Studi in onore di Augusto Sinagra

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Studi in onore di Augusto Sinagra

Volume III Diritto dell’Unione Europea

Comitato promotore Paolo Bargiacchi Raffaele Cadin Claudia Regina Carchidi Gian Luigi Cecchini Paolo Gemelli Salvatore Lombardo Giovanni Michele Palmieri Edoarda Sanci Anna Lucia Valvo

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Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, /A–B

Roma () 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore.

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VOLUME III

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Indice

Algunas consideraciones sobre la sucesión mortis causa en el derecho internacional privado de la Unión Europea: compe-tencia judicial internacional y ley aplicable

Mª Dolores Adam Muñoz

 EU Migration Policy and the Principle of «Sincere Coopera-tion»: Some Appraisals on the ECJ Judgment EC–C–/ PPU in the Light of the Italian Municipal Law on Immigra-tion

Mariarosalba Angrisani

 La politica artica dell’Unione europea dopo Lisbona tra inno-vazione e illusione

Ezio Benedetti

 La política de inmigración en la Unión Europea: estado del arte y perspectivas

Irene Blázquez Rodríguez

 Giurisdizione e discrezionalità nello spazio giudiziario euro-peo: il forum necessitatis

Ruggiero Cafari Panico

 Prime riflessioni sul Brevetto Europeo Unitario

Giandonato Caggiano

 La valutazione delle performances operative dell’Unione euro-pea nelle relazioni con le Nazioni Unite e le Organizzazioni internazionali a vocazione economica

Cristiana Carletti

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 Studi in onore di Augusto Sinagra

 Il controllo dell’attività d’impresa nell’ordinamento giuridico internazionale ed europeo

Gian Luigi Cecchini

 Stato di cittadinanza e consegna dei ricercati in Europa: le problematiche relazioni tra Italia ed Albania

Sandro Cerini

 La politica sanitaria ed ambientale dell’Unione europea: pro-gressi ed evoluzioni di settori interconnessi

Claudio Costantino

 Plaidoyer per il diritto di replica alle conclusioni degli avvocati generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea

Carlo Curti Gialdino

 Immigrazione e integrazione: il contributo dell’Unione euro-pea

Luigi Daniele

 La coltivazione di organismi geneticamente modificati nel-l’Unione europea

Valentina Della Fina

 La revisione degli Accordi di Schengen ed il ripristino dei controlli alle frontiere interne

Lina Giuseppina Di Carlo

 La difficile posizione degli stranieri familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea e le discriminazioni a rove-scia: una questione ancora aperta?

Valeria Di Comite

 Migrazioni cd. stanziali, cittadinanza e «cittadinanze»: il sog-giornante di lungo periodo nell’Unione europea

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Indice 

 Dall’armonizzazione all’unificazione dei diritti interni nell’U-nione europea. Valutazione critica di una tendenza in atto

Paolo Fois

 Riflessioni sulla governance dell’Unione europea dopo la rifor-ma di Lisbona: Towards a Content–Based Approach?

Massimo Fragola

 Limitazioni agli atti normativi ultra vires dell’UE. Osservazio-ni a proposito delle sentenze Lissabon e Mangold del BVG

Miriam Immediato

 The European Union and the Protection of National Mino-rities. An Emerging System for the Protection of National Minorities in the European Union?

Tamàs Korhecz

 Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: la disciplina del Regolamento n. /

Rosanna La Rosa

 La Direttiva //UE sulla tratta degli esseri umani in rapporto con la legislazione italiana

Enrico Lanza

 La sentenza della Corte Costituzionale n. / sulla media-zione italiana ed il rinnovato interesse ad una pronuncia della Corte di Giustizia UE

Francesco Maiello

 L’embrione e il diritto comunitario

Luca Marini

 L’istituzione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: i rapporti con le Convenzioni internazionali in vigore

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 Studi in onore di Augusto Sinagra

 «Ordine pubblico europeo» e cooperazione giudiziaria in materia civile: brevi considerazioni

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Studi in onore di Augusto Sinagra

ISBN 978-88-548-6134-3 DOI 10.4399/97888548613431 pag. 9–31 (ottobre 2013)

Algunas consideraciones sobre la sucesión

mortis causa

en el derecho internacional privado

de la Unión Europea

Competencia judicial internacional y ley aplicable Mª D A M∗

S: . Introducción,  – . El Reglamento (UE) n. /: principios y fundamentos en los que se sustenta el Reglamento,  – .. (Sigue:)

ámbito de aplicación material, espacial, temporal y personal, – .. (Sigue:)

competencia judicial internacional en materia de sucesiones, – .. (Sigue:)

ley aplicable al fondo de la sucesión: regla general (art..) y excepción (art. .),  – .. (Sigue:) autonomía de la voluntad y orden de prelación en la determinación de la ley aplicable a la sucesión. Ámbito de la ley aplicable, 

. Consideraciones finales, .

. Introducción

El día  de julio de  se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) n./ del Parlamento Europeo y del Consejo, de  de julio de , relativo a la competencia, ley aplicable, reco-nocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la crea-ción de un certificado sucesorio europeo

. Este Reglamento tiene su origen en el art.  del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el cual prevé la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, tendentes a «mejorar y simplificar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, in-cluidos los extrajudiciales, así como fomentar la compatibilidad de las

Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Córdoba,

España.

. DOUE, L  de  de julio de 

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 Mª Dolores Adam Muñoz

normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción». Así, en el Consejo Europeo reunido en Tampere, los días  y  de octubre de  se aprobó el principio de recono-cimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones emanadas de las autoridades como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil, invitando al Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio. Como conse-cuencia de estas indicaciones, la Comisión y el Consejo adoptaron el de noviembre de  un programa de medidas para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo en el cual se describen la medidas relativas a la armonización de las normas de conflictos de leyes como medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo y se anuncia la elaboración de un instrumento en materia de sucesiones y testamentos

.

En el Programa de La Haya adoptado por el Consejo Europeo los días  y  de noviembre de 

se insta la necesidad de consolidar la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, subrayándose la necesidad de adoptar un instrumento en materia de sucesiones que abordara en particular cuestiones tales como los conflictos de leyes, competencia judicial, reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en materia de sucesiones, así como el certificado suce-sorio europeo. El Consejo Europeo se vuelve a reunir en Bruselas los días  y  de diciembre de , adoptando un nuevo programa plurianual denominado Programa de Estocolmo

. En dicho programa el Consejo Europeo considera que el reconocimiento mutuo debe am-pliarse a ámbitos de la vida diaria que todavía no están cubiertos por la legislación de la Unión, como lo son las sucesiones y los testamentos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los diferentes sistemas judiciales de los Estados miembros, incluido el orden público y las tradiciones nacionales en este ámbito. En este orden de cosas, es necesario faci-litar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente cuentan con dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situa-ciones de sucesiones mortis causa con repercusiones transfronterizas,

. DOUE, C  de  de enero de , p. . . DOUE, C  de  de marzo de , p. . . DOUE, C  de  de mayo de , p. .

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Algunas consideraciones sobre la sucesiónmortis causa [. . . ] 

ya que es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de la personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia

.

En efecto, se calcula que alrededor de .. de personas fallecen al año en la Unión Europea y, estimando que alrededor de unas . familias europeas se enfrentan al año a una sucesión internacional en las que los costes económicos son significativamente superiores a las sucesiones meramente internas (se calcula que alrededor de . billones de euros están implicados anualmente en el fenómeno sucesorio en el territorio de la )

, teniendo además presente que . millones de ciudadanos de la  residen en otros países de la Unión, el establecimiento de unas normas en materia de sucesión mortis causa será de suma utilidad y eficacia y de gran interés atendiendo a la seguridad jurídica que las mismas conllevarán.

El objetivo primordial de estas normas se sustentará en permitir a las personas que residen en la Unión Europea que organicen por anticipado su sucesión, garantizando de manera eficaz los derechos de los herederos o legatarios y de las demás personas vinculadas al difunto, así como de los acreedores de la sucesión.

No obstante, esta empresa no resulta en absoluto sencilla, debido fundamentalmente a los diferentes sistemas hereditarios de los paí-ses miembros. La evidencia de la disparidad de sistemas, asentada fundamentalmente en las divergencias existentes entre en el sistema romano–germánico y el anglosajón, es notoria

, pero a esto se añaden otras dificultades de índole más profunda, ya que los principios que presiden la regulación sucesoria están fuertemente arraigados en cada sistema jurídico, unos de base patrimonial y otros de base personal, siendo una pieza clave del derecho privado, ya que en ella confluyen los principales ejes del sistema. La concepción personalista que se tiene en el derecho continental, frente a la concepción patrimonialista de la Common Law ponen de relieve la diferencia de tratamiento que existe en relación con algunos aspectos de la sucesión, como, por

ejem-. D D, La sucesión y el fenómeno migratorio desde la perspectiva del Derecho

internacional privado español, en El Derecho Civil a años del Código de Napoleón. El Derecho

Español y Europeo, Ciudad de México, , pp. –. . Véase en www.lexdiario/noticias/.

. Sobre los diferentes sistemas sucesorios, vid. A M, Sucesiones

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 Mª Dolores Adam Muñoz

plo, la administración, liquidación y partición de la herencia (aspectos procesales para este segundo sistema en los que interviene el juez para habilitar al administrador) o la libertad de testar de este sistema frente a la limitación de la misma en el sistema continental. Todos estos elementos desembocan necesariamente en un conflicto de cali-ficaciones, que el derecho de la Unión Europea ha de tener en cuenta, los cuales se pusieron de manifiesto en el Libro Verde de  marzo de sobre sucesiones y testamentosen donde la Comisióninsta a los Estados y personas interesadas para que se pronuncien acerca de cue-stiones tan dispares en los distintos sistemas jurídicos con la finalidad de regular las sucesiones transnacionales en los tradicionales sectores del Derecho internacional privado, tales como la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución

, ya que, como reza el propio Libro, «la creciente movilidad de personas en un espacio sin fronteras interiores, así como el aumento del número de uniones entre nacionales de Estados miembros diferentes, acom-pañadas a menudo de la adquisición de bienes situados en territorios de varios países de la Unión, complican enormemente la sucesión»

. De este modo, mediante el Libro Verde sobre sucesiones y testamen-tosla Comisión inicia una consulta pública a los Estados miembros destinada a responder a los problemas concretos que, en materia de sucesiones y testamentos, se plantean a los ciudadanos de la Unión. La Comisión no prevé una armonización completa de las normas de derecho nacional sobre sucesiones y testamentos de los Estados miem-bros, pero en el Libro Verde se pregunta fundamentalmente sobre la ley aplicable y los criterios de vinculación así como sobre la competencia de los tribunales y los aspectos administrativos de una sucesión por medio de un certificado europeo de heredero y el registro de los testamentos, con el fin de elaborar un instrumento comunitario.

. C E, Libro Verde sobre Sucesiones y Testamentos,  de marzo de , COM ()  final, p. . Véase también Document de travail des services de la Comisión,

Annexe au Livre Vert sur les Successions el Testaments,  de marzo de , SEC () , p. .

. Las opiniones se leen en ec.europa.en/justice_home/news/consulting– public/successions/news/contributions/–successions–en.htm.

. La valoración a algunas de estas respuestas se pueden consultar en F S,

Valoración de las respuestas al Libro Verde sobre sucesiones y testamentos relativas a la competencia judicial, en V–G (coord.), Perspectivas del Derecho sucesorio en Europa, Madrid– Barcelona–Buenos Aires, , pp. –.

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Algunas consideraciones sobre la sucesiónmortis causa [. . . ] 

El contenido del Libro Verde lo podemos sintetizar sobre tres pilares fundamentales:

regular los conflictos de leyes en la Unión Europea. Dada la dispa-ridad de los sistemas jurídicos nacionales, puede darse el caso de que una misma materia no esté regulada necesariamente por el derecho de sucesiones en todos los países. Por esta razón, la armonización de las normas de conflicto de leyes debería acompañarse de una definición del ámbito de aplicación de la ley sucesoria, para, a continuación, determinarse uno o más criterios de fijación. La Comisión consulta al público sobre las cuestiones relativas a la ley sucesoria y, en particular, si las nor-mas de conflicto de leyes deben limitarse a la determinación de los herederos y de sus derechos, o cubrir también la liqui-dación o la partición de la herencia. La Comisión se pregunta asimismo sobre el criterio de vinculación que hay que utilizar para la ley aplicable: ¿conviene usar el mismo criterio para to-do el ámbito cubierto por la ley aplicable o podrían utilizarse distintos criterios para distintos aspectos de la sucesión?¿La nor-ma comunitaria de conflicto debe distinguir entre muebles e inmuebles?;

regular la competencia de los tribunales.El derecho nacional de los Estados miembros estipula diversos criterios para atribuir la competencia a un tribunal en caso de litigio referente a una sucesión: algunos consideran el último domicilio del difunto, el domicilio del demandado o de una parte en el litigio, la ubi-cación de los bienes, etc. La Comisión aborda la posibilidad de elegir un criterio de competencia judicial, los procedimientos de transferencia de bienes inmuebles, la competencia de las autoridades no judiciales y los fideicomisos;

 facilitar los aspectos administrativos de las sucesiones. Aparte de facilitar las normas de reconocimiento y ejecución, la Co-misión desea expedir un certificado europeo de heredero con el fin de facilitar a los herederos que puedan probar fácilmen-te su condición de tales sin que se vean obligados a incoar un procedimiento. Además, prevé el registro de los testamentos en todos los Estados miembros con el fin de facilitar su búsqueda, a menudo difícil si fueron redactados en el extranjero.

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 Mª Dolores Adam Muñoz

La Comisión se pregunta también sobre la posibilidad de suprimir toda formalidad de legalización o apostilla de los documentos públicos autorizados en un Estado miembro y relativos a una sucesión.

. El Reglamento (UE) n. /: principios y fundamentos en los que se sustenta el Reglamento

Como ya hemos señalado en líneas anteriores, este Reglamento tiene su origen en el art.  del  el cual prevé la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, tendentes a «mejorar y simplificar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, incluidos los extrajudiciales, así como fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción».

Su objetivo primordial es el de permitir a las personas que resi-den en la Unión Europea que organicen por anticipado su sucesión, garantizando de manera eficaz los derechos de los herederos o legata-rios y de las demás personas vinculadas al causante, así como de los acreedores de la sucesión.

Asimismo persigue suprimir todos los obstáculos a la libre circula-ción de las personas resultantes de las diferencias entre las normativas de los Estados miembros que regulan las sucesiones internacionales.

Como ya hemos señalado anteriormente, los sistemas sucesorios de los Estados miembros de la Unión Europea son diversos y se basan en principios diferentes, de ahí una de las dificultades principales a la hora de elaborar este instrumento normativo. No obstante, el Reglamentoha optado por el principio de unidad y universalidad de la herencia y así lo plasma a lo largo de su articulado

. La unidad se predica, en tanto en cuanto, la autoridad que conozca de la sucesión . En nuestro sistema sucesorio este es el principio que rige la sucesión. Vid. C-R, Sucesión hereditaria, en C C–C G (dir.), Derecho

internacional privado, II, ª ed., Granada, –, p.  y ss.. No obstante la Autora indica que el principio de universalidad que rige la sucesión en el derecho interno se corresponde en Derecho internacional privado con el principio de unidad, esta afirmación puede ser admitida en tanto en cuanto la sucesión formaría parte del estatuto personal y no del real, como sucedería en el sistema germánico–feudal, en donde el interés patrimonial constituye el fundamento jurídico de la sucesión; sin embargo, ambos principios (el de universalidad y el de unidad) son distintos en el ámbito interno.

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Algunas consideraciones sobre la sucesiónmortis causa [. . . ] 

va a decidir acerca de la totalidad de la misma y no sólo eso, sino desde el principio hasta el final del proceso sucesorio

. Así, la ley que rija la sucesión debe regular la misma desde su apertura hasta la transmisión a los beneficiarios de la propiedad de los bienes y derechos que integran la herencia. Ha de incluir cuestiones relativas a la administración de la herencia y a la responsabilidad por deudas y cargas de la misma, así como la prelación de los acreedores. De esta forma el Reglamento no considera eficaz la división entre los bienes muebles e inmuebles del causante respecto a su conocimiento y ley aplicable, como sucede en algunos sistemas estatales de la Unión Europea

.

No obstante, en situaciones concretas, la unidad quiebra en aras del principio de efectividad, ya que, a tenor del art. , cuando el causante posea bienes situados en terceros Estados el tribunal podrá, a instancia de una de las partes, no pronunciarse sobre los mismos si cabe esperar que su resolución no vaya a ser reconocida y, en su caso, declarada ejecutiva en ese Estado. Pronunciamiento que resulta lógico si tene-mos en cuenta que, en la mayoría de los Estados existe competencia exclusiva para conocer de los litigios en relación a los inmuebles si-tuados en su territorio. Es más, en nuestro sistema, para mantener el principio de unidad de la sucesión, el sólo hecho de que el causante posea bienes inmuebles en España otorga a los tribunales españoles competencia judicial internacional para conocer de la totalidad de la . Esta concepción es consecuente al sistema romano que inspira nuestro derecho internacional privado sucesorio. Como dispone el art. . del Codigo Civil, será la ley nacional la que regule la sucesión con independencia de la naturaleza y lugar de situación de los bienes que compongan la herencia: la sucesión por entero ha de quedar regulada por una sola y única ley, la ley nacional del causante. Esta concepción unitaria de la sucesión evita importantes problemas en lo que a conflictos de calificaciones se refiere. En efecto, la no distinción entre bienes muebles e inmuebles contribuye notablemente a esa finalidad en tanto que las diferentes legislaciones estatales no siempre coinciden en que ha de entenderse por tales. Hemos de tener presente que la sucesión puede presentarse a veces en casos extremadamente sencillos en los que no existirán controversias sobre qué ha de entenderse por muebles e inmuebles.

. El sistema territorial mixto se basa en la sumisión de los bienes inmuebles de la sucesión a la lex rei sitae (criterio territorial), y de los muebles, por lo general, a la ley del último domicilio del causante (criterio personal). De esta forma, el fraccionamiento se produce en el tratamiento de los bienes inmuebles de la sucesión; por su parte, respecto de los muebles, gozan de un tratamiento unitario. Algunos ejemplos de sistemas territoriales mixtos en Europa los encontramos en países como Francia, Inglaterra, Luxemburgo y Bélgica.

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 Mª Dolores Adam Muñoz

sucesión

.

Por otra parte, las normas del Reglamento utilizan el método, que no el sistema, unitario, ya que están dirigidas a garantizar que la autoridad que sustancie la sucesión aplique su propio derecho; así la regla general consiste en la coincidencia entre el forum y el ius

, si bien, el propio Reglamento prevé la posibilidad del quebrantamiento de esta regla a favor de la autonomía de las partes, tanto en la elección del tribunal, como en la determinación de la ley aplicable a la sucesión. Cuestiones que serán analizadas más adelante.

El punto de conexión por excelencia adoptado por el Reglamento para regir, tanto la autoridad competente, como la determinación de la ley aplicable, es la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, si bien, en aras de consagrar la autonomía de la voluntad, ésta puede quedar relegada si el causante determina como ley aplicable a la sucesión la ley de su nacionalidad. En este caso, no coincidirían foro e ius, si bien el Reglamento posé determinados mecanismos para corregir esta dicotomía, basados fundamentalmente en la autonomía de la voluntad de las partes en relación a la viabilidad de celebrar un acuerdo de elección de foro, posibilidad que tendremos oportunidad de analizar con más detalle más adelante. La autonomía de la voluntad queda limitada única y exclusivamente a la elección de la ley nacional para, según el Reglamento, garantizar que exista una conexión entre el causante y la ley elegida y para evitar que se elija una ley con la intención de frustrar las expectativas legítimas de los herederos forzosos. Observamos así como el Reglamento se identifica con otro principio básico del derecho continental, cual es la limitación a la hora de testar en detrimento de la libertad de la misma imperante en los Países de la Common Law.

La elección de la ley nacional ha de hacerse de forma explícita o resultar de manera terminante de una disposición que tenga el carácter de mortis causa. Esta ley determinará la validez material de acto de elección. Asimismo, la determinación de la nacionalidad se . Esta misma solución se adopta en el ordenamiento jurídico holandés. Vid. D-N (en colaboración con L y D), Ètude de droit comparé sur

les règles de conflicts de juridictions et de conflicts de lois relatives aux testaments et successions dans les États membres de l’Union Européenne.

. Sobre este método, G C, Las relaciones entre forum y ius en el Derecho

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Algunas consideraciones sobre la sucesiónmortis causa [. . . ] 

considera una cuestión prejudicial, de modo que ha de resolverse previamente antes de entrar a conocer del fondo de la sucesión

, si bien la cuestión de considerar a una persona como nacional de un determinado Estado ha de resolverse por las normas de ese Estado al igual que su concreción en el caso en que el individuo ostente varias nacionalidades

.

Con respecto a la residencia habitual, el Reglamento adopta un concepto autónomo dejando en manos de la autoridad que conozca de la sucesión su determinación, teniendo en cuenta las circunstancias de la vida del causante durante los años previos a su fallecimiento y, en el momento del mismo, evaluando todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la regularidad de su presencia en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia. Todas estas consideraciones ha de tomarlas en cuenta la autoridad con la finalidad de que la residencia habitual se manifieste como el lugar con el que el causante ha tenido un vínculo estrecho y estable.

El legislador de la Unión es consciente de que en numerosas ocasio-nes y, debido principalmente a la movilidad de las personas entre los diferentes Estados, la concreción de la residencia habitual del causante va a constituir una tarea difícil. Por este motivo señala algunos casos a título de ejemplo en los cuales pone de manifiesto dicha dificultad: tal sería el hecho en que el causante se ha trasladado a vivir a otro Estado por motivos laborales, o cuando haya residido en diferentes Estados de forma alternativa, o viajado de un Estado a otro sin residir . Así, la acreditación de la nacionalidad española del causante se ha de llevar a cabo con arreglo al derecho español de la nacionalidad y, sensu contrario, la precisión de la nacionalidad

extranjeradel causante se efectuará, en esta misma línea, con arreglo al derecho extranjero del país cuya nacionalidad se discute si ostentaba o no el causante. En caso de que el causante sea apátrida hemos de acudir al art. . de la Convención sobre el estatuto de los

apátridas, firmada en Nueva York el  de septiembre de , que indicará cual es la ley personal del causante, aplicando entonces la ley del país de su domicilio y, en su defecto, la ley del país de su residencia (aunque esta sólo sea fáctica). En el supuesto de que causante posea una nacionalidad indeterminada será de aplicación el art. . del Codigo Civil, que nos lleva a la aplicación de la ley del país de residencia habitual del causante. Por último, si se trata de un causante que ostenta varias nacionalidades, se ha de estar a los convenios internacionales que sean de aplicación y, en defecto de éstos, al art. . del Codigo Civil que nos indicará cual es la nacionalidad del causante que prevalece.

. C G, Dual Nationality and Community Law: The Micheletti Case, en

Tolley’s Immmigration and Nationality Law and Practice, vol. , , pp. –; L, Nota

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 Mª Dolores Adam Muñoz

permanentemente en ninguno de ellos, etc.. En estas circunstancias, la nacionalidad o la tenencia de los bienes en alguno de estos Estados en los que el causante se ha movido, podría ser un factor a tener en cuenta a la hora de determinar su residencia habitual por la autoridad competente, pero no los únicos.

.. (Sigue:) ámbito de aplicación material, espacial, temporal y personal El Reglamento determina la ley aplicable al conjunto de la sucesión por causa de muerte (art. .). Respecto a esta afirmación debemos tener en cuenta que el Reglamento no define el concepto de sucesión; no se trata, pues, de una definición propia del Reglamento sino que éste habrá de ser interpretado de forma autónoma por los Estados partes en el Reglamento, incluyendo todos los aspectos de una sucesión y, en particular, «la adjudicación, administración y liquidación de la herencia»

. A efectos orientativos, el art. ., let. a, define la sucesión como «la sucesión por causa de muerte, abarcando cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión ab intestato».

No obstante, el art. , pár. , excluye del ámbito de aplicación del Reglamentolas siguientes cuestiones: ) el Reglamento no será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas (art. , inciso segundo). Corresponde, por tanto, a los diferentes derechos internos determinar las modalidades de cálculo y pago de los impuestos y otros pasivos de derecho público, ya se trate de impuestos adeudados por el difunto en el momento del fallecimiento o de cualquier tipo de impuesto relacionado con la sucesión que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios; ) el estado civil de las personas físicas, así como las relaciones familiares y las relaciones que, con arreglo a la ley aplicable a las mismas, tengan efectos comparables (art. ., let. a); ) la capacidad jurídica de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. , apartado , let. c), relativo a la capacidad para suceder, la cual queda regida por la ley aplicable a la sucesión y en el art.  (art. ., let. b), referido al conflicto móvil en materia de . Así en nuestro derecho civil común, el concepto de sucesión y las diversas cuestiones que se desprenden de la misma quedará regulado por los arts.  a .

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Algunas consideraciones sobre la sucesiónmortis causa [. . . ] 

realización de una disposición mortis causa; ) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o la presunción de muerte de una per-sona física (art. ., let. c); ) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio (art. ., let. d)

; ) las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la muerte (art. ., let. e)

; ) la validez formal de las disposiciones mortis causahechas oralmente (art. ., let. f ); ) los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin per-juicio de lo dispuesto en el art. , apartado , let. i (art. ., let. g); ) las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, como las cláusulas conteni-das en las escrituras fundacionales y en los estatutos de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, que especifican la suerte de las participaciones sociales a la muerte de sus miembros (art. ., let. h); ) la disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas (art. ., let. i); ) la creación, administración y disolución de trusts (art. ., let. j); ) la naturaleza de los derechos reales (art. ., let. k). Sobre este particular se pronuncia el art.  del Reglamento, articulando, en la medida de lo posible, la adaptación de los derechos reales, así cuando una persona invoque un derecho real que le corresponda en virtud de la ley aplicable a la sucesión y el derecho del Estado miembro en el que lo invoca no conozca ese

. En relación con esta cuestión se está realizando en la actualidad un Reglamento relativo a la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y, por otra parte, un Reglamento en mate-ria de efectos patrimoniales de las uniones registradas. El proyecto de los mismos se puede consultar en COM()  final, / (CNS) y / (CNS), respectivamente,  de marzo de .

. Téngase en cuenta que sobre esta cuestión ya existen en la UE varios instrumentos reguladores, principalmente el Reglamento/ de  de diciembre de  del Consejo que sustituye al Reglamento/ que anteriormente también se aplicaba a las obligacio-nes alimenticias. Sobre los instrumentos internacionales que vinculan a España en materia de alimentos, véase, por todos, C C–C G (dir.), op. cit., pp. – y bibliografía allí citada.

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 Mª Dolores Adam Muñoz

derecho real en cuestión, este segundo Estado deberá adaptar ese, en la medida de lo posible, al derecho real equivalente más cercano de su derecho, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que el derecho real invocado persiga y los efectos inherentes al mismo; ) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo (art. ., let. l), ya que en esta materia los diferentes Estados suelen tener competencia exclusiva.

El Reglamento es aplicable en todos los Estados miembros de la Unión a excepción de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido y tiene carác-ter irretroactivo, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros. Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicha publicación se practicó el  de julio de ; no obstante, será aplicable a partir del  de agosto de , excepto por lo que respecta a los arts. y , que serán aplicables a partir del  de enero de , y a los arts. ,  y , que ya se aplican a partir del  de julio de  (art. ).

Se trata de un Reglamento de aplicación erga omnes o de carácter universal, por lo que la ley designada en virtud de las disposiciones del mismo se aplicará aun cuando no sea la de un Estado miembro (art. ). Así pues, además de ser aplicable a toda persona, es irrelevante que la ley designada por el Reglamento para regir la sucesión sea la ley de un Estado miembro participante, de un Estado miembro no participante o de un tercer Estado no miembro de la .

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