El Poder Judicial de Michoacán transparenta la Justicia. Acceso a la Justicia y Función Jurisdiccional

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Acceso a la Justicia y

Función Jurisdiccional

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Tesis de Salas

Segunda Sala Civil

ADULTERIO COMO CAUSAL DE DIVOR-CIO, PARA QUE SE ACTUALICE ES IRRE-LEVANTE EL SEXO DE LA PERSONA CON QUIEN UNO DE LOS CONSORTES TIENE EL AYUNTAMIENTO CARNAL. La causal de divorcio prevista en la fracción I, del artículo 226, del Código Civil del Estado, se actualiza, entre otros supuestos, desde el momento en que se produce el ayuntamiento carnal de una persona casada con otra ajena a ese vínculo, independientemente de su sexo, pues la intimidad de uno de los cónyuges con otro distinto a su consorte tiene como conse-cuencia ineludible, el quebranto a la fidelidad conyugal, la cual constituye una de las bases elementales que sustenta el matrimonio; de tal manera que, para tener por demostrado el adul-terio, debe justificarse la existencia de la falta extramarital de una persona casada con otra de uno u otro género, pero ajena al vínculo matri-monial.

Ejecutoria dictada por la Segunda Sala Civil, den-tro del toca número I-203/2009, formado con mo-tivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Cuarto en Materia Familiar, dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y otras prestaciones, registrado con el número 1560/2009. Sustentante: Magistrada María Alejandra Pérez González. Secretaria: Amelia Gil Rodríguez. Se combatió en vía de amparo directo, habiendo negado la protección

Salas Civiles

federal el Tribunal Colegiado en Materia Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, me-diante ejecutoria de 20 veinte de enero de 2010 dos mil diez.

BIENES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DECRETAR LA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CÓNYUGE, EN CASO DE DIVORCIO.

De conformidad al artículo 277 del Código Familiar del Estado, al demandar el divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una in-demnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido du-rante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El demandante se haya dedica-do en el lapso en que duró el matrimonio, pre-ponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. Ahora bien, esa indemnización tiene un carácter estrictamente compensatorio, pues el consorte que no trabaja fuera del hogar cumple con las cargas económicas familiares con una contribución no monetaria y el desa-rrollo de esta actividad le impide dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, por lo que se trata de resarcir el cos-to de oportunidad asociado a no haber podido desarrollar la misma actividad en el mercado

Sesiones de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia

En el año 2010, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, celebró un total de 32

sesiones, de las cuales 24 fueron ordinarias y 8 extraordinarias.

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de trabajo convencional donde habría obtenido la retribución económica correspondiente; con-secuentemente, dicha indemnización sólo pue-de pue-determinarse con base en los bienes que al momento de decretarse el divorcio conformen el patrimonio del cónyuge que debe cubrirla, quedando excluidos todos aquellos de los que se desprendió durante la vigencia del matri-monio, puesto que es al disolverse este vínculo cuando objetivamente se revela el desequilibrio real en la riqueza de ambos cónyuges que ge-neró el desempeño de los distintos roles que tuvieron durante el mismo y que se pretende enmendar, por lo que sólo es perceptible al mo-mento de liquidar el régimen patrimonial.

Criterio sostenido por la Segunda Sala Civil del Su-premo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-36/2010, formado con motivo del re-curso de apelación interpuesto por ambas partes con-tra la sentencia definitiva dictada el 23 veintitrés de noviembre de 2009 dos mil nueve, por la C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, den-tro del juicio ordinario civil número 266/2009, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Edgardo Gálvez Hernández frente a Silvia Tovar García. Magistrada María Alejandra Pérez Gon-zález. Secretaria: Claudia Berenice Magallón Vi-llafan. Se negó el amparo y protección de la justicia federal por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Ma-teria Civil, con residencia en esta ciudad.

Cuarta Sala Civil

PETICIÓN DE HERENCIA. ES IMPROCE-DENTE CUANDO SE HAN CEDIDO VER-BALMENTE LOS DERECHOS HEREDITA-RIOS, PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE.

Los artículos 1194 y 1212 del Código Civil del Estado, prevén la posibilidad jurídica de ceder los derechos de una herencia; en consecuencia, si se encuentra acreditado que el actor cedió los

derechos que le correspondían, en forma verbal, a favor de otro coheredero, resulta inconcuso que este antecedente, la hace de suyo improce-dente, con independencia de la acreditación de los elementos constitutivos de esta acción; en atención a que la cesión justifica la exclusión de que fuera objeto el accionante en la sucesión le-gítima, pues de soslayar lo anterior, daría lugar a tutelar conductas antijurídicas en que la falta de formalidad en la celebración de un acto ju-rídico ocasionara que su autor se prevaliera de su propio dolo para obtener un doble beneficio que no le corresponde por haber cedido y trans-mitido previamente sus derechos a un tercero.

Criterio sostenido por la Cuarta Sala Civil del Su-premo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el 18 dieciocho de mayo de 2010 dos mil diez, el toca I-131/2010, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 nueve de marzo de 2010 dos mil diez, pro-nunciada dentro del juicio ordinario civil número 928/2009, sobre petición de herencia. Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano. Secretario: José Francisco Magaña Gallo. El amparo promovido por Javier Ruiz Lúa, por conducto de su apoderado jurídico, frente a la resolución emitida por esta al-zada, se negó mediante resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en sesión del día 6 seis de octubre de 2010 dos mil diez, dentro del juicio de amparo directo civil 904/2010.

DOCUMENTOS PÚBLICOS. LOS EXPE-DIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FOTOCOPIA, DEBEN SER CERTIFICADOS PARA TE-NER PLENA EFICACIA.

De acuerdo con el artículo 111 A de la Ley del Seguro Social, el Instituto, para realizar los registros, anotaciones y certificaciones relativas a la salud de los derechohabientes, podrá utilizar medios escritos, electrónicos,

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magnéticos, ópticos o magneto ópticos para integrar un expediente clínico electrónico único para cada derechohabiente, en las uni-dades médicas o en cualquier otra instalación que determine el Instituto. Por tanto, la cer-tificación que emite el Instituto a través de la unidad administrativa competente, con base en la información que conste en el ex-pediente, tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales. En este entendido, las copias fotostáticas sim-ples de un expediente clínico remitidas vía oficio al juicio, son carentes de pleno valor probatorio, al no haber sido exhibidas con la certificación correspondiente, teniendo sólo el valor de prueba indiciaria.

Criterio sostenido por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resol-ver el 10 diez de agosto de dos mil nueve, el toca I-262/2009, relativo al recurso de apelación inter-puesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 nueve de junio de 2009 dos mil nueve, pronunciada dentro del juicio ordinario civil número 205/2009, sobre impugnación y nulidad de testamento público abierto otorgado por Camilo Venegas Lira. Magis-trado Sergio Alberto Cázares Solórzano. Secretario: José Luis López García. El amparo promovido por Ma. Belén Cornejo Piñón, Silvia Belén Venegas y Erika Gabriela Venegas Cornejo, por conducto de su apoderado jurídico, frente a la resolución emiti-da por esta alzaemiti-da, se negó mediante resolución pro-nunciada por el Tribunal Colegiado Auxiliar de la Séptima Región con sede en Acapulco, Guerrero, en sesión del día 19 diecinueve de noviembre de 2009 dos mil nueve, dentro del juicio de amparo directo civil 1298/2009.

INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL AR-TÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR. SU CONDENA NO ES DE OFICIO, DEBE SER RECLAMADA EN LA DEMANDA DE DI-VORCIO.

La indemnización patrimonial que puede

derivar del divorcio, al no reclamarse en la demanda de divorcio, no puede ser materia de análisis, por no haber formado parte de la litis, mucho menos de condena en la senten-cia definitiva; habida cuenta que el artículo 747 del Código Familiar para el Estado se-ñala, en su último párrafo, la obligación del tribunal de suplir la deficiencia de los plan-teamientos de las partes, esto es, cuando han sido realizados, pero no tiene el alcance de suplir la omisión total de un planteamiento; de tal forma que sin la existencia de la más elemental causa de pedir, el juzgador no se encuentra en aptitud de pronunciarse al res-pecto. De otra parte, el propio numeral 277 del código citado es claro al indicar que los cónyuges, al demandar el divorcio, podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bie-nes que hubieran adquirido durante el ma-trimonio, lo que significa que sí es opcional para el demandante en un juicio de divorcio demandar el pago de la indemnización, en-tonces el juzgador deberá ocuparse de este aspecto al dictar la sentencia definitiva, sólo si fue materia de reclamo, puesto que el alu-dido numeral no constriñe al juez a que en todos los juicios de divorcio deba decretar dicha condena a cargo del cónyuge culpable, pues estimar lo contrario sería tanto como dejar en estado de indefensión al demanda-do, al condenársele al pago de una prestación respecto de la cual no tuvo oportunidad de excepcionarse y defenderse.

Criterio sostenido por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al re-solver el 3 tres de mayo de 2010 dos mil diez, el toca I-140/2010, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 siete de marzo de 2010 dos mil diez, pronunciada dentro del juicio ordinario familiar número 331/2009, sobre divorcio necesario y otras prestaciones. Magistrado Sergio Alberto Cázares

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Solórzano. Secretaria: Raquel Arellano Pérez. El amparo promovido por María Mercedes Ruiz Vi-veros, frente a la resolución emitida por esta alza-da, se negó mediante resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad ca-pital, en sesión del día 5 cinco de agosto de 2010 dos mil diez, dentro del juicio de amparo directo civil 795/2010.

Quinta Sala Civil

ALIMENTOS, CESACIÓN DE SU PAGO (CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL ES-TADO DE MICHOACÁN).

Carecen de razón los apelantes acerca de que no era en ellos, sino en su progenitor y demandan-te, en quien recaía la carga probatoria inheren-te a que los mismos ya no necesitan alimentos, porque –como incluso lo reconocen– conforme al artículo 868 del Código Familiar vigente en el Estado de Michoacán resultan inaplicables las reglas de la carga de la prueba, precepto que, conforme a la Exposición de Motivos co-rrespondiente, persigue otorgar al juzgador la posibilidad de allegarse pruebas con el objeto de evitar que se sujete a un procedimiento rí-gido la obligación de probar los hechos cons-titutivos de las acciones o de las excepciones; luego como el juez, en términos del numeral 885 del citado ordenamiento, debe además valorar las pruebas atendiendo a la convicción que le generen, conforme a las reglas de la lógi-ca y a su prudente arbitrio, en el lógi-caso particular fue acertado que la a quo determinara que con base en los hechos narrados por el enjuiciante para exigir la cesación de la pensión alimenti-cia que viene pagándoles a sus hijos, acreditó que éstos ya no la necesitaban, merced a que ambos alcanzaron la mayoría de edad, dejando en consecuencia de gozar de la presunción de necesitar alimentos que les otorga a los meno-res el dispositivo 464 del propio Código

Fa-miliar. Y si bien la obligación de proporcionar alimentos no desaparece por la sola circunstan-cia de que los hijos lleguen a los 18 dieciocho años que establece el artículo 19 del Código Civil de la Entidad en vigor como mayoría de edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la realización de ese acontecimiento, otro tanto lo es que al haber adquirido el estatuto jurídico perfecto, acorde con el precepto 20 del mismo código, y no existir disposición expresa que obligue a los padres a seguir cubriéndoles comida, vestido, habitación, asistencia médica y educación a sus hijos mayores de edad, sin causa justificada, es claro que los aquí recurrentes, para continuar recibiendo una pensión alimenticia a cargo de su padre, debieron desahogar medios probato-rios que pusieran de manifiesto su necesidad, fuera por hallarse estudiando en un grado acor-de a su edad, por tratarse acor-de personas incapa-ces de trabajar para proveerse alimentos por sí mismos o por alguna otra de las circunstancias que hacen presumir la necesidad de recibir ali-mentos previstas por el ya referido artículo 464 de la Codificación Familiar local, cosa que no hicieron, lo cual reafirma la determinación de que debe cesar la obligación alimentaria a car-go de su padre.

Sentencia dictada el 21 veintiuno de junio de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca nú-mero I-207/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpusieron Rosa García García, José Jesús y José Antonio, de apellidos López García, por su propio derecho, contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, den-tro del juicio sumario familiar número 616/2009, que sobre terminación de pensión alimenticia y otras prestaciones promovió Jorge López Zavala frente a los apelantes. Sustentante: Magistrado Fernan-do Arreola Vega. Se combatió por los apelantes en vía de amparo directo, habiendo negado la

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protec-ción constitucional el Tribunal Colegiado Auxi-liar en Materia Civil residente en esta capital, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 29 veintinueve de septiembre de 2010 dos mil diez, A.D.C. 1085/2010.

EXCEPCIONES CONTRADICTORIAS. CUÁLES LO SON Y CUÁNDO DEBEN EXAMINARSE.

No es verdad que el hoy disidente, al contes-tar la demanda reconvencional formulada en su contra, haya opuesto de manera preferente la excepción derivada del artículo 1247 del Có-digo Civil local en vigor, o sea la que hizo con-sistir en que no incurrió en mora porque en el contrato de compraventa base de la acción no se fijó en qué domicilio debía hacer el pago del saldo del precio convenido, y por tanto, que era obligación del vendedor haber acudido a su do-micilio particular consignado en el propio con-trato a exigirle ese saldo; agregando que aun y cuando en aquella contestación también opuso la excepción de pago del precio pactado, la juez de origen debió examinar ante todo la prime-ra de tales excepciones, dado su carácter de di-latoria, y que sólo en caso de que no hubiere prosperado, podía haber entrado al estudio de la excepción de pago, al ser ésta perentoria y haberse opuesto como subsidiaria, de ahí que considere que la propia juzgadora vulneró en su perjuicio, entre otros, el artículo 575 del vigente Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y es que como puede verse de la con-testación que dio el citado reconvenido al he-cho segundo de la contrademanda interpuesta en su contra, preponderantemente sostuvo ser del todo falso que no le hubiere pagado a su vendedor el saldo del precio acordado. Por ello, resulta incongruente que en al apartado que denominó “excepciones y defensas” introdujera un nuevo y antagónico argumento en el sentido de que no incurrió en mora por el motivo que en un principio se estableció, cuando que su

postura original fue la de que había cubierto totalmente ese precio, lo que no supone mora alguna. En otras palabras, la excepción fundada en el artículo 1247 del Código Civil es con-tradictoria a la de pago, ya que la oposición de aquélla por el mencionado reconvenido impli-ca la existencia del adeudo, en tanto que la de ésta, su negación, y en tal virtud fue correcto que la resolutora primaria juzgara la contro-versia en función de la segunda, determinando que el excepcionante no había logrado justifi-carla con el material probatorio que allegó a la contienda. Sin que obste para así determinarlo lo que también alega dicho apelante con res-pecto a que la excepción de no haber incurrido en mora es dilatoria, mientras que la de pago es perentoria, y que debió estudiarse preferente-mente la primera, pues de haber sido fundada, ya no tendría por qué haberse entrado al análi-sis de la segunda; dado que si bien el ya referido artículo 575 del Enjuiciamiento del Ramo es-tatuye que si se hubieren opuesto excepciones dilatorias y perentorias, la sentencia se ocupará primeramente de aquéllas, y tan solo en caso de que alguna o todas fueren procedentes, ya no se ocupará de las perentorias, dejando a salvo los derechos del actor para que los deduzca en la vía y forma que corresponda; sin embargo, no debe perderse de vista que existe una diversa norma procesal prohibitiva –artículo 338 del ordenamiento jurídico en cita– conforme a la cual queda abolida la práctica de oponer excep-ciones o defensas contradictorias, aun cuando sea con el carácter de subsidiarias, por lo que entonces debe entenderse que en el examen de las excepciones el juzgador debe seguir el orden preferencial que la ley establece, sólo si por la naturaleza de las mismas no resultan contra-dictorias, cual es el caso, pues –se insiste– el pago y la falta de requerimiento, consideradas ambas como excepciones, son contradictorias, pues en tanto que la primera se apoya en que la deuda ya no existe, la segunda presupone que

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el obligado o deudor aún no paga, es decir, la existencia de la deuda, y por lo tanto, ambas se excluyen en la medida que no pueden coexistir.

Sentencia dictada el 24 veinticuatro de junio de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-213/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso Miguel Bañales Barajas, por su propio derecho, contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 1034/2009, que sobre cumplimiento de contrato de compraventa y otras prestaciones pro-movió Norma Guadalupe Torres Salazar frente al apelante y a Salvador Morales Carmona, reconvi-niendo a su vez Morales Carmona a la actora y a Bañales Barajas sobre rescisión del propio contrato. Sustentante: Magistrado Fernando Arreola Vega. Se combatió por el apelante en vía en amparo di-recto, habiendo negado la protección constitucional el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil residente en esta capital, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 22 veintidós de septiem-bre de 2010 dos mil diez, A.D.C. 1097/2010.

ACCIÓN DE NULIDAD DE VARIACIÓN CATASTRAL. VÍA PROCEDENTE PARA SU EJERCICIO.

Aun cuando la variación catastral cuya nulidad se demanda fue decretada por una autoridad administrativa dependiente del Ejecutivo lo-cal, como lo es el Director de Catastro del Es-tado, y que la Legislación Civil de esta misma entidad federativa no regula de manera expresa la acción de nulidad de variación catastral, ello no es suficiente para considerar que la juez de primera instancia no pueda conocer de aquella acción y que aplicó incorrectamente lo dispues-to por el artículo 8° del Código Civil vigen-te en Michoacán para desestimar la excepción de improcedencia de la vía opuesta por el de-mandado y hoy apelante. Lo anterior, pues al

analizar pormenorizadamente las disposiciones contenidas en la Ley de Catastro del Estado y su respectivo reglamento, con base en cuyos ordenamientos se tramitó la multirreferida variación catastral, se puede concluir que los mismos no establecen ningún medio para im-pugnar lo resuelto en ese procedimiento admi-nistrativo. Paralelamente, no puede soslayarse que el invocado artículo 8° del Código Civil para el Estado prescribe: “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los ca-sos en que la ley disponga lo contrario”, y en la especie, conforme a lo previsto por el artí-culo 1° de la Ley de Catastro aludida, se tiene que las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. Por tanto, además de que ya se dijo que este último cuerpo norma-tivo no regula medio de impugnación alguno para combatir los actos emanados de la autori-dad que conceda la variación catastral y que el mencionado artículo 8° del Código Sustantivo Civil no distingue si los actos ejecutados con-tra el tenor de las leyes prohibitivas o de inte-rés público deban provenir exclusivamente del campo del derecho civil; ello permite arribar a la conclusión de que también se puede incluir a los actos de carácter administrativo (como el de la especie), por lo que es posible inferir además que sí es dable ejercitar la acción de nulidad de variación catastral que aquí nos ocupa, confor-me a la legislación civil estatal, y en particular, con base en lo dispuesto por el citado precepto legal; máxime que la nulidad de los actos jurí-dicos que contravengan leyes prohibitivas o de interés público sí se encuentra regulada por el Código Civil local en el Título Sexto, Prime-ra Parte, de su Libro Sexto. Bajo este orden de ideas, la juzgadora del conocimiento estuvo en lo correcto al determinar que la vía proceden-te para el ejercicio de la acción de nulidad de variación catastral ante ella hecha valer, es la ordinaria civil, pues efectivamente, el artículo

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595 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor contempla los supuestos que pueden dar origen al ejercicio de acciones en la vía sumaria civil, entre los que desde luego no se encuentra la acción aquí analizada, de modo que por exclusión y a la luz de lo previsto por el diverso numeral 596, se tramitará en la vía ordinaria civil.

Sentencia dictada el 10 diez de marzo de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supre-mo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-65/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso José Pedro Colín Barrera contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil número 538/2009, que sobre nulidad de variación catastral promovieron Marcelo y Lidia, de apellidos Colín Barrera, frente al apelante, al Director de Ca-tastro del Estado, al Receptor de Rentas de Tzitzio, Michoacán, y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado. Sustentante: Magistra-do FernanMagistra-do Arreola Vega. Se combatió por el apelan-te en vía de amparo directo, habiendo negado la proapelan-tec- protec-ción constitucional el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 30 treinta de junio de 2010 dos mil diez, A.D.C. 513/2010.

ACCIÓN DIVISORIA DE COSA COMÚN. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MI-CHOACÁN).

Del texto del artículo 856 del Código Civil para el Estado de Michoacán aplicable a la pre-sente controversia, que dispone: “856. Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservar-lo indiviso, sino en conservar-los casos en que por deter-minación de la ley, el dominio es invisible”, se obtiene el principio fundamental de que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, a la vez que se colige que para la procedencia de

la acción divisoria de cosa común, que tiene por objeto la disolución de la copropiedad, sólo de-ben acreditarse dos elementos: a) La manifesta-ción de voluntad de cualquiera de los copropie-tarios, consistente en demandar la disolución de la copropiedad; y, b) La demostración de la existencia de ésta. Por tanto, el que la parte ac-tora omita anexar a su demanda el proyecto de partición sobre el que pudiera versar la división reclamada, no acarrea la improcedencia de la acción hecha valer, al no traducirse tal proyecto en elemento configurativo de la misma. Ahora bien, si la parte demandada arguye por vía de excepción que el dominio no es divisible o que la cosa no admite cómoda división, es a ella a quien corresponde la carga de demostrarlo, no al actor de desvirtuarlo, al tratarse de hechos de carácter negativo, atento el artículo 370, frac-ción I, del Enjuiciamiento del Ramo también aplicable en la especie, pues el que niega está obligado a probar cuando su negativa envuelva la afirmación expresa de un hecho.

Sentencia dictada el 26 veintiséis de marzo de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supre-mo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-309/2009, formado con motivo del recur-so de apelación que interpusieron Gilberto e Irán, de apellidos Paniagua García, contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de Prime-ra Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 567/2008, que sobre división de cosa común hicieron valer frente a José Paniagua García. Sustentante: Magistrado Fernando Arreola Vega. Se combatió por la parte apelada en vía de amparo directo, habiendo negado la protección constitucional el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil residente en esta capital, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 11 once de agosto de 2010 dos mil diez, A.D.C. 588/2010.

FILIACIÓN, PRUEBA DE LA POR MEDIOS DISTINTOS AL ACTA DE

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NACIMIEN-TO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MI-CHOACÁN).

No fue ilegal que el sentenciador primario, en el fallo interlocutorio aquí impugnado, se negara a tener por acreditado el pretendido entroncamiento del hoy apelante con el autor de la sucesión, desestimando para ello la copia notarialmente certificada de la boleta de bau-tismo de aquél, donde se establece la fecha en que se dice nació y que supuestamente su pro-genitor fue el citado de cujus. Y es que si bien en términos del artículo 326 del Código Fami-liar en vigor para esta Entidad Federativa, que textualmente reza: “326. A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se probará con la posesión constante de esta-do de hijo naciesta-do de matrimonio. En defecto de esta posesión son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la Ley autoriza, pero la testimonial no es admi-sible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante gra-ves para determinar su admisión. Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado y existe el otro ejemplar, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase”, la filia-ción es susceptible de demostrarse mediante todos los elementos de convicción reconocidos por el creador de la norma, la sola circunstancia de que el transcrito numeral permita el ofre-cimiento de otros medios de prueba, además de las certificaciones del Registro Civil, para demostrar la filiación, no implica –se reitera– que en la especie el denunciante de la intesta-mentaría lograra justificar su filiación por línea paterna con la precitada boleta parroquial de bautismo, en defecto de su acta de nacimiento, al no haber acreditado que se actualizara algu-no de los casos de excepción previstos por la ley, cuales serían que no hubieren existido re-gistros, que éstos se hubieren perdido, que es-tuvieren ilegibles, mutilados o faltaren las

for-mas en que se pueda suponer se encontraba el acta, a la luz de lo dispuesto por el precepto 20 del invocado Código Familiar y de las dos tesis aisladas de amparo de la voces “FILIACIÓN, PRUEBA DE LA” y “FILIACIÓN, PRUEBA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, en que apoya el propio recu-rrente sus alegaciones, para de esa manera ha-llarnos en condiciones de recibir prueba de su estado civil a través de un instrumento como la fe de bautismo; luego al no justificar que se en-contraba en alguno de esos casos de excepción, fue correcto que el a quo se negara a declararlo heredero de su afirmado padre, máxime que el inconforme tampoco demostró que su partida parroquial de bautismo corresponda a un acto del estado civil anterior al establecimiento del Registro Civil en el lugar en donde se emitió, de ahí que carezca de valor convictivo a la luz del artículo 535, a contrario sensu, del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, supletorio del Familiar.

Sentencia dictada el 11 once de mayo de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tri-bunal de Justicia del Estado, dentro del toca núme-ro I-155/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso J. Epifanio Herrera García, por su propio derecho, contra la sentencia interlocuto-ria dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario número 880/2009, que a bienes de Lorenzo Herrera Gutiérrez denunció el apelante. Sustentante: Magis-trado Fernando Arreola Vega. Se combatió por el ape-lante en vía de amparo indirecto, habiendo negado la protección constitucional la Juez Cuarto de Distrito en el Estado con residencia en esta capital, mediante sen-tencia engrosada hasta el 6 seis de septiembre de 2010 dos mil diez, que se declaró ejecutoriada por auto del 1 uno de octubre inmediato siguiente.

ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE QUE SIRVIÓ DE HOGAR

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CONYUGAL, DESPUÉS DE DECRETADO EL DIVORCIO RESPECTO DE UN MA-TRIMONIO CONTRAIDO BAJO EL RÉGI-MEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. Esta Sala discrepa del apelante acerca de que fue ilegal que el juez de origen, en su sentencia recurrida, esgrimiera que uno de los elemen-tos constitutivos de la acción de restitución de inmueble derivada de la disolución del víncu-lo matrimonial celebrado bajo el régimen de separación de bienes hecha valer frente a su ex cónyuge, era el relativo a la propiedad de la cosa reclamada, pues de acuerdo con la pro-pia Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 1ª./J.89/2006, proveniente de la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que transcribe en los agravios que nos ocupan, del rubro “ACCIÓN REI-VINDICATORIA. ES IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN DETENTA LA POSESIÓN DERIVADA DEL VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO QUE DEBE EJERCITARSE LA AC-CIÓN PERSONAL BASADA EN LA DISO-LUCIÓN DE ESE VÍNCULO”, tal requisito sí es un elemento conformativo de la acción perso-nal ejercitada, ya que en ella se sostiene que es esta última acción, y no la reivindicatoria, la que se debe intentar, por el propietario del bien, a fin de poder recobrar la posesión material del in-mueble en el que los divorciantes tuvieron asen-tado su domicilio conyugal, una vez disuelto el matrimonio celebrado entre éstos bajo el régi-men de separación de bienes, para el caso de que no existiera condena a la desocupación y entrega del inmueble en la propia sentencia de divorcio correspondiente y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de desocuparlo voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial –según lo sostiene el impugnante desde su escrito inicial de demanda–, habida cuenta que los poseedores derivados sólo pueden ser compelidos a

resti-tuir un bien a través de las acciones personales relacionadas con el acto jurídico que les otorgó facultades para entrar a poseerlo. Y aun cuando en el propio fallo apelado el resolutor de pri-mera instancia además adujo que otro de los elementos a demostrar por el accionante era la posesión indebida de la parte demandada (dos de los tres elementos constitutivos de la acción real reivindicatoria), ello tampoco conduce a considerar que haya analizado esa acción real y no la personal intentada, si se toma en cuenta que la posesión ilegal que se le atribuye a la reo precisamente se funda en que al extinguirse el vínculo matrimonial que la unía con el actor, celebrado bajo el régimen de separación de bie-nes, dejó de existir el acto jurídico que le otor-gó facultades para entrar a poseer válidamente la propiedad perteneciente a su otrora consorte, esto es, la figura jurídica del matrimonio.

Sentencia dictada el 25 veinticinco de junio de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca nú-mero I-209/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso Servando Jaimes Avellaneda contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil número 140/2009, que sobre desocupación y entrega de inmueble y otras prestaciones hizo valer frente a Pe-tra García Borja. Sustentante: MagisPe-trado Fernando Arreola Vega. Se combatió por la parte apelada en vía de amparo directo, habiendo negado la protección cons-titucional el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 23 veintitrés de septiem-bre de 2010 dos mil diez, A.D.C. 1138/2010.

PARENTESCO. NO ES VERDAD QUE EL DE LOS COLATERALES EN SEGUNDO GRADO GENERE IDÉNTICO DERECHO A HEREDAR QUE EL DE LOS ASCEN-DIENTES EN PRIMER GRADO.

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de-terminara en su sentencia combatida que los demandantes carecían de legitimación activa en la causa merced a que no demostraron la existencia real o presunta de los derechos here-ditarios que arguyeron tener, y como corolario, el interés jurídico para que, en términos del ar-tículo 2°, en relación con los numerales 13 y 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, estuvieran facultados para ejercitar la acción de petición de herencia que dio origen al juicio subyacente, porque aun cuando jus-tificaron la existencia de la sucesión legítima frente a la cual accionaron, así como su entron-camiento con los autores de la propia sucesión, en su carácter de hermanos de estos últimos, ello no les da el derecho preferente que dije-ron tener para suceder en los bienes de éstos, al ser excluidos de tal derecho por el progenitor de unos y de otros, quien fue declarado como único y universal heredero de los de cujus. Así se determina, pues no es verdad que conforme al artículo 768 del Código Civil local tanto los descendientes como el cónyuge, los ascendien-tes y los parienascendien-tes colaterales se ubiquen en el mismo nivel de proximidad, ni tampoco que el padre no pueda excluir de la herencia de su hijo a los hermanos de éste, supuestamente por hallarse todos en un mismo plano de igualdad, en cuya virtud los hermanos deben heredar en la misma proporción que el padre. Ello, pues una recta interpretación del precepto jurídico acabado de invocar, que a la letra reza: “Artícu-lo 768. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los descendientes, cónyuge, ascen-dientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y, II. A falta de los ante-riores, el Fisco del Estado”, permite establecer que el mismo solamente señala qué parientes tienen derecho a heredar por sucesión legítima, es decir, cuáles son las únicas líneas y grados de parentesco que dan derecho a suceder en los

bienes al autor de la herencia, en cuyo defecto heredará el Fisco del Estado, pero sin prescri-bir –contra lo que sostienen los apelantes– que todos los parientes con derecho a heredar ahí mencionados se encuentren en el mismo grado de parentesco con relación al de cujus y que, por ende, puedan comparecer a deducir dere-chos hereditarios conjuntamente, tan es así, que en el Título Cuarto del Libro Cuarto del referido Código Civil, denominado “De la su-cesión legítima”, después de las disposiciones generales, donde se encuentra el numeral en cita, se establecen individualmente las reglas para la sucesión de los descendientes, de los as-cendientes, del cónyuge, de los colaterales, de la concubina y del concubinario, así como del propio Fisco del Estado. Y es que atendiendo a las líneas y grados de parentesco, dichos actores guardaban con los de cujus un parentesco con-sanguíneo en línea colateral dentro del segun-do grasegun-do, porque el parentesco entre hermanos, como el de aquéllos, se compone de una serie de grados entre personas que no descienden unas de otras, pero sí de un progenitor o tron-co tron-común, atento el artículo 305 del Código Familiar de la Entidad; encontrándose dentro del segundo grado, pues en la línea colateral, como la de la especie, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y bajando por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, exceptuan-do la del progenitor o tronco común, tal como lo dispone además el numeral 308 del mismo Código Familiar, en el que se distinguen dos formas propuestas por el legislador para esta-blecer dicho grado de parentesco en línea co-lateral: a) por generaciones y b) por el número de personas, dándonos ambas formas el mismo resultado, pues en la especie, si contamos aten-diendo a la primera forma propuesta, es decir, al número de generaciones que existen entre los individuos cuyo parentesco se pretende

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deter-minar, debemos tomar en cuenta primero que la línea colateral en realidad incluye dos líneas, una, que es la que asciende del sujeto que se considera como punto de partida, en este caso, los demandantes, hasta encontrar al progenitor o tronco común, que son los padres tanto de los de cujus como de los peticionarios de herencia, y la otra, que es la que desciende de dicho pro-genitor hasta el pariente colateral, en el caso a estudio, los autores de la sucesión demandada –por ser respecto de quienes se pretende justi-ficar el parentesco–, de manera que haciendo dicho ejercicio, es decir, subiendo por una línea al tronco común y bajando por la otra hacia el pariente colateral, tenemos que los padres son la primera generación y los hijos la segunda, lo que nos lleva a establecer que en la línea cola-teral no existe el primer grado de parentesco, al no haber tampoco primer grado de generacio-nes entre ellos, pues al bajar del padre al hijo se establece el segundo grado de generación, por lo que entre los hermanos, que son los pa-rientes más cercanos en línea colateral, existe un segundo grado de parentesco; y si contamos tomando en cuenta la segunda forma, que se basa en el número de personas que existen o existieron entre quienes el parentesco se va a definir, de un extremo a otro de la línea, exclu-yendo al progenitor, se obtiene el mismo resul-tado, pues de un hermano a otro se encuentran tres personas –ellos y el tronco común–, de las cuales no se cuenta el progenitor, quedando así sólo los dos. Por su parte, el padre tanto de los accionantes como de los autores de la herencia, quien ya se dijo que fue declarado como único y universal heredero a bienes de estos últimos, guarda con ellos un parentesco consanguíneo dentro del primer grado en línea recta, al ser su progenitor; siendo en línea recta, porque el parentesco entre padres e hijos se compone de una serie de grados entre personas que descien-den unas de otras, tal como lo estatuye el citado precepto 305 del Código Familiar del Estado,

y se encuentra dentro del primer grado, por-que tratándose de la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el número de personas excluyendo al progeni-tor, pues así lo dispone el artículo 307 del or-denamiento familiar en cita, de donde –al igual que tratándose de la línea colateral– se advier-ten dos formas propuestas para determinar el grado de parentesco: a) por generaciones y, b) por el número de personas, cuyas dos formas también nos arrojan el mismo resultado. Así pues, en el presente caso, si buscamos el grado atendiendo a la primera forma indicada, o sea al número de generaciones que existen entre los individuos cuyo parentesco se pretende deter-minar, tenemos que solamente existe una gene-ración entre padres e hijos, pues aquéllos son el tronco común y éstos, la primera generación; y si contamos tomando en cuenta la segunda for-ma, que se basa en el número de personas que existen o existieron entre quienes se va a definir el parentesco, de un extremo a otro de la línea, excluyendo al progenitor, se obtiene el mismo resultado, pues de padres a hijos se encuentran dos personas, de las cuales se descuenta al tron-co tron-común, que son los padres, quedando así sólo una persona, el hijo, de modo que entre padres e hijos existe un parentesco de primer grado. Bajo tal orden de ideas, se concluye que a los actores y aquí apelantes ningún derecho les asiste para heredar los bienes que pertene-cieron a sus extintos hermanos y autores de la sucesión demandada, obedeciendo al principio de exclusión de herederos previsto en el artí-culo 770 del Código Civil michoacano, habida cuenta que –con las excepciones que el mismo precepto contempla– los parientes más cerca-nos excluyen a los más lejacerca-nos.

Sentencia dictada el 16 dieciséis de abril de 2010 dos mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca nú-mero I-117/2010, formado con motivo del recurso de apelación que interpusieron Rafael Adolfo, José

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Raúl, Carlos Alejandro, Francisco, Adolfo y María Eloísa, de apellidos Vega López, contra la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil número 153/2009, que sobre petición de he-rencia y otras prestaciones hicieron valer frente a la sucesión intestamentaria a bienes de Celia y Enri-que, también de apellidos Vega López, representada por su albacea definitivo y único y universal herede-ro Pascacio Vega Cortez. Sustentante: Magistrado Fernando Arreola Vega. Se combatió por la parte apelante en vía de amparo directo, habiendo negado la protección constitucional el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil residente en esta capital, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fe-cha 11 once de agosto de 2010 dos mil diez, A.D.C. 702/2010.

TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE, QUIÉNES TIENEN ESA CALIDAD. De acuerdo con la regla general prevista por la primera parte del artículo 2098 del Código Ci-vil del Estado, conforme al cual se resuelve la presente controversia, todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un in-mueble, por una persona que ha llegado a ser propietaria de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclama-dos directamente del poseedor actual mientras no se cumpla la prescripción. Sin embargo, la parte final del mismo precepto consigna la sal-vedad de que lo anterior queda supeditado a lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe. Así, dicho código contempla sobre el particular varias disposiciones, entre otras, las siguientes: que si el tercero a quien se enajene la cosa la adquiere de buena fe, sólo podrá rei-vindicarse si la enajenación se hizo a título gra-tuito (artículo 1744); que si la cosa o derecho han pasado a título oneroso a un tercero de bue-na fe, no habrá lugar a la restitución (artículo 2040); que el registro no convalida los actos o

contratos que sean nulos con arreglo a las leyes (artículo 2832), pero que los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán, en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o re-suelva el derecho del otorgante en virtud del tí-tulo anterior no inscrito o de causas que no re-sulten claramente del mismo registro, así como que esto no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otor-guen violando una ley prohibitiva o de interés público (artículo 2833). Luego efectuando una interpretación armónica de tales normas jurí-dicas, se deduce que el sistema de protección a favor de los terceros adquirentes de buena fe al que alude la ya mencionada parte última del precepto 2098 del Código Civil local, descansa en que además de la buena fe del tercer adqui-rente, su adquisición haya sido a título oneroso, de ahí que en el caso a estudio el derecho real (de propiedad) transmitido sobre el predio en litigio por una de las codemandadas que llegó a ser su titular en virtud del acto anulado, en favor de la otra, no puede quedar invalidado ni ordenarse la restitución del bien al actor, por-que dicha enajenación se hizo a título oneroso y la calidad de la citada tercera adquirente debe estimarse de buena fe, a la luz del ordinal 739 del mismo Cuerpo Normativo, pues además de que ésta se presume, y al que afirma la mala fe le corresponde probarla, dicho demandante no la justificó, merced a que no logró demos-trar que aquélla conocía del vicio de nulidad que afectaba el título de su enajenante y sí, en cambio, durante el juicio quedó acreditado que a la multirreferida adquirente, al momento de comprar, le fue exhibido el título de quien le vendió, a la vez que al notario público que san-cionó la escritura respectiva se le acreditó la adquisición que, por su parte, había hecho del inmueble la parte vendedora.

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mil diez por la Quinta Sala Civil del Supremo Tri-bunal de Justicia del Estado, dentro del toca núme-ro I-363/2009, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, el actor José Nicolás Tomás Torres Talavera, por conducto de su apoderado jurídico, y la codemandada Constanza Guillermina Mesta Oviedo, por su propio derecho, contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Se-gundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario civil número 410/2005, que sobre declaración de inexis-tencia de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió el referido actor frente a la codemandada aludida, frente a Evelia González García y otros. Sustentante: Magistrado Fernando Arreola Vega. Se combatió por la parte actora y apelante en vía de am-paro directo, habiendo negado la protección constitu-cional el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil residente en esta capital, por unanimidad de votos, mediante ejecutoria de fecha 28 veintiocho de octubre de 2010 dos mil diez, A.D.C. 842/2010. Sexta Sala Civil

DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DE MENOR CONCEBIDO DURANTE EL MATRIMONIO. LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE, POR EJERCITARSE FUERA DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍ-CULO 315 DEL CÓDIGO FAMILIAR, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL ME-NOR A CONOCER SU IDENTIDAD. El marido que pretenda deducir la acción de contradicción de la paternidad que prevé el ar-tículo 315 del Código Familiar, debe hacerlo dentro de los sesenta días hábiles siguientes al nacimiento del menor cuya paternidad contro-vierte, si estuvo presente; al día en que llegó al lugar, si estuvo ausente; al día en que descu-brió el fraude y se le ocultó el nacimiento, so pena de la caducidad de la acción de mérito, sin que a esa sanción procesal obste el que los artículos 4° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 3°, 6°, 7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establezcan el derecho de los menores a conocer su identi-dad, y que la importancia de ese derecho fun-damental no sólo radique en la posibilidad de que conozca su origen biológico, sino en que de ese conocimiento deriva el derecho del me-nor, constitucionalmente establecido, de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparci-miento, para su desarrollo integral, además de que puede implicar el derecho a una naciona-lidad; puesto que no puede dejarse a merced de la voluntad del presunto ascendiente el con-tradecir la paternidad en todo tiempo, pues se afectaría con esa incertidumbre todos los dere-chos y obligaciones que forman el estado civil de hijo legítimo, agravándose esa incertidum-bre por la amenaza constante del cónyuge que podría ejercitar legalmente su acción.

Criterio sostenido por la Sexta Sala Civil del Su-premo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el 10 diez de diciembre de 2009 dos mil nueve, el toca número I-406/2009, relativo al recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Manuel Rubio Ibarra, apoderado jurídico del actor Héctor Serrano Ortega, en contra de la sentencia definiti-va de fecha 28 veintiocho de octubre de ese mismo año, pronunciada dentro del juicio ordinario fami-liar número 367/09, que sobre desconocimiento de la paternidad y otras prestaciones promovió el apelante por propio derecho, frente a Laura Aguilar García, por sí y como representante legítima del menor Héc-tor Alejandro Serrano Aguilar. Magistrada Ma-ría Cristina Torres Pacheco. Secretaria: Magdale-na Valencia Álvarez. El amparo promovido por la parte apelante frente a la resolución emitida en la alzada se negó mediante resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Mo-relia, Michoacán, en sesión del día 8 ocho de abril

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de 2010 dos mil diez, dentro del Juicio de Amparo Directo Civil número 114/2010.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PER-SONAL SOBRE DESOCUPACIÓN Y EN-TREGA DE INMUEBLE PROPIEDAD DEL EXCÓNYUGE, CUANDO NO SE EN-CUENTRA CUANTIFICADA EN EL PRO-CEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, LA IN-DEMNIZACIÓN A LA QUE SE CONDENÓ A AQUÉL EN EL JUICIO DE DIVORCIO. El reconocimiento mediante sentencia ejecu-toriada del derecho del consorte que, durante la vigencia del matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo en el hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, así como que no haya adquirido bienes propios o habiéndolo hecho, sean notoriamente meno-res a los de su contraparte, a la indemnización establecida en el artículo 247 bis del Código Civil para el Estado de Michoacán (norma de idéntico texto al 277 del Código Familiar de la Entidad), sobre el patrimonio de su contra-parte, torna improcedente la acción personal de desocupación y entrega del inmueble pro-piedad del ex cónyuge en el que se constituyó el domicilio conyugal, exigida al que continuó poseyéndolo, porque no puede afirmarse que tal derecho de posesión concluyó con la diso-lución del vínculo matrimonial, por la afecta-ción al patrimonio de quien sí obtuvo bienes durante la vigencia del matrimonio, con moti-vo de la indemnización determinada, mientras esa cuestión no se encuentre dilucidada en el procedimiento de ejecución de la sentencia de divorcio en que la indemnización se decretó.

Criterio sostenido por la Sexta Sala Civil del Supre-mo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el 25 veinticinco de marzo de 2010 dos mil diez, el toca número I-90/2010, relativo al recurso de apelación interpuesto por la demandada Luisa Martha Sola-na Mendoza, en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 once de diciembre de 2009 dos mil nueve,

pronunciada dentro del juicio ordinario civil núme-ro 593/09, que sobre desocupación y entrega real y material de inmueble y otras prestaciones, promovió Roberto Calvo Rodríguez, por propio derecho, frente a la apelante. Magistrada María Cristina Torres Pacheco. Secretaria: Guadalupe Magaña Diego. El amparo promovido por la parte apelada frente a la resolución emitida en la alzada, se negó mediante resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Cir-cuito, con residencia en Morelia, Michoacán, el día 11 once de agosto de 2010 dos mil diez, dentro del Juicio de Amparo Directo Civil número 630/2010. Séptima Sala Civil

TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE VA-RIACIÓN CATASTRAL. BASTA QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA JURÍDICA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO, AÚN Y CUANDO NO OBRE FÍSICAMEN-TE EL EXPEDIENFÍSICAMEN-TE.

Resulta improcedente una acción de nulidad absoluta de variación catastral sustentada en la inexistencia de procedimiento alguno, si en autos ha quedado demostrado que sí se siguió un procedimiento administrativo, a través de la documental pública consistente en la copia certificada del oficio número 391 trescientos noventa y uno, datado el 16 dieciséis de julio de 1986 mil novecientos ochenta y seis, de la autorización catastral, emitida por el Jefe del Departamento de Variaciones Catastrales de la Dirección de Catastro respectivo, misma que además se concatenó con la certificación que obra al reverso de dicho oficio donde se asentó que la presente fotocopia fue tomada fielmente de la copia que obra en el expediente número T-76-VAR, relativo al trámite administrati-vo de variación catastral a bienes de la extinta Natalia Torres Maldonado, el que se encuentra en los archivos de ese Departamento, habiendo sido cotejada por dichas autoridades,

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coinci-diendo en todas y cada una de sus partes; por tanto, de ambas documentales se advierte que se acreditó que sí se siguió el procedimiento o trámite administrativo correspondiente con motivo de la solicitud de la variación catastral a bienes de Natalia Torres Maldonado, por lo que es dable concluir que era improcedente la pretensión de nulidad de la variación catastral bajo el argumento de una supuesta inexistencia física de dicho procedimiento, ya que del oficio 391 trescientos noventa y uno, adminiculado con la certificación antes referida, se advierte que la autorización de la variación catastral cuestionada tuvo origen, como ya se indicó an-telativamente, en la instrumentación del expe-diente T-76-VAR. Luego, el hecho de que en el 2006 dos mil seis no se haya encontrado fí-sicamente dicho expediente, de manera alguna implica que no se hubiera seguido trámite ad-ministrativo alguno a fin de que se otorgara la variación catastral de mérito, no acreditándose la ilicitud en el objeto, porque primeramente, dicho proceso no es un contrato celebrado entre particulares para que tuviera aplicación tal dis-positivo; segundo, porque es un procedimiento regulado por los preceptos 52 y 58 de la Ley de Catastro y en el diverso numeral 1047 del Código de Procedimientos Civiles; y tercero, porque está demostrado que se llevó a cabo la variación catastral.

Ejecutoria dictada el 29 veintinueve de septiem-bre de 2009 dos mil nueve, en el toca de apelación I-318/2009 formado con motivo del recurso de ape-lación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva dictada con data 17 diecisie-te de julio del año 2009 dos mil nueve, dentro del juicio ordinario civil número 415/2007 que sobre nulidad absoluta de variación catastral, promovió Elva Chávez Torres, en cuanto albacea definitiva de la sucesión a bienes de Natalia Torres Viuda de Chávez y/o Natalia Torres Maldonado frente a la sucesión intestamentaria a bienes de Valdemar y/o Baldemar Chávez Torres por conducto de su

alba-cea definitiva Yolanda Chávez Maldonado; Alicia Chávez Torres; Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado; Dirección de Catastro de esta Ciudad y Receptoría de Rentas de Villa Morelos del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. Se promovió amparo directo civil registrado bajo el nú-mero 1488/2009, por la parte apelante, mismo que fue negado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con ejercicio en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en sesión del día 19 diecinueve de febrero de 2010 dos mil diez.

MENORES. EN UN JUICIO DE RESTITU-CIÓN O RECUPERARESTITU-CIÓN, IMPERIOSO RESULTA ATENDER Y RESPETAR PRI-MORDIALMENTE POR ENCIMA DEL DE-RECHO DEL PROGENITOR DESPOSEI-DO, LA OPINIÓN DE LOS.

Aun cuando resulte cierto que la parte acto-ra estaba en ejercicio de la guarda y custodia de sus menores hijos, en el inter del juicio de divorcio necesario planteado, y que fue priva-da de la posesión de dicha guarpriva-da sin mediar resolución judicial alguna, debe escucharse siempre a los menores cuando estén en condi-ciones de formarse un juicio en función de su edad y madurez; por lo que, si de sus testimo-nios se infieren datos relevantes respecto a su estado emocional, y que el entorno en que se desenvuelven es el propicio para su desarrollo personal, el tribunal debe resolver atendiendo primordialmente lo expuesto por los infantes, y determinar lo que resulte más benéfico para éstos, pese a que con ello se trastoque el de-recho de la parte demandante, por haber sido privada sin mediar juicio alguno de la guarda y custodia de sus menores hijos.

Criterio que fue sustentado en la sentencia de fe-cha 24 veinticuatro de mayo de 2010 dos mil diez, emitida dentro del toca de apelación I-166/2010, formado con motivo del recurso de apelación inter-puesto por la parte actora, en contra de la sentencia

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definitiva de fecha 25 veinticinco de marzo de 2010 dos mil diez, pronunciada por la Juez Quinto de lo Familiar de este Distrito Judicial, dentro de los au-tos del juicio sumarísimo familiar que sobre recu-peración de custodia de menores promovió María de Lourdes Becerra Pérez, por su propio derecho, frente a Adrián Reyes Ochoa. Dicho criterio fue confirma-do por el Tribunal Colegiaconfirma-do en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, dentro del juicio de amparo número 911/2010, donde se negó el amparo y pro-tección constitucional a la quejosa María de Lourdes Becerra Pérez.

PATRIA POTESTAD. AÚN CUANDO LA VIOLENCIA FAMILIAR SE DÉ ENTRE LOS CÓNYUGES, SÍ PUEDE PERDERSE LA. Tomando en consideración que la patria po-testad impone a los padres no sólo el deber de alimentarlos, sino que engloba una serie de as-pectos de tipo moral, ético y afectivo que ne-cesariamente influyen en el correcto desarrollo de un niño, además de que el establecimiento y definición de los derechos derivados de la pa-tria potestad no sólo se refiere al derecho del infante a convivir con ambos padres o su repre-sentación legal, sino que también comprende la protección integral del menor en sus aspec-tos físico, moral y social, su guarda y su custo-dia, la administración de los bienes y el derecho de corrección; y no obstante lo previsto por el numeral 418, fracción VI, del Código Familiar, si en el juicio los menores evidenciaron que les ha afectado emocionalmente el ambiente de violencia intrafamiliar que se ha desarrollado entre sus progenitores, con motivo de las cons-tantes agresiones físicas y verbales que su padre le ha proferido a su madre, y de las que han sido testigos, procede privar a aquél del ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, precisa-mente porque, atendiendo al interés superior de los infantes, debe garantizarse que se desarrollen en un entorno libre de violencia física o moral.

Criterio que fue sustentado dentro de la sentencia de fecha 19 diecinueve de enero de 2010 dos mil diez, emitida dentro del toca de apelación I-18/2010, formado con motivo del recurso de apelación inter-puesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 nueve de noviembre de 2009 dos mil nueve, pronunciada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Dis-trito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de los autos que integran el juicio ordinario familiar número 190/2009, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Isela Magdalena Ríos Sánchez frente a Moisés Alejandro Govea Venegas. Dicho criterio fue confirmado por el Tribunal Cole-giado Auxiliar en Materia Civil, dentro del juicio de amparo 177/2010, donde se le negó el amparo y protección constitucional a Moisés Alejandro Govea Venegas.

LAS PRUEBAS RENDIDAS EN ANTERIOR JUICIO NO PUEDEN GOZAR DE VALOR PROBATORIO, SI NO SON PREVIAMEN-TE OFRECIDAS Y ADMITIDAS EN EL JUI-CIO MATERIA DE CONTROVERSIA. El artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles señala: “La sentencia se ocupará exclu-sivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. Si se hubieren opuesto excepciones dilatorias y perentorias, se ocupará primeramente de aqué-llas, y en el caso de que alguna o todas fueren procedentes, ya no se ocupará de las perento-rias y dejará al actor sus derechos a salvo para que los deduzca en la vía y forma que corres-ponda, siendo válidas las pruebas rendidas por las partes, sin perjuicio de la calificación que de ellas se haga, si llegare a iniciarse el nuevo juicio. Si se declararen improcedentes las ex-cepciones dilatorias, la sentencia se ocupará de las perentorias”. De lo anterior se colige que la validez de la prueba testimonial y confesional rendidas por las partes en un juicio anterior, para ser tomadas en consideración en el negocio

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materia de controversia, se requiere no sólo de la exhibición y admisión de la instrumental de actuaciones consistentes en la copia certificada de las declaraciones rendidas por unos testigos y el absolvente de la prueba confesional, sino además que dichos medios de convicción se hubieren ofrecido y admitido legalmente en el nuevo procedimiento como una prueba testi-monial y confesional, respectivamente, atento a que de conformidad con los numerales 340, 347, 359, 360, 361, 364, 366 y 367 de la ley adjetiva civil, cualquier medio de prueba para ser considerado por el juez al dictarse la sen-tencia definitiva debe ser previamente ofreci-do y admitiofreci-do; por tanto, en la especie, al no cumplirse con los requisitos exigidos por la le-gislación en cita, no se está en condiciones de arribar al análisis de estos medios probatorios.

Criterio sustentado por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia al resolver en la ejecu-toria dictada el 8 ocho de septiembre del año 2010 dos mil diez, en el toca número I-262/2010 relativo al recurso de apelación interpuesto por Luis Alfon-so Celis Cedeño, en contra de la sentencia definiti-va de fecha 22 veintidós de junio del año próximo anterior, en los autos del juicio sumario civil nú-mero 234/2010, que sobre rescisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones promovió Toribio Chávez Guerrero frente al apelante. En contra de esta resolución se hizo valer el juicio de amparo direc-to civil número 1454/2010, mismo que fue negado, atento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado Auxi-liar del Décimo Primer Circuito en sesión del día 1 uno de diciembre de 2010 dos mil diez.

Octava Sala Civil

PERICIAL EN JUICIO DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN. INMUEBLES DE DIMEN-SIONES MENORES A LAS SEÑALADAS EN EL CÓDIGO DE DESARROLLO URBANO. La prueba pericial que para demostrar cómoda división de inmueble se ofrezca en juicio aún y

cuando reúna los requisitos legales establecidos para su desahogo, no resulta idónea, conforme lo ordenado por el artículo 349 del Código Procesal Civil, cuando se contrapone a las nor-mas municipales que deben observarse en las dimensiones mínimas de inmuebles en el mu-nicipio, dado que contraviene y desacata nor-mas de orden público e interés social, que es-tablecen dimensiones mínimas como requisito que deben satisfacer los inmuebles destinados a vivienda en el municipio, atento a lo ordenado por el artículo 316 del Código de Desarrollo Urbano del Estado, que cobra aplicación por ser ésta una ley especial que establece las nor-mas generales de operación para los progranor-mas de reservas territoriales y vivienda y que regula la oferta del suelo urbano, cuyas normas, por su naturaleza específica, deben prevalecer en ese aspecto sobre el Código Civil, por disposición de su artículo 1° en relación con el numeral 10 del primero de los referidos ordenamientos.

Criterio emitido por la Octava Sala Civil del Su-premo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el toca de apelación número I-128/2010, relativo a la interpuesta por Leticia Isabel Bautista Espinoza, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Marava-tío, Michoacán, en los autos del juicio 1511/2009, sumario civil, sobre división de cosa común, que pro-movió la apelante frente a Eloisa Bautista Espino-za. Y confirmado por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el amparo directo civil 884/2010, promovido por la apelante. Ponente: Magistrado Sergio Fernández Villagrán. Secretaria: Sara Reyes Zamudio.

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONA-LES DE ARQUITECTO Y NO CUMPLI-MIENTO DE CONTRATO INFORMAL DE OBRAS A PRECIO ALZADO.

Si se dijo ejercitar aquella y no esta acción, y de los hechos de la demanda se advierte que

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las obras de construcción que llevó a cabo en inmuebles propiedad del demandado, pacta-das verbalmente, fueron ejecutapacta-das con mate-riales y recursos que éste le proporcionó con-forme se fueron requiriendo, de forma directa o por conducto de sus familiares, de manera que procedieron a la apertura de una cuenta bancaria donde se depositaba y que fue uti-lizada únicamente para el manejo del dinero del contratante, con la única finalidad de sol-ventar los gastos que generaran las obras de construcción encomendadas, pero que en ellos no se comprendieron los honorarios del profe-sionista consistentes en diseño, proyecto y su-pervisión de las obras de construcción, motivo por el cual se está en presencia de una acción de pago de honorarios profesionales proceden-te en vía sumaria civil, conforme se dispone en el artículo 595, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, y no se trata del cum-plimiento de un contrato informal de obras a precio alzado a que se refiere el precepto 1777 del Código Civil, cuyo trámite, por exclusión de lo dispuesto en el numeral 596 del citado ordenamiento procesal civil, sería en juicio or-dinario, ya que las construcciones que realizó la actora fueron con recursos que le suministró el demandado.

Criterio emitido por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al re-solver el toca de apelación número I-368/2010, relativo a la interpuesta por el arquitecto Luis Francisco Paz García, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Civil de La Piedad, Michoacán, en los autos del juicio su-mario civil número 472/2007 que sobre pago de honorarios promovió el apelante frente a Diego o Santiago Palomino Hernández. Y confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Dé-cimo Primer Circuito, en el amparo directo civil 1744/2009, promovido por el demandado, ape-lado. Ponente: Magistrado Sergio Fernández Vi-llagrán. Secretaria: Guadalupe Magaña Diego.

Novena Sala Civil

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. SU PROCEDENCIA NO GENERA LA NULIDAD DEL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO DEL INMUEBLE QUE CON-FORMABA EL CAUDAL HEREDITARIO CELEBRADO POR EL ADJUDICATARIO A FAVOR DE UN TERCERO AQUIREN-TE DE BUENA FE, SI NO EXISAQUIREN-TE ALGÚN VICIO EN LA ADJUDICACIÓN O EN EL PROPIO ACTO.

Del contenido de los artículos 2081, 2082 y 2083 del Código Civil del Estado (en vi-gor hasta el 8 ocho de septiembre de 2008 dos mil ocho), se colige que la nulidad de un acto jurídico se configura cuando se ha llevado a cabo de manera imperfecta en al-guno de sus elementos de existencia, aunque éstos se presenten completos, o también si el fin perseguido por sus autores está expresa o implícitamente condenado por la ley, porque contrariaría el orden social; teniéndose como causas de la nulidad: a) Que la voluntad o voluntades persigan un objeto, motivo o fin ilícito; b) Que sea incapaz cualquiera de las partes, o ambas sean incapaces; c) Que la vo-luntad de las partes o de una, esté viciada; y, d) Que el acto jurídico no revista la forma que determina la ley, tratándose de actos so-lemnes. Por ende, la procedencia de la ac-ción de petiac-ción de herencia y el consecuente reconocimiento del derecho hereditario de los preteridos, no puede por sí solo generar la nulidad del acto por el que se transmitió el dominio del inmueble que conformaba la masa hereditaria por parte de los herederos a favor de un tercero adquirente de buena fe, ya que ello no afecta la validez de aquel acto traslativo de la propiedad. De ahí que para obtener la referida nulidad, es necesario de-mostrar que la adjudicación hereditaria o que el acto traslativo en sí mismo están viciados.

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Referencias