En medio de la trampa racional de escalamiento de la guerra, la confluencia entre el esfuerzo militar del Estado y el crecimiento del paramilitarismo condujo a un repliegue táctico de las guerrillas, en particular de las FARC. Sin embargo, hacia 2010 eran evidentes el agotamiento de la estrategia y el carácter improbable de la derrota de la guerrilla. Esas circunstancias abrieron una ventana de oportunidad para una nueva fase de peacemaking. Para Juan Manuel Santos estaba claro que “negociar la paz tiene sentido en ausencia de perspectivas realistas de lograr una victoria militar sobre los grupos rebeldes” (Nasi, 2012, p. 73). Luego de años de escalamiento de la guerra, aparecía el mecanismo del hurting stalemate en los propósitos del nuevo gobierno:
No descansaremos hasta que impere nuevamente el Estado de Derecho en todos los corregimientos de nuestra patria. Con la consolidación de la seguridad democrática hemos avanzado en esta dirección como nunca antes, pero falta camino por recorrer.
Llegar a este final seguirá siendo prioridad, y desde ya le pido a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas que continúe dando resulta- dos y produciendo avances contundentes. Al mismo tiempo quie- ro reiterar lo que he dicho en el pasado: la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.
(Santos Calderón, 2010, párr. 99)
bilidad de la paz, por dos razones: por un lado, el mantenimiento de la paz hace referencia a las misiones tradicionales de peacekeeping que la misma ONU revisa críticamente; por otra parte, las ideas de sustaining and sustainable peace se encuentran estrechamente ligadas a la visión que esta misma organización ha definido dentro de los Objetivos y metas de desarrollo sostenible.
El 26 de agosto de 2012 fue anunciado en Oslo el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el cual inició formalmente el proceso de paz con las FARC. Después de cuatro años de difíciles negociaciones, el 26 de septiembre de 2016 fue firmado en Cartagena de Indias el Acuerdo de Paz que, unos días más tarde, el 2 de octubre, fue recha- zado por un muy estrecho margen (0,43%) en las urnas, en medio de una altísima abstención (62,56%). El presidente Santos decidió convocar a las fuerzas políticas partidarias del “Sí” y a las partidarias del “No”, las cuales, en más de sesenta reuniones, construyeron una nueva versión del Acuerdo que fue negociada nuevamente entre el gobierno y las FARC, y que condujo al Acuerdo del Teatro Colón firmado el 24 de noviembre de 2016 y refrendado por el Congreso de la República unos días después.
En el texto final se recogieron 273 modificaciones de las cuales la mayoría correspondía a cambios del lenguaje o puntualizacio- nes y solo 9 alteraban puntos vitales del Acuerdo. En resumen, se acogieron 90 propuestas de los diferentes sectores promotores del No, una cifra desde luego significativa y que introdujo cambios relevantes en el Acuerdo y que en muchos sentidos mejoraron su comprensión y su objetivo. (Rodríguez Pinzón, 2017, p. 180)
El Acuerdo está conformado por seis acuerdos temáticos: a) refor- ma rural integral; b) participación política; c) fin del conflicto que incluye: cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la deja- ción de armas; reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, así como garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, con énfasis en lo que en el Acuerdo se denomina como “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”; d) solución al problema de las drogas ilícitas; e) vícti- mas que incluye el sistema integral de verdad, justicia y no repetición y, finalmente, f) mecanismos de implementación y verificación.
El tema de la concentración improductiva de la tierra es el nudo crí- tico del enfoque de desarrollo del acuerdo. Es un nudo crítico no solo por sus antecedentes históricos, sino también por sus consecuencias
en términos de equidad,10 eficiencia11 y sostenibilidad ambiental, en la medida en que esa concentración ejerce presión sobre áreas cercanas a fuentes de agua y a ecosistemas estratégicos. Los efectos del proble- ma agrario sobre el territorio hicieron que en el Acuerdo haya cierta sinonimia entre la cuestión rural y la paz territorial. De hecho, lo territorial se refiere casi exclusivamente a la cuestión agraria (Cairo et al., 2018). Sin embargo, las características de la economía política que han tejido la urdimbre de la guerra van más allá de la cuestión rural y, específicamente, de la cuestión agraria: usando la base de datos del Correlates of War Project de James Fearon y David Laitin para guerras civiles entre 1816 y 1999, Carles Boix (2008) concluye que el riesgo de guerra civil cae cuando hay mayor igualdad en la distribución de la tierra y mayor nivel de industrialización. Un enfoque transformativo de la paz territorial implica abordar, al menos, las injusticias relaciona- das con las cuatro características de la economía política identificadas en la sección dos de este capítulo.
Existe amplio acuerdo acerca de la mejoría en múltiples indicadores de violencia como resultado tanto del proceso (hubo mejoras antes de la firma) como del Acuerdo de Paz con las FARC. Según Gutiérrez Sanín (2020), el Acuerdo cerró el segundo gran ciclo de violencia polí- tica en Colombia, el ciclo de la “guerra contrainsurgente”. Sin embar- go, el mismo Gutiérrez advierte que el incumplimiento por parte del Estado puede ser la antesala de una nueva guerra o de una paz “calien- te”. Los indicadores que han empeorado (asesinatos de líderes sociales, asesinatos de desmovilizados y masacres) reflejan la oposición a los procesos de transformación de las condiciones y relaciones sociales.
10 De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario llevado a cabo por el Dane en 2016, 70,4% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) tienen menos de cinco hectáreas y ocupan el 2% del área rural dispersa, En el otro extremo, 0,2% de las UPA tienen mil hectáreas o más y ocupan 73,8% del área rural dispersa (Dane-CNA, 2016).
11 Según el mismo Censo Nacional Agropecuario, de 22 millones de hectá- reas aptas para la agricultura se usan apenas 7,1 millones de hectáreas;
mientras que, habiendo 15 millones de hectáreas aptas para la ganade- ría, se usan 34 millones de hectáreas, lo cual implica que el 66% de la tierra dedicada a pastos tiene un uso inadecuado.