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4.4.1) REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II. CARLISMO Y GUERRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
A) REGENCIA DE Mª CRISTINA (1833 – 1840)
Con el nacimiento Isabel de Borbón y la posterior abolición de la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres, en la Pragmática Sanción, Fernando VII dejaba como heredera al trono a su primogénita. Con ello se frustraron las expectativas que tenía Carlos, el hermano del rey Fernando, y su reaccionario círculo, que se convirtió en un grupo de oposición; debido a esto, la regente Mª Cristina se vio en la obligación de buscar la alianza con los liberales y de recobrar la obra de las Cortes de Cádiz, lo que puso fin definitivamente al Antiguo Régimen.
Con la muerte de Fernando VII, la revolución liberal se abrió camino de forma irreversible, lo que no significó que las élites sociales del Antiguo Régimen (nobleza y clero) dejaran de desempeñar un papel relevante.
La revolución liberal supuso una radical transformación:
- Una nueva estructura política, que reposaba un régimen constitucional y representativo.
- Una nueva estructura social, basada en la igualdad ente la ley, en el final de los privilegios legales y el nacimiento de la sociedad de clases.
- Una nueva estructura económica definida por la economía de mercado.
La implantación del régimen liberal fue un proceso mediatizado por el intervencionismo militar, la influencia de poderes de hecho, como las camarillas palatinas, y la adulteración del sufragio a través de métodos caciquiles.
La primera fase de la implantación del régimen liberal puede ser calificada como de un reformismo desde arriba, ya que la acción de gobierno, dirigido sucesivamente por Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, estuvo guiada desde palacio.
Uno de los pilares de este reformismo fue el Estatuto Real de 1834. No era una constitución, sino una carta otorgada que representaba las siguientes características:
- Reafirmaba el poder de la corona, ya que las cortes tenían una función consultiva.
- Poseía un carácter fuertemente elitista. Se estructuró en torno a un sistema representativo muy restrictivo organizado en dos cámaras:
El Estamento de Próceres, formado por los grandes de España y por los altos cargos religiosos, grandes propietarios y hombres de cultura, nombrados directamente por la corona.
El Estamento de Procuradores, elegidos por sufragio censitario muy restringido.
El Estatuto Real pronto se mostró insuficiente. La presión del carlismo exigió un mayor apoyo de los liberales, defraudados por la tibieza de las reformas. En septiembre de 1835 subió al poder Juan Álvarez de Mendizábal: fue una cesión de la regente como consecuencia de la creciente oposición carlista y del descontento liberal.
Se recuperó entonces el espíritu de la Constitución de 1812, restablecida en agosto de 1836, así como todas las reformas llevadas a cabo en el Trienio Liberal.
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Desde 1835 Mendizábal puso en marcha un proceso de desamortización que afectó a los bienes del clero regular, cuyo número era desmesurado y además era mayoritariamente fiel al carlismo. La desamortización eclesiástica se completó en 1841 con la inclusión de los bienes del clero secular. Esta medida no tuvo vigencia ya que fue suspendida por los moderados en 1844 para restablecer las relaciones con la Iglesia.
El proceso desamortizador intentó paliar el déficit de la Hacienda y financiar la guerra contra los carlistas, y se convirtió en un pilar básico de la revolución liberal, pues incorporó al mercado un enorme porcentaje de propiedad agraria y urbana, lo que contribuyó a articular un mercado nacional.
La medida benefició a la burguesía urbana y a los campesinos acomodados e intensificó la concentración parcelaria en manos nobiliarias y burguesas. Surgía así una clase adepta al régimen liberal. Los perjudicados fueron los campesinos sin tierras, que vieron frustradas sus expectativas y se convirtieron en foco de conflictividad durante más de un siglo.
Las dificultades en la Guerra Carlista y la sustitución de Mendizábal por Javier de Istúriz provocaron una oleada de revueltas populares cuya máxima expresión fue el motín de La Granja. Como consecuencia de esta coyuntura, en julio de 1837 se promulgó una nueva Constitución. Se trataba de un texto intermedio entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real de 1834:
Se estableció un régimen de soberanía compartida.
Abandonó el sistema unicameral, sustituido por dos cámaras colegisladoras, el Senado y el Congreso de los Diputados.
Implantó un sufragio masculino directo, pero censitario.
Ordenó los derechos individuales, como la libertad de expresión.
En 1840 se impulsó una reforma en la Ley de Ayuntamientos que eliminaba el carácter electivo de los alcaldes; esta circunstancia provocó una serie de desordenes y revueltas que motivaron la renuncia de Mª Cristina.
La Guerra Carlista (1833 – 1840)
Tras la anulación del Decreto de La Granja, por el que Fernando VII había devuelto los derechos sucesorios a su hermano Carlos María Isidro de Borbón, sus partidarios iniciaron una estrategia de ruptura que originó una guerra civil de siete años de duración que se integró plenamente en el proceso de disolución del Antiguo Régimen en España.
El carlismo era un movimiento heterogéneo en su composición social y principios doctrinales. No obstante, los carlistas compartían el principio de legitimidad y una visión tradicionalista resumida en el lema: “Dios, patria, rey y fueros”.
El carlismo se alimentaba de una marcada sensibilidad sobre la cuestión foral.
Los fueros eran un conjunto de privilegios jurídicos, fiscales y de reclutamiento militar que, en los territorios vasco y navarro, representaban la defensa de la descentralización y del Antiguo Régimen, amenazada por la vocación centralizadora del Estado Liberal. Su apoyo se fundamentó en oligarquías rurales partidarias del absolutismo y defensoras de los fueros, un sector del campesinado que veía el liberalismo con temor, la nobleza de segunda categoría y una parte del clero, enfrentada al liberalismo por cuestiones doctrinales y por la desamortización.
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El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y su hija Isabel era nombrada reina. Su madre Mª Cristina, asumió la regencia. Dos días después, el infante Carlos María Isidro se autoproclamó Carlos V en un documento conocido como Manifiesto de los Abrantes.
El 2 de octubre, un grupo de realistas se alzó en Talavera de la Reina en apoyo de Carlos. Esta acción inauguró una serie de levantamientos faltos de coordinación y vinculados a la fórmula de partidas aisladas.
El salto cualitativo tuvo lugar en 1834, cuando algunos jefes militares incorporaron sus unidades regulares a la causa carlista; las partidas de campesinos descoordinados se convirtieron entonces en un ejército capaz de iniciar una guerra abierta. En este empeño fue especialmente importante el coronel Tomás de Zumalacárregui.
Desde su inicio, la guerra adquirió dimensiones internacionales:
- Los liberales concertaron la Cuádruple Alianza con Francia, Gran Bretaña y Portugal, por la que las dos primeras se comprometieron a enviar ayuda contra los carlistas en España y contra sus homólogos portugueses (los miguelistas).
- Los carlistas contaron con la ayuda de Rusia, Austria, Prusia y Nápoles, aunque un apoyo menos eficaz.
Pese a su influencia en la zona, los carlistas nunca consiguieron ocupar las grandes ciudades vasco-navarras. En 1835 fracasaron ante Bilbao, en cuyo sitio murió Zumalacárregui. En 1836 fueron incapaces de tomar Bilbao.
En 1837 tuvo lugar la Expedición Real, dirigida personalmente por don Carlos.
Sus tropas llegaron a las puertas de Madrid, y allí se detuvieron mientras intentaban en vano un acuerdo con los moderados, opuestos al liberalismo radical de Mendizábal y Calatrava.
El 31 de Agosto de 1839 los generales de Rafa Maroto y Baldomero Espartero firmaron el Convenio de Vergara, un documento que dio por concluido el conflicto en los territorios vasco y navarro.
Los liberales se comprometían a debatir en Cortes el mantenimiento del régimen foral y a integrar a los oficiales carlistas en el ejército. El pretendiente Carlos María Isidro se exilió cruzando la frontera francesa.
B) REGENCIA DE ESPARTERO (1840 – 1843)
Finalizada la guerra carlista, los progresistas se valieron del prestigio adquirido por Espartero.
Tras la renuncia de María Cristina, el nuevo regente pasó a ser Espartero, quien inmediatamente dio muestras de un creciente autoritarismo y configuró un gobierno apoyado en una serie de militares afines. Además, hubo de afrontar el rechazo de las élites políticas y sociales, mayoritariamente partidarias del moderantismo.
Los moderados protagonizaron sucesivos pronunciamientos como los de O’Donell o Narváez que fueron duramente reprimidos. El bombardeo de Barcelona en 1842 para reprimir una protesta en peligro de crisis industrial y la legislación
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librecambista que ponía en peligro el desarrollo de la actividad textil terminó de desacreditar al regente.
C) DECADA MODERADA (1844 – 1854)
En julio el General Narváez acabó con la regencia de Espartero y abrió un largo periodo de dominio del moderantismo. Las Cortes declararon mayor de edad Isabel II.
Durante su reinado fue constante la presencia de militares en los principales centros de poder (Narváez y O’Donell), liderando los partidos políticos debido a su papel de salvadores de la España liberal frente al carlismo.
Esta circunstancia dio domo resultado una noción muy restrictiva del liberalismo. El moderantismo priorizó el orden sobre la libertad; en este sentido se inscribe la creación en 1844 de la Guardia Civil como sustituta de la Milicia Nacional.
El moderantismo encontró su máxima expresión legislativa en la Constitución de 1845, cuyas claves fueron:
- Se restableció la soberanía compartida de la Cortes con la Corona; La Reina adquirió el derecho a nombrar ministros. Esta circunstancia fomentó la aparición de camarillas palatinas dispuestas a ganarse la voluntad de la Reina.
- No fijó un catálogo de libertades. Estas fueron reguladas por leyes. Reflejo de este moderantismo fue el Código Penal de 1848.
- Las Cortes continuaron siendo bicamerales; los representantes en el congreso eran elegidos por sufragio masculino censitario, mientras que los miembros del Senado eran de nombramiento regio.
- El catolicismo era la religión oficial y el estado debía mantenerla económicamente; aún así, no prohibía otras religiones.
Ello facilitó el estrechamiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, cuyo máximo exponente fue la firma del Concordato de 1851.
En él se fijó la dotación económica entregada por el Estado, se mantuvo el fuero eclesiástico y se legitimó la influencia de la Iglesia en la enseñanza; como contrapartida, la Iglesia aceptó la desamortización.
A los moderados se debe la consolidación del Estado liberal, diseñado como estructura con el centro-geográfico administrativo en el madrileño Ministerio de Gobernación. De el dependían las provincias, a través de los gobernadores civiles, y los municipios, cuyos alcaldes eran nombrados por el Gobierno. La organización de la Administración central gracias a la labor de Juan Bravo Murillo.
En 1845, entró en vigor un nuevo sistema recaudatorio compuesto por dos tipos de impuestos (reforma fiscal de Mon):
- Directos. Una contribución territorial que gravaba las propiedades y un subsidio industrial y de comercio que gravaba el ejercicio de una profesión.
- Indirectos. Entre ellos el derecho de puertas y consumos que gravaba el consumo de los artículos de primera necesidad.
D) BIENIO PROGRESISTA (1854 – 1856)
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Para cambiar el gobierno se recurrió a la fórmula clásica del pronunciamiento militar, dirigido por Leopoldo O’Donell en 1854, en Vicálvaro, de ahí su nombre, la Vicalvarada.
El pronunciamiento estuvo acompañado de una fuerte movilización en Madrid, donde destacó el Partido Demócrata, nueva fuerza formada como reflejo de las revoluciones del 1848 y que desde entonces fue el principal defensor del liberalismo radical. El Gobierno progresista estuvo controlado por O’Donell y Espartero, y su gran aportación fue sentar las bases para la expansión del capitalismo:
- Se impulsó la construcción de ferrocarriles y de la red de telegrafía eléctrica.
- Se construyó un sistema financiero con capital extranjero, a través de la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito. La legislación bancaria y ferroviaria permitió la apertura del mercado nacional.
- Se aprobó la desamortización de bienes municipales, bienes de propios y comunes, impulsada por el ministro Pascual Madoz en 1855.
Se elaboró una Constitución, conocida como la Constitución de 1856, pero nunca entro en vigor.
E) SEGUNDA DECADA LIBERAL CONSERVADORA (1856 - 68)
En 1856 O’Donell volvió a encabezar otro pronunciamiento militar que acabó con el Bienio Progresista y dio paso a una nueva etapa, la Unió Liberal.
Tras un breve periodo dirigido por Narváez, en 1858 la Reina mandó formar Gobierno a la Unión Liberal, presidido por O’Donell. Este partido formado por el ala aperturista de los moderados y el ala moderada de los progresistas (defensores de un liberalismo restringido basado en el sufragio censitario) tuvo como principales líderes a Cánovas del Castillo, Francisco Serrano, Topete y Prim.
O’Donell restauró la constitución de 1845, pero con un mayor protagonismo del Parlamento, lo que disminuyó la influencia de las cámaras políticas.
La prioridad de su gobierno fue la economía, llevando a cabo numerosas reformas económicas. Toda esta política económica contribuyó a la expansión definitiva de la industria, lo que incrementó el descontento de algunas zonas del sur de España.
El gobierno de O’Donell trató de recuperar el prestigio y las influencias internacionales desarrollando una activa política exterior que absorbió buena parte de los recursos y esfuerzos gubernamentales. Fue una política intervencionista que intervino sobre todo en Marruecos, en América, donde se desarrollaron la Guerra del Pacífico y la Guerra de la Restauración, O’Donell también hizo amago de estrechar los lazos con Francia.
Tras un serie de disputas internas en la Unión Liberal, O’Donell dimitió. Con su caída, se abrió un periodo de inestabilidad política.
Los prolegómenos de la revolución
La revolución de 1868 estuvo motivada por un conjunto de variables:
- En algunas ciudades existía una importante presencia de intelectuales que difundían ideas Kausistas, librecambista, anticlericales y federalistas.
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- Desde 1866 se hizo más presente la crisis económica que afectó a toda Europa y que en España fue consecuencia de la retirada del capital extranjero.
A todo ello se le unió la crisis de 1867.
- En el plano político, progresista y demócratas plantearon una oposición cada vez más radical en la que se fue tomando la idea de un pronunciamiento militar.
Los acontecimientos se iniciaron en enero de 1866 con la sublevación fallida del general Prim en Villarejo de Salvanés, que convirtió al general en la principal personalidad de la oposición. En agosto de 1866 la oposición firmó el conocido como
‘Pacto de Ostende’, acordado por exiliados del partido progresista y demócrata. El pacto era claramente anti-isabelino y antiparlamentario, se dejaba abierta la cuestión de la forma del gobierno a unas posteriores Cortes constituyentes que serán elegidas por sufragio universal.
Se pone así en marcha la Revolución de la Gloriosa en septiembre de 1868 cuando el general Topete encabezó un pronunciamiento en Cádiz, al que posteriormente se unirían los generales Serrano y Prim, permitiendo que este movimiento revolucionario se extendiera por toda España gracias a la formación de unas juntas revolucionarias de naturaleza civil y creadas y dirigidas mayoritariamente por el partido demócrata. Se inicia así un enfrentamiento entre sublevados y tropas isabelinas cuya último episodio se llevó a cabo con la conocida Batalla de Alcolea. La derrota de las tropas monárquicas obligó a Isabel II a marcharse de España para iniciar el exilio a Francia.
