Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Escuela de Trabajo Social
“Cooperativismo de vivienda por ayuda mutua como
expresión de la producción social y autogestionaria del
hábitat. La experiencia de la cooperativa La Creciente en la
ciudad de Rosario”
Estudiante: Gutiérrez, Ivana.
Director: Lic. Abraham, Martín.
Índice
Agradecimientos………...…...3
Introducción………...4
Capítulo I ❏ El derecho a la vivienda desde una perspectiva histórica………....8
❏ Segunda Conferencia Mundial de Hábitat- Hábitat II………...10
❏ El nuevo milenio……….14
❏ Tercera Conferencia Mundial de Hábitat-Hábitat III………..17
❏ Algunas consideraciones……….20
❏ Los debates en el cono sur………...20
❏ ¿Por qué es necesario problematizar y abordar cuestiones ligadas al hábitat desde el prisma de género?...27
Capítulo II ❏ Experiencias latinoamericanas de producción social y autogestionaria del hábitat………...31
❏ Cooperativas de vivienda por ayuda mutua, el modelo uruguayo………...32
❏ Funcionamiento de las cooperativas………....35
❏ El modelo cooperativo……….36
❏ Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua………...37
❏ Área de Género………39
❏ Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular-SELVIHP…...41
❏ Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat……….43
❏ Movimiento de Ocupantes e Inquilinos-MOI………..44
❏ Contexto sociopolítico en el que surge el movimiento………....45
❏ Ley N° 341 y proceso de nacionalización del movimiento……….47
❏ La Unidad Social de Producción Autogestionaria, el modelo de producción
MOI……….56
Capítulo III ❏ Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “La Creciente”-MOI Rosario…….59
❏ La Creciente: historia de un proyecto colectivo……….….59
❏ Organización cooperativa………....65
❏ El Modelo MOI en La Creciente………...66
❏ Trabajo Social y Movimientos Sociales………..71
❏ Reflexiones finales………..78
❏ Bibliografía………..81
Agradecimientos
A la Universidad Pública ¡orgullosa de haber caído en ella!
A Martín, por incentivarme a ir por más, y por acompañarme durante este proceso con tanto respeto, compromiso y dedicación.
A mi familia, por el apoyo incondicional y por acompañarme a transitar estos años en la Universidad con tanta libertad.
A mis amigas de siempre, por compartir la alegría de cada paso.
A mis amigas de la facu, por ser sostén y compañeras incansables de lucha.
Introducción
El presente escrito se enmarca en el Trabajo Integrador Final (TIF) correspondiente a la Licenciatura en Trabajo Social, dictada en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
El tema de interés que se abordará a través de este trabajo final se encuentra enmarcado dentro del campo del Hábitat, puntualmente se hará referencia a la producción social del hábitat y se tomará como modelo de gestión habitacional que contribuye al desarrollo urbano el caso particular de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua.
Este escrito parte de entender que el hábitat excede lo meramente material, es una relación entre sujetos y objetos que ocupan un espacio logrando apropiarse del mismo, otorgándole sentido. Ese espacio constituye la manifestación del mundo de la vida e implica subjetividades, historias de vida, conflicto, es en definitiva el ejercicio de la vida cotidiana.
El acceso a un hábitat digno constituye un derecho humano fundamental, interdependiente de otros tales como acceso a servicios básicos, educación, salud, trabajo digno, medio ambiente, etc. Entendido de esta forma, el hábitat implica mucho más que contar con un techo bajo el cual resguardarse, es en definitiva, tanto el espacio físico como la forma social y personal de apreciarlo y apropiarlo.
Existen diversas formas de producir hábitat, sin embargo hay una en particular que es la que interesa analizar y problematizar a partir de esta investigación. Esta categoría es la de “producción social del hábitat” y hace referencia a procesos generadores de espacios habitables en los cuales lxs sujetxs , las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, 1 entre otres, tienen el poder de decidir sobre aspectos fundamentales de todo el proceso, no persiguiendo fines lucrativos.
A los fines que esta investigación persigue, se ha realizado un recorte a partir del cual se decidió englobar dentro de la categoría antes mencionada, a aquellas que presenten dos características consideradas fundamentales: organización y participación colectivas.
1 El sexismo en el lenguaje no sólo invisibiliza a las mujeres sino a toda persona que no responde al ideal de
varón adulto (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ancianas, ancianos, integrantes de la comunidad LGTTBIQ+). Tal y como lo afirma Eulalia LLedó (2008) el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su utilización, de modo que si se emplea de otro modo también puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de las identidades diversas. Con el objetivo de utilizar el lenguaje de una forma no sexista, aparecerán a lo largo de la presente
Una de las expresiones de la producción social del hábitat, entendida desde esta perspectiva, son las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que además de estar basadas en vínculos solidarios, toman a la autogestión como uno de sus pilares fundamentales.
El rol protagónico de la población en estos procesos, conduce necesariamente a problematizar el rol de lxs demás actores involucrados en el tema. Ya que, reconocer el valor de la producción social y autogestionaria del hábitat pero sin una mirada contextualizante y sin problematizar fundamentalmente el rol del Estado, conducirá inevitablemente a perpetuar las desigualdades de lxs sectores de la población que actualmente están exentos de la participación del desarrollo urbano de la ciudad “formal”.
Asimismo, si partimos de entender que el hábitat abarca muchos más componentes que la vivienda misma, es imposible pensarlo y/o abordarlo si no es desde una perspectiva integral y necesariamente interdisciplinaria, de la cual el trabajo social forma parte junto con otros saberes y disciplinas. Es por ello que también forma parte de los propósitos de la presente tesina, poder dar cuenta del lugar y los aportes fundamentales que el Trabajo Social como profesión puede brindar y poner en juego en procesos autogestivos vinculados al hábitat.
A los fines de poder dar cuenta de las particularidades que el desarrollo del proceso cooperativista de gestión del hábitat adquiere, se tomará como referencia la experiencia que la Cooperativa de vivienda “La Creciente” lleva a cabo en la ciudad de Rosario desde el año 2012.
A modo de objetivo general, me propongo: Analizar y problematizar, dentro de la producción social del hábitat, el aporte de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua como modelo de gestión de política habitacional integral y participativa, tomando como referencia la experiencia que la Cooperativa de Vivienda “La Creciente” lleva a cabo en la ciudad de Rosario desde el año 2012.
Siendo objetivos específicos:
● Conocer los debates que permitieron arribar a la noción de hábitat y producción social del hábitat, a nivel internacional y particularmente en América Latina.
● Indagar sobre los orígenes del movimiento cooperativista de vivienda en la región latinoamericana y a nivel nacional y local.
● Investigar y problematizar acerca de los aportes del Trabajo Social en procesos autogestivos vinculados al hábitat.
● Conocer las implicancias del paradigma de la educación popular al interior del movimiento cooperativo.
● Contribuir a un análisis crítico y reflexivo, respecto al tema de interés, desde el prisma de género.
Dado que la tesina reviste carácter de investigación, considero que la metodología más apropiada para este estudio es aquella de carácter cualitativo. Esta perspectiva implica un acercamiento interpretativo al mundo en la búsqueda de dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos de los significados que las personas les dan.
En este sentido, se apelará al análisis de documentos escritos, dentro de los cuales se incluyen: libros, artículos, ponencias, textos de divulgación académica, notas periodísticas, revistas científicas, entre otros; asimismo se realizarán entrevistas a actores claves a los fines de obtener información que contribuya al sustento del cuerpo teórico de la tesina y a la profundización de un análisis crítico.
Por otro lado, se considera pertinente dejar en claro que se intentará analizar y problematizar algunas cuestiones vinculadas al tema de interés a partir de un prisma de género. Este tipo de abordaje se encuentra muy ligado a las corrientes feministas decoloniales que cuestionan las bases del feminismo clásico occidental que tiene como única sujeta -homogenea- a mujeres blancas, urbanas, herterosexuales y de clase media, invizivilizando las particularidades que las problemáticas de mujeres y disidencias adquieren en territorios latinoamericanos y del caribe, con otras culturas, diferentes niveles de desigualdad social enfatizadas, a su vez, por el neoliberalismo, el colonialismo y la dependencia económica respecto a países de occidente.
Incorporar la interseccionalidad de las variables antes mencionadas es imprescindible para poder reconocer cómo afectan las relaciones de poder a las mujeres y disidencias subalternas de manera diferente y comprender la opresión allí donde permanece oculta.
Finalmente, resulta imprescindible tener en cuenta el contexto social en el que se inscriben estos procesos. Estamos asistiendo, desde hace algunos años, al afiance de proyectos políticos de corte neoliberal en varios países latinoamericanos, el nuestro particularmente no ha sido la excepción. El avance de estos gobiernos implica un cambio rotundo de perspectiva tanto políticamente como cultural y socialmente hablando. Retorna, entre otras, la ya desfasada idea del mercado como actor central capaz de ordenar una sociedad a través de sus leyes, basándose en la teoría del derrame; mientras el Estado ocupa un rol más bien de facilitador.
Este tipo de ideología ha llevado paulatinamente a la mercantilización de derechos humanos básicos y fundamentales, entre ellos el derecho a un hábitat digno, pero también otros como el acceso a salud y educación, por mencionar sólo algunos.
Son, además, proyectos que sustentan una ideología individualista y meritócrata, que a su vez se ve reforzada por lineamientos extendidos globalmente como los que imponen las sociedades capitalistas y patriarcales de consumo. A escala espacial, estos fenómenos profundizan las tendencias a la segregación social y territorial, reforzando la idea de ciudad como derecho para unxs pocxs.
En esta coyuntura, sostener proyectos colectivos basados en vínculos solidarios, que no persiguen una lógica mercantil y que cuentan con la población como principal protagonista, resultan, al menos, revolucionarios.
Capítulo I
El derecho a la vivienda desde una perspectiva histórica
Por primera vez se hizo referencia al derecho a la vivienda en una legislación internacional, en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948) en donde se explicita que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios.
Lo que no implica que no estuviese ya contemplado en normativas vigentes de algunos países, sin embargo fue la primera vez que se comenzó a hablar del derecho a la vivienda en términos de derecho humano fundamental y con reconocimiento internacional.
Sin embargo, no fue sino hasta la década del 70 que finalmente comenzaron a llevarse a cabo acciones concretas respecto a este tema. En el plano internacional, se creó el primer órgano oficial dentro Naciones Unidas dedicado a la urbanización, que fue la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos (1975). Su función era la de brindar capital y asistencia técnica a los programas nacionales sobre asentamientos humanos, sobretodo a países del hemisferio sur . El presupuesto inicial asignado no fue 2
demasiado significativo dado que por aquel entonces la urbanización y sus impactos no formaban parte relevante del programa de la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU).
Un año más tarde, en 1976, se celebró en Vancouver-Canadá, la primera Conferencia Mundial sobre Hábitat (Hábitat I) en la que finalmente se reconoció el desafío de la
2 Se utilizará el término “países del hemisferio sur” para hacer referencia a aquellos países que, algunos autores
tomados como referencia para la presente investigación, refieren como “países del tercer mundo”, “subdesarrollados”, y/o “en vías de desarrollo”. El término “países del tercer mundo” se remonta a la década del 50, durante la guerra fría, cuando se utilizó para englobar bajo un mismo concepto a los países no alineados con ninguno de los dos bloques enfrentados (el de la órbita norteamericana, llamado primer mundo; y el de la soviética, llamado segundo mundo). Actualmente, el término suele vincularse con el “nivel de desarrollo” de ciertos países, tomando como modelos de “desarrollo” las economías de ese “primer mundo” que representa entre el 15% y 20% de la población mundial. Existen al menos dos razones por las cuales no deberíamos seguir utilizando el término referido. Por un lado, se encuentra desfasado ya que los antiguos bloques enfrentados no existen como tal actualmente; y por otro, tomar como modelo de desarrollo a un sistema económico que genera y reproduce desigualdades en todo el mundo, no parece la mejor opción o la más coherente. Por último, no se asume que el término “países del hemisferio sur” esté exento de polémica o libre de cuestionamiento alguno,
urbanización. De esta conferencia surgieron la Comisión de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
También participaron, a través de un comité, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y movimientos sociales involucrados en el trabajo respecto a temas vinculados a la vivienda y el urbanismo.
Uno de los temas que estos actores pusieron sobre la mesa durante la Conferencia fue el de la participación popular en las decisiones concernientes a la vivienda y el hábitat, y de hecho se logró que quede asentado en algunos párrafos del documento final en donde se reconoce que:
(...)la participación popular deberá ser un elemento indispensable en los asentamientos humanos, especialmente en la planeación de estrategias, (...) debería influir en todos los niveles de gobierno, en el proceso de adopción de decisiones tendientes a promover el crecimiento político, social y económico de los asentamientos humanos. (ONU, 1976, p. 341).
Se reconoció también, en el mismo documento, que la mayoría de las viviendas que se construían en países del hemisferio sur, eran suministradas por les propies ocupantes. Al tiempo que se recomendó que una parte importante de los esfuerzos de una política de vivienda debían consistir en programas e instrumentos que ayudaran activamente a proporcionarse viviendas de mejor calidad, individual o colectivamente.
Otro punto al que se le dio un tratamiento interesante fue al uso del suelo y la propiedad, y que también se vio considerado en los escritos finales a través del siguiente punto:
13. La tierra es un elemento indispensable para el desarrollo de los asentamientos tanto urbanos como rurales. Por su disponibilidad limitada, el empleo y la tenencia de la tierra deben estar sujetos al control público mediante medidas y leyes adecuadas (...). El aumento del valor de las tierras de dominio privado como resultado de las inversiones públicas debe reintegrarse a la sociedad en su conjunto. (ONU 1976, p. 1147 y 1148).
Finalmente, tras Hábitat I se fundó el Consejo Internacional para el Hábitat, un organismo creado por un grupo de personas de distintos países involucrados en temas vinculados al
hábitat, que asumieron el compromiso de elevar la posición de la sociedad civil ante los organismos internacionales que iniciaban por aquel entonces sus actividades en el campo del hábitat. Con el correr de los años cambió su nombre al de Coalición Internacional del Hábitat (en adelante HIC, sus siglas en inglés) ya que se había constituido en una alianza que involucraba, además de ONGs, organizaciones sociales, académicxs y activistas en derechos humanos vinculados al hábitat. Por otra parte, dejó de ser un organismo radicado exclusivamente en los Países Bajos, estableciendo un nuevo Secretariado Internacional centrado en el sur, con sede en la ciudad de México. El eje articulador de sus actividades internacionales, ha sido y continúa siendo, el derecho humano de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.
Nuestra lucha se centra en promover, defender y hacer efectivos los derechos vinculados al hábitat: a la tierra, la vivienda, el agua, el saneamiento, el medio ambiente sano, el acceso a servicios sociales de salud, educación, abasto, transporte, recreación, recreación, etc.; el acceso a los medios de subsistencia y protección social; la preservación del patrimonio ambiental, histórico y cultural. Todos ellos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en numerosos instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos. (HIC, 2019).
La producción social del hábitat, el derecho a la ciudad y la equidad de género también forman parte de sus ejes de trabajo y luchas colectivas. Cuestiones que serán abordadas en profundidad más adelante.
Segunda Conferencia Mundial sobre Hábitat-Hábitat II
A partir de los años 80 comienza a adquirir fuerza a nivel mundial una teoría gestada por un politólogo estadounidense, Francis Fukuyama (1992), que hablaba del “fin de la historia” en tanto lucha de ideologías, con un mundo final basado en una democracia liberal.
Las ideologías liberales encontraban sus fundamentos en la defensa de las iniciativas individuales y en la búsqueda de limitar la intervención del Estado en los planos económico, social y cultural.
Desde esta perspectiva, la vivienda constituía un bien de cambio susceptible de ser intercambiado en el mercado por determinado valor monetario, una de las consecuencias inmediatas de este fenómeno fue el aumento de la especulación financiera e inmobiliaria en relación al suelo, la propiedad y la vivienda.
Dichas políticas se profundizaron en los ´90 con el impulso, por parte de organismos multilaterales de financiamiento (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial), del Consenso de Washington que consistió en un conjunto de diez “recomendaciones” en materia económica. Dichas “recomendaciones”, que debían ser acatadas por los países del hemisferio sur (según ellos países “en vías de desarrollo”), dada la condición de dependencia económica en la que se encontraban, contribuyeron directamente al afiance de las políticas neoliberales, basadas en el libre mercado, que se venían gestando y que tuvieron como principal consecuencia el aumento de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. En el plano habitacional llevaron a fomentar la iniciativa privada en detrimento de la participación del Estado en la producción de vivienda y hábitat. En este sentido la política habitacional se centró en la focalización de la población beneficiaria y la disminución del gasto público destinado a atender a los sectores de menores recursos. Con respecto a los sectores medios la situación no fue menos desfavorecedora, la pérdida de poder adquisitivo y la especulación inmobiliaria respecto al suelo hicieron prácticamente imposible el acceso a una vivienda a través del mercado, quien se encargó de transformar el suelo en una mercancía escasa.
De acuerdo al Secretariado General de la Coalición Internacional del Hábitat (2016) la consecuencia de estas políticas en las ciudades ha sido su crecimiento desordenado y la producción masiva de casitas individuales que no hacen ciudad ni construyen ciudadanía.
Otra consecuencia de la implementación del modelo neoliberal fue la invisibilización y, en algunos casos, la cancelación de apoyos a los procesos de producción y gestión social participativa del hábitat cuando no incluso su criminalización y su erradicación forzada.
Bajo estos lineamientos, el Estado pasó de ocupar un rol de proveedor a uno de facilitador en pos de favorecer la producción mercantil del hábitat.
Este fue el contexto que, veinte años después de Hábitat I, marcó el desarrollo de la Segunda Conferencia Mundial sobre Hábitat, “Habitat II”, con sede en Estambul-Turquía, en el año 1996.
Una de las particularidades de esta conferencia fue que se convocó a los gobiernos parte a organizar comités nacionales que contaran con la participación de todes les actores intervinientes en el tema. Constituyó un dato relevante ya que nunca antes las organizaciones no gubernamentales habían podido participar de reuniones preparatorias de la ONU en igualdad de condiciones con los gobiernos nacionales.
En este sentido, es para destacar el papel desarrollado por Movimientos Sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil y ONGs durante esta Conferencia ya que representaron la resistencia ante las tendencia privatizadoras y partidarias de la reducción del Estado al papel de facilitador antes mencionado. Gracias a su posicionamiento, lograron que se contemple en el borrador de lo que luego fue la Agenda Hábitat, el reconocimiento de la responsabilidad principal que tienen los gobiernos en el cumplimiento de las metas propuestas a partir de la Conferencia y con esto la relativización de su papel reducido al de facilitadxr del mercado. También se lograron introducir varios artículos orientados a facilitar la producción de vivienda y el acceso al suelo por parte de las comunidades.
Respecto a variables de tipo coyunturales que repercutían directamente en cuestiones ligadas a la vivienda y el hábitat, fue prácticamente imposible que la Agenda mencionara con claridad los impactos del modelo económico de corte neoliberal que se venía imponiendo en distintas regiones. Además, sorpresivamente para las organizaciones sociales, fue necesario volver a remarcar el carácter de derecho humano que había adquirido el acceso a una vivienda digna, discusión que parecía haber quedado saldada hacía ya veinte años durante la primera conferencia de Naciones Unidas. Fueron también estas organizaciones las que centraron sus esfuerzos a los fines de que no se pierda y vuelva a recordarse el compromiso asumido décadas anteriores en relación al cumplimiento efectivo de de este derecho humano que involucra a les sectores públicx, privado, y no gubernamental.
También durante este encuentro comenzó a hacerse alusión, por parte de las organizaciones sociales, al derecho a la ciudad, sobre el que ampliaré más adelante. Sin embargo, al no haber estado aún reconocido por Naciones Unidas, no fue incluido en la Agenda Hábitat.
La producción social del hábitat como categoría fue trabajada, elaborada y reelaborada, principalmente por organizaciones y movimientos sociales desde la década del 60, y fueron también quienes incidieron, durante esta conferencia, para intentar que sea reconocida como
alternativa real y posible a la hora de pensar en la gestión del hábitat popular, como concreción de los derechos humanos a la tierra, la vivienda y la ciudad.
En diversos países, un alto porcentaje de las viviendas y muchos de los componentes del hábitat son autoproducidos por sus habitantes sin que existan los instrumentos adecuados, ya sea jurídicos, administrativos, financieros, tecnológicos, de gestión, etc., que apoyen y garanticen estos procesos. Son estas las experiencias que organizaciones y movimientos sociales suelen englobar bajo la categoría producción social del hábitat, convencides de que los procesos formativos, organizativos, productivos y de gestión que implican, tienen un alto potencial transformador.
Desde esta plataforma, se mostraron experiencias de todas partes del mundo en las cuales la población tenía el poder de decidir sobre aspectos fundamentales durante todo el proceso de producción del hábitat. Pese a todos los aportes que se realizaron, tampoco adquirió demasiado protagonismo al ser desarrollada de manera muy escueta, lo que se debió en gran medida a que la figura del mercado fue exaltada como la del encargado de resolver la problemática habitacional, con el Estado como facilitador.
A lo que sí se hizo referencia, al menos en los documentos finales del encuentro, fue a la participación. Sin embargo se lo hizo de forma muy acotada, no dejando muy en claro a qué se referían con participación, prácticamente sin mencionar los niveles de decisión a los que ésta debiera darse para garantizar la democratización profunda de los procesos de planeación, representación, administración, seguimiento y evaluación del desarrollo urbano.
Para finalizar, podría concluir afirmando que la particularidad de esta segunda conferencia fue que abrió la participación hacia las organizaciones y movimientos sociales, quienes aprovechar el espacio, y si bien no todos sus postulados se vieron plasmados en los documentos finales, al menos lograron instalar el debate sobre temas antes prácticamente ignorados o vagamente tenidos en cuenta.
Entre los aspectos negativos a resaltar se encuentran los mencionados por el Secretariado General de la Coalición Internacional del Hábitat (2016), desde donde se sostuvo que, luego de Hábitat II no sólo se ha estrechado la temática compleja del hábitat, sino la comprensión misma de las causas profundas de los problemas y, en consecuencia, la visión estratégica para enfrentarlos. “No se invierte en resolver a fondo las causas de la exclusión social y la desigualdad creciente sino en compensar algunos de sus efectos más visibles mediante
dádivas individualizadas que generan mayor pasividad, dependencia y fragmentación.” (HIC-AL, 2016, p. 4).
El nuevo milenio
En octubre del año 2000, tuvo lugar la primera Asamblea Mundial de Pobladores en la ciudad de México. Fue el resultado de un proceso que se inició en el año 1996 en el marco de los preparativos para el desarrollo de Hábitat II en Turquía, cuando organizaciones sociales de distintos países se plantearon la necesidad de participar activamente de los debates que tendrían lugar en dicha conferencia, contando con voz propia.
La Asamblea Mundial de Pobladores se concreta logrando reunir a más de 300 personas de todas partes del mundo, con el propósito de discutir y definir, colectivamente, algunos lineamientos en torno a temas vinculados al hábitat.
Por primera vez, las asociaciones y comités de barrios, las organizaciones populares y los pobladores organizados se reunieron para repensar, desde su propia perspectiva, la ciudad que quieren (construir) para el siglo XXI y las estrategias para lograrlo. Los pobladores y las pobladoras no se quedaron callados escuchando los discursos de los expertos, sino más bien, fueron los urbanistas y profesionales los que escucharon la voz de los pobladores. (HIC, 2008, p. 13).
Otro encuentro masivo sin precedentes que tuvo lugar a comienzos del nuevo siglo fue el Foro Social Mundial que se llevó a cabo en Brasil, en el año 2001. Se trató del primer encuentro entre ONGs, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y se constituyó en un espacio internacional para la reflexión y la organización de quienes se oponían a las políticas neoliberales y a la vez abogaban por construir alternativas que priorizaran el desarrollo humano y ponerle fin a la dominación de los mercados en los países. En este sentido, a modo de respuesta, se realizó en la misma fecha en la que en Davos se estaba llevando a cabo el Foro Económico Mundial -través del cual, desde 1970, se venían formulando y promoviendo políticas de corte neoliberal en el mundo.
Después de este primer encuentro en 2001, el Foro Social Mundial se configuró como un proceso mundial permanente de celebración anual, de búsqueda y construcción de alternativas a políticas neoliberales que sin pretender constituirse como una instancia representativa de la sociedad civil mundial, tiene como objetivo que prevalezca una globalización solidaria que respete a los Derechos Humanos Universales.
En su Carta de Principios (2001) se lo define como
(...) un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, el debate democrático de ideas, elaborar propuestas, el libre intercambio de experiencias y articulación de acciones eficaces por parte de grupos y movimientos de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo. (p. 1).
Para las organizaciones y movimientos sociales que trabajaban vinculados al hábitat, el Foro Social Mundial significó un espacio sumamente rico que propició el encuentro, el intercambio, la concertación de acciones y la construcción de redes y alianzas de manera colectiva.
Este contexto allanó las condiciones para la promoción del derecho a la ciudad, que se venía gestando hacia algunos años, y que se concretó algunos años más tarde quedando cada uno de sus puntos documentados en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004).
El derecho a la ciudad no es un término nuevo, se remonta a 1968 cuando Henri Lefebvre, filósofo francés, lo difundió a través de su libro del mismo nombre, en donde analizaba el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Décadas más tarde, el término vuelve a ser reivindicado, esta vez por organizaciones y movimientos sociales vinculados al hábitat.
La reivindicación de la posibilidad necesaria de crear otra ciudad se basa en los derechos humanos, y más precisamente en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El fenómeno de la ciudad es analizado y pensado en función de la ciudadanía y del espacio público, con una visión integral e interdependiente de los derechos humanos, para lograr la meta de recuperar la ciudad para todos sus habitantes. Cabe aclarar que el derecho a la ciudad no es un derecho más: es el
derecho a hacer cumplir los derechos ya formalmente suscritos por los Estados en tratados internacionales e instrumentalizados en el marco legal y normativo de los países. Por eso el derecho a la ciudad se basa en una dinámica de procesos y de conquistas, en las cuales los movimientos sociales son el motor garante de su cumplimiento. (Sugranyes, A. 2010, p. 75).
Al respecto, María Carla Rodríguez (2009) sostiene que “la experiencia latinoamericana contemporánea vincula derecho a la ciudad, ciudadanía y espacio público como una trilogía que inspira un abanico amplio de políticas urbanas que apuntan a la democratización de la producción, el acceso y disfrute de la ciudad” (p. 29).
Por otro lado, también al inicio del nuevo siglo, nos encontramos con la Declaración del Milenio, un acuerdo aprobado por 189 países reunidos en la sede de la ONU en Nueva York en el año 2000, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la “construcción de un mundo más seguro, próspero y equitativo”. Los compromisos allí asumidos se concretaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que consistió en un plan de 8 objetivos a cumplirse para el año 2015.
Aunque se trató de objetivos de desarrollo, es para destacar que en relación a hábitat los temas abordados fueron muy escasos. Sólo en el objetivo 7 se apuntaba a “mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos precarios”. De acuerdo a lo contabilizado y difundido a través de los Objetivos del Milenio, el número de habitantes viviendo en asentamientos precarios en el año 2000 era de 923 millones, sin embargo hay autores que afirman que era un número mucho más elevado ya que no incluía a los habitantes de zonas rurales.
De acuerdo a las declaraciones oficiales del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (en adelante ONU-HÁBITAT) en 2015, la meta se sobrepasó ampliamente incluso llegando hasta las 200 millones de personas, sin embargo no se hace referencia a que en el período de tiempo transcurrido entre 2000 y 2015, el incremento de habitantes en asentamientos precarios urbanos puede cifrarse en más de 400 millones. En este sentido Julián Sálas (2015) asegura que más de 2000 millones de personas vivían en asentamientos precarios (urbanos y rurales) en el año 2015.
Tercera Conferencia Mundial de Hábitat-Hábitat III
De cara a lo que fue la Tercera Conferencia Mundial de hábitat, en 2016, resulta interesante remarcar algunos acontecimientos que tuvieron lugar en los años previos.
Para el año 2008, a nivel mundial, la población urbana había sobrepasado a la población rural. El hecho de que la ciudad haya vencido cuantitativamente al mundo rural es un acontecimiento para remarcar si se tiene en cuenta que 200 años atrás la existencia humana era predominantemente rural, con un porcentaje mínimo de habitantes en zonas urbanas.
En 2011 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo anunció de manera oficial que el mundo acababa de superar los 7000 millones de habitantes. Información para nada irrelevante si se tienen presente algunos datos de contexto (recabados por la ONU) como que hasta 1814 el mundo no alcanzó los 1000 primeros millones de habitantes y que cada día alrededor de 200 mil personas se agregan a la población urbana en el mundo. En este sentido, se proyecta que para el año 2050 la población mundial habrá superado los 9000 millones de personas.
En 2012 Naciones Unidas, con el objetivo de buscar soluciones para un desarrollo sostenible del planeta, creó la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. La misma tenía el objetivo permitir que un gran número de representantes procedentes de todas las regiones del mundo y con todo tipo de experiencias, participaran en el debate global sobre el desarrollo sostenible en búsqueda de soluciones prácticas, construyendo una red global a través de universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y otros centros del conocimiento, movilizando la experiencia técnica y científica del mundo, de la academia, de la sociedad civil y del sector privado. Del total de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantearon, 7 afectaban de alguna manera al hábitat y al medio ambiente.
También es para destacar la presencia, por primera vez, de un objetivo específicamente urbanístico (el N°11) en el que se planteaban las principales dimensiones a considerar en las políticas urbanas: inclusión social; seguridad y resiliencia medioambiental; y sostenibilidad energética y económica.
De manera que la apuesta para el Siglo XXI teniendo en cuenta el paulatino aumento de la población, y sus implicancias en términos de urbanización, fue añadir al concepto de hábitat
nuevas dimensiones, que fueron las de sustentabilidad y sostenibilidad. En este sentido, las recomendaciones de los organismos internacionales a los gobiernos giraron en torno a cuestiones como el tratamiento de residuos, transporte, cambio climático, planificación urbana, espacios públicos, entre otres. Al respecto, se esperaba que esta tercera conferencia se celebrara teniendo como guía a la urbanización como instrumento de desarrollo. Urbanización que debía ajustarse a los nuevos desafíos que el mismo proceso implicaba.
Previo a Hábitat III, en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible que incluye 17 objetivos, muchos de los cuales fueron los ejes de Hábitat III y algunos se vieron reflejados en la Nueva Agenda Urbana.
En ese contexto, los objetivos de la Conferencia-Hábitat III- fueron “asegurar la renovación de un compromiso político para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros hasta esa fecha, combatir la pobreza, y abordar desafíos emergentes”. Objetivos que intentaron verse reflejados en los compromisos asumidos a través de la Nueva Agenda Urbana, documento oficial de la conferencia que orientaría el rumbo de los próximos veinte años, siempre y cuando existiese voluntad política para transformar dichos compromisos en acciones concretas.
Al respecto no resulta muy alentador el panorama si se tiene en cuenta que los compromisos asumidos en las dos conferencias anteriores no fueron en su mayoría objetos de concreción real por parte de los gobiernos.
En relación a esta Nueva Agenda Urbana, es posible afirmar que nada referido al orden macroeconómico internacional se vio reflejado en ella, aún cuando una de las prioridades de la Agenda Hábitat (1996) era el “mantenimiento de políticas macroeconómicas justas”.
Si tenemos en cuenta que en 2015 el informe anual OXFAM reveló que el 1% de les 3 habitantes más ricxs del mundo (72 millones) acaparan una cantidad de riqueza igual a la del 99% de la población restante (7128 millones), y que cualquier iniciativa que realmente pretenda erradicar la pobreza debe hacer frente a las decisiones sobre políticas que generan y perpetúan la desigualdad, llama poderosamente la atención que, pese a que erradicar la
3 Oxfam es una confederación internacional de 19 organizaciones que trabajan junto a organizaciones sociales y
comunidades locales en más de 90 países alrededor del mundo. De acuerdo a la información disponible en su página web, trabajan “proporcionando ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por un futuro más justo”. El informe anual Oxfam describe la labor del secretariado Oxfam internacional así como las campañas realizadas, brinda información económica y ejemplos del trabajo
pobreza haya sido uno de los objetivos de esta Nueva Agenda Urbana, nada se haya dicho respecto al orden económico, político, social y cultural que la perpetúa.
Como un aspecto positivo a resaltar, se puede mencionar que, gracias al trabajo realizado por un gran número de organizaciones y movimientos sociales y con el apoyo de algunos países, fue posible que el Derecho a la Ciudad y sus principales contenidos y principios formen parte de la Declaración de Quito (declaración producto de la tercera conferencia), siendo la primera vez que este concepto se encuentre incluido en una agenda internacional.
Con respecto a la participación se menciona la promoción significativa de la misma, social y ciudadana, en lo que a diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y presupuestos respecta. Sin embargo, nuevamente no se explicita qué se entiende por participación, por lo que el postulado resulta ambiguo quedando sujeto a una libre interpretación.
Para finalizar, resultan esclarecedoras las palabras de Lorena Zárate (2016), quien fue presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat para América Latina, respecto de estos debates.
Desde hace décadas, varias voces han estado reclamando un cambio de paradigma para comprender las ciudades, asentamientos humanos y territorios como bienes comunes -para las generaciones presentes y futuras- que son creados y deberían ser gestionados entre todas/os. Un componente clave para el cambio de paradigma será colocar de verdad al ser humano en el centro, promoviendo, respetando y garantizando los derechos humanos para todas/os, fomentar la participación social en la toma de decisiones y en los procesos de implementación de políticas públicas, fortaleciendo la democracia, la transparencia y la responsabilidad. Activistas, comunidades y organizaciones de base son protagonistas clave de las transformaciones progresivas actuales de nuestros asentamientos humanos y deben ser reconocidos y apoyados como tal. (pág. 2)
Respecto al impacto que esta Conferencia ha tenido y en relación a concreción de objetivos planteados, sería apresurado intentar realizar algún tipo de análisis al respecto, dado que han transcurrido casi tres años desde la misma. Sin embargo, el desafío de que no se pierdan y se respeten nuestrxs derechos colectivamente conquistados está siempre presente.
Algunas consideraciones
El breve recorrido histórico desarrollado en las páginas anteriores permite confirmar que existen distintos lineamientos desde los cuales pensar el hábitat.
Por un lado, aquella que es llevada adelante por el Estado, a través de políticas públicas, desde una perspectiva sectorial y tradicional y obteniendo como resultado viviendas de mala calidad, seriadas y estereotipadas. Al tiempo que, se trata de políticas focalizadas que no llegan a abarcar a todxs lxs sectores sociales que no pueden satisfacer esa necesidad a través del mercado.
Por otro lado, encontramos la oferta del mercado, desde donde la vivienda es concebida como un producto-mercancía representada por un valor de cambio que la vuelve susceptible de ser intercambiada. Desde esta lógica, queda claro que las personas tienen derecho a una vivienda o hábitat digno en tanto tengan capacidad de pago.
Y finalmente, están todas aquellas prácticas, experiencias, propuestas, iniciativas que podemos engloblar dentro del concepto de producción social del hábitat y que han logrado poco a poco afianzarse a través de los años como alternativa posible, tejiendo redes y posibilitando el surgimiento de espacios colectivos, democráticos y multisectoriales desde los cuales pensar y llevar a cabo propuestas vinculadas al hábitat, que contemplen abordajes integrales, priorizando el protagonismo de les sectores populares, reconociendo su capacidad productiva y trabajando siempre desde el prisma de los derechos humanos, sin perseguir fines de lucro.
Los debates en el cono sur
Habiendo esclarecido los principales lineamientos respecto al debate a nivel internacional, podemos enfocarnos ahora específicamente en las particularidades que estos procesos tuvieron y tienen lugar en el cono sur del continente americano.
En América Latina podemos ubicar entre las décadas de 1950 y 1960 un exponencial crecimiento de la población urbana, no sólo debido al aumento de las tasas de natalidad sino también y en mayor medida, al desplazamiento de población rural empobrecida hacia la
ciudad en busca de mejores condiciones de vida, en el marco del proceso de industrialización que estaba comenzando en el continente. (Herrera, L., Waldomiro, P., 1976).
Este acelerado aumento de la población urbana trajo distintas consecuencias entre las que es posible ubicar la profundización del problema de la escasez de vivienda, ya que las ciudades no se encontraban preparadas, en materia de infraestructura, para hacer frente a tal masivo proceso de migración desde el campo hacia las urbes.
Asimismo, a partir de la década del 70 comienza a ensayarse en Latinoamérica una reforma económica apoyada en el pensamiento liberal, impulsada y supervisada por economistas de la Escuela de Chicago, como Milton Friedman. Se trata del inicio de la fase neoliberal del capitalismo, que además de un sistema económico se constituyó en un orden político, social y cultural.
Sus políticas de liberalización y ajuste para los países del cono sur del continente, combinadas con las repercusiones de la disminución de la responsabilidad del Estado como garante de bienestar colectivo, provocaron una reestructuración del gasto público que llevó a reducir sustancialmente las políticas sociales, no siendo las políticas vinculadas al hábitat una excepción. De modo que, en el centro de la cuestión queda ubicado el mercado como actor privilegiado capaz de satisfacer las necesidades de la población, el Estado pasa a ocupar un rol más bien de facilitador interviniendo a través de políticas focalizadas destinadas a quienes quedaran, momentáneamente, por fuera de la lógica mercantil. Sin embargo, vastos sectores de la población continuaron quedando por fuera de ambas propuestas.
Como consecuencia de estos procesos, aparece la desregulación, la privatización los servicios básicos, y la profundización del desplazamiento de un sector de la población hacia las periferias no urbanizadas, incrementando los asentamientos precarios, también llamados “informales” o “irregulares”, focos de estigmatización y al mismo tiempo expresión de la exclusión social.
Este es el contexto en el cual comienzan a tomar forma los debates latinoamericanos vinculados al hábitat.
Resulta pertinente dejar en claro que no es posible hablar de una única y acabada teoría sobre urbanización latinoamericana, más bien es posible identificar algunos enfoques que dan cuenta, de forma diferenciada, de distintos elementos que a lo largo de al menos las últimas cinco décadas fueron puestos en juego a la hora de pensar el hábitat y la constitución de las ciudades.
Las décadas del 60 y 70, como bien ya se mencionó, fueron la cuna de un intenso debate teórico, en el cual podemos ubicar los planteos de John Turner y Emilio Pradilla, ambos con experiencias de trabajos vinculados al hábitat en países de América Latina, pero desde posicionamientos bien diferenciados.
Por un lado, la postura del arquitecto británico John Turner se basaba, a grandes rasgos, en tres principios: autogobierno- tecnologías apropiadas- planeamiento de la vivienda por medio de límites. Con respecto al primero (autogobierno) sostiene que éste se lograría si se entendiese que lo importante es lo que la vivienda hace por les usuaries y no lo que es. En palabras de Turner (1977):
Las preguntas sobre los efectos de la vivienda en las vidas de las personas solo pueden ser formuladas mediante palabras que describan procesos y relaciones. La palabra “vivienda”, por tanto, debería emplearse más en su acepción de “proceso” que como unidad de habitación. Los verdaderos valores son aquellos basados en las relaciones entre los elementos que intervienen en la vivienda, los actores, sus actividades y sus logros. (p. 79).
En relación al segundo, sostiene que es necesario entender que su economía es más una cuestión de ingenio personal y local que de productividad industrial, y por último aceptar que el usuarix posee la autoridad última sobre la vivienda porque es quien interviene para su construcción y posterior cuidado.
(...) la construcción y mantenimiento de viviendas adecuadas a precios que los posibles usuarios y la sociedad puedan costear depende de la inversión de recursos exclusivamente personales. Tal afirmación se funda parcialmente en observaciones que muestran cómo la voluntad de la gente para invertir su energía, iniciativa, ahorros y otros recursos depende de la satisfacción experimentada o esperada. (Turner, 1977, p. 69).
Lo interesante del planteo que realiza Turner es que introduce el concepto de usuarix como productor/a, dejando de lado la figura del usuarix como consumidor/a final, así como también su referencia a la vivienda como proceso.
Esta postura es fuertemente criticada por el arquitecto colombiano Emilio Pradilla Cobos (1982) quien sostiene que la autoconstrucción es determinada por el proceso de pauperización
de les sectores peor remunerados de la clase obrera, y que no solo genera nueva pauperización para elles, sino para el conjunto de les trabajadores, ya que afecta también, forzando su descenso, el valor de la fuerza de trabajo y los niveles salariales de otrxs estratos de la clase obrera y, por extensión, al conjunto de lxs asalariadxs.
Pradilla (1982) afirma que:
Luchar por el derecho a la autoconstrucción, es decir, a la subsistencia, es una necesidad impuesta por el capital y su Estado a las masas trabajadoras, que se vuelve en contra de ellas; por eso hay que luchar simultáneamente por su supresión y conquistar el derecho a una vivienda adecuada como parte del precio de venta de la fuerza de trabajo (salario). (p. 318)
Y agrega que:
Para el autoconstructor, hostigado por el desempleo o los bajos salarios, el tiempo de trabajo invertido en la construcción de su vivienda no aparece como una prolongación de su jornada de trabajo ni es contabilizado como costo; tiende más bien a aparecer como un ahorro, lo que no es más que un espejismo. (p. 302)
Para Pradilla, la vivienda producto de este proceso, encierra una contradicción: por un lado su valor de uso es muy limitado, y por otro lado su valor (de cambio) es muy caro. “La vivienda autoconstruida consume una cantidad de trabajo humano vivo mayor que la media social (trabajo socialmente necesario)” (Pradilla, E., 1982, p. 303).
Este autor, a diferencia de Turner, realiza sus planteos teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y de alguna manera involucrando a otrxs actores sociales a la hora de pensar en derecho a la vivienda, fundamentalmente al Estado. Sin embargo, anula todo intento de reconocer la capacidad productiva de les sectores populares y su derecho a formar parte y participar activamente durante todo el proceso.
Si bien ha quedado claro que se trata de posturas totalmente antagónicas, es posible tomar como insumos algunos de los aportes destacados de cada uno de los autores a los fines de intentar construir un enfoque superador. Y es de hecho lo que comenzó a gestarse entre las décadas del 80 y 90, cuando estos debates fueron retomado pero esta vez desde una perspectiva histórica y de forma contextualizada.
Al respecto, resulta interesante retomar en análisis que realiza el arquitecto argentino Víctor Saúl Pelli (1996). Para este autor, incluir a la población en la gestación y conducción de los procesos de resolución de sus propias necesidades habitacionales es una condición indispensable para que el desarrollo de los procesos alcance su plenitud como acto de producción y como acto social a la vez. Es por eso que considera necesario recuperar, dentro del concepto de autoconstrucción, aquellas áreas de propuesta que garanticen no solo la inclusión de la población, sino que también “permitan la asociación, la acción conjunta y la valorización recíproca de distintas formas de poder, tener y saber”. (Pelli, 1996, p.16).
A la hora de pensar un modelo de gestión habitacional participativo, adecuado a las necesidades de los sectores populares urbanos latinoamericanos, Pelli (1996) señala que no podemos dejar de tener en cuenta determinados condicionantes que tienen que ver con el contexto como lo son: la insuficiencia de recursos financieros, el paradigma urbano como marco cultural predominante y el carácter de la ciudad que plantea exigencias al nuevo elemento que se integra y, al mismo tiempo, se ve modificada por esta integración.
Además se pone en juego, desde esta perspectiva, una concepción de vivienda como siempre parte de un sistema, en la que no es solamente un asunto de quienes la habitan sino que lo es también del conjunto socio-urbano.
La solución del problema es un punto de concurrencia de intereses y de concepciones de la ciudad y de la sociedad y consecuentemente, el mejor planteo de solución será aquél que ponga en evidencia esta concurrencia, que promueva la participación explícita de los actores interesados (no solo de los habitantes) con sus diferentes concepciones del esquema problema-solución, y que provea las condiciones para una negociación equitativa, a partir del objetivo de integración socialmente favorable, propio del presente modelo de solución. (Robirosa, Cardarelli, Lapalma, 1990, p. 87).
Otro de los aspectos fundamentales a resaltar dentro de esta perspectiva, es el papel que juega el Estado, ya que entiende que dicho rol está en garantizar y fomentar estos procesos participativos, sumándose a los mismos sin tratar imponer un modelo de gestión.
Ahora bien, si por un lado desde este enfoque se reconoce la capacidad productiva de les sectores populares, se destaca la participación popular como componente fundamental y se problematiza el rol del Estado en estos procesos, por otro lado se ubica a la autoconstrucción
como la forma más operativa a la hora de pensar en la gestión del hábitat. Y en verdad, si observamos la constitución del entramado urbano de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, podemos afirmar que sería más pertinente hablar de autoproducción, es decir las ciudades latinoamericanas se caracterizan por estar autoproducidas por sus propios habitantes, tratándose en su mayoría de sectores populares.
Este fenómeno al que se hace referencia, que será abordado en mayor profundidad más adelante, y que se caracteriza por permitir que lxs sujetxs, las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, entre otrxs, produzcan vivienda y hábitat de manera tal que tengan el poder de decidir sobre aspectos fundamentales del proceso tales como: diseño, planeamiento, ejecución, financiamiento, etc. suele englobarse bajo la categoría “producción social del hábitat”. Dentro de la cual podemos encontrar modalidades individuales o colectivas, y organizadas, planificadas o espontáneas. Tal categoría fue acuñada, aproximadamente en la década del 70, por organizaciones sociales vinculadas al hábitat, como se expresó en apartados anteriores.
Ahora bien ¿cuál ha sido el modelo de política habitacional propuesto por los estados latinoamericanos?
Al respecto, podríamos afirmar que existe un enfoque hegemónicx de política habitacional que a grandes rasgos caracteriza a latinoamérica, el mismo es de carácter “viviendista” o “techista” ya que tiende a restringir el derecho a la vivienda a contar con un techo bajo el cual resguardarse, desligando a la vivienda de la estructura urbana y disociándola de los aspectos sociales y territoriales que la constituyen como producto histórico.
En el plano de la política pública este enfoque se expresa en la construcción de la mayor cantidad de unidades habitacionales en el menor tiempo posible, colocando a la industria de la construcción casi como la única alternativa posible en pos de cumplir dicha meta. A partir de esta lógica el resultado obtenido son viviendas estereotipadas producidas en serie.
En términos generales, las respuestas aportadas desde esta visión sectorial y tradicional, no contemplan la dimensión urbana ni ambiental, tampoco se ajustan ni son pensadas a partir de las necesidades de quienes las habitarán, contribuyendo cada vez más a procesos de segregación espacial. En otras palabras, no se enmarcan dentro de una concepción integral de hábitat.
En relación al “déficit habitacional”, que desde la noción clásica refiere a las necesidades habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población, éste también niega la
dimensión urbana del problema cuando se lo distingue entre cuantitativo (refiriendo a viviendas irrecuperables que necesitan ser reemplazadas por vivienda nueva) y cualitativo (viviendas factibles de ser mejoradas). Nos encontramos ante un indicador en el cual lo urbano como dimensión análitica ha sido anulado, lo que no hace más que evidenciar cómo es concebido el problema desde una racionalidad instrumental que repercute directamente en los alcances de la política habitacional a la que da lugar. (Del Río, J., 2015).
Contraponiendose a esta visión sectorial a la que se hizo referencia, las autoras Catenazzi y Di Virgilio (2005) proponen el término “déficit urbano”, ya que sostienen que el ejercicio del derecho a la ciudad tiene un vínculo estrecho con el acceso al consumo de bienes relacionados con las condiciones de habitabilidad. Estas condiciones son definidas en función de la calidad de las relaciones sociales y las condiciones materiales del hábitat, ambas dimensiones se presentan como bienes complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como mercancías (no son transables) pero se reflejan en el precio de los inmuebles urbanos. Para estas autoras, una lectura de la criticidad del déficit urbano centrada en las condiciones de habitabilidad, debería considerar a la ciudad como sistema urbano y a la vivienda como parte del mismo, el modo en que se realiza el proceso de construcción de la ciudad, las relaciones entre condiciones urbanas y productividad y, al mismo tiempo, la ciudad como conjunto de representaciones. ( Catenazzi y Di Virgilio, 2005).
A partir de lo expresado hasta aquí, podemos concluir que la forma en la que se produce ciudad y es transformada en objeto-mercancía susceptible de circular o ser consumido individualmente, induce formas de exclusión social, restringen las posibilidades de acceso a determinadxs sectores sociales y genera asimetrías sociales en la distribución de condiciones generales de calidad urbana.
Estas características para nada tienen que ver con manifestaciones aisladas, resulta imprescindible leerlas en clave de contexto, lo que permitirá observar cómo el proceso de globalización ha incrementado, y sigue haciéndolo, las diferencias entre ciudades, y al interior de éstas las desigualdades entre sectores sociales, donde un porcentaje creciente de la población ve restringido su acceso a la tierra, la vivienda y a bienes y servicios urbanos básicos.
¿Por qué es necesario problematizar y abordar cuestiones ligadas al hábitat
desde el prisma de género?
Respecto a los diferentes tópicos abordados durante estos debates, internacionales y específicamente en la región latinoamericana, es para destacar la poca, por no decir nula, atención que se le brindó a cuestiones de género. En los documentos oficiales de las tres conferencias mundiales, por ejemplo, sólo se pronunció y de forma muy acotada, algún punto al respecto.
No se abordaron cuestiones fundamentales tales como el derecho a la ciudad, ni se problematizaron las políticas públicas vinculadas al hábitat desde un prisma de género, por mencionar sólo algunas. Cualquier política pública que no esté pensada transversalmente desde este prisma, adolece de un enfoque de derechos humanos y está condenada a perpetuar las múltiples desigualdades sufridas por mujeres y disidencias.
Dado que el espacio nunca es neutral, el uso, usufructo y acceso a la vivienda, la tierra y la ciudad, también reproducen las relaciones de poder que mantienen a mujeres y disidencias en planos de múltiples desigualdades.
La división sexual del trabajo requiere cambios culturales profundos enquistados en sociedades patriarcales, al mismo tiempo que la planificación de la infraestructura para la cotidianeidad de la vida debe posibilitar y acompañar las transformaciones en las relaciones entre los géneros. Esto se traduce en transporte público, y descentralización de servicios para compatibilizar las actividades socialmente necesarias de cuidado y reproducción con las laborales remuneradas. Tiempo y espacio, dos dimensiones estrechamente ligadas que se traducen en calidad de vida. (Red Mujer y Hábitat para América Latina, 2006, p. 15).
Se torna aún más preocupante la invisibilización de estas temáticas si se tienen en cuenta algunas consideraciones, como las que se mencionan a continuación.
De acuerdo a ONU-HÁBITAT (2018), en América Latina el 75% de la población vive en ciudades, lo que da cuenta de un alto nivel de urbanización. Si a este dato le agregamos los obtenidos por la CEPAL (2018), encontraremos que de ese total de población mencionada,
52% corresponde a mujeres viviendo en áreas urbanas. En consecuencia, tal y como sostiene la Red Mujer y Hábitat de América Latina (2006):
(...) la gobernabilidad democrática de las ciudades tiene que mostrar la impronta de la promoción y defensa del derecho de las mujeres a la ciudad. De los servicios públicos y la vivienda, a la protección y prevención contra la violencia de género en la vida privada y pública, a la igualdad de oportunidades en todos los espacios, se trata de una gobernabilidad urbana incluyente de las ciudadanas y con las ciudadanas en su diversidad. (p. 12)
Desde esta Red también se pone de manifiesto que mujeres y disidencias experimentan hostigamiento verbal, violación, acoso sexual en parques, plazas, transporte público y calles. De modo que sienten más miedo que los hombres ante lo que pueda ocurrirles en la ciudades, ese miedo limita su derecho a disfrutar el espacio público y obstaculiza su participación.
De acuerdo a los datos obtenidos de una investigación realizada por Liliana Rainero (2009) sobre el uso del espacio público por parte de hombres y mujeres, es posible afirmar que éstas últimas modifican sus rutinas cotidianas con mayor frecuencia que los hombres, cambiando los lugares por donde transitan, los horarios de sus actividades, evitando salir solas por la noche y pasar por determinados lugares por temor a sufrir algún tipo de agresión. Si tenemos en cuenta que, por distintas razones, no todos los hechos de violencias sufridos por mujeres y disidencias son denunciados y que cuando ocurre, no siempre queda asentada la denuncia ni tipificada correctamente, lo poco que se conoce a través de cifras oficiales es preocupante.
Las políticas urbanas, territoriales y de infraestructura deben incorporar la perspectiva de mujeres y disidencias, pero de todas, por lo que es imperativo no perder de vista que debe hacerse desde un prisma de género que garantice intersectorialidad, puesto que la inequidad afecta a mujeres y disidencias de diferentes maneras según su clase social, origen, religión, nacionalidad y orientación sexual.
Otra de las cuestiones que considero importante a tener en cuenta es que en el ámbito comunitario/barrial/local, son en su gran mayoría mujeres quienes trabajan de manera solidaria por el mejoramiento de las condiciones de vida de los barrios, también porque quienes más sufren las carencias de un hábitat digno son mujeres y disidencias para quienes, además, hay menores oportunidades de trabajo, menores ingresos respecto a los hombres,
feminización de la pobreza, incremento constante de la jefatura de hogares femeninos, violencia de género, entre otras.
Este trabajo antes mencionado, no remunerado, que mujeres y disidencias realizan en los ámbitos comunitarios o locales, tiende a ser naturalizado e invisibilizado. Entonces nos encontramos con que, por un lado, pese a que son mujeres y disidencias quienes sostienen y llevan adelante tareas vinculadas al mejoramiento del hábitat en general, son por otro lado, quienes quedan exentas de los ámbitos de decisión pública, lo que arroja como resultado políticas públicas, de infraestructura, urbana y de servicios, que no contemplan las necesidades y requerimientos de más de la mitad de la población, perpetuando las desigualdades y reforzando la asignación inequitativa de roles en base al género.
Los colectivos feministas se han encargado de poner sobre la mesa estas cuestiones, sin embargo es también tarea de los varones hacerse cargo y cuestionar los privilegios que detentan.
En los discursos y prácticas políticas de los movimientos sociales y sus líderes varones y en muchos casos mujeres, continúa siendo un nudo crítico reconocer que las mujeres no pueden disputar sus demandas en un mismo plano de igualdad, aunque las legislaciones y normativas así lo estipulen, porque en la práctica las condiciones no son iguales para unos y otras. Recursos de distinto tipo y mandatos sociales y culturales constituyen el sustento de la reproducción de las relaciones desiguales entre los géneros. Asimismo, las mujeres entre sí no tienen las mismas oportunidades: mujeres afrodescendientes, inmigrantes, indígenas, de sectores pobres y empobrecidos suman a su condición de pobres y mujeres otras discriminaciones por pertenencia étnica, religiosa, orientación sexual. Se trata de visualizar que las relaciones sociales basadas en la subordinación de género constituyen la base de las relaciones sociales en general y que su eliminación es condición indispensable para pensar la utopía de otra sociedad. (Red Mujer y Hábitat de América Latina, 2006, p. 20).
Resulta fundamental poder realizar el cruce entre las categorías hábitat y género ya que nos permite visualizar cómo las desigualdades de género se materializan en el territorio, en las
ciudades, lo que a su vez da lugar a pensar en políticas públicas vinculadas al hábitat verdaderamente equitativas.
Capítulo II
Experiencias latinoamericanas de producción social y autogestionaria del
hábitat
En América Latina estamos asistiendo, desde hace algunos años, al afiance de proyectos políticos de corte neoliberal, que ya han sido ensayados en décadas anteriores demostrando las consecuencias negativas que para vastos sectores sociales tiene la ideología economicista y deshumanizada propuesta por el capitalismo.
El tipo de ideología que sustenta es la que ha llevado paulatinamente a la mercantilización de derechos humanos básicos y fundamentales, entre ellos el derecho a un hábitat digno, pero también otros como el acceso a salud y educación, por mencionar sólo algunos.
En este sentido, se vuelve necesario discutir en la actualidad quiénes son les actores sociales que deciden la ciudad en el marco de un paradigma aún hegemónicx de política urbano-habitacional que encuentra en la negación de la función social de la propiedad y del derecho a la ciudad de amplios sectores sociales, el escenario para la reproducción de la la especulación de los grandes capitales.
En este contexto, aparecen en escena actores como movimientos sociales, organizaciones sociales y de la sociedad civil, desde los cuales se perfilan nuevos modelos de gestión del hábitat que anteponen lo humano a lo meramente económico, marcando el contexto de lo que se espera sea el principio de un cambio rotundo de paradigma en torno a la concepción del hábitat, que partiendo de una mirada netamente latinoamericana sobre el asunto, apunta a colocar en el centro de la escena a la participación popular, reivindicando la capacidad productiva de lxs sectores populares que pese a verse materializada en la fisonomía de las ciudades, ha sido históricamente negada como tal por parte de distintxs actores sociales.
En páginas anteriores se mencionó a la autoproducción como ese rasgo característico de la constitución del entramado urbano latinoamericano. Y se hizo una breve conceptualización de aquellas formas de autoproducción que son susceptibles de ser englobadas dentro de la categoría de producción social del hábitat, que en pocas palabras hace referencia a procesos de producción del hábitat en los que la población tiene el poder de decidir sobre aspectos fundamentales durante todo el proceso.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el abanico de experiencias que podemos incluir dentro de esta categoría es bastante amplio, a los fines que persigue esta investigación se decidió
