POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO 2016 – 2019, A LA LUZ DEL
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE No. 5
AUTOR
JENNIFFER ALEXANDRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:
PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLITICOS
Director:
Dra. ANA MILENA MOLINA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ, DC. 2021
ÍNDICE
Agradecimientos 4
INTRODUCCIÓN 5
Objetivos General 9
Objetivos Específicos 9
1. CAPITULO 01 MARCO TEÓRICO 10
2.1 Políticas Públicas desde el planteamiento de André Noel Roth 12 2. CAPÍTULO 02: EL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y DISTRITALES QUE DIERON ORIGEN AL CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GÉNERO. 17
3.1 Contexto Internacional en la consolidación de políticas públicas para la
igualdad y la equidad de género en la mujer 17
3.2 Contexto Nacional en la consolidación de políticas públicas para la igualdad y la
equidad de género en la mujer 29
3.3 Contexto Distrital en la consolidación de políticas públicas para la igualdad y la
equidad de género en la mujer 36
3. CAPÍTULO 3. FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES QUE INCIDIERON EN EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DESDE LA ALCALDIA DE BOGOTA DURANTE EL PERIODO 2016 – 2019 A LA LUZ.
DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) NO. 5 42
4.1 Factores Sociales 43
4.1.3 Hecho social asociado a la Meta 5.5. Igualdad de Oportunidades y Participación en
posiciones de Liderazgo 44
4.1.4 Hecho social Meta 5.6. asociado al Acceso Universal a los Derechos y Salud
Reproductiva 45
4.2 Factores Políticos 48
4.2.1 Contexto General 48
4.2.2 Inclusión de los ODS a la Alcaldía Distrital de Bogotá durante los periodos
comprendidos entre el 2016-2019 49
4. CAPÍTULO 4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO EMITIDAS POR LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO
2016 – 2019 62
5.1 Funcionamiento Orgánico de las Políticas Públicas en Bogotá 62 5.2 El Ciclo Político de las Políticas Públicas para la Promoción de la Igualdad y Equidad de Género emitidas por la alcaldía distrital durante el 2016 - 2019. 64
5.2.1 Fase No. 1 identificación y Diagnóstico 64
5.2.2 Fase No. 2 Diseño 67
5.2.3 Fase No. 3 Adopción 71
5.2.4 Fase de Implementación 72
5.2.5 Fase de Evaluación 73
5. CONCLUSIONES 86
6. RECOMENDACIONES. 89
7. BIBLIOGRAFÍA 90
Índice de Figuras
Figura No. 1 - Cronograma del Proyecto ... 5
Figura No. 2 - El Policy Cycle según Jones... 16
Figura No. 3 - Tasa de Homicidio por mujeres por cada 100.000 Habitantes ... 44
Figura No. 4 - Porcentaje de mujeres en el total de elegidos para la Cámara de Representantes por el D.C. ... 45
Figura No. 5 - Tasa especifica de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años en Bogotá ... 46
Figura No. 6 - Prevalencia de mujeres de 15 a 49 años que usan métodos anticonceptivos modernos ... 46
Figura No. 7 - Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer hijo ... 47
Figura No. 8 - Línea cronológica en la implementación de los ODS en Colombia ... 48
Figura No. 9 - Marco Normativo en el enfoque integrado de gobierno ... 52
Figura No. 10 - Metas de PDD de la Alcaldía de Bogotá asociadas por ODS ... 53
Figura No. 11 - El Ciclo Político y sus actores en el PDD ... 64
Figura No. 12 - Estructura del diseño de las Políticas Públicas para la equidad de género en Bogotá ... 68
Figura No. 13 - Armonización de los presupuestos de Inversión 2012-2020 ... 72
Figura No. 14 - Red Integrada del Sistema SOFIA ... 85
Índice de Tablas Tabla 1 - Los Enfoques Teóricos de las Políticas Públicas de A. Roth ... 13
Tabla 2 - Metas ODS 5 Igualdad de género. ... 27
Tabla 3 – Inclusión de los Derechos de la Mujer en la Constitución de 1991. ... 33
Tabla 4 - Planes de desarrollo de Bogotá y su incorporación del tema de género 1992-2016 37 Tabla 5 - Asociación de las Metas PDD con ODS por pilar y eje transversal. ... 54
Tabla 6 - Matriz de Asociación Metas resultado PDD por Metas ODS No. 5 ... 55
Tabla 7 - Metas Resultado del PDD Bogotá Mejor Para Todos a la luz del ODS No. 5 ... 57
Tabla 8 - Diagnóstico de las condiciones en la Igualdad de Género ... 65
Tabla 9 - Programas de la del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos" ... 68
Tabla 10 - Presupuesto Plurianual de Inversión ... 70
Tabla 11 - Balance de Cumplimiento Metas Proyecto Proyecto 1067. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas 2016-2019 ... 74
Tabla 12 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1067. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas 2016-2019 ... 75
Tabla 13 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1069. Territorialización de derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres ... 77
Tabla 14 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1069. Territorialización de
derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2016-2019 ... 78
Tabla 15 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1070. Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital ... 79
Tabla 16 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1070. Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito Capital 2016-2019 ... 80
Tabla 17 - Avances y Logros en la política protagonistas Proyecto 1068. Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres ... 81
Índice de Gráficos Gráfico No. 1 - Proporción de los ODS en el PDD 2016-2019 ... 59
Gráfico No. 2 - Presupuesto Plurianual de Inversión Programa de Equidad de Género Alcaldía de Bogotá 2016-2019 ... 71
Gráfico No. 3 - Proporción del Presupuesto Ejecutado de las Metas del Proyecto 1067 ... 75
Gráfico No. 4 - Proporción del Presupuesto Ejecutado de las Metas del Proyecto 1069 ... 78
Gráfico No. 5 - Proporción del Presupuesto Ejecutado de las Metas del Proyecto 1070 ... 80
Gráfico No. 6 - Proporción del Presupuesto Ejecutado de las Metas del Proyecto 1068 ... 83
Agradecimientos
A Dios por su presencia en mi alma y el milagro de seguir aún con vida y salud.
A mis abuelos a quienes en el cielo les dedico la obtención de este título universitario.
A mi mamá por su apoyo incondicional y decidido en el progreso académico en mi vida.
A mi papá por creer y orar por mí.
A mi hermano por ser mi bastón y mejor amigo.
A mis profesores por su paciencia y coraje al hacer de sus alumnos su mejor proyecto.
Cronograma del Proyecto
Figura No. 1 - Cronograma del Proyecto
Dentro del cronograma del proyecto se estipularon las actividades correspondientes a todas las fases integrantes en el desarrollo del presente trabajo de grado, en cada una de ellas se ven reflejadas las fechas específicas sobre las cuales se realizó la entrega puntual de cada actividad. En total, el desarrollo de este trabajo tiene una duración de 11 meses con una distribución de 3 meses para el anteproyecto y la definición del problema, así como las fuentes de investigación y el marco teórico y los siguientes 8 meses para la elaboración del proyecto en su fase introductoria capítulos, conclusión y recomendaciones.
La parte que más ocupo recursos en tiempo y elementos para el análisis investigativo fue en el desarrollo de los capítulos donde se puede observar que cada uno se llevó a cabo en un tiempo promedio de 1 mes, teniendo en cuenta todas las retroalimentaciones realizadas por mi tutora durante el proceso de ejecución y entregable del proyecto.
INTRODUCCIÓN
La Igualdad de Género es un principio jurídico natural universal el cual estipula que los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de la ley y que gozan de los mismos derechos y responsabilidades, sin exclusión de ninguna índole.
Sin embargo, se puede constatar, como sociedad, que no basta con declarar un concepto jurídico, si no se llega a materializar. Para que así sea, la igualdad debe expresarse en oportunidades tangibles y efectivas que puedan abarcar una serie de escenarios como: la educación en todos sus niveles, el acceso digno a un trabajo, servicios de salud y seguridad social, tener la oportunidad de competir por puestos y cargos de representación popular en igualdad de condiciones, gozar de la libertad para elegir pareja y la autonomía para poder elegir sobre su propia entidad física.
El reconocimiento sobre esta construcción en la igualdad de género, se les atribuye a las mujeres, quienes han librado una conquista histórica en diferentes escenarios de poder y decisión, sobre su autonomía económica, física y social para ecualizar la balanza y finiquitar la brecha entre géneros. Este proceso de reconocimiento paulatino derivó en la adopción de diferentes políticas públicas a nivel internacional que abogan por la promoción y respeto de la igualdad de género y el cual actualmente, encuentra su más alta expresión en el objetivo No. 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 propuesto por las Naciones Unidas.
El propósito de este objetivo es orientar a los estados hacia la eliminación de las barreras existentes en materia de género con el fin de lograr una igualdad de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres, (Veeduría Distrital, 2019). Para el cumplimiento de tal fin, los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a enfocar sus esfuerzos gubernamentales para el cierre de las brechas salariales, logro de equidad de participación de las mujeres en el mercado laboral y en el ámbito público, así como también, la eliminación de la violencia de género.
En concordancia con lo anterior, en Colombia se ha venido desarrollando e implementado políticas públicas para garantizar la igualdad de género u lograr el complimiento del objetivo N 5. Uno de los casos más significativos a nivel nacional es el de la Ciudad de Bogotá, la cual, ha aunado sus esfuerzos en atender el compromiso adquirido bajo el consenso internacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos, la adopción del Objetivo No. 5 por la promoción de la igualdad de género y ha compaginado sus metas internacionales con el contexto específico que presenta este fenómeno dentro del Distrito Capital.
Con una superficie 1,775 km², una población de 7.181.469 distribuidos en 20 Localidades, siendo la Ciudad que aporta el 25.9% del PIB en Colombia, (Observatorio de Desarrollo Económico, 2020), sin duda alguna, Bogotá es la ciudad más importante del territorio Colombiano y por supuesto, también, la que afronta los mayores desafíos en materia de Igualdad y equidad de género, tan sólo para el año 2007 el área metropolitana de Bogotá presentaba una situación bastante desequilibrada para las mujeres ya que, del 60% de la Población sin ingresos el 40% estaba compuesto por mujeres y el 20% restante por hombres, la tasa de analfabetismo era de 2.2% para las mujeres y de 1.3% para los hombres, en el mercado laboral bogotano la tasa de ocupación era del 58% para los hombres y para las mujeres el 42% y la Violencia de Género era reconocida en diferentes niveles de agresividad por el 70%
de las mujeres que alguna vez habían tenido una relación, (Arenas Saavedra, 2010, ).
Estos desafíos han derivado en la aplicación de diferentes políticas públicas a lo largo de diferentes administraciones de gobierno distrital. Sin embargo, se hace imperiosa la necesidad de denotar aquellas políticas públicas que se gestan desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible en especial del Objetivo No. 5 enfocado a la Igualdad de Género, por consiguiente, el siguiente ejercicio investigativo plantea la siguiente pregunta:
¿Cuáles fueron las políticas públicas para la promoción de igualdad y equidad de género emitidas desde la Alcaldía de Bogotá durante el periodo 2016-2019, a la luz de las metas propuestas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No? 5?
El análisis derivado de la respuesta a esta pregunta proviene del interés de conocer si hubo o no implementación de políticas públicas en la Administración Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá durante el periodo 2016 al 2019, y si estas cumplieron o no, con la promoción de la igualdad y la equidad de género, en concordancia con el objetivo No. 5 de los Objetivos de desarrollo sostenible.
Objetivos General
Por consiguiente, el desarrollo de este trabajo investigativo propone como objetivo general identificar cuáles fueron las políticas públicas para la promoción de igualdad y equidad de género emitidas desde la Alcaldía de Bogotá durante el periodo 2016 - 2019 a la luz de las metas propuestas en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 5. Por consiguiente, se propuso trabajar en los siguientes objetivos específicos:
Objetivos Específicos
1) Enunciar los antecedentes internacionales, nacionales y distritales que dieron origen al concepto de política pública de igualdad y equidad de género, con el fin de establecer un contexto acerca de cómo estos dos conceptos se han desarrollado en la ciudad de Bogotá. 2) describir los factores políticos y sociales que incidieron en el desarrollo de políticas públicas de igualdad y equidad de género desde la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo 2016 - 2019, a la luz de las metas propuestas en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 5, 3) establecer cuáles fueron las políticas públicas emitidas para la promoción de igualdad y equidad de género que se elaboraron desde la Alcaldía de Bogotá durante el periodo 2016 – 2019.
Dentro del enfoque disciplinar que comprende las habilidades como profesional de relaciones internacionales y estudios políticos, sobre las cuales se incluye: el interés por la situación política económica y cultural, a nivel nacional e internacional, así como en el discernimiento y evaluación de políticas por medio de herramientas de análisis social es pertinente mencionar que el enfoque metodológico utilizado fue de tipo cualitativo, ya que este brinda las herramientas de revisión y análisis de datos recopilados de otras fuentes de investigación. De la misma forma es de carácter exploratorio y descriptivo, puesto que se llevó a cabo una indagación y descripción de las causales que dinamizan o ralentizan el proceso de expedición de políticas públicas que contraen la igualdad y equidad de género, y su implementación o no en el gobierno distrital de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo 2016 – 2019.
Las fuentes de información utilizadas en el presente trabajo provienen de fuentes académicas proporcionadas por bases de datos investigativas que reposan en Dialnet, Google Scholar, Ebsco Academic search ultimate y fuentes oficiales de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial y también de organismos como la Secretaría Distrital de Hacienda, la Alcaldía de Bogotá, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
1. CAPITULO 01 MARCO TEÓRICO
El estudio de las políticas no aborda sólo las elecciones, instituciones, modelos de democracia, partidos, liderazgos o grupos de interés. También requiere de un proceso de toma
de decisiones gubernamentales para lograr objetivos sociales, ejecución de las propuestas y seguimiento a dicha ejecución. En definitiva, trata también de las políticas públicas.
Abordar una realidad a la luz de las políticas públicas significa analizar los procesos por los cuales las Instituciones Públicas del Estado, en su interacción con otros actores, produce decisiones políticas. Estas decisiones constituyen los compromisos del sistema político los cuales se materializan en productos tan cercanos, como la política de transportes, la gestión del sistema sanitario, la planificación de los sectores energéticos, la administración del sistema de educación, la organización de la defensa nacional y un larguísimo etc. La disciplina de este estudio también abarca el análisis sobre cómo estas decisiones se llevan a cabo en su fase de implementación y determinar cuáles fueron los resultados e impactos en su fase de evaluación de las políticas públicas.
Como bien lo menciona Navarro 2008
“Los estudios de políticas públicas tratan de proporcionar las herramientas para poder enfrentarse a cualquier decisión pública y entender y, quizás, poder explicar:
cómo y por qué determinados problemas son calificados de públicos y a otros se les niega tal condición, cuál es la lógica de conformación de una agenda de gobierno; cómo y por qué se eligen ciertas estrategias para solucionar los problemas públicos en detrimento de otras; cómo y por qué algunas implementaciones de políticas fracasan mientras que otras constituyen un éxito o cómo identificar los criterios valorativos o indicadores con los que evaluar las políticas. De igual modo, en su versión aplicada, aporta conocimientos a aquellos que participan en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas (técnicos, administradores, políticos, grupos, etc.), que pueden contribuir a mejorar el rendimiento de las decisiones.” (Navarro, 2008)
Debido a las pragmáticas herramientas de análisis que brinda la disciplina del estudio de las políticas públicas se construirá un marco teórico basado en la teoría expuesta por el Politólogo André Noe Roth, autor con una amplia profundidad de investigación en esta disciplina.
2.1 Políticas Públicas desde el planteamiento de André Noel Roth
Según la definición aportada por André-Noel Roth, una política pública es: “Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización no gubernamental, con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. (Roth, 2002, Pág 27).
De esta definición, Roth advierte que el análisis de la política pública puede discriminarse en tres elementos: “los objetivos colectivos que el Estado considera deseables y necesarios, los medios y acciones procesados total o parcialmente por una organización o institución gubernamental y por último los resultados de estas acciones incluyendo las consecuencias deseadas como las imprevistas” (Roth, 2002, Pág 27).
Dada la anterior clasificación de los elementos, se puede observar que el análisis de las políticas públicas consiste en indagar un conjunto de objetivos, medios y acciones definidos por el cuerpo estatal con el fin de transformar total o parcialmente la sociedad. Cabe resaltar, que la política pública no existe por fuerza natural, sino que deriva de la construcción social que busca la solución a un objeto de investigación.
En el presente trabajo de grado se analizará a modo descriptivo, el conjunto de elementos desarrollado por Roth para la implementación de una política pública y que incluyen: 1) los objetivos colectivos que el Estado considera necesario o deseable: en este caso,
la Administración distrital de gobierno de Bogotá frente a la problemática de igualdad de género, definida según los parámetros del Objetivo No. 5 de las ODS, 2) los medios y las acciones procesados total o parcialmente: en ella se describirán las medidas y acciones adelantadas por la Alcaldía de Bogotá que incluye el cumplimiento de las metas propuestas en el CONPES 3918 de 2018 que está directamente relacionada con los ODS, 3) Resultados de las acciones: en donde se describirán las consecuencias causadas con la implementación de los medios y acciones durante el periodo 2016 - 2019.
El análisis de las políticas públicas parte de tres enfoques, descritos a continuación:
Tabla 1 - Los Enfoques Teóricos de las Políticas Públicas de A. Roth
ENFOQUE TEÓRICO CENTRADO EN EL ESTADO
ENFOQUE TEÓRICO CENTRADO EN LA SOCIEDAD
ENFOQUE TEÓRICO MIXTO
Este enfoque propone al Estado como un ente independiente de la sociedad. El Estado aquí funge como un proveedor de servicios. En este grupo se sitúan los enfoques decisionistas (con sus modelos racionales o racionalidad limitada).
También entra el enfoque neowebriano según el cual las elecciones públicas resultan en conflictos y competición de distintos grupos tecnocráticos del Estado. Todos estos enfoques tienden a minimizar la influencia de los cambios y los actores situados en el entorno social, económico, político e internacional del Estado para explicar las políticas públicas.
Aquí el Estado es considerado como una variable dependiente de la sociedad. Aquí se encuentran, de un lado, enfoques marxistas, neo marxistas, con otras posiciones ideológicas totalmente opuestas, como el enfoque racionalista, pluralista, elitista y de escogencia o de elección pública. A pesar de sus diferencias ideológicas, todas tienen en común considerar al Estado como un ente dependiente de la sociedad, con lo cual minimizan la capacidad y el impacto de las instituciones públicas en materia de políticas públicas.
Este grupo busca situarse en una posición mediana, rechazando el concepto economicista o social que predomina en la teoría centrada en la sociedad y también se niega reducir a las políticas públicas a una minoría de personas que integran la burocracia el Estado. Aquí se ubican posturas y opciones teóricas y políticas muy variadas como el neocorporativismo, neoinstitucionalismo,
análisis de redes de acción entre otros. Estos enfoques toman en consideración todas las distinciones y variaciones que existen tanto en factores internos como en factores externos. En su explicación de la política pública considera que éstas deben ser resultado de la interrelación y no de la relación de los actores que la
forman de una
interdependencia y no de una dependencia, considera que el Estado y la sociedad tienen una relación más horizontal (el uno y el otro son socios) que verticales (el uno domina al otro).
Nota: Adaptado de Políticas Públicas Formulación, Implementación y Evaluación (p. 29 -31), por Roth A. N., 2002, Ediciones: Aurora.
Para el desarrollo del presente análisis se tendrá en cuenta el enfoque mixto de Políticas Públicas ya que permite desarrollar investigaciones y posiciones de campo más abiertas y con mejor capacidad exploratoria. Considerar anticipadamente que las políticas públicas dependen de las presiones sociales o económicas como en el enfoque centrado en la sociedad o de la racionalidad de los burócratas que integra las instituciones públicas como lo expone el enfoque centrado en el Estado, tiende a limitar los alcances del análisis, en cambio, si se evalúan los diferentes elementos que inciden en la construcción y desarrollo de una política pública sin prejuicios de su origen, se favorece la validación de un análisis más profundo.
Para ir más allá y alcanzar un mejor resultado en el estudio del enfoque teórico mixto, se requiere de una serie de instrumentos como herramientas complementarias de análisis que aporten un modelamiento descriptivo de estos sucesos. Para ello se tomará en cuenta un tipo de herramienta desarrollada por Jones, 1970, denominada Policy Cycle o Ciclo de la política,
“la cual distingue 5 etapas o fases, la identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación” (Roth, 2002, Pág 49).
La clave de esta herramienta radica en presentar una sucesión de secuencias de fases políticas que involucran tanto a los actores del Estado, como a la sociedad en su conjunto. El modelamiento de estas secuencias involucra un análisis muy general, lo que permite su adaptación a cualquier tipo política pública y facilita la delimitación del objetivo de análisis del presente trabajo de grado.
En la fase No. 1 existe una situación que se percibe como problema por actores políticos como sociales, idealmente las organizaciones gremiales, los sindicatos y federaciones, así como partidos políticos, definen el cuerpo del problema y se busca algún tipo de acción concreta que quede inscrito en la agenda de un sistema político. En la fase No. 2 una vez se logra la inclusión del problema en la agenda gubernamental, la administración del gobierno formula un proyecto para reducir y eliminar el problema. En la fase No.3 “los actores e
instituciones autorizados para tomar la decisión, gobierno o parlamento, examinan las soluciones existentes y deciden dar respuesta” (Roth, 2002, Pág 49). En la fase No. 4 se implementa en la práctica la decisión tomada en la fase 3, para materializar la acción. Por último, en la fase No. 5 se miden los impactos causados por la implementación y puesta en marcha de la política pública.
Figura No. 2 - El Policy Cycle según Jones
Nota: Adaptado de El Policy Cycle según Jones 1970 (p. 50), por Roth A. N., 2002, Ediciones: Aurora.
A pesar de su practicidad, esta herramienta no siempre se presenta de forma lineal, de hecho el proceso de política pública puede empezar perfectamente en cualquiera de las fases, haciendo de este, un modelo flexible observable no sólo desde el punto de vista jurídico, donde todo se resume a leyes, decretos y normas, sino también desde un punto de vista sociológico y politológico, dando más herramientas para medir el fenómeno de la igualdad de género en Bogotá y su relación con las políticas públicas.
A. Roth, esgrime variables sustanciales que enriquecen el análisis de cada una de las fases concernientes al Policy Cycle, desde la definición del problema hasta la evaluación de las políticas públicas. Para efectos de la presente investigación, se definirá las variables en cada una de las fases y que conciernen al estudio de las políticas públicas en el capítulo 4 donde se evalúa con precisión a la luz de las políticas públicas impulsadas por la Alcaldía Distrital de Bogotá para la promoción de la igualdad y equidad de género durante el periodo comprendido entre el 2016 al 2019 según las metas propuestas en los ODS No. 5.
2. CAPÍTULO 02: EL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y DISTRITALES QUE DIERON ORIGEN AL CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.
Uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado es el de analizar los contextos internacionales, nacionales y distritales en los que se gestaron las políticas públicas para la equidad y la igualdad de género, ya que esto nos permite realizar una trayectoria histórica en la lucha de las mujeres por alcanzar un mayor reconocimiento y participación activa en los diferentes escenarios públicos y sociales.
Por ello este capítulo se dividirá en tres partes. La primera parte abordará el contexto internacional, en donde se definirán los hechos más importantes que han derivado en la consolidación de una política pública para la igualdad y la equidad de género a nivel global.
En la segunda parte, se analizará el contexto nacional identificando las particularidades que enfrenta la sociedad colombiana en esta materia y, por último, en la tercera parte se estudiará los elementos más importantes que han llevado a la formulación y aplicación de políticas públicas para las mujeres en la ciudad de Bogotá.
3.1 Contexto Internacional en la consolidación de políticas públicas para la igualdad y la equidad de género en la mujer
Desde sus principios y orígenes hasta la actualidad, las grandes civilizaciones en la historia del mundo se han visto caracterizadas por una profunda desigualdad entre hombres y
mujeres, donde la inequidad de género se manifiesta en múltiples escenarios, entre ellos: la desigualdad en las oportunidades básicas y especiales en el ámbito laboral y profesional, como en la adquisición y posesión de bienes, falta de voz y voto, desproporcionadas diferencias salariales, entre otras más que han generado imperiosas pugnas por proteger los derechos de las mujeres.
A causa de ello, las políticas públicas de género han permitido que se realicen políticas de inclusión y acción participativa de la mujer en la sociedad, los cuales, han derivado en el reconocimiento de varios derechos femeninos a nivel internacional. Sin embargo, dicha inclusión se da aún en condiciones de desigualdad por la diferencia social, cultural y psicológica que persisten en varias sociedades alrededor del mundo.
A pesar de que en las últimas décadas se ha favorecido la condición social de las mujeres, la sociedad tiene una deuda histórica con ellas. A consecuencia de ello, en este trabajo se busca identificar los distintos momentos que han vivido las políticas públicas para la equidad y la igualdad de género en el ámbito internacional, nacional y distrital como eje fundamental que permitirá discernir el resultado de un largo proceso social y político en el que confluyen varios escenarios y participan diferentes actores.
Siguiendo el trabajo realizado por (Estrada L, 2011) la pugna por los derechos de la mujer y de su construcción en políticas públicas a nivel internacional se pueden dividir en cuatro grandes momentos:
Primer Período: En un principio los derechos de las mujeres estaban definidos por un sistema patriarcal en donde el hombre libre de la revolución francesa se reservaba los derechos civiles y políticos, mientras que a la mujer se le asignó el rol de sumisión frente a la autoridad masculina. De acuerdo con (Agudelo 2008) “Dicha autoridad se manifestó, en muchos lugares a través de figuras como la potestad marital, que limitaba su capacidad civil en cuanto a la
administración de sus bienes, además de excluirla en lo público, en especial del derecho al voto.” citado en (Estrada 2011, p.45).
Este paradigma parecía prolongarse hasta la llegada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la recién formada Organización de las Naciones Unidas en 1948. En donde se establecieron nuevos compromisos a nivel mundial para el establecimiento promoción y protección de derechos humanos como respuesta a los incontables crímenes de lesa humanidad provocados en la Segunda Guerra Mundial.
En lo concerniente a la mujer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos promovida en 1948 hace una alusión directa a esta en dos ocasiones: Durante el preámbulo, menciona la igualdad de libertades que gozan ambos géneros en el disfrute de todas las oportunidades sociales, y en el artículo 16, en el que se estipula la igualdad de derechos que tiene la mujer y el hombre durante el matrimonio.
En lo que resta del documento se hace mención a los derechos civiles de una manera impersonal, es decir, de una forma en la que no se trataba puntualmente a la mujer como sujeto de derecho social, como también,” no existían en el momento de la adopción de la Declaración, instrumentos internacionales que respondieran a las necesidades específicas de la mujer”
(Estrada, p. 46).
Debido a esto, las mujeres alrededor del mundo buscaron nuevas alternativas políticas, económicas y culturales que pugnaron por el reconocimiento de sus derechos civiles los cuales generaron nuevos debates en las sucesivas conferencias de las Naciones Unidas donde develaron la profunda inequidad que las afectaba y empezaron a presionar por la firma de acuerdos internacionales que reforzaron el compromiso de las naciones del mundo para el cambio de este paradigma.
Es así como surge la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, una declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 2263 el 7 de Noviembre de 1967, donde considera que a pesar de que en la Declaración de los Derechos Humanos se establece el principio de la no discriminación y proclama a todos los seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos, lo que se observa en la práctica es una constante discriminación que afecta a la mujer en varios escenarios de la vida política, económica y social en comparación con el hombre y constituye como resultado un obstáculo para el desarrollo de los países y la humanidad.
Segundo Momento: Este momento se sitúa en los años 1970 donde se produjeron múltiples conquistas en el escenario internacional, los cuales llevarían a consolidar movimientos sociales más intensos en pro de la igualdad de género y la creación de más oportunidades para las mujeres.
Es así como en esa década del siglo XX estaba en auge y crecimiento un movimiento feminista en Europa y Estados Unidos que empezó a cuestionar los conceptos sociales adquiridos hasta la época, se empieza a dividir el género del sexo estableciendo al género como consecuencia de una relación social y al sexo como un acontecimiento netamente biológico, con lo cual, se hizo una escisión incisiva sobre las nociones tradicionales más arraigadas en la sociedad de entonces donde ya no se considera a la mujer como el género débil simplemente porque su constitución en masa física es menor que la del hombre, dónde se le da un espacio y reconocimiento intelectual a la mujer en las esferas de la educación, la política y los aspectos económicos importantes.
Junto a estos importantes cambios en perspectiva de género se sumaron grandes acciones durante esta década, como bien lo señala Estrada:
“Precisamente durante ese tiempo, el movimiento social de mujeres, retomando el pensamiento crítico impulsado por la corriente feminista de años inmediatamente anteriores, plantea una nueva relación entre las mujeres y el Estado; es en este contexto donde se realiza la primera conferencia mundial sobre la Mujer (México, 1975)
auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas que había declarado ese año como el Año Internacional de la mujer.” (Estrada, p. 47)
Este antecedente marcó un hito en la historia por la constitución de los derechos e igualdades de la mujer a nivel internacional, pues la conferencia mundial sobre la mujer fue convocada como la primera de una serie de reuniones “cuyo objeto era comprometer a los Estados en la adopción de nuevas estrategias y planes de acción para transformar la condición social de las mujeres” (Rubio y Martínez, 2004).
El plan de Acción Mundial propuesto durante la conferencia pretendía abordar 3 frentes que debían cumplirse durante el periodo de 1975-1980: la primera se refería a la plena igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación por motivos de sexo, la segunda la plena participación y la integración de mujeres al desarrollo y por último la contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz mundial.
Cada uno de estos tres frentes tenía propuesto metas que se centraban en garantizar el acceso equitativo de las mujeres en instituciones educativas, oportunidades laborales, sufragio político, acceso a servicios de salud, posesión de bienes, nutrición y planificación familiar.
Estos compromisos se extendieron no sólo en el ámbito de acción por medio de política pública sino también en todas las funciones y papeles asignados a cada sexo y en los miembros de la familia en general.
Por otro lado, se evaluó la necesidad imperativa de tener un organismo en el gobierno de cada país que cumpliría con la función de vigilar y evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. “Como resultado de estos compromisos hacia finales del Decenio para las Naciones Unidas de la Mujer (1975-1985) 127 Estados habrían reformado leyes y establecidos mecanismos para investigar y transformar la situación de las mujeres” (Rubio y Martínez, 2004).
Producto de esta conferencia nace la iniciativa de consolidar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres o por sus siglas en inglés CEDAW, que todavía preserva un carácter vinculante, ya que fue el tratado internacional más exhaustivo para proteger los derechos de la mujer. “Fue el segundo tratado de derechos más ratificado en las Naciones Unidas (189 Países) tras la convención de los Derechos del Niño aprobada en 1979, esta convención exige legalmente a los gobiernos signatarios eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la esfera pública y privada incluida la familia y se propone alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres, no sólo en las leyes sino también en la vida práctica.” (ONU MUJERES, 2001).
Tercer Momento: Este momento se caracterizó por la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, el cual fue un tema tabú en muchas sociedades en las que se protegía el escenario privado por fuera de cualquier escrutinio político. Se requirió de una década para que el grupo de las mujeres pudieran inculcar en la comunidad internacional los efectos de esta problemática y las urgentes acciones que exigían una normativa una y políticas públicas internacionales.
En el escenario internacional se celebró la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhague en 1980 donde representantes de 145 estados miembros de las naciones unidas y 700 participantes del foro paralelo de organizaciones no gubernamentales se reunieron para evaluar y examinar los avances realizados en seguimiento del plan de acción mundial de 1975.
En el desarrollo de dicha conferencia se reconoció que existía una divergencia en los derechos garantizados y la capacidad de las mujeres para acceder a estos derechos. Es decir, en muchos países se habían logrado cambios en aspectos jurídicos, pero no la igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por ello se establecieron tres ejes de acción que se enfocaban en la igualdad de acceso de educación a las mujeres, igualdad en el campo de empleo y servicios adecuados en el tratamiento de salud.
De igual forma “el Programa de Acción exhortó a los Estados a que adoptaran medidas que garantizaran el derecho de las mujeres a la nacionalidad, a la propiedad, al control de sus bienes, a la herencia y al derecho a la patria potestad. Las delegadas y los delegados a la Conferencia también exhortaron nuevamente a los Estados para que se pusiera fin a las actitudes estereotipadas hacia las mujeres.” (Rubio y Martínez 2004).
Durante el desarrollo de esta conferencia se recalcó la importancia de eliminar cualquier forma de violencia física en contra de la mujer, incluyendo la normalizada violencia doméstica, ya que constituye una violación a los derechos humanos y es un aspecto cultural que merece ser erradicado en pro de lograr una sociedad con mejores oportunidades de desarrollo.
Ya para la próxima Conferencia Internacional para la Mujer celebrada en Nairobi en 1985, el movimiento feminista era un fenómeno global, más de 15.000 delegadas asistieron al foro donde se reconoció al movimiento de igualdad de género y en especial de la defensa por los derechos de las mujeres como un movimiento de escala global.
El empleo, la salud y la educación siguen siendo los tres pilares objetivo de esta conferencia, así como también, el flagelo de la violencia seguía siendo uno de los puntos clave que debían manejarse a nivel político, legal, social y cultural. Sin embargo, uno de los hechos más importantes que se observó durante el diagnóstico general fue que los desarrollos de los derechos femeninos eran en muchos casos, marginales, debido a la falta de recursos económicos que promovieron la igualdad de oportunidades.
Esto instó a los organismos internacionales a evaluar el impacto de los ciclos económicos y también de los efectos derivados de sus modelos económicos todavía imperantes en la época, como el imperialismo, el colonialismo, el Apartheid y las relaciones Internacionales injustas. La conferencia de Nairobi evaluó no sólo acciones culturales propositivas y los cambios legislativos, sino también el aspecto económico donde quedó en
evidencia variables correlativas con el desarrollo de los derechos de la mujer, como el tratamiento de la pobreza, la desigualdad social y racial.
La década de los 90 del siglo XX estuvo marcada por cambios de perspectiva social entre las mujeres y el Estado, en el cual la práctica de autonomía personal ya no se realizaba de una forma defensiva con una actitud confrontativa, sino que se modificó a una lógica de negociación, igual de fuerte y propositiva, pero con una apertura dispuesta al diálogo.
Durante esta década, el movimiento feminista logró solidificar uno de sus más importantes logros en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena 1993, donde se reconocieron los derechos de las niñas y mujeres como partes inalienables e intrínsecas de los derechos humanos fundamentales y como parte de ello consideró a la violencia contra las mujeres como una violación directa a los derechos humanos. A partir de aquí se reconocieron las múltiples dimensiones que adopta la violencia en contra de la mujer, como la física, la psicológica y la sexual que han perpetuado relaciones de poder históricamente desiguales y han afirmado la dominación y la discriminación en contra de las mujeres, convirtiéndose en uno de los mecanismos primordiales por los cuales se mantiene a las mujeres en subordinación con el hombre. Frente a este hecho la conferencia de Viena solicitó a los Estados miembros la urgente necesidad de aplicar medidas más acertadas para reducir y prevenir la violencia generalizada en contra de la mujer.
En el continente latinoamericano la Organización Panamericana de la Salud en 1993 declaró mediante la resolución 37/19 la violencia en contra de las mujeres como un problema de salud pública y “en 1994 la Organización de los Estados Americanos aprobó la convención latinoamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres (Convención Belem Do Pará) la cual tiene un carácter vinculante para los estados parte. Así mismo en la conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995), a raíz de
las propuestas latinoamericanas se incluyó la violencia contra las mujeres como uno de los doce puntos para la Plataforma de Acción.” (Estrada, 2011).
Las aplicaciones de estos instrumentos internacionales han servido para que las mujeres puedan denunciar diferentes actos de discriminación y violencia en contra del gobierno de su país ante mecanismos internacionales. Como consecuencia de ello se han elaborado programas de capacitación, programas académicos, de investigación y corrección hacia las formas de violencia femenina, así como la creación de comisarías para la mujer y albergues para mujeres maltratadas, en algunos países como Chile, Argentina y España.
Otro de los hechos más relevantes se da por medio de la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), un organismo internacional especializado en la medición y el progreso de las medidas adoptadas para la prevención, sanción y erradicación de las formas de violencia de género.
Cuarto Momento: En este contexto se van consolidando políticas públicas internacionales con visiones íntegras que proponen trabajar conjuntamente sobre las variables que afectan el desarrollo de la sociedad humana. Es aquí donde se crea la Cumbre del Milenio en el año 2000 en la cual 189 jefes de Estado entre ellos el colombiano, acordaron el cumplimiento de 8 objetivos de desarrollo del milenio alcanzables para el 2015, los cuales incluyen: “la erradicación de la pobreza y el hambre, educación primaria universal, promoción de la igualdad de sexos y la autonomía de la mujer, reducción de la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo”
(OMS, 2003).
El desarrollo del tercer objetivo: promoción de la igualdad de sexos y la autonomía de la mujer, tuvo varios alcances a nivel mundial, entre ellos cabe destacar el aumento considerable de niñas que asisten a las instituciones educativas, mejorando considerablemente
la disparidad de géneros en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, en Asia Meridional sólo 74 niñas se matriculaban en la escuela primaria por cada 100 niños en 1990, en 2015, 103 niñas se matriculaban por cada 100 niños, las mujeres constituyeron en 2015 el 41% de los trabajadores remunerables en sectores no Agrícolas un aumento positivo en comparación con el 35% de 1990, en el aspecto político las mujeres han ganado representación parlamentaria en casi el 90% de los 189 países que participaron en el desarrollo de las metas. (Naciones Unidas, 2015).
Durante los 15 años de su vigencia los ODM impulsaron el progreso en materia de igualdad de género y empoderamiento femenino en los campos de la salud, educación y participación política, sin embargo, persistían grandes retos evaluados desde la conferencia de la Mujer en Nairobi y es en el campo económico-político, persistía una preocupación generalizada de los gobiernos por dejar en el margen del campo de acción político, los proyectos sociales importantes como la inversión para acabar con la pobreza, la igualdad de género y el analfabetismo.
El legado, los logros y los retos de los ODM brindaron experiencias y lecciones valiosas que generaron el planteamiento de nuevos objetivos con el fin de trabajar en las metas inconclusas y de plantear nuevas políticas de acción para las problemáticas presentes en el contexto actual. Debido a ello se crearon los Objetivo de Desarrollo Sostenible o conocidos por sus siglas ODS como una iniciativa planteada por las Naciones Unidas para dar continuidad con los ODM, con 17 objetivos y 169 metas propuestas para enfrentar los desafíos del cambio climático, la desigualdad económica, el consumo sostenible, la paz y justicia.
Este proceso de negociación que involucró la participación de 193 Estados miembros de la ONU el 25 de Septiembre de 2015 en Nueva York, propone dentro de su objetivo No. 5 la Igualdad de Género donde el enfoque ya no sólo representa la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, sino que además la igualdad de género se
convierte en un factor crucial para el desarrollo sostenible ya que se ha podido evidenciar durante el curso de los últimos años que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.
El Objetivo planteado se sustenta en la evaluación y medición de 9 metas que descritas en la siguiente tabla:
Tabla 2 - Metas ODS 5 Igualdad de género.
Metas ODS 5, Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing.
a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales.
b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental (tecnología de la información y las comunicaciones) para promover el empoderamiento de las mujeres.
c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Naciones Unidas, 2015).
El panorama mundial contemporáneo para las mujeres es mucho mejor que en el pasado. Son menos las niñas que son forzadas a contraer matrimonio a temprana edad, más mujeres están introduciéndose en el parlamento y cargos de liderazgo, y cada vez más gobiernos están generando nuevas leyes y reformas legislativas para promover la igualdad de género. Sin embargo y a pesar de estos avances, los ODS todavía enfrentan retos importantes y seculares que todavía persisten a pesar de las múltiples conferencias y acuerdos internacionales, “las leyes y prácticas discriminatorias permanecen muy generalizadas, así como las prácticas lesivas y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas, en todo el mundo las mujeres y niñas reciben parte desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado además siguen enfrentándose a obstáculos con respecto a la salud y derechos sexuales reproductivos” (Naciones Unidas, 2019)
Tan sólo en América Latina y el Caribe en una encuesta realizada a 18 países de la región por la CEPAL, casi un tercio de las mujeres de la región no cuenta con ingresos propios, una situación que las hace vulnerables y económicamente dependientes en 2017 “el promedio de las mujeres que carecen de ingresos propios en la región alcanzó los 29.4% mientras que el de los hombres fue de 10.7%. Actualmente 13 países de la región cuentan con leyes integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que amplían las fronteras de las políticas de género involucrando a Parlamentos, tribunales, policías, fiscalías y a los sectores de salud, educación y trabajo a nivel nacional y subnacional. Pero el avance normativo no ha sido suficiente para erradicar la violencia de género. En América Latina y el Caribe, el 21% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses.” (CEPAL, 2019).
Para lograr la igualdad de género a nivel mundial se necesitarán de medidas audaces y sostenibles que reformen los problemas estructurales de fondo y las causas fundamentales de la discriminación de la mujer. Igualmente es imperativo que los países continúen adquiriendo compromisos internacionales y que se orienten al desarrollo de los objetivos de una agenda mundial, como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que se logren cambios sustanciales en el desarrollo de la igualdad y la equidad de género.
3.2 Contexto Nacional en la consolidación de políticas públicas para la igualdad y la equidad de género en la mujer
Así como en el escenario internacional se han venido presentando cambios sustanciales en el desarrollo y adaptación de los derechos de la mujer, mejorando el trato igualitario y equitativo entre los géneros, en Colombia también se han venido consolidando cambios significativos de manera paulatina. Siguiendo el trabajo de Estrada, podemos evidenciar tres momentos frente al marco normativo en el país que han sido las bases no sólo para el desenvolvimiento del acto judicial, sino también, para la implementación de nuevas políticas
públicas que surgen con el motivo de defender y promover los derechos de las mujeres en el territorio colombiano.
Primer Momento: Durante el siglo XIX y principios del siglo XX la familia en Colombia ha gozado de cierta privacidad protegida en aquel entonces por la religión católica, donde separaba la esfera privada de la pública, otorgándole un fuerte poder a las normas patriarcales y a lo que el hombre pudiese disponer sobre su mujer y los hijos. La normalización de esta cultura machista no permitió ningún tipo de castigo para los hombres, ya que en dicha época estaba entendido que el poder se centraba en el cónyuge masculino o en el padre, necesario para regular el comportamiento de los demás miembros de la familia.
Dentro de la constitución colombiana de 1886 sólo se podía considerar ciudadano al varón, mayor de edad y alfabeto, dejando así, relegada a la mujer dentro de sus derechos humanos fundamentales y políticos. Este hecho permitiría a los hombres abusar de sus poderes sociales, ejerciendo la autoridad como mejor les conviniera, llegando incluso a matar a sus propios cónyuges o descendientes sin recibir condena alguna por ello.
La familia modelo base de organización de la sociedad estaba siempre dirigida por el hombre que estaba plenamente autorizado culturalmente a dirigir las normas los castigos y en general a controlar a todos los miembros del hogar. Como resultado de este poder arbitrario las mujeres y los hijos se veían sometidos a una violencia generalizada y aceptada por la sociedad.
Los primeros escaños en el logro de la autonomía femenina se gestaron en 1932 cuando el Congreso de la república expide la Ley 28, la cual le otorga a la mujer la libre Administración de sus bienes sin tener que pedir autorización marital o a alguno de los miembros masculinos de su familia como padres o hermanos, esto otorgaría a la mujer capacidad jurídica y la posibilidad de administrar su patrimonio personal.
Luego de algunos años en Colombia se da un hito importante en el reconocimiento de los derechos de la mujer y la búsqueda por la igualdad de géneros, a la mujer se les otorga la
ciudadanía a los 21 años y con ello a tener la oportunidad de ser elegida en cargos públicos. “Y fue después en 1957, con una reforma plebiscitaria que reformó la Constitución Nacional y que creó el Frente Nacional, que las mujeres pudieron ejercer por primera vez en la historia colombiana el derecho al voto alcanzando la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.” (Estrada, 2011, p.53).
Posteriormente durante la década de los 70 ‘s la mujer en Colombia empezaría a tener reconocimientos sociales y herramientas legales que le permitiría ejercer su soberanía además de tener más elementos con los cuales defenderse de los abusos de poder a los que estaban sometidas en el hogar.
La ley 24 de 1974 le otorgó facultades especiales al presidente de la República para hacer reformas en la legislación civil, con la cual se pudo otorgar igualdad de derechos y deberes a las mujeres con respecto a los hombres (Gómez, 1987), esto significa un grado de evolución alto ya que jurídicamente se alcanza la igualdad de género en cuanto a derechos civiles se refiere. Después mediante la Ley I de 1976 a las mujeres se les otorga el derecho de la Separación y el Divorcio permitiendo a la mujer la soberanía sobre su relación amorosa.
En el Decreto 763 de 1980 se creó el consejo Nacional para la integración de la mujer al desarrollo; un organismo adscrito a la presidencia de la república que tiene como objeto asesorar al presidente en lo concerniente a asuntos relativos a la mejor vinculación de la mujer al desarrollo. (Gómez, 1987).
Durante el mismo año se expide la Ley 95 de 1980 donde Colombia ratifica la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea de las naciones unidas celebrada en Copenhague, Dinamarca en 1980.
“Esta Ley definió la expresión “discriminación contra la mujer” como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Estrada, 2011 p.53).
Segundo Momento: Al igual que a nivel internacional, en Colombia había una creciente preocupación por el fenómeno de la violencia intrafamiliar considerándolo un serio problema que denigra los derechos fundamentales de las mujeres. Esto motivó a generar actividades políticas que abogan por la conciencia de esta problemática y a dejar una consigna jurídica en la constitución de 1991.
El 27 de mayo de 1990 el pueblo colombiano con el 90% de los sufragantes, respaldaron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente que fue denominada la “Séptima Papeleta”. Los grupos de mujeres participaron de manera activa durante todo el proceso pre- constituyente donde se abrieron espacios de democracia participativa con “la instalación de mesas de trabajo, realización de cabildos abiertos y asambleas de alta participación, proceso que finalizó en el primer Congreso Nacional Constituyente realizado en Bogotá los días 14 y 15 de Julio de 1990.” (Quintero, 2005).
El 28 de abril de 1991, cuando ya se encontraba sesionado La Asamblea Nacional Constituyente, en el diario Nacional “El Tiempo” se publicó una declaración firmada por 35 organizaciones de mujeres titulada “Sin derechos de la mujer ¡La democracia no va!” donde se exigía la elevación constitucional de todos los principios contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Violencia en Contra de la Mujer (CEDAW) de 1979, que en Colombia fue Ley en 1981.
Después de una larga jornada de discusiones en las mesas de trabajo donde se presentaron más de 150.000 propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, se llega finalmente a la constitución final de la carta magna el 20 de Julio de 1991 donde el cambio más importante fue consagrar los derechos fundamentales de la mujer a nivel constitucional ya que
antes no existía ningún artículo a ese nivel, aunque lo que se logró no fue lo ideal, muchos de estos derechos permitieron una mayor y mejor participación de las mujeres.
En la presente tabla se recogen las inclusiones más fundamentales de los derechos femeninos en la constitución de 1991
Tabla 3 – Inclusión de los Derechos de la Mujer en la Constitución de 1991.
Inclusión de los Derechos de la Mujer en la Constitución de 1991
DERECHO A LA IGUALDAD: Todas las personas en la sociedad somos consideradas iguales sin discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. Art. 5 y 13.
DERECHO A PARTICIPAR EN LOS NIVELES DECISORIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Se garantiza la adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública. Art. 40.
DERECHO A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES EN LA PAREJA:
Mujeres y hombres tienen iguales derechos en la pareja y al respeto recíproco.
Igualmente podemos decidir conjuntamente el número de hijos que se quieran tener.
Art. 42.
DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Tenemos derecho a igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Art. 43.
ABOLICIÓN A TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER: Se consagró la abolición de toda forma de discriminación laboral, legal, sexual a la mujer.
Art. 43.
DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL EMBARAZO: Las mujeres tienen derecho a protección especial por parte del Estado durante el embarazo y post- parto y ayuda económica en caso de estar desempleadas. Art. 43.
DERECHO A APOYO ESPECIAL A LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA O JEFAS DE HOGAR: Las mujeres jefas de hogar tienen derecho a un apoyo especial del Estado. Art. 43.
DIVORCIO PARA MATRIMONIOS RELIGIOSOS: Los matrimonios religiosos pueden terminarse por divorcio, de acuerdo con la ley civil. Art. 4.
Nota: Adaptado de Las Mujeres Colombianas y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 – Participación e Impactos (p. 18), por Quintero Beatriz, 2005.
Luego de la constitución de 1991 se crea la red Nacional de Mujeres con la participación de 90 organizaciones de mujeres en todo el territorio nacional que se propuso a crear las condiciones que hagan realidad la igualdad de oportunidades y derechos para la mujer con la realización y fiscalización de actividades como, impulsar la participación equitativa de la mujer en la Administración pública asegurando una cuota de participación de mínimo el 30%, elevando la categoría de violencia intrafamiliar al de lesiones personales, reglamentar con el Estado un tratamiento especial para brindar las condiciones necesarias de salud y protección social a las mujeres cabeza de familia, impulsar una política de seguridad que cobije a las mujeres mayores de 55 años y revisar los documentos penales, civiles y laborales que representen una exclusión directa a los derechos de la mujer.
Posteriormente durante el mandato de César Gaviria (1990-1994) se gestó la consejería Presidencial para la Juventud Mujer y Familia “donde formuló un programa denominado “la mujer prioridad nacional”, que apuntó a desarrollar acciones de apoyo legal con las Comisarías de Familia, a apoyar programas económicos y de capacitación para la mujer jefa de hogar, para la salud de la mujer, para la mujer rural y para la institucionalidad del programa de Mujer en municipios y departamentos.” (Estrada, 201 1p. 54.)
Este programa tuvo efectos positivos por primera vez en Colombia se dispone de la creación de un CONPES 2626 el 23 de noviembre de 1992, donde se planea a nivel nacional una política pública integral específicamente diseñada para “elevar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres y fortalecer sus procesos de participación y organización.” (DNP, 1992).
Tercer Momento: Este momento se caracterizó por la internacionalización de la actividad estatal al cumplir con los compromisos adquiridos en los diferentes acuerdos internacionales que promueven la igualdad y equidad de género.
En este sentido, en Colombia se aprobó la Ley 248 de 1995 la cual busca dar cumplimiento a los acuerdos realizados en la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer o Convención Bélem do Pará en donde el gobierno colombiano se comprometió a realizar una recopilación estadística para medir cuantificar y actuar sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de orientar recursos de manera eficaz que logren la erradicación de estas formas de violencia.
Otro de los grandes acuerdos sostenidos a nivel internacional se dio con la Declaración de los Objetivos del Milenio el 8 de Septiembre del año 2000, donde “el país ratificando lo acordado en la cumbre del Milenio, desarrolló el documento CONPES SOCIAL 91 de 2005
“Metas y Estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio– 2015”, el cual fue modificado por el CONPES SOCIAL 140 de 2011, en lo concerniente a la inclusión de nuevos indicadores y ajuste en las líneas de base y metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados” (DNP, 2015).
La implementación de los ODM en Colombia fue una apuesta ambiciosa para la construcción del capital humano y el mejoramiento de la inversión pública sobre los sujetos más vulnerables del país. El Balance final de los objetivos se cumplió en un 86.8% para todos los indicadores propuestos en el programa y de un 66.1% en lo concerniente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (CONPES, 2018, p. 17).
Dentro de los desarrollos más notables para el cumplimiento del objetivo No. 3 cabe destacar que a “2015, la población femenina logró una mayor participación en el mercado laboral, lo cual permitió reducir la brecha en 20,4 puntos porcentuales, acercándose al cumplimiento de la meta establecida para el cierre del milenio (20) en un 97,3 %.
Adicionalmente, para el cuatrienio 2014-2018 respecto al periodo de gobierno 2010-2014, se evidenció un aumento de las mujeres que ocuparon escaños en el Congreso de la República: la composición femenina en el Senado y de la Cámara de Representantes fue del 23 % y 20 %, respectivamente (0,7 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente, por encima del cuatrienio anterior).” (CONPES, 2018, p. 18).
Sin embargo, Colombia todavía tiene retos importantes para seguir trabajando en pro de la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Esta continuidad dentro de la agenda internacional vendría marcada por la sustitución de los Objetivos del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda del 2030 firmados en el 2015, dicho acuerdo generó el compromiso del gobierno nacional, entes regulatorios y de planificación estatal mediante la creación del documento CONPES 3918 de 2018.
Este nuevo documento es un lineamiento estratégico sobre el cual debe avanzar cada gobierno territorial para el logro y alcance de las 169 metas propuestas en los ODS, en concreto cada entidad deberá usar este documento como guía de planeación para sus propios proyectos de políticas públicas, este apartado se estudiará a detalle en el Capítulo No. 4 donde se observarán los factores políticos y sociales que generaron el desarrollo de las políticas públicas en Bogotá durante el 2016-2019 siguiendo estos lineamientos propuestos en los ODS Objetivo No. 5
3.3 Contexto Distrital en la consolidación de políticas públicas para la igualdad y la equidad de género en la mujer
Si bien es cierto muchos de los hechos que han generado importantes hitos para la promoción de la equidad e igualdad de género y la defensa de los derechos humanos fundamentales de la mujer en Colombia, surgieron en Bogotá, ninguno de ellos estuvo orientado específicamente al escenario distrital. Es por ello que “en Bogotá el desarrollo de las
políticas ha sido más lento y parecería que el movimiento de mujeres solo hasta hace poco dirigió su mirada hacia el ámbito distrital” (Fuentes, 2007, p. 183).
En Bogotá a partir de la década de 1990, se incorporaron estrategias e instrumentos públicos orientados hacia las mujeres. Es así como en el Gobierno de Jaime Castro (1992-1994) se propusieron programas de educación sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), atención prioritaria a mujeres lactantes, prevención y atención del cáncer de cuello uterino. En la primera administración de Antanas Mockus se crearon las Comisaria de Familia para la atención de violencia intrafamiliar, uno de los puntos con mayor impacto y continuidad durante las siguientes administraciones.
En el plan por la Bogotá que Queremos (1998-2000) “de Enrique Peñalosa, tuvo como meta la promoción de la denuncia de los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y asignó a la Secretaria de Gobierno la función de impulsar las Comisarías de Familia y los Centros de Conciliación. Llamó la atención sobre la discriminación laboral femenina y la necesidad de fortalecer los programas de planificación familiar. De igual forma, el Concejo de la ciudad aprobó los acuerdos 11 y 17 de 1998 dirigidos a brindar atención integral a las mujeres jefas de hogar. En 1998 aprobó también el Acuerdo 12, orientado a tomar medidas para la atención integral de los y las menores en abuso y explotación sexual.” (Fuentes, 2007, p.184)
La política pública adoptadas por el distrito en la década de los 90 se ha ido modificando paulatinamente iniciando con un enfoque de los derechos reproductivos y familiares, luego pasarían a consolidar políticas para el tratamiento de la violencia contra la mujer, inclusiones laborales, enfoques de género y demás planteamientos observables en la tabla No. 3
Tabla 4 - Planes de desarrollo de Bogotá y su incorporación del tema de género 1992-2016
Administración Periodo Plan de Desarrollo
Estrategias Instrumento
