CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DÍAZ. Referencia No. 20914.

Acta No. 73.

Bogotá, D.C. catorce (14) de noviembre de dos mil tres (2003).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS S.A. -CADENALCO S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 12 de julio de 2002, en el proceso instaurado por GERMÁN HERRERA CORTES.

I. ANTECEDENTES

GERMÁN HERRERA CORTES demandó a la sociedad GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS S.A.

-CADENALCO S.A. con el fin de que se “establezca el verdadero

salario promedio variable devengado por el actor al momento de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales y con base en él se proceda al reajuste de los pagos que se hicieron en dicha liquidación, por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías; además se

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ordene la liquidación y pago de las dos comisiones dejadas de cancelar por concepto de ventas y lo que extra y/o ultrapetita resultare probado; y las indexaciones de los dineros debidos hasta su cancelación” (Folio 2).

Pretensiones que fundó, en síntesis, en que, trabajó para la entidad demandada como encargado de inmuebles desde el 18 de febrero de 1985 hasta el 15 de enero de 1998, fecha

en la cual “la empresa dio en forma unilateral e injusta por terminada la

relación laboral” (folio 2); que por convenio anexo al contrato inicial se

acordó que además desempeñaría el cargo de Gerente de Inversiones Comerciales e Inmobiliarias S.A., Gerente de Inmuebles y Arrendamientos S.A., y Subgerente de Centro Comercial Sarín Ltda.,

por los que además del salario recibiría “una comisión del 1.5% sobre

el valor de las propiedades vendidas por el trabajador directamente y un 0.5% sobre el valor de las propiedades vendidas a través (sic) de intermediarios, comisionistas, lonjas o corredores de finca raíz” (folio

3); con gastos de viajes, viáticos y costos legales a cargo de Cadenalco S.A.; reconocimiento de los gastos de publicidad y de las ventas de bienes raíces; lo que significa que su contrato de trabajo fue

de carácter especial, cuyo “monto del salario estuvo determinado por

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Sostuvo que por petición de la empresa presentó renuncia al cargo de jefe de bienes o encargado de inmuebles a partir del 15 de enero de 1998, que no le fue aceptada, y

que no obstante ella, resolvió “dar por terminado el contrato de trabajo

a partir de enero 16 de 1998” (folio 6); y que en su liquidación definitiva

solo se tuvo en cuenta el salario básico, dejando por fuera, las

comisiones del 1.5% y del 0.5% “de las ventas efectuadas y que

corresponde al salario de las funciones que como Gerente, subgerente y representante legal de algunas filiales se habían pactado” (folio 6);

que además se dejaron de pagar las comisiones causadas por las ventas efectuadas a Ramón Aristizábal y Gladis Yepes, y a la firma Inversiones P.C.H. Ltda.; y agregó, que por medio de acuerdo transaccional, se pretendió reemplazar los valores generados por la

venta de los inmuebles, “por el pago de una bonificación única,

ocasional ... de $82.500.000.= mc.” (folio 7).

Al contestar CADENALCO S.A. se opuso a las pretensiones y condenas; y adujo que canceló la indemnización por despido sin justa causa, que adicional al contrato de trabajo, celebraron contrato de corretaje comercial sin carácter salarial, y que

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retribución por la venta de inmuebles” (folio 78); y que canceló todos

los valores debidos según los acuerdos celebrados.

Alegó en su defensa que además del contrato de trabajo, celebraron un acuerdo complementario de venta de inmuebles por el sistema de corretaje, sin que constituyera salario; y

que firmó acuerdo transaccional en el que “la bonificación por la venta

de inmuebles se transigió por una bonificación única y especial, no constitutiva de salario” (folio 79), ratificándose que los pagos

efectuados por venta no constituían salario; acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada y que no estuvo afectado por vicios del consentimiento. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, pago, compensación, cosa juzgada y acuerdo transaccional.

Mediante fallo del 8 de octubre de 2001, el

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la

sociedad demandada de “todos los cargos formulados en su

contra” (folio 158), corriendo las costas a cargo del actor.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

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Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, con la sentencia aquí acusada el Tribunal Superior de Medellín, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar, condenó a la demandada al pago de la suma de $149.038.766.70, por concepto de reajustes de indemnización por despido injusto, cesantías, vacaciones y prima de vacaciones, imponiendo costas en un 70% a la accionada.

El Tribunal consideró que de acuerdo con el anexo al contrato de trabajo celebrado entre las partes, de 18 de febrero de 1985, la remuneración pactada por comisión derivada de la función como gerente de las sociedades filiales a la empresa Cadenalco constituía salario y no simples comisiones causadas por un contrato de corretaje, como pretendía hacerlo ver la demandada; pues en dicho documento se habla de un anexo al contrato de trabajo, regido por las condiciones de éste, en donde el demandante gozaba de la calidad de trabajador; razón por la que tal comisión forma parte de la base salarial para efectos de la liquidación de prestaciones e indemnizaciones, como lo acepta el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto al anexo suscrito el 23 de mayo de 1985, del que dice que las partes convinieron que las comisiones no

constituían salario, el ad quem afirmó que era ineficaz, ya que “dicho

rubro tenía como causa el servicio que prestaba el empleado, es decir, con carácter retributivo u oneroso, no de gratuidad o de mera liberalidad, el cual entraba directamente al patrimonio del trabajador y

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no se trataba de un beneficio de carácter extralegal” (folio 181). Con

base en la jurisprudencia citada, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo norma que regía al momento de la celebración del convenio adicional, y las propias de la ley 50 de 1990, sostuvo el Tribunal, que la estipulación contenida en el anexo, en el sentido de que tales comisiones no constituyen salario, resultaba ineficaz.

El Tribunal ratificó la ineficacia del acuerdo transaccional celebrado por las partes el 10 de octubre de 1997, con fundamento en los parámetros establecidos para el anexo del contrato; cuestión distinta a lo señalado respecto a la aclaración hecha frente a que el trabajador tendrá derecho a las comisiones sólo cuando éstas se hayan realizado íntegramente gracias a su intervención en todas

las etapas de la negociación, “pues se trata de una actividad a

desarrollar sobre la cual recibirá la remuneración, que bien pueden las partes delimitar” (folio 184).

Para el Tribunal, la sustitución de las comisiones por el pago de una bonificación única y ocasional por valor

de $82.500.000 sin que constituyera salario, “no fue otra cosa que

disfrazar el concepto de comisión, que como ya se explicó constituye factor salarial (...) con el fin de burlar los derechos y garantías mínimas de las leyes laborales y de este modo sustraerlo para la liquidación de prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar” (folio 184).

En cuanto al pago de las dos comisiones específicas que reclama el demandante, el ad quem sostuvo que no

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era acreedor a tales sumas, al no encontrarse demostrada su intervención dentro de las negociaciones que condujeron a la venta de los inmuebles señalados por el actor. Y respecto a la indexación dijo, que en el expediente no aparecía certificado del Dane sobre la variación del índice de precios al consumidor, toda vez que la parte interesada no lo aportó al juicio.

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

Inconforme con esa decisión, la demandada interpuso el recurso extraordinario (folios 10 a 31 cuaderno 2), que no fue replicado, en el que le pide a la Corte que case la sentencia

acusada y confirme la del Juzgado, “absolviendo plenamente a la Gran

Cadena de Almacenes Colombianos S.A. Cadenalco S.A. de los pagos dinerarios a los que ha sido condenada” (folio 11 cuaderno 2).

Para ello le formula tres cargos que la Corte

estudiará de manera conjunta el primero con el tercero, tal y como se lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, atendiendo la similitud de su objeto, la vía indirecta seleccionada para formular los cargos, las pruebas reseñadas como generadoras de errores y la demostración argumentativa de los mismos.

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Por la vía indirecta acusa la sentencia por

aplicación indebida de “los artículos 14 y 15 de la ley 50 de 1990 y los

artículos 127 (original) y 128 (original) del código Sustantivo del Trabajo; al dejar de aplicar el artículo 8º de la ley 153 de 1887 dejó de aplicar también el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y, como consecuencia de ello aplicó indebidamente el artículo 6º, numeral 4º, de la ley 50 de 1990; de igual modo, aplicó indebidamente los artículo 249 y 286 del código Sustantivo del Trabajo y 14, numerales 2º y 3º, y 17, numeral 1º, del Decreto 2351 de 1965; además omitió aplicar los artículos 1757 del Código Civil, 61 del Código Procesal del Trabajo y 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil (...) en relación con los artículos 467, 468, 469 476 y 481 del Código Sustantivo del Trabajo; también se rehusó a aplicar el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, utilizado en virtud del citado 145 del Procesal Laboral” (folio 12 cuaderno 2).

Quebranto normativo que atribuye a los siguientes errores de hecho:

“ 1. Dar por demostrado, sin ello ser cierto, que Herrera Cortés percibía un salario variable y no, como está probado en el proceso, uno fijo.

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2. Dar por demostrado, sin ello ser cierto, que, de acuerdo con la ley y las pruebas que obran el proceso, son procedentes los reajustes de la indemnización por despido sin justa causa, de la cesantía, de las vacaciones y de la prima de vacaciones de Herrera Cortés.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la comisión recibida por Herrera Cortés era computable para efecto de la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, por devengar un salario variable y no uno fijo.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, por absoluta inexistencia de la prueba solemne dentro del proceso (convención colectiva o pacto colectivo), que Herrera Cortés tiene derecho a una prima de vacaciones y, peor aún, a su reajuste.

5. No dar por demostrado, estándolo, que entre la fecha en la que se pagó la comisión y la fecha de terminación del contrato de trabajo de Herrera Cortés, habían transcurrido más de tres meses y que, por tanto, era improcedente considerar dicha comisión constitutiva de salario para efecto de la liquidación de la cesantía, dado que el salario percibido por Herrera era fijo y no variable.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la comisión que le correspondía a Herrera Cortés fue recibida por éste más de tres meses antes de la fecha en que terminó su contrato de trabajo y que, por tanto, no podía ser tenida en cuenta como parte de su salario para la liquidación de compensación dineraria de las vacaciones no disfrutadas en tiempo, dado que el salario devengado por Herrera era fijo y no variable.” (folio 12 y 13 cuaderno 2).

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Afirma que esos desaciertos se produjeron por errónea apreciación de la liquidación del contrato de trabajo (folio 46 y 100), el anexo del contrato de trabajo del 18 de febrero de 1985 (folio 24 a 25 y 103 a 104), el anexo del contrato de trabajo del 23 de mayo de 1985 (folio 105), el interrogatorio de parte absuelto por Julián López Yepes (folio 87 a 91), y el acuerdo transaccional (folio 28 a 29 y 101 a 102). Y por la falta de apreciación del memorando de Cadenalco S.A. dando instrucciones para el giro del cheque con el que se pagan las comisiones a Herrera Cortés (folio 30), la orden de pago del cheque con el que se cancelan las comisiones a Herrera Cortés (folio 31), copia del cheque girado por Cadenalco S.A. con el que se pagaron las comisiones a Herrera Cortés (folio 32), la carta de renuncia (folio 45 y 99), la carta de despido (folio 47 y 107), y el contrato de trabajo (folio 106). Como pruebas imposibles de apreciar señala la convención colectiva de trabajo de Cadenalco S.A. y el pacto colectivo de Cadenalco S.A.

Asevera la recurrente que “el verdadero punto a

discutir se centra en conocer cuál es el efecto de esas comisiones en el salario devengado” (folio 15 cuaderno 2); salario base para la

liquidación de la indemnización por despido injusto, cesantía, vacaciones compensadas y no disfrutadas y la prima de vacaciones;

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pues de acuerdo con sus consideraciones, desde el inicio de la

relación laboral se determinó en el contrato de trabajo “una

remuneración mensual fija” (ibídem), y en el anexo, “el pago de una comisión ocasional en el evento de que el trabajador vendiera el inmueble de propiedad del empleador o de algunas de sus filiales o subsidiarias”(ibídem); sin que pueda entenderse que la remuneración

pactada fuera salario variable, sino salario fijo, “que esporádicamente

podía ser susceptible de un incremento accidental por el pago extraordinario de una comisión, como un reconocimiento patronal al cumplimiento de una tarea muy específica” (ibídem).

Se apoya en la sentencia de esta Sala de Casación del 5 de octubre de 1987, radicación 1586, para sostener que en el salario variable, el valor cambia de acuerdo al éxito de la tarea realizada y por lo mismo la comisión recibida; a diferencia de la remuneración fija, cuya retribución se relaciona con el trabajo por unidad de tiempo, y solo varía de manera accidental u ocasional; por tal razón, sostiene que lo establecido en el contrato de trabajo y sus anexos, fue una remuneración mensual fija para el demandante, y

bonificaciones extras que ocasionalmente recibiría “en el evento de

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de algunas de sus filiales” (folio 15 cuaderno 2); hecho por el cual el

salario no debe adquirir una connotación de variable.

En su ratificación sobre la existencia de un salario fijo mensual, asegura la censura con base en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, que precisamente es esa la conclusión a la que debió llegar el Tribunal al estudiar el acuerdo transaccional, puesto que para otorgarle carácter laboral a las comisiones recibidas

por el trabajador, debió observar que de él se deduce “la naturaleza

aleatoria y esporádica que tienen tales comisiones” (folio 17 cuaderno

2); que además fue reiterada por Julián López Yepes en su interrogatorio de parte cuando manifestó que las comisiones mencionadas se presentaron pocas veces y fueron casi inexistentes en los últimos años.

Alega que además de equivocada la

calificación de salario variable, que le da el Tribunal “al tener como tal

el promedio de lo devengado por el demandante durante sus últimos doce meses de servicios”(folio 17, cuaderno 2), ella sólo procede

respecto a las cesantías y no frente a la indemnización por despido injustificado, según lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965.

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Atendiendo cada una de las partidas a reajustar, asienta que el Tribunal se equivocó en cuanto al resarcimiento por incumplimiento patronal; toda vez que dado el carácter compensatorio de la indemnización por despido injusto y la indemnización por mora, de acuerdo con las reglas generales del artículo 8º de la ley 153 de 1887, éstas deben liquidarse con base en el último salario devengado por el trabajador, según lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, considerando demostrado el tercer el error del

Tribunal, dado que el valor pagado por comisión “no era colacionable

en su salario final” (folio 19, cuaderno 2), por cuanto dicho pago se

hizo con anterioridad a los tres últimos meses de servicio, lo cual lo llevó a la estructuración del sexto error de hecho al liquidar las cesantías del trabajador teniendo en cuenta dentro del salario un pago realizado con más de tres meses de anterioridad, tiempo límite señalado por la legislación laboral para la liquidación de dicha prestación.

Sostiene el recurrente, que el Tribunal se equivocó respecto de la liquidación de la prima de vacaciones, la cual

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estar legalmente probada su existencia, su forma de calcularla y el salario sobre el cual se liquida” (folio 20 cuaderno 2).

Así mismo dice, que demostrado que el contrato de trabajo se produjo con posterioridad a los 3 meses de pagada la comisión, el salario base para la liquidación de las vacaciones compensadas debió ser el de enero de 1998 y no el que erradamente tomó el Tribunal con la sumatoria de la doceava parte de lo pagado por comisión.

TERCER CARGO

Acusa la sentencia de incurrir en errores de

hecho por falta de aplicación de “los artículos 1494, 1495, 1496, 1502,

1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1515, 1516, 1518, 1602, 1603, 1618, 1657, 2469 y 2483 del Código Civil, 15 del Código Sustantivo del Trabajo y 15 de la ley 50 de 1990” (folio 23 cuaderno 2), como

consecuencia de la indebida aplicación de “los artículos 14 y 6º,

numeral 4º, de la ley 50 de 1990, 127 (original), 128 (original), 249 y 186 del Código Sustantivo del Trabajo y 14, numerales 2º y 3º, y 17, numeral 1º , del Decreto 2351 de 1965” (ibídem), y de la falta de

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177 del Código de Procedimiento Civil (...) en relación con los artículos 467, 468, 469, 476 y 481 del Código de Procedimiento Civil” (folio 23

cuaderno 2), según dice, teniendo en cuenta que de acuerdo con las enseñanzas de la Corporación, la falta de aplicación se equipara a la aplicación indebida.

Violación de la ley que atribuye a los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin ello ser cierto, que

el “acuerdo transaccional” firmado por Herrera Cortés y Cadenalco S.A. carecía de validez.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el “acuerdo transaccional” firmado por Herrera Cortés y Cadenalco es un contrato de transacción válido y eficaz, con el cual las partes precavían un eventual litigio.

3. Como consecuencia de lo anterior, dar por demostrado, sin ello ser cierto, que, de acuerdo con la ley y las pruebas que obran en el proceso, son procedentes los reajustes de la indemnización por despido sin justa causa, de la cesantía, de las vacaciones y de la prima de vacaciones de Herrera Cortés” (folio 24 cuaderno 2).

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Errores de hecho en los que incurrió como consecuencia de la errónea apreciación del acuerdo transaccional (folio 28 a 29 y 101 a 102), la liquidación del contrato de trabajo (folio 46 y 100), el anexo del contrato de trabajo del 18 de febrero de 1985 (folio 24 a 25 y 103 a 104) y el anexo del contrato de trabajo del 23 de mayo de 1985 (folio 105); por la falta de apreciación de la copia del cheque girado por CADENALCO S.A. con el que se pagaron las comisiones a HERRERA CORTES (folio 32), la carta de despido (folio 47 y 107) y el contrato de trabajo (folio 106); y como imposibles de apreciar: la convención colectiva de trabajo y el pacto colectivo de Cadenalco S.A.; siendo innecesario denunciar como mal apreciadas las promesas de compraventa, las escrituras públicas de venta, el interrogatorio absuelto por Julián López Yepes y el testimonio de Víctor Sánchez Gómez, por que según su decir, tales pruebas

sirvieron de sustento al Tribunal para sostener que “Herrera Cortés no

tenía derecho al pago por comisión alguna por concepto de las transacciones inmobiliarias realizadas por Cadenalco con Ramón Abel Aristizábal y otra e Inversiones P.C.H. Ltda..” (folio 24, cuaderno 2).

En éste como en el primer cargo, la recurrente demuestra inconformidad con el fallo por cuanto el salario del trabajador era fijo y no variable como implícitamente dice haberlo

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establecido el sentenciador de segunda instancia, toda vez que los pagos por comisiones percibidos por el actor, tenían carácter accidental, para lo cual presenta las mismas argumentaciones que en el anterior ataque.

Al analizar la naturaleza del salario variable, afirma la recurrente que el devengado por Herrera Cortés no tenía esa connotación, por la falta de periodicidad en el pago de las comisiones, que tales pagos, constituían un incremento accidental y ocasional que dejó de presentarse por varios años al final del contrato de trabajo, tiempo durante el cual percibió el salario fijo mensual al que tenía derecho; error que trajo como consecuencia el estudio de los últimos doce meses de servicio a la hora de entrar a reliquidar las cesantías, indemnización por despido injustificado, prima de servicio y vacaciones, cuando el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 sólo lo permite en relación con las cesantías.

Expresa la censura que de acuerdo con las características generales de los contratos y el contenido del artículo 15 de la ley 50 de 1990, son totalmente válidos los acuerdos celebrados

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habituales u ocasionales que percibiera el trabajador de su patrono no fuesen considerados como constitutivos de salario, resaltando que la mención que hace el dicho artículo 15 de las sumas que no constituyen salario es meramente enunciativa y no taxativa, pues expresamente dice ‘...tales como...’” (folio 29 cuaderno 2).

Manifiesta la recurrente que al no cuestionarse durante el proceso los requisitos de validez del acuerdo transaccional celebrado entre las partes y habiéndose éste suscrito en vigencia del artículo 15 de la ley 50 de 1990, como tal, goza de plena validez y obliga según su contenido; hecho que no evidenció el ad quem al restringir los efectos de la transacción, como mecanismo para terminar extrajudicialmente los conflictos, y establecer la certeza de las comisiones, cuando se trataba de derechos inciertos y discutibles.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Basta con observar el texto de la sentencia acusada para determinar que además de fundarse el Tribunal en el anexo al contrato de trabajo de 18 de febrero de 1985 que aparece a

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en la modalidad de comisión, por la función adicional como gerente de las sociedades filiales de la empleadora Cadenalco S.A., constituye salario y no una mera comisión” (folios 180 y 181); se basó

principalmente en los artículos 14 de la Ley 50 de 1990 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo vigente para la época en que las partes suscribieron el convenio, y en la sentencia de esta Sala de Casación de 3 de junio de 1970, para concluir que los porcentajes convenidos por ventas y comisiones constituían elementos integrantes del salario. Además, en los artículos 15 de la Ley 50 de 1990 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo para sostener que resultaba ineficaz cualquier acuerdo que se hiciera contraviniendo lo en ellos dispuesto, por cuanto los pagos recibidos por comisiones siguieron siendo parte integrante

del salario, “sobre el cual las partes no pueden disponer en el

respectivo contrato” (folios 181 y 182); y en las sentencias de esta

Corporación de 21 de agosto de 1969 y del 9 de marzo de 2001, para

concluir, que “al tratarse la comisión pactada de un elemento

integrante del salario, por mandato legal, tanto de las normas que regían al momento del convenio adicional, como las actuales de la Ley 50 de 1990” (folio 183), resultaba ineficaz, tanto la estipulación

contenida en el anexo del contrato en cuanto a que “...las comisiones

del 1.5% y 0.5% señaladas en la cláusula segunda de este anexo y que Cadenalco pagará al trabajador, no son ni constituyen salario ni

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tienen efectos prestacionales de ninguna naturaleza”(ibídem), como lo

expresado en ese sentido, en el acuerdo transaccional del 10 de octubre de 1997.

Es indudable que el fundamento del Tribunal para declarar la ineficacia tanto del anexo de 23 de mayo de 1985 y del acuerdo transaccional de 10 de octubre de 1997, en los cuales se convenía que las comisiones por ventas pactadas por las partes no constituían salario, lo fueron las disposiciones mencionadas, de lo que resulta con claridad, que en ningún error de apreciación probatoria pudo haber incurrido el Tribunal, toda vez que como se dijo, su conclusión fue producto de la interpretación y aplicación de las normas antes citadas y de las sentencias de esta Corporación que igualmente mencionara en apoyo de su decisión.

Lo anterior resulta suficiente para la

improsperidad de los cargos, con más veras, porque reiteradamente esta Corporación interpretando los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y 15 de la Ley

50 de 1990, ha sostenido, como lo puntualiza el Tribunal, “que las

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carecen de eficacia aquellos acuerdos Inter.-partes que le desconozcan ese carácter. (Ver entre otras, sentencia del 29 de enero de 1997, expediente 8426)”, sentencia de 19 de febrero de 2.003,

radicación 19475.

En tal sentido se refirió esta Sala de Casación en sentencia de homologación del 18 de octubre de 2001, radicación 16874, cuando posterior a transcribir el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, reformado por el 14 de la Ley 50 de 1990, asentó:

“Estos factores por integrar el núcleo esencial de la noción legal del salario no pueden ser alterados por las partes ni por los laudos arbitrales. De manera que los pagos en rubros tales como la propia remuneración ordinaria, los recargos por trabajo

nocturno, horas extras, trabajo en días de descanso

obligatorio, porcentaje sobre ventas o comisiones, no pueden ser desnaturalizados de su connotación salarial, así sea por los avenimientos de las partes, porque el legislador por constituir una retribución “directa” del servicio y por pertenecer todos ellos a la

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estructura fundamental del salario, les asigna de modo insustituible tal condición, a menos que sea la propia ley que permita hacer excepciones como ocurre, entre otros conceptos con las primas legales de servicio, los eventos del artículo 14 de la ley 50 de 1990 y los salarios básicos para liquidar prestaciones” (el subrayado está por

fuera de texto).

Sin embargo para dilucidar si los pagos efectuados al trabajador constituyen salario o factor salarial base para la liquidación de prestaciones, cabe decir, que por tratarse de un asunto de puro derecho, no sería la vía de los hechos la propia para formular la acusación, por cuanto tal consideración tiene fundamento jurídico, por lo que no cabe dentro de la vía seleccionada.

En consecuencia los cargos se desestiman.

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de infringir directamente “los

artículos 1757 del Código Civil, 61 del Código Procesal del Trabajo y 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil (que rigen en virtud de lo

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dispuesto por el 145 del Código Procesal del Trabajo) en relación con los artículos 467, 468, 469, 476 y 481 del Código Sustantivo del Trabajo” (folio 22 cuaderno 2).

En su desarrollo sostiene que “la prima de

vacaciones no es una prestación legal sino un beneficio que reciben los trabajadores de sus patronos con fundamento en los acuerdos a los que ambos hayan llegado en forma voluntaria y especial y que quedan plasmados en convenciones colectivas o en pactos colectivos” (folio 22 cuaderno 2); que por esa misma razón, para

haberse tenido en cuenta, debió el Tribunal establecer su existencia en el proceso mediante prueba solemne, la forma de calcularla y el salario base de su liquidación, requisitos que no llenó el trabajador, imposibilitando la imposición de condena al respecto.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

No resulta ser cierta la inconformidad presentada por la recurrente sobre la afirmación de que el Tribunal al reconocer el reajuste a la prima de vacaciones generó el derecho sin constatar su existencia, por cuanto del texto de la sentencia emerge

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con claridad que dicha prestación le fue liquidada y pagada al

trabajador al momento de la terminación del contrato, “según

constancia de fls. 46” (folio 185); y que el ad quem solo procedió a su

reajuste como consecuencia de lo percibido por el demandante en el último año de servicio, por pago de comisiones.

De lo anterior se colige, que la discusión planteada en casación parte de un supuesto además de no controvertido en las instancias, completamente distinto a los establecidos por el juez de alzada, lo que hace innecesaria cualquier consideración al respecto.

Por tal razón, se impone la improsperidad del cargo,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de julio de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso instaurado contra GRAN

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CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS S.A. -CADENALCO S.A. por GERMÁN HERRERA CORTES

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

ISAURA VARGAS DÍAZ

CARLOS ISAAC NÁDER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

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LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA

GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO

LAURA MARGARITA MANOTAS GONZÁLEZ Secretaria

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