UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
“EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”
AUTOR: TERÁN LIMAICO LUISA JIMENA TUTOR: ABG. CEVALLOS RAMIRO
AGRADECIMIENTO
ÍNDICE DE GENERAL
INTRODUCCIÓN ... 1
Antecedentes de la investigación ... 1
Formulación del problema ... 6
Delimitación del problema ... 6
Objeto de investigación y campo de acción ... 6
Identificación de la línea de investigación ... 7
Objetivos ... 7
Objetivo General ... 7
Objetivos específicos ... 7
Idea a defender ... 7
Justificación del Tema ... 8
Resumen de la estructura de la tesis ... 9
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica ... 9
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO ... 11
1.1. Un nuevo modelo de desarrollo del plan nacional del buen vivir 2013-2017 ... 11
1.1.1. El Buen Vivir: Aproximaciones al concepto ... 11
1.1.2. Objetivos Nacionales del Buen Vivir ... 14
1.1.3. Elementos orientadores para la formulación del Plan Nacional del Buen Vivir. ... 16
1.1.4. El buen vivir en la Constitución del Ecuador ... 18
1.1.5. Modelo y fin de Plan Nacional del Buen Vivir. ... 19
1.2. Estrategia Territorial Nacional Para Alcanzar El Objetivo Del Plan Nacional Del Buen Vivir. ... 21
1.2.1. Un nuevo modelo territorial para alcanzar el Buen Vivir ... 25
1.3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Constitución de la República del
Ecuador. ... 28
1.3.1. Concepto de descentralización. ... 28
1.3.2. La economía política administrativa y financiera. ... 28
1.3.3. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos. ... 30
1.3.4. El poder ciudadano y protagonismo social. ... 33
1.4. Organización de territorio y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (gad) ... 37
1.4.1. Clasificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados conforme a la ley .... 37
1.4.2. Competencias y funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. ... 38
1.4.3. Naturaleza Jurídica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ... 41
1.4.4. Modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial. ... 41
1.5 Conclusiones Parciales del Capítulo. ... 42
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA. ... 44
2.1. Modalidad Cualitativa ... 44
2.2. Tipos de Investigación ... 44
2.3 Métodos ... 44
2.3.1 Inductivo-Deductivo ... 44
2.3.2 Analítico-Sintético ... 44
2.3.3 Histórico-Lógico ... 44
2.4 Técnicas ... 45
2.4.1 La encuesta ... 45
2.4.2 El fichaje ... 45
2.5 Herramientas ... 45
2.5.2 Ficha bibliográfica ... 45
2.6 Población y muestra ... 45
2.6.1 Población ... 45
2.6.2 Muestra ... 46
2.7 Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación ... 47
2.8. Conclusiones parciales del capítulo. ... 57
CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. ... 58
3.1. Introducción. ... 58
3.1.1 Objetivo general. ... 58
3.1.2 Justificación. ... 58
3.2 Desarrollo de la propuesta ... 59
3.2.1 La descentralización en un estado unitario ... 59
3.2.2 La autonomía y la descentralización en la Constitución de 2008 ... 60
3.2.3 Naturaleza de las normas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ... 63
3.2.4 La Potestad Tributaria ... 65
3.2.5 La participación ciudadana ... 67
3.3 Conclusiones parciales del capítulo ... 67
CONCLUSIONES GENERALES ... 69
RECOMENDACIONES ... 70
BIBLIOGRAFÍA ... 71
LINKOGRAFÍA ... 74
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nº 1 Concepto de Mancomunidades ... 47
Tabla Nº 2 Base Legal ... 48
Tabla Nº 3 El COOTAD ... 49
Tabla Nº 4 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ... 50
Tabla Nº 5 Consejos de participación ... 51
Tabla Nº 6 Proyecto de Buen Vivir ... 52
Tabla Nº 7 Aplicación del PNBV ... 53
Tabla Nº 8 Asignación de Presupuesto ... 54
Tabla Nº 9 Creación de Proyectos sustentables de los GADs. ... 55
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 Concepto de Mancomunidades ... 47
Gráfico Nº 2 Base Legal ... 48
Gráfico Nº 3 El COOTAD ... 49
Gráfico Nº 4 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados... 50
Gráfico Nº 5 Consejos de participación ... 51
Gráfico Nº 6 Proyecto de Buen Vivir ... 52
Gráfico Nº 7 Aplicación del PNBV ... 53
Gráfico Nº 8 Asignación de Presupuesto ... 54
Gráfico Nº 9 Creación de Proyectos sustentables de los GADs ... 55
RESUMEN EJECUTIVO
Este trabajo se fundamenta en El Plan Nacional del Buen Vivir y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el estudio del Plan del Buen Vivir, que plantea la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de planificación participativa, se podrán saber con certeza dónde empiezan y/o dónde terminan sus competencias de las autoridades seccionales provinciales, cantonales y parroquiales.
Una auténtica descentralización debe ser acorde con la realidad nacional, exige un grado de autonomía que la Constitución debe otorgar a las entidades públicas locales, de una facultad normativa que les permita atender las necesidades de sus territoriales y desempeñar sus competencias.
La descentralización en el Estado unitario es de carácter administrativo y no político, y, por ende, las entidades locales no constituyen unidades dotadas de voluntad autónoma como sucede en el Estado federal, en el cual es posible encontrar constituciones y ordenamientos jurídicos locales.
A pesar de los innumerables defectos que tiene la nueva organización territorial del Estado, debemos entender que las mal llamadas “facultades legislativas” de los gobiernos autónomos
descentralizados se expresan en instrumentos normativos de rango reglamentario, que tienen autoridad para regir en las materias que son de competencia constitucional de dichos gobiernos, pero que no pueden contrariar el régimen jurídico propio del reglamento y, especialmente, el principio de reserva de ley.
INTRODUCCIÓN
La Constitución ecuatoriana de 2008 presenta problemáticas especiales cuando se refiere a las facultades normativas de los gobiernos autónomos descentralizados, alas cuales sin reparo alguno denomina “legislativas”. Esta calificación puede considerarse incoherente
porque la misma Constitución determina que el Ecuador es un Estado unitario y este, por definición y a diferencia del Estado federal, tiene un solo centro de impulsión política y administrativa, de tal modo que, en rigor la facultad legislativa propiamente dicha la tendría únicamente la Asamblea Nacional.
La incongruencia detectada motiva la realización de un análisis que se orienta a varios propósitos, a saber, encontrar la debida armonía entre las distintas disposiciones constitucionales que se refieren a la producción de normas jurídicas, determinarla naturaleza y alcance normativo que tienen las disposiciones que dictan los gobiernos autónomos descentralizados y comprender debidamente su función dentro de los esquemas de un Estado unitario.
Por otra parte, es necesario tener presente que la concesión de facultades normativas a dichos gobiernos se enmarca en varias innovaciones que trae la Constitución de 2008, a las cuales también es necesario referirse para complementar el análisis al que arriba se ha hecho mención.
El objetivo principal de este trabajo es aclarar conceptos y determinar el verdadero régimen jurídico al que se deben someter las normas que dicten los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual permite proponer criterios para que el ejercicio de la facultad normativa de estos se adecue a los principios constitucionales que sustentan nuestro ordenamiento jurídico.
Antecedentes de la investigación
En los años 80 América Latina enfrenta una de sus más serias crisis, como es la producida por el pago de la deuda externa. En estos años se ejecuta programas económicos auspiciados por El Fondo Monetario Internacional y, en los 90, paquetes de ajuste estructural fomentados por el Banco Mundial.
Con el aparecimiento del “Consenso de Washington”, se inicia una transformación profunda y radical del Estado cuyo norte está en aquello que se ha definido como el “Estado-mínimo”
funciones de regulación social y asignación de recursos. Se marca de esta manera la tendencia de reducir el papel de regulación política y económica del Estado y limitarlo al de coordinador funcional de los imperativos de comercio y las finanzas internacionales.
El discurso neoliberal postula el retiro del Estado de la economía para que sean las leyes del mercado las que regulen los procesos económicos y sociales, e impone el concepto de libre mercado como la única medida para asegurar la prosperidad. La fuerza de la ofensiva neoliberal se revela como un orden natural, que responde naturalmente al devenir de los acontecimientos. El neoliberalismo desarmó los argumentos del desarrollismo y las políticas neoliberales se constituyeron en la regla.
En la actualidad ha quedado claro que las políticas de liberación, desregulación y privatización, especialmente en América Latina, no han sido una condición en el camino hacia la prosperidad y menos aún han cumplido con la aspiración de mejorar las condiciones democráticas, sociales, económicas y superar siglos de discriminación, pobreza y desigualdad.
En nuestro país en 1982, el no cumplimiento con el pago de la deuda externa, junto a otros fenómenos acumulados, dio origen a las crisis económica de los 80, con consecuencias graves; como la recesión económica, la inflación, el incremento del desempleo, el deterioro de los salarios, etc.
La implementación de las políticas de ajuste estructural (flexibilización financiera, flexibilización laboral, apertura comercial) se dio en medio de una profundización del uso del Estado para fines privados. Esto se evidencia, no sólo en el uso de la política económica para favorecer a ciertos grupos económicos, sino fundamentalmente en las cuantiosas transferencias directas realizadas desde el sector público al privado. (Muñoz, P; 2006:16).
El grueso de medidas neoliberales fue asumido por el gobierno de Durán Ballén. (1992- 1996). La apertura comercial, la disminución del tamaño del Estado, los intentos deprivatización, la desregulación y la flexibilización financiera fueron sus principales ejes.
El modelo neoliberal, la corrupción y mala gestión llevaron a una inestabilidad económica y crisis bancaria, que dio lugar al empobrecimiento de las mayorías, forzando a la migración a millones de ecuatorianos. El modelo de inspiración neoliberal aceleró la concentración de la riqueza y Ecuador pasó a ser uno de los primeros países más inequitativos del mundo.
En este contexto de crisis, emergió en forma súbita, Rafael Correa, joven economista que entró brevemente en política como Ministro de Finanzas en 2005 durante el gobierno de
Alfredo Palacios donde se destacó por su política de izquierda. Los electores inconformes y desencantados de la política tradicional, y dado su liderazgo, su propuesta de cambio y de revolución, se sumaron rápidamente a su proyecto político. Durante su campaña, el actual presidente Correa, tomó como su principal eje de acción, la elaboración de una nueva Constitución.
El gobierno de la “Revolución ciudadana” rompió el canon de la política económica
ortodoxa de los años 90 y relanzó al Estado al protagonismo en materia de planificación del desarrollo nacional, con la aprobación del Plan del Buen Vivir. En este orden de ideas, entre otras, se aprueba la Ley Orgánica de economía social y solidaria, con la que se abren nuevas líneas de crédito para medianos y pequeños productores. Así también, se incrementa la inversión pública en el campo social (se duplicó el bono de la pobreza e incrementó el de la vivienda) y, se establece una nueva organización territorial del Estado, con la aprobación de la Ley Orgánica del COOTAD.
Para comprender la dimensión y alcances de este cambio, resulta útil comprender el concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir.
En este sentido, este trabajo tiene como propósito estudiar la concepción del paradigma del Buen Vivir expresada en la nueva Constitución así como reflexionar en torno a las competencias, alcances y limitaciones de los gobiernos autónomos descentralizados en las políticas sociales de inclusión, donde estas tareas han sido encargadas al Estado central, pero con la corresponsabilidad de los gobiernos locales.
lo relativo al Género, tendiente a erradicar la violencia intrafamiliar ampliando su campo legislativo.
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
El Buen Vivir ocupa 99 de los 444 artículos que fueron redactados por la Asamblea Nacional. En el Título II, capítulo segundo (Derechos del Buen Vivir), se desarrollan 23 artículos; y en Título VII (Régimen del Buen Vivir) se detallan 76. Abarca cambios integrales en temas tan amplios como salud, educación, equidad, medioambiente, donde el beneficiario único es el ser humano.
El Sumak kawsay, o el Buen Vivir en la nueva Constitución en definitiva significan, mejorar la calidad y esperanza de vida de la población ecuatoriana. La propuesta plantea que el desarrollo no es meramente económico y toma a los derechos humanos como uno de sus ejes centrales.
En síntesis, la nueva Constitución ecuatoriana propone un cambio radical y una ruptura conceptual en el modelo de desarrollo y en la orientación de la economía; ya no se coloca las cifras macroeconómicas como la medida central del desarrollo, sino que en su lugar se ubica los indicadores de condiciones de vida, es decir, se deja de lado la ilusión capitalista de que el crecimiento económico por sí solo trae eliminación de la pobreza y el progreso.
Con estos fundamentos, el Plan Nacional del Buen Vivir, aterriza en elementos concretos y propone una lógica de planificación a partir de los siguientes 12 Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, los mismos que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, y con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional.
En este sentido, este trabajo aborda un análisis de la nueva estructura jurídica y cómo los GADs provinciales, cantonales y parroquiales, desde sus competencias, cumplen o deberían ejercer su autoridad, emanada de la voluntad popular, hacia el cumplimiento de los mencionados objetivos y para ello se considera como fundamento principal al Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, que integra la normativa para los gobiernos autónomos descentralizados y desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva.
Debido a esta situación se ha presentado un álgido enfrentamiento entre algunas alcaldías con el Gobierno Nacional que, al no establecerse los límites de competencia entre estos gobiernos,
En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial se reconocen algunas competencias ambientales a las Juntas Parroquiales, las cuales se relaciona con el desarrollo de actividades de restauración, recuperación o remediación de los ecosistemas; impulso a la preservación de la biodiversidad; protección del medio ambiente; forestación y reforestación; educación ambiental y organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza.
En los nuevos procesos de descentralización del Estado se prevé que se transfieran, del Ministerio del Ambiente a las juntas parroquiales, competencias de planificación, coordinación, seguimiento y monitoreo en el Subsistema de Gestión, Prevención y Control de la Contaminación, Subsistema Único de Manejo Ambiental, Subsistema de Biodiversidad, Bosques Protectores y Áreas Naturales, Subsistema de Bosques Productores y Control Forestal y el Subsistema de Control de la Desertización y Manejo Sostenible de la Tierra
Formulación del problema
¿Cómo hacer efectiva la transferencia de las competencias establecidas en la Constitución del Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados?
Delimitación del problema
Delimitación espacial: Ibarra, Provincia de Imbabura Delimitación temporal: Enero - Agosto 2014
Unidades de análisis: Autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados del cantón Ibarra.
Objeto de investigación y campo de acción
El Buen Vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la creación de derechos, igualdades, oportunidades y libertades, este proceso implica acuerdos sociales entre los diversos actores de los gobiernos locales y de la sociedad civil.
Campo de acción: Competencias de Gobiernos Autónomos Descentralizados
Territorios jurídicamente establecidos con funciones delegadas por el Estado están definidos en la Ley.
Identificación de la línea de investigación Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos.
Objetivos
Objetivo General
Realizar un análisis jurídico sobre la propuesta del Plan Nacional del Buen Vivir que plantea la construcción del Sistema Nacional de Competencias.
Objetivos específicos
Determinar los referentes teóricos sobre la propuesta del Plan del Buen Vivir y la
forma de construir el Sistema Nacional Descentralizado.
Identificar el estado actual de las competencias otorgadas a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
Elaborar un análisis jurídico de la concepción del Buen Vivir expresada en la nueva Constitución Ecuatoriana, en torno a las competencias, alcances y limitaciones de los gobiernos autónomos descentralizados en las políticas sociales de inclusión.
Validar la propuesta mediante la opinión de expertos.
Idea a defender
Justificación del Tema
El presente estudio solo tiene importancia, en la medida en que su análisis determine las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador frente al centralismo gubernamental. Si bien es cierto que la Constitución de 2008 es la más “adelantada” de todas las cartas políticas ensayadas en el país anteriormente y una de las
más liberales en América Latina y el mundo, no es menos cierto también que existen contradicciones ideológicas que entorpecen el verdadero sentido de la palabra descentralización y desconcentración. Es así que al momento de hablar de competencia solo tiene valor semántico y no efectivo. Esta afirmación se visibiliza en la zona amazónica, por citar un ejemplo, en donde se explota el mayor mineral del Ecuador y sin embargo la administración del recurso es manejada exclusiva y excluyentemente por el Gobierno Central y no por las provincias y municipios propietarios del espacio geográfico.
Por las explicaciones expuestas, este trabajo es importante al ofrecer un amplio análisis del articulado jurídico tanto de la Constitución como de la Cootad así como algunos cuerpos legales municipales, muchos de ellos contrarios a la Carta Magna y, sin embargo, aplicados en varios territorios ecuatorianos.
Los beneficiarios de este trabajo son los juristas y estudiantes de Derecho que encuentran en la propuesta una fuente de consulta novísima de manera sencilla aunque técnica en lenguaje jurídico compuesto por una serie de referencias y concordancias sustentadas en estudios anteriores por expertos constitucionalistas y de Derecho Territorial.
Breve explicación de la metodología investigativa a emplear
La investigación es bibliográfica y por lo tanto, el desarrollo del trabajo consistió en la consulta de exposiciones magistrales de expertos como de la jurista Sofía Suarez que manifiesta “Debido a la nueva estructura territorial del Estado, se ha elaborado el Código
competencias y atribuciones en materia ambiental, además se realizó la recolección de información mediante la aplicación de la encuesta que permitió conocer el criterio de especialistas y ciudadanos que, sin ser autoridades en la materia se han vinculado con el servicio público en áreas de administración y planificación gubernamental.
Los datos obtenidos y la información recogida sirvieron para elaborar la propuesta que se incluye en el capítulo correspondiente y en él se fundamentan las premisas filosóficas de la competencia que tienen los GADS tanto parroquiales como municipales así también la normativa vigente que orienta su ejercicio.
Resumen de la estructura de la tesis
El trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos, a saber:
El Capítulo I se refiere al Marco Teórico y la metodología. En éste se sustenta la teoría legal que fundamenta el tema. Considera las variables y las operativiza así como también presenta el criterio de autores de obras selectas en materia territorial y constitucional en referencia a competencias de los Gads. En este mismo apartado se explica la metodología que desarrolla el presente trabajo, el diseño de la investigación y su aplicabilidad.
El Capítulo II tiene que ver con la tabulación de la información recogida por medio de la consulta bibliográfica y la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. También se muestra el análisis e interpretación de la información.
El Capítulo III es la propuesta. En él se encuentra el análisis jurídico de las competencias que les da la nueva Constitución Política del Ecuador a los Gobiernos Municipales y Parroquiales y las contradicciones filosóficas y legales que el instrumento constitucional determina.
En esta parte es importante mencionar que el documento tiene elementos preliminares de información general, una introducción y al final están las conclusiones con sus correspondientes recomendaciones del estudio.
Aporte teórico, significación práctica y novedad científica
cuyo fin no sea los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un estrategia económica incluyente, sostenible y democrática; es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado.
La parte instrumental de esta investigación es una herramienta flexible y dinámica que recopila los resultados de la participación de consulta ciudadana e incluye información adicional al propio Plan en miras a garantizar su actualización permanente conforme se van formulando políticas complementarias. En esta herramienta se incluye además una opción de visualización geográfica de indicadores a fin de proporcionar a los gestores de políticas públicas sin instrumentos que les permitan realizar proyecciones de cobertura y ver los impactos que podrían tener sus programas en el territorio, tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental y las equidades de género, generacional, intercultural y territorial.
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1. Un nuevo modelo de desarrollo del plan nacional del buen vivir 2013-2017 1.1.1. El Buen Vivir: Aproximaciones al concepto
En la obra de Fernando Huanacuni, señala que “el buen vivir es un antiguo concepto y un
paradigma heredado de los ancestros de los pueblos indígenas, abre la puerta para el cultivo de una nueva sociedad, y se proyecta con la fuerza en los diferentes debates realizados en diferentes partes del mundo. La vida nos invita a retomar un principio básico heredado de nuestros abuelos y abuelas para reconstruir nuestra comunidad de vida”(Fernando
Huanacuni, 2013).
Este concepto del buen vivir, emerge desde la cosmovisión de los pueblos originarios ante la crisis global que ha generado occidente; y es así que los pueblos indígenas plantean una nueva forma de valorar los Estados y sus sociedades, considerando indicadores en un contexto más amplio, con el propósito de cuidar el equilibrio y la armonía que constituye la vida. Desde siempre el ser humano ha planificado- en menor o mayor escala- su bienestar. En los albores de su vida, cuando aún era nómada, empezó a agruparse con el fin de buscar protección de las inclemencias del clima, los peligros de que los animales silvestres le propiciaran y la ambición irracional del mismo hombre. Al volverse sedentario, se constituyeron las primeras formas de gobierno, en donde el más hábil estaba a la cabeza como defensor de todo un pueblo. De él dependían para su permanencia. Pero no fue sino cuando aparece la escritura cuando aparece el término sociedad y los individuos establecen normas de convivencia. Lamentablemente, los intereses materiales de ciertos grupos propiciaron la desigualdad social y en busca de acumular riqueza y dominar los escenarios, promulgaron leyes conspiradoras contra la mayoría de sus ciudadanos. Esta desigualdad culminó siempre en la rebelión de las masas y el establecimiento de nuevas formas de gobierno.
En la obra de Fernando Huanacuni “El vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir
En la sociedad moderna del nuevo milenio, con la caída estrepitosa del comunismo soviético y la degradación del capitalismo estadounidense, las naciones consideradas de en vías de desarrollo iniciaron un proceso de transformación de todo su aparato estatal orientado por lo que se ha llegado a conocer como el socialismo del siglo XXI con un programa de gobierno que reestructure las instituciones del Estado y cambie el modelo económico de liberalismo mercantilista a uno social de mercado. Es en este espacio de análisis donde se habla del Buen Vivir.
Las nuevas disposiciones constitucionales recuperan y fortalecen el rol de planificación del Estado y el territorio. El ejercicio de los derechos del Buen Vivir es el eje primordial de la acción estatal y se define a la planificación y la política pública como instrumentos que garantizan su cumplimiento a favor de toda la población. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se fundamenta en este mandato constitucional, enfatiza la perspectiva de propiciar una nueva relación entre el ser humano con la naturaleza y su entorno de vida, en donde el territorio cobra especial relevancia.
En cambio con la elaboración del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 supuso enfrentar cuatro grandes desafíos: “articular la planificación al nuevo marco constitucional,
al reforzar la planificación por objetivos nacionales para el “Buen Vivir”; generar procesos de articulación y retroalimentación interestatal que integren la gestión por resultados; incorporar de manera efectiva a la planificación y al ordenamiento territorial; e impulsar un proceso de participación social” (ciudadana, 2013-2017)
Cualquier proyecto responsable debe contener un conjunto de orientaciones éticas, utópicas y teóricas que permitan delimitar el camino y asegurar la factibilidad de sus sueños. Estas orientaciones guían las grandes decisiones dentro de las cuales operan los actores sociales, políticos y económicos y permiten visualizar, en cada momento de la marcha, si se está o no en la ruta adecuada. Este plan no es la excepción.
necesidad de plantear orientaciones emancipadoras y recuperar el derecho a concebir un futuro mejor.
En este contexto, la Estrategia Territorial Nacional está concebida como el conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y características propias del territorio, que constituyen referentes importantes para la formulación e implementación de políticas sectoriales y territoriales, en concordancia con los objetivos y metas definidas en el Plan y es, adicionalmente, un instrumento de coordinación entre niveles de gobierno que debe ser complementado con procesos de planificación específicos en cada territorio.
El territorio es un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente. Desde esta perspectiva, este instrumento debe ser flexible para incorporar de manera permanente y democrática las visiones y los aportes que provienen de actores institucionales y ciudadanos que inciden en él. En otras palabras, la Estrategia Territorial Nacional que se incorpora como elemento innovador del Plan Nacional para el Buen Vivir 2003- 2017, debe convalidarse y enriquecerse a partir de los procesos participativos de planificación y de ordenamiento territorial, impulsados desde los gobiernos autónomos descentralizados, así como desde lineamientos sectoriales específicos
Es importante dejar sentado que este objetivo se inspira no sólo por la valoración ética de la posibilidad de un ejercicio democrático de encuentro de intereses particulares, sino por la necesidad de contar con el conocimiento, las habilidades y la presencia misma de los destinatarios de todo Plan Nacional, como corresponsables del diseño y gestión de acciones públicas que están referidas al conjunto de la sociedad. Asimismo, es necesario crear las condiciones para la construcción de un sistema de participación social, articulado a las distintas fases del ciclo de políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social. El desafío a futuro será la puesta en marcha de un sistema participativo de seguimiento, evaluación y vigilancia social, a partir de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, con el concurso de las diferentes instancias involucradas.
hoja de ruta que termina con la improvisación y la visión cortoplacista que ha imperado en las políticas públicas. Contempla cinco revoluciones: la revolución constitucional y democrática; la revolución ética; la revolución económica y productiva; la revolución social y, la revolución por la dignidad.
El Plan 2009-2013 busca concretar las revoluciones delineadas por la Revolución Ciudadana. Marca el camino para consolidación del Buen Vivir, entendido como la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. El Plan propone una lógica de planificación, a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales. En este Plan los objetivos son actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador. El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con obstáculos. La revolucion que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento.
1.1.2. Objetivos Nacionales del Buen Vivir
El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, tienen como fin “alcanzar el Buen Vivir”; la planificación es el medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado es “planificar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”.(ciudadana, 2013-2017)
del Estado ecuatoriano apunta hacia la recuperación de las principales capacidades de acción estatal (la rectoría, la planificación, la regulación y el control), hacia la puesta en marcha de un modelo de gestión eficiente, descentralizado y participativo.
Al respecto Alicia Bárrera expresa en términos poéticos de vastísima cultura que “cuando el presente nos desafía a buscar caminos originales para fundar una sociedad solidaria e igualitaria, cuando el futuro demanda proponernos una visión distinta de la economía, de la política, de las relaciones sociales y de la preservación de la vida en el planeta, el pasado vivo nos ofrece, desbordante de vigencia, las premisas del Buen Vivir, del Sumak Kawsay…” (Alicia, 2006)
El objetivo es democratizar las relaciones entre Estado y sociedad. Dicha perspectiva incluye la consolidación de un servicio civil moderno, orientado por resultados, estructurado de modo meritocrático, y la constitución de un sistema de planificación capaz de articular lo local a lo nacional bajo una visión de conjunto (Senplades, 2011). La recuperación del Estado para la ciudadanía supone, además, establecer una adecuada articulación territorial.
Los objetivos están organizados en tres ejes: “1) cambio en las relaciones de poder para la
construcción del poder popular; 2) derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y 3) transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva”(Muñoz F. , 2012, pág. 208).
“Fortalecer el Estado no es centralizar el Estado. Por el contrario, es construir un Estado fuerte, con múltiples centros: desconcentrado y descentralizado” (Senplades, 2011).
Uno de los procesos más innovadores y revolucionarios dentro de la transformación y consolidación del Estado ecuatoriano ha sido su reorganización territorial. Ésta ha tenido como objetivo la construcción de equidad y cohesión territorial.
Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir son:
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Uno de los procesos más innovadores y revolucionarios dentro de la transformación y consolidación del Estado ecuatoriano ha sido su reorganización territorial. Ésta ha tenido como objetivo la construcción de equidad y cohesión territorial, “la ruptura con el centralismo (y el bicentralismo) acerca al Estado y los servicios públicos a la ciudadanía” (ciudadana, 2013-2017)
Las veedurías ciudadanas nacen como una de las instancias de participación social y ciudadana, que permite recoger la visión y percepción de hombres y mujeres de diferentes contextos socio-culturales, de diferente edad, opción sexual, condición y posición, sobre la implementación de las políticas públicas nacionales en los territorios. De este modo, la acción pública se nutre del saber acumulado por los colectivos sociales y ciudadanos en sus luchas y demandas históricas. Este proceso promueve el empoderamiento ciudadano para la convivencia en la diversidad, el incremento de las capacidades de la ciudadanía para una mejor y mayor articulación de intereses con el Estado y con la sociedad misma, y fortalece el tejido social.
En este sentido, como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y con el apoyo de Senplades y la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana se impulsaron espacios de participación y control social en las siete zonas de planificación, durante el período comprendido entre junio de 2008 y marzo de 2009. Los resultados y observaciones de las veedurías han sido incorporados en la discusión del Plan.(Senplades, poblacion del Ecuador, 2009:376)
1.1.3. Elementos orientadores para la formulación del Plan Nacional del Buen Vivir. La Constitución de la República del Ecuador establece en el preámbulo “Una nueva forma
vivir, el sumak kawsay;” El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad. “El Buen Vivir
construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder”(Fanon, 1963).
La noción del Buen Vivir ha estado presente en los pueblos originarios del mundo entero y también en la propia civilización occidental; su esencia es universal, ha sido una aspiración constante de la humanidad. El filósofo griego Aristóteles consideraba que la “vida buena” consistía “en la satisfacción de las necesidades materiales, en el cultivo de la mente y en la práctica de la virtud”(Emilio, 2003). En la sabiduría ancestral común a los pueblos de la
Tierra, el calificativo bueno de esta aspiración abarca no solo la definición de agradable y hermoso, sino la idea ética de lo bueno. Por ejemplo, en el hinduismo(Prasad, 2008), una de las religiones más antiguas del mundo y antecesora directa del budismo, hay tres metas para el Buen Vivir: “la virtud (mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) y la belleza (por las artes)”(monografìas.com, 2012).
Como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en el Titulo VII régimen del Buen Vivir, capitulo primero Inclusión y Equidad en el Art. 340.- “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”. El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la
participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica. El Buen Vivir no postula “el no desarrollo, sino que aporta a una visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la preservación de la vida en el planeta”(Muñoz F. y., 2007). El Buen
Vivir promueve la búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la calidad de vida a partir de los valores.
El filósofo griego Aristóteles consideraba que la “vida buena” consistía en la satisfacción de
las necesidades materiales, en el cultivo de la mente y en la práctica de la virtud. En la sabiduría ancestral común a los pueblos de la Tierra, el calificativo bueno de esta aspiración abarca no solo la definición de agradable y hermoso, sino la idea ética de lo bueno.
En el Ecuador, los gestores del proyecto nacional plantean la noción del Buen Vivir como el objetivo central de la política pública. Se empezó a hablar del Buen Vivir en el año 2007, la noción del Buen Vivir fue recogida por primera vez en un documento oficial del Estado ecuatoriano: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 ((Nacional G. , 2007)
Con el proceso constituyente de 2007 y 2008, la noción adquirió nuevas dimensiones, se nutrió del enorme debate social generado en Montecristi y pasó a ser el eje vertebrador de la nueva Constitución de la República, aprobada en referéndum por la mayoría del pueblo ecuatoriano.
El debate alrededor del Sumak Kawsay ha rebasado las fronteras ecuatorianas y latinoamericanas, (latinobarómetro, 2008, pág. 17) ha impulsado la reflexión política y académica y ha recogido los aportes de movimientos sociales, académicos, líderes políticos y gestores de política pública. Se trata de una noción en permanente construcción.
Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza. Estos derechos fueron consagrados en la Constitución de 2008 que, además, convirtió al Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional(Muñoz F. , 2012).
1.1.4. El buen vivir en la Constitución del Ecuador
Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza.
Estos derechos fueron consagrados en la Constitución de 2008 que, además, convirtió al
Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco constitucional.
Una de las principales herramientas del proceso político ecuatoriano ha sido la planificación. La Constitución ordena que esa planificación se vincule en forma directa a la construcción de los derechos de los ciudadanos. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) fue creado en la Constitución de 2008 (art. 279) y está integrado por el Consejo Nacional de Planificación, su secretaria técnica –Senplades–, los consejos sectoriales de política pública de la función ejecutiva, los consejos nacionales de igualdad, los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos ciudadanos sectoriales y otras instancias de participación. Las unidades básicas de participación del sistema son las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas (art. 248) (Nacional G. , 2007). El sistema está normado en la Constitución de 2008, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP (2010), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD (2010).
1.1.5. Modelo y fin de Plan Nacional del Buen Vivir.
La Constitución de la República del Ecuador establece “El derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Es el derecho a ser reconocido como parte de un sistema del cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la armonía con la naturaleza”.
o cualquier asociación humana sabe a dónde quiere llegar, el avistamiento de las metas propuestas se vislumbrará más rápido, porque se conocerá cómo sortear los obstáculos que se presenten.
En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, que tanto retrasó en la época del neoliberalismo. (Muñoz F. , 2012). En ese entonces, la planificación fue menospreciada y reducida a su mínima expresión. No lo hicieron solo por ideología, sino por intereses económicos, como en el caso de la privatización de empresas públicas, que más tarde llevó a la peor crisis que tuvo que vivir el país y que dejó huellas difíciles de borrar en la memoria de la ciudadanía. Esto sucedió en el Ecuador de la década de 1990. Esto sucedió en nuestro país apenas hace una década y media.
Se ha canalizado los recursos liberados hacia la inversión pública más importante de la historia: más escuelas, más hospitales, más carreteras. La inversión pública es una variable clave para lograr el crecimiento económico, por cuatro razones de carácter coyuntural y estructural.
En primer lugar, la inversión pública aumenta la demanda agregada de la economía y, mediante los multiplicadores fiscales keynesianos, impulsa el crecimiento en el corto plazo. En segundo lugar, la misma inversión pública aumenta la dotación de capital de una economía, con lo cual se amplía la frontera de posibilidades de producción y se logra mayor crecimiento económico. En tercer lugar, la inversión pública constituye bienes públicos que incrementan la productividad sistémica de la economía, genera inversión complementaria y, por tanto, aumenta el crecimiento. Además, la inversión pública busca garantizar derechos mediante la generación y fortalecimiento de capacidades humanas, cuyo corolario es la mejora del talento humano.
Esta idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico de la Vida Buena. El Buen Vivir es una idea social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo –que se encuentra vigente en la tradición occidental−, pues está asociado a una noción más amplia de progreso. “No se trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de
“Entre los varios instrumentos de planificación con los que se cuenta ahora, hay un mapa de la población con más necesidades en el país: el Atlas de Desigualdades” (Senplades, Atlas
de Desigualdades, 2013), que refleja los avances del Ecuador en lo referente a derechos económicos y sociales. El Atlas responde a las preguntas: ¿Quiénes se han quedado fuera o rezagados en el ejercicio de los derechos? ¿Dónde se ubican en el territorio nacional? ¿Cuáles son las causas estructurales de las brechas encontradas? Con esta herramienta se analizan dimensiones como “pobreza, educación, salud y nutrición, empleo, vivienda,
seguridad social, activos productivos, tenencia de la tierra, violencia de género y uso de tiempo”(Muñoz F. y., 2007). El Atlas de Desigualdades constituye un monitor de las
desigualdades. Este instrumento genera alertas en la administración pública para implementar las acciones correspondientes.
1.2. Estrategia Territorial Nacional Para Alcanzar El Objetivo Del Plan Nacional Del Buen Vivir.
En el país han existido varios esfuerzos y experiencias relacionadas con procesos de planificación y ordenamiento territorial(latinobarómetro, 2008) Sin embargo, los principales problemas han radicado en la separación entre los objetivos de desarrollo y la realidad del territorio, desconociendo sus potencialidades y limitaciones para alcanzar el desarrollo propuesto. A esto se suma la desarticulación entre niveles de gobierno (donde cada unidad política administrativa no se identifica como parte de un todo, sino que se considera independiente del resto de localidades de igual o diferente jerarquía) y la ausencia de una política nacional de ordenamiento territorial, que defina en términos generales los límites y acciones del resto de actores, tanto sectoriales como de los niveles territoriales.
Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus relaciones de interdependencia y complementariedad, los efectos positivos o negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo local, regional, nacional y las posibilidades y restricciones estructurales que presentan.
ambientales y sociales, la degradación de los bienes naturales, así como el incremento de la exposición y vulnerabilidad de la población a fenómenos naturales y problemas de acceso a servicios básicos en las urbes.
“A lo largo de la historia dos ciudades se han desarrollado con mayor dinámica que el resto
del país: Quito y Guayaquil. Cada una con su identidad propia: Quito la ciudad capital y centro político y Guayaquil ciudad porteña internacional y motor económico” (Senplades,
poblacion del Ecuador, 2009:376). De acuerdo a los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, relacionados con la población urbana, se evidencia que los asentamientos humanos de Guayaquil y Quito, con sus respectivas conurbaciones, concentran el 44,23% de la población urbana a nivel nacional, con 24,89% (2 338 539 de habitantes) y 19,34% (1 816 506 de habitantes), respectivamente. “Esta bipolaridad a escala
del territorio nacional, se manifiesta por relaciones disimétricas, por desequilibrios opuestos que pueden compensarse en forma parcial. [...] Entre las dos grandes ciudades del país se ha formado un área con mayores densidades poblacionales y niveles más altos de conectividad debido a la convergencia entre las zonas de influencia de ambas metrópolis, en conjunto a la zona de impacto del eje de conexión Quito-Guayaquil”.(Senplades, poblacion del Ecuador, 2009:376).
La presencia marcada de esta bicefalia genera problemas de acceso a bienes y servicios básicos y públicos, contaminación de ríos y fuentes de agua por mala disposición final de los desechos líquidos y sólidos (perjudicando a otros municipios y regiones), ampliación de la mancha urbana sobre tierras con vocación productiva y fenómenos de expansión urbana. Estas contradicciones obligan a plantear un reequilibrio de la red de asentamientos humanos, así como a ordenar el crecimiento de las metrópolis a fin de corregir estos desequilibrios y buscar solución a estos problemas.
las siete zonas de planificación existentes en aquel momento, para identificar las necesidades de la población relacionadas a las cualidades, potencialidades y limitaciones de los territorios.(Semplades, 2009-2013).
La Construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas estructuras zonales desconcentradas, comprende cuatro grandes desafíos: la territorialización de la política pública para atender necesidades específicas de los distintos territorios; planificar y ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer y actuar para fomentar dinámicas territoriales que aporten a la concreción del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y fomentar el desarrollo endógeno, y propiciar una nueva estructura administrativa que articule la gestión de las intervenciones públicas zonales.
Para este cometido, se construye las nueve Agendas Zonales como instrumentos de coordinación y articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Estos instrumentos inciden en el desarrollo integral del territorio y se vuelven un referente de planificación y ordenamiento territorial para los gobiernos autónomos descentralizados, y propician la cohesión e integración territorial.
Tanto la Estrategia Territorial Nacional 2009-2013, como las nueve Agendas Zonales del 2013-2017 dieron inicio al proceso de articulación entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Éstos, a través de sus propios instrumentos, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, han incorporado algunos de estos criterios. Sin embargo, aún persisten visiones unilaterales que no miran al territorio de manera integral, razón por la cual se busca profundizar la articulación e integración del mismo, con un enfoque holístico y sistémico. Para ello, se establecen directrices claras de planificación territorial, articuladas a los objetivos nacionales de desarrollo, para garantizar una efectiva articulación entre los niveles de gobierno y la consecuente gestión territorial, promoviendo los procesos de desconcentración y descentralización. “Los sectores prioritarios de
el desarrollo endógeno; los derechos de la naturaleza y la calidad del ambiente; el desarrollo urbano y la universalización de servicios básicos y públicos”(Cocco, 2006).
1.2.1. Un nuevo modelo territorial para alcanzar el Buen Vivir
La Estrategia Territorial Nacional considera el territorio como una “construcción social de
carácter multidimensional y dinámico”(Coraggio, 2008). Permite articular la política pública nacional a las condiciones y características propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de la identificación de las necesidades territoriales, permite desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país.
El modelo territorial actual representa la interrelación de los procesos sociales y económicos que se desarrollan en el país, así como la articulación y la movilidad a través de redes de vías de comunicación, principalmente terrestres, que enlazan los asentamientos humanos. De acuerdo al análisis territorial, se conjugó lo espacial (representado por las unidades de síntesis territorial) con lo funcional (que tiene que ver con la articulación y movilidad entre asentamientos humanos a través de redes de comunicación). Esto evidenció los problemas, las potencialidades y las oportunidades que existen en el territorio para cada una de las unidades de síntesis territorial.
Con el análisis y los elementos desarrollados en las fases anteriores, fue factible construir el modelo deseado del territorio. Este constituye el reflejo de las actividades que se deben realizar dentro del mismo, con el propósito de mejorar el uso de las tierras, la ocupación del territorio y la conservación de la naturaleza. Los lineamientos de planificación territorial constituyen grandes pautas o directrices para disminuir los desequilibrios económicos, sociales, de infraestructura y ambientales, sobre la base del manejo adecuado de los recursos naturales y del control de las fronteras urbanas (Delcourt, 2009). Con estos lineamientos se quiere propender a un reequilibrio territorial mediante el cumplimiento de propuestas de actuación que deberán efectuarse a corto, mediano y largo plazo.
1.2.2. Criterios para la Planificación y Priorización de la Inversión Pública
La priorización de los recursos presupuestarios es un ejercicio de economía política y refleja las relaciones de poder en una sociedad. En América Latina −víctima del mal llamado “Consenso de Washington” que privilegiaba al capital financiero (Muñoz F. , 2012), Ecuador
ahora se prioriza la inversión social sobre el servicio de la deuda externa(ciudadana, 2013-2017). En el continente más desigual del mundo, el Ecuador se erige como un Estado de derechos y justicia, cuyo deber primordial es garantizar los derechos humanos.
La inversión prioritaria se destina a la generación de capacidades y a la reducción de las brechas sociales y territoriales. Para reducir la vulnerabilidad estructural de términos de intercambio que Ecuador comparte con América Latina, la inversión pública está dirigida a sembrar el petróleo y cosechar una matriz productiva para la sociedad del conocimiento. Con esto se quiere decir que se priorizan proyectos de inversión que hacen más eficientes la acción del Estado y proyectos en los sectores estratégicos altamente rentables, que hacen viable la sostenibilidad del sistema económico. Mientras el mundo desarrollado enfrenta los recortes fiscales y el aumento del desempleo que predica la ortodoxia neoliberal −y que ya vivió América Latina −, el Ecuador ejerce una política fiscal “contracíclica”, que privilegia
el trabajo sobre el capital, en especial en momentos de crisis.
El Plan Nacional para el Buen Vivir está acompañado por un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de comparar lo programado frente a lo realizado, tomando como base la planificación nacional y la formulación realista de indicadores y metas.
Los indicadores del Plan responden a criterios básicos de calidad. Los indicadores son:
(i) precisos y relevantes, puesto que permiten medir cambios atribuibles a las políticas públicas;
(ii) confiables y transparentes, en razón de que distintos evaluadores obtienen los mismos resultados;
(iii) periódicos, para conocer y evaluar su tendencia en el tiempo; y
(iv) de impacto, porque permiten ver los cambios en el bienestar de la población.
que ha existido en cada una de las partes que forman el aparato estatal. Está basada en modelos de consistencia macroeconómica, de esfuerzo fiscal y de optimización.
Las rupturas y aportes programáticos que plantea el Plan se encuentran presentes en los siguientes ejes:
La equidad, que es un imperativo moral para erradicar la pobreza.
La cultura, que genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para constituir una sociedad critica, emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la democratización de la palabra. También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis de autoestima y de confianza colectiva.
El territorio y la urbanización que están identificados con la equidad, la cohesión y el ordenamiento territorial. Las metas gubernamentales se operan a través de los territorios. Por primera vez se produce un esfuerzo sostenido que dispone de todos los instrumentos para alcanzarlas.
El área agraria, que es un proceso que no puede postergarse y que significa redistribución de la tierra, fomento al crédito, asistencia técnica, comercio justo y acceso al riego.
La inversión del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados (finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento.
La excelencia, que es un principio mediante el cual se logra emprender procesos eficientes para alcanzar cambios en las estructuras de poder.
porque, como decía Frantz Fanon: “La Tierra no solo nos dará pan, ante todo la Tierra nos dará dignidad” (Fanon, 1963, pág. 59).
1.3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la Constitución de la República del Ecuador.
1.3.1. Concepto de descentralización.
La descentralización consiste en el traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no le están jerárquicamente subordinadas.(monografias.com)
Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. El paso de un Estado centralizado a uno descentralizado importa otorgar un mayor poder a los gobiernos locales, que pueden tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La descentralización de un Estado puede ser política o administrativa.
Entre las competencias exclusivas de las municipalidades están: la prestación o materialización de servicios públicos de saneamiento y agua potable, solo en forma directa, es decir, a través de sus entidades; casos en los cuales queda vetada la posibilidad de prestación indirecta a través del sector privado, según se desprende del segundo inciso del Art. 318. En relación con lo cual, la vigésimo sexta disposición transitoria prevé que en el plazo de trescientos sesenta días las delegaciones de esos servicios serán auditadas y deja al Estado la definición sobre renegociación o la terminación de los contratos celebrados con empresas privadas. Si se produjera la terminación anticipada de los contratos, deberán acordar la correspondiente indemnización o la empresa podrá demandar al Estado
.
1.3.2. La economía política administrativa y financiera.
Las finanzas públicas tienen como objetivo la investigación de los principios y formas que debe aplicar el poder público para allegarse de los recursos económicos suficientes para su funcionamiento y desarrollo de las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la satisfacción de servicios públicos. Leer más(monografìas.com, 2012)
la economía es la ciencia que estudia el uso que se hace de recursos escasos con respecto al grado en que son usados y que tan eficientemente están siendo utilizados, escogiendo entre usos alternos los más eficientes y productivos para satisfacer las necesidades de una comunidad. Entonces la política económica la podemos definir como: "La actividad social que ejerce un gobierno sobre los recursos humanos y materiales de la nación por medio de la ciencia económica para tratar de satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad".(monografìas.com, 2012).
Las acciones públicas propuestas desde el Estado fueron asimismo funcionalizadas a favor de una estrategia de acumulación concentradora y excluyente, que recrea, por diversas vías una tendencia fuerte a la “inseguridad” de los individuos y de las colectividades que habían
pensado poder ligar su bienestar y su seguridad de existencia a los rendimientos de una acumulación globalizada(senplades, 2009)En conclusión la “inseguridad” deviene endógena al funcionamiento de la acumulación globalizada y de la lógica económica dominante, y encontramos en ella las bases de la inestabilidad social y política, así como la pérdida de legitimación de la modernización como estrategia de desarrollo(Peemans, 2012).
La inseguridad creciente de las poblaciones, afecta igualmente a lo social como a lo ambiental, y se asocia a la no-sustentabilidad del modo de desarrollo promovido por los actores del capitalismo global. Desde el punto de vista social, el riesgo que se acrecienta a causa de las presiones de la competitividad, reposa particularmente en la capacidad de desplazar su costo sobre los actores más débiles, a través de políticas de flexibilización laboral, de la deconstrucción sistémica de cuadros reglamentarios del trabajo, así como de políticas de reducción masiva de la mano de obra ocupada
Si la lógica de acumulación excluyente ha podido imponerse erosionando o destruyendo los mecanismos de previsión puestos en marcha por las colectividades, ahí también la población ha intentado reinventar, a pesar de todo, estrategias de previsión, a partir de iniciativas solidarias, asociativas y colectivas. Estas estrategias se reconstruyen en un mundo profundamente transformado por el avance constante de la “esfera de acumulación”, y están
compuestas por iniciativas de producción y de intercambios, cuyas normas a las que obedecen tienen otros principios que los impuestos por la “lógica de acumulación”.
1.3.3. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos.
La historia reciente ha mostrado el riesgo de insertar mecanismos de previsión en aquello que sería solamente una gestión socio-política de la acumulación, por consenso entre todos los actores concernidos. La dinámica misma de la acumulación ha permitido en el último cuarto del siglo XX a los actores dominantes poner en marcha nuevas coaliciones capaces de emanciparse de estos condicionamientos. La evolución de las condiciones estructurales de una estrategia de acumulación sustentada en una economía primario exportadora, que basa la re-distribución en la apertura comercial, la competencia del libre mercado y el asistencialismo focalizado de la política social neoliberal, ha tornado difícilmente administrables y hasta obsoletos a los pactos elaborados al interior de las fronteras de los Estados Naciones.
En este contexto, cimentar el nuevo pacto de convivencia sustentado, a su vez, por una estrategia que permitirá construir una nueva forma de generación de riqueza, distribución y re-distribución, significa considerarlo no solamente como un proceso de mediación sino como una nueva organización de la producción, con garantía de derechos. Considerarse socialmente asegurado conlleva una práctica de inclusión y participación social y comprende como acuerdo fundamental la decisión de una sociedad de vivir entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino una institucionalidad incluyente que garantiza a todos y a todas las mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva y de las decisiones que se toman respecto a cómo orientarlas(senplades, 2009).
producción y se centra en la expansión de oportunidades personales y sociales, así como en la generación de las bases materiales de un proceso común de construcción de libertad.
La constitución de estas bases materiales de la libertad y la ciudadanía se identifican ahora con la distribución de las dinámicas de producción y no simplemente con la distribución de los frutos del crecimiento: bajo el nuevo pacto, construir riqueza y tener derechos tiende a ser la misma cosa. El desafío de un nuevo proyecto político de transformación se encuentra en la nueva relación que las dinámicas sociales establecen con las dinámicas económicas, a partir de:
El fortalecimiento de una “economía social territorializada” de carácter solidario. El sector
de la economía social puede participar de manera activa en las actividades de mercado a través de la producción de bienes y servicios, pero bajo otros valores éticos y con principios diferentes a los de mercado: reciprocidad, re-distribución, autarquía y autosuficiencia, no solo alimentaria sino de todo aquello asociado a la satisfacción de necesidades básicas, con el objeto de asegurar la reproductibilidad de la vida (senplades, 2009). En este contexto, se deberán reconocer y fortalecer las múltiples formas de organización de la producción reflejadas en iniciativas solidarias, asociativas y colectivas, que generen mecanismos de previsión y seguridad para la población, provean de soportes materiales para la reproducción de las capacidades y potencialidades de las personas y colectividades, que se orienten hacia la efectivización de derechos, y que consideren la integralidad cultural y económica de los territorios.
Se prestará especial atención a aquellas que integren sus objetivos productivos al acceso a servicios básicos, alimentación, salud, educación de calidad, vivienda; a sistemas de producción relevantes en el marco de la estrategia de acumulación y re-distribución que consideren, en los niveles territoriales, las características geográficas, las vocaciones productivas y las necesidades básicas de la población; al turismo sustentado en la diversidad cultural y ecológica en el que intervengan comunidades y asociaciones populares; y a los planes de vivienda social que proveen una calidad de vida digna para todas y todos los habitantes del país.
