Lo anterior permite reflexionar respecto del desarrollo de los modelos implementados para la atención de la PPR. Esta era se caracteriza principalmente por el fortalecimiento de grupos al margen de la ley y su integración al territorio nacional (CNMH, 2018b).
Estas medidas tenían como objetivo garantizar que las fuerzas armadas, como principales ejecutoras de la política de seguridad y defensa, tuvieran mayores poderes legales, lo que les permitiría ser más eficaces en su lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Esta sería una de las señas de identidad de la Política de Seguridad Democrática, aunque fue limitada años después por una actuación del Tribunal Constitucional (2004).
Los actores en disputa
Esta guerrilla también tenía en sus filas a algunos sacerdotes católicos inspirados en la Teología de la Liberación6, a quienes buscaban. Su creación comenzó con el traslado de la dirección del KPK al ámbito rural, generando graves fracturas en su seno (Archila, 2008).
Las apuestas de paz
El primer intento de participación política de las FARC y otros exguerrilleros fue anulado por el asesinato sistemático de miembros de la UP y la poca voluntad de paz que tuvo el mismo grupo, aprovechando el cese al fuego ofrecido por Betancur para fortalecerse militarmente (Ramírez) , 2003). En enero de 1999, cinco meses después de su toma de posesión como Presidente de la República, Pastrana. El proceso de paz, que comenzó después de la creación de la zona desmilitarizada, tuvo un comienzo bastante controvertido, especialmente por su culpa.
Ante la Política de Seguridad Democrática, los grupos guerrilleros y paramilitares presentes en el territorio colombiano quedaron debilitados. De esta iniciativa sólo quedó excluido el Bloque Metro, facción escindida de las AUC y que había manifestado oposición al proceso (Presidencia de la República y Oficina del Alto Comisionado para la Paz s.f.). Para el año 2016 se firmaron los acuerdos finales entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el Teatro Colón de la ciudad de Cartagena de Indias (Santos, 2019).
Uno de los puntos claves de las negociaciones entre el Gobierno nacional, encabezado por Juan Manuel Santos, y las FARC-EP, fue el acuerdo sobre la participación en el ámbito institucional y político del país, de los ex integrantes de dicho grupo. 16 Elecciones Especiales de Paz, una representación mínima en el Congreso de la República para el nuevo partido FARC (5 senadores y 5 representantes en la Cámara), financiamiento especial para su funcionamiento y la promoción de sus plataformas programáticas como nueva fuerza política.
Las dinámicas del conflicto armado en Medellín
Una ciudad sometida a la violencia
En términos poblacionales, en Medellín se dio una característica particular: los jóvenes jugaron un papel esencial en la dinámica de la violencia. El primer período, denominado por el CNMH como El Marchitamiento de la Primavera en Medellín, se caracteriza por la aparición en la dinámica de la ciudad de grupos armados, los cuales se ubicaban en las zonas periféricas. Medellín, centro de la industrialización y pilar de la modernización del país, cuenta con una.
Por un lado, después de la Octava Conferencia de las FARC, al privilegiar la estrategia militar sobre el compromiso político, decidieron fortalecer su ejército. En este contexto, las AUC se propusieron responder a la urbanización de la guerra, que fue iniciada y desarrollada por la insurgencia. El gobierno nacional llevó a cabo esta operación militar con el fin de recuperar el control del Municipio 13 de Medellín.
La ciudad se caracterizó por una violencia multicausal, producto de la confluencia de estos diferentes actores, incluidos los llevados a cabo por el Estado. Luego de la intervención militar en la Comuna 13, la ofensiva paramilitar en la zona y contribuir a la muerte de sus dirigentes, la CAP desapareció. Este fue un factor que aumentó la vulnerabilidad de los jóvenes a las dinámicas violentas emergentes y al éxito de los numerosos grupos armados en la ciudad.
El objetivo central del BM era desterrar a los guerrilleros de la zona mediante métodos terroristas.
El caso de las milicias y los grupos paramilitares
Luego de observar ampliamente los hitos de violencia que marcaron el conflicto armado urbano en Medellín y la formación de los diferentes grupos, se discutirán los procesos de desmovilización de milicias populares y grupos paramilitares, y en este contexto el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín. . Sin embargo, hacia finales de los años 1990, estos grupos iniciaron sus disputas por el territorio, siendo el CAP quienes lograron sacar mayor ventaja y ampliar sus dominios territoriales, especialmente en la Comuna 13. En el año 2000, la Alcaldía Fue de Medellín consolidó información sobre pactos de no agresión con pandillas en los barrios de Medellín e identificó allí la presencia de estas organizaciones en 29 barrios de la zona noreste y 21 de la zona noroeste de la ciudad, es decir, áreas de influencia del población popular. milicias.
No se puede negar, por tanto, el fracaso de este proceso de paz, cuyas líneas explicativas se pueden resumir así: en primer lugar, a pesar del acuerdo, continuaron. 35 “Las Convivir fueron pensadas como cooperativas de vigilancia rural, pero pronto, a pedido del gobierno de Antioquia, algunas se organizaron en el casco urbano de Medellín. Los herederos del Buró fueron alias Valenciano y alias Sebastián, quienes iniciaron una guerra entre sí, alineando diversas bandas y combos en la ciudad.
Esto ha influido en la configuración de nuevas características demográficas y con ello en la agravación de problemas vinculados a las necesidades básicas insatisfechas, fenómeno definitorio del empobrecimiento de la mayoría de la población. Estas estrategias de privatización de la seguridad han dejado, por tanto, huellas incuantificables en el territorio y en la cultura de Antioquia (Angarita, 2012; Uribe, 2001).
La creación del Programa Paz y Reconciliación
Ha contribuido a la consolidación de una ética política basada en la exclusión, la estigmatización, la exclusión, la corrupción, el clientelismo armado y la violencia. Sus consecuencias aún persisten, pues a pesar de los esfuerzos institucionales y los procesos de pacificación, el paramilitarismo es un fenómeno que persiste en el país y continúa provocando numerosas violaciones contra la población. Paralelamente, al interior del gobierno nacional se estableció el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado por el gobierno de Álvaro Uribe y el equipo negociador de las AUC, cuyo objetivo era.
En el marco de estas negociaciones, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín fueron la región y ciudad respectivamente del país con más desmovilizados, esta última con más de 4.000 provenientes del BCN y BHG. De esta manera, el proceso de reintegración fue puesto en agenda al crearse el Programa Paz y Reconciliación en la Línea Gobernable y Participativa de Medellín, dentro del componente de Seguridad y Convivencia, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. A nivel nacional, al inicio del primer gobierno de Álvaro Uribe, la política de paz del gobierno se centró en el Programa de Atención Humanitaria a Desmovilizados (PAHD) del Ministerio de Defensa, que era responsable del proceso de desmovilización individual.
38 En el manual introductorio Volviendo a la Vida, la PAHD menciona: “Decidiste abandonar la lucha armada y ahora tienes la oportunidad de retomar una nueva vida, felicidades por esa decisión. Sin embargo, la desmovilización de los integrantes de la autodefensa Los grupos de defensa se llevaron a cabo sin una política nacional de reintegración, lo que mostró la fragilidad de la política implementada y del PRVC.
A manera de conclusión
Casos como el del barrio La Sierra muestran la complejidad de las dinámicas entre los diferentes actores armados. En cuanto a la dimensión ciudadanía, se ha señalado que uno de los catalizadores del conflicto armado fue precisamente la falta de acceso a las organizaciones democráticas por parte de la población, cuyos intereses no eran defendidos por los partidos tradicionales. En este punto, queda clara la importancia de la participación civil de los excombatientes, en el marco de las estrategias de paz y la transición a la vida civil.
Finalmente, en cuanto a la dimensión de seguridad, el caso de la masacre de la UP, en particular, ilustra el peligro que enfrentan los excombatientes que deciden abandonar sus armas para buscar cambios a través de la participación ciudadana. Entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, el Observatorio de la Memoria y los Conflictos del CNMH ha documentado 4.153 víctimas de la Unión Patriótica asesinadas, desaparecidas o secuestradas. Además, se hace evidente que, a raíz de las huellas en el territorio y las cicatrices en la población que ha dejado el conflicto armado, existen fuertes raíces culturales para ver al otro como un peligro, especialmente al otro diferente.
El foco de este último fue la defensa territorial, fortaleciendo las fuerzas militares del Estado, lo que llevó al debilitamiento de los grupos armados al margen de la ley. El contexto histórico del conflicto armado permite echar una mirada al pasado, construir herramientas institucionales efectivas que permitan avanzar, en términos de reintegración, a la vida civil de los excombatientes, mientras, desde esta perspectiva, se registran errores y aciertos. reconocido vivido a lo largo de la historia.
Proceso de reforma constitucional y resolución de conflictos en Colombia: el Frente Nacional en 1957 y la Asamblea Constituyente en 1991. Diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas. Acción colectiva, violencia política y género: El análisis de las organizaciones rebeldes político-militares en Colombia: El Ejército de Liberación Nacional (ELN), un actor referente [Tesis de maestría].
Un análisis contextual entre los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana y el de Juan Manuel Santos [tesis de maestría].
