Impactos sociales y ambientales de la urbanización costera objeto de la legislación turística del general Franco 2. Síndic de Greuges (*transcripción textual) - Incidencia de la actividad urbanística en el mundo rural.
P RESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
De ahí que se tengan en cuenta aspectos como: las graves dificultades que se encuentran actualmente para acceder a la vivienda; la falta de transparencia en la asignación de viviendas tuteladas; las tensiones que pueden surgir entre la urbanización y las necesidades del mundo rural; la invasión urbana del litoral; Las erróneas predicciones del urbanismo y su choque con la defensa del medio ambiente o el crecimiento sostenible son sólo algunos de los muchos aspectos analizados durante las sesiones de trabajo de estas jornadas. Me gustaría expresar mi agradecimiento por el apoyo que he recibido de las autoridades regionales y locales, y en particular mi agradecimiento a todos mis compañeros, defensores del pueblo y todo su personal que participó en esta intensa reunión de trabajo, para la cual el Hostal de San Marcos ha servido de marco incomparable, por su presencia en León, por su eficaz colaboración para su desarrollo y por su esfuerzo personal, para que este encuentro anual haya sido un gran éxito.
A CTO
I NAUGURAL
ACTO INAUGURAL
Y un ámbito tan esencial como la protección de estos derechos en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública es precisamente el que se aborda a través de la función del Defensor del Pueblo. Diversas figuras del Defensor del Pueblo son, en definitiva, un nuevo bastión en la protección de los derechos fundamentales.
T ALLERES
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Ordenación del Territorio y Urbanismo
- Indisciplina urbanística sobre suelo rústico
- Crecimientos urbanos desproporcionados El Defensor del Pueblo Andaluz centra su atención en
- Recursos hídricos y desarrollo urbanístico Una de las propuestas remitidas por la Defensora de
- Protección del espacio fluvial frente a la actividad invasora
- Vuelta a la ciudad compacta tradicional, vistos los inconvenientes de la dispersión urbanística
- La calidad de vida como parámetro de ordena- ción territorial y urbanística
- Propuesta para una mejora de la movilidad urbana y reducción de la contaminación
- El problema del ruido
- Las antenas de telefonía móvil
3. Malestar derivado de la convivencia de actividades 3.1 Impacto de la ganadería en el medio rural. También debe tenerse en cuenta la obligación de la administración de dar ejemplo en el cumplimiento.
Otras formas de protección ambiental: El registro de la propiedad
La Ley de Residuos, es decir, “la ocultación o falsificación de datos exigidos por la normativa aplicable”, que se considera infracción grave, o muy grave si se trata de residuos peligrosos. A la hora de valorar la infracción y la correspondiente sanción se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, los daños al medio ambiente y el grado de peligrosidad para la salud humana. La cancelación de esta nota marginal se realiza por decisión de la autoridad ambiental competente.
A partir de esta experiencia, se destaca la importancia de la información pública que puede proporcionar el Registro de la Propiedad Inmobiliaria respecto de las restricciones ambientales de los inmuebles inscritos (la base física del Registro), ya que se considera viable aprovechar el camino abierto. por este Real Decreto. , no sólo para informar sobre la existencia de una clasificación de suelo como contaminado, sino también sobre otras circunstancias ambientales, como los niveles de ruido o el grado de toxicidad por humos y emanaciones en terrenos adyacentes a zonas industriales. como centrales nucleares, zonas devastadas por incendios forestales, inundaciones, etc.
URBANISMO Y VIVIENDA
- Introducción
- Reservas de suelo
- Segregación espacial
- Expropiación de la vivienda habitual
- Procedimiento de adjudicación de viviendas acogi- das a la protección pública
- Conservación del patrimonio del parque público de vivienda
- Descalificación anticipada
- Inmigración y vivienda
Es necesario promover una mayor participación ciudadana en el desarrollo y ejecución del planeamiento urbano, para que ellos, como principales actores y destinatarios de los objetivos previstos, sean actores significativos en el proceso. Asimismo, las administraciones públicas deberán considerar en sus presupuestos las partidas necesarias para la creación, ampliación y conservación de suelos públicos y activos habitacionales. Por ello, consideramos que es necesaria una mayor intervención y control de los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública y enajenación privada por parte de los respectivos ministerios u organismos competentes.
Al mismo tiempo, las autoridades deben dotarse de las herramientas pertinentes para garantizar un control efectivo de todo el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción privada.
IMPACTO SOCIAL DEL URBANISMO
- INTRODUCCIÓN
- PROBLEMAS Y PERCEPCIÓN CIUDADANA En Tudela intentamos incorporar al diagnóstico de
- FACTORES ESTRUCTURALES
- PRINCIPIOS
- RECOMENDACIONES FINALES
- DESPEDIDA
El impacto social de los precios de la vivienda es enorme y, a los ojos de los ciudadanos, resulta alarmante ver el crecimiento de la deuda de todos los ciudadanos y el aumento paralelo de una gran riqueza. El desajuste entre los escasos medios técnicos de control y las amplias competencias de los pequeños municipios. Promover un urbanismo social orientado al interés general de los ciudadanos significa otorgarles un mayor papel en los procesos de planificación.
Como hemos destacado, otro elemento que determina la confianza en el sistema es la existencia y aplicación de instrumentos de control adecuados.
P ONENCIAS
EL IMPACTO SOCIAL Y MEDIO-AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Por tanto, es cierto que la ley consiguió liberalizar enormes extensiones de tierra en todo el territorio de la Comunidad. No hace falta ser un analista muy sagaz para saber que este fenómeno oligopólico es un caldo de cultivo ideal para la especulación y el aumento de los precios de la tierra y la vivienda. Durante mis cinco años como Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana fui responsable de tramitar algo más de 1.500 quejas de ciudadanos residentes en la Comunidad en materia urbanística.
Por supuesto, mucho se puede decir sobre la pasividad del municipio ante acciones que constituyen violaciones urbanísticas.
MESA REDONDA
CONSECUENCIAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LA
Pero el problema no es sólo este, sino que muchos de los centros urbanos costeros presentan una marcada degradación urbanística y ambiental, que los municipios se ven incapaces de afrontar. Este objetivo, en muchos casos y por razones de todos conocidas, es imposible de alcanzar en muchos de los destinos turísticos actuales. Como consecuencia de todo ello, la idiosincrasia de los municipios en su perspectiva paisajística, urbanística, medioambiental y, por supuesto, social ha cambiado drásticamente en los últimos treinta años y muchos de nuestros municipios resultan irreconocibles cuando los recordamos. Se han consolidado procesos de urbanización.
Y es que durante todos los últimos años los distintos funcionarios públicos han declarado que están comprometidos con el desarrollo sostenible, pero el resultado es lo que tenemos y ciertas prácticas omnipresentes en el urbanismo que no hubieran ocurrido. sin las facilidades, si no el conocimiento, de los funcionarios públicos.
PROTECCIÓN DEL LITORAL Y URBANISMO
LEGISLACIÓN DE COSTAS Y LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL
En relación con esta servidumbre protectora, las disposiciones transitorias de la ley permiten que esta extensión se extienda sólo 20 metros dentro del territorio calificado como suelo urbano cuando. En este sentido, cabe destacar la falta de coordinación entre Administraciones Públicas como una de las principales causas de la grave situación actual. La entrada en vigor de la Ley 9/2006 supone, por tanto, un avance importante en la denominada evaluación ambiental estratégica, como instrumento preventivo que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de los planes y programas públicos.
Por último, cabe señalar que la evaluación ambiental realizada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2006 no excluirá la aplicación de la legislación sobre evaluación de los impactos ambientales de los proyectos.
LA PROTECCIÓN DEL LITORAL EN LA LEGIS- LACIÓN URBANÍSTICA GALLEGA
En concreto, los suelos rurales de protección costera se componen de terrenos situados fuera de los núcleos rurales y suelos urbanos situados a una distancia inferior a 200 metros del borde interior de la costa del mar. En este sentido, la disposición adicional tercera de la Ley 9/2002 se refiere a este caso de zonas rurales afectadas por la legislación de costas y establece expresamente que el régimen del número 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas será de aplicación a los terrenos situados en zonas rurales. Este régimen jurídico, menos restrictivo que el general y, como es sabido, se aplica a terrenos que cuando se promulgó la Ley de Costas estaban clasificados como suelo urbano, establece que el ancho de la servidumbre de conservación será de 20 metros.
En este sentido, el plan de protección de costas determinará los criterios que se aplicarán en materia de planificación urbanística, basándose en un estudio previo de la situación en la realidad práctica.
CUESTIONES DE COMPETENCIA
Sin embargo, la constitución no dice nada sobre el contenido de la jurisdicción de los municipios. No cabe duda de que en la práctica existe una fuerte tensión entre el interés por preservar los espacios naturales y el interés de sus habitantes por promover la implementación de actividades económicas que creen empleo. En esta dialéctica entre intereses supramunicipales e intereses locales (que deben ser atendidos bajo la protección de los autogobiernos locales), cabe preguntarse por los límites de las competencias de las administraciones autonómicas en materia de planificación urbana y ordenación territorial.
En este sentido, el Tribunal Constitucional señala que no basta con que la ley autonómica prevea planes de ordenamiento supramunicipales para justificar la limitación de la autonomía local.
CONSIDERACIONES FINALES
Por último, hay quienes consideran que el principio de proporcionalidad no debería funcionar en caso de que la Comunidad Autónoma o el Estado ejerzan competencias no urbanísticas (este sería el caso, por ejemplo, de la construcción de una carretera, de un puerto...). En estos casos de posible coordinación con las competencias del municipio en materia de urbanismo, se considera que las situaciones conflictivas que puedan surgir se resolverán dando prioridad al gobierno autonómico o estatal, siempre que se respete el derecho de las corporaciones locales a participar en la procedimientos pertinentes. En la práctica, como fácilmente se puede suponer, los conflictos que surjan no tendrán una solución sencilla. Implementación de procesos de información pública en procedimientos administrativos, generales o específicos, en los que se pretenda tomar decisiones que puedan afectar el equilibrio ambiental del litoral.
Explorar la posibilidad de imponer una moratoria urbanística en aquellas zonas de la costa donde la degradación del espacio físico costero es más grave.
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA RECIENTE
Los impactos sociales y medioambientales de la ur- banización del litoral pretendidos por la legislación turística
La citada ley define en su artículo 1 su objeto primordial, que consiste en la búsqueda de la "ordenación turística del territorio nacional mediante la planificación y desarrollo de centros y zonas de interés turístico". Por un lado, se ha estructurado un sistema de ordenación turística del determinado territorio, por su objeto y predominio en su funcionamiento en el sistema de ordenación territorial y urbanística, que se regula detalladamente en la citada ley del suelo. De la citada legislación turística se distinguen, en cuanto a sus características procesales y orgánicas, los siguientes puntos respecto de lo previsto en la citada ley de suelo:
El problema desde los años 80: los municipios protagonistas en la planificación y gestión urbana.
La problemática a partir de la década de 1980: el protago- nismo de los municipios en la ordenación y gestión urbanís-
Las dificultades que enfrentan los propietarios de suelo para constituirse como grupo de interés urbano y acceder al régimen de asignación preferencial del régimen, frente a las facilidades disponibles en la asignación al agente urbanístico que no es propietario de suelo en la zona. gestor, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación que regula la contratación pública no es directamente aplicable en este caso. Respecto a las distintas conclusiones y recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en esta materia, nos remitimos a la publicación publicada por la Institución en cuestión en noviembre de 2004, teniendo en cuenta que la citada ley valenciana ha quedado derogada por la actual ley 16/2005, de Diciembre. 30, de la Generalitat Valenciana, Urbanismo de Valencia. Por otro lado, a partir de la citada década de los años ochenta, se puso en marcha una política decisiva para la protección del litoral por parte de la Unión Europea.
La reciente legislación valenciana para la protección del litoral: un tratamiento del problema.
La reciente legislación de la Comunidad Valenciana para la protección del litoral: un tratamiento de la problemática
La reciente legislación de la Comunidad Valenciana para la protección del litoral: un tratamiento de la problemática de la ordenación territorial de carácter supramunicipal, con criterios y parámetros de planificación precisos. Hasta que se elabore el plan de actuación territorial para el litoral de la Comunidad Valenciana, en las zonas costeras la construcción no superará el 30 por ciento de la superficie del sector o, en su caso, de la superficie de actuación aislada o integrada. . Hasta que se elabore el Plan de Acción Territorial de Costas de la Comunidad Valenciana, se considera línea de costa la franja de terreno que existe entre la línea de fondo marítimo y la línea que discurre paralela a ella, a los efectos de este Reglamento, como un kilómetro. lejos.
También puede ser de interés y aplicación en esta materia el decreto de 11 de agosto del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba la regulación paisajística de la Comunidad Valenciana.
CONSECUENCIAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
DE LA URBANIZACIÓN DEL LITORAL
El Consejo de Europa está formulando la necesidad de un enfoque estratégico para la gestión de las zonas costeras. basados en: .. a) la protección de los ecosistemas costeros y el manejo sustentable de sus recursos naturales;. Impactos sociales de la urbanización costera 1.- La urbanización costera puede suponer un obstáculo para la movilidad de las personas. 5.- La urbanización de la costa supone el abandono de un recurso económico importante al margen de la mayoría.
8.- La excesiva urbanización de la costa presiona el precio final de la vivienda en el conjunto de España.
