EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DEL ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE DERECHO
BUCARAMANGA
EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DEL ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Presentado para optar al título de: Abogado
DIRECTORA
Mag.Aurymayerly Acevedo Suarez.
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE DERECHO
BUCARAMANGA
AGRADECIMIENTOS
A mi familia por mi educación, sin la cual no podría haber escrito el presente texto. A mi tutora por el gran apoyo que ha significado en este proyecto, y por ser ella quien me ha guiado en un inmenso mar de conocimiento. A Yibely, quien es parte importante en este proceso, y a todos aquellos maestros, maestras, compañeros y compañeras que contribuyen cada día en mi
LISTA DE ABREVIATURAS
ANT – Agencia Nacional de Tierras.
CELAC- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
CEV - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
CFHBD – Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. C.N. – Constitución Nacional.
CNE – Consejo Nacional Electoral.
CSIVI - Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final
DA – Dejación de Armas. DD.HH. – Derechos Humanos.
DIH – Derecho Internacional Humanitario.
FARC-EP – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. JEP – Jurisdicción Especial para la Paz.
MASC – Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
MAP – Minas Antipersonal.
MM&V – Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
OEA - Organización de los Estados Americanos.
OIT- Organización internacional del trabajo.
ONU - Organización de las Naciones Unidas.
PDET – Programas de desarrollo con enfoque territorial.
PISDA - Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
PNIS – Programa Nacional Integral de Sustitución.
SIVJRNR - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
UBPD – Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado.
UNASUR - Unión de Naciones Suramericanas.
ZRC – Zonas de Reserva Campesina.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 17
1. PRINCIPIO DE TOLERANCIA... 19
1.1.1 Edad Antigua ...19
1.1.2 Edad Medieval ...20
1.1.3 Edad Moderna ...21
1.2 PENSADORES ...23
1.2.1 Jhon Locke ...23
1.2.2 Jürgen Habermas ...25
1.2.3 Michael Walzer ...27
1.3 IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN COLOMBIA ...30
2.PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ ... 34
2.1 REFORMA RURAL INTEGRAL ...35
2.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ. ...39
2.3 CESE AL FUEGO, DE HOSTILIDADES Y LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS - REINCORPORACIÓN DE LAS FARC-EP A LA VIDA CIVIL ...47
2.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS ...55
2.5 VÍCTIMAS ...59
2.6 MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN ...70
2. EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ ... 71
3.2 HACIA UNA RECONCILIACION NACIONAL A TRAVES DE LA TOLERANCIA.
...75
3.3 LA TOLERANCIA INMERSA EN LA TRANSFORMACION DEL CAMPO COLOMBIANO. ...77
3.4 PEDAGOGÍA PARA LA PAZ ...78
CONCLUSIONES ... 79
LISTA DE TABLAS
LISTA DE GRAFICOS
RESUMEN
Titulo
EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ DEL ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
Autores
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Palabras claves: tolerancia, paz, Acuerdo Final, reconciliación, democracia, FARC-EP reincorporación.
Descripción
La presente investigación analiza los procesos de construcción de paz establecidos en el acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en el año 2016, a la luz del concepto filosófico - político de tolerancia. Identificando la importancia del principio en la construcción de una cultura de paz, adquiriendo su relevancia en el hecho de que “la tolerancia (…) no sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz” (UNESCO, 1995).
Posteriormente, en la segunda sección se enunciarán los procesos de construcción de paz, dándole a conocer al lector la situación actual de cada punto del Acuerdo.
ABSTRACT
Title
THE TOLERANCE PRINCIPLE IN THE PEACE CONSTRUCTION PROCESS OF THE FINAL AGREEMENT BETWEEN THE FARC EP AND THE COLOMBIAN
GOVERNMENT
Authors
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Keywords: tolerance, peace, final agreement, reconciliation, democracy, reinstatement of the FARC-EP.
Description
This research analyzes the peacebuilding processes established in the Final Agreement for the End of Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace, signed between the FARC-EP and the Colombian Government in 2016, in light of the concept Philosophical - political tolerance. Identifying the importance of the principle in the construction of a culture of peace, acquiring its relevance in the fact that "tolerance (...) is not only a moral duty, but also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, helps replace the culture of war with the culture of peace”(UNESCO, 1995).
Subsequently, in the second section the peace building processes will be enunciated, informing the reader of the current situation of each point of the Agreement.
INTRODUCCIÓN
Colombia es un territorio que ha padecido innumerables hechos violentos que han manchado sus tierras de sangre y dolor, desde la llegada de los españoles que masacraron los pueblos indígenas, hasta la misma revolución que trajo consigo alegrías para Hades, pasando por la Violencia1, y siguiendo con el narcotráfico antecedido por la formación de grupos al margen de la ley, los cuales se tomaron las armas con un ideal revolucionario de redignificar al pueblo azotado por los malos gobiernos.
Entre los grupos al margen de ley que se tomaron los territorios colombianos se encontraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, o mejor conocido por sus siglas FARC-EP, quienes fueron autores de violaciones a derechos humanos en el país, causando genocidios, secuestrando civiles, políticos, militares, minando los campos, ayudando a la infraestructura del narcotráfico y atemorizando a la sociedad colombiana, la cual ni siquiera se sentía segura de transitar por las vías nacionales.
Está situación de violencia claramente trajo consecuencias a corto, mediano y largo plazo, dejando en Colombia grandes heridas que hoy hay que sanar, pues se produjo demasiado dolor a las víctimas del conflicto, se desplazó a miles de familias creando pobreza, el Estado se ausento de ciertas regiones y se forzó a los niños a cargar un armamento, generándose una mala imagen de Colombia en la sociedad internacional y la deslegitimación de las instituciones del Estado.
La terminación de la guerra interna con las FARC-EP empezó a tener esperanza en 2012, cuando el gobierno colombiano y el grupo armado iniciaron los diálogos de paz en la Habana, que concluyeron en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera en el año 2016, lo cual da inicio a una fase de transición a través de múltiples procesos de construcción de paz, que:
Contribuye a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure, que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales (Acuerdo Final, 2016).
Por tal razón, y teniendo presente que el principio de tolerancia es la base para la construcción de una cultura de paz, este escrito tiene como intención reconocer cómo el principio referenciado se ve inmerso en los procesos de construcción de paz que empiezan a implementarse en
Colombia con la firma del Acuerdo Final, y es que, ante los múltiples homicidios de
desmovilizados, un tejido social deteriorado y el anunciamiento de “una nueva Marquetalia2”, es fundamental identificar la tolerancia, partiendo de la base que “es la responsabilidad que
sustenta los derechos humanos, el pluralismo (…), la democracia y el Estado de derecho” (UNESCO, 1995).
1. PRINCIPIO DE TOLERANCIA
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.1.1 Edad Antigua
El concepto de tolerancia se ha venido transformando con el transcurrir del tiempo, al igual que los criterios por los cuales se promueve. En la edad antigua, la relevancia del principio de tolerancia se basaba en una concepción utilitarista, por lo tanto, “se soportaban las diferencias de culto, no por la libertad de conciencia ni por razones de piedad; esto ocurría fundamentalmente por meras razones de utilidad pública: para mantener la paz social y la normalidad de las relaciones comerciales” (Botero Bernal, 2009, pág. 36).
Un ejemplo de tolerancia en la antigüedad es el caso Aśoka o Ashoka, quien fue el tercer emperador del imperio Mauria en el subcontinente indio, promulgador de la tolerancia religiosa, volviéndose pacifista después de ver el sufrimiento ocasionado por sus batallas.
Durante su gobierno, Ashoka proclamó una serie de edictos, entre los que se encuentra el décimosegundo edicto sobre roca que plasma lo siguiente:
Todo el que elogia a su propia comunidad y critica a la comunidad ajena, todo por devoción a la propia comunidad, diciendo "Glorifiquemos la propia comunidad", ese, obrando así una y otra vez, daña más a la propia comunidad religiosa (…) Este es el deseo del amado por los dioses: “Que todas las comunidades sean muy instruidas y tolerantes” (Rodríguez Adrados, 1987).
pretendía tutelar la libertad religiosa” (Carbó, 2017), reflejándose así, otro ejemplo del principio tolerancia, pese a que la concepción de la época no sea igual a la actual.
1.1.2 Edad Medieval
La edad medieval se vio marcada por un fuerte teocentrismo, el cual permeó múltiples aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, llegando a la esfera pública, tanto así, que la iglesia logro influir fuertemente en los gobiernos, lo cual trajo consigo situaciones de
intolerancia que perturbaron la paz de las sociedades, aunque, cabe destacar que, las relaciones entre los emperadores o reyes y la iglesia, no fueron constantemente pacíficas.
Como ejemplos de la intolerancia que se vivió en la edad media, se puede denotar entre otros:
Las políticas de Teodosio I, el cual en el año 391 profirió una ley “dirigida
expresamente a Egipto y tuvo como consecuencia el cierre del famoso Serapeo de Alejandría” (Blázquez Martinez, 2011), por considerarlo un lugar pagano.
El concilio cebrado por Alejandro III en Tours en 1163, en el cual:
Toman medidas de rigor contra los herejes maniqueos que «como un cáncer se habían extendido a través de toda la Gascuña y en otras provincias». Se
prohíbe a los sacerdotes toda asistencia a los heréticos y se impone a los señores laicos el cargo de prestar su colaboración en la lucha contra la herejía (Sánchez Herrero, 2005).
La conversión forzosa de indígenas americanos al catolicismo con la llegada de los españoles a América.
“la salvación es una tarea comunitaria, por lo que las comunidades se salvan o se condenan mutuamente” (Botero Bernal, 2009, pág. 61).
En contraste a la intolerancia de la época, en Al-Andalus, territorios ocupados por los musulmanes en la península ibérica, se convivió en medio de una tolerancia relativa entre musulmanes y cristianos, como lo diría Andrés Botero: en la Península existieron capitulaciones y acuerdos que permitieron la convivencia entre las comunidades diversas, aunque esta
tolerancia no solo se debió a un mandato coránico, sino también, a motivos político-económicos como preservar las contribuciones a las arcas públicas. (Botero Bernal, 2009).
1.1.3 Edad Moderna
La edad moderna fue una época de gran desarrollo económico, filosófico y artístico,
enmarcado por artistas como Da Vinci, Boticelli y Miguel Ángel, además, de grandes inventos como la imprenta, que ayudo a la proliferación del conocimiento. En el ámbito político y
religioso de la modernidad, se evidencia una mayor obtención de participación política por parte de la burguesía, y una marcada avaricia del clero católico, lo cual conllevó un descontento en la sociedad, dando origen a la reforma protestante.
Dicha reforma “fue gran defensora del discurso tolerante a partir de la libertad de conciencia” (Botero Bernal, 2009, pág. 71), siendo su promotor Martin Lutero, con quien cambia la dinámica de la salvación, ya que para él “la salvación poco o nada tiene que ver con el cumplimiento de la ley humana y de los preceptos religiosos, y solo es posible porque Dios la concede mediante su gracia, que es arbitraria, soberana y sin intermediación” (Botero Bernal, 2009, pág. 72),
Años más tarde, con la Confederación de Varsovia en 1573, se proclama la tolerancia religiosa para todas las sectas, aunque cabe resaltar que este acuerdo pacífico se realizó con la intención de evitar una crisis política y mantener el orden jurídico existente, mediante la obediencia de todos los ciudadanos a la asamblea (Memoria del Mundo, 2003).
Por otra parte, la masacre de San Bartolomé en Francia, provoco la muerte de miles de hugonotes3, y “desembocó en la cuarta guerra religiosa” (ECURED, s.f.), la cual se empezó a desvanecer con la proclamación del Edicto de Nantes en 1598, no siendo más que “otra tregua de religión, esperando el final del Cisma al que se enfrentaba, que obligó durante un momento a considerar a los hugonotes como una iglesia cismática y no como herejía” (Botero Bernal, 2009, pág. 87), por lo que no se puede hablar de una tolerancia en el sentido actual de respeto sincero a las creencias de las personas, sino en un sentido de utilidad, como se vio desde la edad antigua.
Lo dicho hasta aquí supone que, la existencia de religiones que excluían a los individuos de diferentes credos, llevó a la sociedad a múltiples situaciones intolerantes, como las expuestas o como la guerra de los treinta años en Europa Central, que tuvo principio en la controversia religiosa entre protestantes y no protestantes, queriendo Fernando II de Alemania imponer el Catolicismo, propósito que no logro cumplir, ya que con la firma del tratado de Westfalia “se estableció una completa libertad religiosa en Alemania” (Historia universal, s.f.).
Así mismo, en años posteriores nacieron actos de tolerancia como la primera Acta de Tolerancia proferido por el Parlamento Ingles en 1689 y el Edicto de Tolerancia de José II de Austria, entre otros ejemplos de la historia, siendo importante resaltar que pese a los diferentes
motivos que fundamentaron estos actos tolerantes, siempre conllevaron a la paz, independientemente de si fue una paz estable o relativa.
1.2 PENSADORES
1.2.1 Jhon Locke
John Locke fue un defensor del discurso de la tolerancia, pese a que este no cobijó a todas las personas de la sociedad, ya que como se expondrá más adelante, para él los ateos y los católicos romanos no eran merecedores de dicho principio. Entre las obras de John que trataron este tema, se encuentra el Ensayo sobre la Tolerancia y Carta sobre la Tolerancia.
Ensayo sobre la tolerancia. En esta obra, Locke sostiene la importancia de alejar los temas religiosos de la agenda del jefe de gobierno, a quien solo debería importarle la paz civil y proteger la propiedad de sus súbditos, por lo tanto, el filósofo plantea que las creencias religiosas, la hora, el lugar y el modo de rendir culto a Dios, no son temas que le incumban al gobierno, ya que en principio las creencias religiosas de un individuo no pueden perturbar al prójimo, y no deberían causar ninguna clase de inconveniente que sea de interés del gobierno, teniendo en cuenta que “los errores o escrúpulos de la conciencia de una persona, los cuales la llevan a hacer o a impedir hacer algo, no destruye el poder del magistrado” (Locke, 2014, pág. 38).
pueda hacer para reparar el daño ocasionado a su súbdito, de hecho, propone que los hombres deben hacer lo que sus conciencias les indiquen, siempre y cuando no utilicen la violencia.
Lo anterior no quiere decir que la tolerancia del gobierno sea ilimitada, pues de hecho tiene su límite en la perturbación de la paz civil, lo cual se puede dar por ejemplo cuando la persona quiere forzar a otros a pensar como él y agredirlos en caso de no hacerlo, por lo que “el magistrado puede prohibir que se hagan públicas esas opiniones cuando tienden a perturbar el gobierno” (Locke, 2014, pág. 39), resaltando que no se reprime a los individuos por pertenecer a una determinada religión, sino porque representan una amenaza para la seguridad, la paz y la protección de la sociedad.
Hay que mencionar además, que pese a que Locke sostuvo que el gobernante podía hacer una excepción al principio de tolerancia y usar todos los medios que considerara necesarios, éste puede emplear la fuerza solo como solución extrema, ya que “el magistrado, al usar la fuerza, contradice lo que profesa estar procurando, que es la seguridad de todos” (Locke, 2014, pág. 50), provocando un pretexto para que los individuos reprimidos se armen contra él.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale decir que Locke siendo consciente de que es casi imposible una uniformidad religiosa, propone la práctica del respeto por las creencias del otro, “pues la tolerancia ha sido establecida por el magistrado como fundamento sobre el que asentar la paz y la tranquilidad del pueblo” (Locke, 2014, pág. 54), pese a dicha tolerancia excluya a los católicos romanos, debido a que estos reconocían la autoridad del papa, lo cual es destructivo para el gobierno, ya que consideró que los papistas eran enemigos del gobierno.
evangelio sin utilizar la fuerza, aunque la salvación del otro no debe competer a ningún hombre, ni siquiera al gobernante, ya que el Estado es “una sociedad de hombres construida únicamente para preservar y promocionar sus bienes civiles” (Locke, 2014, pág. 76).
Así pues, debe evitarse toda forma de violencia en contra de las personas que pertenecen a una religión distinta, y ningún individuo incluyendo al Estado tiene derecho a violentar a otro bajo fundamentos religiosos. En este sentido, Locke profesa un discurso relativamente tolerante, teniendo en cuenta que excluye de ser tolerados a aquellos que se rehúsan a enseñar la tolerancia hacia las personas de credos distintos, al igual que a los ateos, “pues eliminar a Dios, aunque sólo sea en el pensamiento, lo disuelve todo” (Locke, 2014, pág. 124).
En consonancia con lo anterior, el filósofo planteó que el gobernante debe tolerar las iglesias, ya que la gente se reúne con la intención de salvar su alma, por lo tanto “el magistrado no puede prohibir en las asambleas religiosas el uso de las ceremonias o ritos sagrados establecidos en una iglesia” (Locke, 2014, pág. 106), salvo que sean ilegales, le hagan daño a alguien, perjudique los bienes de otro, o se profesen prerrogativas opuestas a los derechos civiles, extendiéndose dicho deber de tolerancia incluso a los mismos eclesiásticos, quienes según Locke, deben difundir los deberes de paz, caridad y tolerancia.
1.2.2 Jürgen Habermas
En medio de una entrevista realizada por Giovanna Borradori a Habermas en relación a los atentados del 9/114, Jürgen Habermas plantea su explicación al fenómeno de la violencia,
reconociendo la unilateralidad de la tolerancia, lo cual se ve anulado a través del sistema democrático.
Para Habermas “la espiral de violencia comienza con una espiral de la comunicación
perturbada que — a través de la desconfianza recíproca no dominada— conduce a la interrupción de la comunicación” (Borradori, 2003, pág. 67), toda vez que para él, la comunicación consiste en el entendimiento mutuo, siendo fundamental el compromiso de decir la verdad y de querer decir exactamente lo que se dice. (Borradori, 2003)
Bajo esa línea, y teniendo en cuenta que “la idea de un esquema conceptual que constituye un mundo entre muchos no es de ningún modo pensable sin contradicción”. (Borradori, 2003, pág. 69), Habermas habla de tolerancia, pero no en un sentido ilimitado, sino que reconoce la
existencia de unos límites, afirmando que:
(…) es obvio que la autoridad existente fija de manera arbitraria los límites de la tolerancia: los límites entre lo que todavía se «acepta» y lo que ya no se «acepta». De modo que puede surgir la impresión de que la tolerancia, que sólo puede ser practicada dentro de un límite a partir del cual termina, posee ella misma un núcleo de intolerancia. (Borradori, 2003, pág. 74)
Pero, esa unilateralidad de la tolerancia, es neutralizada si se da en un contexto de democracia deliberativa y participativa (Borradori, 2003) , pues en un Estado democrático, los ciudadanos tienen los mismos derechos, hay un reconocimiento reciproco de los ciudadanos, y no cabe la posibilidad de que una autoridad fije unilateralmente los límites de la tolerancia bajo el fundamento de su propia perspectiva.
Bernal, 2009), por lo tanto, al hablar de una Constitución democrática se abre el espacio a la resistencia o derecho de resistencia de disidentes, que se da una vez agotados todas las opciones amparadas por la ley, aclarando que esa resistencia violatoria debe enmarcarse en la misma Constitución y tener un carácter no violento, que genere en la esfera pública la reflexión crítica entre los ciudadanos (Borradori, 2003)
1.2.3 Michael Walzer
En su libro titulado “Tratado Sobre la Tolerancia”, Michael Walzer expone cinco regímenes de tolerancia, los cuales son: los imperios multinacionales, la comunidad internacional, la confederación, los estados nacionales y la sociedad de inmigrantes, aclarando que “no hay principios que presidan todos los regímenes de tolerancia” (Walzer, 1998, pág. 16) .
El primero de los regímenes hace referencia a los imperios multinacionales, poniendo como ejemplo las sociedades persas, romanas y el caso de Alejandría, donde se evidencia el
multiculturalismo y la interacción comercial e intelectual entre las comunidades que la conformaban. En estos imperios Walzer refiere que “el gobierno imperial es la manera más eficaz de incorporar la diferencia y facilita (necesita sería más preciso) la coexistencia pacífica” (Walzer, 1998, pág. 30), por lo tanto, se da en la sociedad una paz fundamentada en el respeto a la diversidad cultural y geográfica, garantizando la no intervención por parte del Estado en las comunidades autónomas, de esta manera se asegura la equidad y la convivencia social. (Walzer, 1998).
Para él, se entiende por soberanía que se respete al otro, al extranjero, aclarando que esa soberanía es ilimitada pues no se toleran actos o prácticas que atenten contra la humanidad (Walzer, 1998, pág. 36), existiendo la facultad de imponer sanciones económicas, condenas colectivas o la interrupción del intercambio cultural, como consecuencia de la materialización de los actos intolerantes (Walzer, 1998).
Igualmente, en relación con la comunidad internacional, el filósofo hace referencia a la actividad diplomática, en la cual los diplomáticos negocian con tiranos y asesinos, llegando a acuerdos que constituyen en la práctica actos de tolerancia, pudiéndose considerar como un aspecto formal de la acción tolerante (Walzer, 1998).
En cuanto a las confederaciones, Walzer afirma que este régimen exige el respeto mutuo entre los líderes de las comunidades o grupos humanos, teniendo en cuenta que la finalidad del
acuerdo constitucional es establecer límites a posibles actos de intolerancia en estas comunidades (Walzer, 1998).
Por otra parte, en el Estado Nacional existe un grupo dominante, el cual tolera a la minoría siempre y cuando no se les catalogue como peligro, pero esa tolerancia no tiene un carácter colectivo sino individual, ya que prevalece la condición de ciudadanos sobre la de miembros de determinado grupo, no siendo permitida la discriminación, y concediendo a los individuos la posibilidad de asociarse voluntariamente, siempre y cuando no se organicen para ejercer competencias legales sobre sus miembros (Walzer, 1998).
“la tolerancia de las elecciones individuales y de las versiones personales de la cultura y la religión constituye el más alto nivel (o el más intenso) régimen de tolerancia” (Walzer, 1998, pág. 49).
Igualmente, se resalta que en la sociedad de inmigrantes no es permitida el uso de la fuerza para controlar el espacio público o monopolizar recursos públicos, no teniendo el Estado preferencias por alguna asociación en específico, sino defendiéndolos a todos de igual manera. (Walzer, 1998)
Adicionalmente, Michael manifiesta que el éxito de la sociedad está en aceptar la diferencia y no oponerse, respetando al otro en el plano personal y político teniendo en cuenta las múltiples identidades que se pueden presentar en una comunidad (Walzer, 1998, pág. 92), ya que “la tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Walzer, 1998, pág. 13).
Sobre el principio de tolerancia en específico, el filósofo indica que el respeto permite la práctica de la tolerancia, destacando que las practicas tolerantes inician en los hogares ya que “con frecuencia tenemos que hacer las paz étnica, cultural y religiosa con nuestra pareja, con nuestra familia política y con nuestros hijos” (Walzer, 1998, pág. 99), siendo el objetivo de la tolerancia el aseguramiento de la interacción continua y la coexistencia pacífica, constituyéndose la tolerancia como proyecto central de la política democrática moderna, entendiéndola , tanto del punto de vista individual, como del reconocimiento grupal.
el fin de romper el vínculo entre la clase y el grupo, enseñando el respeto y la tolerancia hacia las personas de clase baja, pues la sola resignación a la presencia del otro, no constituye una práctica tolerante.
1.3 IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN COLOMBIA
Acorde con lo expuesto anteriormente, el principio de tolerancia tuvo sus orígenes en la búsqueda de la paz social, incrementándose el debate con el conflicto religioso, el cual llevó a los filósofos a plantearse quienes debían ser sujetos de tolerancia teniendo en cuenta sus creencias y cuestionándose a la vez por los límites de dicho principio.
Posteriormente, con la globalización, la discusión sobre la tolerancia empieza a girar en torno al respeto hacia las personas en sociedades multiculturales originadas por la internacionalización, manteniendo como objetivo la conservación de la paz y la convivencia social.
A modo de recopilación de los pensamientos de Locke, Habermas y Walzer, ha de decirse que, la violencia surge por un problema en la comunicación, y el gobierno debe propender por mantener un ambiente pacifico en el que los derechos de sus integrantes se puedan desarrollar, para lo cual puede imponer ciertos límites a los comportamientos sociales dentro de un sistema democrático, en donde las limitaciones no deben ser fijadas de manera arbitraria, ni desconocer al individuo su condición de ciudadano, manteniendo el respeto hacia el otro y recordando siempre que la tolerancia es un fundamento esencial para lograr una paz en la que haya lugar para todos, pese a las múltiples diferencias que se puedan presentar.
(UNESCO, 1994, pág. 12), entendido así, la tolerancia como un principio y una herramienta para construir la paz.
La construcción de paz, implica acordar e implementar procesos cuyo objetivo final sea la transformación de una sociedad en conflicto a una sociedad pacífica, promoviendo la
reconciliación entre las diferentes partes, toda vez que, los enfrentamientos violentos, como los que se produjeron en Colombia a raíz de la guerra con las FARC-EP, generan un deterioro del tejido social del país, y dificulta el establecimiento de una cultura de tolerancia, la cual es el camino para lograr la paz.
Dicho lo anterior, cabe resaltar que en noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuyo éxito de implementación seguramente se verá determinado por la forma en la que se logre el acercamiento entre la población civil y los actores del conflicto y entre ellos mismos, siendo una circunstancia fundamental el acercamiento al otro sin
resentimiento, sin prejuicios y con respeto, respeto por sus derechos, por sus pensamientos y en definitiva respeto por la diferencia, de ahí la gran importancia de promover el principio de tolerancia como el primer nivel para el encuentro entre las partes involucradas en los procesos de construcción de paz.
inalienables de los humanos (Declaración universal de derechos humanos, 1948) y recordando que “la paz es un presupuesto para la eficacia del Estado Social de Derecho, por cuanto
constituye una condición necesaria para el goce efectivo de todos los derechos fundamentales” (Sentencia C-160, 2017)
Entre otras cosas el acuerdo Final busca la transformación y el fortalecimiento del campo, con ayuda de los ex miembros de las FARC-EP, propendiendo por el aseguramiento del acceso a la tierra y contribuyendo a mejora las condiciones de vida de los campesinos que ha sido uno de los grupos más afectados directamente por el conflicto, ya que la mayor parte de la guerra interna se vivió en los campos colombianos, desplazando a los campesinos y quitándole a sus hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante fomentar la educación en relación al principio de tolerancia, ya que la transformación del campo significa un trabajo mancomunado entre campesinos, gobierno y FARC-EP, siendo estos dos últimos varias veces los victimarios de la población rural.
Así mismo, la partición política segura que propone el acuerdo, requiere del respeto de todos los ciudadanos hacia los ex integrantes de las FARC-EP, descartando cualquier forma de violencia y coerción dirigida hacia ellos, lo cual es una tarea realmente compleja teniendo en cuenta que Colombia es un país polarizado, y que, además, ha visto a este grupo como unos de los mayores actores armados del conflicto interno.
antecedentes no gratos, pero ha de ser un obstáculo a superar a través de la instauración de una cultura de paz, la cual “necesita de una enseñanza planificada y orientada por los valores de la paz, de los derechos humanos y de la democracia y, en lo más íntimo, de la tolerancia”
(UNESCO, 1994)
Por otro lado, la reintegración de los ex integrantes de las FARC-EP a una vida civil, implica una interacción entre el grupo, las fuerzas públicas y la población civil en todo punto de la vida cotidiana, lo que significa una interrelación en el trabajo, en el transporte, en los parques, centros comerciales y cualquier sitio público que se pueda imaginar, acarreando la necesidad de
fomentar una comunicación tolerante en medio de un Estado democrático, en el cual todos son reconocidos como iguales.
De la misma forma, la reconciliación con las víctimas, requiere de la búsqueda de un perdón y una reconstrucción de las relaciones sociales, lo cual solo se puede lograr si el respeto hacia el otro antecede los procesos de construcción de paz, y es que, cabe resaltar que uno de los
compromisos con las víctimas es la no repetición del conflicto, y por ende, se debe promover el ideal de que “con tolerancia, es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y en particular la evolución de una cultura de paz”. (UNESCO, 1994)
2.PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, establece los procedimientos a seguir para alcanzar la paz en Colombia, teniendo en cuenta que, el país ha suscrito tratados y declaraciones internacionales que consagran la tolerancia como conducta universal, principio y valor, que se debe aplicar y defender para alcanzar la paz, entendiendo la tolerancia como la armonía en la diferencia (Acuerdo Final, 2016)
Dicho brevemente, el Acuerdo se conforma por seis puntos cuyo objetivo en común es la construcción de paz. Los seis ítems del acuerdo son: reforma rural, participación política, cese al fuego, de hostilidades y dejación de armas, solución al problema de drogas ilícitas, victimas y mecanismos de implementación y verificación.
Mencionado lo anterior, cabe resaltar que cada punto es un acuerdo, el cual a su vez es un proceso de construcción de paz, conformado por varios procedimientos para logar el objetivo específico del punto, por lo tanto, durante el desarrollo de este capítulo se expondrán los
componentes fundamentales de cada punto del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sin antes mencionar que todos los procesos tienen un enfoque territorial, diferencial y de género, promoviendo la equidad entre hombres y mujeres, al igual, que propenden por una participación activa de la sociedad colombiana, toda vez que “la participación y el dialogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la
2.1 REFORMA RURAL INTEGRAL
La reforma rural integral propuesta en el Acuerdo Final, busca la creación de “condiciones de bienestar para la población rural –hombres y mujeres-” (Acuerdo Final, 2016, pág. 10),
“garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo (…) y promoviendo la desconcentracion de la tierra” (Acuerdo Final, 2016, pág. 10), teniendo en cuenta, que, el desarrollo rural es fundamental para el progreso social y economico del país, ayudando a la erradicacion de la pobreza y al aseguramiento del disfrute de los derechos de los colombianos, evitando asi, la repeticion del conflicto. (Acuerdo Final, 2016)´
Con base en lo anterior, se establecieron una serie de procesos para la transformación del campo y el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, tocando aspectos de desarrollo económico de los campesinos, educación, alimentación, salud, etc. Entre los procesos que conforman la RRI, está la creación de (Acuerdo Final, 2016):
El fondo de tierras de distribución gratuita, con el fin de lograr el acceso a ellas a partir de tierras provenientes de la extinción de dominio, los baldíos ocupados o apropiados indebidamente, de la actualización y delimitación de las reservas forestales, de la extinción de dominio por no cumplir con la función social, las adquiridas o expropiadas con base en el interés social o las donadas al Fondo de Tierras.
Subsidios y créditos especiales con el fin de facilitar la compra de tierras.
“Mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra” (Acuerdo Final, 2016, pág. 17)
Una nueva jurisdicción agraria.
Mecanismos de dialogo entre el Gobierno Nacional y local, teniendo en cuenta a las diferentes comunidades y al sector privado, con el fin de generar una agenda de desarrollo común, que propenda por el bienestar de los pobladores rurales, el desarrollo equitativo y la sostenibilidad socio-ambiental.
“Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósitos, que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural” (Acuerdo Final, 2016, pág. 19)
Programas de desarrollo con enfoque territorial, con el fin de ejecutar en las zonas priorizadas los diferentes planes nacionales que emana del Acuerdo Final, asegurando el desarrollo regional a través de la inversión pública, haciendo del campo un lugar de reconciliación, con el propósito de construir la paz.
El Plan Nacional de Vías Terciarias, para lograr entre otras cosas el acceso a los servicios sociales y a los mercados, favoreciendo los ingresos de los campesinos y el derecho a la alimentación.
El Plan Nacional de Riego y Drenaje para fomentar la producción agrícola mediante el acceso sostenible al agua.
El Plan Nacional de Conectividad Rural, con el fin de garantizar el acceso a la electricidad e internet de alta velocidad, consolidar condiciones de vida digna.
El Plan Nacional de Salud, que promoverá un modelo especial para las zonas rurales.
El Plan Especial de Educación Rural, para suprimir el analfabetismo de las áreas rurales, fomentando la pertenencia de los jóvenes en el campo impulsando el
El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, que asegurara las condiciones de vida digna de los campesinos.
El Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, con el fin de promocionar la asociación entre pequeños y medianos productores, que promueva la autonomía económica, la comercialización de sus productos y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.
El Plan Nacional de asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, para fortalecer la capacidad productiva de los campesinos.
El Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, para la consolidación de las condiciones adecuadas de comercialización y mejorar la disponibilidad de los productos
campesinos, asegurando el derecho a la alimentación.
El Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y las trabajadoras rurales, conforme a las normas de la OIT aplicables, con el fin de proteger los derechos de los campesinos.
El Plan de zonificación ambiental que delimitará la frontera agrícola y caracterizará el uso de las zonas de manejo especial ambiental, para proteger la biodiversidad y el agua, promoviendo el uso racional.
El Consejo Nacional de alimentación y nutrición, con el propósito de que establezca los lineamientos de la política alimentaria, haga el respectivo seguimiento y coordine los planes a nivel departamental y local.
Así mismo, la RRI también busca “establecer planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 11), el “reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 11), la formalización de todos los predios de la población campesina colombiana, formalizando 7 millones de hectáreas de pequeñas y medianas
propiedades rurales priorizando las zonas relacionadas con los PDET y poniendo en marcha el sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural, como mecanismo para asegurar dicho derecho, y así poder erradicar el hambre. (Acuerdo Final, 2016)
En cuanto al cumplimiento de estos procesos de construcción de paz a nivel nacional, ha de decirse que los resultados no son los mejores, ya que, hasta el momento no hay una jurisdicción agraria, adicionalmente en los últimos tres trimestres no han existido avances en la
implementación del acceso al uso de la tierra, ni mucho menos avances legislativos relacionados con ese tema (CINEP; CERAC, 2019), además, “con corte al 31 de marzo de 2019, al Fondo de Tierras habían ingresado un total de 546.700 hectáreas que representan 4.273 predios,
provenientes de cuatro de las doce fuentes señaladas en el artículo 18 del Decreto 902 de 2017”, (Procuraduría General de la Nación, 2019, pág. 28), evidenciando una falencia en la gestión de la Agencia frente a tema de procesos agrarios y la recuperación de tierras (Procuraduría General de la Nación, 2019).
Así mismo,
Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) reglamentado a través del Decreto 1298 de 2015. Esta entidad reporta que desde el 2017 hasta la fecha de corte del presente informe, se han otorgado 227 de estos subsidios: 188 en el 2017 y 39 en el 2018. (Procuraduría General de la Nación, 2019, pág. 34)
Igualmente, cabe mencionar que de los 7 millones de tierras que el Acuerdo se propuso formalizar, al 31 de marzo de 2019, solo han formalizado y adjudicado 1.890.287 hectáreas (Procuraduría General de la Nación, 2019), siendo la RRI, un punto en el cual se debe trabajar más, ya que para progresar en este punto, es necesario un mayor esfuerzo de la Agencia de Tierras y las mesas del Consejo Nacional de Reincorporación. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
2.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR
LA PAZ.
El proceso de participación política como herramienta para construir la paz está conformado por varios procedimientos, dirigidos a garantizar la participación activa de todos los ciudadanos, en especial, los miembros de las FARC-EP, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, las víctimas y los movimientos y partidos políticos de oposición, entendiendo que “para la consolidación de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 35)
La creación de un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política, dirigido al aseguramiento de los derechos de los partidos y movimientos políticos de oposición.
La convocación de los partidos y movimientos políticos, de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y dos delegados de las FARC-EP, a una Comisión para definir los lineamientos del estatuto mencionado anteriormente.
La presentación del proyecto de ley dentro de los tres meses siguientes a la entrega de las recomendaciones por parte de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
La implementación de un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, el cual tendrá como fin la protección de las personas que ejercen política, y su respeto por la libertad de pensamiento y opinión, garantizando “una cultura de
investigaciones por delitos contra la oposición, y una Comisión de seguimiento y evaluación del Sistema y del progreso del desmantelamiento de organizaciones que atenten contra el ejercicio político en el país.
La revisión de la normativa “para elevar el costo de los delitos contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 41), visibilizando las labores de los líderes sociales y los defensores de DD.HH.
Igualmente, el Gobierno deberá fortalecer el programa de protección individual y colectiva, y la implementación de un sistema que permita implementar estrategias para garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos (Acuerdo Final, 2016)
La elaboración de un proyecto de ley de garantías y promoción sobre participación ciudadana, que promueva la “reglamentación del derecho de réplica y rectificación, (…) frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional” (Acuerdo Final, 2016, pág. 43), que apoye la creación de organizaciones y
movimientos sociales, y fortalezca los mecanismos de financiación de los proyectos de dichas organizaciones a través de concursos públicos, promoviendo al mismo tiempo los espacios de estas organizaciones en los canales y emisoras.
Instaurar convocatorias públicas garantizando la participación de las víctimas, para adjudicar radios comunitarias que impulse el pluralismo.
Financiar producciones que fomenten la cultura de paz y la reconciliación
Crear un “plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia” (Acuerdo Final, 2016, pág. 48)
Estimular una campaña de concientización de los deberes ciudadanos frente al control de la administración pública.
Fortalecer el proceso de participación de las Juntas Administradoras locales en la construcción de políticas públicas.
Ajustar las normas dirigidas a garantizar que las recomendaciones de los informes de monitoreo sean atendidos por las autoridades públicas correspondientes.
Promover políticas de financiamiento de procesos de participación con perspectiva de género a nivel local.
“Crear incentivos para la formulación y ejecución de presupuestos participativos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 50)
Adelantar campañas para prevenir conductas que atenten contra la transparencia, facilitando las denuncias y creando un sistema que le haga seguimiento a las mismas.
Crear un Tribunal Nacional de Garantías Electorales para contrarrestar problemas de fraude electoral
“Apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con garantías de transparencia” (Acuerdo Final, 2016, pág. 52)
Promover que los gastos en la pauta oficial sean publicados
Formar en las zonas especialmente afectadas por el conflicto interno, 16
circunscripciones transitorias especiales de paz, para que se elijan representantes a la cámara, por dos periodos electorales.
Implementar programas de formación sobre derechos políticos, que fomenten el liderazgo de las mujeres.
Habilitar un canal televisivo para divulgar el trabajo de organizaciones de víctimas y sociales y las plataformas políticas de partidos y movimientos con personería jurídica respetando la diferencia.
“Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución” (Acuerdo Final, 2016, pág. 50)
Generar campañas que fomenten la participación electoral, y realizar una operación nacional de cedulación.
Y finalmente, teniendo orientado especialmente hacia a la construcción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia en el marco político, erigir un Consejo nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que servirá como asesor del
Gobierno en el diseño de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, promoviendo la no estigmatización de grupos discriminados, los programas para la apropiación del Acuerdo, implementándose en todos los niveles del sistema educativo, y la “creación de una cátedra de cultura política para la
En relación con los convenios de este punto, hay una sensación agridulce en la realidad colombiana, puesto que los resultados no son los esperados, de hecho son altamente preocupantes, y aún más si se tiene en cuenta que “avanzar en la apertura democrática no requiere tanta inversión presupuestal, es más que todo una decisión política” (Instituto Kroc , 2019, pág. 5). A continuación, se expondrán algunos datos que permiten dimensionar el estado actual de los avances normativos, el paso de las FARC-EP a la vida política y la situación de seguridad de líderes sociales, defensores de DDHH y ex integrantes del mencionado grupo.
Avances normativos.
En materia normativa relacionada con la apertura democrática, ha habido algunos logros importantes como la aprobación del Estatuto de la oposición, pero a la vez, también se ha frustrado ciertas partes del Acuerdo por falta de iniciativa, teniendo en cuenta que:
En abril de 2017, el Ministro del Interior presentó un proyecto de ley que incluía propuestas relacionadas con autoridades electorales, Sistema Electoral, Financiación y Responsabilidad de los Partidos, pero, lamentablemente el proyecto fue archivado el 30 de noviembre de 2017, por falta de votos. (PARES. Fundación Paz y
Reconciliación, 2018)
No se ha aprobado las circunscripciones transitorias especiales de paz, ni se ha
avanzado en la reforma política electoral, la cual tiene como fin ampliar la democracia en los partidos, asegurar la igualdad de condiciones y fomentar la participación
política de las mujeres. (Instituto Kroc , 2019)
Proceso de las FARC-EP en la vida política
partido político, que busca generar un cambio con la voz y no con las armas, denominándose FARC, que significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Así pues, el acto legislativo 03 del 23 de mayo de 2017 le aseguró a las FARC una participación estable en el Congreso durante 8 años, habiendo presentado hasta el 2018, 20 proyectos de ley, 9 en la Cámara de Representantes y 11 en el Senado. (PARES. Fundación Paz y Reconciliación, 2018).
Adicionalmente, es importante destacar que:
Los congresistas de FARC siguieron participando activamente en la actividad
legislativa, e incluso convocaron debates de control político y promovieron proyectos de ley. El 21 de agosto, un congresista de FARC fue elegido vicepresidente de una comisión del Congreso. El 2 de septiembre, el Presidente de FARC, Rodrigo Londoño, fue elegido por los cinco partidos de la oposición para dar un discurso oficial de la oposición. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 8)
El partido FARC ha participado activamente en la campaña para las elecciones locales y departamentales y ha avalado 308 candidatos a los concejos municipales, las
asambleas departamentales y las alcaldías. De todos los candidatos, una tercera parte son excombatientes, y el 38 % son mujeres. Un total de 60 candidatos se presentan a las elecciones en listas de coalición con otros partidos y movimientos. Además, algunos excombatientes de las FARC-EP se presentan como candidatos de otros partidos. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 8)
El 27 de octubre de 2019, mediante voto popular, es elegido como alcalde Turbaco Julián Conrado, quien fue integrante de las FARC-EP.
Situación de seguridad de líderes/lideresas sociales, defensores/defensoras de DDHH y ex intrigantes de las FARC-EP.
que piensan y por decidir construir un país equitativo y en paz. Por consiguiente, se exponen las siguientes situaciones que atentan contra los líderes sociales, defensores y excombatientes:
Líderes y lideresas sociales y defensores/defensoras de DDHH
Los líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia
transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios. (Instituto Kroc , 2019, pág. 6)
La organización no gubernamental Misión de Observación Electoral confirmó que desde el 27 de julio, día en que se cerraron las inscripciones de candidatos, se habían producido 54 incidentes de violencia electoral, que comprendían 7 asesinatos, 5 atentados, 2 secuestros y 40 amenazas (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 2)
En lo que va de 2019, habido 123 presuntos asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes sociales. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
La defensoría también ha advertido la situación de riesgo en la que se hallan inmersos los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos (Defensoría del Pueblo de Colombia)
Existen amenazas y asesinatos contra los líderes y comunidades indígenas y afrodescendientes en general. (CINEP; CERAC, 2019)
La comunidad indígena Nasa, en el norte del Cauca, también se ha visto
Ex integrantes de las FARC-EP
Igualmente, la situación de seguridad para los ex miembros de las FARC-EP no va por mejor camino y también están siendo violentados teniendo en cuenta que:
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 147 homicidios, 12
desapariciones y 21 tentativas de homicidio. La mayoría de los asesinatos se produjeron en los departamentos del Cauca (28), Nariño (20), Antioquia (19), Caquetá (17), Norte de Santander (13), Putumayo (10), Valle del Cauca (8) y el Meta (7). Las mujeres
excombatientes y los hijos de excombatientes siguen expuestos a riesgos adicionales de violencia, incluida la violencia sexual y de género y el reclutamiento forzado. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 9)
2.3 CESE AL FUEGO, DE HOSTILIDADES Y LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS -
REINCORPORACIÓN DE LAS FARC-EP A LA VIDA CIVIL
Bajo el compromiso de fomentar “una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” (Acuerdo Final, 2016, pág. 57), el Gobierno colombiano y las FARC-EP acordaron una serie de procesos para contribuir a la construcción de una sociedad democrática y tolerante en la cual los exguerrilleros se logren reincorporar a la vida civil, siendo estos los siguientes:
Elaborar una hoja de compromisos mutuos para lograr el proceso de DA.
Cesar el fuego y las hostilidades, con el fin de iniciar la implementación del Acuerdo y la reincorporación de las FARC-EP.
Rigen el CFHBD y DA.” (Acuerdo Final, 2016, pág. 60), haciendo seguimiento de los protocolos en las ZVTN.
“Establecer 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 61) para la preparar la reincorporación de las FARC-EP, realizando capacitación laboral y educativa.
Atender en salud a los miembros de las FARC-EP en las ZVTN y realizar jornadas de cedulación.
Construir tres monumentos con el armamento de las FARC-EP, “uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano” (Acuerdo Final, 2016, pág. 67)
Suministrar por parte de las FARC-EP información sobre la ubicación de MAP y demás explosivos, y ayudar con su limpieza.
Poner en marcha “reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político, durante dos períodos
constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018” (Acuerdo Final, 2016, pág. 71)
Garantizar un mínimo de cinco curules en el Senado, y otras cinco en la Cámara de Representantes.
Construir “una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 72), con el fin de ayudar a la reincorporación a nivel económico.
Fundar un “Centro de pensamiento y formación política, como institución sin ánimo de lucro, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales, así como diseñar y adelantar programas de formación política” (Acuerdo Final, 2016, pág. 72)
Instituir el Consejo Nacional de la Reincorporación y Consejos Territoriales de la Reincorporación, con el fin de “definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados con el Gobierno Nacional” (Acuerdo Final, 2016, pág. 72)
Priorizar la reagrupación familiar de los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP, reconociéndoles los derechos, beneficios y prestaciones de las víctimas.
Realizar un Programa Especial de Reincorporación para menores.
Realizar un censo socioeconómico para facilitar el proceso de reincorporación de las FARC-EP.
Proporcionar por una vez a cada miembro de las FARC-EP “un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 75)
Proporcionar un equivalente al 90% del SMMLV a cada miembro de las FARC-EP, durante 24 meses, siempre y cuando no tenga ingresos y se hayan. terminado las ZVTN.
Otorgar por una sola vez un equivalente a 2 millones de pesos a cada miembro de las FARC-EP al disolverse las ZVTN.
Crear un encargo fiduciario para garantizar los pagos de seguridad social y pensiones a quienes no estén vinculados a actividades remuneradas, durante 24 meses.
“Promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones” (Acuerdo Final, 2016, pág. 80) , cuyo fin es “hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo” (Acuerdo Final, 2016, pág. 80)
Crear “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto el diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de
desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación” (Acuerdo Final, 2016, pág. 81)
Crear una “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo” (Acuerdo Final, 2016, pág. 83)
Fundar un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional para garantizar el objeto del acuerdo.
Implementar un programa de protección integral.
Crear un Cuerpo de Seguridad y Protección conformado por miembros de confianza del partido o movimiento político que surja de las FARC-EP y la Policía Nacional.
Instaurar una Mesa Técnica de seguridad y protección, con el fin de coordinar y hacer seguimiento a un plan estratégico de seguridad y protección de los miembros del partido político que surja de las FARC-EP y para los ex integrantes de las FARC-EP
Instituir una Subdirección al interior de la Unidad Nacional de Protección para la protección de los miembros del partido político que surja de las FARC-EP y para los ex integrantes de las FARC-EP, garantizando el funcionamiento de la Mesa Técnica de seguridad y protección y el Cuerpo de Seguridad y protección
Crear reformas normativas que regulen temas de protección y seguridad referente a los miembros del partido político que surja de las FARC-EP y sus familias.
Impulsar medidas normativas para dar presunción legal de riesgo al nuevo movimiento político que surja de las FARC-EP.
Poner en marcha un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual deberá planear y ejecutar el Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización.
Fundar un programa integral de seguridad y protección de las comunidades y organizaciones en los territorios, promoviendo campañas de legitimación y
Constituir en la Defensoría del Pueblo un sistema de prevención y alerta para la reacción eficaz ante conductas criminales que amenacen los compromisos del Acuerdo.
Verificar la idoneidad de los servidores/as públicos y seguimiento a patrimonio económicos como medidas de prevención de corrupción.
Propulsar una reforma legislativa para sancionar a los partidos o movimientos políticos que tengan candidatos condenados por vínculos con organizaciones
criminales y paramilitares, e imponer sanciones a las personas que avalen candidatos sancionados penalmente.
En cuanto a la implementación de estos procesos, cabe resaltar que el cese al fuego y la dejación de armas son procedimientos que ya se cumplieron, al igual que la consolidación del Pacto Nacional por la Cultura Política y la no Violencia, en el cual “12 partidos políticos
nacionales, incluyendo FARC, firmaron (…) a fin de rechazar la violencia y la estigmatización y promover el diálogo y los derechos políticos”. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 2)
Gráfico I - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final.
Fuente: autora del proyecto, citado de (Instituto Kroc , 2019)(PARES. Fundación Paz y Reconciliación, 2018)(Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
Se evidencia la inclusión financiera y pensiones de un total de 13.049 personas ex integrantes FARC, la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz (OACP) ha acreditado y notificado: 12.790, a las cuales se han abierto 12.632 (97%) cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos. (PARES. Fundación
Paz y Reconciliación , 2018)
.Se han aprobado 431 proyectos individuales y se han desembolsado fondos para 424 de ellos,
que benefician a 483 excombatientes. (Secretario General Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.6)
dos mudas de ropa, dos pares de zapatos y un cajón para guardar la ropa, además
es importante señalar que tienen acceso a los servicios públicos excepto al internet. (Defensoría del Pueblo de Colombia)
5.000 excombatientes participan en 120 organizaciones productivas, entre ellas cooperativas y asociaciones (Secretario General
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019)
El Consejo Nacional de Reincorporación se reunió en dos ocasiones y aprobó 11 proyectos
productivos colectivos nuevos, con lo que el número de iniciativas aprobadas asciende a 35,
que benefician a 2.204 excombatientes. (Secretario General Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.6)
La provisión de la asignación mensual a los exmiembros de las FARC-EP, fue prorrogada
por el Gobierno hasta diciembre de 2019, a condición de que continúen participando en actividades de reincorporación. (Secretario
General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019)
Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación quedaran sujetos a un período
de transición de dos años durante el cual se mantendrían la provisión de servicios, alimentos, atención en salud y esquemas de seguridad colectiva. (Secretario General Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019)
En los últimos meses se ha acelerado el proceso de aprobación de proyectos socio-económicos
colectivos e individuales de reincorporación. (Instituto Kroc , 2019, pag.6)
En muchos de los ETCR se observa que los excombatientes, las comunidades aledañas, organizaciones de sociedad civil y países donantes, la Misión Política de la ONU, entre otros, están apoyando proyectos de ecoturismo,
escuelas de rafting, proyectos de energía alternativa, escuelas rurales alternativas y alianzas comerciales. (Instituto Kroc , 2019,
Gráfico II - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final.
Fuente: autora del proyecto, citado de (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al 31 de julio vivían fuera de los
antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en diferentes ubicaciones en
zonas tanto rurales como urbanas, 8.816 excombatientes, es decir, aproximadamente dos
tercios de los acreditados (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia , 2019, pag.8)
Un total de 3.543 excombatientes (incluidas 914 mujeres) están inscritos en programas de formación para el trabajo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, y varias universidades e instituciones educativas ofrecen oportunidades
similares (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia , 2019, pag.7)
822 los excombatientes que trabajan en actividades relacionadas con la implementación de la paz: 690 trabajan en la Unidad Nacional de
Protección, 102 en Humanicemos (organización de desminado humanitario de FARC) y 30 en la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización. (Secretario General Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.6)
En julio, dos jóvenes excombatientes del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Agua Bonita (Caquetá) participaron en la reunión para América Latina de la Red Internacional de Jóvenes Constructores de
Paz. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019,
pag.14)
Las universidades de varias regiones también están apoyando iniciativas para que sus estudiantes y profesores apoyen los proyectos de
reincorporación de los excombatientes (Secretario General Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.14)
Al mes de agosto de 2019, 120 de los 123 adolescentes previamente vinculados a las FARC-EP habían cumplido 18 años; 111 se encontraban en la fase de reincorporación del programa y 110 recibían subsidios mensuales. Ocho adolescentes están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Secretario General Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.13)
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización está promoviendo una mesa de trabajo e iniciativas regionales para prevenir la estigmatización de los exmiembros de las FARC-EP (Secretario General Misión de Verificación de
2.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
El Acuerdo Final establece una serie de compromisos con el fin de dar solución al problema de las drogas ilícitas en el país, bajo el entendido que la erradicación es un trabajo mancomunado entre el Gobierno, las FARC-EP y la población civil, siendo de vital importancia lograr el
cumplimiento de dichos convenios, toda vez que el negocio de las drogas ilícitas ha financiado el conflicto interno.
Entre los compromisos para lograr atacar el problema de drogas ilícitas en Colombia está la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual es parte de la RRI. Los fines del programa son: lograr que los ciudadanos participaran en la construcción de soluciones, superar las causas de la existencia de los cultivos ilícitos como lo es la pobreza, promover la sustitución voluntaria, generar alternativas productivas para los
cultivadores con enfoque de desarrollo sostenible, conseguir que no haya más cultivos ilícitos en el país, mejorando la presencia del Estado en los territorios afectados por dicha problemática.
Adicionalmente, el PNIS busca “poner en marcha comisiones municipales de planeación participativa con las autoridades del orden municipal, departamental y nacional (…) y con los delegados y delegadas que las asambleas comunitarias elijan” (Acuerdo Final, 2016, pág. 110) con el fin de poder erradicar el problema de drogas en el país.
Bajo el mismo objetivo, el Acuerdo final plantea una serie de procesos para atender la problemática, encontrándose entre aquellos convenios:
La creación de políticas de tratamiento especial para los cultivadores y los
para que la Fiscalía pueda renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal.
Incrementar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones de narcotráfico.
Crear los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA), con enfoque participativo, destacando las propuestas de las asambleas comunitarias que se fortalecerán.
Realizar obras de infraestructura social de ejecución rápida, como vías terciarias, puestos de salud, etc.
Ejecutar “Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos lícitos”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 114)
Elaborar un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, con el fin de articular las instituciones implicadas en el tema, coordinar el proceso de soluciones frente al consumo, promocionar estilos de vida saludable, y promover la prevención y rehabilitación del consumo de drogas ilícitas en Colombia, teniendo en cuenta la relación del consumo con diferentes clases de violencia, como lo es la violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual.
Desarrollar un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, “con el objetivo de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva” (Acuerdo Final, 2016, pág. 117), incluyendo la inserción social con enfoque de género.
