UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES - QUEVEDO”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
PROYECTO DE EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA
TEMA:
LA REFORMULACION DE CARGOS POR PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, AL CAMBIAR EL TIPO PENAL EN LA ETAPA DE JUICIO, VULNERA EL DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Y LA SEGURIDAD JURIDICA.
AUTOR: DR. MANZO MIRANDA CARLOS ALBERTO ASESOR: DR. GRANJA ZURITA DIEGO FRANCISCO, MG.
APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulaci
ón realizado por el DR. CARLOS ALBERTO MANZO MIRANDA, maestrante del
programa de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Facultad de Jurisprudencia,
con el tema “LA REFORMULACION DE CARGOS POR PARTE DE LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, AL CAMBIAR EL TIPO PENAL EN LA ETAPA DE JUICIO, VULNERA EL DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA SEGURIDAD JURIDICA, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente
de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, por lo que apruebo
su presentación.
Ambato, Septiembre de 2017
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, AB. CARLOS ALBERTO MANZO MIRANDA, maestrante del programa de Maestría en Derecho penal y Criminología, Facultad de Jurisprudencia, declaro que
todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la
obtención del grado académico de MAGISTER EN DERECHO PENAL Y
CRIMONOLOGIA, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción
de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.
Ambato, Septiembre de 2017
AB. CARLOS ALBERTO MANZO MIRANDA
C.I. 1203543911
DERECHOS DE AUTOR
Yo, AB. CARLOS ALBERTO MANZO MIRANDA, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad
Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El
Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las
Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultaría
que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella;
Ambato, Septiembre de 2017.
AB. CARLOS ALBERTO MANZO MIRANDA
C.I. 1203543911.
DEDICATORIA
A mis padres Dr. Cesar Ignacio Manzo Guayaquil y Lic. Mariana de Jesús Miranda
Gaibor, por darme ese amor necesario y guiarme para crecer con valores suficientes
para llevar una vida plena y feliz. A mi querida Doris Zambrano quien me ha brindado
todo su amor y me ha impulsado a seguir adelante en los proyectos y metas que me he
propuesto. A mis hijos Carlos Daniel, Johan Sebastián y Carlos Luis, por brindarme ese
amor puro y natural, que me motiva cada día más a seguir adelante. A mi hermano
Cesar Javier por el apoyo incondicional durante todas las etapas de mi vida y de esta
carrera. A mis sobrinos Isaías, Javier, Sainne, y a mi cuñada Sally Contreras, quienes
hacen un complemento en mi vida
AGRADECIMIENTO
En primer lugar agradecerle a Dios quien es dueño y hacedor de nuestras vidas. A los
directivos y docentes de la Universidad UNIANDES por haberme permitido ser alumno
de esta prestigiosa institución y formar parte de esta maestría, agradecimiento fraterno a
los docentes de esta Universidad, como así también un agradecimiento especial al Dr.
Diego Francisco Granja Zurita, quien bajo su asesoría me supo guiar para culminar este
trabajo.
INDICE PORTADA
APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
DERECHOS DE AUTOR
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INDICE
RESUMEN
ABSTRACT
a) TEMA: ... 1
b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR ... 1
c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA DEL TEMA ... 1
LINEA DE INVESTIGACION ... 4
d) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ... 4
e) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA ... 5
EPIGRAFE I ... 5
1.1. La Instrucción Fiscal ... 5
1.2. La Audiencia de Formulación de Cargos ... 5
1.3. Preparatoria de juicio ... 7
EPIGRAFE II ... 10
2.1. SEGURIDAD JURIDICA Y DEBIDO PROCESO ... 10
2.2. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ... 13
2.4. PRINCIPIOS PROCESALES. ... 23
f) METODOLOGÍA ... 25
TECNICA DE INVESTIGACION. ... 25
g) PROPUESTA. ... 28
ANTECEDENTE. ... 28
CUERPO CENTRAL ... 31
CONLUSION. ... 36
h) CONCLUSIONES GENERALES. ... 37
i) FUENTES BIBLIOGRAFICAS
RESUMEN
El Ecuador es un Estado de derecho y justicia, y bajo esas premisas los funcionario s
públicos encargados de administrar justicia, están en la obligación de cumplir y hacer
cumplir el mandato Constitucional. Los funcionarios judiciales como lo son los fiscales
y jueces están bajo en el marco legal del Código Orgánico de la Función judicial a más
de la Constitución de la Republica, y bajo ningún concepto se les puede permitir la
violación de normas expresamente contempladas en la Constitución y peor aún que
violen derechos legalmente reconocidos a las personas que están siendo sometidas a un
proceso penal.
Como veremos en el desarrollo de esta tema tan interesante, observaremos si la fiscalía
General del Estado podría, en cualquier etapa del proceso penal cambiar un tipo penal
diferente por el cual acusó en la etapa correspondiente, debemos de observar si esas
facultades le otorga la ley para realizar ese acto, y si el mismo es legal o no, o en su
efecto verificar si al cambiar el tipo penal en la etapa de juicio, viola normas
Constitucionales, como son el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica
y derecho a la defensa.
Se observaran las disposiciones constitucionales contempladas en el Art. 75, 76, 77 y 82
ABSTRACT
Ecuador is a state of law and justice, and under these premises, public officials in charge
of administering justice, are obliged to comply with and enforce the Constitutional
mandate. Judicial officials such as prosecutors and judges are under the legal framework
of the Organic Code of the Judicial Function over the Constitution of the Republic, and
under no circumstances can they be allowed to violate rules expressly contemplated in
the Constitution and worse than violating legally recognized rights to people who are
being subjected to criminal proceedings.
As we will see in the development of this interesting topic, we will see if the Attorney
General of the State could, at any stage of the criminal process change a different
criminal type for which he accused in the corresponding stage, we must observe if those
faculties grant him the law to carry out that act, and whether it is legal or not, or in its
effect to verify if by changing the criminal type at the trial stage, violates Constitutional
norms, such as due process, effective judicial protection, legal security and right to the
defense.
The constitutional provisions contemplated in Art. 75, 76, 77 and 82 of the Constitution
1 a) TEMA:
LA REFORMULACION DE CARGOS POR PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, AL CAMBIAR EL TIPO PENAL EN LA ETAPA DE JUICIO, VULNERA EL DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA SEGURIDAD JURIDICA.
b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR
¿Qué la fiscalía General del Estado está impedido de cambiar un tipo penal en la etapa de
juicio, una vez que realizo su dictamen acusatorio en la etapa preparatoria de juicio, por otro
delito, y vulnera los derechos del procesado, el debido proceso y la tutela efectiva?
c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA DEL TEMA
El ecuador es un estado de derecho y justicia conforme lo establece el Art. 1 de la
Constitución de la República del Ecuador. El Legislador debe adecuar la producción de las
normas, formal y materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas
conforme lo establece el Art. 84 de la Constitución. Los jueces solo pueden actuar su potestad
jurisdiccional con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales y a la ley
conforme lo estable el Art. 172 de la Constitución de la República.
A nuestro criterio es acertado que el constituyente haya puesto en dos artículos diferentes a
los derechos de protección o de defensa como son la tutela judicial efectiva y el debido
proceso, no obstante su conexión intima. Con otras palabras, el Art. 75 de la Constitución
reconoce el derecho fundamental a la tutela, mientras que el articulo 76 comprende el debido
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en los numerales 1 al 7, sin el cumplimiento de las cuales no habrá debido proceso ni
tampoco tutela judicial efectiva.
Entrando al tema que me ocupa este proyecto, me refiero que en el Código Orgánico Integral
Penal establece claramente la etapas procesales y que se puede o debe efectuar en cada etapa
procesal, concluida que fuere la etapa de instrucción fiscal conforme lo establece el Art. 599
del COIP, el señor Fiscal considerando que tiene los elementos probatorios solicitara al señor
Juez de Garantías Penales convoque audiencia para su acusación fiscal conforme lo establece
el Art.603 del COIP, el mismo que lo hará tipificando el delito y anunciará la prueba que
presentará en juicio, debo indicar y en el caso práctico que tengo y pongo como ejemplo, que
la acusación fiscal ha sido por delito de Delincuencia Organizada tipificado en el Art. 369 del
COIP en la audiencia preparatoria de juicio, pero resulta que en la etapa de juicio el señor
fiscal cambia el tipo penal y acusa por el delito de asociación ilícita conforme lo establece el
Art. 370 del COIP.
Aquí entramos al análisis de lo principal, según lo establecido en el Art. 609 del COIP,
establece que el juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la
acusación fiscal, y en esta parte donde queda el auto de llamamiento a juicio del señor Juez
de Garantías Pénale su criterio y sus conocimientos, donde queda los elementos de
convicción relacionada a probar el delito de delincuencia organizada por el cual fue llamado a
juicio el procesado, y tal es así y puede ser que el fiscal no teniendo la seguridad de probar su
teoría cambia el tipo penal por un delito que jamás acuso ni que tampoco la persona
procesada fue llamada a juicio, vulnerándose el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el
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Debemos recordar, que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal el señor fiscal tiene una
etapa procesal para reformular cargos conforme lo establece el Art.596 del cuerpo legal antes
mencionado, y no en una etapa que ya se encuentra precluida y que los medios de defensa son
en base a la acusación fiscal. Debemos recordar además que la actuación fiscal debe ser en
base a lo dispuesto a los establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República del
Ecuador esto es que debe actuar con objetividad, y mas no tratando de actuar a ultranza como
enemigo del procesado.
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.
Debe ser respetado el derecho a la defensa desde el inicio a lo largo de todo desarrollo y
conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto inicial de cualquier procedimiento
nace automático el derecho a ejercer la defensa. Se trata que el legislador, el juez o la
autoridad a cada actuación le dé a la persona la oportunidad de realizar una acción con un
contenido y finalidad conexos con la primera. Debe ser garantizada una participación
equivalente a las acciones que se emprendan en su contra, esto supone que con carácter
general, no solo en el conjunto del procedimiento, sino en cada una de sus fases cuya
resolución afecte a las derechos e intereses legítimos de una persona, este debe ser oída y
deben respetarse el resto de las garantías procesales a que alude el precepto Constitucional.
Como hemos presentado y expuesto nuestro ejemplo, vemos que la fiscalía ha iniciado una
investigación desde un principio tratando de buscar los elementos de convicción para un tipo
penal, como es en este caso el delito de Delincuencia Organizada, y resulta inverosímil que
en una etapa de acuerdo a las reglas esgrimidas por el Código Orgánico Integral Penal no
puede el fiscal cambiar el tipo penal, porque sería violación al principio de la Seguridad
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La defensa es una garantía constitucional que, básicamente es una reacción frente a una
actuación en contra de la persona que se defiende. Tiene por objeto asegurar que la persona
logre defenderse esto es, formular sus alegaciones y el tiempo necesario para preparar y
desarrollar las pruebas. La defensa no se garantiza sino se asegura a las partes la posibilidad
de efectuar sus afirmaciones, asertos y alegatos, además, de reunir todos los medios de
prueba que respalden tales alegaciones y desarrollar toda la actividad requerida para
probarlas, con el fin de presentar una hipótesis corroborada que sirva para la decisión del
juez.
Considero que después de un análisis y estudio de lo expuesto debe existir una reforma al
Art. 609 del COIP, en la que se agregue y diga, sobre la base de la acusación fiscal y del auto
de llamamiento a juicio.
LINEA DE INVESTIGACION
Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en Ecuador
- Fundamentos técnicos y doctrinales de las ciencias penales en el Ecuador tendencias y perspectivas
d) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Objetivo general
Diseñar un documento de análisis crítico donde se evidencia la prohibición que tiene la
Fiscalía General del Estado al reformular cargos en la audiencia de juicio, vulnera el debido
5 Objetivos particulares y específicos
1. Fundamentar jurídicamente y doctrinariamente la formulación y reformulación de
cargos.
2. Determinar la vulneración del debido proceso la tutela judicial efectiva y la seguridad
jurídica.
3. Diseñar los parámetros de los documentos de análisis crítico jurídico donde se
evidencie que la formulación de cargos en la etapa de juicio vulnera el derecho al
debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.
e) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA
EPIGRAFE I
a. En el primer epígrafe hablaremos de temas penales como es la etapa de instrucción
fiscal, preparatoria de juicio y de juicio.
1.1. La Instrucción Fiscal
Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los fundamentos suficientes para
deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a
fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que
solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares de carácter personales.
1.2. La Audiencia de Formulación de Cargos
Una vez que el juez de garantías penales señale día y hora para la audiencia de formulación
de cargos, el juez de garantías penales concederá la palabra al fiscal, quien en su exposición,
6 La descripción del hecho presuntamente punible.
Los datos personales del investigado; y,
Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento jurídico para
formular la imputación. En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará
fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado podrá solicitar la
aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías de
que se crea asistido, en la forma y términos previstos en la Constitución y el Código de
Procedimiento Penal.
La Conclusión de la Instrucción Fiscal La etapa de la instrucción fiscal concluirá dentro del
plazo de 90 días improrrogables, a partir de la fecha de la notificación al procesado. En
cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una
persona en el hecho objeto de la instrucción, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por
un plazo máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación con esa
resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por el juez de garantías
penales. Si se hace extensivo la instrucción fiscal a otra persona a los cuarenta días de
notificada la instrucción fiscal, no hay problema, porque aún no se vence los noventa días y
no tiene porqué extenderse fuera de los noventa días la instrucción, incluso se puede cerrar la
instrucción a los setenta días, es decir antes de vencerse el plazo establecido por la ley que es
de noventa días; pero si aparecen en el proceso datos que hagan presumir la autoría o
participación de una persona en el hecho objeto de la instrucción a los ochenta días, se le
debe conceder los treinta días, que en ese caso la instrucción fiscal tendrá una duración de
ciento diez días . En resumen, podemos decir que la Instrucción Fiscal, se constituye en la
primera etapa del proceso penal, la misma que se desarrolla bajo la dirección de la Fiscalía, a
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ayuda de la Policía Judicial, la instrucción fiscal es iniciada por el fiscal cuando considera
que existen fundamentos para imputar a determinada persona participación en una presumible
infracción penal. La finalidad de la instrucción fiscal es practicar todos los actos necesarios
para comprobar la existencia del delito así como para individualizar a los autores, cómplices
y encubridores de la infracción. Es importante señalar que la instrucción fiscal no es
revocable, es decir que, una vez que se dictó la instrucción fiscal y se notificó a las partes, no
se puede dejar sin efecto, ya que la única manera que quede sin efecto es con el auto de
sobreseimiento definitivo. Así mismo no procede apelación de la instrucción fiscal, ya que el
recurso procede cuando el auto pone fin a la causa.
1.3. Preparatoria de juicio
Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en el convenido en la audiencia
de formulación de cargos, el fiscal solicitará al juez de garantías penales que interviene en el
proceso, que dentro de veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto
la Audiencia Preparatoria del Juicio, en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, la
misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la petición.
La audiencia preparatoria del juicio La audiencia preparatoria del juicio tiene las siguientes
finalidades:
Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal, los
mismos que, de ser posible, serán subsanados en la propia audiencia.
Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad,
cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la
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Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en el juicio, cada una
tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, objeciones y planteamientos que
estimaren relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.
Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, cuyo fundamento
o evidencia que fueren a servir de sustento en el juicio, hubieren sido obtenidas violando las
normas y garantías determinadas en los instrumentos internacionales de protección de
Derechos Humanos, la Constitución y en este Código; y,
Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de dar por demostrados
ciertos hechos y evitar controvertirlos en la audiencia de juicio.
Procedimiento de la audiencia preparatoria del juicio La ausencia del procesado no será causa
para que la audiencia no se lleve a efecto, bastará la asistencia de su abogado defensor o del
defensor público. Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los sujetos
procesales para que se pronuncien acerca de la existencia de vicios de procedimiento que
pudieran afectar la validez del proceso. A continuación el juez de garantías penales ofrecerá
la palabra al fiscal, que formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de su
pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular, si lo hubiere.
Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo hubiere, el procesado,
alegará respecto del dictamen fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias que considere
ilícitas o ilegalmente obtenidas, especificando las normas o garantías constitucionales o
procesales que considere han sido transgredidas. Los sujetos procesales pueden presentar la
evidencia documental que sustente sus alegaciones. Concluidas las intervenciones el juez de
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considerará como notificada en el mismo acto. Se debe indicar que el fiscal emite dictamen
acusatorio en el que pide al juez de garantías penales dicte el auto de llamamiento a juicio
cuando: Estime que la investigación ha proporcionado datos relevantes sobre la existencia del
delito, Y que existe fundamento grave para presumir que el procesado es el responsable, sea
como autor cómplice.
La Etapa de juicio, se resolverá conforme lo establece el Art. 609 en adelante. Primeramente vale indicar que la etapa del juicio, se desarrolla sobre la base de los principios
generales de: acusación, contradicción, oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y
concentración. La etapa del juicio tiene como finalidad practicar los actos procesales
necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la
responsabilidad del acusado, para según corresponda condenarlo o absolverlo. Es importante
señalar que en esta etapa del juicio se sustanciará a base de la acusación fiscal. Es decir si no
hay acusación fiscal, no hay juicio. La etapa del juicio debe realizarse con la presencia
ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales. Si el defensor del procesado no
comparece al juicio o se aleja de la audiencia, la fiscal o fiscal, la Jueza o Juez de Garantías
Penales designará un defensor Público, así mismo pueden hacer uso de la fuerza pública para
la comparecencia de testigos que no comparezcan a la audiencia de juicio. En esta etapa los
jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados de la prueba cuya producción y
formulación hayan apreciado directamente en el curso del juicio, y de acuerdo con las normas
del Código Orgánico Integral Penal, salvo las excepciones que la ley consagra. Los testigos y
peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el juicio, su
testimonio no podrá ser sustituido por la lectura de registros en que constaren declaraciones o
informes previos; salvo el caso del testimonio urgente. Los jueces del tribunal de garantías
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que están diciendo. Los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que
constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como
anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser
reproducidos. Hay que recalcar que por razones de seguridad o utilidad procesal, y en
aquellos casos en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba intervenir en
la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal de garantías penales podrá
disponer, de oficio o a petición de parte, que la intervención de tales personas se realice a
través de videoconferencia u otros medios técnicos semejantes. El convencimiento de la
existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y
descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos
jurisdiccionales de prueba que se hubieren practicado en la etapa de instrucción fiscal, de la
iniciativa probatoria de los jueces de garantías penales en la audiencia. Las declaraciones
contenidas en el auto de llamamiento a juicio, no surtirán efectos irrevocables en la etapa del
juicio. La audiencia del Tribunal de Garantías Penales será pública, excepto los señalados por
la ley. Es importante señalar que el juicio es oral; es decir que bajo esta modalidad deben
declarar las partes, los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos.
EPIGRAFE II
b. En el segundo epígrafe se estudia, derechos constitucionales.
2.1. SEGURIDAD JURIDICA Y DEBIDO PROCESO
La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público,
abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho, con el necesario aval moral de la
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El concepto de seguridad jurídica es el principio rector de los postulados que constituyen el
debido proceso que, en el caso ecuatoriano, consagra la norma contenida en el Art. 76 de la
actual Ley Suprema.
En el Ecuador, cuna de connotados trasgresores del marco legal, son innumerables los casos
en que se violan palmariamente, no sólo este presupuesto primigenio del Derecho, sino que se
arrasa consuetudinariamente con todos los principios posibles del debido proceso, y en esta
nefasta tarea participan diversos operadores jurídicos.
La existencia de un marco serio, bien redactado, claro y sencillo, debe llegar a la conciencia
colectiva para asegurar la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los
jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar
daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley.
Esencia de la convivencia civilizada, la seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de
las normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto
Derecho, con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la
santificación legislativa de las leyes.
La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable principio de
legalidad en la actuación de la administración pública, la atribución de facultades a los
juzgadores, en fin con las normas primigenias de existencia comunitaria.
La seguridad jurídica constituye un supra concepto, que evidentemente, al menos por
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obstante, el análisis de cada uno de estos términos va mucho más lejos de lo que este breve
examen permite.
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende
como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede
conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de
uno para con los demás y de los demás para con uno.
La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura)
que, significa estar seguros de algo y libre de cuidados.
El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo establece los
lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de
establecer seguridad jurídica al ejercer su poder político, jurídico y legislativo.
La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus
bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán
asegurados por la sociedad, protección y reparación.
Son principios derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación
de los delitos, las garantías constitucionales, la cosa juzgada y la prescripción.
El ordenamiento jurídico está integrado por leyes constitucionales primero y ordinarias
después- sentencias, contratos, principios consuetudinarios, interrelacionadas en una totalidad
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modalidades, ubicación jerárquica, extensión y efectos, todos estos elementos componentes
del ordenamiento jurídico reconocen como común denominador una estructura intelectual
específica y peculiar: la norma jurídica.
Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la potestad
de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones y ejecutar las
resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo tiempo un deber de carácter
prestacional. Por tanto, su organización debe prever mecanismos que sean adecuados y
otorgar al tutela que las personas requieren para solucionar sus controversias.
Este derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de los
ciudadanos, impone que el poder público se organice de tal modo que los imperativos de la
justicia queden mínimamente garantizados. La organización de la administración de justicia
juega entonces un rol decisivo en la estabilidad social del Estado y su sistema político.
2.2. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
La tutela judicial efectiva que señala el Art. 75 de la Constitución de la Republica, contempla
los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los jueces y tribunales de justicia; el derecho a
obtener una sentencia fundad en un derecho congruente a la efectividad de las resoluciones
judiciales, etc.
La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene múltiples
contenidos. Ya se dijo que la dificultad en la formulación de un concepto habida cuenta de
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acción, cuya noción es harto difícil, obliga a definirlo a través de sus manifestaciones, puesto
que se materializa, precisamente, en varios derechos y garantías procesales.
Aun así, el derecho tiene dos características que pueden considerarse centrales. No se tratarán
los variados aspectos que surgen de su carácter complejo, pues ello implicaría analizar cada
una de las vertientes que de él se desprenden, lo que desborda el ámbito mismo de esta
investigación; como se había señalado, el estudio se centrará en la efectividad de las
resoluciones judiciales como uno de esos contenidos básicos.
La tutela judicial efectiva como un derecho fundamental, El término derecho fundamental ha
sido frecuentemente confundido con un derecho humano. La distinción entre uno y otro
término consiste en que el derecho humano ya ha sido positivado, normalmente a nivel
constitucional y que, por lo tanto, goza de una tutela reforzado frente a otros derechos.
La conveniencia de la constitucionalizacion del derecho la tutela judicial efectiva resalta
desde todo punto de vista. No solo porque de esta manera sus múltiples manifestaciones
adquieren al relevancia necesaria y se contagian, si cabe el término, de esta característica,
sino también porque en el ámbito del proceso, las promesas de certidumbre y coerción
propias de las normas jurídicas adquieren eficacia.
De este modo la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial efectiva
requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de administración de justicia sino
también en la conceptualización misma del proceso como medio para proteger
adecuadamente los derechos de las personas. Se acude, de esta manera, a un fenómeno de
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del accionar estatal que la requerida para otros derechos, como la concienciación del juez,
quien debe contemplarse como el primer llamado a hacer del derecho una realidad.
En la perspectiva del efecto irradiante que le incumbe como derecho fundamental, la tutela
judicial efectiva se proyecta también en la interpretación y aplicación de las normas por los
tribunales. Desde luego, aun con la consideración de que la incidencia no serás la misma en
todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, no cabe duda que una de sus manifestaciones, en
este aspecto, tiene que ver con las obligaciones de los jueces y tribunales de interpretar los
derechos al menos los constitucionales en el sentido que más favorezca su efectiva vigencia.
Como todo derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva se le puede distinguir por su
contenido esencial. Pero en el caso particular, la fórmula debe emplearse en plural porque,
como se explicará, el derecho tiene varios aspectos. Según como se entiendan estos
contenidos esenciales, dependerá también la formulación que tanto el legislador como el
poder jurisdiccional en sus respectivos ámbitos adopten respecto del derecho.
En este sentido, parece lo más adecuado considerar la teoría relativa sobre el contenido
esencial de los derechos fundamentales para configurar a la tutela judicial efectiva. Según
ella, el contenido esencial del derecho fundamental no es inmutable, sino determinable en
forma casuística “en atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en
él, tanto para el derecho intervenido como para el bien protegido a través de su limitación”.
La abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional español respecto a
los distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, abona a favor de la adopción
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Así, dicha jurisprudencia ha agrupado esos contenidos en cuatro grandes vertientes: el
derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el derecho a una resolución
motivada y congruente y el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales dentro
de este último grupo, precisamente, se tratará sobre el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales. Cada uno de esos contenidos se despliega, a su vez, en un conjunto
de derechos y garantías que otorgan vida, en cada caso, al derecho a la tutela judicial efectiva.
La vulneración de estos múltiples contenidos puede darse en circunstancias que no
necesariamente han de estar previstas en la ley; como se dijera, quien tiene la palabra al
momento de establecer los supuestos de configuración en cada caso, es la justicia ordinaria.
Y en caso de que produzcan esas violaciones, es necesario que el ordenamiento jurídico
contemple un mecanismo idóneo para reconocerlas y repararlas. En el Ecuador, finalmente,
ha terminado de asentarse la tesis de que las resoluciones jurisdiccionales pueden ser
examinadas en un aspecto tan básico como el respeto a este derecho. Esta necesidad de
controlar los variados aspectos del derecho a la tutela judicial efectiva se satisface hoy a
través de la acción extraordinaria de protección, cuyo conocimiento incumbe a la Corte
Constitucional; aunque no debería pasar desapercibido que también los tribunales ordinarios
están en la obligación de velar por el cumplimiento de los supuestos que integran la tutela
judicial efectiva, porque es en el ámbito del proceso donde ellos se han verificado.
Alcanzar la justicia en las relaciones entre personas y sociedades constituye un anhelo ligado
a la dignidad humana. Así los grandes y pequeños conglomerados persisten en lograr el
equilibrio social con la aplicación de principios fundamentales, como reconocer y entregar a
cada uno lo que pertenece.
El equilibrio entre derechos demandados y deberes cumplidos, tiene su fórmula derivada de
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axiomáticamente, que la justicia como norma y el derecho como método, permiten encontrar
la paz social como eficaz consecuencia. Por todo ello existió y existe un clamor nacional de
contar en forma permanente con una eficiente administración de justicia, esto es que aquella
sea ajustada a las normas éticas y legales, a la actitud limpia y vertical de no favorecer ni
perjudicar a nadie; y, a la acción eficaz, totalmente eficaz, para que la justicia sea oportuna y
verdadera; estos son los objetivos que se pretende conseguir con el Código Orgánico de la
Función Judicial.
2.3. DERECHOA A LA DEFENSA, PROHIBICION DE INDEFENSION.
El derecho a la defensa se pierde en los siglos, con el aparecimiento del mismo hombre en la
faz de la tierra, considerando en cada época y etapa de la evolución de la humanidad, donde
muchos aspectos que forman parte de este derecho constitucional, han ido cambiando en
busca siempre del respeto total del derecho a la defensa que tiene toda persona que se
encuentra involucrada en la comisión de un ilícito; pues cuando alguien fue agredido, su
instinto de conservación, lo haría defenderse. Pero el legítimo derecho a la defensa vendría
después que se haya constituido el Estado, como un derecho fundamental del ser humano y
que nunca puede ser vulnerado, porque se su respeto da lugar a la igualdad de armas frente a
un proceso pena y fundamentalmente tiene un gran significado respecto del cumplimiento del
debido proceso, considerando que el acusado es la parte débil de la relación jurídico penal,
porque en contra del sujeto activo del delito está la Fiscalía General del Estado, la Policía
Nacional con sus ramas especializadas y toda la fuerza coercitiva del Estado; entonces por lo
menos el derecho a la defensa del acusado debe ser garantizado por los jueces que
administran justicia en materia penal, por cuanto la Constitución de la República a más de
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derechos de los sujetos procesales y de manera especial del procesado por su condición en la
que interviene en el proceso penal.
Entonces el derecho de defensa comprende varios aspectos jurídicos, no solo a ser oídos por
los jueces o tribunales, sino que el juzgador tiene la obligación de garantizar su pleno
ejercicio por parte de los sujetos procesales, dentro de los plazos que establece la ley y no en
cualquier tiempo, porque eso viola de manera flagrante es derecho que es la esencia del
proceso penal y lo que es más, los jueces a más de garantistas, deben tener una actitud
preponderante frente a los litigantes, actuando siempre con independencia e imparcialidad, ya
que solo ello garantiza una correcta administración de justicia en materia penal.
El Art. 76 número 7, letras a), b) c) e) y g), de la Constitución de la República vigente,
dispone: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado al derecho de la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento.
Concordancias: Art. 75 CR;
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
Prohibir es vedar el uso o ejecución de algo, en el caso a estudiar es impedirla defensión del
procesado o acusado, la tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales
reconocidos por la Norma Suprema, los instrumentos internacionales de derechos humanos y
19
órganos jurisdiccionales, quienes oirán al inculpado haciendo respetar el debido proceso y sus
principios que se encuentran establecidos en la norma constitucional; la ley procesal y el
Código Orgánico de la Función Judicial y su decisión o fallo estará apegada a Derecho, ya
que el juzgador con su capacidad intelectual y experiencia, siempre busca enaltecer la
majestad de la justicia. La parte final del artículo precedente incluso sanciona a los jueces al
afirmar: El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley; y, el
artículo 76.1 ibídem, consagra esa garantía judicial: Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes. Pues la parte más frágil y débil dentro de un enjuiciamiento penal es el inculpado, de
allí que se confiere derechos propios frente a las pretensiones de su adversario, en especial
del potencial que ejerce la Fiscalía General del Estado, con toda su infraestructura física y de
los recursos humanos que se encargan de investigar y colaborar con la búsqueda de la verdad
de un caso de carácter penal específico.
Celeridad de los operadores de justicia, En este apartado está destinado el estudio de la
prohibición de la indefensión del procesado o acusado, que las normas vedan para que no se
genere injusticia y se respete los derechos y las garantías que establece la Constitución de la
República. El artículo 14.1, primera parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos dice: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulado contra ella.
Los operadores de justicia no pueden entorpecer, a la parte más inerme dentro del proceso
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en base al principio de contradicción. La Ley Suprema contempla el principio de
contradicción, norma que es desarrollada en la ley procesal, ya que el imputado tiene derecho
a intervenir en todos los actos pre procesales y procesales que incorporen elementos de
prueba y, a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas.
Los jueces y tribunales de garantías penales, están obligados a no dejar en la indefensión, por
ningún motivo, al incriminado, por lo que deben guardar su protección judicial como lo
estipula el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; y
nuestra Norma Suprema en el artículo 76 numeral 1 nos dice: “Corresponde a toda autoridad
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes.
Tal es el caso de la Fiscalía General del Estado, si a un procesado se lo investiga o
interroga, sin la presencia de su abogado defensor, todo lo actuado carecerá de eficacia
probatoria y por ende no tendrá ninguna validez en ese proceso penal; y el juez tiene la
obligación de declarar la ineficacia de esa diligencia por así disponer el artículo 76. 4 de la
Constitución de la República que en forma expresa dice: Las pruebas obtenidas o actuadas
con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia
probatoria.
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proceso y se concreta en la participación en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer
sus facultades, representar argumentaciones y pruebas.
La intervención del abogado supone un control sobre la legalidad de la actuación policial y de
la fiscalía, y en buena medida una garantía de cumplimiento estricto del ordenamiento
jurídico, garantía que no puede ser desdeñada sino potenciada en el Estado Constitucional de
Derecho y Justicia que vivimos en el país, asignado al defensor una función de control de los
órganos de persecución.
Así el Estado debe garantizar que los procesados tengan efectiva y real oportunidad de hacer
valer sus razones durante la investigación del juicio, también se refiere a la búsqueda de la
verdad, o sea el derecho a la defensa es elemento esencial, insustituible e imprescindible de
contradicción de las pruebas.
En resumen, con este derecho se consigue lo siguiente: plena posibilidad de contravenir las
pruebas alegadas en su contra, traer al proceso las pruebas y lograr que sean decretadas,
practicadas y tomadas en cuenta las existentes a favor o las que neutralizan lo acreditado por
quien acusa, etc.
Indefensión.
Existe cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial de sus
derechos o intereses, mediante la apertura del adecuado proceso o la de realizar dentro de
dicho proceso las adecuadas alegaciones y pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que
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Hay que señalar, que como dice la doctrina, que la inobservancia de las formas puede
conducir o a la nulidad del acto o a una sanción, o bien no tener consecuencia, esto es que no
todas las normas procesales son tratadas con el mismo vigor, pues algunas pueden ser
meramente reglamentarias.
Que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe
preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente, conforme a los principios
sugeridos por las lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos y no
caer en ciertas vagas tendencias o equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo
o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del
sentimiento subjetivo de la justicia profesado por el intérprete a las pasiones y a la
arbitrariedad.
El derecho de defensa, también la imputación, como base del proceso penal, es exigida por el
derecho de defensa, pues, para que éste sea ejercido de forma idónea debe conocer el
individuo que conducta típica se le atribuye, cuales son los hechos atribuidos a su
comportamiento, pues, de otra forma le es imposible o se obstaculiza su defensa.
Los medios y circunstancias exigidas por los tipos penales conforman el supuesto factico de
la norma y su relación gravita con trascendencias en el ejercicio del derecho de defensa. Por
el ejemplo si X y B son imputados de haber dado muerte a T, pero solo el primero ejecuto
materialmente el acto con alevosía que lo convierten en asesino, no individualizar las
distintas conductas menoscaba el derecho de defensa de B, pues para todos los efectos
procesales la conducta imputada a este es el delito agravado y no el homicidio simple, por
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derecho de defensa, si en la misma hipótesis, suponemos que la imputación a X de haber
matado con alevosía solo surge en formas previas a la acusación final, esto es, al concluir la
instrucción, pues, éste ya no tiene opción para desvirtuar el cargo, sino es en el juicio.
Sucede lo mismo cuando los tipos penales describen medios alternativos de producir el
resultado, como en el caso de peculado en que resulta trascedente para la defensa conocer si
el cargo es apropiarse de fondos públicos o malversarlos. En estos casos el imputado debe
conocer en forma concreta la circunstancia desde el inicio mismo del proceso.
2.4. PRINCIPIOS PROCESALES.
El principio de igualdad.- Es deber del juez procurar hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, pues la credibilidad del proceso como instrumento de solución de conflictos, de
intereses, depende esencialmente de su capacidad para ofrecer a los respetivos titulares una
perspectiva de ecuanimidad, es indispensable que ambos litigantes puedan intuir alguna
esperanza de vencer y más aún que puedan confiar en la ventaja práctica de la victoria; la
igualdad de las partes se traduce en igualdad de riesgos. El principio de igualdad, es
obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en
el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente aquellas personas que, por su
condición, económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.
Principio de objetividad.- En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas.
Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la
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Principio de Buena Fe.- Las partes, sus representantes, sus abogados y en general sus partícipes en un proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respecto que
recíprocamente se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe; de igual modo el juez debe
impedir y sancionar cualquier conducta ilícita.
Principio de congruencia.- Congruencia es la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho fáctico imputado en el proceso y la sentencia. Relación de pertinencia entre hecho
imputado y hecho juzgado. El Principio de congruencia forma parte de ese conjunto de reglas
mínimas que por respeto a la dignidad del hombre han sido proclamadas para asegurar el
respeto de los derechos de las personas procesadas penalmente que han sido afectados por la
justicia Penal que es un instrumento de poder de los Estados que necesariamente afecta de
manera esencial a los derechos del individuo.
Principio Iura novit curia.- Es una aforismo latino, que significa literalmente el juez conoce el derecho, utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un
25 f) METODOLOGÍA
Se utilizarán los siguientes métodos:
Deductivo – Inductivo.- Es necesario partir desde la misma disposición del Código Orgánico Integral Penal frente a que etapa procede cambiar un tipo penal por parte del fiscal
y de acuerdo a las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia,
Analítico – Sintético.- Para la presente investigación, es necesario realizar un análisis de los principales elementos de defensa violados con el cambio del tipo penal por parte del Fiscal.
Histórico - Lógico.- Como elemento central de la investigación demostrar la violación del debido proceso y tutela judicial efectiva, que incide en la violación del derecho a la defensa
cuando se haya cambiado un tipo penal por parte del fiscal en una etapa precluida.
TECNICA DE INVESTIGACION.
ANALISIS DEL CASO. El caso que vamos a tratar, habla sobre un supuesto delito de delincuencia organizada, esto se inició con una investigación en la fiscalía de Delincuencia
Organizada, Transnacional e Internacional, en el cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, a
través del señor Fiscal Ab. Julio Cesar Basantes Ubilla.
Iniciada que fue la investigación, la fiscalía dispuso las diligencias necesarias a fin de
establecer efectivamente que las personas detenidas han participado en este delito, una vez
recabado los indicios según las consideraciones de la fiscalía, formuló cargos conforme lo
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organizada; dentro de la etapa de instrucción fiscal se mantuvo la investigación por el delito
de delincuencia organizada, donde jamás se ha solicitado reformulación de cargos para
cambiar el tipo penal por parte de la Fiscalía General del Estado, tal es así que en la audiencia
preparatoria de juicio el señor Fiscal conforme lo establece el Art. 603 del COIP, y de
acuerdo a sus atribuciones y por considerar de que existían los elementos de convicción
necesarios acusó por el delito de delincuencia organizada según lo establecido en el Art. 369
del COIP, en donde así mismo el señor Juez conforme lo establece el Art. 608 del cuerpo
legal antes invocado llamó a juicio por el delito de delincuencia organizada, en la que se ha
hecho un razonamiento de acuerdo al caso que puso a consideración la fiscalía.
Más sucede que ya en la etapa de juicio, es decir ante el Tribunal de Garantías Penales de la
Provincia de Los Ríos, el señor fiscal al momento de intervenir a fin de exponer su teoría del
caso, indicó que cambiaría el tipo penal de delincuencia organizada que está tipificado en el
Art. 369 del COIP, a asociación ilícita sancionado en el Art. 370 ibídem. Debemos indicar
que los verbos rectores de los tipos penales antes descrito, como son delincuencia organizada
y asociación ilícita son totalmente distintos, por lo que habiendo ejercido una defensa técnica
sobre el delito de delincuencia organizada, presentando elementos de descargo y que cambien
el tipo penal a última hora como se lo hizo en este caso real y practico, se viola efectivamente
el derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, ya que el
procesado jamás se defendió de un delito que jamás fue acusado ni llamado a juicio, y no solo
la fiscalía está en la obligación de respetar esos derechos constitucionales, sino que los jueces
están obligados a garantizarlos y no se lo hizo, quizás por temor o por ignorancia.
Y así se desarrolló la audiencia de juzgamiento en donde por parte del Tribunal de Garantías
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y falta de control de la norma constitucional procedió a dictar sentencia condenatoria en
contra de mi defendido por el delito de asociación ilícita, delito por el cual mi defendido en la etapa de preparatoria de juicio no fue acusado ni tampoco llamado a juicio, por lo que
debemos indicar dónde queda el auto de llamamiento a juicio que dictó el juez de primer
nivel, no se lo puede desconocer ni desmerecer, porque afectaría las garantías del debido
proceso, tutela judicial efectiva, y seguridad jurídica.
La Fiscalía General del Estado, en total abuso de sus atribuciones y fuera de toda norma
legal, actuó a ultranza en esta etapa de juicio, violando el debido proceso, derecho a la
defensa, tutela efectiva y seguridad jurídica, toda vez que el señor fiscal, en la única etapa
que puede variar el tipo penal por el cual va acusar, es en la etapa de instrucción fiscal
conforme lo establece el Art. 596 del COIP es decir reformular cargos, y no en la etapa de
juicio ya que no existe normativa legal o constitucional que de legitimidad al cambio de tipo
penal en la etapa de juicio a la Fiscalía General del Estado para así hacerlo, cuando ya hay un
llamamiento a juicio debidamente motivado, argumentado y razonado por parte del juez de
primer nivel, por lo que considero que el señor fiscal, jamás pudo haber cambiado un tipo
penal por otro en esta atapa de juicio en virtud de no existir asidero legal para poder hacerlo
en esta etapa de juicio, como sucedió en el presente caso, que se lo cambió de delincuencia
organizada a asociación ilícita en una etapa ya precluida.
No hay que olvidar que la fiscalía General del Estado deberá actuar conforme lo establece el
Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: La Fiscalía dirigirá, de
oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso
ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención
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mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación
en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y
dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias
forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá
con las demás atribuciones establecidas en la ley.
Si observamos este articulo antes descrito, vemos que indica que la etapa de juicio se
resolverá en base a la acusación fiscal, pero es en base a la acusación que realizó en la atapa
preparatoria de juicio, y que el señor juez penal motivó ese auto de llamamiento a juicio,
porque de lo contrario si la fiscalía siempre actuara de esa forma cambiando tipos penales en
cualquier etapa que no corresponde, entonces no estaríamos frente a un Estado constitucional
de derechos y justicia, sino que estaríamos frente a un estado de abuso y de barbarie.
g) PROPUESTA.
Con lo expuesto y presentado del caso cabe diseñar un documento de análisis crítico donde se
evidencia la prohibición que tiene la Fiscalía General del Estado al reformular cargos en la
audiencia de juicio, vulnera el debido proceso la tutela judicial efectiva, y la seguridad
jurídica.
ANTECEDENTE.
Para poder fundamentar este proyecto, nos vamos a referir e indicar que es el proceso, el
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justiciables en necesidad de dilucidar sus diferencias, de suerte tal que sin requerimiento
formal no hay proceso.
El Art. 167 de la Constitución de la Republica, dice la potestad de administra justicia emana
del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
funciones establecidos en la Constitución, es decir que hoy tenemos un proceso nutrido de
conciencia útil que haga sentirse al justiciable, la hombre común y corriente garantizado en
sus derechos naturales, por un juzgador auténticamente director y creador, que sienta que la
justicia realmente emana del pueblo, y que no es esta una simple expresión formal
introducida en el Art. 167 de la Constitución como entelequia irrealizable y gaseosa, así como
en el Art. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El ecuador que vive un proceso de cambio, exige que el servicio de justicia cumpla con los
requerimientos que el pueblo ansia considerando siempre que todos somos iguales ante la ley,
por eso el juzgador es sujeto principal de la jurisdicción en el proceso, y es a quien podemos
exigirle un comportamiento más efectivo en cuanto a la recuperación de su imagen ante la
sociedad, comportamiento que debe darse a través de prácticas de acercamiento al pueblo en
que funda el poder de administrar justicia, así el estado pretende devolver la paz social
alterada por el conflicto, pues el litigio separa a los hombres y siembra rencor, y el hombre
tiene ante todo la necesidad de vivir en paz, pero si no hay justicia no va haber paz.
El juzgador debe conducir al proceso a base de las exposiciones de las partes
preferentemente, porque son estos los llamados a precisar los hechos, a fijar el debate y a
convenir en los medios de confirmación, tareas todos de las que depende la fluidez y la
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para impedir las soluciones de continuidad y para convencer a las partes que la
fundamentación, es la muestra de la buena conducta procesal y de la eficiencia del oficio.
El derecho Constitucional, es la rama del derecho, que estudia los aspectos sobresalientes de
la organización del Estado, sus autoridades y funciones, los principios fundamentales de su
acción y control, con respecto a personas y grupos que habitan en su territorio y hacia el
exterior, dentro de un marco jurídico de libertades y derechos a ellos reconocidos; y deberes
asignados.
En el Derecho Constitucional, se conjuga la realidad política y jurídica de la nación
ecuatoriana, su objetivo es garantizar la convivencia democrática y consolidar un Estado de
Derecho, por ello, la parte dogmática de la Constitución no ha sido pensada con la finalidad
de organizar el Poder, sino otra más valiosa; tutelar a la persona humana frente al Estado.
La Constitución es una norma y como tal procede efectos, ella es la base angular sobre la que
reposa el ordenamiento jurídico del país, teniendo en cuenta que la Constitución, es una
manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que cuentan los ciudadanos
en un sistema democrático, es la supremacía de dicha normatividad, y el respeto de la
voluntad expresada en ella.
El principio de la supremacía constitucional, entraña una eficaz protección de la libertad y
dignidad del ser humano, en tanto obliga a los poderes constituidos, a que se sujeten en sus
actos y decisiones a lo dispuesto en la Constitución, en cuya parte dogmática se encuentra por
si decirlo el catálogo de los derechos fundamentales de la persona. La supremacía significa
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aplicar sus principios deben subordinarse a ella, y esto es obvio porque si la Constitución de
la Republica es una manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que
cuentan los ciudadanos en un sistema democrático, es la supremacía de dicha normatividad y
el respeto de la voluntad expresada en ella.
El artículo 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala el principio de aplicabilidad
directa e inmediata de la norma constitucional, las juezas y jueces, las autoridades
administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicar directamente las
normas Constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos
humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución,
aunque las partes no las invoquen expresamente.
Los instrumentos consagrados en la Constitución y los instrumentos internaciones de
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de
ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para
negar el reconocimiento de tales derechos.
CUERPO CENTRAL
La reformulación de cargos como única oportunidad de variar la calificación jurídica de la infracción investigada, la etapa de instrucción tiene como objeto recabar elementos de convicción para que el Fiscal formule o no una acusación contra la persona procesada. En la
audiencia de formulación de cargos, el fiscal se encuentra obligado a determinar la infracción
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deberá solicitar al Juez día y hora para la realización de la audiencia de evaluación y
preparatoria de juicio, donde el Fiscal emitirá su dictamen acusatorio o abstentivo.
El auto de llamamiento a juicio dictado por un Juez de garantías penales en esta audiencia
contendrá el delito acusado por la o el fiscal Art.608 COIP. Además, cabe recalcar que el
juicio, etapa principal del proceso penal, se sustancia sobre la base de la acusación fiscal
Art.609 COIP. En mérito de lo expuesto, el único momento procesal pertinente para
reformular la calificación jurídica de los hechos es durante la etapa de instrucción, así lo
dispone el Código Orgánico Integral Penal:
Art. 596.- Reformulación de cargos.- Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la
investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en
la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador, audiencia para
motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se
incrementará en treinta días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva
reformulación.
Esto conlleva que el Juez de garantías penales, así como el Tribunal que conozca la etapa de
juicio se encuentran limitados a decidir dentro de la litis, trabada por la acusación fiscal y la
defensa del procesado, puesto que la oportunidad procesal de cambiar la calificación jurídica
de los hechos ha precluido. Una interpretación contraria, implicaría una desigualdad
manifiesta entre las partes puesto que la calificación jurídica podría variar en el auto de
llamamiento a juicio y finalmente en la sentencia, privando al procesado de su derecho a la
