En este sentido, el proyecto de investigación pretende realizar un análisis comparativo del impacto en la regulación de los derechos fundamentales de los Códigos de Policía colombianos entre 1970 y 2018, (Decreto 1355 de 1970 y Ley 1801 de 2016). En el tercer capítulo se desarrollan los referentes constitucionales de la institución policial, los cuales establecen normas específicas para la protección de las personas y sus derechos fundamentales.
Marco teórico
Los cuerpos de policía
La Corte Constitucional, en sentencia C-453/94, establece tres criterios básicos que permiten comprender la naturaleza jurídica de la institución policial. La misión de la policía es eminentemente preventiva y consiste en impedir el establecimiento del orden público.
Policía y democracia
Al respecto, Jar (1999) afirma que “la grandeza de la democracia para la policía es que tiene toda la legitimidad y el apoyo social e institucional para realizar su trabajo” (p: 212). En la misma línea, Bayley (2006, p. 8), citado en PNUD (2013, p.116), señala que “una policía democrática debe ser responsable ante la ley y no ante el gobierno, y que los derechos humanos son un principio esa vigilancia, dando a la sociedad el poder de regular la actividad policial y dar la máxima prioridad a las necesidades de seguridad de los ciudadanos y las comunidades”.
Desempeño policial y derechos fundamentales
Para Díez-Picazo (2005), los derechos fundamentales van más allá, en la medida en que afirma que deben entenderse como “valores básicos de la democracia constitucional que vinculan a todos los poderes públicos” (p:54). De hecho, organizaciones internacionales como la ONU (2003) exigen que las PC "practiquen los derechos humanos, adopten una política global de derechos humanos para su organización e incorporen estándares de derechos humanos en las regulaciones". dentro de la policía" (p:1).
Regulaciones del derecho internacional aplicables a los cuerpos de policía
Instrumentos universales de los Derechos Humanos
Sin embargo, respecto de los miembros del PC, señala "limitaciones legales al ejercicio de tal derecho en el caso de miembros de las fuerzas armadas y de la policía" (ONU, 1966, p: 9). Además, el artículo 5 se refiere a “la capacitación de los policías y demás funcionarios públicos responsables de las personas privadas de libertad, la cual será plenamente garantizada.
Instrumentos específicos de derecho internacional
Destaca la importancia de las cuestiones éticas para el uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego e insta a los Estados a considerar su uso arbitrario o abusivo como un delito dentro de su legislación (ONU, núm. 7, párr. The use of force in Police Actions durante ilegal pero pacífico Ensambles.
Análisis de los Códigos de Policía en Colombia
Decreto Ley 1355 de 1970
A esto se sumó que gran parte del contenido, que el decreto legal determinó en las facultades de uso de la fuerza para los miembros de la policía, terminó con graves consecuencias para los derechos fundamentales de las personas, especialmente en términos de restricciones a la libertad. Este decreto tenía como objetivo severas restricciones a la libertad, especialmente las contenidas en el libro 2, titulado "Sobre el ejercicio de determinadas libertades públicas". Lo anterior era contrario a los mandamientos del Decreto 1355 de 1970, que estableció la prohibición del uso de medios inhumanos como uno de los mandatos más importantes en la configuración normativa del Código de Policía de entonces, como lo es el artículo 4 en términos.
En este orden de ideas se encuentran los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto 1355 de 1970, por nombrar sólo algunos. En estas circunstancias, el Tribunal Constitucional advierte que “las normas normativas que regulan el ejercicio del poder de policía están sujetas a límites derivados de la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad humana y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en lo que concierne a su núcleo esencial” (Sentencia C-024/94). 3 Libros: El primer libro sobre policía significa referirse a: reglamentos, permisos, órdenes, servicios policiales, vigilancia privada, uso de la fuerza, arresto, registro.
Ley 1801 de 2016
Del mismo modo, Salazar & Algarra (2018) señalan que el CPCC “es el instrumento normativo ideal del poder y la función policial para la transición al posconflicto, en la construcción de convivencia y paz con seguridad, y proyecta a la institución policial hacia un funcionamiento mucho más eficiente”. y más cerca del ciudadano. Este nuevo código establece un marco regulatorio que regula y orienta el ejercicio del poder, la función y las actividades policiales y cubre de manera integral todas las categorías de convivencia (seguridad, tranquilidad, medio ambiente y salud pública)” (p: 33). El segundo libro trata las cuestiones de la libertad, los derechos y obligaciones de las personas en materia de convivencia, y consta de 15 títulos: Título 1.
Es relevante resaltar que este apartado es la parte más completa de la norma, porque regula las situaciones que más afectan las relaciones de las personas en la sociedad, y la forma en que la policía interviene en la configuración del comportamiento del ciudadano como un delito. de la Ley 1801 de 2016. Finalmente, el libro tercero se encarga de definir temas procesales, tales como recursos policiales, medidas correctivas, autoridades y facultades policiales, procedimientos y mecanismos alternativos para la solución de desacuerdos o conflictos. Facultades excesivas de los agentes policiales para ordenar el traslado de protección de una persona.
La mayoría de las decisiones fueron adoptadas cuando la Corte Constitucional encontró una violación de los principios de reserva legal, reserva judicial y debido proceso constitucional (artículos 28 y 29 de la Constitución de 1991). El que falte el respeto, amenace o provoque a policías uniformados en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, la Corte declaró inaplicable el párrafo 2 del artículo 6223 del CNP mediante sentencia C-176 de 2007.
Una de las opciones es que el juez confirme la inconstitucionalidad de la ley, pero posponga a tiempo su eliminación del sistema. Los desafíos de la reforma y capacitación policial en el contexto del Estado de derecho y la democracia en México. Papel mediador de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto: un estudio del discurso experto con la AEDT.
Pronunciamientos Corte Constitucional frente a códigos de policía en Colombia. 1991 a 2018
Jurisprudencia Corte constitucional frente al Decreto 1355 de 1970
En el contexto de las observaciones anteriores, a continuación se analizan las diversas reformas jurisprudenciales que ratificarían la coexistencia de los artículos del Decreto 1355 de 1970 con los mandatos de la Carta Política de 1991. sociedad, porque dejó la posibilidad de emitir la orden de allanamiento a una autoridad policial. Por otra parte, la Sentencia C-087 de 2000, en ejercicio de la protección de los derechos fundamentales de la población, declaró la inexigibilidad del artículo 20516 de la Ley de la Policía Nacional, debido a la vaguedad e imprecisión de la norma.
Ante esta situación, se puede entender que dicha medida validó la decisión discrecional del policía en la aplicación de la medida correctiva únicamente según su criterio. Del mismo modo, la Corte en sentencia 179 de 2007 declaró la inexigibilidad de las expresiones “simplemente apreciar la personalidad del infractor” del artículo 22320 del Código Nacional de Policía. Al respecto, la Corte consideró enfáticamente que “en primer lugar, el mandato de una autoridad judicial competente como elemento previo e imprescindible dentro del conjunto de requisitos exigidos para la legítima privación de la libertad y, en segundo lugar, eliminar la posibilidad de .
Jurisprudencia Corte Constitucional frente a la Ley 1801 de 2016
Además del cambio mayoritario, la legislatura estatutaria requiere una sola legislatura para su aprobación y el requisito de revisión previa de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional24. 27 Se registró el reconocimiento de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcialmente) de la Ley 1801 de 2016, expediente No D-12690 del Tribunal Constitucional, publicado en el estado No. Estos elementos nos permiten constatar que en el país el consumo está prohibido, pero no penalizado, además, con base en la jurisprudencia y novedades regulatorias más recientes, los consumidores tienen derechos al respecto.
Las consecuencias de lo anterior son el decomiso de la dosis de estupefaciente, y la imposición de una medida correctiva de destrucción y la posterior multa económica, en el marco de un proceso administrativo. Cabe agregar que en el polémico decreto, si bien portar la dosis mínima no estaba tipificado como delito y por tanto no se castigaba esta conducta, sí se castiga. Además, señaló que para su protección la Constitución estableció las garantías de reserva legal y reserva judicial” (Orden C-223 de 2017).
Conclusiones
En consecuencia, el cambio de modelo constitucional derivado de la Carta Política de 1991 crearía fuertes tensiones y contradicciones entre el Decreto 1355 de 1970 y los nuevos mandatos constitucionales que pondrían especial énfasis en la protección y garantía de los derechos humanos y fundamentales. reconocer libertades y garantías para todas las personas previamente desconocidas para el Estado y permitir que los agentes de policía se excedan en sus poderes. Sería entonces, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como se explicó en el desarrollo del estudio, que desde el ejercicio del control de constitucionalidad se ha declarado la inexigibilidad y exigibilidad de varios artículos del Decreto 1355 de 1970. el claro fracaso de su interpretación e integración con los mandatos de la Constitución Política de 1991 en materia de protección, garantía y reconocimiento de derechos.
Asimismo, como se analizó anteriormente, aparecieron otras sentencias que limitarían el funcionamiento del código policial en favor de la protección constitucional de las personas y afectarían el uso de esta controvertida norma y la optimización de la seguridad y el orden público en el país. En segundo lugar, corresponde insistir en que el actual Código de Policía, en su proceso de formulación, violó lo dispuesto por la jurisprudencia31 y la Constitución de 1991 en cuanto a las reservas de derecho estatutario a los derechos fundamentales previstas en el artículo 152 supra, donde se señala que “(i) los derechos y deberes fundamentales y los procedimientos y recursos para su protección deben estar regulados por la ley; (ii) el poder judicial (…)”; caso especial, la Ley 1801 de 2016, que trata temas sensibles y de carácter individual y interés colectivo, tales como restricción de la libertad de circulación, libre desarrollo de la personalidad, acceso a bienes inmuebles, prohibición en espacios públicos, protesta social, debido proceso, reserva judicial, etc. originalmente regulados por la constitución política de 1991 y protegidos como derechos fundamentales Estas tensiones se repiten en la amplia jurisprudencia constitucional y sentencias de inejecutabilidad que fueron examinadas durante toda la investigación, que a través de su supervisión identificaron y subsanaron las amenazas o daños a los derechos humanos y las afectaciones al régimen democrático colombiano contenidos en los códigos de 1970 y 2016, especialmente en lo que se refiere a la regulación de derechos y competencias policiales para proteger la seguridad y el orden público.
Sistema de Derechos Fundamentales, Cap. II Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española, Ed. Introducción a la Teoría Jurídica de los Derechos Humanos, Madrid, Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo CICODE, Universidad de Alcalá. Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para agentes del orden Principios básicos para el uso de la fuerza y de armas de fuego por los agentes del orden.
Regulación y práctica de los derechos humanos para la policía Manual integral de derechos humanos para la policía. Porras Valencia, Deblin (2017) ¿El artículo 163 del nuevo código policial viola el derecho fundamental a la privacidad? Diseño de tablero basado en inteligencia de negocios para la policía nacional y código de convivencia.
