Recurso de inconstitucionalidad 1777/2002 interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación con diversas disposiciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Recurso de inconstitucionalidad 1741/2004 interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversas disposiciones de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización de las Administraciones locales. Planteado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Tarragona en relación con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y promover la competitividad.
Presentado por el presidente del Gobierno en relación con diversos reglamentos de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de fomento y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversas disposiciones del Real Decreto-ley 9/2013, de 12. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversas disposiciones de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional.
Autos
Anula la suspensión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno nacional respecto de las distintas normas de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de promoción y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia. No reconoce la impugnación de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el presidente del Gobierno sobre las distintas disposiciones de la Ley 10/2014, del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre, sobre consultas públicas no referéndum y otras formas de participación ciudadana. La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del último párrafo del artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2015. La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Castilla -La Mancha en relación con los artículos 23.1 a) y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se confirma el texto refundido de la ley en la sub. Inadmisibilidad a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en relación con el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Inadmisibilidad a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 174.3, apartado cuarto, de la Ley General de la Seguridad Social. 2 Girona en relación con el artículo 16.3 de la Ley 17/2000 del Parlamento de Cataluña, de 28 de diciembre, de instalaciones comerciales. Levanta la suspensión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de diversas disposiciones de la Ley 3/2017 del Parlamento de Cataluña, de 15 de febrero, Libro Sexto del Código Civil de Cataluña.
Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto a determinadas disposiciones de la Ley 9/2017 del Parlamento de las Illes Balears, de 3 de agosto, reguladora de la tauromaquia y de protección de los animales. Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto a determinadas disposiciones de la Ley 9/2017 del Parlamento de las Illes Balears, de 3 de agosto, reguladora de la tauromaquia y de protección de los animales.
Votos particulares
Opinión especial en el sentido de que el caso debió ser sobreseído, por no cumplirse el requisito de la sentencia de aplicabilidad y porque la aplicación de la norma no genera situaciones desiguales según el municipio autónomo de residencia. ATC 43/2014, de 12 de febrero, por la que se aprueba la constitucionalidad de dos normas de reforma laboral contenidas en el Real Decreto 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que habían sido cuestionadas por el Tribunal de lo Social ninguna. Voto individual concurrente, disidente en parte de la base legal de la sentencia, pero no de la sentencia, que es compartida.
Voto especial dado que la Corte se ha apartado hasta ahora de la doctrina que necesariamente debió conducir a la declaración de inconstitucionalidad. STC 108/2014, de 26 de junio, por la que se desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, por entender que la disposición según la cual corresponde exclusivamente a la competencia del Estado permitir las concentraciones económicas y empresariales es compatible con la Constitución. No se puede considerar que la idea preconcebida de la negativa de Otegi a condenar la violencia terrorista de ETA tuviera que desaparecer y no persiste en la mentalidad de este juez.
Además, la negativa a condenar la violencia de ETA es un elemento que se ha utilizado expresamente para constituir un hecho probado que indique la responsabilidad penal de los recurrentes. STC 146/2014, de 22 de septiembre, por la que se desestimó el recurso de amparo interpuesto por Rafael Díez Usabiaga contra la sentencia del TS, que le condenaba a 6 años de prisión como autor del delito de participación en organización terrorista, que debió cometer como miembro de Bateraguna, en parte de la doctrina establecida por el Pleno cuando desestimó el recurso de Arnaldo Otegi. Voto Razonado sobre la remisión al abajo firmante en el recurso de Otega, señalando que la denegación de la condena por violencia de ETA es un elemento que se utilizó expresamente para constituir un hecho probado indicativo de la responsabilidad penal de los recurrentes.
STC 215/2014, de 18 de diciembre, por la que se desestima la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno de Canarias contra diversos reglamentos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al negar que se infringiera la reserva de ley orgánica establecida por la Constitución en la materia regulada por dicha norma; y también que el estado se extralimitó en el ejercicio de sus poderes. Opinión especial en el sentido de que si bien muestra cumplimiento de la sentencia, discrepa de los argumentos de la sentencia.
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