Estado, Crisis Económica y Poder
Militar (1880 – 1981)
Hugo Quiroga
EL PODER MILITARa.- La militarización del Estado y la Sociedad
A partir de los años 60 Sudamérica ha asistido a una multiplicación sin precedentes de regímenes militares. Así, las fuerzas armadas irrumpen en Brasil en 1964, en un país sumamente inestable como Bolivia mencionamos solamente la dictadura de Barrientos en 1964 y de Banzer en 1971, en la Argentina golpe militar en 1966 y 1976, en 1975 golpe en Perú que derroca al gobierno militar de Velazco Alvarado, en 1973 golpe militar en Chile y Uruguay, países que contaban con una sólida tradición democrática. En 1972, golpe militar en Ecuador que derrota al gobierno de Velazco Ibarra, en Paraguay el general Stroessner se encuentra en el
poder desde 1954, en Colombia si bien existe una continuidad institucional, la participación de los militares en la vida pública es innegable.
Los hechos son evidentes, la militarización del Estado y la sociedad ha sido creciente en América del Sur, si bien un nuevo amanecer ha comenzado a vislumbrarse en el subcontinente, vistas las elecciones en estos últimos años de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Esta militarización ha consistido en que las fuerzas armadas, en tanto núcleo central de aparato represivo, se apoderan del conjunto del aparato estatal sustituyendo las instituciones creadas por la sociedad civil por otra forma de sociedad en la que el poder militar ocupe un lugar preponderante.
Normalmente el personal jerárquico del aparato del Estado es reemplazado por personal militar. “Así los militares no solo están en las juntas de gobierno, sino también en las jefaturas de los estados o provincias, en las direcciones de los organismo autónomos o semiautónomos, en el aparato bancario y financiero del país, en las instituciones de enseñanza, en las empresas nacionalizadas!”1, al frente de las grandes empresas 1 Munello, Nelson (1976) “La militarización del estado en América
privadas de capital nacional o extranjero, en las instituciones deportivas y culturales, en definitiva, en todos los rincones y espacios posibles de la sociedad. No se trata ahora de simples golpes de Estado o de “cuartelazos” sino más bien de una nueva situación abierta en los últimos veinte años, en la cual las intervenciones militares juegan un rol protagónico en el intento de reestructuración y disciplinamiento de la sociedad conforme al modelo de acumulación mundial vigente y a la inserción particular lograda en la economía internacional. Se busca configurar un nuevo sistema de dominación, con la presencia activa, estable e institucionalizada de las fuerzas armadas. Los militares pretenden ser los tutores permanentes del Estado y la sociedad civil en la mayor parte de los países del cono sur de ese continente
Los golpes de Estado han sido una amenaza permanente en la vida institucional de la Argentina. En los 51 años que transcurrieron de 1930 a 1981, el país debió soportar seis golpes de Estado. Algunos de ellos dieron nacimiento o fueron prólogo de una nueva etapa social y política del país. Otros sin ningún tipo de mediaciones –como los de 1966 y 1976- llevaron
adelante, bajo la conducción de las fuerzas armadas, profundas transformaciones. La historia política de esta nación en los últimos 50 años está colmada de participación militar en la regulación de la convivencia social.
Para finalizar interesa realizar una breve caracterización de la forma particular que reviste el Estado argentino cuando es embestido por el poder militar como en el golpe de marzo de 1976. Desde ese momento las fuerzas armadas modifican su relación con el resto del Estado para someterlo por entero. Pero esta situación trae también una modificación en la relación con la sociedad civil, a la que se le impone la supremacía de la fuerza y la coacción.
La nueva forma de Estado conserva todas las particularidades del Estado capitalista dependiente y, como tal, debe cumplir con todas las funciones inherentes a ese tipo de sociedad (funciones de acumulación, de garante de la reproducción de las relaciones sociales de producción, del establecimiento de las condiciones de valorización del capital, funciones represivas, etc.).
Pero lo que especifica al Estado militar o militarizado es, primeramente su contenido autoritario, si bien no es una característica exclusiva. Aparece así como un aparato político-administrativo-represivo, servido por funcionarios que se identifican con ese rol, separado en mayor a menor medida, de la sociedad civil, sobre la cual intenta ejercer una tutela más completa.
En segundo lugar, producido el “golpe” es el aparato represivo de Estado, a través de su núcleo central –las Fuerzas Armadas- el que se hace cargo del Estado, del “todo”, es decir, del conjunto de las instituciones estatales, pasando así a convertirse en el aparato dominante.
En tercer lugar, aunque los partidos políticos sigan subsistiendo (lo cual dependerá de cada régimen) y conserven su carácter de organizadores políticos, aparece ahora el estado militar que se convierte en si mismo en el organizador supremo del poder de la clase dominante o de una de sus facciones.
La característica que ha tenido esta forma de Estado en la Argentina es que no ha podido institucionalizarse a pesar de los diversos ensayos realizados en el medio siglo transcurrido desde 1930. Los regímenes militares
no dejan de ser transitorios, sin embargo el poder militar, en tanto poder y presencia política real en la vida pública se ha prácticamente institucionalizado en el país.
b.- El surgimiento del Poder Militar
No podemos hablar de Estado militar o militarizado, de regímenes de excepción, de discontinuidad institucional, sin referirnos al surgimiento del poder militar en la Argentina, es decir, al papel jugado por las fuerzas armadas en la vida de la República.
Es innegable el rol del ejército en las luchas de la Independencia, en el período de la “reorganización nacional” y en la formación del Estado nacional. Las fuerzas armadas sufren una evolución desde la época de la Independencia hasta la segunda mitad del siglo pasado. En 1880 se forma definitivamente el ejército nacional permanente con la derrota de las milicias porteñas. Hasta entonces existían los ejércitos provinciales, las milicias dirigidas por caudillos.
Las fuerzas armadas al dejar de ser un “ejército privado de los caudillos” pasan a constituirse en un verdadero
aparato del Estado nacional. Esto no se podía realizar en la medida que el Estado no constituyera todos sus aparatos institucionales, su estructura ósea, es decir, se terminara de organizar institucionalmente (federalización de Buenos Aires, sistema bicameral nacional, dictado de códigos y leyes nacionales, etc.) Por eso no podía haber un ejército nacional sin la conformación de un Estado nacional.
A principios de siglo comienza la profesionalización de las fuerzas armadas. El principal impulsor de estas reformas fue el general Pablo Ricchieri, quien a través de una ley de 1901 promueve la profesionalización del cuerpo de oficiales (en adelante los oficiales deberían egresar del Colegio Militar) y se establece el servicio militar obligatorio. Probablemente “la profesionalización a nivel del reclutamiento coloca la primera de un poder independiente”2. La ley del servicio militar obligatorio
concede al ejército, a través de sus oficiales, la misión de “argentinizar” al gringo y disciplinar y civilizar al argentino, según los valores sustentados por el ejército. Había que cohesionar lo heterogéneo detrás de valores y principios nacionales, en un país de fuerte inmigración. 2 Rouquié, Alain (1978) Pouvoir Militaire es Societé Pilinque en
Republique Argentine? Presses de la Fondation Nationale de
La ley del servicio militar obligatorio es anterior al establecimiento del sufragio universal y el ejército estaba encargado de “modelar las mentalidades de los futuros electores”3
Ahora, ¿cuál es la relación que las fuerzas armadas tenían con la sociedad y la vida política antes de 1930? Antes de esa fecha, en el largo período que va desde 1862 a 1930 se puede hablar de supremacía del poder civil sobre las fuerzas armadas. Estas pueden ser caracterizadas como “grupos de presión”, como un “factor de poder” porque no hay una tutela del poder militar sobre el poder civil. En estos 68 años los militares tienen poder, pero no existe todavía el “poder militar”. Entonces, en esta primera época las fuerzas armadas sufren la evolución mencionada, se profesionalizan, se modernizan, pero se subordinan al poder civil.
Esto no quiere decir que no tuvieran participación en la vida política, la tuvieron, pero subordinada a los civiles. Las fuerzas armadas sirvieron a fines políticos, en la lucha entre los jefes políticos para resolver sus propias contradicciones en las intervenciones provinciales, etc.
Así, estuvieron al mando o bajo las órdenes de Mitre, Sarmiento o Avellaneda. En ejército participaba en política y ésta penetraba en el ejército.
De la misma forma los militares también participaban de las “revueltas” o “revoluciones” de 1890, 1893 y 1905. Se trata de un sector de los militares o de algunos oficiales o jefes militares que apoyan los movimientos o revoluciones de los jefes políticos. Es el caso del apoyo a los radicales en 1905. Son los “putchs democráticos” por la instauración del sufragio universal. Aquí no se trata de una iniciativa protagónica de los militares en su conjunto, como institución. Es una parte del ejército que se pliega a la iniciativa de los civiles. Es una forma de participación diferente a la que se inicia en 1930. Incluso se podría afirmar que algunas de esas intervenciones tenían un carácter “progresista” como ocurrió con los fallidos “golpes democráticos”.
La prueba de esta subordinación civil y de esta diferente forma de intervención está en el hecho de que de 1862 a 1930 ningún presidente fue designado por un golpe militar. En cambio, en el medio siglo que le continúa se sucedieron seis golpes de Estado.
¿Cuáles son, entonces, las causas del nacimiento del poder militar en 1930?
Señalaremos primeramente, que el surgimiento de ese poder militar está ligado a la discontinuidad institucional del país, a una crisis política crónica. Desde 1930 hasta 1976 s´lo dos presidentes constitucionales pudieron terminar su mandato legal. El general Justo en 1932 que es elegido mediante un fraude evidente y el General Perón en 1946. Desde 1952 hasta la caída de la dictadura en 1983, ninguno de los cuatro gobiernos constitucionales elegidos por las urnas pudo terminar su mandato: Perón elegido nuevamente en 1952, Frondizi en 1958, Arturo Illia en 1963 y el gobierno peronista de 1973.
En los 28 años de vida institucional que transcurrieron entre 1955 y octubre de 1983 hubo cuatro golpes de estado, tres gobiernos civiles que no terminaron su mandato, 16 presidentes, de los cuales 10 fueron presidentes militares (uno de ellos civil, Guido en 1962, en un régimen militar) y seis presidentes civiles. Este es el resultado de la preponderancia de los militares en la vida pública de la Argentina y del nacimiento de ese ciclo de gobiernos civiles interrumpidos por gobiernos militares.
Se han dado distintas razones que explicarían el surgimiento del poder militar, las que en algunos casos nos parecen simplistas o unilaterales, como es el argumentar que son el “brazo armado de la oligarquía” o que la explicación se encuentra en el “origen social del cuerpo de oficiales” o que son el “instrumento del capital extranjero” o que las intervenciones se dan para “moderar las querellas de los civiles”.
Pensamos que hay un conjunto de causas que explican ese surgimiento y que existe una interrelación entre ellas.
a.- Por un lado, se explica en la tradición de participación del ejército en la vida pública del país que va desde la lucha por la independencia, en el rol que juegan en la conformación del Estado nacional hasta la formación de cimientos de la nacionalidad, en ese de la “argentinización del gringo”, es decir el papel que juegan con la conscripción obligatoria para darle un sentimiento de pertenencia común a las distintas nacionalidades.
En la Argentina no hubo que esperar la formulación de la doctrina de la Seguridad Nacional, en los años 60
para que las fuerzas armadas privilegiaran al enemigo interior y los problemas interiores (económicos y sociales) como centro de su preocupación y acción. Los militares no siguieron estrictamente el modelo europeo de fueras armadas dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, a la vigilancia y defensa de las fronteras, fueron mucho más allá. Desde muy temprano los enemigos del ejército fueron los indios (había que recuperar territorio para la explotación agrícola), el gaucho y posteriormente en el siglo XX los obreros, los anarquistas, los metalúrgicos de Buenos Aires en 1919, los trabajadores de la Patagonia en 1920, la Forestal en el Chaco, etc.
b.- Por otro lado, como se dijo la profesionalización de las fuerzas armadas es la primera piedra de un poder militar independiente. No son una guardia civil o pretoriana, son un verdadero aparato de Estado, una estructura militar poderosa.
c.- Además, el sentimiento de “superioridad”y el “mesianismo” impreso en la formación de los oficiales. Son los que inculcan el patriotismo, los que “argentinizan al gringo”, los que transmiten los valores de la nacionalidad, los “salvadores de la patria”, los padres del culto a la Nación.
Pero, a nuestro entender, las causas de fondo que explican el nacimiento del poder militar y, por ende, del ciclo de intervenciones, son tres:
1.- La ruptura del modelo de desarrollo agroexportador a causa de la crisis mundial de los años 30.
2.- La quiebra del modelo político elitista o restringido que se produce en 1916 con la ampliación de la participación popular a través de la ley Sáenz Peña que establece el sufragio universal.
3.- La crisis de hegemonía que se le abre a la oligarquía a partir de los años 30. Las dos razones apuntadas anteriormente indican la quiebra del sistema oligárquico, es decir, la ruptura del modelo económico de desarrollo y la ampliación de su modelo político respectivo. Esta situación deja un espacio de participación, un vacío hegemónico en la realidad social que pretende ser llenado por las fuerzas armadas –a esta altura bastante politizadas y con una importante tradición de participación- en tanto fuerza política. La crisis desatada demuestra la debilidad hegemónica que tuvo la clase dominante para dirigir la sociedad mediante el consenso y el derecho. En adelante recurrirá a la fuerza y el autoritarismo estableciendo
períodos que podrían denominarse “hegemonía sustitutiva”4
En definitiva, desde el 30 los militares ocupan un lugar preponderante en el escenario nacional constituyendo – por tanto- un componente nacional del sistema político creado hace cinco décadas. En esa época nace el “militarismo” en Argentina, las nuevas y múltiples formas de intervención militar.
Para finalizar ¿cuál es la relación del Estado con las fuerzas armadas?
Se dijo que las fuerzas armadas son una institución del Estado, es el aparato que goza de mayor autonomía en relación a las clases dominantes. ¿Qué pasa entonces con este binomio cuando se produce un golpe de Estado? Sin duda que esa relación se altera, ya que una de las instituciones se hace cargo del conjunto des Estado. Con el golpe es un una rama del Estado –las fuerzas armadas- la que se transforma en Estado, por eso el surgimiento del estado militar o militarizado.
En este momento recurriremos a la imagen de la muleta en tanto sirve para hacer menor o asistir la debilidad de la clase dominante: el Estado. En este binomio y en la interrelación de ambos, encontraremos la explicación de parte de las transformaciones y tensiones sociales de la sociedad argentina, al menos en un determinado nivel. Recapitulando, las fuerzas armadas han sido partícipes en la formación del Estado nacional y en modernización. En su formación, a partir de las guerras de la independencia, al establecer fronteras, al jugar un papel importante en la centralización del poder, en el control – mediante sus cuarteles- del conjunto del territorio, en la conquista de nuevos territorio luchando contra el indio, argentinizando al gringo, etc. Pero también en su modernización, a partir del impulso dado a la industria pesada, es el caso de Fabricaciones Militares (que controla también las actividades siderúrgicas, mineras, forestales, químicas y petroquímicas) por las que tiene también intereses corporativos, ligado a la defensa nacional.
Entonces, vemos como no se puede hablar de fuerzas armadas sin hablar del Estado y de su formación. Es por esta historia también que la desmilitarización del
Estado y la sociedad en la Argentina no será simple ni fácil.
c.- Sistema político y cultura política
Desde hace medio siglo la convivencia social de los argentinos viene siendo regulada por un sistema político que es en parte la expresión del conflicto entre capas sociales con intereses divergentes. En este conflicto la clase dominante ha sido incapaz de articular una manera estable y consensual –salvo en breves períodos-un orden político capaz de llevar adelante períodos-un proyecto de justicia y progreso social para el país.
La discontinuidad institucional y la incesante intervención del poder militar en la vida pública, se origina en esa crisis de hegemonía comentada anteriormente. El sistema político así creado se ha integrado, por regla general o por el funcionamiento en un largo período de una democracia restringida, cuyo componente principal fue, según los momentos, el fraude o la proscripción, o bien, por la instalación directa de regímenes militares de excepción.
El sistema funciona así en los hechos, en la realidad política desde 1930 y no ha podido crear más que una
convivencia inestable entre los argentinos. La particularidad del mismo es que cuenta a las fuerzas armadas como un componente permanente y esencial. Es un sistema político casi pretoriano.
En el interior del sistema han coexistido regímenes democráticos fraudulentos (1932 – 1938 y 1938 – 1943), regímenes democráticos electos bajo la proscripción del peronismo (en 1958 y 1963), regímenes militares de excepción (en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976) con regímenes democráticos con participación plena (en 1946, 1952 y 1973). Al lado del poder civil relativamente débil ha coexistido un poder militar preponderante. La Argentina ha vivido la mayor parte de estos 60 años bajo la limitación de una democracia restringida (fraudulenta o proscriptita) o bajo el delirio de los regímenes militares de excepción.
El sistema así creado es en parte expresión de la crisis de hegemonía abierta por la oligarquía en 1930 y que se prolonga por la incapacidad posterior de esta y de las otras fracciones de la burguesía por restablecer el equilibrio perdido de una “sociedad sin hegemonía”. Los últimos treinta años de la vida política en la Argentina no ha sido más que un período de disputas fraccionales por la aplicación de un proyecto hegemónico que ninguna de las fracciones de la clase dominante llegó
realmente a conformar. La ya tradicional participación de los militares en la vida pública del país, que va desde las luchas de la independencia y la conformación de Estado nacional, pasando por la constitución como actores esenciales del actuar político hasta el régimen militar implantado en 1976 en donde la militarización del Estado y la sociedad alcanzó los mayores niveles, ha llevado a conformar una cultura política particular entre los argentinos.
Esta cultura política explica bien la relación civiles y militares a través de la mediación del sistema político que los cuenta como adversario y aliados a la vez. Sobre esta relación Alain Rouquié señala lo siguiente:
“Nadie se llama a engaño ya que cada partido de gobierno ha tenido su turno y su hora de victoria y de beneficiarse del poder militar.
El pronunciamiento del general Uriburu en 1930 permite la restauración de los radicales, paladines del sufragio universal. Pero el mismo partido radical defensor por naturaleza y vocación de las instituciones democráticas, toma su revancha discretamente en 1943 cuando
el ejército derrota al presidente Castillo. La Unión Cívica Radical que en un primer momento –muy breve por cierto- festeja a los militares golpistas, no había sido totalmente ajena a la preparación del complot de los generales Rawson y Ramirez. En 1995 la caída de Perón señala la vuelta de los partidos “democráticos” víctimas del peronismo. En 1962 el mismo partido radical se desquita de su fracaso electoral de 1958 ocasionado por la “traición” de Frondizi. Y los partidarios de este último complotan contra el presidente radical que resulta derrocado en junio de 1966. En 1976, después del paréntesis del segundo peronismo, los conservadores de todas las tendencias se acercan al poder militar y les ofrecen su apoyo o sus competencias individuales”5
Por nuestra parte podríamos agregar que antes de 1930 cuando existía estabilidad política y un determinado respeto de los militares por las instituciones 5 Rouquié, Alain, “Hegemonía militar, Estado y dominación social”,
republicanas, una personalidad democrática y profundamente respetuosa de la legalidad como Hipólito Irigoyen no vacilaba en impulsar levantamientos militares contra el régimen establecido por la implantación del sufragio universal. Son los conocidos “fusiles democráticos” como el de 1905. Si bien el final es irreprochable, los riesgos de una política de este tipo consisten en sentar un precedente de intento de violación de la legalidad constitucional y de no respeto de las instituciones republicanas, por más que el régimen a derrocar sea aquél que impone una democracia restringida.
Lo que nosotros queremos precisamente es remarcar en relación a la formación de esa cultura política, el antecedente dejado a principios de este siglo o fines del anterior, por una fuerza democrática y constitucionalista. Los radicales (o los que después se llamaron así) han intentado sublevar a los militares desde 1890 hasta la promulgación de la ley Sáenz Peña con e fin de producir cambios en la política argentina (la lucha por el sufragio universal)
Pero el mismo Perón no está exento de culpa y cargo de los beneficios que podría acarrearle los “golpes nacionales” o provinciales. De ahí su conocida frase
“hay que desensillar hasta que aclare”, que explica la posición expectante, o al menos de quietismo frente al golpe de 1966. Por otra parte, un sector de la dirigencia sindical peronista manifiesta su entusiasmo frente al golpe al punto tal que concurre –como José Alonso- y Augusto Timoteo Vandor al acto de asunción del presidente Onganía, o la declaración que saca la C.G.T el 20 de junio donde no oculta una cierta expectativa y una búsqueda de coparticipación en el nuevo gobierno. Y las declaraciones de apoyo al golpe de Prado (secretario general de la C.G.T), Alonso y Vandor.
Perón siendo presidente en 1974 permite (y se beneficia a su vez) el “golpe” producido por el FEDE de la policía provincial de Córdoba que destituyó y detuvo al gobernador y vicegobernador de la provincia Obregón Cano y Atilio López. Ante semejante atentado a las instituciones republicanas cometida por un funcionario policial, el General Perón en lugar de restituir en sus cargos a las autoridades legítimas como condición ineludible de la defensa de la democracia, resuelve intervenir la provincia confirmando de esa manera el golpe trasladando al sistema institucional las contradicciones que tenía en el interior de su movimiento y de su gobierno.
Otra de las grandes figuras de la vida política, Ricardo Balbín, no aparece en una muy buena posición ante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando el día 16 de ese mes pronunciaba un discutido discurso en la cadena de televisión por todo el país. En sus tramos finales Balbín termina por afirmar que al país le quedaban pocos minutos de vida institucional ante el fracaso de las fuerzas políticas por encontrar una salida en el marco de la república, cuando dice:
“Todos los incurables tiene cura cinco minutos antes de la muerte… desearía que los argentinos no empezáramos a contar ahora los últimos cinco minutos”6.
Todo esto nos hace pensar que, ante la violación permanente que las fuerzas armadas cometen contra el orden constitucional, no se ha podido generar en las fuerzas civiles una trayectoria y una posición indeclinable en defensa de las instituciones republicanas y que la particular relación de civiles y militares ha sedimentado en una cultura política que acepta –en mayor o menor medida- la politización de las fuerzas armadas y la pretorianización del sistema político.
d.- La coalición Fuerzas Armadas y clase dominante
El carácter de las intervenciones militares y el rol político jugado por las fuerzas armadas cuenta con diversas interpretaciones. De esta problemática se desprende el punto tan debatido sobre si las fuerzas armadas son o no el partido político de la gran burguesía. Si constituyen o no un partido militar.
Este fenómeno a nuestro entender, tiene que ser examinado no sólo bajo la luz del rol que han jugado históricamente los militares en la Argentina en particular haciendo hincapié en el estudio de la evolución de ese rol en la década del 60 sino también en la relación que guarda ese proceso creciente de politización con la problemática que plantean los regímenes de excepción.
Ya remarcamos el rol político de las fuerzas armadas argentinas, como actores permanentes de la vida nacional, desde la época de la independencia, y en el proceso de conformación del Estado nacional hasta nuestros días, pasando por una etapa que nace en 1920 donde su presencia política se acrecienta al asumir de
aquí en más y en varias oportunidades el control directo del aparato del Estado y, por tanto, de la directiva del sistema político.
Comenzaremos, entonces, por señalar brevemente la ubicación general que tuvo el último golpe. El régimen de 1976 se inscribe en un nuevo modelo de intervención militar en América Latina (Chile, Uruguay) inaugurada en la década del 60, que busca estructurar un nuevo sistema de dominación. Las nuevas dictaduras son una expresión diferente de las anteriores, en la medida que deben enfrenarse a otra realidad (un movimiento de masas más avanzado, período de ascenso de la lucha de clases, profunda crisis política, etc.) y en tanto se originan en otro estadio del desarrollo capitalista.
El golpe de 1976 –como por otra parte el de 1966-expresa un modelo diferente de intervención militar que apunta a producir una reorganización de fondo del Estado y la sociedad. Por eso lo caracterizamos como golpe estratégico y no de tipo “ordenancista”.
Las fuerzas armadas aparecen ahora en el escenario político, no ya solamente como agentes represores y ordenadores de la cosa pública, sino jugando un rol más profundo, intentando dirigir un proceso de
transformación socio-económico. Esa intervención se concretara a nivel de la institución, como el cuerpo entero de las fuerzas armadas, de allí el sistema de sucesión presidencial aplicado.
No se puede negar que el proceso de politización militar en Argentina está desligado del desarrollo mismo del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1946, integra la alianza gobernante, apoyando el modelo de desarrollo propugnado por el estado populista, en la medida en que aquél no sólo daba cuenta de las necesidades de la economía nacional, sino también porque satisfacía a sus intereses profesionales. En ese momento, clima de guerra (los militares imponen la neutralidad en la segunda guerra en contra del grupo dominante) el concepto de Seguridad Nacional está ligado a la necesidad de la defensa de las fronteras. El país tiene que autoabastecerse militarmente, pero para ello necesita desarrollar una industria nacional que cubra, aunque sea parcialmente esos requerimientos. Por eso su identificación con el gobierno peronista en la orientación del “desarrollo nacional”, concepto éste que se relaciona íntimamente con el de seguridad nacional, que en aquel momento era la defensa de las fronteras nacionales.
Pero como se ha visto, a partir de 1955 se cierra un ciclo en la Argentina y un nuevo modelo aparece en el escenario dando lugar a una nueva alianza de clases. Los militares argentinos se comprometen con la nueva etapa abierta, con el modelo de desarrollo propugnado y con los sectores de la burguesía que lo impulsan, los más concentrados de la economía.
Desde los años 60 los conceptos de “desarrollo” y “seguridad nacional” son redefinidos y modificados en su contenido. Así, la seguridad nacional, a diferencia de los años anteriores no se garantiza sino dentro de las propias fronteras del país, el enemigo se ha “interiorizado”. Esta es la función específica y fundamental que les compete a los militares, que la cumplen celosamente y no la delega de ninguna manera.
Su segundo gran objetivo lo constituye el desarrollo nacional, la modernización del país. El concepto varia, como se ha visto, según las coyunturas nacionales e internacionales, las necesidades de la economía abierta y la etapa de desarrollo por la que atraviesa el capitalismo. En esta época, el desarrollo nacional está ligado a un aceitado proceso de concentración
económica. Entonces, la interrelación entre los conceptos “desarrollo” y “seguridad nacional” conforman a groso modo, la estrategia y la ideología del poder militar.
Ahora, la coincidencia con la clase dominante –en marzo de 1976- se concreta en el restablecimiento de la paz social gravemente amenazada, por un lado y por otro en la reconstrucción del país mediante la aplicación de un plan económico liberal, en la reorganización del Estado y en la articulación de un proyecto estable de dominación, que busca consolidar a la gran burguesía como fracción definitivamente hegemónica en el seno de la clase dominante.
Pero en este proyecto las fuerzas armadas no actúan como meros ejecutores de un plan trazado por la fracción dominante, se comportan –en los hechos- como sus representantes políticos, se ponen a la cabeza del aparato del Estado y asumen la dirección del proceso político. Al contario, ellas también –como institución-forman parte de ese proyecto, a la par que son sus principales actores políticos. Ese proyecto tiene que desembocar en un nuevo tipo de régimen político estable y legítimo, en el cual se institucionalice la participación política de las fuerzas armadas en el poder del Estado,
de modo que se consagre largamente la dominación de los militares sobre el nuevo régimen.
Por otra parte, ese proyecto reafirma, otorgándole un estatuto especial, el control absoluto por parte de las fuerzas armadas sobre la Seguridad Nacional, con todo lo que ello hoy implica. Este es un plano de actividad de exclusiva competencia de los militares y cuyas líneas estratégicas son elaboradas por la cúpula militar. Es una responsabilidad y función que no se delega, ya que constituyen la esencia y fundamento de la existencia de las fuerzas armadas.
Entonces, la nueva modalidad de participación política de los militares argentinos responde también a la incapacidad histórica de los sectores más poderosos de la clase dominante en constituir un régimen político estable, con un cierto consenso social, tarea que resulta infructuosa desde 1930. Por la carencia de una representación política (con apoyo social de consenso) los estratos más altos de la burguesía buscan el camino más corto o el único posible para la resolución de las contradicciones, políticas y económicas: el golpe de Estado. En este sentido, los golpes de 1966 y 1976, son también, en alguna medida, la expresión de una clase de representación política de aquellas fracciones de la
burguesía pero no la causa de fondo. La intervención militar y la construcción de un régimen de excepción es consecuencia de la necesidad de ordenar los conflictos internos de la clase dominante y poner en marcha un plan de reestructuración de la sociedad, sobre la base de establecer una hegemonía en la sociedad.
Si bien, entonces, las fuerzas armadas con el golpe de 1976, se convierten, en los hechos, en los representantes políticos de los estratos más altos de la burguesía argentina, asumiendo el poder del Estado, no constituyen sin embargo un mero instrumento manipulable por aquellos ni un partido en sentido estricto. Al contrario conservan una autonomía relativa. Autonomía que, por otra parte, nunca perdieron y que dio lugar, justamente, al nacimiento de la coalición gobernante. No constituyen un partido, básicamente, porque las fuerzas armadas son una institución estatal y en cuanto tal poseen una cierta autonomía y una especificidad estructural que las caracteriza.
Por otra parte, a raíz de la inserción que tienen en la sociedad se ven penetradas por las tensiones y contradicciones sociales. Constituyen por su propia característica (disciplina, jerarquía, centralización en las decisiones, etc.) una fuerza unida, pero no monolítica.
Las contradicciones sociales la penetran y las diferencias se manifiestan en su interior. Es decir, que coexisten en el interior del aparato militar distintas ópticas e interpretaciones sobre la evolución del proceso político – social y por ende, de las estrategias a implementar.
Por lo tanto, el régimen surgido del golpe de 1976, será expresión de una coalición de las fuerzas armadas con el liberalismo económico y monetarista, que se asienta en la puesta en marcha de un proyecto a largo plazo, que tiene los objetivos concreto que enumerábamos anteriormente y, de los cuales son partícipes las fuerzas armadas, en tanto actores dinámicos y creativos de ese proceso y no en cuanto simples instrumentos de los otros componentes de la alianza. De allí, que se haya articulado una convergencia de intereses en la coalición formada con el autoritarismo militar.
Hay que comprender también que esa convergencia se sitúa en un determinado contexto institucional, es decir, en el marco de un régimen de excepción. En la constitución de ese régimen se ubica el reencuentro político de las fuerzas armadas con el liberalismo económico, en cuanto que aquel apunta a resolver una
crisis de hegemonía y a conservar un plan de reorganización del Estado y la sociedad.
Más concretamente, la alianza del 76 se articula alrededor de un programa económico liberal, que deja en plena libertad al mercado, permite la apertura de la economía y establece la función subsidiaria del Estado. Las fuerzas armadas se comprometen a reestablecer el orden social y a trazar, en el largo plazo, un nuevo orden político.
e.- Los principales actores de la clase dominante
Hemos hablado de una coalición de las fuerzas armadas con los sectores más concentrados de la economía, con los personeros del liberalismo económico, sin haber intentado una caracterización mejor de ese grupo dominante. Por eso, con el ánimo de evitar confusiones y aclarar mejor lo que se quiere decir cuando se usa una terminología determinada para referirse a ciertas figuras del proceso económico argentino, es que pretendemos realizar esta caracterización, sin intentar hacer un análisis de la estructura de clases en la Argentina.
Nos referimos en primer lugar a la denominada Oligarquía o gran burguesía agraria. Se trata de un actor con una significación primordial en la vida de Argentina. Su tradicional participación en la formación de la historia económica y política del país desde los orígenes mismos de la Nación hasta nuestros días le otorgan un peso particular. Largo período en el cual ha ido jugando distintos roles según fuera el modelo de acumulación aplicado y según fuera, por ende, el contenido de la alianza de clases que controlara coyunturalmente el poder el Estado.
Señalado esto, desarrollaremos las principales características que permitirán definirla como la fracción dominante de la burguesía argentina, aunque no hegemónica y que a la vez es lo que permite afirmar que su situación privilegiada en la economía –proveniente del campo y de sus intereses diversificados- no corresponde a la clásica división que se realiza sobre las distintas fracciones que componen la burguesía.
1.- Si bien su posición política hegemónica entra en crisis en 1930, cuando se derrumba el modelo de desarrollo agroexportador y la Argentina pierde su inserción estable en el mercado mundial, no pierde sin embargo su papel de actor político fundamental del
proceso nacional. Su rol varía en los distintos gobiernos, pero su presencia es viva y permanente, peso a no contar con un partido con apoyo social que la represente.
2.- Su peso político proviene del valor estratégico que posee el agro en la estructura económica del país. El agro constituye un sector clave en la economía, sobre todo en momentos de crisis externa, por ser la fuente principal de ingresos de divisas para el país, a partir de las exportaciones.
Desde el momento que la industria pasa a ser más importante en la economía, en 1935, su crecimiento y desarrollo dependerá de la capacidad de importar del país. Las distintas políticas industriales aplicadas desde 1946 no pudieron superar esta limitación, estructural de la economía argentina y llegar, por tanto, a obtener un desarrollo industrial autosostenido.
3.- La particularidad de este grupo radica en la diversificación obtenida con el correr del tiempo. El abanico de intereses que representa es amplio, sus inversiones no sólo están radicadas en el campo, sino que también están emplazadas en la industria y en las finanzas, lo que les otorga una implantación más
completa de la economía, creándose una imbricada red de intereses económicos.
De esta manera, los beneficios provenientes del campo son invertidos en la industria o bien colocados en el circuito financiero (bancos, instituciones financieras, compañías de seguros) o viceversa. Igualmente son comerciantes y están interesados en el mercado mundial por la colocación de los productos agropecuarios. En una posición interesante Rouquié plantea que “Nuestra hipótesis es que lo que cuenta parece ser para este grupo social dominante, cualesquiera sean sus miembros, precaverse contra esquemas rígidos de inversión, para poder mejor aprovechar las coyuntura favorables y dispersar los riesgos”7
4.- El liderazgo exclusivo y absoluto de este grupo se rompió en 1930, aunque con la llegada del yrigoyenismo en 1916 sufrió una seria fisura. Ese vacío hegemónico fue cubierto transitoriamente en un período determinado, quedando en la actualidad por resolver la crisis de una sociedad sin hegemonía.
Ahora bien, la crisis de hegemonía existe, justamente, porque no se puede resolver la crisis estructural argentina. Es decir, la no resolución de la crisis económica es lo que genera la crisis de hegemonía en la sociedad y no a la inversa. Por la irresolución de aquella es que nace ésta.
No obstante el liderazgo en crisis, seguimos pensando que la oligarquía es la tracción social dominante de la burguesía argentina, ya que no pudo ser reemplazada definitivamente por ninguna fracción de la burguesía industrial. Pero no es sólo a nivel económico donde ha declinado el liderazgo de la oligarquía sino también en el cultural. Señalamos ya este elemento como fundamental en el contenido del concepto de hegemonía. No se comprende esta noción sin el ejercicio de una “dirección moral y cultural” de la sociedad. Y es, probablemente, en este terreno donde sea mayor la pérdida de la gran burguesía agraria.
Entonces, pese a sus intereses diversificados la seguiremos denominando oligarquía o gran burguesía agraria, a falta de otra denominación mejor. Al señalar sus intereses variados no negamos la existencia de una fracción industrial con intereses específicos, ni suponemos, por tanto, la identidad de ambas.
La burguesía industrial argentina ha contado, desde el siglo pasado, con una fracción que operaba en las ramas vinculadas al agro. El desarrollo de este sector industrial estuvo ligado a la expansión del sector agropecuario. Se trataba de la industria frigorífica, la de alimentos y las bebidas, etc.: núcleo que se agrupa tradicionalmente en la Unión Industrial Argentina (UIA). En los años 30 –aunque ya hay indicios en la década anterior –empieza a formarse otro sector diferenciado, conformando lo que dieron en llamarse industrias “artificiales” (por oposición a las “naturales”). Esta fracción va surgiendo como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones, necesitando del Estado para crecer ante la ausencia de un proceso de “acumulación primitiva” en el período anterior.
Este sector interesado en la ampliación del mercado interno se encuentra favorecido durante el gobierno peronista al punto que integra la alianza gobernante, sin llegar jamás a conformarse como una burguesía nacional con capacidad suficiente para articular un proyecto propio de desarrollo capitalista autónomo. Se expresa institucionalmente por la Confederación General Económica (CGE)
Desde 1952 – 53 la insuficiencia de saldos exportables impiden que el país pueda continuar con su desarrollo industrial por vía propia. Para sortear ese obstáculo el gobierno de Frondizi abre la economía al ingreso de capitales extranjeros para proseguir con ese crecimiento, tarea que retomará –con algunos matices-Krieger Vasena durante el gobierno de Onganía. Las inversiones realizadas darán lugar a un proceso de desarrollo industrial asociado, permitiendo el surgimiento de nuevos actores sociales que si bien tuvieron gravitación no lograron revertir ese predominio económico en hegemonía política.
No nos detendremos en señalar, por ser harto conocido, las diferencias que separan la SRA y la CARBAP y los enfrentamientos entre éstas y la Federación Agraria Argentina. Creemos que con las caracterizaciones anteriores se han cumplido los objetivos de este punto.
f.- El complejo militar – industrial argentino
Cuando se habla de la militarización del Estado y la sociedad no se alude solamente a la presencia activa y permanente de las fuerzas armadas en la vida pública de un país, sino también a la implantación que éstas adquieren en la economía. Las fuerzas armadas argentinas partiendo de una tradicional preocupación –
que tiene toda institución militar- de aprovisionamiento de material de guerra, fueron progresivamente conducidas a participar del desarrollo económico del país, cuando no a dirigirlo abiertamente, a través de la creación de un complejo militar – industrial.
En todo complejo militar – industrial se establece una coalición de intereses entre militares e industriales con la finalidad de desarrollar un proceso permanente de producción y venta de armamentos. Como se verá en el caso argentino, el interés de las fuerzas armadas en la industrialización se extenderá más allá de la preocupación estrictamente profesional para incursionar en áreas de esta actividad que no se vincula con la estrategia y necesidades militares.
Las fuerzas armadas jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la industria pesada, ocupando un espacio que el empresariado no pudo llenar. Pero, si se considera a aquellas como formando parte del aparato del Estado. Ese proceso llevará en última instancia a resaltar la participación del Estado en las actividades productivas en reemplazo de la iniciativa privada.
De esta manera el poder militar no se limita solamente a los tradicionales golpe de Estado y al rol político de los
hombres de armas, sino que incursiona en el terreno de la actividad económica. Pero esta incursión va más allá del hecho de la participación económica de la institución militar para alcanzar y convertir a sus oficiales superiores, retirados o en actividad, en dirigentes de empresas privadas, nacionales o extranjeras. Este fenómeno ha alcanzado en la actualidad un desarrollo considerable.
En cuanto a la historia de la formación de ese complejo señalaremos brevemente que la primera guerra mundial pone al descubierto el atraso relativo que poseía el ejército argentino, frente a un Europa que sacudida por la guerra, avanzaba y renovaba su tecnología y poderío militar. Esa preocupación alcanzó en 1916 a algunos oficiales –entre ellos a Enrique Mosconi- que proclamaba la necesidad de industrialización del país como medio indispensable del reequipamiento bélico. Desde esta perspectiva el escaso desarrollo industrial limitaba las posibilidades de la renovación armamentista, lo que incidía directamente en la capacidad de asegurar la defensa nacional.
El Estado, desde luego, no es ajeno en este proceso al desarrollo de la industria bélica, la industria de base y estratégica del país. En el mes de junio de 1922
Yrigoyen crea la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, lo que significa un paso importante en la presencia del Estado en la actividad productiva y algunos meses más tarde el presidente Alvear designa al Coronel Mosconi al frente de la empresa estatal.
La participación de los militares en la actividad productiva comienza así para luego continuar en 1923 con la creación de la primera Fábrica Militar de Armas y en 1927 con la Fábrica Militar de Aviones.
Este proceso continúa en 1935 con la creación de la Fábrica Militar de Aceros (producción de lingotes, laminados) en 1936 se crean la Fábrica Militar de Armas portátiles “Domingo Matheu” y la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1937 la Fábrica Militar de pólvoras y explosivos de “Villa María”. En 1941 se organiza la Dirección General de Fabricaciones Militares, que va a reagrupar al conjunto de las fábricas militares, convirtiéndose así en la principal empresa estatal, ocupando el 19° lugar en el ranking de las principales empresas del país.
La segunda guerra mundial evidencia nuevamente el atraso bélico en las fuerzas armadas argentinas, resurgiendo nuevamente los intereses corporativos en el
desarrollo industrial. Las décadas del 30 y 40 están signadas por la necesidad del reequipamiento militar, gestándose en el interior de las fuerzas armadas y en el gobierno dos posiciones: la primera, entendía que había que abastecerse afuera y la segunda, reivindicaba el autoabastecimiento.
Lo cierto es que en la década del 30, los planes militares de autoabastecimiento chocan con el limitado desarrollo industrial. Se carece de infraestructura suficiente, no existe una industria de base y la naciente burguesía industrial no tiene la fuerza suficiente ni la capitalización necesaria para montar esta industria pesada. De allí, la necesidad del Estado.
Aquí se ve de nuevo con claridad cómo la clase dominante utiliza al Estado como muletas para cambiar su dirección de una nueva etapa de crecimiento industrial. Este impulso industrialista favorecería no sólo si interés corporativo, profesional de las fuerzas armadas, sino también el interes general de la economía.
Con los conservadores en el poder (hasta 1943) los militares industrialistas no encuentran una política favorable a sus intereses corporativos. Hasta falta una nueva política económica y un proyecto diferente para
que se contemplen las necesidades específicas del sector militar.
En la década del 40 se elabora diversos planes militares de desarrollo industrial. Es una etapa de la institución armada en la que se comienza a vincular, ya en un plano más coherente y elaborado, el desarrollo de las industrias estratégicas ligadas a la defensa nacional. Así surgen el “Plan de Movilización Industrial” de Luciano Catalana en 1943 y el Plan de Fomento Industrial del teniente coronel Sanguinetti en 1946. Pero quien sintetiza esa etapa y el pensamiento militar es el general Manuel Savio con su proyecto de industrialización integrada. El plan Savio, sancionado en 1947, fue el más importante, ya que articula de manera integral tres ejes fundamentales8: 1°) el desarrollo industrial 2°) la
defensa nacional y 3°) la intervención estatal.
En nuestros días Fabricaciones Militares constituye uno de los grupos industriales y financieros más importantes de la Argentina. Alrededor de 1.700 artículos diferentes son producidos en sus 14 fábricas repartidas en todo el territorio del país, destinándose el 8 Panaia, M. y Lesser R (1973). “Las estrategias militares frente al proceso de industrialización (1943 – 1947)” en Estudios sobre los
90% de su producción para uso civil, lo cual es colocado en el mercado nacional y extranjero.
Asimismo, Fabricaciones Militares control un grupo importante de sociedades, algunas de ellas mixtas como SOMISA, con intereses en los principales sectores de la producción.
En petroquímica9, Fabricaciones Militares (F.M) posee el
50% de las acciones de “Petroquímica General Mosconi”; el 11% de “Petroquímica Río Tercero”; el 30% en “Petropol”; el 17% en “Petroquímica Bahía Blanca”. Además, por intermedio de Petroquímica Río III, F.M tiene participación en otras empresas petroquímicas como “incuclor”, el 30% de las acciones de “Monomeros Vinílicos”, el 30% de “Polisur”. Lo mismo sucede con otras empresas en las que tiene participación a través de Petroquímica Bahía Blanca.
Establecimientos que dependen totalmente de Fabricaciones Militares
Nombre del
Establecimiento Producción
9 Datos tomados del trabajo de Raúl Green. “Les entrepnses publiques face a la nouvelle strategie économique (1976 – 1980) en
ETs. Minero Capillitas Altos Hornos Zapla ETs. Azufrero Salta Central Forestal Pirene FM Cartuchos San Francisco FM Río III
FM de Pólvora y explosivos Villa María
FM Fray Luis Beltrán
FM de armas portátiles Domingo Matheu FM de Tolueno Sintético FM de material pirotécnico FM de material de comunicación FM de conductores eléctricos FM de Acido Sulfúrico Piedras Siderurgia Integral Azufre Carbón
Mecánica, discos para agricultura
Fundición, forma mediana y pesada, tornería
Explosivos de uso civil y sismográfico. Pólvora Munición, vagones Armas varias Solventes, sintéticos Material pirotécnico Electrónica de precisión Conductores eléctricos Acido Sulfúrico
En el sector de química, FM detenta el 42% de las acciones de “Carboquímica argentina”, el 22% en “Atanor”.
En el sector siderúrgico, FM posee el 99.9% de las acciones de “SOMISA” una de las principales empresas del país
En el sector minero, FM detenta el 76% de las acciones de “HIPASA” (Hierro Patagónico SA) y controla el
yacimiento del “Farallón Negro”. Igualmente tiene participación en los yacimientos de cobre de “Famatina” y Bajo de la Alumbrera.
Esta verdadera fortaleza estatal que representa Fabricaciones Militares le otorga a las fuerzas armadas un poder en la actividad económica que le ha permitido jugar un rol importante en el desarrollo del país. Además, a través de la Fuerza Aérea, controlan y dirigen la “Fábrica militar de Aviones de Córdoba”. También las fuerzas armadas orientan en el campo de la investigación estratégica para el país, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la que se organiza a través del CITEFA (Centro de Investigación Técnica de las Fuerzas Armadas), el Instituto de Investigaciones Aerospaciales, el Instituto Geográfico Militar, etc. que los ubican a la cabeza de las investigaciones técnicas y científicas de la nación.
LOS REGIMENES MILITARES DE EXCEPCION 1.- Los regímenes de excepción
a.- Nociones generales
Las revoluciones democráticas burguesas al alterar las relaciones de propiedad traen consigo una modificación drástica en la estructura de poder. Las relaciones capitalistas de producción son las que explican el surgimiento de un nuevo tipo de Estado y de un nuevo régimen. Hay que comprender la conexión que existe entre la estructura y las distintas formas políticas que asume el poder estatal. De allí que la naturaleza de clase del Estado deba ser descubierta también por el tipo de propiedad que le dio origen y que al mismo tiempo reproduce y protege.
El establecimiento de un nuevo régimen político que garantice la reproducción de las relaciones capitalistas fue el objetivo supremo de la revolución democrática burguesa. La forma de gobierno que mejor conducía a la estabilidad de la sociedad burguesa y que expresa una combinación determinada de fuerzas sociales, era la República Democrática Parlamentaria. Esta se asienta y descansa, en consecuencia, en las relaciones de propiedad capitalista y no en otro tipo de propiedad. Entonces, la implementación del régimen parlamentario significará la coronación de ese proceso histórico en el cual la naciente burguesía destruye el viejo orden y construye uno nuevo, previa modificación radical de las
premisas económicas que la sustentaban. El nuevo sistema se legitima sobre la base del principio democrático de la “soberanía popular” en contraposición del principio monárquico que entendía que “el Poder era otorgado por Dios”. Por consiguiente, se vuelve imprescindible la consagración legal de este régimen político a través de la fundación de un ordenamiento jurídico institucional legítimo.
Por otra parte, como es sabido la bandera de la “soberanía popular” tiene una explicación histórica concreta: la necesaria movilización de la población en la lucha contra el régimen monárquico.
No obstante, la república parlamentaria no es la única forma de gobernar que tiene la burguesía. Si bien se puede decir que es la forma “normal” del ejercicio institucional del poder, sin embargo las formas autoritarias están en germen, presentes, en el Estado capitalista. El problema consiste en saber por qué y cuándo serán utilizadas.
Suele ocurrir que en determinadas épocas de crisis social los regímenes parlamentarios se ven interrumpidos, dando lugar a formas excepcionales de gobierno, a regímenes de excepción, que con sus
diferentes expresiones conforman el fenómeno conocido de los Estados autoritarios. Precisamente, son las crisis políticas las circunstancias que dan lugar a los diferentes regímenes de excepción. Pero, naturalmente, no se trata de cualquier crisis política. La misma debe alcanzar una cierta dimensión y gravedad, que la lleva a agudizar notablemente las contradicciones políticas sobre las clases sociales y a modificar la relación de fuerza entre ellas. Entonces, el régimen de excepción puede sobrevenir para poner fin a un proceso de crisis de dominación política o para resolver una situación de crisis de hegemonía del bloque dominante.
Si la crisis política emergente no puede ser resuelta en el marco del régimen democrático la intervención del régimen de excepción se vuelve necesario, es decir, que la clase dominante buscará resolver la crisis en el marco de una profunda modificación de los aparatos de Estado. Y justamente una de las funciones del régimen democrático consiste en permitir a la clase dominante la resolución en su interior de toda modificación en las relaciones de fuerza entre las clases, de hacer frente a las diferentes crisis políticas, sin transformar drásticamente su estructura institucional ni producir grandes cambios en el aparato del Estado. Pero, si ese
objetivo central no es alcanzado bajos ese régimen, sobrevienen las formas excepcionales de gobierno.
2.- Los regímenes militares de excepción
Nosotros caracterizamos los regímenes militares en la Argentina como regímenes de excepción. Como regimenes y no como Estado de excepción, porque a lo que se llama Estado de Excepción es en realidad un régimen político. Por eso consideramos los diferentes regímenes de excepción en el marco de la especificidad del Estado militarizado.
Con el inicio de la era militar hace medio siglo, por ende, con el predominio de los militares en la política argentina, el Estado militar se ha manifestado en si tiempo bajo la forma de diferentes regímenes militares de excepción (con el matiz de que el golpe de 1962 tuvo un presidente civil), asumiendo la dirección de la sociedad para efectuar cambios desde distintas orientaciones y perspectivas. Estos proyectos diversos fueron, entonces, puestos en práctica por otros tantos regímenes militares.
a..- Validez del concepto “régimen de excepción”
Sin duda, el concepto de excepción es discutible. Algunos autores consideran que es una terminología poco apropiada y equivoca para ser aplicada a realidades como la de América Latina. El interrogante que se presenta y que examinamos está referido a la validez de este concepto para interpretar, de una manera más o menos científica, fenómenos como los regímenes en sociedades dependientes como la Argentina.
Algunas posiciones que descalifican este concepto, consideran que en Latinoamérica desde la independencia hasta nuestros días, pero principalmente en los últimos años, la “norma” como forma de gobierno ha sido la dictadura militar y no los regímenes democráticos, los cuales entran en la categoría de “excepción”. Por tanto, se puede concluir, si la excepción pasa a ser la norma deja de ser una excepción.
De allí, que Heinz Sonntag buscando resolver esta dificultad propone como fórmula: Estado de excepción permanente. Creemos que el problema queda en el mismo lugar. Si la excepción se torna permanente deja de ser una excepción.
Nosotros pensamos, no obstante, que hay que llegar al núcleo del problema, buscando desentrañar el contenido real del concepto, que no se reduce al simple dilema “norma” y “excepción”. Si bien debemos reconocer que el término régimen de excepción aparece un poco confuso cuando se aplica a realidades políticas inestables como las que atraviesa la Argentina.
Pareciera que para poder hablar del régimen de excepción en la Argentina o en América Latina hay que hacer alusión a una forma de gobierno, que tendría aquel carácter sólo si se presenta en la realidad excepcionalmente, esporádicamente y no de una manera frecuente. No es la mayor o menor frecuencia lo que caracteriza solamente al concepto. Pareciera, entonces, que se simplifica la idea a un problema aritmético.
Al contrario, la “excepción” hace referencia a la necesidad que tiene el Estado capitalista de recurrir a formas institucionales, métodos, procedimientos y leyes en situaciones consideradas anormales, de emergencia, excepcionales, que están previstas o no en le cuerpo legal de la Nación, para restaurar, conservar el poder o la hegemonía política de la clase dominante o de una de sus fracciones. En otras palabras, se debe recurrir a
formas excepcionales de gobierno, a un esquema de dominación diferente que aquel que se aplica en épocas normales, adecuadas a situaciones consideradas como de crisis o emergencia.
Este es el verdadero sentido del concepto. Pero, sin duda, que la reiteración de la “excepción” lo vuelve confuso. Sin embargo, la asiduidad no invalida el concepto.
Hay otro elemento a tener en cuenta la transitoriedad. Si bien los regímenes militares de excepción son frecuentes en la Argentina, no por ello dejan de ser transitorios, no pueden constituirse en gobiernos permanentes. Esta característica de la transitoriedad de los regímenes militares en América Latina la señala correctamente Alain Rouquié, aunque refiriéndose a otra problemática, en un libro reciente: “Se ha señalado muchas veces la instabilidad del poder fuerte. Los regímenes militares institucionalizados, aunque ellos aparezcan como la regla en un país, siguen siendo sin embargo Estados de escepciókn, por más paradójico que esto pueda parecer” (p. 420) Y en una línea más adelante agrega: “El (régimen militar) es transitorio por esencia. Un sistema
militar permanente es casi una contradicción en sus términos” (p. 421)10
Por otra parte, la reiteración, la asiduidad de los regímenes militares de excepción no es más que la expresión de la incapacidad de la burguesía de imponer su dominación de clase al conjunto de la sociedad bajo un orden estable y consensual. Es la incapacidad de la clase dominante de fundar un orden político legítimo, estable y consensual, debiendo –en consecuencia-apelar a los golpes de Estado y a los regímenes militares, como sucede la mayoría de las veces para acceder al poder del Estado.
Así, cuando la Argentina entra en su etapa definitiva de reorganización nacional, a partir de mediados del siglo pasado y el Estado nacional comienza a configurarse, la clase dominante (la oligarquía terrateniente) busca consolidar su dominio restringiendo la participación política de la mayoría haciendo caso omiso del texto liberal de la Constitución de 1853 que no establecía limitaciones a los ciudadanos para la emisión del sufragio. Se legitima, entonces, un sistema de dominación oligárquico asentado en una reducida base 10 Rouquié, Alain (1982) L’état militaire en Amérique Latine. Editions
social de apoyo, merced a la restricción política de las clases populares.
Lo cierto es que este sistema, ya en crisis, hegemonizado por la fracción más poderosa de la burguesía agraria se quiebra definitivamente a mediados de la década del 40, aunque ya el modelo de desarrollo agroexportador había agotado su ciclo con la crisis mundial de 1930. En todo este período (1862 – 1943) la fracción más poderosa de la clase dominante muestra su debilidad hegemónica para dirigir al conjunto de la sociedad (hay que excluir en paréntesis radical), debiendo en un primer momento apelar a la restricción de la participación política y más adelante (después de 1930) deberá recurrir a la intervención militar y al fraude electoral.
Por el contrario, la nueva alianza de clases que se consolida a partir de 1945 habilita un orden político legítimo y consensual durante 10 años, mediante el ejercicio del sistema de representación de partidos. El parlamento, el sistema electora y los partidos políticos vehiculizan un proyecto que legitima ese régimen. Con el derrumbe de ese ordenamiento se acelera el ritmo de la presencia de los regímenes militares, que interrumpen sistemáticamente todos los gobiernos elegidos
constitucionalmente, al abrirse en 1955 una crisis de hegemonía en el conjunto de la clase dominante.
Los estratos más concentrados de la burguesía al carecer de un partido político con ascendencia en la población no puede competir con alguna posibilidad de triunfo en el libre juego de la contienda electoral, frente a unos adversarios con menor poder económico (radicalismo, peronismo) pero con mayor caudal de votos. Las fuerzas armadas, en este sentido están llamadas a reemplazar en los hechos –sobre todo después de 1955- al partido ausente de la gran burguesía agraria e industrial.
En síntesis, la oligarquía terrateniente no supo en el período de la fundación del Estado nacional y la conformación de la Argentina moderna, organizar representación política orgánica. Su concepción elitista de la política, restrictiva de la participación popular, no dio cuenta sino parcialmente –en los diferentes momentos históricos- del crecimiento del país. El ingreso de divisas por las exportaciones de materias primas, la inmigración europea y el capital inglés, fueron los elementos determinantes en toda una primera etapa de la vida de la República. El modelo de desarrollo agroexportador con su reverso elitista en lo
político conformaron un sistema que dificultó la tarea de echar raíces en el país popular. En lo esencial se encuentran en esto las causas de la carencia histórica de la oligarquía, situaciones que la fracción industrial de la gran burguesía no pudo tampoco revertir en la década del 50 y 60.
En definitiva, pensamos a la dictadura militar como una forma de régimen de excepción en un sentido que ella no es la forma institucional mediante la cual la burguesía organiza el Estado nacional. No es a través de esa forma de gobierno, de ese régimen, que se proyecta y planifica ejercer la dominación política. Por el centenario se pretendió organizar institucionalmente al país sobre la base de la Constitución Nacional de 1853, es decir, a través de la forma republicana de gobierno, la división de poderes, la democracia representativa, los derechos y garantías individuales.
Ahora bien, si el régimen democrático en la Argentina carece de continuidad al no poder consolidar un funcionamiento regular y estable, es una cuestión que nos remite, como se ha dicho, al problema de la gravedad de la crisis política y a la incapacidad de la burguesía en resolverla, para desembocar –por tanto- en
los fundamentos mismos y en esencia de los regímenes de excepción.
Es por esa misma frecuencia que la clase dirigente busca a partir de la Jurisprudencia legitimar esos regímenes, cuando en consecuencia una verdadera doctrina jurídica sobre los “gobiernos de facto” que reconoce y otorga plena validez a los actos emanados de esos tipos de regimenes, que no respetan los procedimientos señalados a esos efectos por la Constitución Nacional, de modo a no perder la continuidad en la vida jurídico – institucional de la Nación. Los gobiernos de facto sancionan leyes, renuevan al Poder Judicial, producen actos de gobierno, etc., los cuales mediante esa justificación son integrados al cuerpo jurídico institucional del país.
b.- Crisis de hegemonía y regímenes de excepción
El período iniciado en 1955 extiende la crisis de hegemonía al conjunto de la clase dominante. La discontinuidad, la sucesión de gobiernos abortados – civiles o militares- con sus proyectos a mitad de camino, signan de alguna manera estos años, quedando siempre
en pie la necesidad de estructurar un régimen político estable.
Desde 1952 (la segunda presidencia de Perón) hasta 1976 ninguno de los cuatro gobiernos civiles pudo terminar su mandato constitucional. Desde entonces lo que ha predominado en el seno de la clase dominante no ha sido precisamente la homogeneidad y la coherencia sino las disputas fraccionales por la imposición de uno u otro proyecto hegemónico de poder. Los enfrentamientos internos de los diversos sectores, cada uno desde su propia perspectiva, le han otorgado un carácter contradictorio y vacilante a las distintas políticas de poder. La ausencia de una fracción
claramente hegemónica, que impusiera
indiscutiblemente su liderazgo al conjunto de la clase superior y a la sociedad, da lugar a esta lucha intestina. Por una parte, la necesidad de los sectores más concentrados de la burguesía de proyectar su predominio económico en hegemonía política tropieza con serias dificultades: la carencia de base social y política de apoyo. Por otra parte, los sectores políticos que sortean sobradamente esta dificultad encuentran obstáculos de otra naturaleza: el menor poderío económico y lo irreversible que ha sido el proceso de concentración de capital.
