CNU. El Terrorismo de Estado Antes Del Golpe.

Daniel Cecchini

Alberto Elizalde Leal

Fecha de catalogación:

Diseño de tapa: E. Claudio Avella

Diagramación de interior: E. Claudio Avella

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en la Argentina

ISBN:

Impreso en ________, ____________, en ___________ de 2013.

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PRÓLOGO ACOTADO PARA

UNA INVESTIGACIÓN EXTENSA

Puede decirse sin temor a equivocación alguna que la tarea que llevan ade-lante Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, cumple con creces los obje-tivos que se propusieron a inicios de la misma. En efecto, Concentración Nacional Universitaria (CNU), participó del Terrorismo de Estado anterior al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, desde al menos dos años antes. Una organización de la ultra derecha peronista que terminó siendo parte de la Triple A primero y luego un apéndice de los grupos de tareas “procesistas” donde como todos ellos, secuestraban, torturaban, asesinaban y robaban. Bajo la excusa de la depuración ideológica y siendo conscientes precisamente de que su raquítica concepción en la materia –en la ideología- los llevaba obligatoriamente a ser violentos para imponer sus objetivos elitis-tas y raciselitis-tas a la vez, no dudaron en tratar de imponerlos a sangre y fuego.

Antecedentes escritos en la materia pueden encontrarse en su publicación parti-daria “Concentración de la Juventud Peronista”, órgano oficial de la CNU –con 4 páginas- que comenzó a salir en septiembre de 1974 (y al menos salieron cuatro números) con un discurso amenazador que intentaba aniquilar a las “guerrillas trosko-marxistas-montoneras”, escrito desde la editorial y firmada como “Santos Vega”. Y en la elección de este nombre hay que detenerse,con el fin de dejar expresado que quien eligió el seudónimo en cuestión libraba quizás sin saberlo, una lucha eterna con su propio inconsciente. El gaucho Santos Vega que anduvo por estas tierras alrededor de 1830 tenía fama de payador invencible entre sus pares y siempre salía airoso en sus contrapuntos llevados a cabo en pulperías y bailongos. Dejó de serlo cuando fue derrotado por otro payador, “Juan sin Ropa” que luego se supo era el Diablo en persona. Mala preferencia o elección de un nombre de fantasía, para un órgano partidario, que quería ser el defensor de la civilización occidental y cristiana y asociaba erróneamente a peronismo con fas-cismo, falangismo y nazismo, según diera a lugar.

Y eso los llevaba de tropelía en tropelía. Saltaron al conocimiento y repu-dio público, con anterioridad, cuando el 6 de diciembre de 1971 mataron a sangre fría a la alumna de primer año de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, Silvia Esther Filler de 19 años de edad, luego de interrumpir a balazos una asamblea estudiantil. Es que visualizaban a la universidad como una institución en crisis, “una crisis congénita y producto de la quiebra que significó el paso de la Edad Media al Renacimiento, momento en el que

sur-gió desgajada de la tradición grecorromana”, según afirmaba el profesor de latín de la Facultad de Humanidades e ideólogo de la CNU platense, Carlos Disandro. Un disparate por donde se lo mire.

O más adelante en el tiempo y siempre en el ámbito universitario cuando el lunes 18 de marzo de 1974, entre 40 y 50 energúmenos de la CNU ocu-paron por la fuerza el rectorado de la Universidad de La Plata quemando y sustrayendo documentación, fichas de alumnos y profesores, programas del Curso de Introducción a la Realidad Nacional, retratos del presidente Perón, de Evita, del general San Martín, de Juan Manuel de Rosas y José Hernández. Justificaron su accionar diciendo que encontraron armas pero curiosamente no las exhibieron ni a la policía ni al periodismo y terminaron ellos mismos siendo procesados por la tenencia de las mismas, de las que portaban. También afirmaron que en dependencias del rectorado encontraron drogas y literatura subversiva. Las presuntas drogas eran “específicos” para el tratamiento de afecciones comunes y los libros eran obras de Marx, Lenin y Fidel Castro que daban la impresión de estar impecables, sin uso alguno, ni abiertos hasta la fecha, como si ellos mismos –los atacantes- los hubieron traído para implicar a otros y justificar su accionar depredatorio.

En una hemeroteca bien provista –la de la Biblioteca Nacional, por ejemplo- en el diario “Noticias” del sábado 22 de junio de 1974, págs. 8-9 y bajo el título de “El extraño caso del Torino” podrá verse una foto de uno de los más conspicuos jefes de la CNU, Patricio Augusto Fernández Rivero, sonriente, dejándose abrazar por José Ignacio Rucci. Al lado de ambos, Juan Carlos “Bigote” Gómez, en su momento prófugo del asesinato antes mencionado de Silvia Filler. Una relación fructífera que permitió a las burocracias sindicales hacerse de custodia armada para atornillarse a sus cargos y prebendas.

Los autores de este trabajo de investigación, con paciencia de orfebres y me-todología de antropólogos forenses van exhumando partes y reconstruyendo segmentos de una historia trágica donde la figura olvidada de la CNU se vuel-ve paradigma de terror, violencia estatal y cipayismo. Como bien se dice en la “nota de los autores” que rubrican: “su compromiso es poner al descubierto la verdad de los hechos, mantener presente la memoria de las víctimas y con-tribuir para que finalmente se juzgue y castigue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que todavía siguen impunes”. Definitivamente lo logran con creces. Y la definición más acertada para el accionar de esta banda, también la dan ambos periodistas –Cecchini y Elizalde Leal- cuando recuerdan que la CNU “nació como un grupo de matones universitarios de ultraderecha y terminó como apéndice criminal del terrorismo de Estado”. Su relato –el que cobija este libro- lo demuestra fehacientemente.

El Juez y el Cronista.

Sobre el juzgamiento de los crímenes de la CNU

y la investigación de Miradas al Sur.

Estas notas nacen en paralelo al expediente. El recorrido de pesquisa y cró-nica muchas veces se cruza, se comucró-nica y, por momentos, pierde contacto. Una avanza la otra queda. Dicho de otro modo, el tiempo del juez no es el del historiador, tampoco el del cronista. Y eso lo saben Alberto Elizalde Leal y Da-niel Cecchini, cuyo relato desveló por varios domingos al ex juez federal Hugo Arnaldo Corazza quien al día siguiente de cada publicación, debía traducir en los expedientes CNU la lógica de lo que leía; al menos ante la angustia de las que-rellas que se acumulaban en su despacho y él recibía con cara de desconcierto.

Más allá de la lentitud del expediente judicial, mientras las crónicas sobre la CNU se publican, en La Plata hay ámbitos que comienzan a caldearse. El co-mentario de pasillo de los lunes es rumor que incomoda, la basura que sale de la alfombra después de tanto tiempo estar tapada. Hasta los mozos se ponen nerviosos cuando sirven el café a matones de derecha devenidos empleados en la vieja Legislatura Bonaerense. Laderos de senadores, intendentes y sindicalistas, apenas pueden ocultar que son la caterva anticipatoria a la noche más siniestra.

El avance de los juicios de derechos humanos viene demostrando que el aparato de dominio estatal con el que se ejecutó un plan de exterminio, es bastante anterior al golpe del 76. Al menos existen pruebas irrefutables que evidencian las formas preparatorias del golpe en los crímenes cometidos en todo el país ejecutados por bandas y escuadrones que actuaban con cober-tura estatal y paraestatal. En La Plata y Mar del Plata una de esas bandas es la Concentración Nacional Universitaria (CNU) nutrida de cuadros forma-dos en las Universidades Públicas por docentes como Carlos A. Disandro, mentor intelectual que también arengará la formación de grupos afines, con capacidad operativa para sembrar la muerte.

La cadena de asesinatos cometidos por bandas de la CNU contra sectores de amplia radicalización política, en especial cuadros de base, de la “tendencia” y sectores de izquierda, marcará el pulso entre fines del 1973 y comienzos de 1976. Luego vendrá la dictadura, y el nivel de terror se multiplicará en el

método del secuestro y desaparición. La importancia de poner foco en este período y la concatenación de crímenes es fundamental para abrir discu-siones sobre la participación civil previa al golpe, pero especialmente para sacar a relucir el tipo de comunión entre facciones políticas ministeriales, universitarias, sindicales, judiciales, municipales, policiales y hasta clerica-les que legitimaron a un tipo de perpetrador que la dictadura no tocará, y en democracia sobrevivirá en esos intersticios que le dan amparo.

En sus entregas dominicales, Cecchini y Elizalde Leal se meten con pesos pesados del justicialismo local, quienes hasta hoy han mantenido entre sus filas a personajes de los que se rumoreaban eran cómplices del genocidio, y a los que nadie se atrevía a señalar. Por eso más acá del expediente (del juez) y más allá de la nota periodística (del cronista involucrado que interpela a la justicia), de lo que se trata es de ir abriendo el camino que permita fortalecer indicios e hipótesis sobre la ilación y trama CNU, en la comisión de delitos de lesa humanidad; permitiendo –por el hecho de la interpelación- la corro-boración posterior de pistas que permitan ingresar a etapas que afiancen cada vez más el proceso de verdad y justicia iniciado hace varios años.

Uno de los riesgos que atraviesa hoy la causa del de la CNU La Plata es, justa-mente, ser un manojo de expedientes dispersos (entre 17 y 18 expedientes), con conexiones conjeturales, y donde –hasta el momento- figuran detenidas dos per-sonas (Castillo y Pomares) sobre la que gira una pesquisa compleja que cuenta más de 60 asesinatos, y donde podrían estar implicadas alrededor de 50 personas.

El destino de esas causas parece incierto y es posible que fracase si no se tie-nen en cuenta varios aspectos problemáticos: a) El bajo impulso procesal que se le ha dado por parte de distintos jueces (uno jubilado y otro subrogando); b) la no conexidad y acumulación de las causas entre juzgados; c) la existencia de un conjunto de pruebas urgentes y esenciales solicitadas por la querella y la fiscalía y que nunca quiso proveer el ahora jubilado juez Corazza; d) la falta de protección y marco de seguridad para que testigos puedan declarar con tranquilidad (miedo imperante especialmente desde que hay muchísimos miembros de la CNU en libertad); e) la ausencia de un respaldo documental como el que poseen las causas de “lesa humanidad”, lo que hace necesario dotar de elementos investigativos a la justicia para imputar autorías mediatas de una estructura de poder funcionando antes del golpe (sin bien los delitos de la CNU se tratan de delitos de lesa humanidad, el tipo de prueba de cargo es más parecida a la lógica de una “causa común” que a una causa de “Lesa”); f) el pronto juzgamiento de los imputados Pomares y Castillo hacen necesario re-formular desprendimientos de la causa principal, no sólo para mayor impulso sino también para agregar aquellas pruebas que surjan del eventual juicio oral.

Este panorama es bastante desalentador, al menos en el momento que esto se escribe; pues sabemos que el tiempo que transcurre favorece a la impunidad, y ello no solo por la vejez y la muerte natural que quita a las víctimas del derecho a la verdad y justicia. Mientras no se resuelvan los escollos probatorios y pro-cesales por decisiones jurisdiccionales fuertes, se dilatan los plazos y entonces la cuestión se torna abstracta y/o funcional al reacomodamiento de los sectores que protegen a los eventuales imputados y generan temor a testigos.

Vuelvo a los tiempos del juez y del cronista. La historia de los asesinatos de la CNU escrita por Cecchini y Elizalde Leal, tiene mucho de novela negra y del folletín por tiradas. En estas páginas hay periodismo valiente, crudo y comprometido escrito a salto de mata, intentando descubrir la verdad sobre hechos ocurridos hace 40 años, pero con reminiscencias muy fuertes en el presente, por el tipo de inserción de los sospechados. El relato habla de víc-timas luchadores sociales, de sus verdugos intelectuales y matones, de sus coberturas estatales, políticas y sindicales; pero también de paredes, casas, esquinas, edificios, baldíos, rutas, plazas y ministerios. La Plata ya no parece la misma en estos recorridos. La Plata es una ciudad surcada por el terror, una suerte de ciudad museo. La Plata suele ser como un pañuelo para los que ahí vivimos: uno siempre tiene padres, tíos de amigos, o amigos de amigos (conocidos) que aparecerán nombrados en este libro sea como víctimas o como virtuales cómplices de los crímenes.

La crónica le deja la punta de los hilos a la justicia para que tire de ellos. Si la justicia no hace nada, allá ella. Todo cronista sabe en el fondo que, si bien no es el juez, la historia se cuenta con afán de justicia. Si la justicia no hace nada, queda entonces el lugar marcado por la complicidad judicial. Espere-mos que eso no ocurra, y que tarde o temprano este libro se vuelva a escribir. Y que sea el Juez el que haya marcado el pulso a los cronistas.

INTRODUCCIÓN

Este no es un libro de investigación periodística en el sentido riguroso de la categoría. Se trata de la recopilación, en orden cronológico, de los artículos publicados en Miradas al Sur de una investigación periodística, que todavía está en curso, sobre el accionar de los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en la ciudad de La Plata.

Al hacerlo de esta manera, la intención de los autores es mostrar al lector cómo fue –y como sigue– avanzando esta investigación, con sus marchas y contramarchas, con sus momentos de descubrimiento de información impor-tante y sus momentos de elaboración. Por eso, los artículos están ordenados uno detrás del otro, con su fecha de publicación y tal como llegaron a los lectores de Miradas al Sur en ese momento, sin comentarios aclaratorios ni información adicional. Deliberadamente no se han corregido errores come-tidos en algunas de las notas, que el lector atento encontrará aclarados o subsanados en artículos posteriores.

El objeto de la investigación es, como se dijo, el accionar de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976, y su objetivo central es demostrar que esa organi-zación de ultraderecha peronista participó del terrorismo de Estado previo al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.

La Concentración Nacional Universitaria surgió a fines de la década de los 60 en La Plata como una agrupación universitaria de ultraderecha, política-mente alineada con el peronismo y el catolicismo preconciliar, y con un fuerte sesgo antisemita. Si se quisiera hacer una genealogía habría que buscar sus antecedentes en Tacuara y en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secunda-rios (UNES), de cuyos militantes se nutrió. La CNU se forjó en el Instituto Cardenal Cisneros, donde su ideólogo, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, divulgaba su particular concepción del mundo entre los jóvenes uni-versitarios de la clase media platense. Pronto derivó en un grupo de choque de ultraderecha que, bajo la consigna “Delenda est marxisticas universitas”, se dedicó a perseguir e intimidar a militantes de organizaciones revolucionarias y peronistas situadas a su obvia izquierda, principalmente en las ciudades de La Plata y Mar del Plata. Saltó sangrientamente a la fama el 3 de diciembre de 1971, cuando una patota armada atacó a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a uno de sus participantes, la estudiante Silvia Filler, de 19 años.

El 20 de junio de 1973, sus integrantes, comandados por Alejandro Gioven-co y Patricio Fernández Rivero, participaron de la masacre de Ezeiza junto

con otros grupos de la ultraderecha peronista apoyados logísticamente por el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y la Policía Federal.

En 1974 –después del desplazamiento del gobernador Oscar Bidegain– la CNU se puso a las órdenes del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y comenzó a operar en el territorio provincial con protección de la Policía Bonaerense, que la apoyó con personal, armas y liberación de zonas para sus acciones criminales. Desde entonces y hasta poco después del golpe sus grupos de tareas cometieron aten-tados, secuestros y asesinatos amparados por el Estado, en algunos casos de manera conjunta con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A). A partir de octubre de 1975 también operó bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Paralelamente, sus integrantes se dedicaron a cometer delitos comunes destinados al enriquecimiento y las venganzas personales.

Los grupos de tareas de la CNU platense fueron desactivados en abril de 1976 por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, cuando su accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil para el plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico militar. Hasta entonces, la CNU había sembrado de cuerpos acribillados la ciudad de La Plata y sus alrededores con el objetivo de provocar el terror en-tre la población. A partir del 24 de marzo de 1976, los genocidas comenzaron a implementar otra política de cuerpos, la de su desaparición. De todo esto tratan los artículos aquí reunidos.

También se refieren a cómo muchos de esos asesinos se reciclaron, años después, una vez recuperada la democracia, en los tres poderes del Estado. Algunos de ellos, incluyendo unos pocos que hoy están detenidos o han sido cesados en sus puestos, se reciclaron dentro del aparato del Partido Justicia-lista y allí operaron durante casi treinta años sin que nadie les pidiera una rendición de cuentas. Todavía quedan muchos escondidos ahí.

Los lectores de este trabajo no encontrarán en él un exponente del tan men-tado “periodismo independiente”, que no es otra cosa que una manera de practicar un periodismo que encubre los intereses políticos, económicos y comerciales a los que responde. Los autodenominados periodistas indepen-dientes tienen como premisa ocultar, bajo el argumento falaz de “la objeti-vidad”, desde dónde, para quién y para qué escriben.

Los autores de esta investigación son periodistas comprometidos. Los dos son oriundos de La Plata, ciudad en la que durante parte de la década de los 70 – cuando ocurrieron los hechos que investigan – tuvieron, sin conocerse entre sí, una militancia política activa en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Por aquellos años conocieron a varios de los integrantes de la CNU nombrados en los artículos que se publican y se enfrentaron con ellos. También tienen compañeros de militancia y amigos asesinados por los grupos de tareas de la CNU platense.

Desde allí es que escriben y su compromiso es poner al descubierto la ver-dad de los hechos, mantener presente la memoria de las víctimas y contribuir para que finalmente se juzgue y castigue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que todavía siguen impunes.

Finalmente, los autores quieren agradecer al director editorial de Miradas al Sur, Eduardo Anguita, por brindar generosamente el espacio para publicar esta investigación. A Laureano Barrera y Osvaldo Drozd por las búsquedas en la hemeroteca. A Miguel Russo por sus aportes en la edición de muchas de las notas. A Mariana Cecchini por su cuidadoso trabajo en las desgraba-ciones y sus sugerencias a partir de una escucha atenta e inteligente de los testimonios. Y, por supuesto, a todas las fuentes de información, tanto a las que están nombradas en los artículos como a las que prefirieron que sus nom-bres permanecieran en reserva.

Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. Octubre de 2013

LOS CRÍMENES DE LA CNU:

UNA DEUDA DE LA JUSTICIA

La detención, el mes pasado en la provincia de Córdoba, del ex jefe del gru-po de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, y la denuncia de un antiguo militante de la JP sobre el accionar de los grupos parapoliciales y paramilitares en San Miguel de Tucumán parecen haber sacado del sueño que dormían desde hace años las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos por esa ban-da de la ultraderecha peronista que operó amparaban-da desde el Estado entre 1974 y 1976, proveyó de asesinos a la Triple A y, consumado el golpe, sumó a muchos de sus integrantes a los grupos operativos de la represión ilegal. Una investigación en curso de Miradas al Sur permite reconstruir –a partir de diversas fuentes– los vínculos que, en la ciudad de La Plata, conectaban a la CNU con altos mandos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los grupos de la Triple A comandados por Aníbal Gordon y dos jefes mili-tares del Regimiento 7 de Infantería, por entonces situado en el centro de la capital provincial. Además, este medio no sólo ha identificado a la mayoría de los integrantes de la banda sino que también ha podido establecer sus participaciones en una serie de atentados, robos a mano armada, secuestros y asesinatos cometidos en La Plata y sus alrededores entre principios de 1974 y el 29 de abril de 1976.

La banda. La Concentración Nacional Universitaria fue creada y adoc-trinada por el latinista y profesor de Literatura del Colegio Nacional de La Plata, Carlos Disandro, y por Néstor Beroch, profesor del Industrial Albert Thomas, a fines de la década de los ’60. Se nutrió, en un principio, de inte-grantes del Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) y de su rama en los colegios secundarios, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES). Grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad, con una fuerte impronta antisemita, la CNU devino en una organización pa-rapolicial a principios de los ’70. En sus grupos de tareas convivían estu-diantes universitarios, policías y lúmpenes de pelaje variopinto. Su primera aparición en los titulares de los diarios ocurrió en diciembre de 1971, cuando un comando de la organización interrumpió a los tiros una asamblea en la fa-cultad de Arquitectura de Mar del Plata y asesinó a la estudiante Silvia Filler. En La Plata, el primer jefe de los grupos de tareas fue Patricio Fernández Rivero, quien también fue custodio de José Ignacio Rucci. Hay

fotogra-fías que muestran al sindicalista en dos actos de lanzamiento de la CNU a principios de 1970. A Fernández Rivero lo sucedió Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, secundado por El Sordo Arana. La banda estaba integrada, en-tre otros, por Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Dardo Omar Quinteros, David Masotta (a) Feiño, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Martín Osvaldo Sánchez (a) Papucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo, Richi Walsh, El Chino Causa, y los policías Vi-cente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, y Roberto An-tonio Storni. Con ellos colaboraban el chapista Rubén Pacenza y el electri-cista Carlos Aníbal Giacobone, encargados de reparar los autos operativos y de modificar o reducir los vehículos que robaba la banda, ya fuera para utilizarlos en sus operaciones o para venderlos. Por lo general se movili-zaban en dos o tres Ford Falcon y, en ocasiones, también con un Torino. Castillo coordinaba los blancos de los atentados con el jefe de la Unidad Regional La Plata, comisario Masulli. Éste, a su vez, liberaba las zonas para las operaciones de la CNU a través del oficial inspector Garachi-co y el suboficial mayor Bilardo. La participación de los policías Álva-rez, Lozano y Storni cumplía una doble función: por una parte, sumaba tres gatillos más al grupo operativo; por la otra, garantizaba tres “cha-pas”, que podían mostrar una credencial ante cualquier inconvenien-te con policías desprevenidos que los detuvieran. A esto, se sumaba otra credencial que identificaba al Indio Castillo como teniente del Ejército. Los contactos de Castillo con el Regimiento 7 de Infantería fueron sus su-cesivos jefes, los coroneles Mario Sila López Osornio, hasta mediados de 1975, y Roque Carlos Presti, desde octubre de ese año en adelante. A partir del golpe, Presti se transformó en titular del Área 113 y, como tal, controló los campos clandestinos de detención de la zona. Estas conexiones con la Policía Bonaerense y el Ejército ubican a la CNU dentro de la estructura del aparato terrorista del Estado, lo que califica a sus acciones como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Con la Triple A. Hasta el momento, Miradas al Sur ha podido determinar la existencia de dos operaciones conjuntas del grupo operativo de la CNU con la banda de la Triple A comandada por Aníbal Gordon (a) El Viejo. El primero de ellos fue el fusilamiento de una persona en las afueras de Berisso a principios de abril de 1975. La orden de disparar la dio Gordon y el tiro de gracia estuvo a cargo de Castillo. El segundo, fue el asesinato del médico y militante político platense Mario Gershanik, la madrugada del 10 de abril de ese año. En esa ocasión, los grupos de tareas actuaron con cobertura po-licial: la calle 50, donde vivía el médico con su familia fue cortada por dos patrulleros. Participaron, entre otros, Aníbal Gordon, Jorge Hugo Dubchak (a) El Polaco, custodio de Lorenzo Miguel en la UOM, El Indio Castillo

y El Sordo Arana. Gershanik fue fusilado con más de cincuenta disparos. Días antes, el 7 de abril, la banda comandada por Castillo había secues-trado y asesinado a la actriz y delegada de los empleados del Hipódromo de La Plata, Luisa Córica, cuyo cadáver apareció cerca de Berazategui. De acuerdo con la información reunida, de ese crimen participaron Casti-llo, Quinteros, Walsh, Masotta, Sánchez, Jesús, Lozano y Fernández Su-pera, entre otros. Con estos y/u otros integrantes –que Miradas al Sur ha podido identificar–, la banda también secuestró y asesinó a Emilio Mén-dez Paz, Enrique Rossi, a los changarines del Mercado Central Leopol-do Luna, Narciso Saavedra y Miño, Ismael Torrilla y Pedro Benítez; a Jorge Lopeire y a José Ruda, entre otros. El cadáver de Ruda fue vo-lado con una carga de trotyl. La lista de víctimas es mucho más extensa. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, el accionar muchas veces por la libre de la banda liderada por Castillo dejó de ser conveniente para el plan sistemático de represión ilegal ideado por las tres armas. La po-lítica de la CNU y de la Triple A de desparramar cadáveres por doquier marchaba a contramano de la imagen de “orden” que querían transmi-tir los dictadores, que hicieron un sistema de la desaparición de personas. En abril de 1976, el coronel Presti le hizo una curiosa advertencia al Indio: “Castillo –le dijo–, haga desaparecer a este Castillo de una vez. Al Castillo que se vaya a su casa, lo vamos a dejar tranquilo”. El jefe de la patota de la CNU desoyó la advertencia del jefe militar. Gran parte de la banda pagó las consecuencias poco después, el 29 de abril. Esa noche –en una virtual cama tendida por la policía y el Ejército– muchos de sus miembros fueron detenidos cuando intentaban secuestrar a su último blanco: el militante de la Alianza de la Juventud Peronista Juan Carlos El Vaca Arias.

“DOMÍNGUEZ VA A SER BOLETA”

La CNU mató a un gremialista que molestaba a Calabró. La orden

la dio el futuro secretario privado de Duhalde.

El 11 de febrero de 1976, poco después de las cinco de la tarde, Omar Abel Giaccio, delegado del Pabellón de Profesionales del Hipódromo de La Plata, entró a la sede del Partido Justicialista, en la calle 59 entre 6 y 7 de esa ciudad, con una idea fija: avisarle a un hombre que lo iban a matar. Lo vio conversando con otras personas y lo separó del grupo con una excusa que, ahora, no recuerda.

como se hablaba por entonces sobre la muerte. –Quedate tranquilo, no pasa nada –respondió el otro.

–Te digo que te quieren matar. Me avisaron. Es la gente de Calabró –insistió. –Te digo que no pasa nada. Vos quedate tranquilo, andá a tu casa y no salgas. Carlos Antonio Domínguez, dirigente de los trabajadores del Hipódro-mo y presidente del PJ platense, sabía que estaba amenazado por la pato-ta del gobernador bonaerense Victorio Calabró. Despidió a Giaccio con un gesto amigable y retomó la conversación que le había interrumpido. Al día siguiente, el cadáver de Domínguez, con más de cuarenta balazos de distintos calibres, apareció en un descampado al costado del Camino Ne-gro, entre Villa Elisa y Punta Lara. Hace apenas diez días –es decir, más de 35 años después–, Omar Abel Giaccio relató estos hechos durante su de-claración en el Juzgado Federal platense a cargo de Arnaldo Corazza. Allí también identificó –en fotografías que le mostraron– a los miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi y Antonio Agustín Jesús (a) Tony como asalariados del Hipódromo de La Plata e integrantes de un grupo de tareas parapolicial que operaba amparado por Calabró.

Una advertencia inútil. El 11 de febrero de 1976 la cuenta regresiva del golpe estaba en marcha y Calabró ya había abandonado el barco que con brutal impericia intentaba timonear la heredera de Perón. El gobernador bonaerense –hombre del sector más cerril de la derecha sindical peronis-ta– estaba en conversaciones con los conspiradores. Para él, el golpe del 24 de marzo sería apenas un episodio de transición que le permitiría regre-sar tranquilamente a su casa. Mientras tanto, limpiar el territorio bonae-rense de troskos, zurdos e infiltrados en el movimiento era una buena ocu-pación. La banda de la CNU era uno de los grupos encargados de la tarea. Aquel 11 de febrero, más temprano, Giaccio había recibido una advertencia de su suegro, un hombre de la pata sindical peronista cercano a Calabró, de apellido Morrasca. “La cosa en el hipódromo se está poniendo pesada. Andá a ver al Negro, a ver qué pasa”, le dijo. Si alguien podía tener “la justa” era Alberto El Negro Bujía, secretario privado del Gobernador. De acuerdo con la declaración –tomada en tercera persona, al estilo de los escribas judiciales– brindada por Giaccio el 9 de junio pasado en el juzgado de Corazza, Alberto Bujía lo recibió en la gobernación y Giaccio le preguntó qué iba a pasar, “a lo que éste le responde que se corra del hipódromo, que van a haber ‘boletas’, y que seguramente en el día de la fecha iba a caer un dirigente gremial”. Siempre según la declaración bajo juramento de Giaccio, Bujía le dice que el que iba a caer “seguramente era Domínguez, preguntándole si lo conocía”.

El Negro Bujía no hablaba al pedo. Para la pesada, el secretario privado de Calabró era la voz del Gobernador. Cuando daba una orden, nadie ponía en

duda de dónde venía. Bujía había sabido ganarse la confianza de Don Victo-rio, como también después se ganó la de otro hombre de Calabró que llegaría muy lejos: Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde, por entonces intendente a la fuerza de Lomas de Zamora. Cuando el ex bañero de Lomas se transformó en vicepresidente de la Nación, Alberto Bujía asumió como su secretario privado. Fue ese mismo 11 de febrero de 1976 que, después de hablar con El Negro, Giaccio salió espantado de la gobernación y enfiló hacia la sede del PJ para avisarle a Domínguez que lo iban a matar.

Banda en operaciones. En la oscuridad de las primeras horas del 12 de febrero, dos Ford Falcon, con entre ocho y diez personas a bordo, salieron de la casa quinta que El Indio Castillo alquilaba en la calle 4 entre 76 y 77, en las afueras de La Plata. Era un lugar conocido e intocable para la Bonae-rense, utilizado como arsenal y base de operaciones por la CNU. Miradas al Sur pudo averiguar que de allí partieron Castillo, Dardo Omar Quinte-ros, TonyJesús, Martín Osvaldo Sánchez (a) Papucho, Pipi Pomares, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y otro integrante de la banda a quien por ahora se identificará como El Flaco Blas. El destino había sido indicado por Castillo antes de salir: la casa donde vivía Carlos Antonio Do-mínguez con su mujer, Silvia Ester.

La calle está vacía. Castillo golpea con violencia la puerta al grito de “¡Abran, policía!”, y cuando la mujer se asoma, la empuja hacia adentro. Detrás entran los otros, con las armas empuñadas, menos dos que quedan al volante de los autos. Cinco minutos después salen con Domínguez. Lo lle-va El Indio, apoyándole la pistola en la cabeza. El hombre no es lo único que se llevan de la casa. Entre los objetos que se llevan, destacan una máquina de escribir y un redoblante.

Con Domínguez en el asiento de atrás del segundo auto, enfilan hacia uno de los lugares preferidos por la banda para terminar sus operaciones. El camino que une Villa Elisa con Punta Lara, donde siempre está oscuro y nunca hay un alma. Lo bajan del auto y Castillo tira primero, a quemarropa, un itakazo. Con el hombre en el suelo, terminan el ritual asesino: al cuerpo caído le disparan todos, cada uno con su arma. En total son más de cuarenta balas.

Una máquina de escribir y un redoblante. Esta investigación confirma y llega más lejos que la declaración de Omar Abel Giaccio. En el Juzgado Fede-ral a cargo de Arnaldo Corazza, el ex empleado del hipódromo platense dijo –y en la causa quedó asentado, nuevamente, en tercera persona– que “por lo que se decía, quienes se encargaron de secuestrar y asesinar a Domínguez eran sectores parapoliciales del Gobernador, que era el (sic) CNU, los cuales hoy en día están todos sueltos. Se decía que Domínguez había estado amenazado por sectores de Calabró. Los que supuestamente participaban del (sic) CNU

traba-jaban en el hipódromo, como por ejemplo Tony Jesús, una persona de apellido Blanco, cree que Richard Calvo, el Chino Causa y otros que no recuerda”.

Al finalizar su declaración –aunque todavía bajo juramento–, Giaccio re-conoció tres de diez fotografías de integrantes de la CNU que le exhibieron. En ellas identificó a Castillo, a Pomares y a Jesús. De este último agregó espontáneamente: “Es director de un área de la Cámara de Diputados”. Efec-tivamente, Miradas al Sur pudo constatar que Antonio Jesús (a) Tony es actualmente director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La participación de la banda de la CNU en el secuestro y muerte de Domín-guez queda demostrada, también, por una prueba material. Cuando, después de la detención de la banda a fines de abril de 1976, una partida policial al mando del oficial principal Julio César Garachico allanó la casa del Indio Castillo, se encontró la máquina de escribir robada al gremialista.

Silvia Ester Domínguez, su mujer, la reconoció. Lo que nunca más apareció fue el redoblante robado esa misma noche, que pasó a engrosar la colección de instrumentos de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, de la que Tony Jesús era un conspicuo integrante.

GARACHICO, UN POLICÍA DE TEMER

Por esas perversiones del terrorismo de Estado, el oficial principal de la po-licía bonaerense Julio César Garachico estuvo a cargo de la patrulla policial que detuvo a la banda liderada por El Indio Castillo el 29 de abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la CNU intentaba secuestrar a Juan Carlos El Vaca Arias. Esa noche, el coronel Roque Carlos Presti, comandante del área de Operaciones 113, decidió terminar con las andanzas de una patota para-militar que se le estaba escapando de las manos y, coordinadamente con la Bonaerense bajo sus órdenes, les tendió una cama a Castillo y sus secuaces.

Paradójicamente, Garachico y el suboficial mayor Alberto Juan Bilardo ha-bían sido, entre 1974 y 1976, los encargados –por orden del jefe de la Unidad Regional, comisario Carlos Alberto Masulli– de liberar las zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus secuestros y asesinatos.

La carrera de Garachico en las filas del terrorismo de Estado no terminó ahí. En 1977 dejó su destino en el Comando Radioeléctrico para integrarse al plantel de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba).

Justicia como uno de los participantes del operativo donde fueron asesinados su nuera, Diana Teruggi, junto a los militantes montoneros Daniel Mendiburu Eliçabe, Juan Carlos Peiris y Roberto Porfirio, en la ciudad de La Plata. En esa ocasión fue secuestrada la hija de Diana, Clara Anahí, a quien Chicha busca infructuosamente desde hace 35 años.

También fue acusado por Jorge Julio López como uno de los “picaneado-res” bajo las órdenes de la mano derecha del genocida Ramón Camps en la Bonaerense, Miguel Etchecolatz. López relató en el juicio que fue reiterada-mente torturado por Garachico en el centro clandestino de detención conoci-do como El Pozo de Arana.

LA VIRGENCITA

En enero de 1976, la patota de la CNU voló a dos delegados de

Pro-pulsora que molestaban a la UOM.

Por decisión del jefe de la patota, o quizás por indicación de quienes lo man-dan, esta vez los autos no se dirigen hacia el Camino Negro, donde acostum-bran a sembrar cadáveres. Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio sólo ordena salir de La Plata en dirección a Ignacio Correa, un pueblo de las afueras de la capital provincial. No da ningún tipo de explicaciones. Y nadie se las pide. La madrugada del 13 de enero de 1976, los dos Ford Falcon avanzan lentamen-te. Van despacio porque llueve mucho, pero también porque quienes los con-ducen saben que nadie va a detenerlos. Una vez más, está todo arreglado con la Bonaerense: el camino a Correa es zona liberada. Los integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) son diez, cin-co en cada auto. En uno de los Falcin-con llevan a un hombre apretado en el me-dio del asiento trasero; en el otro, la víctima viaja encerrada en el baúl. Cuan-do están lejos de La Plata, a una seña de Castillo, se detienen cerca de un puente. Nadie sabe por qué, pero El Indio tiene predilección por los puentes. “Vení”, le ordena al hombre apretado en el asiento trasero. Carlos Scafide, de-legado de la comisión interna de Propulsora Siderúrgica, no ofrece resisten-cia. A nadie se le ocurre desobedecer cuando le están apuntando con una Itaka. Lo paran en la banquina, enfrentando la luz cegadora de los focos de los Falcon. “Juntá las manos, como si estuvieras rezando”, le dice y el hom-bre vuelve a obedecer, ahora apuntado por otras armas. Le ahom-bre las palmas y le pone algo entre ellas. “Apretá”, manda, y cuando lo hace le ata las manos con cinta aisladora. Scafide queda parado frente a los focos, como Castillo

quie-re, como si estuviera rezando, pero con un bulto apretado entre las palmas. Recién entonces El Indio da otra orden, seca: “Traigan al otro”.

Cuando lo sacan del baúl, Salvador El Pampa De Laturi está alerta. Sus secues-tradores lo perciben y se ponen tensos. Tiene las manos desatadas pero, lo sabe, ninguna posibilidad de resistencia: son demasiados hombres y demasiadas ar-mas. El Pampa, aunque ya no integra la interna de Propulsora, sigue siendo un dirigente reconocido dentro y fuera de la fábrica. A empujones, lo llevan hacia adelante, donde está el otro hombre, con las manos atadas, iluminado por los faros de los autos. Ahí también lo espera El Indio.

Recién cuando lo empujan a su lado, Carlos Scafide reconoce a Salvador De Laturi y le grita, desesperado:

–¡Nos van a matar Pampa!

Como si el grito fuera una señal, De Laturi reacciona y se le va encima a Castillo, que lo tiene apuntado con la Itaka.

Un escarmiento de la UOM. Propulsora Siderúrgica era un dolor de cabeza para Victorio Calabró, el hombre fuerte de la UOM llegado a la gobernación de la Provincia luego de la renuncia obligada del gobernador Oscar Bidegain. Los obreros de la planta de Ensenada resistían a la conducción de la UOM y venían eligiendo, una tras otra, comisiones internas combativas que eran sistemática-mente desconocidas por la burocracia sindical peronista. Después de las jornadas de lucha de junio de 1975, la situación en Propulsora se le había ido totalmente de las manos a la UOM, aliada a la conducción de la empresa. Calabró decidió, entonces, desarticular la resistencia mediante las herramientas que mejor mane-jaba: el terror, la muerte. Los blancos elegidos fueron Scafide y De Laturi.

Carlos Scafide militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores y tenía un gran predicamento dentro de la fábrica. Por eso, aunque el PST no había desarrollado un gran trabajo político en Propulsora, sus compañeros lo eli-gieron para integrar la comisión interna. Y Carlitos, como lo llamaban, no los había defraudado. A la hora de negociar con la patronal, jamás aflojaba.

Salvador De Laturi había nacido en La Pampa y de ahí le venía el apodo. Militante durante años del Partido Comunista, a mediados de 1975, descon-tento con la actitud negociadora del partido, se había incorporado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, de fuerte inserción entre los obreros de la planta de Ensenada. Para fines de 1975 era, junto con El Turco Cherry, la conducción del PRT dentro de la fábrica. “A mí El Pampa se me representaba como un hombre de acero; no sólo por el color de su piel sino por su carácter, serio, firme. Era un carácter que se redoblaba cuando tenía que reunirse con la patronal para negociar. Por lo general, la gente de la empresa hacía un chis-te, como para distender el clima, pero al Pampa no se le movía un músculo. También era un gran orador, que se adecuaba a las audiencias, hablaba igual de bien en la fábrica como en la universidad. Y era un gran organizador”, lo

recuerda Daniel De Santis, ex obrero de Propulsora y dirigente del PRT-ERP. A principios de enero de 1976, la patota de la Concentración Nacional Uni-versitaria recibió la orden de matar a esos dos hombres.

Los diez asesinos, uno por uno. La investigación que está

desarrollan-do Miradas al Sur ha permitido identificar a los diez hombres que, esa

noche, integraron el grupo de tareas comandado por Carlos Ernesto Cas-tillo (a) El Indio . A sus órdenes estuvieron Dardo Omar Quinteros, Julio Cuber, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Papucho, Antonio Jesús (a) Tony, Ricardo Calvo (a) Richard, Patricio Errecarte Pueyrredón y El Flaco Blas. Mientras la causa que investiga los crímenes de la CNU se mueve con llamati-va lentitud en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, todos los integrantes de la patota que actuó la madrugada del 13 de enero de 1976, a excepción de Carlos Ernesto Castillo, no sólo siguen en libertad sino que, ni siquiera, han sido citados a declarar. Lo mismo sucede con otros miem-bros de la CNU que participaron de otros crímenes.

Algunos de ellos, incluso, ocupan notorios cargos en el Estado provin-cial. Tony Jesús es director de Relaciones Legislativas de la Cámara de Dipu-tados de la Provincia de Buenos Aires; Richard Calvo también está a cargo de otra dirección de la Legislatura Provincial; y Juan José Pomares (a) Pipi tiene desde hace tiempo un cargo temporario en un bloque del Senado Provincial donde esta semana fue pasado a Planta Permanente con categoría 13.

El Flaco Blas –a quien Miradas al Sur ya ha identificado– es hombre de

confianza de un ex dirigente de la federación que agrupa a los gremios muni-cipales y que ocupó un ministerio nacional durante la presidencia provisional de Eduardo Alberto El Cabezón Duhalde, a quien hoy acompaña dentro del Peronismo Federal. De la mano de este dirigente, Blas obtuvo la concesión de un hotel del gremio, ubicado en la zona de Constitución. Miradas al Sur pudo saber también que El Flaco tiene la imprudente inclinación de jactarse en público de sus andanzas de la época en que se dedicaba “a amasijar zurdos”.

Epílogo mortal. El Pampa De Laturi es rápido de reflejos pero no puede ser

más veloz que el disparo de una Itaka. Cuando ve que se le viene encima, El

Indio Castillo aprieta el gatillo. A Scafide, paralizado, lo mata inmediatamente

después. El hombre cae con las manos atadas, sosteniendo, sin quererlo, el bulto que le puso El Indio. El bulto es una carga de trotyl de la que cuelga una mecha larga, lenta. “La Virgencita”, como lo llaman en la banda.

Debajo de la lluvia, todos disparan sobre los cuerpos caídos. Patricio Errecarte Pueyrredón vacía el cargador de la .45 que le dieron y se queda mirando, sor-prendido, cómo la corredera de la pistola se le queda atrás. “Boludo, es porque te quedaste sin balas”, le dice otro de los asesinos y le pone otro cargador al arma.

El Indio ordena apilar los dos cadáveres –Scafide abajo, De Laturi encima– y

dar vuelta los autos. Enciende la mecha y se sube a uno de los autos. Los dos Falcon arrancan y se alejan en dirección a La Plata. Están a unos doscientos metros cuando escuchan una explosión que parece la de un trueno. Se dan vuelta y alcanzan a ver, entre la tormenta, el resplandor de “La Virgencita”.

ZONA LIBERADA PARA MATAR A UN MÉDICO

Mario Gershanik fue asesinado en La Plata, la madrugada del 10 de

abril de 1975, por un comando conjunto de la Triple A y la CNU.

Primero son unos golpes en el portón, insistentes, violentos. Recién des-pués se escucha un grito que es una orden: “¡Policía Federal, abran!”. El doctor Mario Alberto Gershanik está despierto, apenas comienza el 10 de abril de 1975. Son las 0.30 y hace menos de media hora que llegó a la casa, en la calle 50 N° 391, entre 2 y 3, de La Plata, después de asistir a un parto en el Instituto Médico Platense. Gershanik no necesita pensar para decidir que no va a abrirles la puerta. Piensa otras cosas, rápido. Se refugia con su mujer, Graciela, y su hijo Pablo, de menos de un año, en uno de los dormitorios de la casa y disca febrilmente un número de teléfono que sabe de memoria: la guardia del Hospital de Niños. Cuando lo atienden se identifica y dice: –¡Me quieren secuestrar, manden una ambulancia!

Dice también que no está en su casa, sino en la de sus padres. Piensa que si la ambulancia llega a tiempo, tal vez los secuestradores se vayan. Intuye que no, que la puerta no puede resistir tanto.

Ya nadie grita “¡Policía!” desde la calle, y los puñetazos en el portón han sido reemplazados por los golpes de un hacha. La situación –si no fuera pro-ducto del terrorismo de Estado de Isabel, López Rega y Calabró– resultaría insólita: el Departamento Central de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está apenas a una cuadra.

En el dormitorio, Gershanik abraza a su mujer y espera. Desde el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en 14 entre 65 y 66, sale una ambulancia que no llegará a tiempo.

Punto de reunión. La patota se había reunido un rato antes en la esquina de 51 y 2, frente al Departamento Central. Son alrededor de 15 hombres. El último en llegar a la cita es el Torino rojo que conduce Carlos Ernesto Cas-tillo (a) El Indio. Es un auto nuevo, impecable, con una rareza que uno de los integrantes de la banda recordará 36 años después: en lugar de la típica

palanca al piso, tiene los cambios en el volante. Hay dos autos más: otro Torino, de color oscuro, y un Ford Falcon.

El jefe espera a Castillo. La de esa noche no será una operación exclusiva de la Concentración Nacional Universitaria. La patota del Indio actuará junto con un grupo de tareas de la Triple A al mando de Aníbal Gordon (a) El

Vie-jo. Algunos de los asesinos de la CNU ni siquiera saben a quién van a matar. El Viejo está impaciente. La banda de la Triple A intentó encontrar al médico

más temprano, pero fracasó dos veces en el intento. Primero, fueron a la casa de Gershanik de 10 y 57, pero no había nadie; después, a la de su hermana, Alicia, en 6 entre 50 y 51, a escasos cincuenta metros de la Casa de Gobierno provincial.

La encontraron vacía: desde hacía meses, Alicia y su marido vivían en México. Cuando el Torino rojo estaciona en la esquina de 2 y 51, Gordon reúne a los hombres y da órdenes precisas. Ya sabe que Gershanik está en la casa de sus padres –que viajaron a Europa–, donde también tiene su consultorio. El lugar queda a cien metros. Ahí nomás, a un paso del Departamento Central de Policía.

Hasta ahora, la investigación identificó, por sus nombres y/o sus apodos, a ocho de los integrantes del grupo de tareas que va a secuestrar a Gershanik. Además de Gordon y Castillo, desde la esquina del Departamento de Policía parten Ricardo Walsh (a) Richi, Gastón Ponce Varela, Jorge Hugo Dubchak (a) El Polaco –custodio de Lorenzo Miguel–, otro matón sindical apodado El

Mudo, El Sordo Arana, y el acompañante de Castillo en el Torino rojo, un

individuo llamado Gustavo, sobrino de un ex juez a quien sus colegas en los tribunales bonaerenses llamaban El Chino.

A todos ellos, Gordon les da una orden en tono seco: –¡Vamos!

Testigos. A las 0.30, los tres autos llegan a la casa del médico, en la calle 50

N° 391. El Torino rojo se detiene frente a la puerta y de él bajan cinco hombres. Cuatro se dirigen hacia el portón mientras el quinto se queda parapetado con-tra el baúl del auto, empuñando una amecon-tralladora. El otro Torino estaciona a mitad de cuadra: un hombre queda al volante, mientras otros dos se bajan y se paran, también portando armas largas, en el medio de la calzada mirando en dirección a la calle 2. El Ford Falcon se detiene en la esquina de 3 y 50, cor-tando el paso. Queda con las puertas abiertas mientras dos o tres hombres –su número varía según las fuentes– vigilan la calle 3 hacia el norte y hacia el sur.

En la casa de la calle 50 N° 389, el estudiante peruano Andrés Caceda escu-cha gritos y golpes en la calle y sale a ver qué pasa. Cuando abre la puerta ve a un grupo de hombres que intenta romper el portón de la casa de Gershanik. No tiene oportunidad de ver más. El tipo que está contra el auto lo apunta con la ametralladora y le grita:

–¡Policía, métase adentro!

la casa vecina. Después, a una mujer que grita con desesperación: “¡Por fa-vor, déjenlo!”. Y finalmente una lluvia de balas.

Minutos después de las 0.30, un taxi que viene por la avenida 1 con cuatro personas a bordo dobla en la calle 50 en dirección a la calle 2. Lo conduce Raúl Tassi y con él viajan José Garrido, la hermana de éste y Pedro Galíndez. Los cuatro son estudiantes del turno noche en el Colegio Nacional de La Plata, ubicado en 1 y 49. Poco antes de llegar a la calle 2 ven que, en la otra cuadra, hay dos hombres parados en medio de la calle, con armas largas, y más lejos un grupo de tres o cuatro frente a una puerta. “Uno tenía un hacha con la que trataba de romperla”, relató Galíndez a Miradas al Sur 36 años después, ratificando su

testimonio en sede judicial el 29 de diciembre de 2009. “Nos quedamos unos minutos mirando, no sé cuántos, hasta que nos dimos cuenta del peligro que corríamos y nos fuimos, doblando por la calle 2”, agregó.En un departamento de la vereda de enfrente, otro estudiante se despierta sobresaltado. En un primer momento cree que lo vienen a buscar a él. Se viste con lo primero que encuentra y huye hacia la terraza. Desde allí observa todo lo que ocurre. Ve a los tres autos y a la patota desplegada en la calle. Ve a un hombre con un arma larga en la terraza de la casa lindera a la del médico. Ve a otros en los techos de las casas ve-cinas. Ve cómo, luego de romper el portón con el hacha, cuatro hombres entran a la casa. Ve que un policía de a pie se acerca por la calle 3, desde 51 hacia 50, y cómo uno de los hombres del Falcon le da una orden a los gritos, obligándolo a dar media vuelta y alejarse casi a la carrera. Escucha primero gritos y después tiros provenientes de la casa de Gershanik. Y finalmente ve al grupo de tareas subirse a los autos y alejarse por la calle 50 en dirección a la avenida 7, el Falcon adelante haciendo sonar una sirena y los dos Torino detrás.En otra casa de la vereda de enfrente, un miembro del Servicio Penitenciario Provincial escucha el escándalo y, sin dudar, llama al Comando Radioeléctrico. Se identifica e infor-ma lo que sucede. Del otro lado del teléfono le dicen que todo está bajo control. Minutos después escucha el sonido de una sirena que se aleja.

A cien metros de allí, en el Departamento Central de la Policía Bonaerense, nadie parece enterarse de la situación.

Secuestro fallido y asesinato. La patota demora más de cinco minutos en

romper el portón con el hacha. Los cuatro hombres que entran son jóvenes, tienen entre 22 y 30 años. Los cuatro usan anteojos oscuros. Uno de ellos tiene una Itaka; los otros tres empuñan pistolas. Revisan la casa y le gritan al médico que les diga dónde tiene “los remedios pediátricos”. Da toda la impresión de que se refieren a otra cosa. Buscan armas, pero no hay.

Después de revolver la casa, el que parece el jefe del grupo le ordena al médico que vaya con ellos, que tiene que reconocer a una persona que está en el auto.

Mario Gershanik sabe que vienen a secuestrarlo y se resiste. Tiene 30 años, practica varios deportes, es fuerte. Ni entre tres pueden arrastrarlo.

Lo golpean y lo patean, pero sigue resistiendo. Graciela, su mujer, trata de ayudarlo pero la empujan. Intentan arrastrarlo una vez más pero no pueden.

Gershanik sigue resistiendo, a los golpes, como puede. “¡Judío de mierda, te vamos a matar!”, le gritan una y otra vez. “¡Por favor, déjenlo!”, ruega Graciela un segundo antes de que comiencen a disparar.

Y mientras tiran siguen gritando: “¡Judío de mierda, te vamos matar!”. Si-guen gritando y ni siquiera se dan cuenta de que ya está muerto.

Horas más tarde, el informe que el jefe de Operaciones Policiales, comi-sario mayor Ignacio García, eleva a sus superiores detalla: “Llevada a cabo la autopsia en la morgue de esta Repartición, se extrajeron al cadáver nueve (9) proyectiles y dos (2) tapones de cartucho presumiblemente de escopeta automática, mientras que en el lugar del hecho se secuestraron catorce (14) vainas 11.25, 17 proyectiles 9 mm., algunos de los cuales se encontraban incrustados en el piso de madera donde cayera la víctima; asimismo, un car-tucho intacto ‘Remington 12 C.A. Peters”.

Al día siguiente, 36 años después. La violenta muerte de Mario Gershanik

fue título de tapa en los diarios platenses. “Un grupo terrorista asesinó a un médico en esta ciudad”, encabezó El Día en su portada. “Acribillaron a un médico de La Plata”, tituló el vespertino La Gaceta. El caso también fue no-ticia en varios medios nacionales. A pesar de la amplia cobertura, ninguno se preocupó por investigar cómo un operativo comando de esas características y duración –casi quince minutos– pudo ocurrir a una cuadra de la Jefatura de la Bonaerense sin que la Policía interviniera.

El matutino El Día fue más allá y terminó inventando una teoría para des-estimar la posible existencia de una zona liberada por la Policía para que ac-tuara la patota. “Este lugar (la casa de Gershanik), como se sabe, está a unos 150 metros de la jefatura de Policía, sede que está estrictamente vigilada, en especial en horas de la noche, y en torno a la cual efectúan continuas rondas vehículos patrulleros –escribió el anónimo cronista, para después tirar una hipótesis de inigualable bizarría–. Estas circunstancias deben haber sido per-fectamente estudiadas por los extremistas que actuaron en el episodio, ya que pudieron darse a la fuga sin inconvenientes una vez perpetrado el asesinato.”

Como si esto fuera poco –y en una flagrante contradicción con su propia de-finición de lo ocurrido como un ataque “terrorista” o “extremista”–, tanto El

Día como La Gaceta publicaron que a Gershanik “no se le conocía actividad

política ni gremial”. Omitieron decir que el día anterior a su asesinato había tenido una destacada participación en una asamblea de trabajadores del Poli-clínico del Turf (actual Hospital Rossi), donde trabajaba, para debatir sobre las malas condiciones laborales. En esa reunión, había condenado expresa-mente las persecuciones que sufrían los trabajadores del hospital por parte de la burocracia sindical del hipódromo platense, alineada con Calabró.

Los trabajadores del Policlínico del Turf y del Sor María Ludovica resol-vieron un paro total de actividades en repudio al asesinato del Gershanik. La Agremiación Médica Platense, por su parte, decretó una medida similar para todas las actividades médicas públicas y privadas en el área de La Plata. Ese mismo día, después de leer el diario, un integrante de la patota de la CNU que no había participado de la acción le hizo una pregunta a Castillo:

–¡Qué quilombo se armó! Decime, Indio, ¿quién era ese tipo?

La respuesta de Castillo –que hoy puede parecer críptica pero que por en-tonces no necesitaba traducción– sonó como un latigazo:

–Ese judío de mierda era un “erpio”.

Para los jefes de Aníbal Gordon y El Indio Castillo, Mario Gershanik no sólo era un médico con actividad gremial antiburocrática, sino parte de un grupo de apoyo sanitario del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Treinta y seis años después, la causa que investiga el asesinato de Mario Alberto Gershanik –radicada en el Juzgado Federal N° 3, de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza– sigue sin registrar indagados ni detenidos.

CAYÓ PIPI

Tras las publicaciones de este medio, Juan José Pomares fue

deteni-do por cuatro asesinatos cometideteni-dos por la CNU. Dos sobrevivientes

lo reconocieron.

Durante años pensó que, reciclado en el PJ bonaerense y con un puesto en un bloque del Senado provincial, iba a zafar. Pero no ocurrió. Juan José Po-mares (a) Pipi fue detenido el martes a la noche por orden del titular del Juz-gado Federal Nº 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, en el marco de la causa que investiga los secuestros y asesinatos del sindicalista Carlos Antonio Domín-guez, del estudiante de la Universidad Nacional de La Plata Guillermo Miceli, y de la pareja de militantes formada por Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto, todos ellos cometidos por el grupo de tareas de la Concentración Nacio-nal Universitaria comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. La CNU platense operaba con total impunidad –en zonas liberadas por la Bonaerense–, amparada primero por el gobierno peronista de Victorio Calabró y luego por el jefe del Regimiento 7 de Infantería, coronel Roque Carlos Presti. Corazza también ordenó la captura del ex policía Roberto Antonio Storni, integrante de la misma patota. Pero al escribirse estas líneas, aún no había sido detenido. Pomares fue indagado el jueves pasado por el juez, quien deberá resolver su si-tuación procesal en los próximos días. Junto con Castillo, son los únicos

deteni-dos que tiene la causa, que permaneció inmovilizada durante décadas. El resto de los miembros de la banda, involucrados en estos y otros crímenes que Miradas al Sur viene investigando y publicando, aún permanece en libertad.

La participación de Castillo y Pomares en los secuestros y asesinatos de Gra-ciela Martini y Néstor Hugo Di Noto fue denunciada por dos sobrevivientes de esa operación (cuyos apellidos este medio mantiene en reserva, pero están en conocimiento de la Justicia), quienes los reconocieron. Esta investigación confir-mó su relato de los hechos y –apoyada en otras fuentes– pudo identificar a otros integrantes del grupo de tareas que actuó esa noche.

Madrugada del 4 de abril de 1976. El taxi que conduce Daniel P. no se de-tiene frente a la casa de Graciela Martini, en Villa Elisa. Hay luz en una de las ventanas y la joven no quiere discutir con su padre esa noche. Le pide a Daniel que esperen un rato para estacionar, que siga de largo. A las dos parejas que llegan a Villa Elisa se les hizo tarde comiendo pizza en La Plata. Por suerte, Daniel tiene esa noche el taxi de su abuelo para llevarlos de vuelta. A bordo viajan Daniel P. y su mujer, Adelaida B., Graciela Martini y su novio, Néstor Hugo Di Noto. Preocupados por la luz de la ventana que anuncia problemas, los jóvenes no le prestan atención a los dos autos estacionados cerca de la casa.

Cuando pasan por segunda vez por el domicilio de Graciela –donde la luz sigue presagiando un enojo paterno– los dos autos arrancan de golpe. Daniel P. los ve, se asusta y acelera. Entonces, desde uno de ellos, un Peugeot 504, empiezan a dispararles. La persecución es corta. “Nos acribillaron de tal ma-nera que las gomas del coche reventaron y quedamos varados”, recordará Adelaida 35 años después, en su declaración de los Juicios por la Verdad, el 13 de abril pasado. “Los balazos pasaron y quedaron en el tanque de nafta del baúl, por eso no nos dieron”, corroborará Daniel en la misma circunstancia.

El taxi queda detenido en el Camino Centenario, a la altura de la calle 422. La patota baja del Peugeot y de otro auto, cuya marca no distinguen. Los sacan del taxi a los empujones, los revisan y los ponen en fila mientras preparan las armas para fusilarlos. Son siete u ocho hombres jóvenes que cargan pistolas e Itakas.

Los sobrevivientes de esa noche reconocen a dos de los integrantes del grupo. Son Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. La investi-gación de Miradas al Sur permite agregar otros nombres: Antonio Agustín Jesús

(a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard. Más tarde entrará en escena otro personaje.

–¡Fuego!– ordena el jefe en la banquina del Camino Centenario. Disparan. Incrédulo de seguir vivo, Daniel P. piensa: “Tiraron al aire. Es un simula-cro”. Más tarde sabrá, también, que lo confundieron con su hermano, que no saben que está preso desde 1975. Con Graciela Martini, en cambio, no se equivocan. El que parece el jefe de la patota la mira a los ojos.

Los suben a los cuatro, juntos, en el asiento trasero de uno de los autos y parten en dirección a La Plata. “Cierren los ojos”, ordena uno de los secues-tradores. No tienen otra alternativa que obedecer. El tipo que les da la orden desde el asiento delantero los está apuntando con una Itaka. “Lo que recuer-do es que yo pude ver a una persona muy joven que estaba hablanrecuer-do con el otro coche por una radio, estaban muy enardecidos. Nosotros, menos mi ex marido, íbamos rezando en voz alta”, relatará 35 años después Adelaida. Cuando el auto se detiene, no saben dónde están. Todo está oscuro. Antes de que comiencen los gritos arrancados por la tortura, Adelaida y Daniel escu-chan “sonidos” que identifican como de animales, de diferentes animales. No pueden saberlo, pero están en diagonal 113 y 65, contra los fondos de la Fa-cultad de Agronomía, muy cerca de un predio donde están alojados diversos animales utilizados por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universi-dad Nacional de La Plata. No saben que ahí funciona una casa operativa de la Concentración Nacional Universitaria donde la patota guarda algunas armas y acostumbra a torturar a quienes secuestra, antes de matarlos.

Bajan a Graciela Martini del auto y la meten en la casa. “Siento los gritos de ella, el desgarro total de la tortura que le están infringiendo, los insultos, sus gemidos y su voz que decía: ‘no sé nada, no sé nada’”, recordará Adelaida ante los jueces.

Un rato después la sacan casi inconsciente y la meten en el baúl del otro auto. Es el turno de Néstor Hugo Di Noto. Adelaida jamás podrá olvidarlo: “Lo que nunca voy a dejar de recordar es el grito ensordecedor que parecía el bra-mido de un animal. Después me dijeron que le tajearon los testículos”, relatará. Daniel P. y Adelaida B. piensan que les ha llegado la hora. Cuando creen que van a meterlos dentro de la casa aparece un hombre corpulento, mayor que los otros, y les pregunta los apellidos. Cuando escucha el de Adelaida, le pregunta:

–¿Qué relación tiene usted con la familia B.? –Soy la hija menor.

Entonces ocurre algo impensado. El gordo le acaricia la cabeza.

–Vos sos hermana de alguien que tiene altos valores morales, de una perso-na recta, de bien. ¿Cómo puede ser que estés con estos asesinos?– le dice y, sin esperar respuesta, se da vuelta y les habla a los otros:

–A estos dos chicos no los tocan.

Treinta y cinco años después, el sentido de la escena quedará revela-do con una explicación de Daniel P. en el Juicio por la Verdad. “El her-mano de mi ex mujer era militante nazi, pertenecía a Tradición

Fami-lia y Propiedad, era amigo de este hombre”, dirá. Y agregará: “Este

hombre también era nazi, tenía una librería muy conocida en la ciudad”. Esta investigación identificó al “librero nazi”: Patricio Errecarte Pueyrre-dón, también integrante de la CNU, propietario de la desaparecida librería La

Barca, de diagonal 79 entre 55 y 56.

CNU no acostumbra a dejar sobrevivientes en su camino. Les sucedió una vez, por error, cuando un secuestrado se les escapó del baúl de un auto. Pero este no es el caso. Castillo conversa aparte con Errecarte Pueyrredón y vuel-ve a donde están los dos jóvuel-venes.

–De nuestras caras se olvidan, no hablen con nadie de esto, porque son bo-leta. Ustedes iban al muere y este hecho lo borran de su memoria– les dice.

Daniel P. y Adelaida B. reciben la orden de subir de nuevo al Peugeot. “Cierren los ojos”, les dicen. Minutos más tarde los dejan, vivos, en La Plata. Al día siguiente, los cadáveres de Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto aparecen, acribillados, en un descampado de City Bell.

Ahora, Pomares, Castillo y los demás deberán responder por esas muertes.

Expulsiones y querellas. Como resultado de esta investigación la Secreta-ría Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires exigió la renuncia de dos reconocidos integrantes de esa banda que tenían importantes cargos en la Legislatura. Se trata de Antonio Agustín Jesús (a) Tony, hasta hace pocos días director de Relaciones Legislativas, y de Ricardo Calvo (a) Richard, quien tenía a su cargo la Dirección Legislati-va de la Cámara. Calvo la presentó el 21 de junio y Jesús el 5 de este mes “Nos enteramos de quiénes eran a partir de la investigación que viene pu-blicando Miradas al Sur y derivamos el tema a la Secretaría Legislativa,

que tomó las medidas que creyó necesarias. Esto es administrativo, ahora la Justicia deberá establecer sus responsabilidades en los delitos de los que se los acusa”, dijo a este dominical una alta fuente de la Legislatura bonaerense.

Jesús había ingresado a la Cámara como empleado en febrero de 1984 y fue promovido a director en diciembre de 2003, cuando el presidente de la Cámara era Osvaldo Mércuri.

Por su parte, Calvo ingresó en mayo de 1984 y fue nombrado director legis-lativo durante la presidencia de Ismael Pasaglia.

Nuevos querellantes. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de

Buenos Aires, se presentó esta semana como querellante en la causa. Lo mis-mo hará antes de fin de mes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por otra parte, Miradas al Sur pudo saber que también iniciarán querellas

los familiares de otras tres víctimas de la patota de la CNU: Mario Alberto Gershanik, Salvador De Laturi y Luisa Marta Córica.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA CNU DE LA PLATA

La Justicia sólo detuvo a dos de los miembros de la banda

parapoli-cial que cometió decenas de crímenes entre 1974 y 1976 en la capital

provincial. Hoy, muchos de sus integrantes tienen fuertes contactos

políticos.

Hasta el momento, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi son los únicos detenidos por los crímenes de lesa humanidad come-tidos en La Plata por la patota parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) entre 1974 y abril de 1976, cuando fue desactivada.

Las causas que los investigan están radicadas en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Arnaldo Corazza, y en el Juzgado Federal N° 1, cuyo titular es Manuel Humberto Blanco.

La serie de notas publicadas hasta ahora sacó a la luz el accionar de la banda como grupo de tareas al servicio del gobernador bonaerense Vic-torio Calabró, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito Militar de La Plata –comandado por el teniente coronel Mario Sila López Osornio– y del Regimiento VII de Infantería. También identificó a varios de sus miembros como partícipes de secuestros y asesinatos perpetrados en el marco del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976. En estas páginas, Miradas al Sur publica los nombres y apodos de varios

miembros de la Concentración Nacional Universitaria que participaron en una o más de las operaciones de la banda, o bien actuaron como apoyo y/o informantes para facilitar su accionar criminal:

Patricio Fernández Rivero (a) El Manco. Jefe nacional de la Concentración

Nacional Universitaria después de la muerte de Alejandro Giovenco. Estaba casado con Hilda Disandro, sobrina del ideólogo de la organización de ultra-derecha Carlos Disandro. Perdió el brazo izquierdo en un accidente automo-vilístico en Buenos Aires, cuando viajaba en un Torino cargado de armas y explosivos junto a su mujer y Juan José Pomares (a) Pipi. Dirigió también la patota de la CNU en Mar del Plata. Fue detenido el 18 de noviembre del año pasado en Alta Gracia, Córdoba, por orden del juez federal marplatense Rodolfo Pradas, acusado de participar en los asesinatos de Enrique Elizaga-ray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg, ocurridos el 21 de marzo de 1975, y del secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, el 10 de mayo de ese mismo año.