ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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Acción jurisdiccional de protección al consumidor llevada a cabo ante la superintendencia de industria y comercio

Acción jurisdiccional de protección al consumidor llevada a cabo ante la superintendencia de industria y comercio

Dentro de las referencias señaladas se establece el procedimiento sobre la implementación de los mecanismos jurídicos tendientes a propender por la protección de los Derechos del consumidor, primero partiendo de que hay una dependencia dentro de la superintendencia de industria y comercio encargada de manejar todos los asuntos correspondientes dentro de la superintendencia delegada para asuntos jurisdiccionales, quien asume el conocimiento de todos los asuntos en los cuales se están generando vulneraciones a los Derechos de las personas cuando acceden a la prestación de un servicio, o la compra de un producto según el caso y toda aquella situación que produzca vulneraciones a los Derechos que tiene el consumidor en Colombia, donde además con ocasión de estas situación se deriven perjuicios materiales especialmente cuando se traten de carácter económico. Relacionadas las características de los asuntos en los cuales la superintendencia de industria y comercio asume conocimiento para proferir fallos, debe hacerse referencia a los requisitos legales necesarios para interponer demandas, de acuerdo a lo que se ha señalado debe operar un requisito de procedibilidad como lo es la presentación de un reclamo directo ante el proveedor o productor del bien o servicio, el fundamento de esta acción legal como se ha señalado de manera expresa en el artículo 58 de la Ley 1480 o conocido como el Estatuto del consumidor .

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La acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): examen de su efectividad y eficacia en la Ley 1480 de 2011

La acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): examen de su efectividad y eficacia en la Ley 1480 de 2011

inadmitidas, los accionantes, desde la vía procesal administrativa, no agotaron los recursos dispuestos a su alcance para corregir los posibles yerros contenidos en la actuación, de tal modo que la SIC realizó el respectivo archivo luego de que se vencieran los términos legales. Para Julián Mesa Gil, “muchas denuncias no se realizaban debido a la ineficacia de las acciones” (Mesa Gil, 2012, pág. 88)”, pues en la práctica jurídica la SIC, teniendo en cuenta el informe presentado para agosto de 2010 – septiembre de 2011, de “(…) 3096 denuncias, (…) después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias, se archivaron 1047 casos, se trasladaron para las entidades competentes 1211 y se ordenó la apertura de investigación en 1950 casos (…)” (Mesa Gil, 2012, pág. 89). Lo anterior implicaba que la SIC difícilmente podía restablecer la igualdad de los consumidores con respecto a los productores y distribuidores desde una protección regulativa como la que estaba contenida en el Decreto 3466 de 1982, es decir, como capacidad que tiene el Estado de regular lo pertinente al consumidor, cobijando todos los aspectos del consumo, en especial, aquellos que buscan la protección de derechos de los consumidores (Lafont Pianetta, 2012, pág. 43), al no poseer una acción de protección propiamente dicha que estuviese sustentada en un marco jurídico de derechos como sí la propondría la Ley 1480 de 2011. Para el investigador Daniel Ossa, el anterior fenómeno jurídico tiene su explicación desde la falta de publicidad, ya que los consumidores colombianos al no conocer las diversas acciones que tenían a su alcance para hacer cumplir sus derechos, no alcanzaron el reconocimiento de las indemnizaciones que se les había causado por un producto o servicio defectuoso. (Ossa Gómez, 2010, pág. 233)

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				Régimen de responsabilidad por daños ocasionados por producto defectuoso en Colombia

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Adicional a las disposiciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 referentes a la acción de protección al consumidor por res- ponsabilidad por daño por producto defectuoso, la mencionada norma incorpora una regla de carácter preventivo que impone al fabricante o distribuidor el deber de tomar las medidas necesarias en cuanto a los productos defectuosos que no se han puesto en circulación y dar aviso a las autoridades sobre los ya distribuidos, de manera tal que pueda, a través de los distintos elementos de trazabilidad e identificación de sus productos, retirar del mercado en forma oportuna aquellos que han sido detectados como defec- tuosos conforme lo estipula el artículo 19 de la citada ley:

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La protección del consumidor europeo: alternativas a la vía judicial

La protección del consumidor europeo: alternativas a la vía judicial

47 El sitio de Internet, al margen de ofrecer la oportuna información, debe permitir la tramitación del procedimiento en línea -esto es, presentación de la reclamación e intercambio de información entre las partes por vía electrónica-, que resulta especialmente indicado para los litigios transfronterizos (art. 5.2). 48 Las causas de inadmisión de un litigio se encuentran limitadas a supuestos relacionados con: a) falta de negociación previa; b) litigio frívolo o vejatorio; c) litispendencia o cosa juzgada; d) cuantía por debajo de un umbral monetario preestablecido; e) prescripción de la acción por transcurso de un plazo mínimo de un año; y, como cláusula residual: f) el hecho de que la tramitación del litigio pudiera com- prometer gravemente por otros motivos el funcionamiento de la entidad de resolución alternativa. Por su parte, la resolución de inadmisión deberá incluir una exposición razonada de los motivos por los que no se ha tramitado el litigio y dictarse en plazo no superior a tres semanas, desde la recepción del expediente (art. 5.4).

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La carga dinámica de la prueba en los procesos de protección al consumidor

La carga dinámica de la prueba en los procesos de protección al consumidor

También se establecer la necesidad del estudio de estos temas para incrementar el conocimiento sobre las acciones que tienen a disposición los ciudadanos frente a los proveedores de bienes y servicios, quienes en muchas oportunidades ofrecen en el mercado bienes que puede resultad defectuosos, sin que sea posible la reparación o cambio de los mismos. Es por eso que la principal recomendación frente a este trabajo es que sea difundido en toda la comunidad académica, no solo la facultad de derecho, en la medida que la acción de protección al consumidor debe ser una cuestión conocida y de manejo por parte de la población en general, para prevenir que las empresas, quienes tienen una posición privilegiada en relación con el consumidor abusen de sus prerrogativas y lesionen los intereses de quienes invierten sus ingresos en la satisfacción de sus necesidades.

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El seguro de protección de pagos desde una perspectiva de protección al consumidor: experiencias recientes

El seguro de protección de pagos desde una perspectiva de protección al consumidor: experiencias recientes

Los PPI aparecen de forma más pronunciada en Reino Unido, resultan ser un producto de carácter complejo y con una alta rentabilidad para las entidades vendedoras de este producto. El seguro de protección de pagos se caracteriza por cubrir unos riesgos de carácter muy específico, su función consiste en cubrir el pago de cuotas de un producto de préstamo. Los Seguros de Protección de pago tienen una difusión cada vez mayor en nuestro país, por lo que debemos ver los problemas surgidos en otros países y así evitar los mismos errores que permitieron el “misseling” de los mismos. A grandes rasgos, el funcionamiento de un seguro PPI en España difiere del resto de países; consiste en que la entidad financiera suscribe una póliza colectiva en la que esta es al mismo tiempo, tomadora y beneficiaria de la misma, y posteriormente ofrece a sus prestatarios la capacidad de adherirse a dicha póliza en calidad de asegurados. Estos seguros suelen garantizar a los asegurados el pago de un cierto número máximo de las cuotas de su préstamo en casos determinados. La existencia de un PPI no agota en principio la responsabilidad patrimonial del deudor.

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El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

concluir el circuito económico de producción y adquiere un bien o un servicio como destinatario final, pero no para el uso de su actividad empresarial o profesional. Sin embargo, y a fin de poder proteger al consumidor de la asimetría informativa la legislación peruana otorgar dispositivos legales para proteger al consumidor final: imaginemos así que la facultad de Derecho de la UNASAM, al celebrar sus bodas de oro, decide hacer un almuerzo para toda la comunidad universitaria y contrata los servicios de un prestigioso restaurant huaracino; sin embargo, dicho restaurante incumple flagrantemente en la prestación del servicio, ya que sirve la comida una hora después de lo pactado, en una presentación totalmente inadecuada y finalmente la carne del plato de fondo estaba en malas condiciones y termina intoxicando a los comensales, es en este caso que quienes podrían demandar ante INDECOPI por el mal servicio serían no solamente la Facultad como persona jurídica sino también los comensales (alumnos, profesores y egresados) quienes no obtuvieron como beneficiarios finales del servicio por parte del restaurant una buena atención. En conclusión, los contratos civiles enmarcan diversas relaciones jurídicas las cuales no necesariamente están vinculadas con el consumidor final del producto, en cambio el contrato de consumo tiene que ver necesariamente con eslabón final de la cadena de producción, la cual se cierra con el consumidor.

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La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

Además las providencias judiciales que causan gravamen irreparable es susceptible de apelación ante el Tribunal Superior, de acuerdo con las normas procesales y además el Tribunal Constitucional, no puede intervenir en la acción de justicia ordinaria. Veto Presidencial al que no se allanó el Congreso Nacional, eliminándose el Recurso de Amparo Constitucional respecto a las providencias judiciales emanadas de un proceso. El Dr. Luis Fernando Torres, Presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales del Congreso Nacional del 2005, consideró que la Acción de Amparo Constitucional debería aplicarse en relación de las sentencias dictadas por la corte Suprema de Justicia La antesala de la acción extraordinaria de protección en el Ecuador, encontramos en la - Acción de Amparo Constitucional que tuvo vigencia a partir de la Constitución de 1.998, que en el Art. 46 expresaba: “El recurso de amparo tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la Constitución y los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales, vigentes en el Ecuador, frente a cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo de autoridad de la administración pública que haya causado, cause o pueda causar un daño inminente, a más de grave e irreparable y se interpondrá para requerir la adopción de medidas urgentes, destinadas a cesar la lesión o evitar el peligro de los bienes protegidos. También podrá ser objeto de amparo la no expedición de un acto o la no ejecución de un hecho, si tales omisiones causaren o puedan causar los efectos señalados en el inciso anterior”, sin que la acción de amparo proceda en contra de las providencias judiciales adoptadas en un proceso por ser que de acuerdo con el criterio de muchos juristas se comprometería la estabilidad del orden jurídico, se atentaría contra el principio de la cosa juzgada” 3

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Acción Ordinaria de Protección

Acción Ordinaria de Protección

6. La Constitución establece que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Consideración, que sin duda, recoge las características propias de los derechos y determina su importancia en el sistema jurídico, advirtiendo que ningún derecho puede considerarse superior o más importante que otro, incluso yendo más allá, al establecer su interdependencia. Se registra también como una característica sustancial la irrenunciabilidad de los derechos, peculiaridad que se considera atendiendo al criterio de que los seres humanos por el hecho de tener tal calidad, por el hecho de ser personas, llevamos implícitos el reconocimiento de la dignidad, importe esencial de protección realizado a través de las normas valores.

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Protección de los consumidores y usuarios: una especial alusión a la protección del consumidor online

Protección de los consumidores y usuarios: una especial alusión a la protección del consumidor online

El trabajo analiza la protección de los consumidores y usuarios. En un primer capítulo se muestra la evolución de las leyes en materia de consumo hasta la actualidad. En una segunda parte, se detallan los derechos que existen para los consumidores y usuarios, mostrando en el tercer capítulo las diferentes alternativas para hacer valer estos derechos a través de la vía judicial o extrajudicial. Se concluye haciendo una alusión al consumidor online y las particulares derivadas del medio por el que se contrata así como la presencia física de las partes, se motiva la existencia de una protección diferente.

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Acción extraordinaria de protección

Acción extraordinaria de protección

Ver si en la sentencia, auto o resolución judicial definitiva, quien la dicto y si en ella hubo vulneración por acción u omisión de los derechos constitucionales y Luego de la sala que le toco por sorteo conocer la acción extraordinaria de protección, debe dictar el correspondiente auto, señalando la fecha y hora en que lo hace, además de avocar conocimiento en virtud del sorteo; disponer que mediante comunicación escrita que se haga saber de esta acción a la sala correspondiente de la Corte Nacional De Justicia o del Juez o Tribunal correspondiente; debe señalar día y hora para que se lleve a cabo la Audiencia publica en el despacho de la sala; debe tomar en cuenta el domicilio y casillero constitucional señalado por el legitimo activo; y además debe disponer que se agreguen los documentos que se han acompañado a la demanda y de ser el caso las medidas cautelares correspondientes, este auto debe ser firmado por los miembros de la sala y la certificación del secretario.

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Incorporación de los Daños Punitivos para Defensa del Consumidor en la Ley 29571   Arequipa 2016   2017

Incorporación de los Daños Punitivos para Defensa del Consumidor en la Ley 29571 Arequipa 2016 2017

La relación jurídica de consumo es una definición normativa y su extensión surgirá de los límites que la legislación le establezca a sus elementos: sujeto, objeto, fuentes. Coincidimos en que debe definirse la relación de consumo "de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor debe comprender todas las situaciones posibles" (13). En consonancia con lo expresado, podemos agregar que, si bien el derecho del consumidor regula fundamentalmente materia contractual, existe una buena cantidad de disposiciones que otorgan prerrogativas a los sujetos, aun sin estar vinculados contractualmente con proveedores. De esta manera, una noción acotada de la relación de consumo no puede dejar de considerar estos supuestos expresamente contemplados por la legislación. Además, teniendo su fundamento principal en la normativa constitucional (14), esta amplitud de criterio es la que mejor se adecua a una correcta hermenéutica.

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Admisibilidad y procedencia de la acción de protección en el marco constitucional ecuatoriano

Admisibilidad y procedencia de la acción de protección en el marco constitucional ecuatoriano

En el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos y garantías mediante puntuales preceptos, a fin de tutelar los derechos aún más, cuando las vulneraciones vienen de decisiones o actos públicos, de autoridades o sentencias, se han creado las garantías jurisdiccionales que amplían la tutela judicial y hacen efectiva la supremacía constitucional, dentro de estas se halla la acción de protección como amparo ulterior de los derechos transgredidos cuando no ha sido posible por otros medios resguardarlos y pedir sus restitución. La acción de protección ha sido un importante recurso que ha resuelto muchos casos de violación de derechos, que ha brindado un amparo a aquellas personas que se creían abandonadas, desamparadas e incluso indefensas, que ya después de haber recurrido a otra instancia u otro mecanismo no veían respuesta, sin embargo, la singularidad de esta acción requiere de especificaciones y condiciones exclusivas que la sitúan como acción, de instancia diferenciada y naturaleza residual, dificultan su comprensión y aplicación adecuada entre los requirentes.

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El abuso de la acción de protección frente a la efectiva administración de justicia

El abuso de la acción de protección frente a la efectiva administración de justicia

Es importante la investigación de este tema por cuanto en todo el sector público depende del alcance y contenido que esta garantía tenga en cada Constitución y el desarrollo constitucional de cada país, incluyendo la jurisprudencia vinculante, el recurso debe tener conectividad con la Administración Pública y la Función Jurisdiccional, y lograr la celeridad, eficacia y economía procesal, ya que en la actualidad se puede evidenciar un alto grado de abuso en la aplicación de esta norma constitucional, de acuerdo al criterio de juristas en relación a este tema manifiestan que es una acción subsidiaria o alternativa con la que surge la nueva Constitución, como una acción de naturaleza principal de mayor jerarquía y totalmente independiente, siendo beneficiarios directos en primer lugar los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, funcionarios del sector público, a fin de mejorar y convertir en una administración más diligente, ágil y oportuna.

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Protección del consumidor en el código civil y código de protección y defensa del consumidor frente a las clausulas abusivas en los contratos por adhesión de telefonía fija

Protección del consumidor en el código civil y código de protección y defensa del consumidor frente a las clausulas abusivas en los contratos por adhesión de telefonía fija

En la Comunidad Andina no se han presentado avances importantes. Se están considerando algunas regulaciones especiales en temas muy puntuales, como es la “Propuesta para la Calidad Total y Servicio al Cliente en los Servicios Aéreos” que se discute en el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas. A finales de la década de los 80, la JUNAC adelantó algunas reuniones de expertos en el tema de Derecho del Mercado, con el fin de hacer un diagnóstico sobre el estado de situación en los Países Miembros. En ellas se concluyó que existe un bajo nivel de protección al consumidor y grandes diferencias conceptuales entre las legislaciones que dificultan el proceso de integración. El presente trabajo tiene como finalidad volver a hacer un diagnóstico sobre el tema desde el punto de vista jurídico.

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Análisis de la acción de protección como acción principal y no como una acción subsidiaria o residual

Análisis de la acción de protección como acción principal y no como una acción subsidiaria o residual

Esta situación se agrava por el hecho de que la Constitución de 2008 y la LOGJCC atribuyen ya no al Tribunal o Corte Constitucional, sino a las Cortes Provinciales la competencia para conocer apelaciones de las acciones de protección. Esta reforma tenía originalmente como objetivo acercar a los ciudadanos y a los jueces constitucionales pues según estudios estadísticos, 1997-2004, la apelación de amparos estaba concentrada en Quito y Guayaquil, es decir, los ciudadanos de otras provincias apelaban las decisiones de amparo mucho menos que los de aquellas ciudades posiblemente debido a costos y dificultades de acceso.

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Acción de protección en el Ecuador

Acción de protección en el Ecuador

Loja, dieciocho de febrero del dos mil nueve, a las 09h00.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente Acción de Protección, en virtud del sorteo que consta en la misma y en mi calidad de juez encargado, mediante oficio Nro. 1727-DCNJL, de fecha 30 de Septiembre del año 2005. En lo principal la acción presentada por el señor MIGUEL CASTRO HURTADO en contra del señor Ing., Jorge Bailón, Alcalde del Cantón Loja y Dr. Eduardo Valdivieso Idrovo, Procurador Sindico, se la califica de clara, completa en los requisitos de forma, razón por lo que se la acepta al trámite especial que le corresponde. Por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de Control Constitucional, señálese para el viernes, veinte de febrero del año 2009, a las 10h00, para que se lleve a efecto en el despacho del Juzgado la audiencia pública correspondiente. Ofíciese haciéndose conocer el particular, adjuntando copia del presente auto, a los emplazados. Téngase en cuenta la cuantía y el casillero judicial señalado por el demandante.- Notifíquese.

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Acción de protección

Acción de protección

El Jurista Dr. Jorge Zavala Egas dice, “Es hora de hacer efectivas las nuevas garantías, con el inocultable propósito de recuperar antiguos derechos, cuyo ejercicio, por mandato de la comunidad universal, jamás prescriben ni se extinguen.”. A nivel del país se han demandado acciones de protección contra el Consejo Nacional de la Judicatura en donde la mayoría de los casos se ha reconocido el derecho constitucional vulnerado es decir se ha reparado el daño que la autoridad pública no judicial en este caso el CNJ ha causado. Un principio constitucional señalado en el numeral 4 del Art. 326 a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, en tanto que dicho Art. 326 dice “El derecho al trabajo se encuentra en los siguientes principios”.

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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá la facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o mediante entrega del bien en forma personal, por correo registrado, o por otro medio fehaciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la operación, debiendo el proveedor reintegrar al consumidor el precio pagado. En este caso, los costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. Tratándose de servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra.

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Economía colaborativa y protección del consumidor

Economía colaborativa y protección del consumidor

El Parlamento Europeo destaca la importancia de considerar si la prestación de servicios “la efectúan profesionales o particulares, de forma que los requisitos jurídicos para los particulares que prestan servicios de manera ocasional (‘pares’) sean menos rigurosos”, mas considera que ello no ha de impedir la garantía de la “calidad y un elevado nivel de protección de los consumidores”, tomando en consideración las diferencias sectoriales. Si bien suscribimos lo afirmado por el Parlamento, estimando que la situación ideal sería procurar al consumidor en las relaciones C2C una protección similar a la que obtiene en sus relaciones B2C, consideramos que el legislador ha de remover tales diferencias,

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