A través de un proceso complejo y gradual, las primeras constituciones de Estados Unidos terminaron demostrando que no eran producto de la soberanía del Poder Legislativo, sino de la soberanía del pueblo. Hasta la Revolución Americana, el mundo anglosajón se movía dentro del paradigma de la omnipotencia del Poder Legislativo. George Tucker en la decisión del Tribunal General de Virginia en Kamper v.
En la reunión del 23 de julio de 1787 se discutió la forma de ratificación de la constitución federal.
La separación de poderes
Esto se debe a que el poder judicial es el más débil de los tres poderes (p. 484). Por el contrario, la defensa de la independencia del poder judicial es necesaria para un control adecuado de los demás poderes, especialmente el legislativo.
La función judicial
A esto se sumaba la exposición hamiltoniana de la función judicial hábilmente expuesta en El Federalista N° 78. Todos sabían que esta función judicial, que la Constitución atribuye específicamente a los jueces federales en el texto del artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, consistía en la Deber de los jueces de resolver casos y controversias aplicando la ley vigente. Esta concepción de la función judicial ya había sido implementada durante siglos en el mundo anglosajón (Hamburger, 2008, p. 101 y ss.).
En Inglaterra, a partir de 997, cualquier reclamación de propiedad superior a 40 chelines fue eliminada de la jurisdicción de los jueces de paz y. Después de la Revolución, muchos estados defendieron ese derecho a ser juzgado por doce jurados como sacrosanto o, como en el caso de la sección 22 de la Constitución de Nueva Jersey de 1776,. 30 El expediente de la Corte Suprema de Nueva Jersey, en el que se informa la resolución del caso, dice: "Esta Causa ha sido discutida en varios períodos anteriores, y la Corte se ha tomado el tiempo para considerarla, y ahora está lista para Rendir sus opiniones concedió las mismas a los demandantes sobre certiorari seriatim.
A las pocas semanas, sesenta residentes del condado de Monmouth presentaron una denuncia formal ante la legislatura estatal alegando que los jueces de la Corte Suprema de Nueva Jersey habían "derribado algunos de los estatutos por considerarlos inconstitucionales y anulado la ley". procedimiento de los magistrados, a pesar de que esté estrictamente de acuerdo con esas leyes” (Scott, 1899, p. 459). 34 Véase el Acta del fallo del juez de paz del condado de Monmouth en Axel-Lute (2009). Haines (1914, p. 80) sostiene que los jueces de la Corte Suprema de Nueva Jersey fueron pioneros en el ejercicio del control judicial sobre la legislación.
Commonwealth v. Caton (1782)
En caso de duda, el sheriff suspendió la ejecución de los prisioneros en espera de instrucciones específicas del Tribunal General de Virginia (Treanor, 1994, p. 501). Además, entre otros argumentos, se afirmó expresamente que la Ley de Traición violaba la letra de la constitución estatal y por lo tanto era nula y sin valor45. Los jueces del Tribunal General cuestionaron si era apropiado fallar a favor de los presos.
Los jueces del Tribunal de Apelación invitaron a los abogados interesados del foro a dar su opinión. Pero hay una gran diferencia en el caso de un acto del legislador, que modifica o anula la constitución, que es el defensor de las libertades de los ciudadanos del país. Cualquier acto de la Legislatura del Estado que sea contrario o incompatible con la Constitución es absolutamente nulo y, por tanto, los jueces no están obligados a considerarlo ley.
La función judicial es ser guardiana de la Constitución y es la piedra de toque con la que debe juzgarse cada acto de la legislatura. Aunque los jueces de la Corte de Apelaciones de Virginia decidieron por mayoría que la Ley de Traición era válida,50 varios de ellos se expresaron expresamente a favor de la revisión judicial. Luego fue elegido miembro de la Convención de Filadelfia por el estado de Virginia e inmediatamente después participó en la convención estatal que ratificó la Constitución en 1788.
New Hampshire y la Ten Pound Act (1786)
El Canciller Blair y otros jueces opinaron que el tribunal tenía la facultad de declarar cualquier decisión o acto del poder legislativo, o cualquiera de sus poderes, inconstitucional y sin efecto.58. El problema surgió varios meses después de que se aprobara la ley porque el artículo XX de la Declaración de Derechos de New Hampshire de 1784 establecía claramente que tales reclamaciones no debían ser decididas directamente por un juez de paz, sino mediante un juicio con jurado, lo que se consideraba un derecho sagrado.62 Hasta la aprobación de la Ley de Diez Libras, los jueces de paz solo tenían jurisdicción para decidir asuntos pequeños, hasta un valor de 40 chelines según una ley aprobada en 1692 (Gerber, 2011, p. 118). El argumento de Sheburne fue que la Ley de Diez Libras de 1785 contravenía la "letra expresa y el espíritu de la Constitución del Estado" de 1784 (Hamburger, 2008, p. 426), específicamente el Artículo XX de la Declaración de Derechos, violando el derecho de su cliente a tener el reclamo se resuelve mediante un juicio con jurado en lugar de un simple juicio ante un juez de paz.
Cuando, en la interpretación de las leyes, los jueces encontraban que un acto de la legislatura contradecía la Constitución, era su deber aplicar la ley suprema del pueblo y declarar sin efecto las leyes que la legislatura no tenía poder para promulgar. Utilizando argumentos similares a los de Sheburne, los jueces Nathaniel Folsom, Timothy Walker, Jr., Abiel Foster y John Calfe del Tribunal Inferior de Apelaciones Comunes del condado de Rockingham dictaminaron que Ten Pound. La reacción fue inmediata: el 25 de diciembre de 1786, la cámara baja de la legislatura reafirmó la constitucionalidad de la Ten Pound Act contra lo decidido por el tribunal del condado de Rockingham (Batchellor, 1891, p. 759).
Al cabo de dos días, se aprobó una moción para solicitar una copia de todos los procedimientos del Tribunal Inferior de Apelaciones Comunes del condado de Rockingham en casos que excedieran los 40 chelines.67 Se decidió entonces considerar la posibilidad de abrir un procedimiento de deportación. de todos los jueces y se creó una comisión para estudiar el caso y analizar todas aquellas causas. 69 "Una ley para derogar una ley aprobada el nueve de noviembre de Anno Domini de 1785, titulada "Una ley para el rápido cobro de pequeñas deudas, fue leída por tercera vez y se propuso que se aprobara" (Registros de (Sesiones de la Cámara de Representantes, sesión del 28 de junio de 1787, Batchelor, 1892, p. 83). Al menos cuatro periódicos de gran circulación en el estado de Pensilvania en 1787 dieron cobertura a un conflicto considerable entre los jueces y la Cámara de Representantes de New Hampshire. legislatura, y así lo hicieron en las sesiones plenarias de la Convención de Filadelfia (Gerber, 2011), p. 122).
Bayard v. Singleton (1787)
Un acto de la asamblea no puede derogar la constitución ni ninguna parte de ella. Por esa razón, un acto de la Asamblea incompatible con la Constitución es nulo y no puede ser obedecido sin obedecer a la ley superior a la que antes estábamos irrevocablemente obligados. Por lo tanto, los jueces deben tener cuidado de que cada acto de asamblea que pretendan promulgar esté autorizado por la Constitución, o corren el riesgo de actuar sin autoridad legal.
Aquí tenemos otro ejemplo de la fusión de ideas que dieron origen y posterior apoyo a la revisión judicial de la constitucionalidad en Estados Unidos. En consecuencia, la Constitución (que el poder judicial estaba obligado a considerar como respuesta a cualquier otra ley), estando en pleno vigor y efecto como ley fundamental del estado, a pesar de la regla de la legislatura en la que se fundó la presente moción, la La misma norma, por supuesto, debe ser anulada y sin efecto alguno en este caso. Me parece que la Constitución es una ley fundamental, que limita las facultades del Legislativo y que cualquier ejercicio de esas facultades debe necesariamente compararse con ella.
Por lo tanto, siendo la Constitución una ley fundamental y una ley escrita de carácter solemne que mencioné […], el poder judicial, en el ejercicio de su autoridad, debe considerarla como base de su autoridad, así como de todas las demás autoridades; y como ningún artículo de la Constitución puede ser derogado por un legislador, que de él deriva todo su poder, se sigue que la ley fundamental e irrevocable debe ser respetada, mediante el rechazo de un acto injustificado e inconsistente, o hay que obedecerla. . un acto basado en una autoridad que no fue otorgada por el pueblo y que, por lo tanto, el pueblo no está obligado a obedecer. Años más tarde, en 1793, ya desde su cargo como Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Iredell ratificaría que los jueces tienen el deber de revisar la constitucionalidad de las leyes que entran en conflicto con la Constitución, incluso aquellas dictadas por el Congreso federal. Lo mismo ocurre con la idea del carácter subordinado del Poder Legislativo, cuya autoridad deriva de la constitución.
Conclusión
The Documentary History of the Supreme Court of the United States Tomo I - Parte I - Appointments and Procedures). The Life and Correspondence of James Iredell, One of the Associate Justices of the Supreme Court of the United States (Tomo II). The Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and Other Organic Laws of the United States (Tomo I).
Detailed Events in the American Revolution, the French Revolution, and in the Political History of the United States (Tome III). The first question on the great constitutional issue posed by the judges in G.C. Court of Appeals] can take cognizance of any criminal case, but I think it an indisputable point that the judges in G.
Court] of Appeal may deliver their Opinions on a point thus referred to them by that of the G. It is therefore the undoubted province of the Judiciary to interpret all Laws whatsoever; well'. And this is the touchstone by which every Act of the Legislature must be tried.
In the subsequent part of the Clause it points to the manner in which cases may be brought before this Court of Decision. The last clause makes its decision a rule for the decision of the Court from which the question was deferred.
