R-DCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

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Texto completo

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R-DCA-0253-2018

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y un minutos del doce de marzo del dos mil dieciocho. --- Recurso de objeción interpuesto por CARLOS BLANCO FERNÁNDEZ en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-2299, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la adquisición de “servicios integrales de despacho de recetas Área de Salud Alajuela Oeste (modalidad entrega según demanda)”. ---

RESULTANDO

I. Que el señor Carlos Blanco Fernández presentó recurso de objeción ante este órgano Contralor, en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. --- II. Que mediante auto de las quince horas veintisiete minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio DRSSCN-ADM-129-2018 de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho. ---III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---

CONSIDERANDO

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por el señor Carlos Blanco Fernández, se debe partir de lo establecido en el primer párrafo del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación Pública 2018LN-000001-2299 se publicó en el Diario Oficial la Gaceta No. 30 del viernes dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en tanto que la fecha original de apertura se estableció por parte de la Administración para el día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre la fecha de la invitación y la fecha fijada para recibir ofertas, esto es veinte días hábiles. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen seis días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintiséis de febrero del año en curso. Así las cosas, considerando que el recurso se presentó el día veintiséis de febrero, en horario hábil de

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2 la institución (folio 01 del expediente del recurso de objeción), se entiende interpuesto dentro del plazo legal, en tiempo, para lo cual, este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. --- II. Sobre el fondo del recurso. A) Póliza de Riesgos Profesionales: Menciona el objetante, que la cláusula 13 lo que debe solicitar es una póliza de Riesgos del Trabajo, ya que no existe una póliza de riesgos profesionales. Agrega que sería imposible para el contratista cumplir con la póliza dicha, exponiéndose a que la Administración concluya la relación contractual sin ninguna responsabilidad para la institución. La Administración considera que se trata de un aspecto meramente formal y no de fondo que limite en alguna manera la participación de potenciales oferentes. Manifiesta que un posible adjudicatario posee la obligación como patrono de proteger a sus colaboradores a través de una póliza de riesgos del trabajo, condición que deberá mantener el contratista durante todo el período de ejecución de un eventual contrato que se llegue a suscribir entre las partes. Lo anterior, al amparo del artículo 193 del Código de Trabajo en donde se lee la obligación de los patronos la suscripción de este seguro para proteger a sus trabajadores, tanto aquellos que trabajan directamente para él, como aquellos que trabajan para sus intermediarios. En este sentido, la Administración rechaza el aspecto objetado, siendo que los oferentes deberán garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en Costa Rica en materia laboral. Criterio de la División: Sobre el particular, se lee del apartado 13 del pliego denominado Cláusulas específicas, inciso g) lo siguiente: “El contratista suscribirá una póliza de Riesgos Profesionales del Trabajo que cubra todo el personal durante la ejecución del contrato, el incumplimiento de este requisito faculta a la CCSS a dar por concluida la relación contractual sin ninguna responsabilidad para la Institución. En el caso que se den prórrogas al contrato se deberá actualizar la póliza” (folio 8 del cartel, disponible en el disco compacto incorporado a folio 15 del expediente de objeción). Este órgano contralor entiende que el argumento del recurrente corresponde a una aclaración en cuanto al tipo de póliza a contratar, en la medida que no cuestiona que el objeto contractual no requiera un tipo de seguro, sino la nomenclatura de la póliza en los términos requeridos por la Administración. De esa forma, en el fondo lo que el recurrente ha requerido es que se precise qué tipo de póliza es la requerida, circunstancia que no es otra cosa que una aclaración, que no corresponde conocer a este órgano contralor en aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o

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3 porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se rechaza de plano este extremo. B) Legislación aplicable al bien inmueble: Menciona el objetante, que la cláusula 20 punto 3 debe eliminarse ya que es el Área de Salud Alajuela Oeste de la Caja Costarricense del Seguro Social, la que suministrará el espacio según se extrae del punto 1 de esa misma cláusula, conforme a la cual el contratista se obliga a establecer la farmacia en las instalaciones de la sede del área de salud. La Administración recalca que todo establecimiento donde se presten servicios de salud debe necesariamente cumplir con la legislación, reglamentación y normativa aplicable con respecto a las condiciones de infraestructura. Menciona que si bien la Administración proveerá al posible adjudicatario de la infraestructura necesaria para brindar los servicios, esto no le exime al posible oferente de su obligación de garantizar en caso de ser adjudicado, que la edificación cumpla con la regulación vigente en razón de la materia y en el caso específico de los servicios de farmacia, se tiene que el marco legal mencionado, es de cumplimiento obligatorio para este bien inmueble y es una obligación para la Administración la verificación de su cumplimiento como arrendatario del mismo. En este sentido, también el adjudicatario como usuario del inmueble debe conocer las condiciones mínimas de infraestructura y seguridad que debe cumplir el edificio donde brindará sus servicios y es esta la razón por la cual se incluye en el pliego de condiciones dicho marco de referencia. Agrega que será el adjudicatario el responsable de la prestación del servicio el llamado a que durante su uso no se violente el cumplimiento de dicha legislación y reglamentación y que dicha infraestructura se utilizada solo para el establecimiento de una farmacia y no otro tipo de negocio. Criterio de la División: En el caso concreto, se identifica en el apartado de Aspectos Administrativos y legales, cláusula 3 denominada Objeto Contractual, que el servicio objeto de la presente contratación consiste en: “servicio integral en el despacho de las recetas de medicamentos a los usuarios del Servicio de Farmacia del Área de Salud Alajuela Oeste para una proyección mensual de 100,000.00 cupones y una proyección anual aproximada de 1,200,000.00 cupones. Constituye objeto del presente concurso, la contratación del despacho de las recetas de medicamentos y la implementación de los programas y actividades de atención farmacéuticas en el Área de Salud Alajuela Oeste, incluyendo los sueros biológicos, el stock de medicamentos a los usuarios internos y externos, provenientes del Área de Salud, específicamente las recetas de medicamentos originadas en los sectores ya establecidos y de los sectores que a futuro se lleguen a establecer en esta Área de Salud, las recetas de

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4 medicamentos, provenientes de la atención de la red de los servicios farmacéuticos de otros niveles de atención, las copias de las recetas para asegurar la continuidad del tratamiento a los usuarios que lo requieran, como también el seguimiento fármaco-terapéutico de los pacientes con enfermedades crónicas, la implementación de la Política Institucional de Atención Farmacéutica, así como las recetas provenientes de otros sectores no adscritos al Área de Salud Alajuela Oeste, cuando por alguna situación de imprevisibilidad, los servicios de farmacia sean afectados y la institución no tenga los recursos humanos para satisfacer la necesidad” (folio 2 del cartel, ubicación citada supra). De lo anterior se desprende, que la Administración en este caso lo que pretende es contratar el servicio de farmacia en el Área de Salud Alajuela Oeste, para lo cual el contratista deberá realizar las actividades allí descritas. Para estos efectos, se observa del apartado 20 denominado Aspectos Técnicos, punto 1 relacionado a la ubicación, que será la Administración la encargada de proveerle al contratista un espacio físico dónde se prestará el servicio propiamente, en la medida que la cláusula señala: “Ubicación: El contratista compromete (sic) a establecer, una Farmacia en las instalaciones de la Sede del Área de Salud y una Farmacia satélite en las instalaciones del EBAIS de Turrúcares, debidamente acreditadas por las instancias correspondientes (…)” (folio 13 del cartel, ubicación citada supra) En relación con lo anterior, el objetante ha requerido puntualmente suprimir el contenido de la cláusula 3 de este mismo apartado, que refiere a la legislación aplicable, que en concreto dispone: “Legislación, reglamentación y normativa aplicable: El bien inmueble deberá cumplir con lo siguiente: Código Urbano. Ley No. 7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y Reglamento. Legislación Sanitaria del Ministerio de Salud. Código de Cimentaciones de Costa Rica. Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. Código Sísmico de Costa Rica y Comentarios. Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones. Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad. Otra legislación, reglamentación y normativa relacionada. Normativa institucional relacionada” (folio 15 del cartel, ubicación citada supra). Sobre el particular, el objetante reclama que la normativa de cita debe ser una obligación atendible por parte de quien provee el inmueble y no necesariamente el contratista, a lo cual se contrapone la Administración al referirse al recurso, en donde indica que la normativa es exigible en razón del tipo de actividad que pretende contratar. Así entonces, al realizar la lectura de la cláusula, efectivamente no es posible observar cuáles son las obligaciones que en efecto resultan

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5 exigibles al proveedor, y que resulten atinentes para el correcto desarrollo y ejecución de la actividad de fármaco terapia que pretende contratar, toda vez que el requerimiento cartelario únicamente obliga al oferente a cumplir con una serie de normativa, sin que en el texto se logre desprender cómo se relaciona con las obligaciones que tendrá a cargo el contratista, lo cual pareciera un elemento indispensable para confeccionar su oferta. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso, sin que se elimine las regulaciones cuestionadas pero sí para que se incluya en el pliego las especificaciones claras de cuáles son las obligaciones que debe atender cualquier potencial oferente respecto del objeto de la contratación. En razón de lo anterior, se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. C) Equipamiento en equipo de cómputo: Menciona el objetante que dentro del equipo solicitado, se eliminen las impresoras térmicas para gran escala, se acepten las impresoras de matriz de punto carro angosto ya que estas tienen una duración mucho mayor y un costo mucho menor, no solo en este aspecto sino que el costo de repuestos es mucho menor, las etiquetas térmicas que se deben de utilizar son cuatro veces más caras, que las etiqueta autoadhesivas mate normal, para las impresoras matriz de punto, como las cintas para la impresión son de un costo menor y de más duración que las térmicas. Lo anterior, considerando que los equipos son propiedad del contratista y serán retirados al concluir el contrato. Agrega que los equipos además deben de utilizar un software semejante a las salidas o reportes definidos por la institución y utilizados en las farmacias de la Caja. A partir de lo anterior, estima que se debe realizar la modificación en cuanto a las impresoras solicitadas atendiendo a la protección de los recursos financieros de la institución, ya que el uso de las impresoras térmicas y etiquetas autoadhesivas térmicas son más caras que las de matriz de punto y cumplen con la misma función solicitada en el cartel y la normativa de etiquetado. Concluye que se podrían utilizar impresoras matriz de punto marca EPSON FX 890 o genéricas. La Administración responde que en este caso, se trata de una sugerencia hacia la Administración, solicitando un cambio a impresoras de matriz de punto carro angosto, lo anterior, sin demostrar de qué forma lo solicitado por la Administración resulte desproporcionado o irracional, o de qué manera este requerimiento limite injustificadamente su participación. Considerando lo anterior, concluye que debe rechazarse de plano este aspecto. Criterio de la División: Se observa en el apartado 20 denominado Aspectos Técnicos, punto 9,

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6 Equipamiento en equipo de cómputo. El contratista se compromete durante la vigencia del contrato, a aportar los siguientes equipos: Farmacia Sede: (…) 2 impresoras térmicas a gran escala (…) Farmacia Satélite: (…) 1 impresora térmica a gran escala (…) Estos equipos son propiedad del contratista, por lo que estos podrán ser retirados por el mismo una vez se concluya el contrato. (…)” (folio 19 del cartel, ubicación citada supra) Si bien en su recurso menciona que la impresora de matriz de puntos es más conveniente en razón de rendimiento y costo, se echa de menos en su recurso el análisis de las características y funcionalidades de cada equipo, para entender que ambos son equivalentes para atender la necesidad. En ese sentido, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en su artículo 178 lo siguiente: “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación. El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. Conforme a las pautas marcadas por la norma reglamentaria, corresponde al objetante acreditar que está en capacidad de atender el servicio que requiere la Administración, y que lo que está dispuesto a ofrecer es más conveniente para la satisfacción del interés público, razonamiento que no se observa en este caso. Por lo anterior, procede rechazar de plano este extremo del recurso. D) Conexión y prestación del servicio en caso de pérdida de fluido eléctrico: Menciona el objetante que la cláusula 13.12 debe eliminarse por cuanto es la Administración quien suministrara el bien inmueble. En ese sentido el oferente no debe considerar los costos del servicio de electricidad, puesto que los costos por arrendamiento del inmueble, mantenimiento, costos por equipos de aire acondicionado, generador de emergencia y su respectivo mantenimiento, todos estos serán asumidos por el Área de Salud Alajuela Oeste. La Administración señala que los medicamentos que forman parte del servicio, serán entregados por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social al contratista y este será el responsable de

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7 su custodia, conservación y distribución. Argumenta que es deber del adjudicatario velar porque los equipos como refrigeradoras, congeladores, aires condicionados y ventiladores estén conectados a líneas eléctricas de emergencia, mismas que serán facilitadas por la Administración, sin embargo, es también obligación y responsabilidad del adjudicatario presentar en el plazo señalado un plan remedial que permita asegurar el servicio a los usuarios y la calidad de los medicamentos, en caso de problemas en el suministro normal del fluido eléctrico. Por lo anterior, la Administración rechaza lo objetado por el recurrente. Criterio de la División: En primer orden, se observa del apartado 20 denominado Aspectos Técnicos, punto 13 Controles y Registros en Servicio de Farmacia, inciso 12 lo siguiente: “Los equipos como refrigeradoras, congeladores, aires acondicionados y ventiladores, deberán estar conectados a líneas eléctricas de emergencia, o bien presentar un Plan Remedial que permita asegurar el servicio y la calidad de los medicamentos, en caso de pérdida del fluido eléctrico, 30 días hábiles posterior a la adjudicación en firme, al Administrador del Contrato para su revisión y aval.” (folio 25 del cartel, ubicación citada supra). Al respecto, el objetante ha venido a impugnar dicho requisito, considerando que se trata de un aspecto a atender por parte del Área de Salud y que se contradice con las especificaciones del servicio, por cuanto el apartado 20 denominado Aspectos Técnicos, punto 1 establece: “Ubicación: El contratista compromete (sic) a establecer, una Farmacia en las instalaciones de la Sede del Área de Salud y una Farmacia satélite en las instalaciones del EBAIS de Turrúcares, debidamente acreditadas por las instancias correspondientes (…) En su propuesta los oferentes no deberán considerar los costos por concepto de Servicios Públicos (electricidad) para el Edificio de la Sede del Área. Para la farmacia satélite, ubicada en el EBAIS de Turrúcares, sí deberán considerar los costos por concepto de servicios públicos (electricidad), ya la farmacia cuenta con un medidor independiente al del EBAIS” (folio 13 del cartel, ubicación citada supra) Según se lee de la cláusula transcrita, la Administración dispondrá de los espacios físicos en donde el contratista debe asentar la farmacia principal y la farmacia satélite a contratar. Para ello, el cartel precisa que en el caso de la Farmacia principal, el servicio público de electricidad no es un costo que deba ser asumido por el oferente, contrario a lo que ocurre en la farmacia satélite, en donde el oferente sí debe hacerse responsable por el consumo del servicio de electricidad. Ahora bien, no se observa contradicción con la cláusula 13.12 del pliego, en la medida que la Administración lo que ha determinado es que el contratista debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta conservación y custodia de los bienes y equipos en el

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8 evento de que el servicio de electricidad presente anomalías, de forma que no se interrumpa la prestación del servicio público. En ese sentido, este órgano contralor entiende que la cláusula objetada no le impone al oferente la obligación de costear los servicios en términos distintos a lo que regula el punto 1 ya mencionado, sino que el contratista deberá informar a la Administración sobre las acciones que adoptará para almacenar y conservar la calidad de los medicamentos ante fallas eléctricas, lo anterior conforme a la normativa vigente y las buenas prácticas de farmacia. En virtud de lo anterior, se dispone declarar sin lugar este aspecto del recurso. ---

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso interpuesto por CARLOS BLANCO FERNÁNDEZ en contra del cartel de la licitación pública 2018LN-000001-2299, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la adquisición de “servicios integrales de despacho de recetas Área de Salud Alajuela Oeste (modalidad entrega según demanda)”.---NOTIFIQUESE.---

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada

MMQ/chc NI: 5662, 6788. NN: 03773 (DCA-0992) G: 2018001358-1

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