DIVISIÓN JURÍDICA. 13 de abril de 2010 DJ

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Texto completo

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al oficio No.

03251

13 de abril de 2010 DJ-1318-2010 Licenciado

Gilberto Monge Pizarro Alcalde

MUNICIPALIDAD DE MORA Fax 2249-3996

Estimado señor:

Asunto: Se deniega la solicitud de autorización para llevar a cabo una prórroga de la contratación directa 2009CD-000184-01 para la contratación de los servicios profesionales de cobro judicial con la empresa Asesoría Integral de Cobros S.A. (AIC S.A.) en su lugar se otorga autorización para realizar una contratación directa concursada en los términos señalados en este oficio.

Damos respuesta a su oficio DAM-013-2010 de 12 de febrero del 2010 mediante el cual solicita autorización para llevar a cabo una prórroga de la contratación directa 2009CD-000184-01 para la contratación de los servicios profesionales de cobro judicial con la empresa Asesoría Integral de Cobros S.A. (AIC S.A.). A solicitud de este Despacho dicho oficio se complementó con información contenida en los oficios DAM-0016-2010 de 26 de febrero del 2010 y DAM-72-2010 de 23 de marzo del 2010.

I. Justificación y antecedentes de la solicitud.

Señala que el proceso de cobro de los tributos municipales sea judicial o administrativamente, tiene una gran relevancia en el quehacer de la gestión tributaria municipal, en la medida en la que involucra la obtención de los ingresos que requiere la municipalidad para el cumplimiento de sus fines como gobierno local.

Explica que, el aumento de los ingresos tributarios es necesario para brindar mayor diversidad, mayor cobertura y mejor calidad de servicios, que es uno de los fines elementales de las entidades municipales.

Agrega que debido a esto, el Concejo Municipal avaló la propuesta de la Administración de realizar la apertura del proceso formal de cobro administrativo y judicial, según el Reglamento Municipal existente (Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Mora, vigente desde el 18 de abril del año 2005) y además efectuar la gestión de cobro en forma continua a los contribuyentes morosos y señala el oficio No. HM-137-2008.

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Nos indica que actualmente, la Administración Tributaria Municipal ha iniciado una fuerte gestión de cobro administrativo, por medio de dos funcionarios, uno de planta y uno contratado mediante servicios especiales, sin embargo es necesario que dichos procedimientos sean seguidos del cobro judicial, para todos aquellos contribuyentes morosos que no responden al cobro administrativo.

Por lo anterior el cobro judicial está siendo ejecutado por medio de la empresa Asesoría Integral de Cobros S.A. (AIC), la cual cuenta con prestigio y experiencia en el campo de la recuperación de carteras morosas. Que esta empresa cuenta con profesionales en Derecho, aunado a un staff de asistentes y un call center equipado con capacidad para realizar más de 150 llamadas por minuto. Que esta capacidad demostrada en la primera contratación permite que la Municipalidad esté dotada de una gestión ágil y confiable en recuperación de tributos.

Señala además que esta empresa tiene más de 300 expedientes presentados en la jurisdicción especializada en cobro, en su mayoría demostrando claramente una eficiencia y capacidad para el desarrollo de estas tareas, por lo cual es mucho más ágil y provechoso al interés público y a la Municipalidad mantener una relación contractual con esta empresa para asegurar la terminación adecuada de los procesos iniciados, teniendo claro que existen los controles respectivos para asegurar el fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato actual.

Se pretende contratar esta empresa durante el año 2010 para proseguir con el proceso de cobro judicial externo de las deudas por tributos de esa Municipalidad.

Según indica, el pago de los honorarios correspondientes serán cobrados en la fase de ejecución a los administrados, conforme al reglamento interno correspondiente, asimismo que se cuenta con una partida presupuestaria que cubre el monto mensual a pagar por este mismo concepto, así como cualquier otro imprevisto.

En razón de que mediante oficio 5339 (DCA-1455) de 22 de mayo del 2009, este Despacho denegó una solicitud de contratación directa para el cobro judicial se solicitó información adicional.

Mediante oficio DAM-0016-2010 de 26 de febrero del 2010 se nos indica que a raíz de la denegatoria replantearon el objeto que requería la Municipalidad determinando que lo correspondiente y más adecuado al interés público e institucional era contratar los servicios profesionales de una empresa o profesional en Derecho dedicado al cobro judicial por un monto fijo mensual .

Que se contó con un contenido presupuestario de ¢1.500.000.00 para los meses de agosto a diciembre del 2009, es decir ¢300.000.00 por mes, por lo cual se procedió a iniciar un procedimiento de Contratación Directa. Que adicionalmente se procedió a realizar un contrato adicional con fundamento en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Mediante oficio DAM-72-2010 de 23 de marzo del 2010 se señala la conveniencia de la contratación que consiste en que al establecer un monto fijo mensual tienen un considerable margen de beneficio económico el cual surge entre otros aspectos relevantes por el ahorro de los gastos operativos en que se incurriría si se contratara a lo interno los servicios.

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Señala además que la Municipalidad realizó 8 entregas de expedientes de alrededor de 50 expedientes en cuatro meses por un monto en la primera entrega de ¢13.095.352.00 a cobrar, de acuerdo con el Arancel de Abogados vigente debieron pagar al abogado aproximadamente ¢654.767.00 colones y en los casos en que los aranceles fueran menores a ¢25.000.00 se deben equiparar los honorarios a esta suma.

Que adicionalmente, si se contratan abogados externos la Municipalidad tendría costos operativos teniendo que atender la puesta en marcha de la demanda, por lo que deberían destinar a uno de los dos notificadores que tienen para cobrar y notificar a los contribuyentes, para que realice tareas propias del proceso como trámites de caja chica para compra de timbres o pagos en el Registro de la Propiedad lo que tiene un costo para 50 demandas de aproximadamente ¢250.000.00 sumando horas hombre, tiempo de trabajo, combustible y peaje casi a diario.

II. Criterio para resolver.

En el presente caso la Administración ha realizado una contratación directa para el cobro judicial con un monto fijo. No obstante, si bien entendemos las razones de conveniencia que señala la Administración y el ahorro de recursos que la misma significa, el objeto de la contratación impide que el mismo sea contratado por un precio fijo conforme veremos adelante y por ello la conveniencia no resulta un aspecto que pueda ser considerado para una adjudicación.

En efecto, los servicios profesionales de cobro judicial se rigen por el Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios Decreto Ejecutivo 32493, ya que el cobro judicial solo puede ser realizado por un profesional en Derecho aún cuando la forma de organización sea mediante una empresa, sin que resulte posible, según dijimos, establecer un precio fijo para los servicios.

Sobre el tema el artículo 1 del Arancel citado dispone.

“Artículo 1.- Competencias. Este Arancel es de acatamiento obligatorio para los profesionales aquí regulados, para los particulares en general y para los funcionarios públicos de toda índole, y contra él no podrán oponerse acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas en esta materia en relación con honorarios y la oportunidad de su pago, y la imposición de costas en sede jurisdiccional. (...) El Arancel fijará el monto de honorarios a cobrar como mínimos o máximos y señalará aquellos casos de libre negociación entre el profesional y su cliente. ”

Conforme con lo anterior, si bien en algunos supuestos se establece la posibilidad de negociar los honorarios, en el presente caso el monto fijo se indica en el cartel del concurso, en concreto en el punto 5 del cartel, visible al folio 14 del expediente administrativo, por lo que no estamos ante una negociación del profesional con su cliente y por ello lo que procede es el pago conforme al arancel vigente.

Adicionalmente, en el Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Mora, remitido a este Despacho con el oficio DAM-72-2010 de 23 de marzo del 2010 en el artículo 36 se dispone como obligación de los abogados externos, en el punto c) Cobrar directamente al sujeto pasivo los honorarios del proceso ejecutivo, de conformidad con la Tabla de Honorarios establecida por el Colegio de Abogados”

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Asimismo en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo se establece: “Cobro de honorarios profesionales. En caso de que el sujeto pasivo pretenda cancelar previo a la terminación del proceso judicial respectivo, el cobro de honorarios profesionales lo hará directamente el abogado externo director del proceso. Dicho cobro se realizará con base en la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados ”.

De conformidad con las disposiciones citadas, sin entrar a analizar todas las disposiciones del Reglamento Interno, la Municipalidad no puede obviar ni el Decreto de Honorarios de Abogados vigente, ni su propia normativa interna, realizando una contratación bajo términos que se contraponen a dicha normativa. Así las cosas, no resulta procedente la autorización solicitada.

Ahora bien, en consideración a la necesidad de obtención de ingresos que requiere la Municipalidad para el cumplimiento de sus fines como gobierno local, lo cual ha sido señalado, mediante oficio 8953 (FOE-SM-1510 ) de fecha 1 de setiembre del 2008 el Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General y en un afán de no interrumpir el proceso de cobro que vienen desarrollando, con fundamento en el artículo dos bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, se otorga autorización para realizar una contratación directa concursada para la contratación de los servicios requeridos la cual debe ajustarse al ordenamiento jurídico en cuanto a la determinación de las condiciones, en especial la forma de pago, por el plazo necesario para realizar el procedimiento que corresponde de acuerdo al monto, en este caso, tratándose de cuantía inestimable, una licitación publica.

El plazo lo estimamos en seis meses siendo necesario que la Administración realice un cronograma de las diferentes etapas del procedimiento con los responsables del cumplimiento de las mismas a efecto de cumplir con el mismo.

III. Condiciones de la autorización.

1. Se debe levantar un expediente en el que consten los antecedentes de esta contratación.

2. Se debe iniciar el procedimiento de licitación pública para contratar los servicios.

3. Se debe elaborar un cronograma de las diferentes etapas del procedimiento con los responsables del cumplimiento de las mismas.

4. Se autoriza contratar en forma directa según el procedimiento establecido en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual deberá adecuarse al objeto de esta contratación, sobre todo en cuanto al cumplimiento de las disposiciones jurídicas que rigen la materia, entre ellas el pago mediante honorarios.

5. La Contratación Directa que se autoriza no tendrá recurso alguno, debiendo contar con el refrendo interno de esa Institución, sin perjuicio del control posterior que en el uso de las facultades de fiscalización otorgadas a esta Institución pudiera realizarse.

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7. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley.

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Además, es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al día en el pago de obligaciones de seguridad social.

Atentamente,

Lic. Elard G. Ortega Pérez MSc. María de los Ángeles Calderón Ferrey Gerente Asociado Fiscalizadora

MACF/mgs C: Archivo Central NI: 3109, 4261 y 5880. G: 20090015372

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