3. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN

CAPÍTULO 3

3. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN

El repaso a la prensa de entonces ayuda a comprender por qué hubo más tarde reforma y no ruptura.

Lorenzo Gomis, El medio media

3.1 COMUNICACIÓN Y POLÍTICA TARDOFRANQUISTAS

A la hora de suceder lo que las élites políticas del momento venían llamando, con eufemística expresión, "el hecho biológico", es decir la muerte del personaje que había monopolizado con tozuda longevidad los destinos políticos de España, la opinión pública había asumido completamente la inevitabilidad del cambio. Los esfuerzos por dejar "atado y bien atado" el futuro tenían que chocar con la generalizada convicción de que el régimen de Franco no tenía continuación posible³⁷¹. Los estudios de cultura política centrados en el último tramo del franquismo ponen de manifiesto que la extensión de las ideas democrática, a finales de los sesenta, es mayor que la fidelidad a los principios e instituciones que durante cuarenta años habían regido la vida

de los españoles³⁷². Y, lo que es más importante, la alternativa democrática tiende a incorporar cada vez más sectores de la "mayoría indiferente", en claro contraste con el escaso atractivo de la cultura que se identifica con el régimen. Esta realidad, que las escasas encuestas de opinión realizadas en los primeros años setenta avalan, está en la base de la "facilidad" con que la población asumió los nuevos valores democráticos en cuanto ello fue posible y apoyó los cambios políticos tendentes a su implantación.

No obstante, el prestigio de las ideas democráticas en las postrimerías del franquismo no puede ser explicado en términos de la victoriosa marcha de las fuerzas de oposición, marcha que en realidad estuvo llena de altibajos, ni tampoco por su capacidad de condicionar decisivamente el curso de los acontecimientos. La recreación de una cultura política democrática en las postrimerías del franquismo se debe a un complejo de factores entre los que hay dos que nos interesan particularmente: la articulación organizativa de los grupos de oposición político-sindical y las posibilidades comunicativas abiertas como consecuencia de la crisis del modelo informativo totalitario. Se trata de dos factores que, como esperamos demostrar, se alimentan mutuamente incrementando así su peso en el curso de los acontecimientos que marcan la transición a la democracia. Pero mostraremos también que la relación existente entre la lucha democrática y la apertura informativa implica un orden de influencias en el que, por regla general, es la primera la que hace posible la segunda.

La lucha por las libertades, la articulación de solidaridades horizontales que evidenciaban las contradicciones del régimen, facilitó las condiciones en que una comunicación política alternativa se pudiera desenvolver y, a la postre, actuar también a favor de la democratización.

Nos centraremos aquí en la comunicación política, e intentaremos rastrear la configuración de un conjunto de actitudes políticas de desafección hacia el régimen o, mejor aún, de apoyo a su

democratización a través de su difusión informativa. Difusión que constituye, incluso si se tiene en cuenta la ausencia de libertades, la plasmación del proceso de construcción de un espacio público en el que se anticipa culturalmente la transformación que el país deberá superar. Liberalización de la prensa -ya que no de los demás medios bajo estricto control de la dictadura- que construye trabajosamente el imaginario de lo que se ha ido produciendo en el seno de la sociedad, es decir, una transformación tal que pone, día a día, en evidencia el anquilosamiento y el desfase del régimen.

Este proceso comunicativo está, naturalmente, subordinado a otro más específicamente político de lucha por las libertades, no sólo porque es ésta la que empuja continuamente los límites de lo factible sino también porque proporciona mucho del material con que se construye discursivamente la liberalización de la información. Sin duda la información informa sobre el gobierno; pero también sobre la crítica a que es sometido, confiriendo así visibilidad a la lucha por la democracia.

Realmente, más que ejercer ella misma la crítica, lo que hace la prensa en estos años es poner a la vista las contradicciones y problemas que el régimen no había resuelto sino, a lo sumo, ocultado. Esta práctica acaba, naturalmente, afectando a la legitimidad. Así ocurre, por ejemplo, cuando da cuenta de los conflictos laborales o de las sentencias del Tribunal de Orden Público.

3.1.1 La comunicación política entre dos modelos

El primer empeño del régimen totalitario había sido suprimir de raíz toda posibilidad de un espacio público de formación de la voluntad política en condiciones de libertad e igualdad expresivas. Este empeño, concretado en una política comunicativa totalitaria no desapareció durante todo el transcurso del régimen; aunque a partir del desarrollismo sería revisado y adaptado a las nuevas condiciones socioeconómicas. El objetivo fundamental de toda la política comunicativa del franquismo es, naturalmente, asegurar que el proceso de socialización política sería realizado sin disensos y al servicio de la legitimidad del poder. Ese es el

sentido del papel que el régimen atribuye a la prensa, y no sólo a la estatal, como "un resorte político-educativo que el Estado debe no ya sólo controlar por medio de la censura previa, sino inspirar en gran medida señalando los derroteros que ha de seguir la exposición de los temas político-nacionales"³⁷³.

De acuerdo con ello, la política comunicativa del franquismo había consistido en la implantación de un modelo que se apoya sobre un factor defensivo, de censura previa, y otro ofensivo³⁷⁴, de organización de una red propia de medios (prensa y radio, primero, y TV después) y de control político de los ajenos (mediante la designación de directores, las sanciones, la inserción obligatoria y las consignas). La legislación sobre medios de comunicación elaborada al calor de la guerra civil e inspirada en el modelo italiano, permanecería vigente hasta 1966. El Decreto de 22 Abr. 1938, la Orden Ministerial de 24 de Abr. de 1940 y la Orden Ministerial de 24 de Feb. de 1942 configuran -junto a otras medidas- el intento de creación de un sistema comunicativo totalitario. El Nuevo Estado se incautó de todos los periódicos republicanos pero respetó la propiedad de los que le había apoyado. Esto significa que no se intentó expropiar la titularidad sino el discurso. En lugar de unidad del emisor, se prefirió la unidad del mensaje. Esta legislación regulaba el número y extensión de las publicaciones periódicas, la intervención del gobierno en la designación de directores de periódicos, la reglamentación de la profesión periodística y el control de los propios periodistas, la vigilancia de la actividad y la censura previa. Debe añadirse el funcionamiento del sistema de consignas por el que se incluían o excluían hechos noticiables desde el poder y la "inserción obligatoria" de textos oficiales que permitía unificar los mensajes. Con semejante esquema comunicativo el discurso

en Información Comercial Española nº 567. Nov. 1980. Pág.24.

mediático, en especial el de la prensa, resulta altamente consonante, lo que redunda en una elevada eficacia del efecto legitimador del poder franquista. No obstante, la competencia temprana entre diferentes voluntades monopolísticas dio como resultado cierta diferenciación discursiva entre los medios pertenecientes a la ACNP, los encuadrados en el ámbito de la falange y los grupos de prensa y radio privados que mantenían una difícil existencia.

La adopción de políticas económicas liberalizadoras, que se han acabado por agrupar bajo el término de "desarrollismo", tenía que producir alteraciones importantes en este modelo tendencialmente totalitario. La modificación del panorama socio-económico con la nueva prosperidad y, sobre todo, la introducción de los nuevos criterios de gestión capitalista también en el ámbito de la comunicación, aconsejaban la reordenación de las leyes que encorsetaban el mundo de la prensa -las normativas sobre otros medios tardarían aún bastante en actualizarse, como lo prueba el que la libertad informativa en radio no se legislara hasta 1977-. En este marco debe entenderse la muy famosa Ley de Prensa de 1966 tendente a establecer una suerte de "neocapitalismo informativo"³⁷⁵. La Ley de Prensa de 1966 tuvo la virtud de permitir aflorar cierto pluralismo, aunque muy limitado por el arbitrario sistema de sanciones.

Después de 1966 se suspenden muchas de las prerrogativas de la Administración frente a la prensa. Desaparece, por ejemplo, la censura previa y se establece una consulta voluntaria que no siempre previene ante las sanciones. El sistema de sanciones, desarrollado reglamentariamente con posterioridad, resultó un retroceso considerable respecto a las expectativas generadas por el texto de la Ley, al aumentar la arbitrariedad de las facultades represoras de la Administración con un amplio margen

para el secuestro, expediente, etc.³⁷⁶. Paralelamente, se mantiene la "inserción obligatoria" y se desarrolla una Ley de Secretos oficiales (9/1968 de 5 de Abr.) que permite "clasificar" como reservados asuntos como el de Matesa, con un potencial crítico destacado.

Con todo, la combinación de un mayor pluralismo editorial con la aparición de asuntos políticos polémicos (Matesa, etc.) y evidencias de cierta división dentro de la élite gobernante acerca de los pasos inmediatos a dar por el régimen (polémica sobre las asociaciones del movimiento) produce un cambio del clima periodístico. Los años setenta se caracterizan por una mayor politización del discurso de la prensa y una mayor atención a la acción de las instituciones centrales del sistema político (Consejo Nacional, Cortes). Todo ello pudo producir la impresión de que el país disponía finalmente de un periodismo en funciones de cuarto poder, como lo prueba la popularización de expresiones como la de "canallesca prensa" originadas en la irritación del bunker. El que ello fuera una exageración a todas luces no resta eficacia a la afirmación de que se ha dado un cambio de clima. La prensa de los años setenta no juega aún un papel democrático, pero se halla a la busca de una nueva definición de su función política.

3.1.2 La difusión de la prensa

La relativa mayor libertad de que goza, desde 1966, el sector de la prensa y su mayor ascendiente sobre las élites políticas no le aseguran un crecimiento espectacular de su audiencia. Como se ha apuntado más arriba los índices de lectura no superaron nunca el umbral de lo que la UNESCO llama "subdesarrollo comunicativo" y que se cifra en los 100

Madrid: Fundesco, 1993.

ejemplares por cada 1000 habitantes"³⁷⁷. Un mercado de prensa que combina dispersión (121 cabeceras) y minifundismo (baja talla o tamaño medio de los periódicos). Baste con la lista de los diez más grandes:

Los diez primeros rotativos según la tirada de 1970

Nº CABECERA LUGAR EMPRESA TIRADA

1 PUEBLO MADRID ED. y PUBL. POPULARES 225000

2 ABC MADRID PRENSA ESPAÑOLA S.A. 220000

3 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA BARCELONA TALLERES DE IMPRENTA S.A. 217000

4 YA MADRID EDITORIAL CATÓLICA 175000

5 LA GACETA DEL NORTE BILBAO EDITORIAL VIZCAÍNA S.A. 101000

6 LEVANTE VALENCIA CADENA DEL MOVIMIENTO 95717

7 EL CORREO CATALÁN BARCELONA FOM. PRENSA TRADICIONALISTA 95000

8 EL CORREO ESPAÑOL-EPV BILBAO BILBAO EDICIONES 90000

9 DICEN BARCELONA ED. RÁPIDAS S.A. 90000

10 EL NOTICIERO UNIVERSAL BARCELONA ED. MENCHETA S.A. 75000 Fuente: Anuario de la prensa española. 1,970.

Tan sólo tres de los principales rotativos superan los 200.000 ejemplares de tirada. Uno de ellos, Pueblo, perfectamente dentro de la órbita ideológica del Estado, aunque en posición algo «excéntrica», por su populismo y su retórica social. Matices ambos debidos a su director, Emilio Romero, convertido en campeón de la

"antitecnocracia". Mientras ABC, de línea monárquico-juanista navega en estos años setenta, tras el desengaño de la designación de D. Juan Carlos como sucesor de Franco, entre la fidelidad al régimen y el deseo de "normalización" monárquica del mismo aún a costa de preterir a Don Juan. La Vanguardia, por su parte, muy ligada al empresariado catalán, parece orientarse hacia una evolución democrática más atenta al entorno europeo y se convierte en el órgano de expresión de un cierto posibilismo.

El católico Ya, que sigue a éstos en cuanto a difusión, expresa las opiniones de la jerarquía católica, por estas fechas empeñada en marcar distancias respecto a un régimen al que durante años había proporcionado coartada ideológica. La opción vagamente democristiana parece resumir el alineamiento de este

periódico. Más allá del décimo puesto, el diario Madrid, dirigido por Calvo Serer, un miembro del Opus que evolucionaría hacia posiciones liberales y que se ganó la enemistad del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, quien no deseaba perder el monopolio de liberalismo, que creía merecer como autor de la Ley de Prensa, precisamente en el mismo terreno periodístico. La apuesta de Madrid por un posibilismo monárquico-liberal y ciertas críticas al inmovilismo del régimen³⁷⁸ le granjearon Igualmente la antipatía del sector más intransigente del régimen que, finalmente, conseguiría hacerlo desaparecer en 1971³⁷⁹.

Entre los que siguen a éstos en cuanto a difusión apenas sí se encuentran unos pocos diarios pertenecientes a la órbita del Estado como el diario valenciano Levante que, pese a su posición subordinada respecto al buque insignia de la cadena falangista, Arriba, se alza con una tirada que casi triplica la de aquel.

El transcurso de la primera mitad de los años setenta, coincidiendo con el periodo de crisis final del régimen, no altera excesivamente el ranking de los periódicos de mayor difusión. De un modo que tal vez sea congruente con las curvas de interés/desinterés por la política, las cuales presentan para el período 1970-75 una tendencia al aumento del desinterés -tendencia que se invierte a partir de 1975-, las cifras globales de difusión de la prensa -cuya mayor politización en este período viene

facilitada por la Ley Fraga e impuesta por el curso de los acontecimientos y la incertidumbre sobre el futuro del régimen- presentan una ligera baja. Estamos, pues, ante una serie de parámetros que divergen: descenso de la curva de interés por los asuntos políticos, aumento de la politización del discurso periodístico y disminución de la difusión de la prensa.

Si nos centramos en los diez rotativos de mayor difusión vemos que mientras ocho permanecen en el grupo de cabeza tras cinco años intensos (Pueblo, La Vanguardia, ABC, Ya, Gaceta del Norte, Dicen, Correo Español y El Noticiero Universal), aunque con importantes pérdidas de tirada; otros dos caen para dejar paso a dos periódicos deportivos, uno de los cuales ocupa ahora el primer lugar. Una visión panorámica de este período ilustra sobre el cambio de escenario comunicativo en cuanto a la potencia, en términos de difusión, de los grupos de prensa. Hemos preferido, pese a las dificultades inherentes a tal división, hablar de grupos ideológico-empresariales porque, pensamos, ello permite matizar la visión, excesivamente dicotómica, de la prensa del momento como un enfrentamiento entre la obediencia al Estado y los grupos independientes:

GRUPOS DE PRENSA DIARIA EN LOS AÑOS SETENTA

GRUPOS Nº Ejemplares Ejemplares

IDEOL-EMPRES en 1970 en 1970 % en 1975 %

ESTADO 44 1107767 33,04 670709 22,1 -

INDEPEND.* 38 563721 16,81 495615 16,5 +0,3

PESA** 2 285000 8,50 280816 9,29 +0,7

TRADICIONALIS 2 109000 3,25 78757 2,61 -

CATÓLICO 10 296500 8,84 352141 11,6 +2,8

OPUS 9 240875 7,18 121768 4,06 -

P. CANARIA -2 38500 1,15 44530 1,47 +0,2

G. VASCO*** 2 121372 3,62 133009 4,40 +0,7

G. GALLEGO 3 52584 1,57 41634 1,38 +0,1

G. SEMANA 2 70000 2,09 235972 7,81 +5,7

G. GODÓ 3 357000 10,65 412660 13,6 +3

G. MUNDO 4 110500 3,30 134420 4,45 +1,1

TOTAL 121 3352819 100,00 3002031 100

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario de la prensa, 1970.y NIETO, A. y MORA, J.A. Concentración informativa en España:

* . No adscritos o de adscripción desconocida **Prensa Española S.A. (Luca de Tena)

***Incluye El Correo Español-EPV y El Diario Vasco cuyos Consejos de Admón. comparten algunos consejeros. Lo mismo reza para el que llamamos grupo gallego: El Correo Gallego y El Faro de Vigo.

Balances de la Cadena de prensa del Movimiento

1970 1971 1972 1973 1974 1975

5,4 mill -8,5 mill -3,4 mill -35,3 mill -74,3 mill -841,7 mill

Fuente: MONTABES PEREIRA, J. La prensa del Estado... Op.cit. Pág. 38.

Parece evidente que el grupo que más lectores pierde en este período es el de la prensa del Movimiento³⁸⁰, lo que debería conllevar también una pérdida de la influencia relativa de su discurso. Pero más allá de las cifras de difusión, la valoración de la importancia cualitativa que el aparato de prensa del franquismo tenía dentro del panorama comunicativo resulta todavía considerable. En efecto, la carencia de gancho del periódico de referencia de la cadena, Arriba (35000 ejemplares en 1970), aparte de equilibrarse con la difusión de Pueblo, queda ampliamente compensada con la estructura piramidal de la cadena, que dispone de una multitud de periódicos locales, algunos de ellos ocupando un solitario lugar en su ámbito provincial, que ejercen como altavoces de la línea editorial de Arriba. De hecho, es más que frecuente que estos otros rotativos menores se confeccionen con despachos de la agencia del régimen, PYRESA, editoriales y colaboraciones cedidos por Arriba y las secciones de información local, al servicio de las élites locales. Esta última función de garantizar la notoriedad de los personajes menores del régimen en su respectivo nivel, tuvo durante todo el franquismo una importancia capital.

3.1.3 Discurso periodístico y discurso político

El abanico de posturas en función de la adscripción ideológico-empresarial podría no ser bastante significativo, y desde luego tampoco era obvio para el conjunto de los lectores potenciales de prensa, dada la opacidad que reina en tales ámbitos y no sólo a causa de la ausencia de libertades. En términos generales, sin embargo, la línea divisoria entre quienes defienden el continuismo, puro o matizado con dosis de

"desarrollo político", y quienes abogan por una democratización del régimen debía aparecer hacia el final del período que venimos

considerando (1970-75) con meridiana claridad. Incluso si se tiene en cuenta la asimetría de las posibilidades expresivas de una y otra opción, que obligaría a los partidarios del cambio a disfrazar su lenguaje mediante una serie de artificios discursivos que llegaron a ser familiares para muchos. Puede, sin embargo, que el uso de tales artificios unidos a la sobrecarga de contenidos políticos, pudiera llegar a desalentar a lectores poco avezados. Algunos autores han hablado del "elitismo informativo" que empieza a apuntarse en la prensa escrita durante estos años y que va a condicionar sus posibilidades futuras de expansión al dejar fuera a amplios colectivos sociales³⁸¹.

En todo caso el compromiso de la prensa con la liberalización parece tanto más real cuanto más se refiera dicha liberalización a la propia prensa o, lo que es lo mismo, a su desenvolvimiento económico, pero se difumina progresivamente según nos alejamos temáticamente de este centro de interés. Igualmente, la independencia de tal discurso queda en entredicho ante la utilización por unas u otras familias del régimen para dirimir sus guerras intestinas, como ya se había puesto de manifiesto con asuntos como el de Matesa. La prensa parece, entonces, mucho más permeable al discurso proveniente del régimen -en su versión pro o anti tecnocrática- que a un discurso genuinamente liberalizador centrado en la opinión pública. La exclusión de toda alternativa de ruptura como peligrosa y conducente a la "repetición" de los peores pasajes de nuestra historia, constituye un alineamiento claro con la estrategia discursiva, primero del régimen y luego de sus reformistas, quienes apelaron a un miedo que era ya, constitutivamente, parte integrante de la cultura política compartida tanto por quienes se identificaron con el régimen como por quienes se oponían a él³⁸². Pero este alineamiento fue compatible con el compromiso a favor de la liberalización de las comunicaciones -que es

algo de lo que la prensa misma se beneficia empresarialmente- y, consiguientemente, con la ampliación de los márgenes de la información. Este compromiso viene a vincular, objetivamente, a la prensa con los procesos que condujeron al fin de la dictadura y, en particular, con la difusión de actitudes favorables a la democratización.

El discurso resultante debe mucho a la creciente visibilidad de una alternativa democrática -y su expresión en términos de movimientos políticos y de protesta- que parece tanto más real cuanto más próximo el fin físico del dictador. El tratamiento cada vez más desenvuelto de lo que no es sino la materia con que se construye el nuevo discurso confiere respetabilidad a la oposición. Es así como la relativa impermeabilidad al discurso de la oposición queda matizada por la incorporación publicística de su existencia real.

El espacio abierto por el periodismo independiente (en el sentido de no estatal) y por la creciente visibilidad de los movimientos de oposición al franquismo estaba creando la apariencia de un pluralismo, cuya negación siempre había sido percibida por el régimen como una cuestión de supervivencia. No obstante, la prensa estaba muy lejos de reflejar el pluralismo real de la sociedad. El abanico de posturas que podían encontrar un lugar en la prensa diaria de estos años no va más allá de una aguada democracia cristiana (Ya) o un liberalismo de corte europeo (La Vanguardia).

El verdadero compromiso con el proceso de democratización comienza, para la prensa diaria, al final del período que comentamos. Es decir, tras la muerte de Carrero Blanco y cuando ya la inminencia de la de Franco obliga a tomar posiciones ante el inmediato futuro. Los semanarios y otras publicaciones, teóricamente de menor circulación³⁸³, abrieron el campo a un periodismo mucho más decididamente rupturista desde algunos años antes. Así publicaciones del ámbito de la democracia cristiana, diríamos, sin esperanza de instalarse

en el régimen, como Cuadernos para el Diálogo o claramente de izquierda como Triunfo, llenaban el vacío de ese lado del espectro. Pero, por lo que hace a los diarios la capacidad de anticipar un periodismo democrático no radica en el limitado pluralismo que alcanzaran a desarrollar, ni en la asunción de un discurso rupturista que nunca se produjo, sino en la nueva relación que se establece con la sociedad, mediante la cual la prensa se dirige a una oposición cuya existencia acaba reconociendo como si tuviera legitimidad y la oposición empieza a actuar ante la prensa y para la prensa como si fuera, no ya aparato de legitimación del franquismo, sino portavoz de una nueva opinión pública. Esta nueva relación anticipa comunicativamente la democracia por cuanto facilita las condiciones de posibilidad de un espacio público de formación de la voluntad política.

3.1.4 El asunto MATESA, paradigma de la comunicación tardofranquista

Puesto que nos estamos centrando en una visión comunicativa de la crisis del franquismo y la transición a la democracia, conviene que nos detengamos brevemente a observar el panorama de partida. Lo que resulta más relevante, en este punto, es atender a las relaciones entre el poder y la prensa en un momento en que el futuro del régimen parece asegurado para más allá de la vida de su fundador. Apoyándonos en un caso concreto que creemos representativo de aquellas relaciones, vislumbraremos también la otra cara del binomio: la prensa y la sociedad, la prensa y la "opinión pública" -con todas las prevenciones que para el término hemos formulado más arriba-.

Nos estamos refiriendo al muy famoso caso MATESA. Un turbio asunto de corrupción que sacudió la conciencia del país en el umbral de los años setenta.

Como tal caso de corrupción económica y política nos interesa sólo por su repercusión en la opinión y por la singularidad de su proceso de difusión. Se trata evidentemente de un momento peculiar en las relaciones entre el poder y los medios de comunicación tres años después de aprobada la Ley de Prensa e Imprenta, conocida como Ley

Fraga. La influencia de este asunto y su tratamiento periodístico va más allá de lo estrictamente político y ayuda a explicar algunas de nuestras más rancias pautas de cultura política, como aquella que se ha dado en llamar "cinismo político" y que se entiende como una amalgama de desinterés por la cosa pública, pasividad, ausencia de sentimientos de competencia política en los ciudadanos y baja valoración de los actores políticos³⁸⁴.

La importancia de este caso resulta patente por una variedad de factores: En primer lugar puso en evidencia todo un entramado de complicidades al más alto nivel que afectó seriamente la credibilidad de las élites dominantes del momento. En segundo lugar desató un mecanismo casi desconocido de opinión pública a través de la prensa -cuyo inmediato efecto fue dotar de la autoridad de la letra impresa a las sospechas generalizadas sobre la corrupción imperante - movimiento de opinión que muy pronto chocó con la evidencia de la estrechez constitucional del régimen que no disponía de cauces para depurar las responsabilidades políticas. Y, en tercer lugar, dejó meridianamente claras las líneas divisorias de la lucha que enfrentaba a las

"familias" del franquismo, es decir, puso de manifiesto, y esta vez a la vista del público, el síntoma más claro de la crisis del régimen: el desacuerdo entre sus protagonistas sobre el inmediato futuro.

En un sentido aún más decisivo para nosotros, el examen atento de la famosa polémica periodístico-política desatada en torno al caso lejos de constituir prueba alguna del pluralismo interno del régimen, muestra a las claras el carácter manipulativo y teledirigido de la comunicación política franquista. Más aún, lo que emerge con nitidez es la flagrante contradicción de un sistema que ha adoptado cierto vocabulario democratizante (democracia orgánica, supresión de la censura previa,

Junta de Castilla y León, 1988. Pág. 425.

apelación retórica a la opinión pública... ) sin asumir ninguna de sus implicaciones políticas (libertades, competencia política, representación plural, responsabilidad pública, soberanía... ). Definitivamente, y esto es lo que aquí se intentará poner de relieve, el franquismo no tiene un sistema de opinión pública, en el sentido en que lo tienen las democracias, porque no resistiría su función de vigilancia de lo público. La transparencia que la opinión pública impone a los asuntos de interés general -con los grados de imperfección que se quiera- es incompatible con un régimen basado en las lealtades ligadas a los diferentes niveles de corrupción. Por eso el franquismo puede producir "simulacros", como el debate en torno a MATESA, pero no polémicas libres de prensa. Para ello sería preciso unir libertad de información y libertad de acción política y esto es, sencillamente, inadmisible.

3.1.4.1 La corrupción como sistema

La visión de la política como un asunto de minorías no tiene que ver sólo con los sentimientos subjetivos de (in)competencia política y la falta objetiva de cauces democráticos sino también, y es lo que importa destacar ahora, con la idea de que la política es una actividad lucrativa para privilegiados. Para decirlo crudamente, bajo el franquismo arraigó la idea - que de todas formas no era nueva - de que la corrupción a la clase política, como le ocurre al soldado con el valor, siempre se le supone. La idea no estaba en absoluto injustificada pues es sabido que la corrupción generalizada y piramidal era uno de los soportes básicos del sistema instaurado en 1939³⁸⁵. Sencillamente la corrupción tolerada y fomentada

Pág. 783.

Importancia que la administración siempre trató de minimizar mediante el falseamiento de cifras como ha mostrado BARCIELA, C. "El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953" en FONTANA, J. (Ed.) España bajo el franquismo, Barcelona: Crítica, 1986. Págs. 193-205.

Madrid: Edicusa, 1970. Pág. 72.

desde el poder tejió toda una red de pequeñas complicidades que se tornaban en grandes lealtades "inasequibles al desaliento" que permitieron a Franco maniobrar libremente y al régimen le dieron la estabilidad que los años de autarquía y empecinamiento en políticas económicas excéntricas no le habían procurado³⁸⁶. Sin duda la época clave para la extensión de este sistema de corruptelas y enriquecimientos ilícitos fue, precisamente, la autarquía y su secuela de estraperlo y mercado negro a gran escala³⁸⁷; pero, probablemente, la instauración en el imaginario colectivo como un rasgo de casi necesaria atribución al ejercicio del servicio público data de los activísimos años sesenta, cuya importancia a efectos de conformar las actitudes políticas de los españoles es difícil exagerar.

En agosto de 1969, como si de un digno colofón del optimismo desarrollista se tratara, saltó un escándalo que se había venido rumoreando desde un par de años antes: El Asunto MATESA³⁸⁸. Maquinaria Textil del Norte de España se había creado en 1956. Tras la compra por Juan Vilà Reyes de la patente francesa de un telar sin lanzadera, la empresa se especializa en su producción y exportación. Actividad por la que obtuvo la consideración de "empresa modelo" así

como numerosos premios. El núcleo del fraude reside en que esta empresa había estado beneficiándose de créditos a la exportación de acuerdo con volúmenes declarados varias veces por encima de lo realmente vendido. Los telares salían, efectivamente, de España pero para ser almacenados en filiales de la propia empresa en el extranjero. En realidad MATESA se autovendía; pero, además, toda la operación requería la intervención cómplice de la Banca oficial que concedía los créditos, el Ministerio de Hacienda que premiaba la falsa exportación con desgravaciones millonarias e, incluso, autoridades aduaneras y portuarias. En el momento de saltar el escándalo, Matesa declaraba un capital social de 600 millones de pesetas. Los préstamos del Banco de Crédito Industrial (BCI) por 10.000 millones, desgravaciones fiscales de incentivo a la exportación de un 14% y su inclusión en el Plan de Desarrollo con 100 millones conforman un fraude verdaderamente gigantesco. Los préstamos se usaron, en realidad, para adquirir acciones y participaciones en empresas del extranjero.

Como tal fraude sólo presentaba la novedad de su volumen; pero la dimensión de escándalo le viene dada por su repercusión en la opinión pública. Desde el principio se aireó por la prensa en una actitud insólita de vigilancia pública. Luego veremos que no fue totalmente espontánea; pero resaltemos, de momento, una generalizada demanda de información y esclarecimiento de responsabilidades que contrasta vivamente con lo ocurrido frente a anteriores episodios de corrupción. La opinión tenía sólo un conocimiento superficial y compuesto de interesados claroscuros respecto a asuntos como "Los Ángeles de San Rafael", "Caja de Crédito Popular de Cataluña" o

"Nueva Esperanza". El que, de pronto, apareciera tal despliegue periodístico sobre un caso de esta naturaleza debió afianzar la idea de que la corrupción era general. Las insinuaciones sobre implicaciones de altos cargos no podían tener otra lectura:

La opinión conocía al empresario Vilà Reyes, presidente del Español, como persona relacionada al más alto nivel, y su empresa elogiada por los ministros de la nueva España desarrollista.

El inicial silencio de las autoridades fue puesto de manifiesto por la prensa. El 8 de Agosto era ya un clamor. El diario Ya pedía "¡Información completa!", Informaciones se preguntaba "¿Qué pasa con Matesa?", España Económica explicaba el 11 de Agosto la posible mecánica del fraude dejando entrever sospechosas complicidades en la concesión de créditos y desgravaciones. Las Provincias se hacía eco de la reclamación general de una explicación oficial que aún se demoró hasta el Consejo de Ministros del día 14 de Agosto.

La nota oficial entregada por Fraga a la prensa no colmó, ni era su intención, la inquietud por el caso ni los interrogantes sobre sus ramificaciones; antes al contrario fue el comienzo de una serie de derivaciones que se resumen en la creciente politización de Matesa. La prensa comienza a poner en cuestión el sistema de crédito oficial, la política de fomento de la exportación e, incluso, la apuesta por un capitalismo desarrollista. El 15 de Agosto La Vanguardia y El Correo Catalán hablan ya de dimisiones. El diario Madrid se declara insatisfecho con las explicaciones. Pueblo critica la dimisión del director de Banco de Crédito Industrial como un intento de eludir responsabilidades. La palabra responsabilidades entra a formar parte del nuevo vocabulario del periodismo. La Vanguardia aseguraba que había "ilegalidad en los expedientes y en las personas" (26 de Agosto).

Negocios, política y corrupción son términos que, en adelante, será arduo deslindar en la visión popular de lo público.

3.1.4.2 Control de la prensa

Pero, dejémoslo claro desde ahora, todo este proceso de opinión ni fue espontáneo ni podía serlo bajo un régimen dictatorial. La prensa de 1969 no era ya la de los años 40 y 50 de la que Justino Sinova ha dicho

con acierto que era necesariamente franquista porque el franquismo se había apropiado de su discurso. En 1969 la "prensa privada había dejado de ser estatal en sentido franquista³⁸⁹"; pero estaba lejos de ser una prensa libre. La Ley Fraga (de 1966) tuvo el efecto de permitir una diferenciación del discurso de la prensa estatal (del Movimiento, la Organización sindical u otros organismos) y la prensa privada. Corrió a cargo e esta última el riesgo de intentar forzar los estrechos márgenes que el abandono de la censura previa con su correspondiente paso de un control preventivo a uno represivo pudiera descubrir. Pero esta primera oportunidad fáctica de liberalización informativa no podía resultar en una verdadera apertura porque el proceso estaba manipulado desde el principio. Es cierto que se llega a dar una apariencia de debate, un pseudo-proceso de opinión con varías líneas de fuerza. Una campaña "azul", originada en la burocracia del movimiento, contra quienes habían gestionado la economía desde el final de la autarquía. Es notorio que los falangistas utilizaron a la prensa contra el Opus y que éste se hizo fuerte en las plazas que le eran más familiares, los pasillos del poder y las lealtades que su alrededor se generan. Una campaña contra la Banca oficial protagonizada por la prensa más conectada al capital tradicional, cuya base sería el agravio comparativo y la reticencia ante el "intrusismo"

de los sectores financieros e industriales ligados al Opus, cuya preeminencia se basaba enteramente en sus conexiones político-institucionales. Por su parte, la prensa de oposición -representada por unos cuantos semanarios políticos- reclamaba lo único que se podía pedir sensatamente sin entrar en la guerra de familias: control democrático del crédito oficial y democratización general.

Pero más allá de la apariencia de un pluralismo editorial, todo el mundo sabía que la solución de los problemas políticos no pasaba en el franquismo por un juicio público. Si se había abierto la mano a la

Difusión de la prensa 65-70

Año Estatal No estatal Total ejemplares

1965 31'7% 68'3% 2,682.732

1970 26% 74% 3,115.826

FUENTE: SINOVA, J. "La difícil..." Op.cit. págs. 270-1

Los gestores de la cadena de prensa del Movimiento, cuyos índices de venta disminuían de modo imparable debieron ver también en la explotación del escándalo un medio de mejorar sus curvas de tirada o, al menos, detener la caída.

información temporalmente, alguien en el seno del sistema se iba a beneficiar de ello en su lucha con las otras familias. Cuando el nuevo equilibrio de fuerzas fuera restablecido, la puerta se cerraría con la misma brusquedad con que se había abierto.

Desde las primeras informaciones que se habían limitado a señalar la existencia de un asunto turbio sin mencionar nombres (la revista Garbo el día 23 de julio y luego El Noticiero Universal el 29 de julio) el asunto estuvo en manos de la prensa privada. Esta se limita, de momento, a señalar la irregularidad y los rumores sobre la magnitud del escándalo. Resulta irónico que las primeras precisiones las proporcione una publicación del Opus (Desarrollo, 3 de Agosto), organización que acabará siendo blanco de todos los dardos en tanto que paraguas ideológico de los tecnócratas, convertidos ya por los jerarcas del Movimiento en responsables últimos de la crisis. La prensa del Movimiento debió ver pronto las "posibilidades" que el asunto ofrecía, pero tardó unos días en explotarlo a fondo. Fueron La Vanguardia, Informaciones, Ya, ABC, Nuevo Diario y Madrid, todos ellos de propiedad privada aunque de diferentes adscripciones ideológicas y, desde luego, representando una difusión muy superior a la de la prensa estatal³⁹⁰ los primeros en ocuparse del tema.

Estos periódicos comenzaron, como se ha señalado, reclamando información y la primera información oficial data del Consejo de Ministros celebrado en La Coruña el 14 de Agosto de 1969. El mismo Fraga, en su calidad de Ministro de Información, al dar la nota a la prensa pidió que trataran el tema con la mayor libertad y aseguró que

"no se

trataba de un asunto económico, sino un asunto políticos³⁹¹. Esta fue la señal para que tanto la prensa privada de diversas obediencias como la perteneciente a la Cadena del Movimiento -y también la sindical- se lanzaran a una carrera por la denuncia del abuso y la exigencia de responsabilidades. Así el falangista Diario SP³⁹² que el 12 de Agosto todavía creía posible una "declaración convincente", emprendía pocos días después una feroz campaña contra los ministros económicos ("Hacienda y Comercio tienen la palabra", 17 de Agosto) y el sindicalista Pueblo, bajo la dirección de Emilio Romero, se sumaba a la protesta orientándose siempre a dar el mayor relieve político al debate y apoyando la realización de un Pleno de las Cortes sobre Matesa. Los diarios valencianos Levante y Jornada, falangistas ambos, siguieron fieles a la tradición de limitarse, en la mayoría de los casos, a hacerse eco de los planteamientos de la prensa nacional con preferencia por la agencia Pyresa y los periódicos de su misma cadena. Jornada reproduce el 27 de Agosto el editorial de Arriba "Lo de Matesa se sabía". Levante recoge el artículo de Soler Padró en La Vanguardia del 26 de Agosto, en el que se achacaban las causas del fraude al "contexto de toda una política oficial exportadora".

Durante los meses de Agosto y Septiembre, y posteriormente con menor intensidad, se produjo, pues, un debate de gran amplitud que resultaba extraño en el ambiente cerrado y forzadamente unánime de la dictadura. Pero todos y cada uno de los ítems de la discusión tenían el

La independencia del poder judicial queda seriamente en entredicho durante la instrucción y resolución del caso.

Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 1995. 188 págs.

aspecto de ser cartas marcadas. La inicial orientación de las baterías contra el sistema crediticio oficial, escondía, en realidad, la intención de seleccionar políticamente a los futuros culpables³⁹³: Las críticas en este punto mostraban varias líneas: La prensa independiente puso en cuestión el sistema de crédito oficial viniendo a decir que en la Banca privada esto no sucede³⁹⁴. El editorial de Tele-Exprés - perteneciente, como La Vanguardia, a Godó - en fecha tan temprana como el 8 de Agosto, reclamaba una

"vigorosa campaña en pro de la privatización de toda la Banca, como garantía de una administración racional". El Alcázar, que a la sazón estaba en manos del Opus³⁹⁵, advertía a propósito de Matesa de Io que significa el crédito oficial en un país sometido a un monopartido" como para pensar en una nacionalización de la banca bajo el mismo sistema (12 Diciembre). La prensa falangista reaccionó defendiendo la nacionalización frente a "una campaña de descrédito de la Banca nacionalizada u oficial" y pidió "control público de la empresa pública" (Diario SP, 9 de Agosto). Pueblo (11 de Agosto) insistía en evitar el que se aproveche la ocasión para desprestigiar a la banca nacionalizada". En esto la prensa del Movimiento difería en algo más que matices de la prensa democrática, la cual estaba reclamando no cualquier

Aplicación de la Ley de Prensa

Año Expedientes Sanciones

1968 210 91

1969 127 24

1970 102 51

Fuente: TERRÓN, E. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de

control público, sino un control democrático: Nuevo Diario (12 Agosto) y La revista Triunfo (23 de Agosto) incidían en ese enfoque y Cuadernos para el Diálogo (Octubre) ponía en guardia contra la falta de "controles jurídico - políticos para cualquier tipo de actividad económica, pública o privada" y añadía "Cuando en Cuadernos pedimos 'socialización' de la Banca pedimos simultáneamente la democratización del Estado, cosa que no hacen siempre los propugnadores de la llamada 'socialización del crédito".

En realidad, las discusión sobre la Banca pública es una derivación no deseada. El punto que se corresponde con los intereses de quienes instigaron la publicidad del caso es la crítica a la actuación del BCI. Se atacaba al sistema crediticio en vez de al asegurador porque reunía mejores condiciones para servir de blanco en un ataque político: el objetivo no fue nunca otro que minar a los tecnócratas. Y la prensa, en general, se apartó poco de este camino. Núñez Ladeveze vio claramente lo que se acaba de apuntar en un artículo de Nuevo Diario "¿Por qué este sorprendente contraste con silencios, servilismos y camuflajes anteriores? ¿Por qué han sido viables, repentinamente, estas exigencias? ¿Significa que estamos atendiendo a un definitivo cambio de actitud? ¿Significa, sencillamente, una coartada tras la que se simulan intereses partidistas?"³⁹⁶.

Era, en todo caso, una coyuntura permisiva o una permisividad coyuntural; pero esto, que para la prensa independiente constituía una oportunidad de oro - aunque sospechosa - de forzar los márgenes de su libertad³⁹⁷ y ejercer un remedo de periodismo democrático, para la que

pertenecía al régimen por derecho de propiedad y por obediencia ideológica era una extraña encrucijada de crítica al poder, aunque fuera con el apenas disimulado objeto de propiciar un retorno a la seguridad de la grandilocuencia falangista.

3.1.4.3 Sin opinión pública, sin responsabilidad

Otra derivación de opinión pública que puede interesarnos es el tratamiento que la prensa dio a la exigencia de responsabilidades ante la reconocida complicidad de sectores de la administración y la dirección política. El diario católico Ya exclamaba en su editorial del día 28 de Agosto que "el Asunto Matesa es gravísimo" y que había "una responsabilidad política ineludible". El Diario SP de 28 de Agosto se pregunta dónde está la causa de que se produzcan estas situaciones y dice "Sin duda, en la orientación dada a la economía y la industria españolas por el equipo de tecnócratas que lleva el timón de la economía". No había duda de dónde centrar los ataques, como se encargó de señalar Cándido en el diario Pueblo "lo aconsejable sería la politización inmediata del problema"(26 de agosto). El trasfondo político no era un secreto para nadie, "el enfrentamiento Falange - Opus está ya en la calle"³⁹⁸. Los desmentidos oficiales de la asociación religiosa no podían hacer mella en las posiciones que estaban ya previamente delimitadas. Las actitudes que se adoptaron están en consonancia con ello. Lo que constituye una novedad es la virulencia crítica de una prensa - la del régimen, es decir, del Movimiento, de Sindicatos - que siempre se había caracterizado por su seguidismo acrítico y consignista.

La exigencia de responsabilidades políticas, una vez identificados los responsables, pasaba por la intervención de las instituciones ("Las Cortes deben hablar")³⁹⁹ y la exigencia de dimisiones⁴⁰⁰. Y lo mismo exigían otros periódicos. Una parte de la prensa demandó que, junto a las responsabilidades judiciales que procedieran, se depuraran las políticas. El Correo Catalán habló de "responsabilidades administrativas y políticas, dimisiones incluidas" (24 de Agosto). Ya aseguró que

"cuando estas cosas ocurren, la responsabilidad alcanza inevitablemente a las alturas"

(28 de Agosto). La Hoja del Lunes pedía que las Cortes "exploren y esclarezcan con su más diáfano lenguaje toda la intrincada selva de implicaciones y responsabilidades"

(1 de Septiembre). La prensa empezaba a comportarse como si creyera en el parlamentarismo o, mejor dicho, como si creyera que el régimen de Franco era una democracia parlamentaria. Un grupo de 117 Procuradores en Cortes, encabezados por Puig Maestro-Amado, pidió la intervención de la Comisión Permanente, la de Presupuestos e, incluso, el Pleno "para tomar fiel conocimiento de los hechos por boca del gobierno".

En todo caso la exigencia de responsabilidades por un caso de corrupción dentro de un régimen como el de Franco, tenía que chocar con la propia filosofía del sistema ya que éste excluía, precisamente, dicha responsabilidad. Aunque la misma Comisión Permanente de las Cortes se dirigió al Gobierno en demanda de información, pronto se vio que no habría Pleno ni comisión y, lo que es más significativo, tampoco importaba porque "con el Reglamento en la mano" no serviría para nada ya que los procuradores en una Cámara que no es de Control no pueden intervenir ni interpelar⁴⁰¹. La prensa no dejó de señalar esta insuficiencia del "parlamento español" hablando de

"función refrendadora" (Tele-Exprés, 6 de septiembre) o preguntándose "¿para qué sirve una cámara

popular?" (La Voz de Asturias, 12 Septiembre). Y la respuesta la había dado ya Villar Arregui en el diario Madrid (10 Septiembre) "Ni el gobierno ni sus ministros son responsables ante las Cortes". No podía encontrarse una respuesta más certera, por legal y por profundamente cierta, a la crisis que se había puesto en evidencia. Seis meses después seguía sin saberse lo esencial y ni siquiera la cifra exacta de lo defraudado. El informe de la Comisión nombrada por el ministro de Hacienda llegó a las Cortes con prohibición de darle publicidad, el juez penal del caso fue substituido y el nuevo gobierno no se comprometió a facilitar la información⁴⁰². Cuando, tiempo después de haber cambiado el Gobierno, se constituyó por fin una comisión especial de las Cortes presidida por Raimundo Fernández Cuesta, era ya evidente que no se trataba de ninguna labor de control democrático sino de la tarea de acoso y derribo contra el sector que se había alzado con la victoria en la crisis de Octubre. Y, de todas formas, por si había alguna duda el informe que elaboró fue declarado secreto en su parte relativa a los hechos aunque no en sus conclusiones. Dos ministros y un ex ministro - el gobernador del Banco de España - fueron finalmente procesados y luego amnistiados antes de que se dictara sentencia⁴⁰³.

Se había agitado el mar de la publicidad por concretos intereses de grupo pero no se estaba dispuesto a abrir un proceso de opinión pública y, mucho menos, a reconocer que para que ese proceso fuera auténtico faltaba lo que habría sido su consecuencia lógica: el control parlamentario y la responsabilidad gubernamental.

3.1.4.4 Un episodio de la lucha intra - élites. Crisis en la coalición gobernante

Álvarez Puga seguramente acierta al suponer que el momento elegido para destapar un caso conocido desde tiempo antes, no es irrelevante. ¿Cuál era ese momento? El 22 de Julio de 1969, en sesión plenaria y extraordinaria las Cortes designan a D. Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey, con lo que quedan cerradas las incógnitas sobre el futuro del régimen. Era posible, pues, concentrarse en la otra cuestión que dividía a la clase política: la necesidad de asegurarse una buena posición de cara al día, ahora cercano, en que la sucesión fuera inevitable. Los sectores falangistas, encabezados por Solís, intentaban preservar sus feudos en el Movimiento y los sindicatos, como forma de condicionar a la futura monarquía. El plan contaba con asegurar el dominio del consejo Nacional del Movimiento - para convertirlo en una futura supercámara por encima de las Cortes -, la introducción del asociacionismo dentro del Movimiento - con lo que se excluía de facto cualquier pluripartidismo - y una reforma sindical controlada - que recuperara a la clase obrera para el sindicalismo falangista -. Frente a ellos, los hombres del Opus Dei, liderados por López Rodó, pensaban en el modelo económico liberal sin sus servidumbres políticas⁴⁰⁴, es decir sin tener que liquidar la dictadura ni tan siquiera propiciar una ligera apertura. Este sector tecnocrático se consideraba bien posicionado para asegurar el paso a una monarquía franquista. Raymond Carr y Juan Pablo Fusi hablan de otro nivel de división en la clase política del momento que se superpone y, en gran parte, se entrecruza con aquel: el enfrentamiento entre "aperturistas e inmovilistas". Valedores de ambas posturas podían encontrarse tanto entre los tecnócratas como entre los falangistas. Desde

Mis memorias....Op. Cit. Pág. 434.

esta perspectiva, sugiere Álvarez Puga, Matesa sería un intento de "inclinar la balanza de la crisis en favor de un determinado sector"⁴⁰⁵.

La élite "reinante" en este periodo venía siendo la de los tecnócratas del Opus Dei que habían pilotado - con la protección del delfín de Franco, el Almirante Carrero Blanco - la salida de la autarquía y el acercamiento de España a la economía internacional. Debe recordarse que la empresa MATESA se había especializado precisamente en la exportación de telares. El asunto tuvo el efecto de colocar en el punto de mira al grupo del Opus que había "coloreado" el último gobierno y que ya estaba bajo sospecha desde la recesión de 1967⁴⁰⁶. Todo el asunto puede ser visto como un episodio de la sorda lucha que se había entablado en las alturas entre los tecnócratas, que tras sus recientes éxitos económicos intentaban hacerse con el control completo del aparato del Estado, y los burócratas del Movimiento, que veían amenazada su posición y entendieron que el fraude les daba la ocasión de conjurar el peligro⁴⁰⁷. Una parte de la prensa lanzó, instigada por los ministros "azules"

(Fraga⁴⁰⁸, de Información y Solís, del Movimiento) una campaña intensa