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Impacto de la política fiscal en Colombia y América Latina

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Academic year: 2021

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Impacto de la política fiscal en

Colombia y América Latina

La mejor proyección es la incertidumbre. Esta frase, pronunciada durante la rueda de prensa organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la presentación de su última publicación sobre las perspectivas de la economía mundial, durante la segunda semana de abril de este año, resume muy bien lo que es conocido actualmente con respecto a las consecuencias socioeconómicas del COVID-19: Incertidumbre casi total.

Todo dependerá de la evolución de la pandemia, de las medidas de política que adopten los países, pero también de las características estructurales de ésta última y de las reacciones imprevistas de la población.

No nos enfrentamos simplemente a otra crisis. La CEPAL (2020) estima que la disminución del PIB de América Latina (-5.3% en 2020) podría ser incluso más severa que la ocurrida durante la gran depresión de los años 30 o al inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). Con un ingrediente adicional de originalidad: Ninguna de las dos crisis económicas mencionadas tuvo como desencadenante una

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enfermedad pandémica. Por el contrario, la investigación realizada sobre la relación entre la salud de los individuos y las crisis económicas concluyó que por ejemplo la gran depresión de los años 30 no se asoció con un mayor deterioro de la salud de la población. No es una simple anécdota, sino un factor determinante que influirá en la recuperación económica.

Los efectos socioeconómicos

Las medidas de distanciamiento y aislamiento social que vienen implementando los países para enfrentar la pandemia han generado un círculo vicioso, que comenzó a restringir la oferta y demanda nacional, para luego derivar en una menor oferta y demanda en el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima una caída en el volumen del comercio mundial de bienes entre -13% y -32% en 2020, una contracción mucho más fuerte que la registrada durante la crisis financiera de 2009 (-12.8%) En el área laboral, en septiembre de este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que las medidas de cierre total o parcial ya afectaban a cerca del 81% de la fuerza laboral mundial (cerca de 400 millones de trabajadores formales). Según esta organización, en muchos países ya existe una contracción del empleo a gran escala sin precedentes.

En los países en desarrollo, la pandemia y sus efectos socioeconómicos se han traducido en una mayor pobreza: CEPAL (2020) estima que en 2020 la pobreza aumentará en 28 millones de personas en América Latina, mientras que la pobreza extrema lo hará en 15 millones de personas. Estas cifras no deberían ser

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una gran sorpresa, ya que la OIT (2020) nos recuerda que cerca de 2,000 millones de personas en el mundo trabajan en la economía informal, la mayor parte en países en desarrollo, en Colombia lamentablemente el 50% del empleo es informal. Es decir, millones de personas que no necesariamente están recibiendo la ayuda social del gobierno, simplemente porque se canaliza principalmente a través de instrumentos y según bases de datos “formales” que obviamente no incluyen a los segmentos más vulnerables de la población que sobrevive en la informalidad.

Los efectos socioeconómicos de la pandemia en el muy corto y mediano plazo, estarán determinados por lo que cada país esté haciendo o no haciendo. Principalmente estarán determinadas por lo que se hizo o no se hizo en los años o décadas precedentes, lo que alcanza una dimensión dramática en el caso de las economías en desarrollo como la nuestra. Me refiero, en particular, a la poca inversión de estos países en infraestructura, servicios de salud, en seguridad social y pensiones, por ejemplo.

Al observar las medidas de política económica que están aplicando los países, lo primero que se evidencia es su gran similitud con respecto a los instrumentos monetarios, pero sobre todo en relación a la política fiscal. La diferencia radica en los grados de libertad en su implementación, que están determinados por el nivel de ingresos de los países. En contraste con la amplia exhibición de recursos de los países desarrollados para enfrentar la pandemia (Deuda por encima del 100% del PIB como en Estados Unidos, algunos países de la zona euro o inclusive Japón) y sus consecuencias socioeconómicas, en los países en desarrollo el margen fiscal para incentivos económicos es bastante limitado.

La originalidad de la actual crisis económica, al ser provocada por un virus y las posteriores medidas adoptadas para intentar controlarlo, explican por qué la primera reacción de los gobiernos ha sido priorizar las políticas de salud y las medidas de distanciamiento social que se han extendido con la esperanza de alcanzar una etapa en la que la tasa de aumento del número de personas infectadas pueda comenzar a disminuir.

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La diferencia no termina ahí. Mientras que en los países desarrollados los recursos fiscales que se están aportando están contribuyendo a fortalecer los sistemas de salud, cuya efectividad comenzó a desarrollarse desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en América Latina y el Caribe (con muy pocas excepciones) la escasez de dichos sistemas es alarmante. Es imposible construir en pocas semanas lo que dejó de hacerse durante décadas. Por lo tanto, los recursos financieros son doblemente insuficientes. Otra gran diferencia es la efectividad con la que los países implementan las medidas de política.

De hecho, el COVID-19 acaba siendo una caja de Pandora que, de un solo golpe, muestra todos los problemas estructurales de América Latina. No solo existe una falta de un sistema de salud adecuado, sino que esto también saca a la luz problemas de gestión del gasto público, corrupción, centralización excesiva, informalidad, entre otras restricciones. Se trata de problemas estructurales previamente existentes, ya considerados teóricamente por Prébisch y la CEPAL desde los años 50 y 60 del siglo pasado. Es cierto que, desde entonces, se han producido cambios sustanciales en las economías latinoamericanas, pero ¿se puede negar que no pocas de esas restricciones estructurales siguen existiendo en no pocos países de esta región, la más desigual del mundo? Esto simplemente limita la implementación efectiva de la política económica.

Por ejemplo, al igual que en los países desarrollados, en América Latina los gobiernos están brindando ayuda económica a la población, pero en la medida en que una gran parte de esta última no utiliza los servicios de intermediación financiera, debe acudir a la red bancaria para cobrar la ayuda de manera presencial, lo que solo aumentó los niveles de contagio en algunos países. En Perú, un hecho particular agravó los niveles de contagio: ante el desempleo y una ayuda económica que no se recibe con la debida prontitud, miles de campesinos comenzaron a regresar de la ciudad capital a sus lugares de origen, aumentando así los riesgos de infección. Nadie había anticipado esta reacción social y lo vimos con la contracción económica de su PIB en el 2T del 2020 con tasa de -30.2% muy por debajo de nuestro país que registró -15.7%.

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Los países en desarrollo, y dentro de ellos los segmentos de menores ingresos, serán los más afectados por la pandemia. Los sectores de menores ingresos son los más propensos a la enfermedad, no solo por su deficiente alimentación, sino también porque la mayoría de ellos opera en una economía informal que les permite sobrevivir día a día. El encierro los ha privado de sus ingresos diarios, la ayuda económica del gobierno no llega o es insuficiente; por lo tanto, se ven obligados a eludir los controles sanitarios para intentar vender algunos de sus productos y / u obtener provisiones en aquellos mercados que ofrecen el precio más bajo posible, pero que también son los principales focos de contagio. ¡Temen al hambre más que al virus! A pesar de que Colombia ha quitado algunas restricciones, países como Argentina aún se encuentran en aislamiento obligatorio.

Ingresos fiscales y administración tributaria

En medio de tal escenario económico, que ya era bastante incierto a nivel mundial incluso antes de la pandemia, la recuperación de los ingresos fiscales se retrasará. ¿Cuánto tiempo? Todo dependerá del control de la pandemia y de la velocidad a la que se recupere el sistema productivo, ya que el PIB tiene un efecto directo sobre los ingresos fiscales. La estrecha correlación entre ambas variables no es tema de discusión, más bien lo que se puede argumentar es la magnitud del efecto. Es decir, si no hay recuperación económica tampoco habrá ingresos fiscales, situación especialmente preocupante para una región como América Latina, cuya presión fiscal ya es estructuralmente baja.

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Las medidas de alivio fiscal (por ejemplo, postergación de obligaciones tributarias) y beneficios tributarios (como reducción de períodos de depreciación) que los gobiernos vienen implementando de manera generalizada para mitigar los efectos de la crisis en las empresas y particulares, suman al efecto negativo en la recaudación provocado por la menor actividad económica. Se incrementa el gasto, pero los ingresos fiscales no llegan o no se recaudan. ¿Cómo podemos cuadrar el círculo? No hay otra salida que la del endeudamiento, que limitará la recuperación económica. Algo que para Colombia es un punto muy importante, ya que un aumento de la deuda las calificadoras podrían bajar en nivel actual y perjudicaría significativamente en las inversiones de los inversores extranjeros.

Si bien la crisis actual es el resultado de una decisión discrecional de los gobiernos, con el principal objetivo de evitar graves consecuencias en la salud y la vida de los individuos, volver sobre los pasos no será nada fácil, en la medida en que la fuente del problema no se elimina o al menos no se controla. Es decir, hasta que se encuentre una vacuna o un medicamento para lograr dichos objetivos. Esto aumenta la incertidumbre y debilita la efectividad que, en contextos de crisis económicas “normales”, se atribuye a los instrumentos de política económica.

Al estallar la crisis financiera mundial 2008-2009, los economistas consideraron que era la peor crisis económica desde los años 30, pero (se decía) que la gran ventaja para el mundo era que ya existían mejores instrumentos de política económica para enfrentarla. Sucede que, ahora lo sabemos, dicha crisis no fue tan fuerte como la actual, y contrariamente a esa situación la efectividad de los instrumentos de política está subordinada al éxito logrado en la contención del COVID-19.

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Colombia

Continuando con el tema de política fiscal, en Colombia la Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía la enajenación de activos por la pandemia.

En este contexto, los grados de libertad de las administraciones tributarias para mejorar los niveles de recaudación son algo limitados. Dado que la mayor parte de sus funcionarios no pueden cumplir con sus funciones habituales, las administraciones tributarias están trabajando a medias. El teletrabajo ha sido muy útil, pero no todas las funciones de la Administración pueden realizarse de esa forma (auditoría de campo, por ejemplo). Su función principal, control y fiscalización, debe buscar caminos más creativos y prepararse para lo que se avecina: En tiempos de crisis, el incumplimiento fiscal se agrava.

La gravedad de la actual crisis sanitaria y económica a nivel mundial, deja muy poco margen a las alternativas de política favorecidas por el mercado (según lo determina la doctrina neoliberal). El mundo así lo ha entendido y está optando por medidas basadas en el rol regulador del Estado. En este contexto, la política tributaria y la administración tributaria deben emprender un cambio significativo en la lógica con la que han venido operando en general. La situación actual no es necesariamente a favor de recaudar más, sino de tratar de recaudar mejor, favoreciendo el servicio a los contribuyentes y ciudadanos, sin dejar de lado una fiscalización más focalizada (el Big Data y las TIC deben utilizarse al máximo de su capacidad), que pueda responder a los desafíos impuestos por los “nuevos tiempos”.

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El decreto fijaba las medidas para la inversión y enajenación de la propiedad accionaria estatal adquirida o recibida al marco de esta coyuntura. Este fallo hace que no se puedan comprar o invertir en empresas privadas, por otro lado, la enajenación de activos por parte del Estado queda con el decreto 226 de 2014 (las enajenaciones con este decreto son más lentas), donde se esperaba recaudar cerca de 12 billones de pesos para el 2021.

Este fallo hace que el gobierno no pueda ayudar a empresas que generan un impacto económico en nuestro país y que tambalee el presupuesto general de la nación, ya que sería un proceso más lento y estaríamos en la cuerda floja con la calificación ya que esta parte de la política fiscal tiene un gran peso.

Para finalizar, en nuestro país por el nivel de informalidad, la pérdida de empleo y la falta de oportunidades el Grupo Bancolombia espera que “retornar a la senda de ingreso por habitante observada antes del COVID 19 tomaría alrededor de 5 años” y no solo es en nuestro país, sino que a pesar de la amplitud del discurso del FMI esperan que “La recuperación global podría tardar varios años”.

Referencias

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