UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA
PROYECTO DE GRADO
RELACIÓN ENTRE SEXISMO, AUTORITARISMO Y ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LAS PERSONAS TRANS*1 EN RESIDENTES DEL ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA
PAULA ANDREA JAIMES BARAJAS
DIRECTORA DEL PROYECTO DIANA PAOLA PULIDO CASTELBLANCO
BUCARAMANGA, SANTANDER 2022
1 En esta investigación el término trans* se acoge por su uso como paraguas que visibiliza toda forma de expresión e identidad de género, y brinda la representación de una mayor inclusión por la multiplicidad de experiencias que rompen con el sentido binario o lo establecido por la hegemonía de los roles de género, de modo que, representa las categorías transgénero, transexuales, travestis, gender queer, trans, género fluido, no binarie, drag queen, drag king, cross dresser, y otros. Revisar (Zubaray, 2020).
Índice
Resumen 3
Introducción 6
Justificación 12
Objetivo General 28
Objetivos Específicos 28
Antecedentes de investigación 28
Marco teórico 37
Diseño Metodológico 48
Enfoque y Tipo de Investigación 48
Participantes 49
Selección y definición de variables 50
Instrumentos 51
Procedimiento 53
Aspectos éticos de la investigación 56
Resultados 58
Discusión 72
Conclusiones y recomendaciones 78
Referencias 86
Apéndices 95
Apéndice A. Consentimiento Informado 95
Apéndice B. Cuestionario Aplicado a la Población 98
Resumen
El objetivo del presente estudio fue identificar la relación entre el sexismo, el
autoritarismo y las actitudes negativas hacia las personas trans en residentes de Bucaramanga y su área metropolitana aplicando el estudio a una muestra no probabilística de 268 participantes.
Para esto se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, destacando una correlación alta entre la variable sexismo y la variable actitudes negativas, sin embargo, se evidenció que la correlación entre el autoritarismo y las actitudes negativas no es significativa. También se realizó un análisis de causa y efecto con las variables que mostraban una correlación significativa, encontrando que el sexismo no siempre es influyente en las actitudes negativas ya que se evidencian relaciones dispersas por lo que no es apropiado atribuirles a las actitudes negativas la causa del sexismo; es por esto que se llevó a cabo un análisis de varianza tomando la variable sociodemográfica ‘’Sexo asignado al nacer’’ encontrando que entre los grupos hay diferencias significativas respecto a las medias de las variables Sexismo y Actitudes negativas siendo de manera específica los hombres quienes presentaron una media más alta en dichas variables.
Por lo anterior, se concluyó que a pesar de que el sexismo y las actitudes negativas son variables altamente correlacionadas, los niveles de expresión de prejuicio hacia las personas trans (actitudes negativas) son bajos en general, y que, en aquellos casos donde se presentan dichas actitudes en niveles altos, el sexismo no es el único factor influyente, por lo que puede haber otras variables que están participando como causa de esas actitudes como es el caso del sexo asignado al nacer. Finalmente, se sugiere en próximas investigaciones incluir más variables sociodemográficas que puedan aportar al estudio de las actitudes negativas hacia personas trans*.
Así mismo, se recomienda trabajar desde el contexto educativo en temas de diversidad sexual e identidad de género para crear conciencia sobre las actitudes prejuiciosas y de rechazo
hacia esta población con el fin de generar empatía y motivar a ser garantes de los derechos de todas las personas.
Palabras clave: Actitudes, sexismo, prejuicio, estereotipos, género, diversidad, autoritarismo.
Abstract
The objective of this study was to identify the relation of sexism, authoritarianism, and negatives attitudes to trans persons of Bucaramanga and metropolitan area residents, applying the studio to a non-probability sample of 268 participants. For this it was used the Pearson
correlation coefficient highlighting a high correlation between sexism and negative attitudes but the correlation of authoritarianism and negative attitudes isn´t significative. Then a cause and effect of the variables that shown significative relation was made, finding that sexism not always have influence in negative attitudes because it is evident that exist dispersed relation, then it isn´t appropriate attribute to the negative attitudes the cause of the sexism and that’s the razon why the variance analysis was made taking the sociodemographic variable “Assigned sex at birth” finding that there are significant differences between the means of sexism and negative attitudes being the man the specifically group who presents a higher mean in these variables.
Therefore, it was concluded that despite of sexism and negative attitudes are variables with higher correlation the expression levels of prejudice to trans people (negative attitudes) are in general lower and in the cases where presents higher levels of this attitudes, the sexism isn’t the only influence factor, so there will have other variables that take part of these negative attitudes like the assigned sex at birth. Finally, it is suggested to include more sociodemographic
variables in future investigations that can contribute to the study of negative attitudes to trans people*.
Also, it recommends working from the education context in sexual diversity and gender identity to make conscience about prejudiced attitudes and rejection to this population to generate empathy and motives to be guarantors of rights of all the people.
Keywords: Attitudes, sexism, prejudice, stereotypes, gender, diversity, authoritarianism.
Introducción
Colombia se ha caracterizado por ser un país de línea conservadora y renuente a abrir las fronteras del pensamiento y la libertad (Sánchez, 2017). Esto ha generado que, por mucho tiempo, las personas del movimiento LGBTIQ pasen por múltiples tipos de abusos, discriminación y violencia, lo cual ha llevado a una lucha constante desde la década de los 60 del siglo pasado por la libre orientación sexual y la diversidad de género. A partir de esta lucha se han encontrado fuertes campañas por la no discriminación, la tolerancia, la aceptación y la igualdad no solo de estas minorías, sino de todos los actores que conforman la sociedad actual (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
El movimiento LGBTIQ ha ganado fuerza y gracias a ello se han logrado importantes reconocimientos en derechos y libertades de las personas dentro de la comunidad LGBTIQ. Por ejemplo, el decreto número 410 de 2018, gracias al cual, se adiciona un título al decreto 1066 de 2015 sobre sectores sociales LGBTIQ y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, incluye dentro de sí, un capítulo que busca la prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, mediante la promoción de la acción afirmativa
#AquíEntranTodos, tomando como base la Constitución Política de Colombia donde se afirma que el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos con el fin de asegurar una convivencia pacífica.
Al hablar de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ no se puede pasar por alto Colombia Diversa (2003), se trata de una organización líder no gubernamental, que está conformada por diferentes profesionales en áreas como el derecho, la antropología, el trabajo social, la comunicación social y la administración, las cuales, en conjunto pretenden brindar sus conocimientos al servicio de la comunidad LGBTIQ con el fin de lograr el pleno reconocimiento
y respeto de sus derechos, ofreciendo también asesorías legales a aquellas personas que hayan sufrido episodios de discriminación o de violencia basados en su orientación sexual o identidad de género, además, creando mediaciones ante organismos como Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las diferentes situaciones de violencia a las que se han expuesto las personas LGBTIQ en Colombia. Por último, con su programa de paz y posconflicto, Colombia Diversa pretende investigar las afectaciones que han sufrido las personas LGBTIQ en medio del conflicto armado para realizar a partir de esto, actividades de incidencia ante organismos a nivel nacional e internacional como la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa por los derechos de las personas dentro de la comunidad LGBTIQ ha originado un interés para los organismos públicos en el estudio de las actitudes de prejuicio y discriminación hacia la comunidad. Además de esto, generando la penalización por discriminación y agresión por prejuicio de la orientación sexual y la identidad de género en cumplimiento de los derechos constitucionales y acuerdos internacionales de protección de derechos humanos (Moral, Valle &
Martínez, 2013).
Por otra parte, las políticas públicas como las estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo que se han establecido hasta el 2021 según Gutierrez, Fierro & Navarro (2021), buscan que se garanticen las condiciones laborales que beneficien a la población LGBTIQ. También, en Colombia, a partir de movimientos sociales se ha buscado la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ haciendo referencia primero, a la posibilidad de formar uniones maritales de hecho para personas homosexuales como se establece en las sentencias C-811 de 2007, C-521 de 2007 y la C- 029 de 2009, además, el acceso a la salud y a la asistencia alimentaria. Segundo, el resguardo a la integridad y el respeto para las personas LGBTIQ dentro instituciones carcelarias. Tercero, la posibilidad de adopción por parejas homosexuales, y, la exigencia de no usar como criterio de
revocación para la adopción, la falta de información sobre la orientación sexual. Cuarto, no se le puede impedir estar en un lugar o retener a una persona a razón de su orientación sexual, además, besarse con la pareja es parte de la libertad personal sin discriminación por condición sexual.
Quinto, es obligación de la EPS realizar la cirugía de reasignación de sexo. Sexto, no se les restringe el cupo estudiantil a homosexuales en los colegios públicos. Séptimo, la posibilidad de donar sangre sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual. Octavo, la oportunidad de cambio del nombre por segunda vez en razón a la identidad de género. Noveno, el derecho a la sustitución pensional y de patrimonio en parejas homosexuales.
Respecto a las políticas públicas, han sido relevantes aquellas que buscan satisfacer las necesidades de salud y de bienestar, buscando así, identificar variables de riesgo y proteger aquellos factores asociados a un estado de completo bienestar físico, mental y social de las personas (Gutierrez, Fierro & Navarro, 2021).
A pesar de estas garantías y políticas públicas que salvaguardan los derechos públicos y de salud, se siguen viviendo en la actualidad infinitas formas de discriminación, maltrato y violencia hacia la comunidad LGBTIQ. Por ejemplo, Gutierrez, Fierro & Navarro (2021) mencionan en su investigación, que según datos de la CIDH entre el año 2013 y el año 2014 se evidenciaron por lo menos 770 actos de violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ, de los cuales 594 corresponden a asesinatos y 176 fueron actos violentos que resultaron finalmente en la muerte.
Todo esto, ocurrido en Países de América del Sur, y teniendo en cuenta que no todos los casos son denunciados. Por lo anterior, se considera importante seguir investigando y educando en materia de diversidad para promover una verdadera igualdad y convivencia pacífica, salvaguardando los derechos de todos dentro de la sociedad. Esto último, pues, así como menciona Karl Mannheim (citado en Caram et al, 2018), el proceso educativo moldea a las personas y es ajustado a una dominancia colectiva en un orden social, por lo que, aquello que se enseña es transmitido a nuevas
generaciones. Por tanto, la educación no solo es un transmisor de cultura sino también un factor socializador.
En la sociedad, las ideas y representaciones se acentúan en la creencia de que solo existen dos géneros representando los dos sexos existentes, hombres y mujeres. A partir de ello, se establecen prejuicios que sustentan muchas de las prácticas discriminatorias hacia aquellas personas con identidades y expresiones de género no binarias. Tal como mencionan Cárdenas, et al. (2010), socialmente se ha atribuido al hombre el género masculino y a la mujer el género femenino, y como consecuencia de esto, se cree que los dos sexos y género se complementan. Por otra parte, estos mismos autores sustentan que, ideológicamente se ha sostenido que la mujer es el sexo débil e incluso es vista como aquella que necesita de la protección del hombre (en el sentido se sexismo benevolente) y por otra parte está quienes ven a la mujer como aquella que debe ser sometida y subordinada por el hombre (en el caso del sexismo hostil).
Las personas trans* son quienes más expuestas están a las desigualdades y diversas formas de hostigamiento, persecución, represión, exclusión y otras prácticas de violencia bajo el constructo de transfobia enfatizando en actitudes desfavorables o negativas hacia dicha población, pues son quienes rompen con la concepción hegemónica binaria del género, idea que se ha acentuado en la sociedad y ha hecho creer que solo existen dos tipos de personas: hombres y mujeres, siendo esta, una forma de discriminar la inclusión social de las personas trans* (Páez et al., 2015). Lo anterior, se sustenta desde aquel sistema social en donde todos deben identificarse en concordancia al sexo que se asignó al nacer, puesto que solo así, será legítimo socialmente ese reconocimiento (Ponce, 2021). Pues, de hecho, así como mencionan Cárdenas y Parra, (2010), cuando existe una sumisión a las autoridades ya establecidas, y una tendencia a preservar el orden social agrediendo a quienes lo desafía, se estaría hablando de personas autoritarias de derecha, es decir aquellas personas con
tendencias conservadoras, intolerantes, obedientes a la autoridad, a la religión y a la norma, y que suelen tener actitudes manifestando que aceptan y justifican las injusticias.
Gutierrez, Fierro & Navarro (2021) en uno de los datos presentados en su investigación muestran que, según la CIDH, las cifras de violencia hacia personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ presentadas en países de América del Sur entre el año 2013 y el año 2014, arrojan que las personas trans son las más afectadas en cuanto a homicidios, lo cual da muestra del rechazo social que existe frente a aquellas personas con identidades no enmarcadas en el sistema binario.
En Colombia, por ejemplo, el sistema de salud conlleva a la vulneración de los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, el cual está contemplado en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia donde se establece que se debe prestar un servicio integral y oportuno a quien lo requiera. En las personas trans* específicamente, se vulnera también este derecho, pues influye en el rechazo demostrado a partir de actitudes de prejuicio, ya que, así como lo menciona Hernández y Arredondo (2020), la comunidad LGBTIQ fue discriminada desde que apareció el VIH/SIDA, y desde entonces, comenzó la revolución que buscaba que fueran atentados en los sistemas de salud ya que al ser una minoría no representaban un problema de salud pública.
También hay que mencionar la patologización de las experiencias trans* por el hecho de diferir de las normas de género establecidas socialmente. En el caso de la salud mental, la población trans se ha ligado a trastornos mentales descritos en el DSM como la disforia de género, lo cual sigue representando una forma de patologización de procesos de identidad (Ponce, 2021). A pesar de los esfuerzos para que exista un trato acorde con la dignidad humana y el respeto por los derechos de todas las personas, siguen poniéndose en manifiesto diversas maneras de violencia guiadas por posturas sexistas que enmarcan el proceso de las personas trans* en márgenes binarias que perpetúan los roles de género, a lo cual se suman las pocas oportunidades de trabajo, la pobreza y
el rechazo de las familias y la sociedad, ocasionando que las personas trans* se encuentren en un ambiente de marginalización y vulnerabilidad extrema (Ponce, 2021).
Solo poniendo en manifiesto el marco de la salud, las personas trans se enfrentan a una arraigada transfobia que se identifica en el personal prestador de estos servicios, el cual toma posiciones de discriminación manifiesta desde el momento en el que entran en contacto con estas personas. Los comentarios despectivos, el no reconocer su identidad, el trato inadecuado al no tener en cuenta los protocolos especiales adecuados en atención para estas personas, la falta de acompañamiento en los diferentes procesos para el goce pleno de sus identidades. Además, el sistema de salud ha patologizado las personas trans por el hecho de diferir de las normas de género estructuradas socialmente (Ponce, 2021).
En el panorama laboral, las personas trans son quienes más están expuestas a la cruda realidad. Asumiendo que estas personas en el ámbito educativo y familiar no hayan tenido que sortear situaciones a causa de prejuicio y hayan alcanzado niveles educativos que les permita acceder a empleos dignos, hay quienes, a pesar de ello, les ha sido imposible conseguir un empleo que no les exija renunciar a su identidad o expresión de género, y en los casos más desafortunados, la única opción que les queda es ejercer la prostitución (Albarracín y Noguera, 2007). Estas situaciones expuestas constituyen entonces, un panorama donde es evidente la marginalización y violación a los derechos humanos de las personas trans*.
Justificación
A través de la historia, se ha establecido una ‘‘naturaleza humana’’ dentro de las conductas incluidas en la sexualidad y la identidad de género asignadas como lo normal por supuestos biológicos, a lo que se ha respondido en contraposición con los mismos argumentos científicos basados en que la biología, atribuye a los procesos biológicos unas funciones de existencia, más no causalidades. Con lo anterior, Muro (2018) expone que los procesos hormonales de hombres y mujeres, no demuestra asumir conductas relacionadas a lo masculino o femenino, más bien, estás conductas se representan bajo significados de lo erótico, lo histórico y lo cultural.
La consolidación de narrativas sobre lo natural o normal de los roles de conducta que se atribuyen a los géneros, así como el establecimiento de los papeles de género como innatos o heredados, terminan en el desconocimiento y exclusión de otras investigaciones sobre el desarrollo de esos roles. De este modo, atender a la idea de los roles de género como preestablecidos naturalmente, influye en presentar como ‘‘anormales’’ a las personas con identidades de género que demuestran oposición a los roles de género establecidos tradicionalmente, así, las personas trans* entran en el foco como sujetos a quienes se les exige ser explicados por salirse de la
‘‘norma’’, lo que conduce a una significación negativa de aquellos cuerpos, y pasan a ser objetos que deben ser intervenidos o ‘‘corregidos’’ (Guerrero, 2014).
Burgos (2005) señala la imposición cultural de la hegemonía de género desde las ideas dicotómicas hombre y mujer, que presenta en sí mismo un valor natural de lo incuestionable, sin embargo, expone que si ser hombre o mujer fuese innato no se establecería el cumplimiento de modelos de género dentro de la cultura. Además, cumplir los mandatos sociales sobre los roles de género termina siendo un ideal sobre la inflexibilidad de cualidades, comportamientos, roles y actitudes, asignados a hombres y mujeres. En cuestión, estos roles del ‘‘deber ser’’ mujer u hombre son sometidos arbitrariamente desde las características biológicas como asignación de atributos
relacionados con el género, estableciendo desde antes de nacer la imposición de la identidad de género y la sexualidad. Siendo este, el momento en el que inicia la tarea de imitar todo aquello que se le atribuye a lo que se consigna como ser mujer u hombre. Esto nos lleva a ver las identidades trans* como personas sometidas a las diferentes violencias por el cumplimiento enmarcado en las hegemonías binarias del género.
Es por ello, que una persona que se identifique con un género diferente al binario causa gran revuelo en la sociedad que se ha quedado demarcada por las ideas hegemónicas establecidas sobre el género, y como lo ha mencionado Verdejo (2020) muchas veces manifiesta controversias con actos violentos o incluso en condenas por conductas públicas.
Algunas de las graves situaciones a las que son expuestas las personas del sector LGBTIQ tienen que ver con actos como la expulsión del núcleo familiar, asesinatos selectivos, agresiones y maltratos (Narváez y Galeso, s.f.). Además, estos mismos autores expresan que la discriminación no solo se manifiesta en agresiones físicas, también se manifiesta en tortura psicológica, amenazas, impunidad, intimidación y tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual genera fuertes impactos en la salud de las personas víctimas.
García, et al. (2012), ejecutaron un estudio cualitativo en campo donde participaron 7 personas trans* de estratos socioeconómicos bajos que mantenían labores de servicios sexuales, ubicados en Cúcuta, Norte de Santander. Este estudio da una perspectiva narrativa de las experiencias trans* bajo una premisa reflexiva sobre la transfobia, marginalización y exclusión que vive el colectivo trans*. Los resultados obtenidos dentro del estudio mencionan que, el estilo de vida que llevan las personas participantes y sus condiciones de vulnerabilidad en cuanto al acceso a oportunidades laborales, condiciones de salud integras, entre otros, se derivan de la exclusión y estigmatización que viven dentro de su entorno social, siendo así, víctimas de la discriminación por su diversidad sexual e identidad de género. Al respecto conviene decir que, las condiciones de
salud, laborales y educativas en las personas trans* logran verse afectadas por la marginalización que viven dentro de sus experiencias.
Teniendo en cuenta lo anterior, que hace referencia a lo que implica la diversidad, la lucha de este grupo poblacional ha sido de conocimiento para todas las sociedades, pues como lo plantean Gutiérrez, Fierro, & Navarro (2021), estas personas han tenido que pasar de un sistema social de completo rechazo en el que se presentaban homicidios, y demás crímenes en contra, a sistemas donde evidentemente existen las políticas públicas que protegen a estas personas y aún así, siguen siendo vulneradas en sus derechos. Todo esto motiva cada vez más a que se trabaje a favor del respeto y cumplimiento de estos derechos.
Caram et al. (2018) en su investigación, analizan comparativamente el proceso de introducción de la perspectiva de género en el plan de estudios de carreras como Psicología, Sociología, Bioquímica y Biología Molecular, a partir de lo cual exponen que existen agentes de socialización en las áreas funcionales del ser humano, siendo las instituciones educativas uno de esos agentes responsables en la formación de saberes, capacidades, habilidades y valores que impulsan al individuo como ‘’ser’’ dentro de la sociedad. Afirman que:
Las instituciones educativas han tenido una responsabilidad preponderante en la creación y mantenimiento del sistema patriarcal, en la construcción del sexismo, de identidades de género binarias, de la visión androcéntrica de la historia y de la heteronormatividad; y que, por ende, en ellas se encuentra la clave fundamental para deconstruir el sistema de dominación que atenta contra el desarrollo de sociedades justas, equilibradas, inclusivas y armónicas (Caram, et al, 2008, p.164)
Serna (2019) en su libro donde compila diversas investigaciones encaminadas al logro de crear conciencia sobre la necesidad de transformar la educación, cita el trabajo realizado por
Angulo (2018), quien se refirió a la pertinencia de que el Estado impulse el sistema educativo a crear un aprendizaje que aporte al desarrollo de la vida cotidiana de cada sujeto y que lo lleve a estimular su creatividad, pues los métodos tradicionales de enseñanza generan tensiones en los estudiantes y lo que se busca es que contribuya a la formación de sus valores, convirtiéndolos en ciudadanos capaces de analizar e interpretar la realidad para que puedan aportar a procesos de convivencia pacífica con el contexto que los rodea. Todo esto por medio del ajuste de la didáctica y la metodología de enseñanza-aprendizaje impartiendo conocimientos que estén direccionados a trabajar en la ética y la moral, así como también en el desarrollo de la personalidad. Debido a esto, lo considera el agente de cambio más importante al ser capaz de generar un pensamiento creativo, crítico e innovador en la humanidad, al comprender y abordar problemas de la sociedad con un pensamiento en el que prevalezca el respeto al ser humano independientemente de su procedencia étnica, geográfica, religiosa, orientación sexual, identidad de género, o afiliación política; y como consecuencia, representa grandes avances en la sociedad.
En Colombia, parte de lo que se ha establecido en la educación superior inclusiva con enfoque e identidades de género, se destaca la importancia de que ‘‘una educación inclusiva debe poder reconocer y respetar las diferencias de género y sexualidad, desmontar las jerarquías y desigualdades que las atraviesan, construir nuevas formas de pensar en la sociedad que superen los binarismos y estigmatizaciones’’ (Mineducación, 2020). En este sentido, dentro de la educación inclusiva debe estar la diversidad como concepto guía, pues esto significa que se debe prescindir de las ideas establecidas como normas sociales aceptadas sobre el binarismo de género en la educación, y que por tanto tiempo se ha infundido en el sistema educativo, y en lugar de eso, comenzar a reconocer la diversidad en las diferencias individuales.
Entendiendo la educación inclusiva con la intención y propósito de ser una estrategia para promover el respeto a la diversidad y garantizar la participación de la comunidad dentro de los
contextos educativos como lucha en contra de la exclusión social, ha resultado que la educación superior y básica en Colombia, actualmente, garantiza los derechos a la dignidad humana, y la no discriminación. De forma que, existen disposiciones y normas reguladas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que tienden al reconocimiento e inclusión de las personas con identidades de género diversas en los contextos educativos, estas garantías se encuentran respaldadas por la Corte Constitucional establecidas bajo la Sentencia T-562/13, así como también defienden el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad sexual y de género, opción sexual, derecho a la educación de personas de comunidad LGBTIQ. Además, en esta misma sentencia se exige que para la comunidad académica, en sus manuales de convivencia, no se desconozcan las libertades constitucionalmente consagradas. Esta sentencia se encuentra fundamentada en la tolerancia y el respeto por la diferencia, y opta por la defensa de la pluralidad y el multiculturalismo.
Por otro lado, en los lineamientos establecidos por el MEN en 2013, como lo ha expuesto Peñas y Cárdenas (2020), se crearon estrategias que se plantean como soluciones para superar barreras de acceso, permanencia, pertinencia y calidad para las personas. Parte de estas estrategias elaboradas con enfoque e identidades de género tienen como sentido central, el derecho a la educación, la equidad de género e igualdad de oportunidades y las políticas públicas para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ (Bermúdez, Melo, y Cardona, 2021). Entre las especificidades de las estrategias que se enuncian son, dentro del proceso de entrevistas de admisión en las IES evitar la discriminación a razón de género, sexualidad, discapacidad y diversidad cultural; brindar capacitaciones sobre enfoque de género y diversidades sexuales a docentes que preserven los derechos humanos y eliminación de estereotipos de género; generar acciones contra las barreras de acceso y discriminaciones hacia mujeres y comunidad LGBTIQ;
aumentar la vinculación de mujeres y personas LGBTIQ en el contexto laboral de las IES, así
mismo, el reconocimiento y valoración profesional; promover campañas de sensibilización y el uso de lenguaje incluyente para erradicar prácticas sexistas y discriminatorias en las IES; prevención, atención y reparación de las violencias de género en las IES, así como garantía por los derechos sexuales y reproductivos (Peñas y Cárdenas, 2020).
Sin embargo, las evidencias muestran que al interior de estos contextos educativos se siguen presentado situaciones de exclusión, rechazo, segregación, marginalidad y hostigamiento hacia la población sexual y de género diversa, conductas dadas según las representaciones y actitudes centradas en el heterosexismo, y el binarismo hombre y mujer (Mineducación, 2020).
En el caso de la inclusión en el sistema educativo, la preocupación surge aparte del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, el movimiento de educación para todos, y los movimientos de integración e inclusión. Así mismo, Salas & Salas (2016), reconocen la importancia de promover el desarrollo de una conciencia común de conocimientos y habilidades que generen una sensibilidad hacia el ambiente sociocultural más saludable y equitativo. En este sentido, la diversidad se establece en el ámbito educativo, para trabajar la diferencia como manifestación natural de la individualidad humana (Pedro citado por Salas y Salas M, 2016).
Dichas actitudes han llevado incluso a que se cause sufrimiento en las personas a quienes se les están violando sus derechos, llegando a presentarse en casos extremos, situaciones como la de Sergio David Urrego de 16 años, quien en el año 2014 se suicida poniendo en manifiesto la discriminación y la homofobia por parte de los directivos y estudiantes de su colegio a causa de su orientación sexual. Esta situación deja en evidencia la vulneración de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la opción sexual, derecho a la igualdad, a la educación de calidad, entre otros que le fueron violentados a Urrego (González, 2017).
Otro caso de discriminación mencionado por Albarracín y Noguera (2007), es el que se presentó en la ciudad de Bogotá, donde un estudiante transexual fue víctima del acoso y hostigamiento escolar por su identidad. En compañía de su madre comenzó un proceso para exigir sus derechos y necesidades frente a la institución a la cual le pedían el cambio del uniforme conforme a la identidad del estudiante, y el ser renombrado en las listas según su gusto, y en medio de esto, fue agredido verbal y físicamente tanto por sus compañeros del colegio, quienes lo insultaban con palabras despectivas y con golpes, como también por los directivos quienes justificaban que no podían cambiar su nombre en las listas pues este es tenido en cuenta según su registro civil.
Por otra parte, un estudio realizado por Rincón (2020) en ocho universidades públicas y privadas de Bogotá, en el que evaluó las actitudes de homofobia en una muestra de 751 estudiantes de psicología, evidenció la existencia de actitudes homófobas que parecían relacionarse con líneas conservadoras, pautas de crianza afianzadas a familias tradicionales, sistemas de creencias heteronormadas, sexistas, y dentro de la hegemonía social y cultural.
Marulanda (2021) en una revisión sistemática documental sobre las barreras y facilitadores de ingreso y permanencia en el sistema educativo colombiano por colectivos de personas con discapacidad y personas LGBTIQ, en lo que respecta a la comunidad LGBTIQ, halló una brecha entre las políticas institucionales que apoyan una educación para todas las personas y las prácticas de convivencia que crean escenarios de discriminación y rechazo, pudiendo identificar barreras influenciadas por estereotipos sobre la orientación sexual y la identidad de género. Así mismo, encontró carencias en los protocolos de prevención a las múltiples violencias que afectan al colectivo.
De hecho, la Escuela de Estudios de Género, también ha encontrado en el contexto educativo, currículos homofóbicos de violencia simbólica y sutil, así como reglas homofóbicas en
diferentes manuales de convivencia e ideas de discriminación en los planes de estudios, debido a los vacíos en políticas escolares que promuevan la inclusión social, el libre desarrollo de la personalidad, la tolerancia, la autonomía, y un entorno educativo respetuoso con las diferencias en identidad de género y orientaciones sexuales, tanto en colegios como en Instituciones de Educación Superior (Esguerra citado en Mineducación, 2020).
La comunidad LGBTIQ está protegida y resguardada en integridad, salud y trabajo por garantías dentro de un alcance internacional y nacional. Entre los internacionales, se encuentra el principio de Yogyakarta (2007) que comprende los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, establecidos en 29 principios que defienden la universalidad de los derechos humanos, haciendo de todas las personas libres e iguales en dignidad y derechos, sin ninguna causa de discriminación. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018) señala el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTIQ en las Américas, entre los que se destacan la protección de las personas LGBTIQ respecto de su identidad, el derecho a la participación democrática y política, derecho a la educación, derecho a la salud, a la seguridad personal, acceso a la justicia, y acceso y control de recursos económicos.
Dentro del marco legal Colombiano existen garantías y derechos que ampara a la comunidad LGBTIQ, como las establecidas en la Constitución Política de Colombia que representa una base sólida como la Norma de Normas para el resguardo de las personas trans*, destacando el Artículo 1, que menciona el respeto a la dignidad humana de todos los habitantes; el Artículo 5, reconociendo los derechos de las personas sin discriminación a razón alguna; Artículo 13, defiende la protección e igualdad de todas las personas ante la ley, y la obligación del Estado adoptar medidas de resguardo de los grupos discriminados; el Artículo 15, el derecho a la intimidad y el buen nombre, y la obligación del Estado de hacerlo respetar; el Artículo 16, consagra el derecho
de libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, se encuentran algunas leyes, como la Ley 1482 de 2011, que garantiza la protección de personas y comunidades que son vulnerados con actos de discriminación, en la cual se incluye el Codigo Penal en el artículo 134 A sanciones a quienes impidan, obstruyan o restrinjan de manera arbitraria el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Así mismo, se contempla una pena prevista de 1 a 3 años para quienes cometan estas conductas o incluso una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, en la Ley 1761 de 2015 se contempla que el feminicidio es un delito autónomo y que, si este es cometido en una mujer por su orientación sexual, se contempla como un agravante punitivo.
En términos de inclusión de diversidad sexual e identidad de género, en Colombia también se habla desde una perspectiva oficial en políticas de inclusión, aun así, la literatura ha demostrado alto índice de discriminación frente a esta población. Una de las políticas públicas de inclusión y defensa de los derechos LGBTIQ que se reconoce son los lineamientos generales de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas –LGBT– y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital, Bogotá, que implica la creación de condiciones materiales y simbólicas para que la comunidad LGBTIQ ejerzan sus derechos constatados desde la Constitución Política de Colombia, de modo que, por ninguna circunstancia o razón, la identidad de género o la orientación sexual sean usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna persona (Alcaldía mayor de Bogotá, 2008).
Entre otras de las normas que también promueve la inclusión se encuentran las cartillas ya referenciadas a lo largo de la investigación como Trans-formando derechos: derechos de las personas transgénero en Colombia (Defensoría del pueblo, 2018), Reconocimiento de derechos de personas LGBTI: Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI en las Américas (CIDH, 2018), Enfoque e identidades de género: para lineamientos política de educación superior inclusiva (Mineducación, 2020), Principio de Yogyakarta (2007) Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género abordado de manera internacional, al igual que la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos firmada por países Latinoamericanos (citada por Alcaldía mayor de Bogotá, 2008) que establece la obligación de los Estados en proteger a las personas de cualquier tipo de discriminación. Además, el deber de fortalecer planes educativos y programas de educación en derechos humanos que promuevan la tolerancia y el respeto dentro de la cultura social. Lo anterior da cuenta que, en mayor medida, el Estado se encuentra en la obligación de proteger a las personas trans y no conformes con el género de la discriminación, añadido a esto, la promoción de la inclusión sobre diversidad en los diferentes contextos del sistema social.
Por su parte, la Ley 1751 de 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, se establecen mecanismos de protección para regular este derecho. En su artículo 5° se dictan las obligaciones del Estado para que éste vele por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional. Así mismo, se impone al gobierno nacional la implementación y desarrollo de la política pública nacional para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ. Otra de las protecciones al derecho de la salud que es necesario mencionar, es la sentencias a destacar es la T-016 de 2007 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la cual se disponen las diferentes obligaciones que tiene el Estado para garantizar que todas las personas tengan accesibilidad a los servicios de salud, sin que exista ningún tipo de discriminación, enfatizando en la importancia que para las personas significa el poder desarrollar sus proyectos de vida en plenas condiciones de dignidad.
Sin embargo, es difícil que se garanticen los derechos de un sector social inmerso en un entorno excluyente como lo es Colombia, pues, a pesar de las garantías que se establecen como resguardo de los derechos de las personas trans*, se demuestra la falta de acceso incluso a servicios de salud y protección, y el vacío en el reconocimiento de la diversidad de identidades, corresponden a violaciones de los derechos a la plena ciudadanía de las personas trans* (Diaz, Ayala, Bein, Henne & Marín citados en Toro, 2012). En este aspecto es importante mencionar la importancia de que el personal médico se capacite en el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos de dignidad, privacidad, autonomía e integridad física y psicológica, con el fin de crear una mayor conciencia acerca de las necesidades específicas sanitarias de las personas LGBTI en razón de sus derechos sexuales y reproductivos, su salud mental, programas de prevención del VIH y asesoramiento sobre tratamientos y traumas. (Narváez & Galeso, s.f.), pues de esta manera, en este ámbito, se estaría garantizando el derecho a la salud y el acceso a servicios sanitarios de las personas trans*.
Por ejemplo, algunos estudios que abordan las barreras de acceso a los servicios de salud en la comunidad LGBTIQ, evidencian baja frecuencia de acceso al servicio de asistencia clínica a casusa del temor a la discriminación y el rechazo por parte del profesional sanitario (Mejía &
Benavides, 2008; Hernández & Arredondo, 2020).
Una investigación que buscaba conocer las barreras de acceso a los servicios de salud en la comunidad trans* a partir de una búsqueda sistemática de estudios publicados desde 2005 al 2019 encontró que las principales barreras de acuerdo con las experiencias de las personas trans* son las culturales, encontrando allí, el déficit de conocimientos por parte de los profesionales, lo cual no permite que se propicie una atención igualitaria, y llevando a que se le encasille al paciente en el sistema binario. Así mismo, el estigma social generalizado sobre la transexualidad, lo cual limita la atención y la calidad del servicio prestado (Hernández y Arredondo, 2020).
Se puede evidenciar que, en muchas ocasiones el personal de los centros de salud no cuenta con la información suficiente basada en evidencias científico/académicas relacionadas con aspectos vinculados a las personas LGBTIQ, quienes también son usuarias de servicios de salud, y desconocer esta información representa un desafío en la intervención adecuada con esta población, al no contar con recurso humano capacitado para el trato cotidiano y especializado (Graniel, 2020).
Se asume de manera implícita que las personas LGBTIQ pueden llegar a ser aquellas que prolongan con más frecuencia cualquier tipo de enfermedades, esto, relacionado a que no suelen realizarse los chequeos pertinentes o se ausentan de los servicios de salud por las razones ya mencionadas. Por ejemplo, tanto la discriminación como el estigma hacia las personas con VIH representan una consecuencia negativa para la prevención y asistencia oportuna de esta afectación, debido a que el temor a la violencia por prejuicio causa que las personas eviten realizarse pruebas de detección, e incluso lleva a quienes son diagnosticados a conductas de aislamiento y a no realizar el tratamiento médico (Hosseinzadeh & Hossain citados en Moral de la Rubia., et al 2013).
Como se ha evidenciado en diferentes investigaciones, tales como las publicadas por Graniel, A. (2020); Mejía, A. y Benavides, L. (2008); De Celis, M. (2018); Narváez, B. y Galeso C. (s.f.); los estigmas sociales han mantenido actitudes de rechazo a lo largo del tiempo, dando lugar a conductas automáticas de discriminación por parte de quienes ejercen profesiones en el sector de la salud, y dentro de ellos se encuentran médicos, enfermeros y psicólogos. Debido a que muchas de las personas trans se encuentran en un proceso de construcción de su identidad y, teniendo en cuenta que de manera constante estas identidades se van nutriendo, así como también entendiendo que cada persona vive un proceso distinto, estas merecen que toda la sociedad en general y el personal prestador de salud, respeten y reconozcan su diversidad (Ponce, 2021).
Siguiendo con el tema de la salud, las personas trans* pueden llegar a sufrir diferentes problemas de salud mental que los lleva incluso, al suicidio. La falta de oportunidades laborales y
el hecho de soportar su realidad de estigmatización lleva en muchas ocasiones a que las personas trans* realizan trabajos sexuales lo cual puede aumentar los riesgos de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, de igual forma estas personas pueden tener mayor incidencia en el uso de sustancias psicoactivas o del alcohol con el fin de soportar una realidad con poca dignidad y calidad de vida (Hernández y Arredondo, 2020).
Por ello, para las personas LGBTIQ, el acceso a los servicios de salud representa no solo los mismos obstáculos que tiene el resto de la población colombiana, sino también, adicionalmente deben sobrellevar limitaciones asociadas a la violencia por prejuicio, estigmatización, intervenciones sesgadas y temor (Albarracín & Noguera, 2007).
Otros obstáculos que se han identificado son las barreras personales con las que cuentan las personas de la comunidad LGBTIQ, en las cuales influyen el temor a ser discriminado, el desconocimiento de derechos y el desconocimiento de las rutas de acceso a los diferentes servicios.
Otras, son las barreras socioculturales, en donde se encontraron la exclusión social y la violencia, el modelo patriarcal y heterosexista y el estigma asociado a las orientaciones sexuales e identidades de género. En cuanto a las barreras existentes al interior de los servicios de salud, se encuentra la falta de personal capacitado y sensibilizado, dificultades para la afiliación y la presencia del estigma o la discriminación asociados a la orientación sexual e identidad de género (Mejía &
Benavides, 2008).
Haciendo referencia al modelo patriarcal como una de las barreras que dan como resultado la exclusión y el rechazo hacia las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas, este modelo se refiere a ‘’la percepción de que los homosexuales transgreden la ley natural de la sexualidad y del género ya que rompen con el orden social, legal, político y ético establecido’’
(Barrón, Salín & Guadarrama, 2014). Esto pues, debido a la estigmatización del sistema de género y los modelos normativos que se han impuesto en la sociedad, los cuales están definidos por
ideologías que se concretan principalmente en el heterosexismo y en el genderismo. Este último hace referencia a la creencia de que únicamente deben existir dos géneros y que solo estos son los vistos como naturales (Cope y Darke citados en Barón, Cascone & Martínez, 2013)
Dichas ideologías tienen su origen y se han perpetuado gracias al patriarcado (Butler, 1993;
Chodorow, 199; Irigaray, 1977; Pharr, 1988 en Barón, Cascone & Martínez, 2013), el cual procura mantener en el tiempo el orden que ya se ha establecido, y en el cual existen únicamente dos sexos y dos géneros, y donde el género masculino es el que domina al género femenino.
A partir de dichas ideologías de género nace el sexismo, que corresponde a las creencias sobre los roles, características y comportamientos que son apropiados para los hombres y para las mujeres según lo que se ha ordenado por la sociedad y la cultura. Además, el sexismo busca mantener y perpetuar la subordinación y subyugación de las mujeres hacia los hombres (Cárdenas, et al. 2010).
Glick y Fiske, sostienen que este sexismo se establece como consecuencia de un régimen patriarcal donde el poder es ejercido por los hombres. Es así como articulan este constructo y mencionan que gira en torno a tres componentes principales, el primero, corresponde al paternalismo, donde se ejerce una dominancia por superioridad por parte del hombre hacia quien es considerada inferior, la mujer. Además, se le protege a la mujer por ser considerada vulnerable y débil. Otro componente de este constructo mencionado por Glick y Fiske (1996 citados en López, et al. 2019), es la diferenciación de género, que se refiere a la competitividad entre el hombre y la mujer, asumiendo que ésta, posee una incapacidad para el liderazgo o que sus capacidades solo son para complementar las del hombre. Finalmente, el tercer componente es la heterosexualidad, que corresponde a la hostilidad donde las mujeres se perciben como chantajistas o peligrosas y que solo usan su sexualidad como arma para satisfacer al hombre. Toda esta propuesta teórica, demuestra su estrecha relación con el autoritarismo, que por su parte, es el resultado de tres tipos de actitudes
que responden al grado de sometimiento hacia las autoridades que se perciben como legítimas en la sociedad donde se vive, también, al grado de agresividad dirigida hacia las personas que la autoridad legítima sanciona, y finalmente, el grado de adhesión que se tiene a las normas sociales aprobadas en general por la sociedad y las autoridades. En conjunto estas tres dimensiones actitudinales responden a lo que es el autoritarismo (Cárdenas y Parra, 2010).
La discriminación, así como las actitudes que denotan desigualdad, hostigamiento, rechazo, persecución, represión, exclusión y otras prácticas de violencia vulneran los derechos y libertades de cualquier persona, y estas actitudes de violencia generan efectos nocivos para la salud mental y la integridad física de las personas trans* y personas no conformes con el género que son víctimas, sufriendo éstas, crímenes de odio, como lo menciona Carvajal (2017) quien hace referencia en diferentes informes y reportes de la región centroamericana, en los cuales se indica que en algunos países incluso, existen bandas que persiguen a las personas transexuales para asesinarlas, apareciendo muertas en los alrededores de las grandes ciudades. Este mismo autor menciona que, también muchos transexuales tienen vidas precarias pues son personas que no pudieron desarrollarse plenamente, pues son pocos los que alcanzan a terminar su educación universitaria, y en la mayoría de los casos, estas personas suelen dedicarse al trabajo sexual.
La revisión documental sobre ‘‘Políticas públicas latinoamericanas en la comunidad LGBTIQ’’ muestra el registro de violencia contra las personas LGBTIQ en América del Sur en un periodo de tiempo del año 2013 al año 2014, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual indica que se registraron 770 actos de violencia contra personas LGBTIQ; además señala que Colombia es el país con el índice más alto de violación a la integridad, y estas agresiones son en su mayoría, de tipo físicas (Gutiérrez, Fierro & Angarita, 2021). Todo esto da una visión de que las leyes y las políticas públicas en Colombia todavía no se parecen a la
realidad. Aunque la discriminación está prohibida por ley, aún persiste y es muy cruel, cotidiana, y se extiende a todos los ámbitos de la sociedad (Albarracín y Noguera, 2007).
Ahora bien, la diversidad sexual y de género ha sido un tema que ha recorrido mucho camino, derribando prejuicios y estigmas, que conlleva a tensiones y contradicciones entre las diferentes partes dentro del sistema sociocultural. Sin embargo, en los últimos años ha incrementado el interés por la investigación y la conciencia de la importancia sobre la diversidad sexual y de la identidad de género. En este sentido, las investigaciones han demostrado que se ejercen presiones excluyentes hacia las personas dentro de la comunidad LGBTIQ, de modo que, empiezan a surgir políticas y normas de inclusión que defienden, protegen y promueven los derechos de cada persona dentro de la diversidad (Cid, S., 2016).
Lo antes mencionado indica claramente que uno de los factores más influyentes en la violencia que se ejerce hacia las personas LGBTIQ, son las creencias establecidas dentro de la cultura, que resultan en actitudes de rechazo y discriminación en los diferentes escenarios de la vida.
Por lo anterior, esta investigación pretende responder a la pregunta ¿Qué relación hay entre el sexismo, el autoritarismo y las actitudes negativas hacia las personas trans* en residentes del área metropolitana de Bucaramanga?
Objetivo General
Identificar la relación que hay entre el sexismo, el autoritarismo y las actitudes negativas hacia las personas trans* en residentes del área metropolitana de Bucaramanga.
Objetivos Específicos
Conocer las actitudes negativas hacia las personas trans* en residentes del área metropolitana de Bucaramanga.
Conocer el nivel de presencia de ideas y prejuicios sexistas, así como la presencia de aspectos actitudinales de autoritarismo en residentes del área metropolitana de Bucaramanga.
Antecedentes de investigación
La selección de los diferentes trabajos investigativos que se presentan a continuación tiene un margen histórico de los últimos diez años hasta ahora.
En México, Barrón, Salín y Guadarrama (2014), realizaron una encuesta por medio de la cual pretendían evaluar el conocimiento sobre las condiciones de diversidad sexo-genérica y homofobia en una muestra de alumnos universitarios y la relación de estos conocimientos con la presencia de homofobia y transfobia. Este estudio contó con una muestra de 99 estudiantes universitarios de primer año de las carreras de medicina, psicología, derecho y residentes de primer año de las especializaciones de medicina interna y psiquiatría. En los resultados de esta investigación se resalta que más del 50% de la población poseía diferencias conceptuales en temas de diversidad sexo-genérica y la homofobia/transfobia; así mismo en psicología se encontró un porcentaje equivalente al 5% de transfobia/homofobia, así como un 15% en los psiquiatras, 50%
en los internistas, 70% en los médicos generales y 85% en los estudiantes de derecho. A partir de los resultados, se logra concluir que, a mayores conocimientos sobre los conceptos etiológicos e información general, disminuyen los grados de homofobia/transfobia, lo cual es un resultado significativo ya que esto genera un impacto en la atención médica, psicológica y legal.
Otra investigación realizada en México por Graniel (2020) estudió los conocimientos y actitudes hacia las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) por parte del personal de un centro de salud a partir de un instrumento especialmente elaborado para su aplicación con personal del área de la salud, desarrollado por González (2016) con ítems propios y otros ítems basados en instrumentos previos (Moral & Martínez, 2010; Fournier, 2009).
La muestra corresponde a un total de 70 participantes que laboran en diferentes áreas de la unidad médica de Tabasco y se obtuvo de manera no probabilística. El instrumento consta inicialmente de preguntas sobre información sociodemográfica. Posterior a esto, se presentan 13 ítems dedicados a explorar los conocimientos de los/as participantes. La segunda parte, dedicada a conocer las actitudes, incluye 9 dimensiones de las cuales se utilizaron para el análisis la dimensión patologización con 7 ítems, evitación del contacto con 3 ítems, inequidad con dos ítems y finalmente, la dimensión estereotipos con 8 ítems. En cuanto a las preguntas de conocimientos, se puso mayor atención en la afirmación ‘’biológicamente solo existen hombres y mujeres’’ a la cual, el 77.1% de la población respondió verdadero, lo cual da una visibilidad del desconocimiento o el no considerar la existencia de que también existen personas intersexuales, las cuales no entran en la categoría completamente hombre o completamente mujer. En cuanto a las preguntas acerca de las actitudes, se pone mayor atención en la dimensión de patologización a la afirmación ‘’las personas que realmente lo intentan pueden curar su homosexualidad’’ pues el 32.8% de los participantes contestó que está de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo cual representa una actitud
negativa y peligrosa en el contexto de salud ya que puede ser un riesgo en el trato con las personas usuarias de este grupo vulnerable.
Gastelo y Sahagún (2019), llevaron a cabo una revisión de estudios sobre prejuicio, discriminación y homofobia hacia las personas LGBTI desde el ámbito de la atención en salud mental. Entre los resultados que se hallaron luego de la examinación de algunas investigaciones, se encontró que el rechazo, el desconocimiento, el prejuicio, la discriminación y la homofobia en el ámbito de la salud mental hacia personas LGBTI es más común de lo que se piensa, lo cual supone que en los procesos de acompañamiento y atención psicológica se están introduciendo resistencias y diferentes formas de discriminación. Finalmente, partiendo de esta revisión, se logra concluir que, debido a la discriminación y el rechazo al que se enfrentan las personas LGBTI, se hace evidente una necesidad de construir espacio de conocimiento incluyentes para que el ejercicio de la práctica profesional esté basado en criterios éticos y libre de discriminación.
En Bogotá, Rincón (2020) realizó un estudio en el que midió las actitudes de homofobia en una muestra de 751 estudiantes de Psicología de ocho universidades públicas y privadas en la ciudad de Bogotá. Para evaluar las actitudes de homofobia utilizó la Escala de Conducta Homosexual de Pérez y Urriola, la cual consta de 43 ítems agrupados en seis factores que son la fobia, la aceptación, el rechazo, la neutralidad, los derechos y la violencia. A partir de ello, los resultados arrojaron resultados que refuerzan la idea de que los estereotipos y la discriminación, puede estar relacionada con el desconocimiento y la alineación de la población LGBTI; así mismo, se observa que aquellas personas que tienen amigos homosexuales, presentan una mayor aceptación hacia la homosexualidad y la población LGBTI; así mismo, logran asociar de una mejor forma, la igualdad entre las personas independientemente de su orientación sexual, estableciendo menos rechazo y contemplando las orientaciones sexuales con mayor naturalidad.
En Perú, Cardeña (2016) presentó un estudio en el cual describió y analizó las representaciones sociales de un grupo de psicólogos acerca de las personas gays y lesbianas con el fin de analizar si estos profesionales incluyen en su conformación las diferentes contribuciones y aportes que desde la psicología se han realizado en relación con el tema en cuestión. La muestra fue de 12 profesionales en psicología a los cuales se les realizaron entrevistas semiestructuradas.
Los resultados se analizaron a partir de tres unidades de análisis: la primera, representaciones sociales sobre las personas gays y lesbianas por parte de los profesionales en psicología, donde se encontró que los comentarios de rechazo ocurren de forma más intensa y violenta hacia los hombres gays, pues se identifican comentarios sutiles o explícitos de rechazo hacia la visibilización del hombre gay afeminado asociada con el ‘’escándalo’’, lo cual apela a la burla o ridiculización de los mismos; la segunda, representaciones sociales sobre la situación social de las personas gays y lesbianas, en la cual se arrojaron resultados que indican que las reacciones de los profesionales ante las situaciones de discriminación demuestran empatía aunque sus representaciones están también atravesadas por ideales heteronormativos lo que lleva a que, haya una tendencia de los profesionales a realizar conclusiones estereotipadas sobre los pacientes LGBTI; y finalmente, la tercera unidad de análisis correspondiente a las representaciones sociales de la identidad de género y de la orientación sexual que evidencian una clara idea por parte de los profesionales sobre las desventajas sociales que tienen estas personas, todas estas, debido a la necesidad de ocultarse por miedo al rechazo o a la exclusión social. A partir de ellos, los profesionales hacen explícita la conclusión de que, es la dinámica social y no las personas gays y lesbianas, las responsables de la situación de estas desventajas. Cabe resaltar que estas desventajas mencionadas solo se hicieron en torno a la identificación de entornos laborales, formación de familia y posibilidad de encontrar pareja, dejando de lado otras limitaciones como la violencia intrafamiliar, la violencia correctiva, el bullying, la violencia estatal, la ausencia de leyes, y demás. Además, se logra observar en los
entrevistados, que predomina el discurso heteronormativo y que aquellos profesionales que tienen mayor conocimiento y sensibilidad social en relación con la situación presentan representaciones e intervenciones menos prejuiciosas.
En España, Verdejo (2020) analizó en su investigación los conocimientos y las actitudes de las personas que cursan sus estudios en el campus de una universidad en Granada, hacia la diversidad de género y sexual. Lo anterior, a partir de una metodología empírico-analítica utilizando un estudio Ex post facto de tipo descriptivo. El instrumento fue presentado a 251 participantes de los cuales el 86,5% se identifican como cisgénero, el 3,2% como género fluído, el 0,4% es pangénero, el 0,8% es bigénero y el 0,8% es transgénero. En cuanto a la orientación sexual de los/as participantes, se encuentra que el 64,10% es heterosexual, el 20,70% es bisexual, el 12,40% es homosexual y el 1,20% es demisexual. El cuestionario contenía preguntas con la finalidad averiguar los conocimientos del alumnado universitario acerca de la diversidad de género y sexual y otras preguntas en función de conocer las actitudes de estos hacia el tópico investigativo.
A partir de lo obtenido se realizó el análisis que pretendía averiguar si existía relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes que desembocaban las personas hacia los temas relacionados con la diversidad de género y diversidad sexual. En los resultados se logra identificar que hay actitudes positivas hacia las temáticas abordadas. Así mismo, los datos obtenidos muestran que existen diferencias significativas en la población, siendo el grupo de homosexuales el que muestra mayor nivel de conocimientos sobre la diversidad sexual y de género que los heterosexuales. Por otra parte, teniendo en cuenta una variable que fue la religión, se observa en los resultados que aquellos que profesan la religión musulmana son quienes muestran menor grado de conocimiento. Además, se analiza que aquel grupo de personas que se considera poco practicante de la religión es el que muestra mayores conocimientos. En los datos se concluye entonces, que los homosexuales son los participantes con actitudes más positivas y tolerantes hacia la diversidad sexual y de género.
Finalmente, para analizar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia el tópico de investigación, los datos indican que a mayor conocimiento mejor actitud frente a dichos temas.
Es relevante destacar que, a partir de estos resultados, se considera importante dar visibilidad a estos temas pues son evidentes las actitudes prejuiciosas relacionadas con el desconocimiento.
Por su parte, Paez, et al. (2018), realizaron un estudio empírico cuantitativo en el que analizaron los diferentes factores que explican las actitudes negativas hacia personas trans en ciudadanos argentinos entre los 18 y los 65 años, a partir de la Escala de Actitudes Negativas hacia personas Trans. Esta escala consta de nueve ítems que indagan el prejuicio manifiesto a partir de las actitudes negativas y estereotipadas hacia las personas trans. Los análisis de los resultados se llevaron a cabo a partir de correlaciones bivariadas explorando las relaciones de las variables independientes (nivel socioeconómico, edad, nivel educativo, intensidad religiosa, etc) con la variable dependiente (EANT), esto con el fin de conocer si entre las variables existen asociaciones y en qué intensidad. Para el análisis se realizó un filtro que solo pretendía contemplar las respuestas de aquellas personas que se autodenominan heterosexuales (el 94%) de la muestra. Los resultados arrojaron que la media de los puntajes fue de 28.03 siendo 9 la puntuación mínima y 45 la puntuación máxima, lo cual revela que existe un prejuicio moderado, aunque con tendencia a actitudes negativas hacia personas trans. Así mismo, los resultados arrojaron que, a menor nivel socio económico y menor nivel educativo, mayor prejuicio hay hacia las personas trans. En cuanto a la intensidad del sentimiento religioso, cualquiera que sea la religión que se profesa, se encontró que estas personas manifiestan mayores prejuicios hacia las personas trans, más sexismo, y más prejuicio sexual.
En Chile, Morgan (2017) en su estudio de Investigación independiente acerca de la discriminación que enfrentan las personas trans* y no binarios en servicios de salud en la ciudad de Santiago, hace visible las mayores dificultades a las que se enfrentan dichas poblaciones en los
servicios de salud y a partir de esto, cómo se afecta en general el bienestar de las personas trans en Chile. En esta investigación se usó la observación participante, una encuesta basada en una encuesta de investigación acerca de la discriminación que enfrentan personas afrodescendientes en los Estados Unidos en los servicios de salud y el efecto que tenía dicha discriminación, esta tenía el fin de registrar las experiencias personales. También se realizaron entrevistas semi formales conformadas de 5 preguntas para aprender más acerca de los esfuerzos que existen para mejorar el sistema de salud en Chile. Las entrevistas estuvieron enfocadas a personal del sistema de salud que hayan tenido experiencias trabajando con personas trans* y personas trans* activistas. En los resultados se encontró que una de las discriminaciones que más enfrentan las personas en los servicios de salud es la negación de su identidad, lo cual les causa humillación y la patologización de la transexualidad. 16 de las 19 personas encuestadas han sufrido discriminación de alguna manera en el acceso de servicios de salud. También se logra observar que los/as participantes han experimentado más discriminación por parte del personal de secretarias en primera mayoría, siguiendo el personal médico, siendo estos dos tipos de personal las personas más relevantes en los servicios de salud al ser las personas en primera línea que reciben a los usuarios. En cuanto a los tipos de discriminación, la opción más elegida es que las personas encuestadas han sentido que
‘’cuestionan su identidad’’ siguiéndole la respuesta ‘’me han dado un trato diferente que a otras personas’’. Finalmente, en cuanto a los efectos de la discriminación en la utilización de los servicios de salud, los encuestados refieren que, debido a la discriminación ‘’usan con menos frecuencia los servicios de salud’’ siguiendo ‘’tiene más dudas al momento de buscar servicios de salud’’.
Por otra parte, Albarracín y Noguera (2007) publicaron un informe que se realizó con todo el equipo de Derechos Humanos de Colombia Diversa, en donde se expone la realidad que hasta ese momento se presentaba hacia la población LGBTIQ en términos de violencia por prejuicio,
abusos policiales, situaciones carcelarias, derechos económicos, sociales y culturales, políticas públicas para garantías de los derechos y el trato a la comunidad LGBTIQ por parte de los medios de comunicación. En cuanto a la violencia por prejuicio, en este informe se presenta la cifra de 67 homicidios a personas LGBTIQ en el transcurso de un año donde 24 de estos homicidios fueron ejecutados hacia personas con identidad trans, 22 hacia personas homosexuales, 18 hacia personas gay y 3 a personas que no se logró establecer la identidad. Cabe dar relevancia a un dato mencionado en este informe, y es que, de esos 67 homicidios presentados en todo el país, 29 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, lo cual pone en evidencia que en esta zona del país está presente la grave violación al derecho a la vida. Además, se resalta que estas cifras no representan todos los crímenes que son cometidos, pues la mayoría de estos, no son reportados, en ocasiones, por temor a la revictimización, a las represalias, a la falta de credibilidad, al desconocimiento de los derechos y otros factores asociados.
En cuanto a los abusos policiales, se encuentran documentados 31 reportes entre el año 2006 y 2007, que indican abuso policial hacia las personas LGBTIQ y este, se caracteriza por conductas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, tratos crueles y retiro del espacio público, presumiendo así, que las personas de la comunidad LGBTIQ atentan contra la moral pública lo cual es visto por la policía como delito. Si bien, se hace la aclaración de que dicha información debe generalizarse a todas las unidades policiales del país, pero que por la cantidad de situaciones que se registran, lo reiteradas que son, y la similitud que hay entre ellas, se considera preocupante.
Ahora bien, en cuanto a la situación carcelaria que viven las personas de la comunidad LGBTIQ, este informe relata que es en las cárceles, sobre todo refiriéndose a las de Colombia, donde más ocurren violaciones a los derechos humanos, y que además, allí se hacen más fuertes los prejuicios homofóbicos y sexistas, por lo que, se evidencia que las personas de la comunidad
