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La exclusión social y la desigualdad en Medellín : sus dimensiones objetivas y subjetivas

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Academic year: 2021

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Con este trabajo esperamos contribuir al análisis crítico de las nuevas realidades sociales y al conocimiento de la dinámica social de la exclusión desde sus dos caras: las realidades objetivas en que se desarrolla la vida cotidiana de sus habitantes y sus percepciones sobre su entorno.

En este texto se presentan los resultados de la investigación sobre exclusión social realizada en Medellín en el año 2008, donde se indagó por las percepciones, en su dimensión subjetiva, de la exclusión social de los habitantes de la ciudad, incluyendo las razones por las cuales las personas se consideran excluidas, los actores que producen exclusión y los factores que protegen de la exclusión.

La primera parte del libro Consideraciones teóricas sobre la exclusión social contiene los capítulos I: Desigualdad, justicia y libertad; II: La exclusión social: más allá de la pobreza; y el III: Las dimensiones subjetivas de la exclusión social, donde se exponen los fundamentos teóricos de la exclusión social, se sustenta por qué el corazón de la cuestión social hoy no es la pobreza, sino la desigualdad social y se presentan los debates en relación con las mediciones subjetivas de la exclusión social.

En la Segunda parte: Resultados, se presentan los capítulos IV: Metodología, objetivos y contexto de la investigación; V: Participación política y social; VI: Situación del empleo y el mercado laboral, ingresos, gastos y seguridad social; y el VII: Las percepciones sobre exclusión, donde se indica el contexto de la ciudad de Medellín, la metodología que se empleó para la investigación y se presentan los resultados de la misma; además, se confrontan con los resultados de otras investigaciones llevadas a cabo en la ciudad y con algunas cifras oficiales. Se hace énfasis en contrastar y complementar los hallazgos de este estudio con los obtenidos en dos encuestas que anualmente se realizan en la ciudad: Medellín cómo vamos realizada por el consorcio del mismo nombre; y la Encuesta de calidad de vida realizada por la Alcaldía de Medellín.

versidad de Antioquia, profesora de la Facultad de Enfermería de la misma universidad. Actualmente se desempe-ña como coordinadora del programa de Integración Docencia-Asistencia de la Universidad de Antioquia. Ha participa-do en investigaciones sobre la Caracte-rización y Significados de las Prácticas Académicas en los Programas de Pre-grado de la Universidad de Antioquia y sobre Representaciones: y Prácticas en el Cuidado de la Salud de los Profesio-nales de Enfermería.

Alexandra Castrillón Laverde Traba-jadora Social. Ha realizado estudios de posgrado de corta duración en Metodo-logías para la planeación, evaluación y gestión de proyectos sociales y en Ges-tión para la paz y la convivencia. Partici-pó en la investigación sobre Representa-ciones Sociales sobre el Consumidor y el Consumo de Sustancias Psicoactivas, la evaluación del programa La Aventu-ra de la Vida, en la investigación para la elaboración del Panorama Social de Me-dellín y en la caracterización sobre los Jóvenes de Medellín.

Diana María Sepúlveda Herrera

Nutricionista Dietista y Magíster en Epidemiología. Se desempeña como docente de la Universidad de Antio-quia. Miembro del grupo académico de Nutrición Pública. Realizó su tesis de grado sobre la exclusión social y las percepciones de calidad de vida en los habitantes de la zona uno de Medellín.

Luz Stella Álvarez Castaño PHD y Ma-gíster en Salud Pública y Nutricionista Dietista. Profesora asociada de la Uni-versidad de Antioquia. Socia Fundadora del la Corporación Región. Editora del libro Pensamiento en Salud Pública (2000) y coautora del libro Democracia y Ciudada-nías (2005). Ha publicado diferentes ar-tículos en revistas nacionales e interna-cionales sobre desigualdades e inequi-dades en salud. Actualmente coordina el grupo de investigación sobre los de-terminantes sociales y económicos de la salud. lalvarez@pijaos.udea.edu.co

Jorge Arturo Bernal Medina Filósofo, Especialista en Políticas Sociales. Coautor de los libros Democracia y Ciu-dadanías (2005) y Panorama Social de Me-dellín (2006); coautor y editor del libro Integración y equidad (1994). Socio funda-dor y Director General de la Corpora-ción Región. Hace parte del grupo de investigación sobre ciudadanías, con-flicto y políticas sociales. Ha publicado diferentes artículos en revistas na-cionales e internana-cionales sobre po-breza, desigualdad y exclusión social. dirección@region.org.co

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La exclusión social

y la desigualdad en Medellín

Sus dimensiones objetivas

y subjetivas

Luz Stella Álvarez Castaño

Jorge Arturo Bernal Medina

Astrid Helena Vallejo Rico

Diana María Sepúlveda Herrera

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La exclusión social

y la desigualdad en Medellín

Sus dimensiones objetivas

y subjetivas

Luz Stella Álvarez Castaño

Jorge Arturo Bernal Medina

Astrid Helena Vallejo Rico

Diana María Sepúlveda Herrera

Alexandra Castrillón Laverde

Asesor estadístico

Luis Fernando Restrepo

Este libro es producto de la investigación Percepciones sobre exclusión social en Medellín

financiada por el Comité técnico de Investigación –Codi– de la Universidad de Antioquia, la Corporación Región, la Escuela Nacional Sindical, la Facultad de Enfermería y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Para el desarrollo de esta investigación la Corporación Región contó con el apoyo de las agencias de cooperación Misereor y Diakonia.

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Sus dimensiones objetivas y subjetivas.

Primera edición: Medellín, mayo 2010 © Universidad de Antioquia

© Corporación Región

© Escuela Nacional Sindical –ENS–

Editan

Universidad de Antioquia

Escuela de Nutrición y Dietética

Carrera 75 # 65-87 (57-4) 2199200 www.udea.edu.co Medellín, Colombia Corporación Región Calle 55 # 41-10 (57-4) 2166822 www.region.org.co Medellín, Colombia

Escuela Nacional Sindical –ENS–

Calle 51 # 55-78 (57-4) 5133100 www.ens.org.co Medellín, Colombia

ISBN: 978-958-8134-53-6

Coordinación editorial: Luz Stella Álvarez Castaño.

Investigadora principal: Luz Stella Álvarez Castaño

Coinvestigadores

Jorge Arturo Bernal Medina Astrid Elena Vallejor Rico Diana María Sepúlveda Herrera Alexandra Castrilllón Laverde

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PRESENTACIÓN ... 9 Agradecimientos ... 13 PRIMERA PARTE

Consideraciones teóricas sobre la exclusión social ... 15 Capítulo I. Desigualdad, libertad y justicia ... 17 Jorge Arturo Bernal Medina

Capítulo II. La exclusión social:

más allá de la pobreza ... 91 Luz Stella Álvarez Castaño

Capítulo III. Las dimensiones subjetivas

de la exclusión social ... 107 Luz Stella Álvarez Castaño

SEGUNDA PARTE

Resultados ... 119 Capítulo IV. Metodología, objetivos y contexto

de la investigación ... 121 Luz Stella Álvarez Castaño, Alexandra Castrillón Laverde

Capítulo V. Participación política y social ... 133 Jorge Arturo Bernal Medina, Astrid Helena Vallejo Rico

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y el mercado laboral, ingresos, gastos

y seguridad social ... 171

Jorge Arturo Bernal Medina, Luz Stella Álvarez Castaño Capítulo VII. Las percepciones sobre exclusión social ... 213

Jorge Arturo Bernal Medina, Luz Stella Álvarez Castaño, Diana María Sepúlveda Herrera Anexos ... 245

Lista de cuadros ... 263

Lista de gráficas ... 266

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La desigualdad, la pobreza y la exclusión social son problemas cre-cientes en América Latina. Las políticas neoconservadoras aplicadas desde la década de los 80 no sólo no lograron superar los problemas crónicos de la pobreza, sino que consolidaron un patrón de desarrollo excluyente que caracteriza a la región desde hace varios siglos. Estas políticas condujeron a una mayor apropiación de los bienes materiales y sociales por parte de élites privadas, al tiempo que condujeron a la mar-ginalidad, el desempleo y la ausencia de cohesión social a las mayorías. En estos momentos en que la crisis del modelo inspirado en el lla-mado consenso de Washington es evidente, emergen nuevas y antiguas preguntas que el ideario neoliberal pretendió superadas: el papel del estado y del mercado, los límites a la concentración de riqueza, el rol de las políticas sociales, los derechos económicos y sociales y los necesa-rios balances entre igualdad y libertad.

Afortunadamente nuevas corrientes de pensamiento están emer-giendo para demostrar que muchos de los fundamentos neoliberales no se sostienen cuando se enfrentan con los hechos reales. Y no nos referimos sólo a las catastróficas consecuencias del modelo en términos económicos y sociales. Los trabajos de la premio Nobel de economía Elionor Ostrom nos muestran, por ejemplo, que es posible encontrar alternativas más eficientes y sustentables que los monopolios privados

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para el manejo de bienes sociales tan preciados y vitales como el agua y los recursos naturales. Como lo afirma en la introducción a uno de sus artículos la doctora Ostrom: “los individuos logran resultados más que racionales construyendo condiciones en que la confianza mutua, la re-ciprocidad y la cohesión social ayudan a superar la fuerte tentación del interés individual en el corto tiempo”.

Con este libro esperamos contribuir –aunque modestamente– al análisis crítico de las nuevas realidades sociales. En él se presentan los resultados de la investigación sobre exclusión social realizada en Mede-llín en el año 2008 por un equipo interinstitucional e interdisciplinario.

Las inquietudes que guiaron la investigación fueron las percepcio-nes (dimensión subjetiva) sobre exclusión social de los habitantes de la ciudad incluyendo las razones por las cuales las personas se consideran excluidas, los actores que producen exclusión y los factores que prote-gen de la exclusión. Todos estos elementos confrontados con las con-diciones objetivas de los encuestados como su nivel educativo, ingreso familiar, zona de residencia, afiliación a la seguridad social y estrato so-cioeconómico en que está ubicada la vivienda.

El hilo conductor de la investigación: la exclusión social, se escogió porque consideramos que la pobreza como constructo teórico, especial-mente cuando se evalúa según los ingresos o el acceso a ciertos bienes básicos tiene limitaciones para capturar las nuevas dinámicas sociales. La exclusión sirve más al propósito de desvelar los resultados del mode-lo neoliberal en términos de expulsión del mercado laboral formal para una gran mayoría, desmantelamiento de los vínculos sociales propios de la relación salarial formal junto con la pérdida de vínculos sociales y de participación en la vida comunitaria.

La exclusión social como fenómeno propio de las últimas décadas no sólo se manifiesta en la pérdida total o parcial de ingresos, sino que tiene un carácter multidimensional. Incluye lo relativo a los aspectos dis-tributivos de la pobreza y las desventajas sociales y por otra parte, a la carencia de poder político acompañado de una pérdida de los vínculos sociales.

El libro está organizado de la siguiente manera: La primera parte con

los capítulos I: Desigualdad, justicia y libertad; II: La exclusión social: más allá de

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los fundamentos teóricos de la exclusión social, se sustenta por qué el corazón de la cuestión social hoy no es la pobreza, sino la desigualdad social así que los programas de lucha contra la pobreza serán insuficien-tes en este contexto. En estos primeros capítulos también se presentan los debates en relación con las mediciones subjetivas de la exclusión social, tal como las usadas en esta investigación.

En la Segunda parte: Resultados, se presentan los capítulos IV:

Me-todología, objetivos y contexto de la investigación; V: Participación política y social; VI: Situación del empleo y el mercado laboral, ingresos, gastos y seguridad social; y

el VII: Las percepciones sobre exclusión, donde se indica el contexto de la

ciu-dad de Medellín y la metodología que se empleó para la investigación; se presentan los resultados de la investigación y se confrontan con los resultados de otras investigaciones llevadas a cabo en la ciudad y con algunas cifras oficiales. En particular, se hace énfasis en contrastar y complementar los hallazgos de este estudio con los obtenidos en dos

encuestas que anualmente se realizan en la ciudad: Medellín cómo vamos

realizada por el consorcio del mismo nombre; y la Encuesta de calidad de

vida realizada por la Alcaldía de Medellín. No se presenta una sección

separada de conclusiones, ya que en cada capítulo se concluye en un aspecto particular y el capítulo final condensa en buena medida las con-clusiones generales de la investigación y su análisis.

Con este trabajo esperamos contribuir al conocimiento de la dinámi-ca social de la exclusión desde sus dos dinámi-caras: las realidades objetivas en que se desarrolla la vida cotidiana de sus habitantes y sus percepciones sobre su entorno.

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Agradecemos, en primer lugar, a la Universidad de Antioquia, la Cor-poración Región y la Escuela Nacional Sindical, quienes aportaron recur-sos humanos y financieros y que nos permitieron contar con el tiempo para el desarrollo de esta investigación.

También queremos reconocer la colaboración del profesor Alejandro Estrada Restrepo, epidemiólogo y especialista en estadística vinculado a la Universidad de Antioquia. Igualmente recibimos valiosos aportes de los profesores Jorge Iván González de la Universidad Nacional de Bogo-tá, Francisco Cortés Rodas, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y Hugo Grisales de la Facultad Nacional de Salud Pública. Aclaramos que los contenidos aquí expresados son de nuestra absoluta responsabilidad.

Agradecemos a la estudiante Cristina Carreño de la Escuela de Nu-trición de la Universidad de Antioquia por su colaboración en la organi-zación de algunos capítulos.

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Consideraciones teóricas

sobre la exclusión social

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y justicia

Jorge Arturo Bernal Medina

En las discusiones contemporáneas sobre filosofía política, es evidente que la igual-dad desempeña un papel importante. En todas las teorías se busca la igualigual-dad en algún ámbito, un ámbito que se concibe como que desempeña un papel central en cada teoría.

Amartya Sen

I

Este planteamiento cobra gran relevancia, por lo menos en dos sen-tidos; de un lado, en ubicar la igualdad, como un tema central en las discusiones y elaboraciones de la filosofía política; y del otro, en señalar que en todas las teorías de justicia se busca la igualdad en algún ámbito.

Para algunos el tema de la igualdad ha caducado, no es relevante o incluso es inconveniente hablar de él; en su lugar, y para abordar los problemas sociales, se prefiere acudir a las nociones de extrema pobre-za, vulnerabilidad y de manera cada vez más preferente a la de falta de oportunidades. Por ello resulta muy pertinente este señalamiento de Sen y el esfuerzo que él mismo ha dedicado en varias de sus obras a pre-cisar los contornos de las desigualdades y las alternativas para construir sociedades más igualitarias y justas.

Siempre han existido grandes diferencias entre los partidarios de la igualdad social y los libertarianos que sólo admiten hablar de igualdad en términos de libertades civiles. Tradicionalmente se ha establecido que las concepciones de izquierda, el marxismo y corrientes del

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libera-lismo social (socialdemocracia) han dado prelación a la búsqueda de la igualdad. No es casual que autores como Ronald Dworkin la hayan con-siderado la “virtud soberana”, y que Martha Nussbaum haya publicado un libro, dedicado a John Rawls, sobre las teorías de la justicia, en el que defiende y desarrolla el compromiso de Rawls con la construcción de sociedades más justas y la búsqueda de la igualdad social (Nussbaum, 2007).

Por su parte, la derecha y las teorías liberales más ortodoxas siempre le han dado mayor relevancia a la libertad —aunque no siempre han sido consecuentes con ella, y por tanto se han opuesto a la limitación de su ejercicio— en aras de una mayor igualdad social (Nozick, 1998; HayeK, 2005).

Este debate se enriqueció a fines del siglo XX con la obra de John Rawls (1995), en particular con su planteamiento de que cada sociedad debe acordar los niveles de desigualdad éticamente admisibles y no

ad-misibles, y con el establecimiento del segundo principio1 en su Teoría

de la justicia en favor de la igualdad. De otra parte, la pregunta de Sen: “Igualdad de qué” y los desarrollos de la misma en varios de sus trabajos,

en particular en Nuevo examen de la desigualdad (1992), han sido muy

perti-nentes para precisar respuestas frente a la misma.

Hay otras preguntas, que ya no se hacen o que no se responden, como: ¿Cuál es la cuestión social hoy? ¿Por qué hay sociedades tan des-iguales como las latinoamericanas? ¿Cuáles son las causas y los res-ponsables de tan grande desigualdad? ¿Existen políticas y recursos para reducir drásticamente esos niveles de desigualdad? ¿Cuál debe ser la relación entre la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia? La respuesta a estos interrogantes separa de manera rotunda las posturas teóricas y políticas, y afecta directamente las políticas públicas. Por esa importancia teórica y política nos vamos a detener en algunas de ellas, sin pretender para nada que vamos a dar la respuesta: trataremos sí de dar unas opiniones más o menos ordenadas con la pretensión de animar el debate.

1. El principio de la diferencia, según el cual “las desigualdades sociales y económicas habrán de disponerse de tal modo que sean tanto a) para el mayor beneficio de los menos aventa-jados, como b) ligadas con cargos y posiciones asequibles a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades” (Rawls, 1995, p. 88).

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EL PROBLEMA Y SUS MAGNITUDES:

¿CUÁL ES LA CUESTIÓN SOCIAL HOY?

Siempre ha existido desigualdad en la historia de la humanidad y mi-llones de personas han enfrentado hambre y pobreza en siglos pasados. ¿Qué es entonces lo nuevo?

Lo nuevo, lo insólito, lo injusto e inadmisible, en términos éticos, económicos y políticos, es que con los progresos logrados por la huma-nidad y con las inmensas riquezas creadas por la sociedad, se manten-gan y se incrementen las enormes dimensiones de desigualdad. Esto es evidente hoy, si se compara la riqueza infinita de unos pocos multimi-llonarios con la precariedad y la indignidad, también infinita, en que se mantienen millones de seres humanos en todo el planeta.

Apoyándose en el Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones

Unidas de 1999, Callinicos calcula que:

La ratio de la renta de la quinta parte más rica de la población mundial respecto al quinto más pobre pasó de 30 a 1 en 1960, de 60 a 1 en 1990 y de 74 a 1 en 1997 (Callinicos, 2003, p. 11).

Siguiendo con los informes de Naciones Unidas, el del año 2000 precisa que:

(…) Los activos de las 358 personas más ricas del planeta equivalen al ingreso de 2.300 millones de personas de bajos ingresos en el mundo, y que (…) los activos de los tres principales multimillonarios eran superiores al PIB de todos los paí-ses menos adelantados y sus 600 millones de habitantes. Qué el 20% de la población mundial que vivía en los países más desarrollados, tenía el 86% del PIB mundial; en tanto que, el 20% inferior tenía el 1% de ese PIB. Finalmente, que 2.800 millones de personas en el mundo viven con menos de dos dólares diarios, mientras que 1.200 millones trata de sobrevivir con

un dólar al día (Naciones Unidas, 2000, Informe sobre el desarrollo humano).

Ulrich Beck ratifica estas cifras al señalar que:

Un 20% de personas afortunadas disfruta actualmente de casi el 90% de la riqueza. Las doscientas personas más ricas del mundo disponen de una fortuna muy superior al billón de dólares. Esto equivale a los in-gresos anuales de la mitad de la población mundial (Beck, 2002, p. 57). Según Jeffry Sachs, actualmente más de ocho millones de personas mueren todos los años en todo el mundo porque son demasiado pobres para sobrevivir. Todas las mañanas los periódicos podrían informar:

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Más de 20.000 personas murieron ayer a causa de la pobreza extrema. Los artículos situarían en su contexto las escuetas cifras: hasta 8.000 niños muertos de malaria, 5.000 madres y padres muertos de tubercu-losis, 7.500 adultos jóvenes muertos de Sida y otros varios miles muer-tos de diarrea, infecciones respiratorias y otras enfermedades mortales que atacan a los cuerpos debilitados por el hambre crónica.

Los pobres mueren en salas de hospitales que carecen de medicamen-tos, en aldeas que carecen de mosquiteras para prevenir la malaria, en casas que carecen de agua potable. Mueren en el anonimato, sin que se haga pública su muerte. Por desgracia, tales artículos rara vez llegan a escribirse. La mayor parte de la gente ignora la lucha diaria por la supervivencia y los miles de personas empobrecidas de todo el mundo que pierden esa lucha.

Pero esta conjunción no es pertinente, ha desatendido las causas más profundas de la inestabilidad mundial. Los 450.000 millones de dólares que Estados Unidos dedicará este año a gastos militares no servirán en ningún caso para conseguir la paz si el país sigue gastando aproxi-madamente una treintava parte de esa cifra, tan sólo 15.000 millones de dólares, en hacer frente a la grave situación de los más pobres del planeta, cuyas sociedades se ven desestabilizadas por la pobreza ex-trema y, debido a ello, se convierten en focos de malestar, violencia e incluso terrorismo mundial.

Esos 15.000 millones de dólares representan un porcentaje minúsculo de las rentas de Estados Unidos, tan sólo 15 centavos por cada 100 dólares del producto nacional bruto (PNB) del país. La parte del PNB estadounidense dedicada a ayudar a los pobres lleva décadas disminu-yendo, y constituyendo una porción diminuta de lo que reiteradamente Estados Unidos ha prometido y no ha dado. También es mucho menos de lo que Estados Unidos debería aportar para resolver la crisis de la pobreza extrema, y de ese modo garantizar su propia seguridad nacio-nal. Este libro trata, pues, de la toma de decisiones acertadas, unas decisiones que pueden conducir a un mundo mucho más seguro, ba-sado en la veneración y el respeto auténtico por la vida humana (Sachs, 2007, pp. 25-26).

La otra cara de este panorama de pobreza, desigualdad y exclusión, es el poder y la riqueza cada vez mayores de las grandes multinacionales y de las potencias del Norte. Veamos algunas expresiones de esto.

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El número de empresas multinacionales superó ya la cifra de 50.000. Controlan un 70% del comercio internacional, aunque en términos la-borales el número de puestos de trabajo que directamente ofrecen es inferior a 100 millones. El mercado de divisas, de especulación sobre la diferencia de cambio en las monedas, era ya en 1995, 70 veces superior al intercambio real de bienes y servicios. Mientras tanto, las dos déca-das que van desde 1980 a 2000 supusieron “veinte años de descenso en el progreso”: los niveles de crecimiento económico de los países más pobres pasaron del 2% a registrar un decrecimiento real; también en sanidad o en educación las tasas de mejora de las décadas precedentes no pudieron mantenerse (Fernández, 2003).

Este modelo económico se alimenta desde el Norte, donde están

ra-dicadas las empresas más importantes, se concentra el poder político2, y

se dan los grandes niveles de consumo del 20% de la población mundial más acaudalada del planeta.

De otra parte, desde el llamado Sur, el cobro de la deuda externa supuso un envío hacia países del norte de 372.575 millones de dólares en el 2003, cifra cinco veces superior a lo que los gobiernos enviaron en concepto de ayuda al desarrollo, que fueron 69.000 millones de dólares.

Actualmente la deuda externa de los países más pobres es de 2,4 billones de dólares. Una cantidad “irrisoria” en el panorama financiero internacional, pues representa el 4% de la deuda mundial. El déficit co-mercial de Estados Unidos es superior al medio billón de dólares: de-pende de quién deba para que el asunto sea un problema o se considere un mal necesario para el “avance económico” del mundo.

En total, entre 1980 y 2000, los países pobres han pagado siete veces la deuda externa que acumulaban hace dos décadas. Pero se encuentran con que deben ahora cuatro veces más. El mecanismo de dominación de la deuda externa, poco a poco, se ha ido deslizando del terreno de la “suavidad” a la notoria “coerción” (si no pagas, no hay financiamiento externo) característica de los mecanismos “fuertes”. Entre 1998 y 2002

2. Entre las 50 multinacionales más importantes no figura ninguna con sede central en la periferia. Junto a los gobiernos de la Triada (Estados Unidos, Unión Europea, Japón) y a las instituciones financieras por ellos impulsadas (FMI, Banco Mundial, OMC), y en gran me-dida tras ellos, es decir, marcándoles las pautas a seguir, se encuentran poderosos grupos de presión internacionales fundados por grandes empresas, como el Grupo Bilderberg.

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los países más pobres enviaron en concepto de pago de deuda 922.000 millones de dólares y recibieron como nuevos créditos 705.000 millones: un saldo negativo de 217.000 millones de dólares. Estas son las rela-ciones “equitativas” entre el Norte y el Sur y el tamaño de la “ayuda al desarrollo” de parte de los países desarrollados.

Es útil terminar esta parte mostrando la responsabilidad de las gran-des potencias en la producción, mercado y uso de armas que aumentan la inseguridad del planeta. Según Sen:

Una condición global extrañamente poco debatida que es causa de una intensa miseria y también de privaciones persistentes, atañe a la participación de las potencias mundiales en el comercio globalizado de armas —casi el 85% de las armas vendidas internacionalmente en los años recientes provinieron de los países del G8, las grandes po-tencias que desempeñan una función fundamental en el liderazgo del mundo—. En este campo se necesita con urgencia una nueva iniciativa global, que vaya más allá de la necesidad de ponerle coto al terrorismo, donde se concentra hoy el foco de atención (Sen, 2007a, p. 188).

Veamos ahora algunas cifras y expresiones de la desigualdad en América Latina. En un trabajo reciente de Nora Lustig se plantea que:

El decil más rico recibe el 48% del ingreso y el decil más pobre el 1,6%. En los países avanzados, en contraste, las cifras son del 29,1% y el 2,5%, respectivamente. El coeficiente de Gini, en promedio, durante los no-venta fue de 0.522 mientras que en los países avanzados de Europa del Este y Asia fue de 0.342; 0.328 y 0.412 respectivamente. En Guatemala el decil más alto recibe 59 veces más ingreso que el decil más bajo. En Europa el país que muestra una diferencia mayor es Italia y la cifra es de 12. En América Latina, en términos generales, la desigualdad ha ido en aumento en las últimas tres décadas del siglo XX, si bien dicho crecimiento fue más pausado en los noventa (Lustig, 2007, p. 232).

En sentido similar se expresa José Nun cuando señala que la des-igualdad en América Latina significa que “el 20% más rico tiende a apro-piarse de 60% del total de los ingresos; el 40% siguiente, de 30%; y al 40% más pobre sólo le queda el 10%” (Nun, 2002, p. 158).

Recientemente, Andrés Oppenheimer, apoyado en el Informe mundial

de la riqueza 2008, trae unas cifras desoladoras acerca de la voracidad y la capacidad de enriquecimiento de las élites latinoamericanas.

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Los ricos en América Latina se están enriqueciendo más rápidamente que sus pares en todas las demás regiones del mundo, y ya han acumu-lado 623 trillones de dólares en valores financieros, sin contar sus ca-sas ni sus colecciones de arte. Esto significa un incremento del 20,4%, frente a uno del 17,5% de los ricos de los países petroleros, en Asia un 12,5%, en Europa de un 5,3% y en Estados Unidos y Canadá de un 4,4%. Con respecto a los “ultrarricos”, definidos como las personas que tie-nen más de 30 millones de dólares en ahorros disponibles, sin con-tar colecciones de arte, ni residencias primarias, Latinoamérica es la región de mayor concentración de riqueza del mundo. Alrededor del 2,5% de los ricos de la región son “ultrarricos”, comparado con el 2% en África y el 1,1% en Medio Oriente (Oppenheimer, 2008, p. 4).

Veamos algunas expresiones en el caso de Colombia en el siglo XX. El índice de Gini es la medida más tradicional y universal para medir la condición de desigualdad en un país determinado. En el caso

colombia-no este índice pasó de 0.4537 en 1938 a 0.584 en el año 20053, esto es, un

incremento en la desigualdad de 13 puntos en 67 años. Según el estudio de Juan Luis Londoño, llama la atención que después de la intensa vio-lencia que vivió el país a mediados del siglo XX, la desigualdad se acen-túa en Colombia, al pasar de 0.45 en el año 1938 a 0.52 en 1951 y a 0.55 en 1964. En veintiséis años de conflicto armado interno la desigualdad se incremento en 10 puntos y colocó al país en un punto en el que se ha mantenido a lo largo de estos años. Esto muestra una clara correlación entre conflicto armado —la época de la Violencia— e incremento de la desigualdad.

En los últimos treinta años se mantiene una ligera tendencia al in-cremento de este indicador, si tenemos en cuenta que según el Banco Mundial pasamos de 0.53 en el año 1978 a 0.57 en 1999, y según la Cepal en 2004 se sube a 0.577 y a 0.584 en 2005. Sin ser el propósito de este trabajo, sí llama la atención esta evidente correlación entre 60 años de conflicto armado interno y una mayor concentración de la propiedad, la riqueza y el ingreso en Colombia.

Esto se puede apreciar con mayor claridad al analizar la insólita con-centración de la propiedad en el principal epicentro de estos conflictos

3. La primera cifra corresponde al estudio de Juan Luis Londoño sobre la distribución del ingreso y desarrollo económico de 1995, y la del 2005 a un trabajo de Cepal sobre pobreza y distribución del ingreso en América Latina.

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armados: las zonas rurales colombianas. Un estudio reciente revela que el Gini en la tenencia de la tierra, calculado con base en el avalúo catas-tral, es hoy de 0.85. En países como Japón y Corea, en los que la reforma agraria constituyó una de las claves del despegue económico en los años 50, el Gini es de 0.38 y 0.35 respectivamente. La muy desigual tenencia de la propiedad rural va de la mano con su uso irracional: subutilización de tierras aptas para la agricultura (sólo 30% es usada) y sobre explotación (33% del total ocupado). Mientras terratenientes y narcos tienen lotes de engorde en tierras fértiles, campesinos arrinconados siembran pan coger en páramos y selvas (Uribe, 2005, pp. 8-9).

Este tipo de resultados no hablan bien de la noción de justicia y equidad en la sociedad colombiana, ni del manejo de la economía y de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos en las últimas déca-das. Por el contrario, ponen de manifiesto algo más estructural, propio de la mayor parte de las sociedades latinoamericanas: un modelo eco-nómico y político concentrador de la propiedad, de la riqueza y del poder político. Para la reflexión que proponemos son buenas pistas sobre cuál es la cuestión social en Colombia.

Los gobiernos, los organismos internacionales y algunos académi-cos reclaman que América Latina y Colombia han experimentado gran-des avances en materia social en el siglo XX y en lo que va del XXI. Si miramos algunos indicadores tradicionales es fácil ponerse de acuerdo con dicha afirmación. Durante el siglo XX en Colombia y en América La-tina se redujeron la indigencia y la pobreza y mejoraron las coberturas en los servicios sociales y en los índices de desarrollo humano y calidad de vida. Eso es innegable. Lo que tampoco se puede negar, es que se man-tienen, o incluso se aumentan (en zonas rurales en particular) los niveles de desigualdad y concentración de la propiedad, la riqueza y el poder.

Analizando las cifras de la pobreza en el largo plazo para el caso Colombiano, encontramos que en 1905 la pobreza en el país era de 94%

y hoy se ubica más o menos en 50% (Sarmiento, 2007)47, lo que indica

una importante reducción en 100 años. Algo similar se puede encontrar

4. La Misión sobre la pobreza conformada por el presidente Uribe y liderada por Hugo López la situó más abajo, al colocarla para el 2006 en 47%. Más recientemente, en julio de 2009, una nueva comisión promovida por el Dane y Planeación Nacional, habla de una tasa de pobreza de 46% en 2008 y 17,8% de indigencia.

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en la región latinoamericana. Para el conjunto de la región la tasa de pobreza pasó de 48,3% en 1990 a 35,1% en el 2007. Por su parte, la indi-gencia (pobreza extrema) —que era del 22,5%— se redujo al 12,7% en 2007 (Cepal, 2007).

Siguiendo con el caso colombiano, la Cepal presenta cifras de po-breza de 52,5% para 1994 —en América Latina era de 45% en el mismo año— y de 46,8% en 2005 (en América Latina era de 39%). También la indigencia baja en Colombia al pasar de 28,5% en 1994 —era de 20% en América Latina— a 20,2% en el 2005 —era de 15% en América Latina— (Cepal, 2005).

De otra parte, las mejoras en cobertura educativa y de salud, servi-cios públicos domiciliarios, vivienda e infraestructura son notables en las últimas décadas, sobre todo, en las grandes ciudades, y por eso el Índice de Desarrollo Humano ha subido y ha colocado a Colombia, se-gún estos indicadores, como un país de desarrollo humano medio-alto (según clasificación de Naciones Unidas). Este índice subió de 0.742 en 1994 a 0.791 en 2006.

Estos resultados matizarían, en parte, el pésimo panorama en mate-ria de desigualdad económica y social ya registrado, y hablarían mejor de las políticas públicas sociales. Colombia y América Latina presentan una doble condición: de un lado, las clases dominantes han logrado mante-ner el control de la mayor parte de la riqueza gemante-nerada por el conjunto de la sociedad, ser cada vez más ricos en términos de ingreso y del con-trol de la propiedad y del poder político y, del otro, mejorar la condición social de algunos sectores de la población —en especial en las áreas urbanas—, incrementar indicadores como los de calidad de vida, nece-sidades básicas insatisfechas y desarrollo humano, y reducir en algunos puntos la pobreza. Esto indica que las políticas públicas sociales pueden ayudar a reducir, parcial y transitoriamente, las tasas de pobreza —por lo menos hasta un límite— y mejorar algunos servicios sociales, sin afectar para nada la altísima desigualdad en términos de la concentración de la

propiedad y del ingreso5.

5. A grandes rasgos éste fue el modelo chileno, que posteriormente se vendió a toda América Latina. Se logró reducir la pobreza por ingresos, mejorar el IDH y otros elementos referidos a la calidad de vida, sin tocar un “pelo” a los grandes capitalistas chilenos. De hecho, Chile sigue estando entre los cinco países más desiguales de la región.

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Esta constatación es importante en dos sentidos: en primer lugar, indica que antes de la imposición del modelo neoliberal en América Latina, se realizaron —por parte de algunos gobiernos— acciones para mejorar las condiciones de vida de la población; y en segundo lugar, que no tiene sentido anotar que bajo el neoliberalismo no hay inversión social o que no se pueden bajar los índices de pobreza.

En el caso colombiano, por ejemplo, por mandato de la Constitución de 1991 el gasto social ha crecido en los últimos gobiernos de manera importante: de 7% del PIB en 1970, sube a 15% en 1996 (cuando entra en vigencia plena la nueva Constitución); posteriormente baja a 13%, donde

se ha mantenido6. Por ahora, la pobreza ha bajado unos puntos

(prin-cipalmente en las ciudades)7. El problema y la gran diferencia están en

otro lugar: en no enfrentar a fondo las causas que producen y reproducen la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; en plantear la lucha con-tra la pobreza extrema (como su énfasis), pero no implementar políticas públicas para reducir drásticamente la desigualdad y la exclusión; en el manejo asistencial y focalizado del gasto social, con el argumento de que no hay recursos y por ello es necesario concentrar la inversión en los más pobres de los pobres, sin reconocer el estatus de ciudadanía a esa población pobre; en asumir los derechos sociales como servicios que deben producir altos niveles de rentabilidad y se entregan al sector privado (como el caso de la salud); en la gran ruptura entre las políticas económicas y las sociales, y la prioridad de las primeras sobre las se-gundas; en el manejo neoclásico de la economía y en la orientación de la misma en favor del gran capital nacional e internacional (reformas tri-butarias, fiscales y laborales regresivas) y en contra de un desarrollo pro-ductivo que atienda las necesidades de la población colombiana, genere empleos e ingresos dignos y produzca excedentes para la exportación; finalmente, en la ausencia de políticas redistributivas más estructurales

6. Vale la pena anotar que según el promedio que construye la Cepal para toda América Latina, sobre el peso del gasto social frente al PIB, Colombia siempre ha estado varios puntos por debajo de ese promedio. En 2005 Colombia estaba en 13,4%, mientras el promedio era del 16%. 7. Diversos autores cuestionan las cifras oficiales de reducción de la pobreza, como la Contra-loría General de la Nación bajo la dirección de Gómez Gamarra, el Centro de Investigacio-nes para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Uribe y Libardo Sarmiento en varios artículos.

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y audaces, que de verdad reduzcan los enormes niveles de desigualdad y de exclusión. Es probable que estas políticas neoliberales hayan alivia-do la situación de personas y familias en extrema pobreza, y permitan mostrar mejoras en indicadores sociales tradicionales, lo que no estaría mal; nuestro debate tiene que ver con el enfoque de los programas pre-vistos para ello y con el mantenimiento de las tremendas desigualdades en materia de concentración de la propiedad, de la riqueza y del ingreso.

Esto nos vuelve a remitir a preguntas de orden estructural: ¿Es éste un buen resultado desde la perspectiva de una sociedad realmente justa y democrática? ¿Estamos condenados a aceptar este modelo?

Consideramos que la cuestión social hoy en Colombia está estrecha-mente asociada a las profundas desigualdades económicas y sociales, a

las diversas expresiones de exclusión social8, a la falta de garantía

uni-versal de los derechos de ciudadanía y a los obstáculos en el desarrollo de las capacidades humanas para avanzar en términos de libertad real y de igualdad social. Esta es, en nuestra opinión, la actual agenda del desarrollo social y de la democracia y, además, la mejor garantía de que la lucha contra la pobreza y el hambre tenga más solidez y profundidad.

Queremos respaldar esta consideración con el reconocimiento efec-tuado en el Informe del Progreso Económico y Social (BID, 2008), donde el presidente del BID señala con toda claridad que:

La exclusión social es la amenaza más peligrosa que enfrenta la demo-cracia en América Latina y el Caribe. [...] La esperanza de vida, la nutri-ción, la escolaridad y muchos otros indicadores de bienestar han mejo-rado y continúan haciéndolo. Sin embargo, la pobreza, la desigualdad y la falta de buenos empleos y oportunidades para facilitar la movilidad social de la mayoría representan áreas en las cuales aún queda mucho por hacer, y en las cuales más que nunca las sociedades de América Latina y el Caribe exigen resultados (BID, 2008, p. ix).

La exclusión social, históricamente arraigada en diferentes formas de estigmatización de grupos tradicionalmente identificados por la raza, el origen étnico o el género, ha cambiado tanto como lo ha hecho la

8. Exclusiones referidas al mercado y las relaciones laborales, a la raza, al género, a las creen-cias, a los territorios, a la edad, a las opciones sexuales y por supuesto a la riqueza y los ingresos.

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región misma y actualmente afecta a grupos mucho más diversos y numerosos de la población, particularmente a aquellos que se ganan la vida a duras penas en empleos precarios sin perspectiva alguna de mejorar. Su exclusión no se debe a que se encuentren “afuera”, aislados, dejados de lado, sino a que están interactuando con sociedades más modernas y prósperas (BID, 2008, p. 3).

Diferentes investigadores (Castel, Rosanvallon, Fitoussi, Furtado,

De la Garza, Lo Vuolo, Pérez & Mora, Cortés)9 han mostrado las nuevas

expresiones de la exclusión social, manifiesta en las transformaciones profundas y regresivas en el mercado laboral que han supuesto un ma-yor desempleo, una precarización del mismo, una enorme flexibilidad e inseguridad laboral y, por supuesto, alarmantes magnitudes de infor-malidad, todo lo cual ha incrementado el fenómeno de la exclusión y de la desigualdad y pone límites a la actual tendencia a la reducción de la pobreza. Según Castel “la crisis de la sociedad salarial, que ha caracte-rizado el presente siglo, ha llevado al surgimiento de nuevas formas de vulnerabilidad y desigualdad social” (Castel, 1997, p. 121).

A los excluidos tradicionales (afrocolombianos, indígenas, campe-sinos, mujeres) se suman los excluidos más recientes: trabajadores for-males que pierden el empleo y personas de clase media golpeadas por las crisis económicas.

Para Pierre Rosanvallon (1995), de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, nos encontramos en una nueva era de lo social y lo político. La refundación de la solidaridad y la redefinición de los derechos implican una mejor articulación entre la práctica de la democracia, la deliberación sobre la justicia y la gestión de los nuevos

problemas sociales10. Todo esto pone de manifiesto que hoy hay que

entender de manera más amplia la cuestión social y superar el discurso y las prácticas que siguen considerando que la cuestión social es sólo,

9. Además del trabajo de Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social, también de este

autor, está La inseguridad social: ¿Qué es estar protegido? (2006). De otra parte, está el libro de

Pierre Rosanvallon La nueva cuestión social, y de éste con Jean Paul Fitoussi, La nueva era de

las desigualdades. En América Latina encontramos los importantes trabajos de Enrique de la Garza, de Pérez & Mora sobre la desigualdad en Centroamérica, de Rubén Lo Vuolo sobre la Argentina y de Francisco Cortés sobre la exclusión en Colombia.

10. Es interesante estudiar, en el caso colombiano, cómo se ha dado esa relación entre demo-cracia, justicia y derechos.

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y principalmente, la lucha contra la pobreza extrema, seguir atendiendo a los más pobres entre los pobres. Esta es, como bien dice Rubén Lo

Vuolo (1999), una mirada muy pobre en la lucha contra la pobreza11.

Boaventura de Sousa Santos usa una categoría de análisis más fuer-te para referirse a la crisis social en el planeta y en especial en los países del Sur: habla del fascismo social que se combina con una democracia en el plano político: “este fascismo social no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo sino que la fomenta hasta el punto de que ya no resulta necesario, ni siquiera conveniente, sacrificarla para promo-ver el capitalismo” (Santos, 2005b, p. 353). Las principales formas de la sociabilidad fascista, según el análisis del autor, son:

• El fascismo del apartheid social, que tiene que ver con la segregación

social de los excluidos dentro de una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas. Estas bajo el temor de las zonas salvajes se encierran en “castillos neofeudales”, urbanizaciones pri-vadas, condominios cerrados.

• El fascismo del Estado paralelo. Uno para las zonas civilizadas,

Es-tado democrático, protector; otro comportamiento para las zonas salvajes, aquí es predador, sin respeto por el derecho.

• El fascismo paraestatal. El proyecto neoliberal de convertir el

contra-to de trabajo en un simple contracontra-to de derecho civil genera una situa-ción de fascismo contractual. Esta forma de fascismo suele seguirse también de los procesos de privatización de los servicios públicos, de la atención médica, de la seguridad social.

• El fascismo financiero. Es el fascismo imperante en los mercados

financieros, en la especulación financiera “lo que se ha venido en llamar economía de casino; puede sacudir en pocos segundos la economía real o la estabilidad política de cualquier país. Los merca-dos financieros son una de las zonas salvajes del sistema mundial, quizá la más salvaje. La discrecionalidad en el ejercicio del poder fi-nanciero es absoluta y las consecuencias para sus víctimas —a veces pueblos enteros— pueden ser devastadoras” (Santos, 2005b, p. 356).

11. Lamentablemente las grandes potencias, las Naciones Unidas y asesores como Jeffrey Sachs, se limitan a esa “lucha” contra la pobreza extrema y para ello acuerdan metas tan blandas e insostenibles como los llamados Objetivos del Milenio. Es claro que esos obje-tivos no responden a la actual Cuestión Social.

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Es una categoría y son unas consideraciones que vale la pena seguir estudiando, pero lo cierto —y lo que interesa poner de manifiesto—, es que el problema de la cuestión social hoy es mucho más complejo que el simple propósito de reducir la extrema pobreza.

Para ayudar a entender los cambios y las políticas propuestas y aplica-das, conviene analizar algunas de las estrategias puestas en práctica, tanto en los países del Norte como en los de América Latina en el siglo XX.

Las políticas económicas y sociales en el siglo XX

La gran crisis económica de 1929-1930 que afectó a la mayoría de naciones occidentales fue enfrentada, de manera general, por dos mo-delos; de un lado, con el Estado Bienestar y una activa intervención del Estado en la orientación económica, de la mano de la propuesta keynesiana que proponía privilegiar la generación de empleo. De otro lado, primero en la Unión Soviética y después en Europa Oriental, con la propuesta socialista de eliminación de la propiedad privada, del control directo por parte del Estado sobre los grandes medios de producción y el privilegio a la búsqueda de la igualdad social.

En el caso de buena parte de América Latina, con más contundencia en los países del sur, se dio una mezcla del modelo de sustitución de importaciones con Estado Bienestar y rasgos de populismo, sobre todo, a principios y mediados del siglo. A partir de los años setenta empieza a registrarse un gran cambio; se imponen un buen número de dictaduras militares, que restringen de manera severa las libertades y derechos civi-les y políticos, y al mismo tiempo ponen en marcha un modelo neolibe-ral en materia económica y social. Se promueven la apertura y la libera-lización económica, las privatizaciones de sectores clave de la actividad económica, se impone la financiarización (Salama, 1999), la focalización y el asistencialismo en materia social.

¿Qué ocurrió con estas políticas?

Ochenta años después del experimento comunista de la Unión So-viética, existe una opinión mayoritaria en el sentido de que el esfuerzo que realizaron los países del llamado socialismo real por construir socie-dades más igualitarias, con un mayor bienestar para todos, conservando al mismo tiempo las libertades y respetando las diferencias, fracasó en

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lo fundamental. Aunque logró ciertas mejoras en materia de igualdad social y calidad de vida para los pobres, impuso regímenes políticos autoritarios y antidemocráticos, que violaron las libertades y derechos de amplias capas de la población y de sectores de oposición. Asesina-tos, desapariciones, campos de concentración, eliminación de partidos y organizaciones opositoras, control y restricción a los medios de comu-nicación, a la libre circulación, a la libertad de pensamiento, y el predo-minio de grandes burocracias estatales que lo controlaban todo, fueron

hechos comunes en la Unión Soviética, en Europa Oriental12, China y

otros países denominados socialistas. En última instancia, ni auténtica igualdad social, ni libertades civiles y políticas, ni justicia, ni respeto por la diferencia y la pluralidad.

Por su parte, los resultados del Estado Bienestar, en especial en lo países del norte de Europa, fueron más significativos tanto en términos de bienestar social, de vigencia de derechos, de menores índices de des-igualdad, así como de respeto al Estado de derecho y a las libertades básicas. La propuesta socialdemócrata en su sentido más pleno, y en su ejecución en las décadas 1950, 1960 y 1970, ha sido un logro importante para la humanidad y fue sin lugar a dudas una buena alternativa, desde un capitalismo social, al proyecto comunista en expansión a mediados del siglo XX. Sin suprimir el sistema capitalista, manteniendo ganancias

significativas para los grandes inversionistas13, con evidentes

diferen-cias de clases en su interior, garantizaba a su vez importantes niveles de protección social, de calidad de vida de sus ciudadanos y de libertades

fundamentales14.

En el caso de América Latina, y en especial en algunos países15, con

la sustitución de importaciones, con cierta presencia del Estado Bien-estar y libertades básicas (hasta los años setenta) lograron resultados importantes en ese mismo marco de un capitalismo de corte social. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz señala que las tasas de

cre-12. La novela de Sandor Marai, Tierra, tierra, sobre la historia de Hungría, es un buen ejemplo

de esta realidad.

13. Explotando a sus propios trabajadores y a la población de sus colonias en África, Asia y América Latina.

14. Especialmente notables fueron los resultados de Noruega, Suecia, Finlandia y Canadá. 15. De manera especial Uruguay y Argentina en el sur del continente y Costa Rica en

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cimiento de América Latina fueron mucho más elevadas entre los años 1950 y 1970 (5,59% entre 1961 y 1980), mayores incluso a las registradas por los Estados Unidos en la misma época (Stiglitz, 2007).

José Antonio Ocampo corrobora lo anterior al plantear que la región logró niveles de crecimiento entre 1945 y 1980 del orden del 5,5% por año. Esto permitió, como ya vimos, reducir las tasas de indigencia y de pobre-za y mejorar calidad de vida de millones de personas. Según este autor:

En cualquier caso, las tendencias adversas recientes han agravado los patrones negativos de distribución, que ya eran manifiestos en América Latina en etapas anteriores de desarrollo. De ahí que la falta de equi-dad no sea tan sólo una característica del reciente período de reformas, sino una condición preexistente, que revela la existencia de graves pro-blemas de estratificación social que se han transmitido de modelo en modelo y de generación en generación (Ocampo, 2004, p. 77).

Nos importa en nuestro análisis y para las propuestas que se pre-sentarán en la parte final de este capítulo, dar una mirada especial a los casos de Uruguay y Costa Rica, para lo cual nos apoyamos en un texto de José Nun:

Hay dos excepciones parciales que tienden a confirmar la regla. Dije en páginas anteriores que Uruguay y Costa Rica son los países capitalistas de América Latina que presentan los índices más bajos de desigual-dad. Se cuentan también (y no es mera coincidencia) entre los lugares de la región donde, por un lado, más se desarrollaron las medidas de protección social a la ciudadanía y, por otro, mayor es la semejanza de los regímenes de democracia representativa vigentes con los casos paradigmáticos.

En Uruguay, durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez (1911-1916), comenzó tempranamente a cobrar forma un Estado asistencialis-ta de matriz urbana y clientelística que, junto con la consolidación del sistema legal y la expansión de la educación y administración públicas, creó las condiciones para el crecimiento de la participación política en las dos décadas siguientes. Por más que el golpe militar de Gabriel Terra, en 1933, le franqueó el paso a influencias fascistas y falangistas, el Estado social siguió construyéndose, aunque ahora con un sesgo corporativista. Tiempo después la democracia representativa volvía por sus fueros y, entre 1942 y 1955, se vivieron los años del “Uruguay feliz”, cuando se materializó un conjunto más o menos significativo de

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derechos civiles, políticos y sociales “a la europea”, en el marco de una sociedad cada vez más plenamente salarial. Se instaló así la que ha sido llamada “una cultura igualitaria clase media”, que no sin cicatrices económicas dolorosas consiguió sortear las dificultades económicas pos-1955 y logró sobrevivir también a más de una década de dictadura militar (1973-1985). Porque lo cierto es que tampoco los militares des-mantelaron el andamiaje del Estado de Bienestar y por eso este pudo ser restaurado cuando regresó el orden constitucional.

Uruguay está hoy lejos de ser un país rico y ya quedó atrás el sueño de transformarnos en “la Suiza Americana”. Pero, a pesar del deterioro que también allí han sufrido, son todavía comparativamente bajo sus nive-les de desigualdad, de pobreza, de polarización, al tiempo que su ins-titucionalidad democrática continúa siendo una de las más sólidas de América Latina. Si bien no hay una causa que explique esta evolución, tampoco puede discutirse el gran papel que han tenido en ella un de-sarrollo más o menos equilibrado de las dimensiones de la ciudadanía, relativamente próximos a las prescripciones del catálogo marshalliano. Aunque sea mucho más reciente, la evolución de Costa Rica presenta varios puntos de contacto con el caso uruguayo. Más aún: si de nuevo se pone a un lado a Cuba, es probablemente en este país de la región en el sentido de instituir un Estado de Bienestar inspirado en princi-pios socialdemócratas de universalidad y de equidad (el “socialismo B” de Marshall). (Nun, 2002, pp. 163-164).

Esta visión es ratificada por la Cepal cuando señala que: Políticamente, Uruguay ha sido y es el país con el proceso democrático más institucionalizado en América Latina, por dos rasgos sobresalien-tes de la dinámica política nacional: un sistema de partidos longevo y altamente institucionalizado y una arraigada cultura política de cons-trucción de consensos. Estos dos factores han tenido un conjunto de efectos sobre el proceso político, en el cual la negociación entre par-tidos y los múltiples vínculos de éstos con los diversos agentes de la sociedad civil configuraron una trama plural en la modalidad de tran-sacción entre los agentes decididores (Cepal, 2000, p. 93).

En conclusión, Uruguay y Costa Rica (el otro ejemplo en lo social es Cuba), sin salirse de la lógica y el modelo capitalistas, muestran que es posible desarrollar políticas y programas que favorezcan la equidad y la justicia y reduzcan la desigualdad, y relacionar estos asuntos

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socia-les con una institucionalidad democrática más profunda. Podrían ser el ejemplo del modelo socialdemócrata en América Latina.

Detengámonos ahora en el caso específico de las políticas econó-micas y sociales aplicadas a comienzos y mediados del siglo XX en Co-lombia. El proceso de formación y desarrollo de la economía capitalista en Colombia ha mantenido de manera acentuada las características de exclusión y de desigualdad propias de la región. El llamado proceso de sustitución de importaciones, por el cual se avanzó en las relaciones de producción y circulación, tuvo unas características que han sido

descri-tas por Gabriel Misas en su texto Modelos de desarrollo y exclusión. Según él,

a lo largo de los cincuenta años que van desde los cuarenta hasta los noventa, el país construyó un modelo de desarrollo caracterizado por los siguientes elementos:

La fracción hegemónica, el grupo cafetero, logró aliarse con la na-ciente burguesía industrial y promover un modelo profundamente exclu-yente. Para él, los cafeteros, élites económicas y políticas de la época, desde el principio lograron manejar el modelo de sustitución de impor-taciones.

El modelo de sustitución se apoyó en dos elementos centrales, por una parte, la protección elevada, casi infinita, a la producción nacional, primero de bienes manufacturados y después de la agricultura comer-cial; no se permitía la importación de un bien que fuera producido en Colombia; no sólo había altos aranceles sino bienes de importación pro-hibida.

Por otra parte, el precio interno de compra del café se convirtió en otro elemento de ese arte institucional. El Fondo Nacional del Café se comprometió desde los años treinta a comprar la totalidad de las cose-chas cafeteras a unos precios determinados; de esta manera, indepen-diente de la evolución internacional de los precios del café, los precios internos de compra siempre se mantenían y la productividad hacía crecer los ingresos de los cafeteros.

En estas condiciones, para Misas, la protección a la producción na-cional y el manejo de los precios internos de compra del café fueron los dos elementos centrales que organizaron toda la macroeconomía desde los años cincuenta hasta los años noventa. Durante ese largo período Colombia presentó una de las tasas de crecimiento más elevadas de

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América Latina, con la menor volatilidad y al mismo tiempo la menor tasa de inflación.

La alianza entre cafeteros e industriales se complementaba con el hecho de que los precios macroeconómicos eran administrados por el Estado, en este caso, las tasas de intereses y las tasas de cambio. Se tuvo control de cambios durante cincuenta años, y tasas de interés ad-ministradas por el Banco Central, que fijaba los intereses.

Lo que no se compadecía era ese buen crecimiento económico y el buen manejo macroeconómico con la evolución del gasto público social, que no permitía mejorar los indicadores de desarrollo social al ritmo que lo hacían otros países de la región. De hecho las tasas de cubrimiento en materia de educación y de salud eran mucho más reducidas que en el resto de América Latina. Según Misas, en Colombia sólo se puede hablar de un Estado más comprometido con los temas sociales a partir de la década de 1960, cuando empieza a aumentar la participación del gasto público social dentro del PIB. Hasta finales de la década de 1960, la par-ticipación del gasto público social en el PIB fue inferior a 4,5%, cuando en el resto de países de América Latina estaba, en ese mismo período, alrededor de 12%. Niveles como este solamente se lograron obtener al terminar la década de 1970 (Misas, 2001).

Una tesis crucial en el análisis de Misas tiene que ver con que Colom-bia nunca pudo consolidar un modelo de industrialización serio, entre otras razones porque la demanda interna creció lentamente por falta de una generalización de la relación salarial (diferencia central con otros países de América Latina y Europa). El crecimiento de la industria nunca pudo pasar de 20% o 22% del producto interno bruto; a pesar de la pro-tección del modelo de sustitución, la industria y la clase obrera indus-trial no lograron crecimientos importantes; este panorama, acompañado de la alianza y el apoyo a la clase terrateniente y los grandes rentistas que veían protegidas sus grandes haciendas improductivas, impidieron la conformación de un amplio mercado interno y la generalización de la relación salarial moderna que reclama Misas, y que fue determinante en el desarrollo económico y político que ya vimos en algunos países de América Latina.

Un claro ejemplo de las alianzas entre las élites colombianas (cafete-ros, comerciantes, terratenientes, banqueros e industriales), dice Misas,

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fue confirmado por el profesor Currie cuando vino al país a mediados del siglo XX presidiendo una Misión del Banco Mundial. En ese mo-mento encontró una extraña situación en la agricultura colombiana: las mejores tierras, las cercanas a las vías de comunicación y a las ciudades, estaban utilizadas en una ganadería súper extensiva, con muy poca in-corporación del proceso técnico. Ante ese panorama, la Misión Currie recomendó establecer altos niveles de impuesto predial a las tierras mal explotadas, de forma tal que los terratenientes se obligaran a vender las tierras so pena de pagar impuestos compensatorios, puesto que el impuesto se iba a facturar en función de los rendimientos que podían dar esas tierras. Se buscaba así obligar a los terratenientes a explotarlas adecuadamente o a vender parte de las tierras para conseguir recursos para explotarlas comercialmente.

Lo que en realidad ocurrió fue que el gobierno de Laureano Gómez nombró una comisión (siete u ocho personas muy notables de la época), para que evaluara la propuesta. Muchas de las recomendaciones, sobre todo en lo relacionado con las obras de infraestructura, se llevaron a ca-bo. Pero no se hizo nada con relación a los impuestos a la tierra; por el contrario, parece que la comisión evaluadora de la propuesta recomendó reducir los impuestos a la tierra y además eliminar leyes laborales, porque encarecían el costo de la producción en la agricultura. Desde ese momen-to se momen-tomó la decisión de crecer en la agricultura, pero sin redistribuir la propiedad ni el ingreso, ni generalizar la relación salarial. El crecimiento de la industria obtenido con esa alianza, estuvo basado en la expansión de la demanda existente, y no en la creación de una nueva demanda basada en reducir los costos de los alimentos e incrementar los bienes salarios para ampliar la capacidad productiva del país (Misas, 2001).

La demanda interna que existía antes del proceso de sustitución de importaciones, iba creciendo lentamente, pero las demandas para las fábricas que se establecieron crecían muy rápidamente, porque se iban sustituyendo importaciones que se hacían antes.

Si antes se importaban cincuenta millones de dólares de confecciones, cuando se empiezan a producir confecciones en Colombia, se restrin-gen las importaciones de confecciones; entonces, para las industrias establecidas en Colombia la demanda crecía muy rápidamente, aunque la demanda por confecciones creciera lentamente. A partir de

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media-dos de los años sesenta nos encontramos con lo que se ha denomi-nado la fatiga industrial, que llevó a nuestro amigo Mario Arrubla a considerar que el modelo no tenía salida, porque ya habíamos subs-tituido todos los bienes de consumo; pasamos entonces a sustituir bienes intermedios y algunos de capital y esto nos lleva de nuevo, a finales de la década de los ochenta, a que el sector productor no estaba creciendo porque la demanda no crecía. Entonces, en ese proceso de lento crecimiento y de poca generalización de la relación salarial, con un consumo muy bajo de bienes manufacturados por los consumido-res colombianos, se empezaron a mostrar las debilidades del modelo (Misas, 2001, pp. 342-343).

Al final de su texto, Misas hace una referencia que ratifica una de las tesis centrales de nuestro trabajo; se refiere al manejo que las élites colombianas han dado a la situación económica y social, en particular al tema de la propiedad sobre la tierra y a los conflictos que ello genera.

En Colombia se han llevado todos los problemas centrales de la socie-dad colombiana a la zona de los conflictos no negociables; la tierra es un problema que no se toca. Siempre se lanza a la zona de no negociación. Los demás países resolvieron cierta parte de sus problemas a través de la inflación o a través de gastos del gobierno, a través de políticas populistas que lograban esa cohesión social. Nosotros decidimos por esa adición eli-tista antiestatal que viene desde el siglo XIX, no enfrentar los problemas, no resolverlos; pero obviamente los problemas no resueltos se resuelven por otros canales. Nosotros simultáneamente tuvimos la menor tasa de inflación, la mayor tasa de crecimiento per cápita en América Latina, pero presentamos también la tasa de violencia más alta. El problema no es la pobreza y la violencia; el problema es la no resolución de los problemas y la exclusión. Si la gente se siente excluida y marginada los problemas son mayores. Una de las características nuestras es la no resolución de los problemas que generan esa violencia (Misas, 2001, p. 348).

También es notorio el uso de la violencia en la historia colombiana: para no resolver los problemas, para eliminar a los contrarios y para acre-centar la riqueza y el poder. Ciertamente estamos frente a élites insaciables cuando de acumulación se trata y dispuestas a aliarse o promover acuer-dos con quienes les garanticen mantener el poder, sin tener que ceder nada a cambio (grupos armados, paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos, etc.). El arrebato violento y fraudulento de la tierra a indígenas, campesinos y colonos; el ejemplo reciente de los más de cuatro millones

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de hectáreas de las mejores tierras arrebatadas a más de tres millones de desplazados; el asesinato de luchadores populares y de líderes sindicalis-tas y dirigentes políticos de oposición, por sectores de la fuerza pública y de los grupos paramilitares de extrema derecha; las alianzas con grupos de narcotraficantes, junto a las acciones violentas, las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros, es uno de los rasgos más profundos de la situación colombiana y uno de los obstáculos más poderosos para construir una sociedad más equitativa y unas instituciones más democráticas.

La cifra global de 709.000 homicidios en los últimos cincuenta años, entre 1958 y el 2007 (Melo, 2008), pone de presente la magnitud del con-flicto colombiano en el que han participado diversos actores ilegales (gue-rrillas, paramilitares, narcos y bandas delincuenciales diversas) y legales (terratenientes, ganaderos, comerciantes, políticos, y miembros de la fuer-za pública). En qué medida esta atroz violencia ha propiciado una mayor concentración de la riqueza y del poder; qué costos morales, económicos, sociales y políticos ha tenido para la sociedad colombiana y sus institu-ciones, es un estudio pendiente en Colombia. Lo que sí es cierto es lo que dice Eduardo Posada: “Estas cifras son una clara expresión de fracaso en el desarrollo de nuestra sociedad. Ninguna sociedad puede concebirse sobre tan bárbaras tasas de homicidio” (Posada, 2008, p. 32).

Para volver a nuestro análisis de las políticas económicas y sociales aplicadas a finales del siglo XX, tenemos que decir que se presenta un importante cambio, tanto en Europa, como en los Estados Unidos y en América Latina, desde la década de 1980. El libertarianismo —en el pla-no teórico— y la derecha —en el plapla-no político— enfrentaron tanto el modelo del socialismo real como la socialdemocracia, y lograron impo-ner un modelo neoconservador orientado a brindar todas las garantías y facilidades al gran capital nacional y transnacional, acabar o reducir el Estado social, privatizar la prestación de los derechos sociales, focalizar el gasto en los más pobres y priorizar los derechos y libertades civiles, en particular, los que tienen que ver con los derechos de propiedad.

En Europa cae el muro de Berlín y se derrumba el proyecto del

socialismo real16, como también comienza a desmantelarse el Estado

16. El modelo impuesto por Yeltsin en Rusia dista mucho de ser un modelo democrático (ver referencias de Callinicos, Sachs, Stiglitz y otros); algo parecido se puede decir de otros países ex socialistas.

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Bienestar, primero en Inglaterra con el liderazgo de Margaret Thatcher y después en la gran mayoría de países europeos (Francia, Alemania, Ho-landa, Italia). En los Estados Unidos el camino lo inicia Ronald Reagan, con la asesoría de Milton Fridman, y lo profundiza la familia Bush (padre e hijo). Como lo advierte Joseph Stiglitz, estas políticas no sólo afectaron a los cuarenta millones de pobres de los Estados Unidos, sino también a la próspera e importante clase media norteamericana:

En los Estados Unidos los ingresos reales de la clase media todavía no se recuperan a los niveles que tenían antes de la última recesión, en 1991. Cuando George Bush fue electo, afirmaba que los recortes de impuestos a los ricos solucionarían todos los problemas de la econo-mía. Los beneficios del crecimiento económico impulsado por ellos se propagarían a todos los niveles. Estas políticas se han puesto de moda en Europa y otros lugares, pero han fracasado. Se suponía que los recortes de impuestos estimularían el ahorro, pero los ahorros de los hogares de Estados Unidos se han desplomado a cero. Se suponía que iban a estimular el empleo, pero la participación de la fuerza de trabajo es menor que en los años 90. Si hubo crecimiento, benefició sólo a unos cuantos privilegiados (Stiglitz, El Espectador, 2008, p. 52). Un reciente trabajo de Ronald Dworkin reitera esta perspectiva y se-ñala que:

La distribución de la riqueza y de la renta en Estados Unidos es sobre-cogedora. En 2001, el 1% de nuestra población poseía más de un tercio de la riqueza, el 10% superior de la población era dueño del 70% de ella, mientras que el 50% inferior sólo poseía el 2.8%. En 2001, según registró la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 20% superior en lo tocante a renta ingresó más del 50% de la renta agregada, y el 5% superior ingresó más del 22%. En 2004, según un informe del Instituto de Estudios Políticos, un alto ejecutivo de una gran compañía ganó de media 431 veces lo que ganó un trabajador de esa misma compañía. Las rebajas fiscales de Bush abrieron aún más la enorme brecha existente entre ricos y pobres. Más de la mitad de los beneficios de una sola exención —la que exime los beneficios de las empresas del pago de impuestos— fluirían hacia el 5% superior de la población. Esta rebaja fiscal reportó de media a cada una de las personas con ingresos anuales superiores al mi-llón de dólares un beneficio quinientas veces superior al que obtuvieron las personas con ingresos inferiores a 100.000 dólares (Dworkin, 2008, p. 120).

Referencias

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