recibido por entero su parte en un crédito social sin que hayan cobrado la suya los demás socios, queda obligado, si el deudor cae después en insolvencia, a traer a la masa social lo que recibió, aunque hubiera dado recibo por sola su parte. La norma tiene su fundamento en la contribución a las pérdidas sociales a que están obligados todos los socios.

Finalmente, los arts. 1.686 y 1.688 contienen dos normas paralelas y de reequi-librio patrimonial: el socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa del mismo, sin que éste pueda compensarlos por las ventajas obtenidas por su industria (art. 1.686); la sociedad responde a cada socio de las cantidades que haya desembolsado por ella y del interés correspondiente, y de las obligaciones que haya contraído de buena fe para los negocios sociales y de los riesgos inseparables de su dirección (art. 1.688).

3. pérdidas y ganancias sociales. reglas de participación ga-nancias y pérdidas

Los socios participan no sólo en las ganancias de la sociedad (como parece deri-var del art. 1.665) sino también en las pérdidas. Más todavía, es nulo el pacto por el que se excluye a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas; sólo el socio de industria puede ser eximido de toda responsabilidad en las pérdidas (art. 1.691), pues bastante pérdida es para éste el no haber obtenido contrapresta-ción alguna por su industria.

Los socios no sólo tienen derecho a las ganancias (y obligación de contribuir en las pérdidas) sino también la facultad de reclamar o exigir que tales ganancias se repartan entre ellos (art. 1.665). Pero no parece que tengan derecho a exigir que se reparta la totalidad de las ganancias, menos aún en el momento en que cada uno de ellos lo estime necesario. El derecho de los socios a las ganancias debe entenderse aquí en sentido negativo: no es válido el acuerdo social que excluya sin justa causa e

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indefinidamente el reparto de las ganancias obtenidas. Si nada se ha previsto, parece que el socio podrá ejercer su derecho a la finalización de cada ejercicio anual.

El art. 1.689, párrafo primero contiene la regla básica para el reparto de las ga-nancias y de las pérdidas: las pérdidas y las gaga-nancias se repartirán de acuerdo con lo pactado y, si sólo hubiere pacto sobre la participación en ganancias, en la misma proporción se participará en las pérdidas. Aunque nada dice el Código civil, la misma regla debe servir para el caso inverso.

En el caso en que nada se haya pactado a éste respecto, la participación en las ganancias y en las pérdidas será proporcional a la efectiva aportación hecha por cada socio.

El socio de industria participa en la misma proporción que el socio que menos haya aportado; si aportó igualmente capital, participará también en este concepto.

La designación de la participación en las ganancias y en las pérdidas no se puede dejar a uno de los socios, pero sí a un tercero. En este caso, la designación realizada por el tercero sólo se podrá impugnar si “evidentemente ha faltado a la equidad” y no ha habido principio de ejecución, por el socio que reclama, de la decisión del terce-ro (art. 1.690). El plazo para la impugnación es de tres meses contados desde que la designación fue conocida por el socio.

El ya citado art. 1.691 prohíbe la exclusión total en las pérdidas y las ganancias de alguno o algunos de los socios (salvo lo ya dicho respecto del de industria), pero no prohíbe que la participación sea desigual o no proporcionada a la aportación efectiva (arg. arts. 1.691 y 1.689, que remite precisamente a lo pactado). Igualmente, parece posible una participación distinta en las pérdidas y en las ganancias: piénsese que, además de lo aportado, hay otros factores como la dedicación a la sociedad, los riesgos asumidos, etc.

iv. extinCión

1. las causas de disolución

Disolución y liquidación son dos fases de un procedimiento abocado a la extin-ción de la sociedad. Durante el período de liquidaextin-ción la sociedad sigue gozando, en su caso, de personalidad jurídica: se trata de una sociedad “en liquidación”. Esta supone la realización de los activos sociales con los que cubrir el pasivo de la so-ciedad. Si el activo es superior al pasivo, el resto se repartirá entre los socios; si es inferior, los socios serán responsables de la diferencia en los términos ya señalados. Una vez liquidada la sociedad y repartidas, en su caso, las ganancias y aportaciones, se extingue.

El art. 1.700 enumera las causas de disolución de la sociedad. Son las siguientes: 1) La llegada del término para el que la sociedad fue constituida. Llegado el plazo, la sociedad puede prorrogarse por el consentimiento expreso o tácito de los socios (art. 1.702). Si el acuerdo es anterior a la expiración del término, la sociedad queda automáticamente prorrogada por el nuevo plazo; si es posterior, se debe entender que se constituye una nueva sociedad (art. 1.703).

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2) La pérdida de la cosa. La pérdida de la cosa disuelve la sociedad si se produce antes de ser aportada en propiedad. Si la cosa perece después de aportada a la socie-dad, entonces no se produce la disolución de la misma (art. 1.701). Debe entenderse que la cosa perecida era el objeto exclusivo de la sociedad. En cualquier caso, la diso-lución se produce por la pérdida de la cosa aportada en uso o goce y reservándose el socio la propiedad.

3) El término del negocio objeto de la sociedad. En general, supone la disolución y posterior extinción de la sociedad por imposibilidad objetiva sobrevenida: la de la actividad económica objeto de la sociedad.

4) La muerte o insolvencia de cualquiera de los socios y el embargo y remate de la cuota de uno de ellos. La disolución por causa de la muerte de uno de los socios manifiesta la relación intuitu personae que subyace en la relación societaria interna. No obstante, los socios pueden acordar que siga la sociedad a pesar del fallecimiento de uno de ellos o que siga la sociedad con el heredero del fallecido. En el primer caso, el heredero sólo puede pedir la disolución de la sociedad, fijándola en el día de la muerte de su causante y sin participar en los derecho y obligaciones ulteriores, salvo que sean consecuencia de hechos o actos anteriores a la muerte del socio. En el segundo caso, cualquiera de los socios supérstites puede oponerse y solicitar la disolución de la sociedad (art. 1.704, en relación con el art. 1.700-4.º).

5) La voluntad de cualquiera de los socios, con sujeción a lo dispuesto en los arts. 1.705 y 1.707 CC. La efectividad de esta causa de disolución está en función del cri-terio temporal que rige a la sociedad. Si ésta se constituyó por tiempo determinado, bien por disposición contractual bien por la naturaleza del negocio, ningún socio puede reclamar la disolución sino por justo motivo, como el incumplimiento por alguno de los socios de sus obligaciones, la inhabilitación para los negocios sociales, etc. La justicia del motivo alegado la determinan los tribunales (art. 1.707). En cam-bio, si no se ha pactado la sociedad por tiempo determinado o éste no resulta de la naturaleza del negocio objeto de la sociedad, cualquiera de los socios podrá solicitar la disolución de la misma siempre que lo haga de buena fe y en tiempo oportuno. La denuncia del contrato (el art. 1.705 dice, incorrectamente, la renuncia) debe ponerse en conocimiento de los demás socios (art. 1.705).

Las causas que enumera el art. 1.700 configuran un elenco no exhaustivo, pues no recoge el acuerdo social en orden a la disolución de la sociedad, la condición resolu-toria, la imposibilidad objetiva sobrevenida, etc.

El art. 1.706 determina cuándo la denuncia no es de buena fe o no se realiza en un tiempo congruo. Es de mala fe, dice, si el que la hace intenta apropiarse para sí del beneficio que debe se común. En este caso, continúa vinculado para con sus socios y estos pueden excluirle de la sociedad. Es inoportuna si, por la naturaleza del negocio o por los intereses en juego, a la sociedad conviene que se posponga su disolución. En este caso, la sociedad continuará hasta la terminación de los negocios pendientes (vid. STS 7 de diciembre de 1988).

Liquidada la sociedad, se debe proceder, en su caso, a la partición como fase pre-via a su extinción. El activo se reparte entre los socios, dice el art. 1.708, según las normas de la partición de la herencia (arts. 1.051 y sigs. CC.); mas, salvo pacto en contrario, al socio industrial no se le aplicarán ninguna parte de los bienes aportados, sino sus frutos y beneficios en la proporción que indica el art. 1.689. En realidad, la

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partición debe realizarse, en primer lugar, según las normas contractuales previstas por los socios, ya en el contrato de sociedad, ya mediante un acuerdo social posterior. Sólo de manera subsidiaria se aplicarán las normas previstas en el Código civil para la partición de la herencia.

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