6 Por ejemplo, sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el expediente No. 37-2006, sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Lima del 11 de febrero de 2010.
Delito de tráfico de influencias
La determinación de los bienes jurídicos tutelados por el tráfico de influencias sigue siendo un tema problemático en el derecho penal y la jurisprudencia, que obedece a varias teorías, incluida la teoría de la institucionalidad de la Administración Pública (Montoya et al., 2015, p. 143). . Nuestro Código Penal no ha establecido un marco penal abstracto diferenciado para ambos tipos de tráfico de influencias.
Delitos de peculado
En caso de malversación culposa, será castigado el funcionario que imprudentemente dé a otra persona la oportunidad de sustraer fondos o bienes del Estado. Los objetos a que se refiere la conducta sancionada en el delito de malversación son recursos o valores públicos.
Delito de colusión
El delito de colaboración puede cometerse en cualquiera de las etapas de la contratación estatal ordinaria: actos preparatorios, etapa de selección y etapa de ejecución. Siguiendo la teoría de la unidad del título de imputación, el interesado puede ser catalogado como cómplice o instigador del delito de cooperación ilícita (Salinas, 2019, p. 372-377). En el caso de simple colusión, el delito termina en colusión o acuerdo para defraudar al Estado (Salinas, 2019, p.
Mientras que en el caso de colusión agravada, además de la colusión, también será necesario causar daño patrimonial efectivo al Estado (2017, p. 131)34.
Delito de negociación incompatible
Tener un interés directo implica que el funcionario expresa personalmente sus intenciones particulares en relación con el contrato u operación (Rojas, 2017, pp. 822 y 823), para lo cual realiza todas las acciones necesarias para lograr el resultado deseado (Salinas , 2019, pág.678). Esto ocurre, por ejemplo, cuando el Estado negocia con empresas que aparentan tener diferente titularidad o representación o cuando en realidad son propiedad del funcionario (Rojas, 2017, p. 822); De igual forma, cuando se realizan transacciones ficticias con empresas inexistentes (2017, p. 822). El delito de negociación incompatible no requiere ni acuerdo con particulares ni la existencia de daño económico al Estado (Rojas, 2017, p. 816).
Se completa con la verificación exclusiva de conductas que expresan el interés particular del funcionario en contratos u operaciones y sin necesariamente generar un beneficio o daño económico para el Estado (Rojas, 2017, p. 826).
Bibliografía
De esta manera, como jefe del proceso penal tiene dos roles sucesivos: (a) jefe de la investigación preparatoria con el apoyo de la PNP y (b) fiscal en el juicio oral (San Martín, 2015, p. 206). El Presidente del Congreso informa a la Comisión de retiro de la inmunidad parlamentaria. La mitad más uno del número legal de miembros sin la participación de la Comisión Permanente.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, también ha reflexionado sobre el papel de los despachos de abogados en estos paraísos fiscales, como una amenaza a nuestro sistema anticorrupción (Luna, 5 de abril de 2016).
ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES DE LA
Etapas del proceso penal
Las etapas del proceso penal son esencialmente tres: (a) la investigación preliminar, (b) la etapa intermedia, y (c) el juicio o juicio oral. Se verifica si la imputación del fiscal cumple con todos los requisitos de ley y si existen elementos de convicción suficientes para proceder al juicio oral en el proceso, o en caso contrario procede archivar la causa (sobreseimiento) (San Martín , 2015, pág.302). Las características de esta fase son cuatro: (a) la competencia en esta fase corresponde al juez de la investigación preparatoria; (b) los principios de contradicción, igualdad de armas y oralidad rigen cuando todas las partes discuten los resultados de la investigación preparatoria; (c) el acto central es la audiencia de revisión de despido o la audiencia de revisión preliminar de imputación, donde se discuten los resultados de la averiguación previa; y (d) se decide si el caso merece pasar al juicio oral, ya que el juez evalúa si la acusación fiscal cumple con los requisitos exigidos por la ley (2015, p. 369).
La estructura del juicio oral es la siguiente: (a) el período inicial, que consta de las diligencias preparatorias del juicio, actos de iniciación, posible cumplimiento y nuevas pruebas; (b) el período de prueba, es decir, el momento en que se utiliza y discute la prueba; y (c) el período de decisión, que consta de los alegatos finales, la deliberación y la sentencia (2015, pp. 399-400).
La etapa de la investigación penal preparatoria
Se basa en la “sospecha descubierta” de la comisión de un delito por parte del investigado, debiendo la labor investigativa ser dirigida por el fiscal (San Martín, 2015, p. 319). El fiscal presentará la disposición para la formalización y continuación de la investigación preparatoria, la cual se sujeta a las formalidades del segundo párrafo del artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. Esta disposición tributaria impone una acusación formal, cuyo objetivo es informar al sospechoso de la investigación preparatoria, los hechos atribuidos y el contenido de la acusación jurídico-penal que se le dirige, para que pueda defenderse (2015, p. 318). ). ..
En el caso de procedimientos conjuntos, el período de investigación preparatoria es de nueve meses con posibilidad de prórroga por el mismo período; Cuando se trate de procesos complejos, es de dieciocho meses con posibilidad de prórroga por el mismo plazo; y en el caso de procesos por delincuencia organizada, 36 meses con posibilidad de prórroga por 12 meses más.
Prueba indiciaria en los delitos de corrupción
La prisión preventiva
Se requiere duda grave, es decir, que exista un alto grado de probabilidad de que la sentencia sea convincente, que el acusado haya cometido el delito y que estén presentes todos los presupuestos de pena y procesamiento penal. La presencia del riesgo de fuga o del riesgo de obstaculización de la actividad probatoria se requiere para justificar la prisión preventiva -puede ser una u otra-, sin perjuicio de que puedan concurrir ambos tipos de riesgos. Acuerdo Plenario No. 1-201945 establece que los hechos en los que se basa la probabilidad de fuga deben corresponder a "fuerte sospecha", por lo que se deben sopesar todas las circunstancias a favor y en contra de la fuga y evitar meras suposiciones.
Conducta del imputado durante el procedimiento: Se evalúa si actúa lícitamente luego de conocer la investigación y su conducta procesal en otros procesos, indicando su disposición a someterse a proceso penal.
La colaboración eficaz
Ayudar a conocer las circunstancias de la planificación y ejecución del delito, o las circunstancias en que se planifica o ejecuta; Ayudar a entregar artículos asociados con la actividad criminal, indicar su ubicación o indicar fuentes de financiamiento y suministro de la organización criminal. En dicho acuerdo se pueden estipular los siguientes beneficios: exención de pena, remisión de la pena para quienes estén cumpliendo condena, reducción de la pena y aplazamiento de la ejecución de la pena; Asimismo, la gradualidad de los beneficios será proporcional a la utilidad de la cooperación y su resultado.
En casos de corrupción, corresponde al Ministerio Público negociar y firmar la conclusión de la indemnización civil a favor del Estado.
Antejuicio político e inmunidad de altos funcionarios
El informe deberá terminar con la acusación del imputado o la presentación de la denuncia; En el primer caso, el informe deberá remitirse a la Comisión Permanente. El acuerdo para aprobar un cargo constitucional por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones requiere del voto favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de quienes integran la Comisión Permanente. El expediente con la acusación constitucional es remitido al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus facultades para iniciar el proceso penal.
La supresión del fuero se produce con los votos positivos de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso.
Bibliografía
Hecho incendiario: en este caso, el hecho incendiario fue un extracto de la confesión del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre los pagos al expresidente Toledo. En 2017, la Fiscalía de Lavado de Activos abrió una investigación contra el estudio de abogados Mossack Fonseca, en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, por el establecimiento de más de 250 sociedades offshore en diferentes paraísos fiscales. Además de un método periodístico y un enfoque adecuado, la investigación del rastro del dinero de actos de corrupción y otros delitos requiere técnicas informativas específicas.
A pesar de la opacidad del paraíso fiscal, existen herramientas gratuitas donde podemos buscar detalles de la constitución y vinculaciones de una sociedad offshore.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
Las técnicas de la investigación periodística
Preguntas de descarte: lo que sabemos de las sucursales de bancos peruanos en el exterior. Además, como miembros del ICIJ, realizamos una búsqueda de los nombres de estos operadores en el expediente del caso de los Papeles de Panamá. Identificar las modalidades utilizadas por los narcotraficantes para lavar dinero de origen ilícito en el Perú (depósitos consecutivos, transporte transfronterizo de dinero, sociedades monetarias, etc.) y los elementos más utilizados para ocultar sus actividades (minería, transporte e hidrocarburos).
En ese sentido, decidimos no centrarnos en un delito específico como el narcotráfico, sino sobre todo el sistema que permite operaciones financieras sospechosas.
Las herramientas para investigar actos de corrupción y lavado de activos
Sin embargo, una investigación sobre el sistema que permite y fomenta estas prácticas ilegales podría eventualmente conducir a una reforma duradera. La Vigilancia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) brinda información gratuita sobre el número de placa de un automóvil en el territorio nacional. El Sistema Estatal de Contratación Electrónica (SEACE) proporciona información sobre los procedimientos de contratación pública a nivel nacional.
Para lograr este objetivo, el periodista primero debe incluir en su radar temas como los paraísos fiscales y las sociedades offshore y profundizar en el papel de los despachos de abogados y las entidades financieras dentro de presuntas tramas de blanqueo de capitales.
Bibliografía