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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA DESDE LAS BANDAS CRIMINALES Y GRUPOS ARMADOS ORGANZADOS:
INESTABILIDAD Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA.
Autor del trabajo:
Wilson Martínez Suárez
Bogotá, Agosto de 2017
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Narcotráfico en Colombia desde las Bandas Criminales:
Inestabilidad y debilidad institucional en América Latina
1Wilson Raul Martínez Suarez2
Resumen
El presente trabajo tiene como propósito fundamental abordar de una manera analítica el surgimiento de las Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, el fortalecimiento del narcotráfico en Colombia y América Latina y la relación entre estos y el Crimen Organizado Transnacional, asumiéndolos como causa y a la vez consecuencia de la debilidad institucional que aqueja no sólo a Colombia sino a los países latinoamericanos y afecta la seguridad y el desarrollo de la región. Lo anterior, desde la perspectiva de la Teoría de la Interdependencia Compleja, que asume la existencia de actores, diferentes a los Estados, que interactúan en el Sistema Internacional a través de diferentes canales, usando diferentes medios de poder, y reorganizando las agendas nacionales y multilaterales.
Palabras clave: Bandas Criminales, narcotráfico, interdependencia, debilidad institucional, Colombia, América Latina.
1 Artículo de Reflexión presentado como opción de grado para optar al título de especialista en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Artículo vinculado al proyecto de investigación “nombre del proyecto (preguntar en la especialización)”, del grupo de investigación “Centro de Gravedad” de la Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Los autores agradecen el apoyo institucional.
2 Oficial del Ejército Nacional de Colombia. Mayor del Arma de Infantería del Ejército Nacional.
Profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes. Especialista en conducción y administración en unidades militares de la Escuela de Armas y Servicios.
3 Abstract
The main purpose of this paper is to analyze in an analytical way the emergence of the Criminal Bands - Organized Armed Groups -, the strengthening of drug trafficking in Colombia and Latin America and the relationship between them and the Transnational Organized Crime, assuming them as a cause and at the same time as a result of the institutional weaknesses that affects both Colombia and the Latin American countries and affects the security and development of the region. This paper is based in the perspective of the Complex Interdependence Theory, which assumes the existence of actors, other than the States, who interact in the International System through different channels, using different means of power, and reorganizing the national agendas and Multilateral agreements.
Keywords: Criminal bands, drug trafficking, interdependence, institutional weakness, Colombia, Latin America.
Introducción
La vida de los colombianos ha girado desde hace más de 50 años en torno al conflicto armado y a las diversas formas de criminalidad asociadas al mismo. Las políticas al interior de la nación y la delimitación de la política exterior colombiana también han tenido como eje central el conflicto, y en específico, el problema de seguridad que supone para los nacionales, y para la región, que se ve afectada por el desbordamiento, a través de las fronteras, de las diferentes formas de crimen organizado
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que se han visto amparadas bajo las estructuras ilegales que se heredan de la confrontación armada de larga data al interior del país
Es entonces cuando incluso, antes del reconocimiento de la globalización como un fenómeno nuevo y avasallante, las diferentes formas de criminalidad ya establecían redes para fortalecer su estructura, como lo advierte Bermejo
Ya en la segunda mitad del siglo XX aparecen conexiones entre diversos grupos del crimen organizado que colaboran en el establecimiento de redes de tráfico, primero de droga y tabaco y posteriormente de armas, de personas… de todo aquello que proporcione importantes beneficios. (2009).
Específicamente, el narcotráfico se erige como un negocio ilegal fructífero que ha sustentado la base económica de grupos armados ilegales, bandas criminales, y organizaciones dedicadas exclusivamente a este negocio. Estas organizaciones, encontraron en el cultivo, procesamiento y comercialización de estupefacientes el espacio de mercado perfecto para recibir ganancias inigualables con consecuencias catastróficas para la seguridad de los Estados, la estabilidad institucional de los mismos y de su población.
De esta forma, se ve el surgimiento de diferentes actores a nivel nacional e internacional dentro de diversas dinámicas y contextos al margen de la ley. Estas actividades ilegales se ven reforzadas por fenómenos económicos, políticos y sociales como la globalización, la diplomacia paralela al Estado y problemáticas como la debilidad institucional y las falencias en el establecimiento de políticas públicas eficientes.
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Así pues, se constituye como objetivo general de este trabajo determinar el contexto de surgimiento y fortalecimiento de las Bacrim como factor desestabilizador del país y la región a nivel político y económico. Esto se llevará a cabo a través de la descripción y análisis del surgimiento de las Bandas Criminales -Bacrim- y su estrecha relación con la configuración del narcotráfico en Colombia y la región, para concluir y validar la tesis que afirma que la consolidación y fortalecimiento de las Bacrim y la expansión del narcotráfico juegan un doble rol, por una parte como consecuencia de la debilidad institucional en América Latina que no ha impedido efectivamente la expansión y fortalecimiento del fenómeno; y a su vez como causa de dicha debilidad institucional pues a través de la expansión de sus redes permea y afecta el correcto funcionamiento de las instituciones de la región.
Este trabajo se basará en los elementos esenciales de los hechos más relevantes sobre el tema a través de la historia analizados a la luz de la teoría de la interdependencia compleja, tomando aportes esenciales para la comprensión del fenómeno, entendiendo que esta fue diseñada tomando como supuesto a las instituciones legales, pero que de base ofrece elementos teóricos precisos para la materia en cuestión.
Es importante analizar este fenómeno que ha llegado a delimitar la imagen del país en el Sistema Internacional y la manera en la que se relaciona con sus pares. Por tanto, es necesario entender desde la teoría (interdependencia compleja) y la práctica, cómo esta estructura ha logrado traspasar fronteras, entrando en el ámbito del Crimen Organizado Transnacional, poniendo en tela de juicio la efectividad de las autoridades e
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instituciones colombianas y regionales, y, constituyendo una amenaza para la estabilidad de las relaciones vecinales y regionales dada la susceptibilidad de éstas.
Este análisis tendrá como base los estudios desde la dimensión internacional de la diáspora criminal generada por la desmovilización de grupos armados y otros factores influyentes, sin embargo, cabe aclara que estos son limitados al analizar en una sola vía la línea de causalidad, es decir, se ve como consecuencia del crimen trasnacional la inestabilidad de cada país y el escenario en el que interactúan, pero no hacen énfasis que a su vez esta inestabilidad y debilidad institucional fortalecen la criminalidad entrando en un círculo vicioso dentro y fuera de las fronteras colombianas.
Para llevar a cabo este estudio se hará, en primera medida, una aproximación teórica de los aspectos relevantes de la interdependencia compleja expuesta por Joseph Nye y Robert Keohane que hacen una reflexión sobre las maneras en las cuales los Estados interactúan más allá de la esfera militar de realpolitik3 y la weltpolitik4, y contemplan que las interacciones entre sociedades se dan desde múltiples canales, con actores de diferente jerarquía y con agendas diversas que generan la interdependencia de los actores, sobre todo desde el ámbito económico. Así, en este capítulo se hará una explicación de la teoría y se abordarán los elementos claves que delimitarán el análisis a lo largo de los otros capítulos.
3 Realpolitik: Término acuñado por Otto Von Bismarck para referirse al equilibrio del poder y el ejercicio de la fuerza sin contemplar aspectos teóricos, filosóficos o morales. “Se usa para describir de manera positiva, materialista, razonable, específica y con un interés particular la manera de tratar las relaciones de poder abiertamente.”(Latour, 2004).
4 Weltpolitik: “Fue la política exterior que adoptaron los alemanes desde 1890 bajo la dirección del kaiser Guillermo II. Esta política tenía como objetivo la transformación de Alemania en una potencia mundial mediante un perfil diplomático agresivo e influyente en la comunidad internacional. (Juárez, SF)
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En el segundo capítulo, se realizará una descripción de las Bandas Criminales o GAO como criminal trasnacional contextualizando su origen y fortalecimiento. Para lo cual se tomará como punto de partida para este análisis los hechos políticos acaecidos en 2003 en Colombia, que se relacionan con la coyuntura en medio de la cual se desarrollan estos actores. En cuanto al narcotráfico, se hará un breve repaso histórico de su origen, su constitución como crimen trasnacional y la relación actual con los GAO.
Posteriormente, se hará una revisión del panorama regional de cara a la problemática y se analizará cómo se han modificado las relaciones con Colombia generando un ambiente de inestabilidad política en cada país afectado por este tipo de crimen y en organismos multilaterales de la región. Específicamente se abordará la posición de Unión de Naciones Suramericanas -UNASUR- y de la Organización de Estados Americanos -OEA- frente a este flagelo.
En el último capítulo se analizarán los elementos definitivos de la investigación para establecer cómo inciden en el fortalecimiento del narcotráfico y los Grupos Armados Organizados, y cómo el robustecimiento de la estructura incide nuevamente en los factores que mantienen y vigorizan la criminalidad trasnacional, convirtiéndose en un círculo vicioso, beneficioso para los delincuentes pero tremendamente peligroso para la legitimidad institucional de los Estados Latinoamericanos.
De esta manera, se dará pie para concluir y argumentar la doble posición de causa y consecuencia del papel actual de los GAO y el narcotráfico dentro de las agendas políticas de Colombia y la región; entendiendo la importancia de adaptarse a los retos, amenazas y condiciones que se dan con la reconfiguración constante del panorama nacional, regional e internacional en materia de seguridad y defensa. Esto no
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sólo desde una perspectiva netamente militar y práctica, sino desde un estudio juicioso de las herramientas que pueden ser la base para contribuir al desarrollo de estrategias efectivas que hagan contrapeso al surgimiento y expansión de las diferentes formas de criminalidad, que, surgiendo dentro de la nación tienen efectos nefastos más allá de las fronteras.
Teoría de la Interdependencia Compleja
El objeto de este capítulo es trazar un marco teórico que funcione como una carta de navegación para explicar cómo surgen actores y estrategias que conectan a las sociedades desde la ilegalidad, y cómo esta misma situación visibiliza la debilidad institucional no sólo en Colombia, como eje central de la problemática del narcotráfico, sino a lo largo y ancho de América Latina. Ya que esta región que es susceptible a “los cambios en el sistema internacional, en el concepto de seguridad y en la percepción de los países sobre sus vulnerabilidades” (García Cantalapiedra, 2004, p.82).
Revisión Analítica
La Teoría de la Interdependencia Compleja surge como un postulado ideológico a partir de las reflexiones de Joseph Nye y Robert Keohane (1997), sobre los cambios en el Sistema Internacional y la crítica al realismo que siempre había regido la discusión política, pero que a la luz de ciertos hechos históricos5 dejaba de funcionar para explicar
5 Entre los hechos históricos que obligan a cambiar el paradigma de las Relaciones Internacionales se encuentra, por ejemplo, el fin de la Guerra Fría, cuando se desplaza la atención de la puja directa
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cómo actuaban los Estados y la manera en la que surgían nuevos actores buscando diversas formas de interactuar bajo intereses más complejos de los que contempla el realismo.
El estudio de la teoría realista de la Política Internacional se ha realizado a partir de la adscripción por parte de Morgenthau al realismo político, determinando sus características junto a la utilización de dos categorías de análisis: interés nacional y equilibrio del poder, y revisando el carácter científico de las mismas.
De dicho estudio deriva la selección de las tres premisas como base de la teoría realista 1) el estatocentrismo; 2) la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales, y 3) la centralidad del poder. (Barbé, 1987, p. 154)
Precisamente las críticas de Nye y Keohane (1993), se basan en que los Estados no son los únicos detentores del poder y no son los únicos actores que pueden interactuar en un ámbito trasnacional. Así mismo, consideran que si bien las relaciones internacionales tienden a ser conflictivas por su misma naturaleza que los lleva a la búsqueda del poder. Dicho paradigma deja de ser aplicable a todos los casos, de hecho parten de “la premisa de que los Estados buscan poder e influencia, aunque no siempre en los mismos términos (en diferentes condiciones sistémicas, los Estados definen sus intereses de manera diferente)” (Keohane, 1993).
Del mismo modo, estos autores, uno neofuncionalista y otro neoliberal, refutan el precepto realista que indica que:
por el poder y se contemplan otras formas de interacción entre Estados y nuevos actores, por ejemplo desde la cooperación.
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Los actores transnacionales no existen o bien carecen de importancia política.
Sólo el experto ejercicio de la fuerza -o la amenaza de su empleo- permiten sobrevivir a los Estados y sólo con estadistas capaces de adaptar sus intereses, en el marco de un equilibrio de poder en adecuado funcionamiento, se consigue la estabilidad del sistema. (Keohane & Nye, 1988, p. 40)
De este modo, los autores proponen que el estudio contemple la participación de otros actores, que surgen de las mismas coyunturas históricas y que relegan la vigencia del estato-centrismo. Empero, cabe aclarar, que más que eliminar la teoría realista, busca complementarla contemplando otros factores que si bien no le otorgan a una u otra teoría la posesión sobre la verdad absoluta acerca de la descripción de la realidad, si se acerca a ésta con la implementación de herramientas que el realismo consideraba inútiles.
De este modo, la teoría se erige sobre tres pilares fundamentales: a) canales múltiples; b) conformación diversa de la agenda; y c) uso de la fuerza militar.
En cuanto a los canales múltiples, hace referencia a los modos mediante los cuales las sociedades se conectan:
Estos canales pueden resumirse, como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Las relaciones interestatales son los canales normales supuestos por los realistas. Las relaciones transgubernamentales aparecen cuando se flexibiliza el supuesto realista de que los Estados actúan coherentemente como unidades; las relaciones
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transnacionales surgen cuando se flexibiliza el supuesto de que los Estados son las únicas unidades. (Keohane & Nye, 1988, p.41)
Al respecto, los autores ejemplifican la visita a un aeropuerto de una ciudad industrializada dónde se ve la interacción de sujetos de negocios por celular, correo y otros medios electrónicos, a su vez, se puede apreciar la participación de funcionarios públicos en eventos organizados por fundaciones privadas, se ve la incidencia de los bancos multinacionales en las relaciones entre los Estados y sus particulares, etc. En este respecto, los autores hacen una aclaración de vital importancia: “la participación de amplias y dinámicas organizaciones, no enteramente controladas por los gobiernos, se ha convertido en parte normal de las relaciones tanto exteriores como internas”. Es decir, se deja el campo abierto para interpretar que hay asociaciones sobre las cuales no hay control absoluto y la existencia de estas puede llegar a determinar el modo en el que se plantean las relaciones al interior de un Estado y las relaciones exteriores del mismo.
Por tanto, contemplar esta singularidad en la aparición de nuevos canales y actores de interacción es vital para la investigación y el análisis que pretende desarrollar el presente documento, pues desde la teoría se plantea que en las nuevas dinámicas internacionales hay lugar para estas asociaciones delictivas que se sirven del flujo de las relaciones intra e inter estatales para lograr sus cometidos.
De acuerdo con Nye & Keohane (1988), estos actores son relevantes porque no sólo llevan a cabo sus diferentes actividades en pro de sus intereses particulares, sino que también funcionan como líneas de transmisión sensibilizando las políticas internas de los países. Por tanto, sus instituciones como vemos en el caso de las GAO y el narcotráfico.
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Es decir, esta sensibilización se puede observar claramente por ejemplo, en la determinación de la política ambiental interna. Esta debe ser consecuente con los tratados a los que un país se suscribe y así, la interacción en sus relaciones exteriores determina lo que sucede en el interior y viceversa. Lo mismo podría atañerse a este respecto teórico desde la problemática observada, al ser el narcotráfico un crimen trasnacional. Los efectos que se tengan en la región deberán delimitar las acciones de cada Estado afectado desde su interior, pero si desde su interior no se generan las respuestas visibles y efectivas que se esperan, esto a su vez repercutirá en la acción exterior y la recepción de la misma por parte de sus pares y los otros agentes involucrados.
El segundo pilar sobre el cual se forma la Teoría de la Interdependencia Compleja trata sobre el cambio de las agendas en materia de política exterior y su relación con la política interior que establece cada gobierno. Sin embargo, y tal como lo advertía Kissinger (1975), citado por Nye & Keohane (1988), las agendas políticas sobre las cuales se discutían las acciones exteriores de los gobiernos, se diversificaron de tal modo que la rivalidad territorial y la defensa militar dejó de ser la prioridad, y entraron a la discusión temas como recursos naturales, economía, medio ambiente y nuevas amenazas, sin tener un orden jerárquico específico, que precisaban de la unión de los Estados para enfrentarlas conjuntamente desde foros multilaterales o acuerdos bilaterales que les permitiera coordinar acciones para generar resultados efectivos.
De este modo, se ve el surgimiento de organizaciones trasnacionales y supranacionales, la mayoría de carácter regional, que reúne a los Estados de los diferentes hemisferios para discutir asuntos que competen a la región, dirimir
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diferencias y aunar esfuerzos para perseguir objetivos comunes. Empero, se puede observar en la actualidad que muchas de las iniciativas se quedan enredadas en los parapetos idealistas que sirvieron como cimientos de un mundo multipolar e integrado en la época de Franklin Delano Roosevelt,6 que contemplaba una completa cooperación y compromiso de todos los gobiernos para mantener la paz y la seguridad internacionales (ONU, 2017). No obstante, las resoluciones que surgen como resultado de las reuniones de los diferentes órganos y asambleas generales de las organizaciones no tienen carácter vinculante u obligatorio. Por tanto, como indican Valdés & Cascante (2007), si no hay un compromiso real y se perpetúan las fallas institucionales no se materializaran los acuerdos avocados, y las soluciones requeridas, asunto visible desde la Organización de Naciones Unidas -ONU- hasta UNASUR o la OEA como se verá más adelante aplicado a la materia de interés.
Por otra parte, como tercer pilar, los autores de la teoría analizan el papel de las Fuerzas Militares en la política internacional. Si bien parte de la base de la teoría se centra en la proliferación de nuevos actores, canales y preocupaciones para los Estados, la seguridad y la preservación de los mismos siempre será, dentro de una jerarquía tradicional de prioridades, el asunto más importante y de hecho vital para la estructura estatal y la población. Como los teóricos lo indica “la supervivencia es la primera meta de todos los Estados y en las peores situaciones la fuerza es el elemento final que garantiza la supervivencia. Así, la fuerza militar siempre es un componente central del poder nacional” (Keohane & Nye, 1988).
6 Presidente de Estados Unidos por 4 períodos, fue uno de los líderes que en la conferencia de Yalta de febrero de 1945 sentó las bases para la Liga de Naciones y sugirió el nombre para lo que hoy se conoce como Naciones Unidas.
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Es entonces cuando es válido reformular el papel de las Fuerzas Armadas pues su configuración ya no depende de la amenaza de un ataque externo, pues para menoscabar esta posibilidad se hace un uso político de la fuerza militar que desestimule la acción del oponente. Adicionalmente, se re-configura el papel de las fuerzas dentro de la sociedad, en especial en aquellas donde surgen nuevas y diversas amenazas que requieren de la acción integrada de las Fuerzas, la política interior y la política exterior.
Utilidad de la teoría
En suma, desde los tres pilares contemplados por la Teoría de la Interdependencia Compleja se desarrollan los posibles procesos políticos en los escenarios que se puedan presentar, sean desde la legalidad o la ilegalidad y que básicamente giran en torno a la cooperación entre los actores que tienen intereses comunes.
Es decir, desde estos planteamientos también se puede configurar el estrechamiento y la interdependencia de las relaciones de los gobiernos afectados por la problemática del narcotráfico y los GAO, pero en doble vía. Esta creciente interdependencia amplía los canales de dichos actores ilegales, beneficiándose de un mundo más abierto y globalizado, y de las fallas de institucionalidad de cada Estado y de la región en conjunto; como indica Daniel Rico “Esta integración internacional basada en alianzas para la expansión de mercados con nuevas zonas, nuevos productos y mejores márgenes de utilidad, sigue siendo el mecanismo de expansión más sólido
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(aunque poco visible) que tienen las organizaciones criminales fuera de Colombia”
(2013, p.6).
La teoría nació en un contexto histórico y geopolítico diametralmente diferente al de Colombia y América Latina; con unos precedentes de seguridad y defensa disimiles. Pese a esto, es útil porque la teoría sentó unas bases generales para la nueva era post-Guerra Fría que contemplaba el cambio de paradigma en el Sistema Internacional. Así el enemigo ya no era un Estado específico, ya no había una sola manera de comunicarse y establecer relaciones. Por tanto, se puede equiparar con la situación avocada. Colombia está en una época de post conflicto, su política interna y externa han estado estrechamente relacionadas con el propósito de coordinar esfuerzos para socavar el conflicto interno, y por tanto, sus relaciones tanto regionales como extra regionales, han giraron alrededor de un actor en específico.
Basta con revisar el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) en Colombia, pues de acuerdo al análisis de su programa de gobierno se podía afirmar que
“el objetivo principal de la política exterior de Uribe ha sido vincular el conflicto armado a la cruzada internacional liderada por la administración de George W. Bush contra el terrorismo” (Tickner & Pardo, 2002-2003, p. 68). A este respecto, la teoría da la razón en la práctica sobre la delgada y desdibujada línea que existe entre la política interna y la externa, pues por la creciente interdependencia, el engranaje debe moldear todas sus piezas para que encasen perfectamente.
Así, si en el gobierno de Uribe el principal enemigo era el terrorismo, en la época de post conflicto se diversifica la agenda política y económica, tal y como lo plantean los autores de la Teoría de la Interdependencia Compleja, escalando en
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prioridad otras amenazas, que si bien eran contempladas por las Políticas de Defensa de gobiernos anteriores, no tenían un lugar priorizado dentro de la jerarquía de la agenda.
Al tiempo, Stanley Hoffman (año), citado por Juan Gabriel Tokatlian y Rodrigo Pardo (año), hace un paralelo similar entre los cambios históricos que no sólo cambian la realidad del mundo sino los ejes temáticos sobre los cuales se hace necesario investigar, analizar y reflexionar a la luz de los planteamientos de los autores:
[…] coincide con lo que podría llamarse la aversión por la fuerza en la era post- Vietnam, y ascenso de los asuntos económicos al tope de la agenda diplomática, causados por una combinación de factores: la degradación del sistema de Bretton Woods, la importancia creciente del crecimiento económico y del bienestar social en la política doméstica de las sociedades avanzadas, el resurgimiento de agresivos impulsos proteccionistas para limitar los efectos negativos o maximizar las ganancias de la interdependencia, y la revuelta del Tercer Mundo.
Una vez más, las prioridades de investigación, y aquellas de política, se juntaron”. (1990, p. xx).
Dicho análisis hace énfasis también en el crecimiento económico de las sociedades, factor de importancia para el trabajo a desarrollar, pues la interdependencia además de ser política es económica. Como es bien sabido, la economía surge como una ciencia que estudia la manera de distribuir los bienes escasos. No obstante, es sabido que a pesar de los avances en las investigaciones micro y macroeconómicas, en la práctica, muchos experimentan directamente dicha escasez. Adicional a estos, experimentan la ausencia del Estado, la debilidad institucional, la falta de salud, educación y oportunidades, y se vuelven un foco de población vulnerable y susceptible
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de ser fácilmente influenciada para engrosar las filas de grupos ilegales y optar por negocios rentables y poco exigentes que se erigen como la opción más viable para encontrar resultados diferentes a los propuestos por el Estado.
Esta situación se vive en Colombia, Venezuela, Ecuador y, en general, la mayoría de los países de la región de Latinoamericana, y muchos del mundo.
Adicionalmente, una tradición histórica de violencia e ilegalidad ha servido como una sombrilla que cubre las actividades delictivas de los agentes que se han surgido y se han transformado con el paso de los años, tal y como también lo menciona la teoría de la interdependencia.
En términos generales, la teoría propone que hay nuevos actores y medios para hacer política, pero que las mismas condiciones del contexto internacional han llevado a los Estados a desdibujar el límite entre la determinación de sus políticas interiores y su política exterior, teniendo que aunar esfuerzos para bienes comunes, entendiendo que las amenazas se han transformado y sus protagonistas si benbin no dejan de ser otros Estados, surgen nuevos protagonistas en la escena de seguridad y defensa nacionales.
Así mismo, la teoría aplica para lo que sucede en el espectro del crimen trasnacional, en la medida que la internacionalización paralela al Estado, la globalización y la misma interdependencia ha permitido que las redes trasnacionales se fortalezcan sosteniendo sofisticadas estructuras criminales que dan soporte económico a otras formas de criminalidad, constituyéndose el narcotráfico como el negocio más tradicional, efectivo y rentable, que se favorece de las coyunturas nacionales e
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internacionales y de las condiciones propias que sugiere un país como Colombia que desde sus características geográficas, hasta sus problemas estructurales e institucionales, como la corrupción, se sirve como el escenario perfecto para el surgimiento, consolidación y fortalecimiento de estas modalidades de ilegalidad.
Grupos Armados Organizados
Desde hace varias décadas el fenómeno de la creación de autodefensas para apoyar las estrategias de seguridad nacional se desencadenó en una problemática denominada paramilitarismo, años después, con los procesos de desmovilización quedaron grupos disidentes y surgieron otros tantos, que basados en la misma estructura criminal pasaron a protagonizar el problema de las Bandas Criminales –Bacrim-, cambiando nuevamente de denominación recientemente con una nueva directiva ministerial, que si bien trata de ampliar la descripción y el alcance de la respuesta institucional, de fondo sigue tratando la misma amenaza, que tras casi cuatro décadas ha sido llamada de diferentes maneras pero ha seguido existiendo con la misma peligrosidad.
Con la expedición de la Directiva 0015 de 2016, a cargo del Ministerio de Defensa, la historia parece repetirse. La idea es caracterizar a los Grupos Armados Organizados (GAO), que en 2011 otra directiva ministerial llamó bandas criminales (bacrim), y que tiene capacidad de generar violencia armada contra el Estado o la población civil, con una organización y liderazgo, pero sin ideología política alguna. (El Espectador, 2016).
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Esta amenaza en particular tiene un tinte diametralmente diferente a la que suponía la existencia de grupos guerrilleros como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-, pues esta organización tenía un fuerte componente ideológico desde su nacimiento dándole una justificación política a su accionar delictivo, contrario a lo que encarnan por ejemplo la banda de los Urabeños, su propósito no corresponde al deseo de abrirse un espacio político o ideológico en la escena nacional, sino que buscan lucrarse de actividades que ofrecen ganancias ilegales pero espectaculares.
Así pues, específicamente los GAO son definidos actualmente desde una perspectiva más general, de acuerdo a la Medina:
Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley aquel grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. (2014).
Por su parte las Bacrim se habían caracterizado de un modo más específico, en cuanto se tenían en cuenta otros factores singulares que delimitaban su accionar, tal como las define Torrijos, citado por Suárez Vanegas para el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario son:
Organizaciones criminales (macro - delincuenciales) significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia
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emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades.
(s.f)
Sin embargo, desde esta formulación general para todas las organizaciones se pierde un elemento esencial, precisamente al ser organizaciones diferentes, que ejercen control sobre diferentes zonas del país, con integrantes de diferente naturaleza, y herramientas que varían entre grupos que no siguen un lineamiento general, se pierde efectividad en las respuestas institucionales al darle el mismo trato a todos los grupos sin detenerse en las particularidades de cada uno de las cuales puede depender el éxito o el fracaso de una estrategia para su ataque.
Los grupos armados organizados que todos están llamando bacrim no tienen una estructura jerárquica clásica ni todos comparten orígenes ni formas estructurantes comunes. Además, una de sus cualidades más prominentes es su naturaleza voluble y su necesidad de evolucionar. Las bacrim no son un
“enemigo” uniforme y no deben ser tratadas como tal. Esta es otra razón para no agruparlas a todas en el mismo saco. Se trata de fenómenos organizacionales con distintas lógicas y diferente grado de maduración. La generalización de sus características y la extensión de diagnósticos de un grupo a otro pueden llevar a cometer errores que limiten la efectividad del Estado en su lucha contra estas organizaciones. (Reed, 2011).
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Precisamente para poder caracterizarlas es necesario entender su origen, las condiciones que rodearon su fortalecimiento y su evolución que hoy amenaza no sólo la institucionalidad colombiana sino regional. Para ello, es necesario detenerse en el fenómeno conocido como paramilitarismo, específicamente en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Armadas de Colombia –AUC-, grupo armado ilegal que fue la cabeza del paramilitarismo en el país y cuyas negociaciones de paz han sido foco de debate dado sus vacíos legales y formales a los que muchos atañen el surgimiento de algunas Bacrim, que si bien no son una réplica exacta del modelo de las AUC, si funcionan bajo una dinámica similar.
De acuerdo a InSight Crime, las AUC “fueron una coalición de ejércitos privados de ultraderecha que utilizaron el conflicto para camuflar sus actividades económicas ilícitas, incluyendo narcotráfico, desplazamiento, secuestro y extorsión.
Las AUC, llegaron a operar en dos terceras partes del país, con cerca de 30.000 hombres” (2016). Así, a pesar de tener un somero componente ideológico, de fondo se lucraron de las actividades que patrocinaban como defensa de quienes eran atacados por los grupos de extrema izquierda, pero que finalmente terminaron afectando a toda la población civil independientemente de su condición política o socioeconómica.
Por ejemplo, acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz de la cual se hablará más adelante, varios de los integrantes y comandantes del desmovilizado grupo rindieron versiones libres sobre el modus operandi de la organización, modelo que el día de hoy utilizan las células que se desprendieron de dicha matriz y que han surgido desde otros contextos de la criminalidad en el país:
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El desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, aceptó ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz su participación en 87 hechos criminales, que incluyen masacres, secuestros y tráfico de armas. Mancuso dijo haber sido el autor intelectual de 336 asesinatos de personas con nombre propio y de centenares más que no están identificadas. (Caracol, 2007).
De la misma forma actúan los GAO, sus prácticas no se limitan única y exclusivamente al narcotráfico, sino que se dedican también al secuestro, las descuartizaciones, el sicariato, las extorsiones, la prostitución y diferentes actos de barbarie. Por ejemplo, León, en uno de sus artículos, cita uno de los casos de barbarie cometido por uno de estos grupos:
En la vereda Naranjal, el 6 de mayo de 2010, fue hallado el cadáver descuartizado de Eliécer Tordecilla, un ‘loquito’ muy querido de la población. Con una motosierra le cortaron las manos, la lengua y la cabeza. Y unos días después, las mujeres del pueblo que trabajaban haciendo panochas de coco para vendérselas a los turistas los sábados y domingos en el casco urbano de Moñitos, decidieron abandonar esa actividad, por seguridad. Son objetivo de los nuevos ‘Barones’ del crimen. Fue tanta la presión, que la Asociación de Panocheras se extinguió y, con ella, la posibilidad de subsistencia de unas 17 familias. (2010).
Este caso ejemplifica cómo las estructuras operativas de las AUC, PEPES, etc., las heredaron los GAO, evidencia la ausencia de una directriz ideológica y la ausencia
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de un objetivo específico, pues indistintamente de la condición social y económica, amenazan la seguridad de las poblaciones de los territorios donde hacen presencia.
Estos grupos, hoy día, funcionan como una red criminal y no como estructura;
además utilizan la subcontratación criminal para operar en las zonas urbanas;
utilizan la violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión;
pero sobre todo han entendido que al Estado no se le gana una guerra y que es mejor infiltrarlo por medio de la corrupción para garantizar la operatividad criminal. (Fundación Paz y Reconciliación, 2016).
Precisamente, se indica que uno de los movimientos estratégicos de los grupos disidentes de las AUC ante las negociaciones de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue la subcontratación de grupos delincuenciales, que hacían pensar que la delincuencia común era la responsable de los delitos que paulatinamente se fueron evidenciando desde el comienzo de las negociaciones que se iniciaron en el 2002.
Bajo el primer período presidencial de Uribe Vélez, se iniciaron una serie de acercamientos con el grupo paramilitar AUC, produciendo el acuerdo de Santa Fe de Ralito en el que participaron miembros de la Comisión Exploratoria de Paz, delegados de la Iglesia Católica, y representantes de las Autodefensas.
De acuerdo a cifras citadas por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, –Indepaz- “durante el período [2002-2006] se desmovilizaron 31.671 [colectivamente]
combatientes y se entregaron 18.051 armas, en los 38 actos de desmovilización”
(2013).
24 Tabla 1
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ley de Justicia y Paz. Avances en el Proceso de Justicia y Paz. Bogotá D.C. julio de 2010. Citado por Mejía y Valencia (2010)
Es entonces, en el 2015, cuando se aprueba la Ley 975 de Justicia y Paz, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”(CRC, 2005). Básicamente otorgaba beneficios a los desmovilizados que se acogieran a dicha ley, otorgándoles penas máximas de 8 años a cambio de confesiones y colaboración con las autoridades para la reparación de víctimas.
Empero, fue hasta el 29 de junio del 2010 que se emitió el primer fallo condenatorio en contra de dos ex integrantes de las AUC, en marzo del 2009 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá había proferido sentencia en contra de Wilson Salazar, miembro del bloque norte de las AUC, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló en segunda instancia la sentencia, lo que de fondo supone una incongruencia procedimental entre los entes asociados al proceso, que han suscitado dudas entre el público en general acerca de la efectividad de la Ley.
Por ejemplo, el escaso número de candidatos a acogerse a la Ley 975 de 2005 con respecto a la cifra total de desmovilizados ha sido una crítica constante al proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción –DDR-, precisamente, la reinserción ha
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sido la constante preocupación para las autoridades y la población en general, pues precisamente se ubica el origen de las Bacrim o GAO en los vacíos del proceso de reinserción.
Tabla 2
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ley de Justicia y Paz. Avances en el Proceso de Justicia y Paz. Bogotá D.C. julio de 2010. Citado por Mejía y Valencia (2010)
De acuerdo al informe publicado por Human Rights Watch, sobre el proceso de desmovilización y las bandas emergentes, se tiene que:
Si bien existen diferencias entre las AUC y los grupos sucesores, estos son en muchos sentidos una continuación de algunos de los “bloques” o grupos paramilitares. Según informó la policía, casi todos los líderes de los grupos sucesores son jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en muchas de las mismas regiones en las cuales tenían presencia las AUC, y operan en forma similar a estas: controlan territorios mediante amenazas y extorsión,
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participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra civiles. (2010).
En el siguiente mapa se puede observar la presencia de los GAO más importantes en todo el territorio nacional:
Gráfico 1
Fuente: El Espectador. (2011). Bandas criminales operan en 347 municipios. Recuperado de:
http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/bandas-criminales-operan-347-municipios-articulo- 311652
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De acuerdo al informe de la revista Semana sobre el balance de la Ley de Justicia y Paz que analiza la visión tanto del gobierno como de los críticos del proceso, concluye que:
Las cifras presentadas por el Movice7 muestran un porcentaje cercano al 10 por ciento, e incluso, la Policía Nacional estima que son cerca de 7.200 los ex miembros de las AUC que componen las bandas de Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio, Renacer, y las Águilas Negras (que no ha sido reconocida por el gobierno).
Precisamente, y tal como se ha mencionado anteriormente, se debe analizar el contexto de cada organización, dado que el origen de estos grupos y sus condiciones no se pueden generalizar bajo un precepto único. Así, a continuación se hará un breve repaso de los dos principales GAO.
Los Urabeños: También son conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tienen su base en el Urabá en el noreste del País en un corredor de gran importancia geoestratégica pues además de estar situado entre los departamentos de Chocó y Antioquía, se tiene acceso al Océano Pacífico y al Mar Caribe, localizaciones atravesadas por rutas esenciales para el narcotráfico.
Después de la captura de su líder, Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, quien fuese cabecilla del bloque Centauros de las AUC en los Llanos Orientales, el poder pasó a manos del cal de los hermanos Úsuga, quienes trabajaban con Don Mario y hacían parte de las AUC en el escalafón de mandos medios, copiando hasta cierto punto los
7 Movice: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
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modelos criminales de su antiguo seno criminal, pues “si bien ya no realizan masacres al estilo de las AUC, sus formas de operar son los asesinatos de tipo selectivo, las formas de intimidación a la población, el reclutamiento forzado, el desplazamiento de personas y el robo de propiedades.” (Amaya, González, Rueda & Contreras, 2012).
Adicionalmente, se han inmiscuido en los negocios de minería ilegal, extorsión a empresarios, comerciantes y vecindades enteras donde cobran una `prima de seguridad
`por protegerlos en sus barrios cuando el peligro son ellos mismos, aún más cuando el número de integrantes de la organización aumenta vertiginosamente, y se extiende a otros departamentos como Córdoba.
Los Urabeños cuentan con al menos 1.200 miembros en su primer nivel de mando, el cual está especializado en desplegar equipos (o células) de hombres entrenados y fuertemente armados en las zonas rurales vitales para las operaciones de narcotráfico. Una vez establecidas, las células tratan de reclutar informantes locales, especialmente colaboradores que puedan informar sobre las acciones de las fuerzas de seguridad en zonas como puertos marítimos naturales a lo largo de la costa del Caribe, así como en los lugares en los que se compra la pasta base de coca, como Caucasia o Tarazá en Antioquia. (InSight Crime, 2016) En la actualidad esta Bacrim o GAO cuenta con presencia en más de 17 departamentos del país, controla varias de las rutas del narcotráfico, las cuales disputa con otros grupos como Los Rastrojos y, antes del proceso de paz, con las FARC. Desde el 2013 Estados Unidos los incluyó en su lista de organizaciones internacionales de narcotráfico y desde el 2015 el gobierno nacional ha aumentado las operaciones en contra de la organización.
29 Los Rastrojos:
Hacia 2011, los Rastrojos eran la BACRIM más poderosa y el poder criminal dominante en Colombia. De acuerdo con algunas estimaciones, tenían presencia en 23 de los 32 departamentos colombianos17 y contaban con una fuerza militar de más de mil combatientes en las zonas rurales, además de controlar un gran número de oficinas de cobro, sicarios y redes de lavado de dinero. (McDermott, 2014).
Dado su presencia en gran parte del territorio colombiano, tenían acceso aún a más rutas que las aseguradas por los Urabeños, de hecho, controlaban el tráfico a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador y Venezuela. Sin embargo las fricciones internas dieron una ventaja competitiva al grupo mencionado anteriormente, finalmente en el 2012 uno de los líderes, Javier Calle Serna, se entregó a la Administración para el control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Luis, su otro hermano se entregó en octubre del mismo año, y poco antes el tercer hermano, Daniel, fue arrestado, al igual que Daniel “El Loco” Barrera, dejando a la organización a la deriva y con vacíos que fueron claramente aprovechados por los Urabeños.
Parte de su competencia con esta organización los llevó a establecer una estrategia de alianzas con las Farc y el Ejército de Liberación Nacional –ELN- que los alejaba de la ideología básica de las AUC sin prescindir de sus mismo métodos violentos e ilegales.
Los Rastrojos se diferencian de otros grupos criminales colombianos en que no necesariamente tratan de controlar cada parte de la cadena de distribución de la
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droga, operando, en su lugar, a través de alianzas estratégicas. Estas alianzas incluyen el trabajo con grupos guerrilleros y ex paramilitares de derecha para mover su producto.
En la actualidad, las autoridades nacionales creen que su número no supera los 300 integrantes, reduciendo así su presencia territorial y en la escena del narcotráfico, en especial a lo que respecta a los vínculos comerciales con Ecuador y Venezuela.
Precisamente, es el narcotráfico el común denominador de las prácticas ilegales de todos los GAO del país y de la región de América Latina, pues desde hace décadas se ha constituido como uno de los negocios más fructíferos, capaz de sostener amplias estructuras criminales y permear a través de la corrupción las bases institucionales de los Estados cuya respuesta ha sido ineficaz, a nivel nacional, regional e internacional, ante la magnitud de la problemática.
El comercio, o tráfico ilegal de drogas –alucinógenas o tóxicas-, se ha convertido en un complejo fenómeno que desde la globalización, ha estrechado los lazos entre los Países Latinoamericanos que se ven inmersos en la cadena de valor del tráfico de estupefacientes, dirigidos en su mayoría a Estados Unidos y que determina gran parte de la agenda bilateral entre ellos y los países de la región.
(…)El narcotráfico latinoamericano figura a fines del siglo XX y a principios del XXI como un novedoso mecanismo de poder económico y político en la región, que le brinda al sistema capitalista, prevaleciente en gran parte de los países latinoamericanos, un nuevo perfil. La producción y el comercio de drogas que se desarrolla desde [la] región y cuyo propósito central es exportar sus
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mercancías al mercado del llamado Primer Mundo, es un elemento que permite comprender de manera más amplia la dinámica en la que están inmersas nuestras actuales formaciones sociales. (Santana, 2004).
Desde la época de la guerra de Vietnam nace dentro de Estados Unidos una preocupación enfocada en el consumo de narcóticos, especialmente heroína, por soldados que habían participado en aquella guerra (Matthiesen, 1994). Para aquel entonces, los proveedores se ubicaban en el continente asiático, sin embargo, la ola marimbera en países como Colombia produjo un desplazamiento de la oferta de drogas, disponiendo en el mercado norteamericano, en su mayoría, distintos tipos de narcóticos de excelente calidad que respondían a las exigencias de la demanda.
Existen muchas causas por las cuales Colombia es un Estado con condiciones propicias para el desarrollo de la industria de las drogas. Entre esas, se pueden encontrar la situación geográfica interna (caracterizada por la fragmentación de regiones por aislamiento y la presencia diferenciada del Estado); la situación geográfica externa que conecta en el hemisferio los dos océanos como puente entre el comercio del Pacífico y del Caribe; unas condiciones agrícolas propicias para el desarrollo de multitud de cultivos; y la existencia de conflictos en la propiedad del territorio, sumado a unas condiciones de desigualdad que hacen de las ganancias ilegales un negocio atractivo por su rentabilidad.(Núñez, 2013).
De esta forma, los GAO han centrado gran parte de sus esfuerzos en expandir y asegurar su control sobre las zonas de cultivo y las rutas de comercio tanto dentro del país como fuera de él, estableciendo alianzas con cárteles tan peligrosos como el de
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Sinagoga en México, y posicionando al país como uno de los principales productores y distribuidores de coca, una de los alucinógenos más demandados a nivel mundial.
El 90 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene origen en Colombia.
Con esa cifra, este jueves [26 de enero de 2017] el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a agitar el debate por la estrategia contra las drogas que se implementa en el país que sigue ostentando el ´primer lugar como productor de esa droga en el mundo´. (Semana, 2017).
Sin lugar a dudas, el negocio para los GAO es fructífero, de acuerdo a cifras usadas por Rebollo (2011) la producción del kilo de cocaína en Colombia cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares y en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York puede venderse en aproximadamente 25.000 dólares, dejando una ganancia espectacular, más aún si se rebaja su calidad y se sacan más gramos.
Sin embargo, el negocio no es una relación exclusivamente bilateral entre Colombia y Estados Unidos o Colombia y España, al contrario, aglutina todos los países de la región, en especial los centroamericanos que son esenciales en las rutas de los traficantes y entre los cuales se desdibujan las fronteras dado el famoso proceso de globalización que también impacta de manera estratégica a los criminales internacionales. Así, clasificando el narcotráfico como crimen transnacional y relacionándolo con los fenómenos políticos, económicos y sociales de la actualidad, es válido afirmar que:
El concepto de crimen transnacional está estrechamente enlazado con el fenómeno de la globalización, puesto que es éste el que ha hecho posible que se
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puedan cometer delitos más allá de las barreras fronterizas de un país, al allanar las relaciones globales tanto de carácter público como privado, así como aportar un espacio mundial para la apertura del mercado económico, tanto físico (mediante la exportación e importación) como virtual (mediante las negociaciones a través de Internet), lo que abre todo un mundo de posibilidades para llevar a cabo conductas criminales. (Rodríguez, 2006)
Así pues, para llevar acabo dichas actividades criminales es necesario agrupar a las personas que cumplirán una función determinada para llevar a cabo las tareas necesarias para cumplir la meta propuesta, es decir, funciona de la misma forma que cualquier organización, la variación reside precisamente en la delimitación de dicha meta y los medios para alcanzarla. “La criminalidad organizada aparece entonces, como la profesionalización o tecnificación del crimen, para lo que se hace uso de lo que podría denominarse “ingeniería criminal”, creándose organizaciones (…) en las que se hace posible cometer determinados delitos de forma empresarial” (Rodríguez, 2006).
Por tanto, las Bacrim o GAO, se clasifican como organizaciones, de mínimo 3 integrantes que de manera concertada se reúnen para cumplir un objetivo, delinquir, y parte de su accionar se internacionaliza, convirtiéndose así en criminales transnacionales al traficar internacionalmente la droga producida en el país, además de los otros flagelos mencionados anteriormente, que convierten a estos grupos que en conjunto constituyen hoy en día el mayor reto de seguridad para Colombia, y el hemisferio.
34 Panorama Regional
La determinación de las agendas internacionales de cualquier país está limitada por las condiciones de su situación interna, sus amenazas y los intereses que los motivan a interactuar con el exterior en busca de la satisfacción de una necesidad.
Así desde hace varios periodos presidenciales, los mandatarios colombianos han iniciado proyectos internacionales que buscan no sólo legitimar sino adquirir los recursos necesarios para la consecución de los planes del cuatrienio. Ejemplo de ello es el Plan Colombia, un programa en el que Estados Unidos destina recursos a la lucha contra el tráfico de drogas en Colombia, tratando de erradicar la comercialización hacía su país. Se estima que desde el inicio del Plan Colombia hasta el año 2006 la ayuda económica por parte de Estados Unidos para programas, en su mayoría de asistencia militar y policial, superó los 5.000 millones de dólares (Rojas, 2006, p. 99).
Sin embargo, las estrategias a lo largo del tiempo se han dirigido a uno u otro extremo del problema, esto es, exclusivamente al consumidor o exclusivamente al productor. En la época de Alfonso López Michelsen, de acuerdo a Tirado Mejía (1989), el mandatario esquivaba el tema afirmando que la culpa era de la `demanda gringa´, fue hasta gobiernos sucesores en los que se adoptó una postura más radical que vino a la postre a solidificar los Planes Patriota8 y Colombia, estrechando las relaciones con Estados Unidos, quien también pretendía atacar exclusivamente la producción pero no la demanda.
8 “Es (…) una gran ofensiva de las fuerzas armadas colombianas, apoyada logística, estratégica y operacionalmente por Estados Unidos. El objetivo de este gran operativo ha sido recuperar el territorio considerado por años la retaguardia profunda de las FARC en las selvas del sur del país, para intentar debilitarla y provocar así el principio del fin de la guerra” (Rojas, 2006).
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Empero, la directriz impuesta desde el período presidencial de Marco Fidel Suárez del Respice Pollum9, que “trataba de establecer una relación estrecha, instintiva y familiar con Estados Unidos” (Tokatlian, 2000, p. 36), tuvo efectos contradictorios en la región, en especial en los países vecinos como Ecuador y Venezuela, quienes veían, por ejemplo, en el Plan Colombia una amenaza regional al pensar que la superioridad militar que podría ostentar el país con aquel Plan podría convertirse en una amenaza, en especial en los últimos años en los cuáles ha quedado marcada la polarización ideológica de la región.
De hecho, los puntos más álgidos de las relaciones de Colombia con sus vecinos se dieron durante los dos períodos de Uribe Vélez, quien se distanciaba notablemente de los proyectos políticos de Hugo Chaves y Rafael Correa, presidentes de Venezuela y Ecuador respectivamente en el período 2002-2010, agravando la cooperación para el trabajo conjunto de las GAO y la delincuencia en la zona fronteriza que afectaba y afecta aún hoy a la población asentada en la zona, en especial porque los pasos terrestres son los más usados por los criminales para transportar las drogas de un Estado a otro.
El caso de Colombia y Venezuela muestra un escenario donde, simultáneamente se presenta la mayoría de (…) fenómenos: falta de consenso de ambos Estados sobre la frontera, uso político de las rivalidades para unificar a la nación en contra de un enemigo común y alta sensibilidad en las fronteras, producto de la actividad combinada y simultánea del tráfico ilícito de drogas, la guerrilla, el tránsito de personas y otras manifestaciones de un conflicto que ya cumplió cincuenta años (Fuentes, 2008, p.7), y que pese a la desmovilización de las FARC, sigue habiendo contrariedades con las
9 Respice Pollum: Mirar a la estrella del norte –Estados Unidos-.
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organizaciones objeto de este trabajo, y con las que puedan surgir de la disidencia de la guerrilla mencionada.
Fue hasta el posicionamiento de Juan Manuel Santos como sucesor de Uribe Vélez, que se cambió de paradigma en la Política Exterior, sin que ello significase de fondo la `des-securitización´ de la agenda. Es decir, el tono y la estrategia cambió, la derrota militar de los grupos armados quedó como un plan B y se priorizó el proyecto de las negociaciones de paz que se recibieron con júbilo en los países circundantes, con quienes también se cambió el tono, sin dejar de lado el interés principal: el fin del conflicto interno y el ataque a las amenazas a la seguridad y defensa nacionales. Así,
Los gobiernos de Santos y Chávez revivieron acuerdos contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y la información compartida y los operativos conjuntos permitieron arrestar y extraditar a narcotraficantes como
“Valenciano”, el “Loco” Barrera y “Diego Rastrojo”, instalados en Venezuela.
(Ramírez, 2014).
Precisamente, Diego Rastrojo y Daniel el “loco” Barrera, fueron los líderes de la GAO Los Rastrojos de la cual se habló con anterioridad, siendo ejemplo de los logros que se pueden alcanzar cuando los esfuerzos institucionales se aúnan bajo un objetivo en común, dejando de lado el paradigma que indica que Colombia es en sí misma una amenaza para la región y convirtiéndola en líder de estrategias en común para los problemas que aquejan a los Países Latinoamericanos.
Así, cobran sentido los organismos multilaterales cuya función es el desarrollo de proyectos que beneficien a sus miembros, bajo esta dinámica desde el 2007 se da a
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conocer, lo que era la Comunidad Suramericana de Naciones –CSN- originada en 2004, como Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–, que desde su nacimiento ha tenido el objetivo general de “desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe” (UNASUR, 2017), y también para resolver los problemas que afectan a una de las zonas que sufre más desigualdad, pobreza y exclusión en el mundo entero.
Por tanto, uno de los flagelos que afecta transversalmente el desarrollo, la legalidad y la institucionalidad entre los países miembros de este foro es el narcotráfico, siendo sus líderes actuales los GAO que extiendes sus redes a través de Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, y México, principalmente.
Dado este panorama, en el 2009 se creó dentro del organismo el Consejo sobre el Problema Mundial de las Drogas -CSPMD- cuyos objetivos son los siguientes:
1. Proponer estrategias, planes y mecanismos de coordinación y cooperación entre los Estados Miembros para incidir de forma integral en todos los ámbitos de problemática.
2. Construir una identidad suramericana para enfrentar el problema mundial de las drogas, tomando en cuenta los compromisos internacionales, así como las características nacionales y subregionales, para fortalecer la unidad de América del Sur.
3. Fortalecer las relaciones de amistad y confianza a través de la cooperación interinstitucional entre las agencias especializadas de cada país, para hacer
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frente al problema mundial de las drogas, mediante el diálogo y la búsqueda de consensos. (UNASUR, 2017).
Es entonces, bajo la administración Santos y el proceso de paz que él lidera, que se ha dado un ambiente de mayor reciprocidad y cooperación, sin embargo los esfuerzos no se traducen al día de hoy en resultados cuantificables respecto a la disminución del tráfico y consumo de drogas.No obstante, y tal como se mencionaba al inicio del apartado, la situación interna de países como Venezuela, retrasan los esfuerzos comunes y desplazan el interés y el debate latinoamericano hacía las situaciones de emergencia, y las consecuencias de la inestabilidad de las naciones integrantes.
Por otra parte, existe un foro multilateral de mayor tradición que se remonta a 1948, y ha sido el órgano consultivo regional por excelencia, este es la Organización de los Estados Americanos –OEA–.
Con la indiscutible preponderancia de Estados Unidos, la OEA se mantuvo en una posición tradicional de los temas de la agenda regional, sobre todo en lo relacionado con el problema de las drogas y la forma de enfrentarlo. Estados Unidos fue la cabeza de la guerra contra el narcotráfico en el continente, una estrategia en la que los recursos se invirtieron en el aumento de las capacidades nacionales para atacar los cultivos ilícitos, privilegiando las formas duras como las aspersiones aéreas, en el caso colombiano, y la persecución armada de los diferentes carteles. (Cadena & Devia, 2013).
En un principio, los preceptos esbozados por este organismo y la UNASUR se contradecían y de hecho minaban la preponderancia del organismo en el hemisferio por
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el surgimiento de organizaciones que fraccionaban y dilataban el alcance de la primera.
Pese a esto, se dieron dos documentos de carácter académico que generaban las prospectivas sobre el problema de las drogas hasta el año 2025, y que sería el fundamento de la “Declaración de antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas.”
El equipo de expertos reunidos por la OEA determinó que con la trayectoria que marca el presente, para 2025 habrá una demanda considerada de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y medicamentos ilegales, produciendo así personas drogo dependientes, otras desarrollarán infecciones y enfermedades peligrosas. Perseverarán las actividades ilegales por el deseo de conseguir dinero fácil y los interrogantes estarán abiertos: ¿qué pasará con la violencia en la región, con el lavado de activos, con el consumo?, ¿qué medidas tomar o mezclar o buscar?, ¿será suficiente?, ¿innovar en los enfoques o seguir con los mismos?, entre otras incertidumbres que involucran la aceptación de algún método para tratar el problema. (OEA, 2013, citado por Cadena & Devia, 2013).
Por tanto, dicho equipó trazó cuatro posibles escenarios sobe el método que debería adaptarse, teniendo en cuenta las enseñanzas adquiridas a través de la experiencia de atacar unilateralmente la demanda, o la producción o la comercialización, o el fortalecimiento de las instituciones a las que atañe la problemática, por tanto tal vez el logro más importante de esta prospectiva, al menos sobre el papel ha sido el reconocimiento de coordinar esfuerzos entre la multiplicidad de actores y de factores que intervienen en el accionar de las GAO en especial en lo que respecta al narcotráfico.
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Narcotráfico desde los Grupos Armados Organizados: Causa y Consecuencia de la debilidad institucional en América Latina.
La información planteada anteriormente, ha esbozado la dimensión de la amenaza que supone la existencia de la disidencia de grupos como las AUC, las FARC y el surgimiento de un sinnúmero de agrupaciones que desde una cultura de ilegalidad y dinero fácil reproducen modelos delictivos que han logrado posicionarse en el escenario regional y mundial gracias a las herramientas ofrecidas por fenómenos como la globalización, pero sobre todo por la debilidad institucional de los países inmiscuidos en la diatriba.
Parte de la declaración para la política integral antidrogas expedida desde la OEA, examina en uno de los escenarios, específicamente el de juntos, la necesidad de contemplar alternativas para prevenir no sólo la producción y consumo de drogas, sino la prevención del crimen general, de la violencia y de la corrupción:
Por medio del fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad pública, generando así mayor seguridad y credibilidad en las instituciones e impulsando una alianza regional basada en trascender los intereses particulares, la desorganización y la vulnerabilidad de algunas instituciones que son intervenidas por el crimen organizado. (Cadena & Devia, 2013).
Como se mencionaba anteriormente, América Latina es una zona rica geográficamente, localizada sobre suelos altamente productivos y con ventajas geopolíticas que podrían hacer de la región una de las más fructíferas del mundo,
