• No se han encontrado resultados

PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA"

Copied!
15
0
0

Texto completo

(1)

1

PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA

ENTRE COLONIALISMO Y DERECHOS HUMANOS

Bartolomé Clavero,

Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, UE.

Distinguidas autoridades originarias y del Estado, distinguidos ciudadanos y ciudadanas de la nueva Bolivia plurinacional, distinguidos representantes de otros Estados y de organizaciones internacionales, hermanas y hermanos.

Voy a tratar de los “Pueblos indígenas en Bolivia entre colonialismo y derechos humanos”. Voy a ocuparme de derecho internacional y de derecho boliviano, también y especialmente de derecho boliviano. Sobre esto segundo, el derecho boliviano, no tengo voz y voto, pues no soy ciudadano de Bolivia, pero solamente voz sí puedo tener, sobre todo si son ustedes, ciudadanas y ciudadanos bolivianos, quienes me invitan a hacer uso de ella y se prestan a escucharla. Ustedes me conceden la voz con su invitación y su asistencia. Gracias. Muchas gracias.

Partamos de una evidencia, de una evidencia de signo negativo hoy bien a la vista en Bolivia precisamente porque Bolivia hoy se plantea el reto de superarla. Me refiero a la continuidad del colonialismo cuando, hace unos doscientos años, América se libró del colonialismo español, pero no, ni mucho menos, del colonialismo en sí. Hace algo menos de doscientos años, los flamantes Estados americanos mantuvieron e incluso reforzaron internamente el sistema colonial de sometimiento de los pueblos indígenas al dominio político y económico de la que entonces, por latitudes como las del Alto Perú o Bolivia, era una neta minoría no indígena.

¿Hay hoy colonialismo en Bolivia? Lo hay sin duda, pese a una Constitución, la Nueva Constitución Política del Estado, que ahora se

Texto de base para la conferencia pronunciada en el auditorio del Banco Central de Bolivia, La Paz, la tarde del día 29 de julio de 2009, con los auspicios de los Ministerio de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, del Pacto de Unidad-Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Confederación Nacional de Comunidades Interculturales de Bolivia y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. La conferencia ha inaugurado un ciclo sobre Pluralismo Jurídico organizado por el Fondo Indígena.

(2)

2

plantea el reto de hacer pasar al colonialismo definitivamente a la historia.

Lo hay en Bolivia y lo hay por toda América pese al derecho internacional que viene empeñado en la liquidación del colonialismo desde hace casi medio siglo, un derecho internacional que ahora puede culminar ese empeño con la adopción, a mediados de septiembre de 2007, de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Ni la Nueva Constitución Política de Bolivia ni la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas utilizan el lenguaje de la descolonización, de una descolonización que ahora efectivamente culmine porque por fin alcance y beneficie a los pueblos indígenas, pero ni la una ni la otra se entiende bien sino en dicho escenario de la finalización definitiva del colonialismo. Alrededor de la Constitución e imprimiéndole sentido, sí se ha producido en Bolivia un enérgico discurso político sobre este último capítulo de la descolonización que por fin interesa a los pueblos indígenas, aunque ese discurso no esté presente como tal en la Constitución. Nada parecido ocurre a nivel internacional. En la comunidad internacional existe el lugar común, prácticamente el dogma, de que la descolonización es un hecho consumado, quedando tan sólo algunos pocos y modestos flecos pendientes entre los que no se comprende el gran asunto de la emancipación de los pueblos indígenas. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no viene acompañada por algún discurso internacional acerca de la descolonización pendiente. En todo caso, aunque los contextos discursivos difieran, lo primero que quiero subrayar es la coincidencia de fondo entre la Declaración de Naciones Unidas y la Nueva Constitución de Bolivia. Ambas vienen a intentar que se ponga por fin término al colonialismo subsistente tras la descolonización.

Hay coincidencia de fondo y hay coincidencia temporal, un feliz paralelismo entre el proyecto internacional y el proyecto boliviano de descolonización. En 2006 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entrándose con ello en la recta final para su adopción por la Asamblea General. No hay necesidad de recordarles a ustedes que 2006 es el año que se inaugura en Bolivia con la asunción del gobierno representativo del vuelco político que, por decisión democrática de la ciudadanía boliviana, abre el camino para un cambio constituyente favorable, en general, a los derechos humanos sin discriminación y, en particular, a los derechos de los pueblos indígenas. He dicho que hay paralelismo de estos procesos, el internacional y el boliviano, pero no se han mantenido por fortuna los mismos como estrictamente paralelos. La Bolivia constituyente enseguida aprecia su sintonía con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración sobre los

(3)

3

Derechos de los Pueblos Indígenas se adopta por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. A las pocas semanas, a principios de noviembre, Bolivia la incorpora a su ordenamiento jurídico mediante ley del Congreso ordinario. La Asamblea Constituyente estaba concluyendo sus trabajos y dicha incorporación fue todo un signo de reconocimiento de la sintonía de la nueva Bolivia con el nuevo derecho internacional de derechos humanos.

Lo importante no fue tanto que se incorporase mediante ley la Declaración como que la Constitución respondiese efectivamente a su espíritu. Por una parte, la Declaración tiene valor por sí misma, pues se dirige a los Estados y a las propias Naciones Unidas en los términos de que han de adoptarla como guía a fin de alcanzar su eficacia y plena aplicación.

Por otra parte, la Constitución articula para Bolivia la forma concreta cono han de ponerse en práctica los principios de derechos que la Declaración de Naciones Unidas sólo puede formular de un modo más general. Podría decirse no principios en plural, sino principio en singular, el principio que es clave compartida de la Constitución boliviana y la Declaración internacional. Me refiero obviamente al principio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que se ejerce por medio de la autonomía para los asuntos de su interés exclusivo y por medio de la participación y el consentimiento para los asuntos de interés común con la ciudadanía no indígena.

Se trata de la extensión a los pueblos indígenas del derecho de libre determinación que se proclama en el artículo primero de los dos grandes pactos de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se proclama como derecho humano de todos los pueblos, entre los cuales sin embargo no se había comprendido hasta ahora a los pueblos indígenas. Sólo en el 2007 vendrá a incluirlos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La primera formulación del derecho a la libre determinación se produjo, antes de los Pactos, en 1960, precisamente cuando Naciones Unidas adoptó la política de descolonización. La Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales lo proclamó entonces, en 1960, primero en términos negativos (“la sujeción de los pueblos a subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos”) para formularlo enseguida en términos positivos: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Lo de que la subyugación, dominación y explotación han de ser

(4)

4

extranjeras para que atente contra los derechos humanos ya es un requisito que carece de valor tras la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La sujeción de los pueblos a subyugación, dominación y explotación atenta contra los derechos humanos y punto.

Allí, en aquella resolución de 1960, están los inicios de una política internacional de descolonización que ahora llega a su último capítulo, el indígena. Su clave es el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, de los pueblos hoy tanto indígenas como no indígenas. Los artículos primeros de ambos Pactos Internacionales de derechos humanos, el de Derecho Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo formulan en los mismos términos literales de la Declaración de 1960. Y, como se les venía excluyendo de la expresión todos los pueblos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aplica a su caso, al caso de los pueblos indígenas, la mismísima formulación: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (art. 3). Éste es el contexto de derecho internacional en el que entiendo que debe situarse y comprenderse la Nueva Constitución de Bolivia

Dicho lo mismo en términos de la propia Constitución de Bolivia, los de su artículo segundo: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Luego, en momento más específico, se abunda: “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) A la libre determinación y territorialidad” (art. 30.II.4). En el principio de preexistencia también se abunda: “Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son:

(…) preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución”. He ahí con todo esto el reconocimiento de un derecho preconstitucional, el derecho de pueblos reconocidamente anteriores a la propia existencia de Bolivia, cuya libre determinación habrá de conformarse a la Constitución y a la ley porque, se entiende, la Constitución y la ley habrán de conformarse al reconocimiento de ese derecho supraconstitucional de unos pueblos.

Es todo un reto que la Constitución asume en serio. Bolivia se refunda constitucionalmente como Estado Plurinacional en consideración ante todo, aunque no en exclusiva, al derecho de libre determinación,

(5)

5

ejercido mediante la autonomía, de los pueblos o naciones indígenas. No sólo ha he haber autonomías indígenas junto a autonomías no indígenas, sino que también las instituciones situadas por encima de unas y otras autonomías han de ser plurinacionales, efectivamente plurinacionales con significativa participación y presencia de representantes indígenas o personas de esta significación. La Constitución lo subraya justamente respecto tanto al Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, como a la justicia, una justicia cuyas instancias superiores han de reconstituirse ahora como plurinacionales, con una composición plurinacional de personas y culturas.

He ahí algo realmente clave. No sólo ha de haber jurisdicciones territoriales indígenas como componentes de unas autonomías que la propia Constitución se cuida de situar en grado constitucional no inferior al de las autonomías no indígenas que también ahora se contemplan, sino que además ha de producirse esa reconstitución plurinacional de la justicia común a unos y otros espacios de autonomía. Si todo esto no fuera así, esto es si de alguna forma se mantuviera una relación de subordinación de las jurisdicciones indígenas a jurisdicciones completamente no indígenas, entonces se reproduciría el colonialismo. No olvidemos que desde los tiempos coloniales españoles y a lo largo de toda la historia de la República ha habido jurisdicciones indígenas subordinadas y solapadas. Incluso los primeros reconocimientos constitucionales de las comunidades y de las jurisdicciones indígenas, lo que en Bolivia se produjo respectivamente en 1938 y 1994, se hicieron de forma que mantenían una subordinación y con ello el colonialismo.

La descolonización de Bolivia se juega con la articulación entre autonomías y con la plurinacionalidad de las instituciones comunes a unas y otras autonomías. El principio constitucional es de entrada impecable:

“Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional” (art. 276); consiguientemente y a mayor abundancia, “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía” (art. 179.II). En este extremo clave de la no subordinación de la autonomía política y jurisdiccional indígena pueden presentarse algunos problemas que merecen señalarse de antemano, aparte el asunto mayor de que las instancias comunes o superiores sean efectivamente plurinacionales.

La Constitución contempla la posibilidad de que las autonomías locales de comunidades indígenas vayan concertándose para constituirse autonomías de pueblos de un ámbito ya regional. Pues bien, la propia Constitución establece con carácter general un límite: “La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan

(6)

6

cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión” (art. 280.1). ¿Es esta reclusión de la región a fronteras departamentales aplicable al caso de la constitución de regiones indígenas autónomas, con lo cual podrían quedar éstas de algún modo supeditadas a autonomías no indígenas, las autonomías de los Departamentos? La descolonización no se culminaría entonces.

El Anteproyecto de Ley Marco de Autonomía y Descentralización del Ministerio de Autonomía hecho público en este mes de julio contempla la autonomía regional indígena sin aplicarle el enclaustramiento en los límites departamentales, pero remitiéndose a la Constitución de forma que no acaba de aclarar la duda: “Podrán constituir una región indígena originario campesina autónoma la agregación de autonomías indígena originario campesinas ya consolidadas, con continuidad territorial, y mediante referendo, según lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral” (art. 34.III). Es un Anteproyecto que por supuesto sólo será Proyecto cuando que, tras las elecciones generales de diciembre, el Gobierno lo formalice como tal y sólo será Ley cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional lo debata, modifique en su caso y acuerde y la Presidencia de la República promulgue.

Para la resolución de posibles, quizás sólo aparentes, contradicciones constitucionales como ésta, debe interpretarse la Constitución conforme a sus propios principios. La misma ha reconocido la autonomía indígena como expresión de un derecho a la libre determinación que es de carácter supraconstitucional. Los Departamentos son en cambio criaturas de la Constitución, tanto cuando eran dependencias político-administrativas como cuando vienen a ser entidades autónomas con capacidad política y responsabilidad ciudadana propias. Esto quiere decir que, aun siendo unas y otras autonomías del mismo rango constitucional a unos efectos orgánicos, el derecho que las sustenta no es en cambio equiparable, pues el de la autonomía indígena netamente queda por encima del de la autonomía no indígena. Y éste es un principio que debe tomarse en cuenta en todo momento de conflicto en la interpretación de la Constitución o en las aparentes contradicciones que la misma pueda suscitar. Si no se atiende a principios y el desarrollo constitucional se produce de otra forma, de forma que estorbe la reconstitución de pueblos para el ejercicio de la libre determinación mediante la autonomía, se estará poniendo en riesgo o incluso impidiendo la culminación de la descolonización.

El principio de la primacía del derecho de los pueblos indígenas será también importante para el asunto pendiente de la revalidación constitucional de los estatutos autónomos ya refrendados en algunos Departamentos. Para que estos estatutos puedan entrar legítimamente en

(7)

7

vigor, la Constitución hace la previsión de dicha revalidación: “Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad” (parágrafo segundo de la Disposición Transitoria Tercera). Son estatutos que no sólo han ignorado el paralelo proceso constituyente, sino que incluso se han planteado en su contra. A los efectos que aquí nos importan, los de la descolonización, obsérvese lo que dispone el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz respecto a derecho internacional: “De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza, y, en esa medida, su obligación de conservar la cultura y promover el desarrollo integral y autónomo de los cinco pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño, de conformidad a lo establecido en este Estatuto”. Está desvirtuándose el derecho internacional para atribuirse el pueblo no indígena a sí mismo los derechos de los pueblos indígenas y para mantenerse así la dependencia de éstos.

¿Qué descolonización cabe con este género de estatutos autónomos?

No es ningún misterio que todos los que se han adelantado a la Constitución lo que intentan es desactivar su proyecto descolonizador. La distribución de competencias que contienen también mira a impedir el ejercicio de competencias estatales frente a situaciones todavía coloniales.

Ciertamente, la revisión constitucional de estos estatutos autónomos no será fácil pues habrá de ocuparse no sólo del reajuste de detalles, sino de la desactivación a su vez de su proyecto de continuidad del colonialismo.

¿Qué autonomías en pie orgánico de igualdad, entre las indígenas y las no indígenas, va a caber con estatutos tales? En los Departamentos refractarios a la Constitución no se están defendiendo los derechos de los sectores no indígenas, pues éstos están satisfactoriamente reconocidos y garantizados por la Constitución, sino que se están atacando los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas. En esto, en el conflicto presente entre Constitución y Estatutos y en el necesario ajuste entre la una y los otros, está jugándose la descolonización definitiva de Bolivia.

Dije que pueden presentarse problemas merecedores de atención anticipada. La dimensión jurisdiccional más específica también presenta alguno. Recuérdese el buen principio: “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía”

(art. 179.II citado).Pues bien, la categoría de jurisdicción ordinaria como la que se distingue de la jurisdicción indígena originaria campesina puede provocar algún equívoco. Conviene ante todo despejar la impresión de que la jurisdicción indígena sea entonces extraordinaria, excepcional, anormal o

(8)

8

irregular. Es tan ordinaria como la que se dice ordinaria. Por otra parte, al distinguirse la jurisdicción indígena de todo el resto llamado ordinario y añadirse que goza de igual jerarquía puede introducirse el malentendido de que así queda exenta de los controles de las instancias plurinacionales y particularmente del control de constitucionalidad. Basta con ver el capitulo que la Constitución dedica al Tribunal Constitucional Plurinacional (título III, capítulo VI) para comprobarse que no es así. Ni debiera serlo La igualdad de jerarquía no se predica respecto a las instancias judiciales plurinacionales, sino sólo entre jurisdicciones indígenas y no indígenas. La justicia plurinacional no debiera ser considerada como parte de la justicia llamada ordinaria

Es también cuestión de principios, de esos principios que han de guiar el desarrollo normativo y la interpretación jurisprudencial de la Constitución. Si hay un principio en singular, es el de los derechos sin discriminación, no sólo así los derechos de un sector aunque sea tan relevante para Bolivia como el indígena. La plurinacionalidad constitutiva de los órganos superiores de la justicia es un requisito clave para la legitimidad y plausibilidad de las instancias de revisión y control. El ejercicio de la jurisdicción indígena habrá de salir del ensimismamiento en el que le ha recluido el acoso colonial de siglos. Ahora cuenta con garantías. La regla ha de ser la de que ninguna instancia no plurinacional deberá tener autoridad sobre las autoridades indígenas. A esto también responde la regla de que no debe haber jerarquía ni subordinación alguna entre autonomías indígenas y autonomías no indígenas. Ambas quedan sujetas a instancias plurinacionales, éstas son instancias a cuya formación concurren personas y culturas de ambas procedencias. El derecho indígena a la libre determinación no sólo se ejerce a través de la autonomía, sino también por medio de la participación igualmente no subordinada en los asuntos y en las instituciones de interés común con la ciudadanía no indígena.

La descolonización de Bolivia se juega no sólo en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, sino también y sobre todo en la efectiva reconstitución y empoderamiento de estos pueblos. Bolivia se refunda como Estado Plurinacional para que los pueblos indígenas se reconstituyan como sujetos de derechos, como sujetos de derecho, de gobierno y de justicia para sí y junto con otros sectores.

Después de toda la usura colonial sufrida por los pueblos indígenas desde tiempos españoles y a través de los tiempos bolivianos, el Estado Plurinacional no es sólo una realidad que constitucionalizar, sino también y sobre todo una idealidad que reconstituir. El Estado Plurinacional no responde sólo a una situación de hecho, sino también y ante todo a un

(9)

9

imperativo de derecho, del derecho de reparación y a la reconstitución de los pueblos indígenas.

Dicho de otra forma, las comunidades y los pueblos indígenas no han de ser tanto lo que son como lo que debieran ser de no haber padecido la usura de la subyugación, dominación y explotación coloniales, esto es, de haber contado desde el siglo XVI los inmigrantes europeos con el consentimiento indígena y respetado pacíficamente sus condiciones. Con toda su novedad, con todas sus novedades, la Nueva Constitución del Estado no es un punto de llegada cumplido, sino un punto de partida para objetivos por cumplir. Bien lo sabe a su modo ella misma, la Nueva Constitución, cuando requiere un urgente desarrollo normativo en el que se juega su ser o no ser: “La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización” (Disposición Transitoria Segunda). Al Anteproyecto actual de esta última ya he hecho referencia.

Todas estas leyes urgentes, no sólo esta última, no sólo la de autonomías, son normas que interesan a un mismo tiempo a la refundación del Estado y a la reconstitución de los pueblos. No hay lo uno sin lo otro, refundación del Estado sin reconstitución de los pueblos. Si esta relación no se tiene constantemente en cuenta a todo lo largo del desarrollo normativo de la Constitución, su proyecto de descolonización hará aguas y naufragará. Y no sólo es cuestión de leyes ni tampoco de políticas. Si no cambian definitivamente unas mentalidades sociales y unos comportamientos políticos, no habrá refundación plurinacional de Bolivia.

Hacen por ejemplo flaco favor a la Constitución quienes cuestionan el desempeño jurisdiccional de la autoridad indígena o quienes la siguen sometiendo a acoso, como todavía ocurre en la Bolivia actual incluso por parte de sectores que impulsan o apoyan la refundación del Estado. Entre quienes no son indígenas debiera al menos pensarse que de tal cantera de las autoridades indígenas ha de salir un componente esencial de las instancias judiciales plurinacionales, unas instancias comunes a indígenas y no indígenas. Justamente, la Constitución hace la previsión de que así sea:

“Para la calificación de méritos [de acceso a altas instancias de la magistratura] se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia” (art. 182.VI).

“El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”, dice también la Constitución (art. 197.I). No puede ser de otro modo como ya he argüido. Para garantía de derechos, de todos los derechos

(10)

10

registrados en la Constitución, toda la justicia, tanto la indígena como la no indígena, debe estar sometida a control de constitucionalidad. Si este control se organizara y ejerciera sin participación significativa de magistrados o magistradas de procedencia y experiencia indígenas, se volvería a reproducir la subordinación de la jurisdicción indígena y, con ello, el colonialismo. Cuando se alimentan y expresan recelos ante la jurisdicción indígena porque no siempre atiende a derechos humanos, cuando así se opera de forma sincera, está olvidándose que esto es un problema de toda justicia y que la solución no radica en el establecimiento de instancias superiores extrañas a la justicia que se somete a revisión o control. Digo lo de la sinceridad pues otros ataques no atienden a argumentos y merecen otro género de respuesta, incluso de carácter penal.

Bien se sabe en Bolivia que con instancias no indígenas sobre las jurisdicciones indígenas lo que se producen son distorsiones y lo que se generan son conflictos. Ninguna justicia, tampoco la no indígena, asegura por sí misma el respeto y la garantía de los derechos. Conviene insistirse.

En un Estado Plurinacional los controles de justicia y de Constitución han de ser plurinacionales, lo cual, en la situación de Bolivia, ante todo requiere la reconstitución y el fortalecimiento de unas jurisdicciones indígenas de carácter territorial en conformidad con la territorialidad de las propias autonomías, y con competencia no sólo penal sobre indígenas y no indígenas en el propio territorio. Tanto indígenas como no indígenas han de hacerse a la idea de que la justicia ordinaria de unas primeras instancias será indígena o no indígena para todas y todos según lo sea la correspondiente autonomía, así como también hacerse a la idea de que las instancias ulteriores habrán de ser indígenas y no indígenas a un mismo tiempo, esto es plurinacionales. Si el desarrollo normativo de la Constitución no sigue estas pautas y si la mentalidad social y el comportamiento político no se atienen honestamente, con juego limpio, a las mismas, la descolonización no se producirá en Bolivia, pese a la flamante Constitución Plurinacional.

La finalización del colonialismo no sólo se juega en las grandes cuestiones de organización de las autonomías y de las jurisdicciones.

Cuestiones del derecho del trabajo y del derecho agrario pueden también ser de la máxima relevancia para la descolonización. Esto se debe a que el colonialismo supone sometimiento no sólo de pueblos, sino también directamente de personas pertenecientes a los mismos. Y en Bolivia todavía se dan las formas más directas de sujeción personal por efecto de la subsistencia y el recrudecimiento del colonialismo. Hay en Bolivia personas, familias y hasta enteras comunidades sometidas a condiciones que, si no son jurídicamente de esclavitud, resultan análogas, tan análogas que el derecho internacional de derechos humanos las asimila a la

(11)

11

esclavitud aplicándoles el mismo requerimiento de abolición diligente. La Nueva Constitución del Estado es consciente y se hace cargo. Éstos son sus pronunciamientos al propósito: “Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas”; “se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (arts. 15.5 y 46.3).

Hay más en la Constitución que interesa al propósito relevando además la dificultad de suprimir de forma expedita en las condiciones presentes de Bolivia incluso los peores legados del colonialismo como el de las relaciones de servidumbre: “Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social (o) la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral” (art. 398); “el incumplimiento de la función económico social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano” (art. 401.I).

Así, la existencia de servidumbre es motivo de expropiación sin indemnización, ha de entenderse que ante todo para emancipar a las personas, familias y comunidades sometidas a la misma, a la servidumbre.

De todas maneras, obsérvese que son artículos constitucionales de formulación extraña por no enteramente consecuente con la envergadura del problema. Un asunto de garantía de las libertades personales más elementales se trata como si fuera un apartado más en el conjunto de una problemática de reforma agraria.

Es importante que dichos pronunciamientos figuren en la Constitución porque así se asegura un proceso de reforma agraria que, desde la reconducción comunitaria en 2006, está efectivamente mirando a la abolición de la servidumbre en Bolivia. Es un proceso que se encuentra con la oposición no sólo de los hacendados, de los hacendados que pueden decirse esclavistas, por la vía judicial de la jurisdicción agraria, cuando no por medio de la violencia, sino que también se topa con la enemiga, por la vía política, cuando no igualmente por la de fuerza, de los Departamentos refractarios a la Constitución. Si sus estatutos pretenden que la materia de derecho agrario sea de exclusiva competencia departamental es para mantener fuera de los lindes departamentales a la reforma agraria, a una reforma que está mirando, entre otras cosas, a la emancipación de personas.

Por esta dimensión de libertad, no estamos definitivamente ante un asunto de derecho agrario, sino con uno de derecho constitucional. ¿Por qué la Constitución lo sigue recluyendo en el campo del derecho agrario en el que, hoy por hoy, dada la parcialidad de la jurisdicción agraria a favor de

(12)

12

la propiedad, los hacendados se encuentran con todas las facilidades para bloquear mediante recursos a la justicia la reversión de tierras y la emancipación aparejada de personas, familias y enteras comunidades? No tengo respuesta a esta pregunta. Mas abrigo la convicción de que este asunto de la abolición definitiva de la servidumbre es el más sensible y urgente de la descolonización en Bolivia y de que la puesta en práctica de la Constitución habrá de responder a dicha sensibilidad, pues no a la urgencia.

La Constitución misma pudiera interponer obstáculos si no se le interpreta de forma sistemática y conforme siempre a sus propios principios. Parece la Constitución hacer intangibles los latifundios ya existentes, éstos son ahora los de extensión superior a cinco mil hectáreas (art. 398), pero esto no debe aislarse del contexto. No es realmente el caso, pues la categoría de latifundio inconstitucional no sólo se mide por el tamaño: “Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra;

la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley”, no sólo así esto último (mismo art. 398).

Dicho de otro modo, la propiedad con servidumbre no es tal, propiedad, sino usurpación, por lo que su título puede ser sencillamente cancelado. De hecho, las haciendas con servidumbre suelen efectivamente proceder del asalto y expolio de las propiedades indígenas. Por esto cabe la expropiación sin indemnización. A este respecto, el planteamiento constitucional está en suma claro, pero en todo caso permanece la dificultad de que la supresión de la servidumbre se incluya en un capítulo de derecho agrario con otros supuestos que carecen de tanta transcendencia constitucional.

Es en fin un asunto que ha de salir del ámbito del derecho del trabajo y del derecho agrario para venir al ámbito constitucional. Y hay mecanismos constitucionales para conseguirlo. Aunque así no lo prevea la Constitución, su propia puesta en práctica consecuente ha de producir dicho efecto. El nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional habrá de aplicar el habeas corpus más sumario o, según la terminología constitucional (arts.

125-127), la acción de libertad al caso de las personas y comunidades indígenas sometidas por las haciendas a cautiverio o servidumbre. Y el nuevo Tribunal Agroambiental, otro tribunal necesariamente plurinacional (art. 187), mismo que habrá de venir a suceder al Tribunal Agrario Nacional, deberá también traer una nueva sensibilidad a asuntos que de derecho son agrarios y que de hecho resultan constitucionales, como el de la abolición definitiva de la servidumbre.

Cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria declara la reversión de propiedad por existencia de servidumbre, el Tribunal Agrario

(13)

13

Nacional otorga amparo judicial a la presunta propiedad admitiendo a trámite sus recursos de forma que se paraliza la ejecución de la reversión, con lo que se mantiene a personas, familias y comunidades en estado de servidumbre. El Tribunal Agroambiental no podrá mantener esta línea jurisdiccional contraria no sólo al nuevo derecho constitucional boliviano, sino también al derecho internacional de los derechos humanos. Y habrá de atender ante todo a una disposición constitucional ya citada: “Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (art. 46.3). Para este capítulo, con todas sus urgencias y dificultades, la descolonización también podrá llevarse finalmente a efecto.

Para todos estos asuntos tocantes a la descolonización es por supuesto importante el derecho internacional de derechos humanos y, por tanto, el valor que al mismo le confiere la Nueva Constitución de Bolivia.

He aquí su pronunciamiento: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta” (art. 256.I). Obsérvese que no sólo se hace referencia a tratados de derechos humanos, éstos son los pactos y las convenciones, sino también a otros instrumentos, como por ejemplo las declaraciones, como por ejemplo la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Constitución así la sitúa por encima de ella misma en cuanto resulte más favorable a los pueblos indígenas. Su incorporación previa mediante ley al ordenamiento boliviano ya no guarda mayor importancia. Ahora queda más claro el valor supraconstitucional de la Declaración y, por tanto, del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación que se ejerce mediante la autonomía, un derecho sin parangón con ningún otro a la autonomía según tanto el derecho internacional de derechos humanos como el derecho constitucional boliviano. El paralelismo de partida en 2006 desemboca en 2009, con la Constitución, en una confluencia de afortunada y completa sintonía.

Entre los tratados de derechos humanos que así también se sitúan por encima de la Constitución según la Constitución misma, está la Convención de Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud como las que sufren indígenas por algunas latitudes de Bolivia. Su imperativo de abolición de tales prácticas “a la mayor brevedad posible” (art. 1) prevalece sobre los recovecos de derecho agrario para lograrse el objetivo, por muy constitucionales que tales recovecos puedan ahora resultar. El nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional y el nuevo Tribunal Agroambiental deberán tomar en consideración dicha prevalencia

(14)

14

del derecho internacional de derechos humanos más favorable para que no vuelva a empantanarse en dichos recovecos un asunto tan preferente como el de la emancipación de personas, comunidades y pueblos frente a las peores secuelas del colonialismo.

Incluyéndose la elaboración de las leyes orgánicas de estos nuevos tribunales, la Asamblea Legislativa Plurinacional que se elegirá en diciembre tiene ante sí el reto realmente inmenso de la efectiva refundación de Bolivia conforme a las directrices de la Constitución y mediante su desarrollo normativo. Es la ciudadanía boliviana la que se enfrenta con este reto no sólo ejerciendo el derecho al voto, sino también habiendo de mentalizarse y comportarse cívicamente de forma que Bolivia pueda conocer por fin un sistema político, un ordenamiento jurídico y una convivencia social a las alturas de las exigencias de la ciudadanía pluricultural y los requerimientos del consecuente Estado Plurinacional.

La entidad del reto se engrandece y complica porque Bolivia es pionera y no puede contar con ejemplos de otros casos en los que inspirarse. Las leyes que ha de producir la Asamblea Legislativa Plurinacional no tienen precedentes por los que guiarse. No los ofrecen ni Venezuela ni Nicaragua ni tampoco el Ecuador. Si se copiasen o adaptasen en Bolivia leyes de otros países latinoamericanos con análogos problemas normativos, pero con distintos planteamientos constitucionales, sería una mala señal en el sentido de que no se estaría respondiendo satisfactoriamente al mandato constituyente de superación del colonialismo, de un colonialismo que persiste a todo lo ancho y largo de las Américas y que así permea y contamina derecho y políticas por doquier en este continente de Abya Yala.

Bolivia está abriendo brecha frente al bloque colonial panamericano.

Lo que Bolivia haga, si responde al reto constitucional, es lo que podrá crear precedente y ofrecer guía en el exterior. Será más fácil plantearse la superación del colonialismo cuando se tenga un caso que muestre el camino. Bolivia se dispone a ello. Ya ha comenzado a hacerlo con la Constitución del Estado Plurinacional y va a continuar con los trabajos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Puede que sea injusto abrumar a Bolivia con esta responsabilidad de guía, pero la propia Bolivia la ha asumido. La misma Constitución se dirige a los pueblos indígenas, a los de dentro como a los de fuera de Bolivia, augurando la emancipación solidaria de todos ellos: “El Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario campesinos con los pueblos indígenas del mundo” (art. 265.II). De este modo, resulta que es la propia Constitución boliviana la que se carga a sí misma con la responsabilidad de contribuir a la emancipación de los pueblos indígenas del mundo o, dicho de otro

(15)

15

modo, a proceder a la erradicación del colonialismo en Bolivia y a contribuir al mismo objetivo en relación a todo el mundo.

Bolivia despierta esperanzas entre quienes, a todo lo ancho del mundo, repudiamos la subsistencia solapada de la lacra del colonialismo, la lacra, en el lenguaje de Naciones Unidas, de la subyugación, dominación y explotación entre pueblos. Por fin Naciones Unidas advierte que la subyugación, dominación y explotación no sólo se imponen y practican por pueblos extranjeros, sino también dentro de los Estados. A Bolivia hoy le consta y Bolivia está hoy actuando de forma consecuente con el derecho internacional de los derechos humanos, con su imperativo de erradicación definitiva del colonialismo. En el ámbito internacional, tal es la significación que alcanza la Nueva Constitución Política del Estado.

(originalmente publicado en http://clavero.derechosindigenas.org)

Referencias

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Package Item (Container) Type : Vial (100000073563) Quantity Operator: equal to (100000000049) Package Item (Container) Quantity : 1 Material : Glass type I (200000003204)