Acto administrativo

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El Reglamento, ¿acto administrativo en el Derecho peruano?

El Reglamento, ¿acto administrativo en el Derecho peruano?

Sin embargo, esta afirmación deja pendiente una cuestión importante, central en el objeto de este trabajo. Si los Reglamentos se distinguen de los actos no normativos por su abstracción, y la LPAG parece definir al acto administrativo a partir de su «concre- ción», ¿no estarían los primeros excluidos de esta segunda categoría? Sin embargo, otras disposiciones de la misma norma, como su art. 23, nos permiten llegar a una conclusión contraria, al considerar a los Reglamentos como una clase de actos administrativos, que deben ser publicados. En realidad, el problema no es real, pues el art. 1.1 LPAG debe entenderse únicamente como un medio para delimitar el ámbito de aplicación plena del procedimiento regulado en esta Ley, que generalmente no está pensado para los actos administrativos normativos, sometidos a un régimen jurídico en parte diferente. Por tanto, de acuerdo al art. 1.1 LPAG, ésta es aplicable a los actos administrativos concretos y, por tanto, no normativos, aunque de su redacción no se deduce necesariamente que los actos normativos no sean actos administrativos, como su naturaleza lo exige.
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La autorización de levante como acto administrativo.

La autorización de levante como acto administrativo.

En aplicación del control posterior, la autoridad aduanera está facultada para aprehender la mercancía incluso cuando esta se encuentre en principio amparada en una declaración de importación que ha obtenido levante, basta con que se configure el hecho de que la mercancía relacionada en esa declaración de importación, pese a haber obtenido por cualquiera de los medios de inspección el correspondiente levante, se encuentra incursa en la causales de aprehensión señaladas en los numerales: 1.6, del Decreto 2685 de 1999, que es una causal que por criterios de descripción hace que la autoridad aduanera entienda que dicha mercancía no ha sido declarada o que la mercancía relacionada en la declaración de importación (que cuenta con levante), no corresponde con la mercancía que se está controlando. En este evento la autorización de levante como acto administrativo proferido por la aduana no tiene relevancia ni fuerza jurídica alguna ante la misma autoridad para demostrar la legalidad de la mercancía y por ende de garantizar su cometido cual es la libre disposición de las mercancías.
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Principio de confianza legítima en el acto administrativo

Principio de confianza legítima en el acto administrativo

Es así como el actor impugna la decisión, girando en dos puntos, dar aplicación de la ley 960 de 1970 en relación a su experiencia y por tanto solicitó una nueva resolución, en el que se incluyan los nuevos puntajes, siendo este último punto columna vertebral para la negación de las peticiones, sin restarle importancia a otro argumento que adujo la Sala de lo Contencioso Administrativo respecto a tener otro mecanismo de defensa judicial, siendo el primero de los argumentos concomitante y para el presente tema certero, al reiterar que se había expedido el acuerdo 026 de junio de 2016 con el que se aprobó la lista definitiva de elegibles, traduciendo esto a un acto administrativo definitivo que había surtido sus efectos jurídicos, a cada uno de los aspirantes que aprobaron y se incorporó en ellos el derecho de obtener según la lista, un cargo en propiedad. Recordemos que desde las clasificaciones del acto administrativo a partir del punto de vista del contenido de los actos pueden ser “generales e individuales” (Rodríguez, 2017, p.35).
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IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO: ANÁLISIS TEÓRICO PRÁCTICO

IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO: ANÁLISIS TEÓRICO PRÁCTICO

Ante la problemática planteada a esta Corte le corresponde verificar si en efecto existió o no una vulneración de los derechos constitucionales del accionante en el caso concreto. Para ello, debemos señalar que a fojas 9 del proceso N.° 001-2010 consta el contrato de servicios profesionales celebrado entre el accionante y el CONSEP en el cual, se detalla que el accionante presta sus servicios profesionales sin relación de dependencia con el objeto de desarrollar las actividades previstas por la Dirección de Asesoría Jurídica de dicha institución. Asimismo, a fojas 185, consta la acción de personal mediante la cual se encarga al accionante el cargo de director regional del Litoral, explicando en dicho acto administrativo que el encargo durará hasta el nombramiento provisional del titular de la partida.
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TítuloLa suspensión judicial del acto administrativo en el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa

TítuloLa suspensión judicial del acto administrativo en el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa

La suspensi?n judicial del acto administrativo en el proyecto de ley de la jurisdicci?n contencioso administrativa LA SUSPENSI?N JUDICIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCI[.]

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LA CONFIGURACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMO OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

LA CONFIGURACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMO OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Dada la amplitud que podría darse a la ponencia, si en ella tratásemos de hacer un estudio sobre el concepto de acto administrativo, elementos configuradores del mismo, su eficacia, vali[r]

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La corrupción de funcionarios y sus implicancias en el acto administrativo en las instituciones del Estado

La corrupción de funcionarios y sus implicancias en el acto administrativo en las instituciones del Estado

Tanto el acto administrativo sustantivo como el adjetivo son términos susceptibles de interpretación diversa. Por ello, no existe un concepto ni doctrinario, ni legalmente unitario (pese a lo mencionado en la ley). Si bien en el derecho privado, los códigos definen el “acto jurídico” y al “acto de comercio”, en el derecho público no ocurre lo mismo, pues no siempre tenemos códigos y, cuando los tenemos, no siempre definen al acto administrativo, y cuando lo definen, tampoco suelen guardar uniformidad de criterio. Más aún, incluso dentro de un mismo Estado, suelen darse conceptos distintos a raíz de la diversa organización administrativa local, impuesta por razones de federalismo.
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¿Puede plantearse seriamente un interrogante sobre el acto administrativo?

¿Puede plantearse seriamente un interrogante sobre el acto administrativo?

al que considera emergente de un método de producción jurídica de tipo autocrático que se diluye “en la subjetividad de la autoridad administrativa agente”. Alude a la progresiva crisis del carácter monolítico de la acepción de interés público y a la progresiva toma de conciencia de la necesidad de una nueva coniguración de la noción de acepción abstracta, a producto de una compleja acción de composición entre situaciones jurídicas contrapuestas y de sucesivas síntesis entre las mismas (con especial referencia a la conferencia de servicios contemplada en la misma ley 241). Los instrumen- tos consensuales de tipo privatístico —airma Spasiano— pueden ser eicientes para la realización de un ordenamiento pluralista de carácter social, con lo que va mucho más allá de la mera huida hacia el derecho privado para superar la concepción autoritaria. Insiste en lo nocivo que resulta la disolución del interés público en la subjetividad de la autoridad administrativa agente, proponiendo una objetivación en la cual el poder público no pertenece a un sujeto sino a un ordenamiento, con expreso sustento de esta idea en el ordenamiento comunitario; airmando que en este esquema, el procedimiento administrativo se orienta a asumir la connotación de método de ejercicio cooperativo del poder, técnica de distribución y de dilución de éste, lo cual se coliga directamente al principio demo- crático (10). De sus relexiones integrales que son muchas y muy profundas (11) concluye Spasiano en que la disposición del “comma 1 bis” de la ley 241, asume en la realidad un alcance decididamente limitado, al menos bajo el peril cuantitativo, tanto más porque a ella no puede reconocérsele fuerza derogatoria respecto de la disciplina del procedimiento administrativo normativamente deinido. Im- pecable este aporte doctrinario que comprende tanto la exigencia del procedimiento administrativo entendido como garantía de una actuación administrativa jurídica, como su presencia consecuente en cuanto valladar a la huida hacia el derecho privado que tan ligeramente se postula. La remisión de Spasiano a Franco Gaetano Scoca completa esta idea porque Scoca alude a la necesidad de poner límites al deslizamiento hacia la “mística del consenso” solo en cuanto ella se constituye sobre la base de instrumentos propios del derecho privado, pero destacando la existencia de instrumentos propios del derecho público en ese sentido al desarrollar su concepto crítico del “acto administrativo en so- ledad” y la impronta de su superación en el marco de procedimientos administrativos consensuales como la conferencia de servicios (12).
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Del acto administrativo sancionador tributario

Del acto administrativo sancionador tributario

“… los directores regionales del Servicio de Rentas Internas, en conformidad al Art. 9 de la ley de creación de la institución, ostentan las mismas facultades que el Código Tributario confiere a su Director General; que el acto es válido, pues, ha sido emitido por autoridad competente; que las determinaciones tributarias pueden consistir en actas de fiscalización u otros actos administrativos; que la liquidación de diferencias practicada es un acto administrativo que no requería de la expedición de una orden previa; que el requerimiento realizado en forma previa de acuerdo a lo que prevén los artículos 200 y 201 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno no es un acto de determinación de obligación tributaria; que el acto impugnado fue emitido como un acto de control no como un acto de deter minación...”
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El acto administrativo en la Administración Tributaria Central del Ecuador

El acto administrativo en la Administración Tributaria Central del Ecuador

QUINTO.- La determinación de la administración vía control puede practicarse en forma directa, en base a los documentos del propio contribuyente o de terceros y si no es posible, en forma presuntiva, ya en base a indicios, ya a coeficientes. Del texto de las actas de determinación mencionadas en el considerando que antecede, se infiere que se ha efectuado la determinación directa. No cabe exigir que la administración, cuando notifica a la declarante con el inicio de la auditoría, decida de antemano cual sera la forma de determinación tributaria, pues, ello dependerá de si existen o no elementos suficientes para practicar la determinación directa. En el caso, la empresa ha ejercitado ampliamente su derecho de defensa, pues, inclusive, se han levantado actas borrador, según aparece del proceso. Las omisiones reglamentarias aludidas no comportan vicios de procedimiento graves que produzcan la nulidad, pues, para que ello ocurra, al tenor del Art. 139 numeral 2 de la Codificación del Código Tributario, ha menester que tales vicios hayan influido en la decisión del acto administrativo o hayan colocado al administrado en estado de indefensión, lo que no ha sucedido en el presente caso. En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia de 15 de mayo del 2008 expedida por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3, reconoce la validez de los actos administrativos impugnados y reenvía el caso al Tribunal de origen para que se pronuncie sobre las impugnaciones, a la legitimidad de los mismos, particular que esta Sala no lo puede afrontar, pues, en la sentencia de instancia, no existen hechos reconocidos en los términos del Art. 16 de la Ley de Casación.
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El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologias de la información

El acto administrativo electrónico y las nuevas tecnologias de la información

 Motivación del acto: Este elemento formal expresamente se encuentra establecido en el Código Contencioso Administrativo, expresando que los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámites o salvo disposición expresa de la ley. De acuerdo a esta norma, y salvo excepciones, se exige del funcionario que exprese sucintamente los hechos y fundamentos legales, pero, más allá de ello, se espera del funcionario que analice las razones que hubiesen sido alegadas en el procedimiento administrativo. La implementación del procedimiento administrativo electrónico poco incide en el elemento de forma de la motivación del acto administrativo, por cuanto y salvo excepciones legales, todos actos administrativos deben estar debidamente motivados, independientemente de la naturaleza del soporte material que los contenga.
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Efectos del acto administrativo en la gestión de las instituciones del estado

Efectos del acto administrativo en la gestión de las instituciones del estado

voluntad y produce efectos jurídicos”, sin embargo, el acto administrativo tiene características propias, que lo distinguen del género y de otras especies de actos como los civiles, penales, laborales, o mercantiles. Con el estado de derecho la actividad administrativa del Estado queda sometida a la ley; ésta señala que las decisiones que tome la Administración no deben materializarse a través de simples operaciones técnicas sino también mediante una declaración formal de voluntad, de acuerdo con el procedimiento señalado por el orden jurídico. (pp. 138-139)
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La ilegalidad y la nulidad del Acto Administrativo.

La ilegalidad y la nulidad del Acto Administrativo.

derecho positivo al rango de constitucional, las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la Ley, por lo que en consecuencia cualquier acto realizado fuera de la ley es un acto arbitrario y en consecuencia de nulidad absoluta. Siendo la ley el único origen de los actos administrativos, los autores están de acuerdo en que por más que existieran elementos discrecionales en cualquier acto, siempre en él se ha de encontrar por lo menos cuatro elementos reglados, los cuales son: “.. la existencia misma de la potestad, su extensión (que nunca podrá ser absoluta, como ya sabemos), la competencia para actuarla, que se referirá a un ente y -dentro de éste- a un órgano determinado y no a cualquiera, y, por último el fin, porque todo poder es conferido por la ley como instrumento para la obtención de una finalidad específica, la cual estará normalmente implícita y se referirá a un sector concreto de las necesidades generales, pero que en cualquier caso tendrá que ser necesariamente una finalidad pública.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p 446). Además de estos cuatro elementos reglados que constarán en todo acto administrativo, en cada caso puede haber muchos otros según sea mayor o menor el nivel de legislación que para cada caso establezca el derecho positivo”. (31)
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Curso Validez y Nulidad del Acto Administrativo

Curso Validez y Nulidad del Acto Administrativo

1.5. EL ACTO ADMINISTRATIVO COMO ESPECIE DEL ACTO JURÍDICO El acto administrativo participa de las características del acto jurídico, por cuanto, al igual que el acto jurídico “es la expresión de la voluntad y produce efectos jurídicos”. Sin embargo hay que señalar que el acto administrativo tiene características propias, que lo distinguen del género y de otras especies de actos como los civiles, penales, laborales, o mercantiles. Con el estado de derecho la actividad administrativa del Estado queda sometida a la Constitución y a la ley, la que establece que las decisiones que tomen los entes de la Administración no deben materializarse a través de simples operaciones técnicas sino también, mediante una declaración formal de voluntad, de acuerdo con el procedimiento señalado por el orden jurídico vale decir mediante una resolución administrativa.
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La Presunción de Legalidad del Acto Administrativo en la Legislación Ecuatoriana

La Presunción de Legalidad del Acto Administrativo en la Legislación Ecuatoriana

Antes del año 1972 ninguna norma de derecho administrativo establecía para los actos administrativos una presunción de legalidad, pero tampoco una distinta; de tal modo que por analogía de la norma civil, podía concluirse que los actos administrativos anulables se presumían legítimos o válidos, no así los actos administrativos nulos, sí, la presunción de legalidad del acto administrativo podía existir, por vía analógica, respecto de los actos anulables cuyo vicio no era evidente o manifiesto; en ausencia de norma expresa, no podía en cambio jurídicamente hablarse de una supuesta presunción de legalidad para todos los actos sin distinción. Es que, como dice Imboden “la nulidad de un acto excluye necesariamente su exigibilidad, por la lógica inmanente al ordenamiento jurídico”. Por tales razones, el vicio manifiesto destruye precisamente la presunción de legalidad. El acto administrativo nulo no debe tener presunción de legalidad, pensar lo contrario constituye un pensamiento político-jurídico estatista y autoritario.
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La garantía de defensa en juicio y el principio de ejecutividad del acto administrativo

La garantía de defensa en juicio y el principio de ejecutividad del acto administrativo

La garant?a de defensa en juicio y el principio de ejecutividad del acto administrativo LA GARANT?A DE DEFENSA EN JUICIO Y EL PRINCIPIO DE EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Carlos F Balb?n Centro d[.]

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Notificación del Acto Administrativo por Medios Electrónicos.

Notificación del Acto Administrativo por Medios Electrónicos.

El acto administrativo como tal se puede llevar a cabo por medios electrónicos, y que existen muchos medios que permiten garantizar su publicidad, su protección y en general, el que pueda cumplir con los mismos requisitos del proferido a través de medios físicos como el papel. Por ellos es preciso señalar la existencia de numerosas técnicas capaces de proporcionar a los documentos generados electrónicamente la certeza necesaria y la seguridad para efectos de ser usados como prueba del mismo. (RINCÓN CÁRDENAS, E., 2006,361)

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El acto administrativo en el Ecuador.

El acto administrativo en el Ecuador.

Centrándonos en el tema de la validez del acto administrativo, es preciso indicar que esta noción conlleva aspectos muy importantes como la formación de la voluntad de la autoridad pública y la competencia de dicha autoridad para emitir la declaración de voluntad, esto en primer lugar, luego es necesario observar que la autoridad pública haya cumplido con el procedimiento establecido por la ley para expedir el acto y finalmente hay que verificar la forma del acto mismo a fin de verificar si cumple con los elementos o requisitos establecidos por la norma jurídica (presupuesto de hecho, contenido, objeto, fin, causa, motivación); por lo dicho vemos que la validez es sinónimo de idoneidad, como cualidad que recubre al acto administrativo al ser emitido y que permite exteriorizar sus efectos jurídicos.
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El acto administrativo regulatorio

El acto administrativo regulatorio

CNFed. Cont. Adm., Sala IV, in re Yousseffian, del 6/11/97. La traba de dicha medida cautelar –dirigida al Estado nacional– ocasionó que la Secretaría de Comunicaciones dictase un acto de alcance general en que dispuso diferir su pronunciamiento sobre la prórroga de la exclusi- vidad «hasta el momento en que éste sea procesalmente posible» (cfr. Resolución SECOM 3384/97, artículo 1, Boletín Oficial del 11/11/97, p. 11), circunstancia ésta que también de- muestra la eficacia hacia terceros de una decisión –en principio– de carácter individual. Asi- mismo, también es interesante destacar que, en relación de la exclusividad telefónica, el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 6, en la causa Consumidores Libres Coop. Ltda. De Prov. De Serv. De Ac. Com v. Estado Na- cional –Sec. Comunicaciones– s/ proceso de conocimiento, con fecha 11/9/98, dictó un pronun- ciamiento declarando que «no encontrándose vigente exclusividad alguna en beneficio de las actuales prestatarias del servicio que se trata, aquellos que estuvieren legalmente habilitados para competir en la prestación del mismo, podrán hacerlo previo cumplimiento de los requisitos admi- nistrativos y técnicos que fueren necesarios y que fije el Estado Nacional...». Como se puede ob- servar, los efectos de una decisión sobre la exclusividad de prestación se propagan a favor de nuevos prestadores o «entrantes». También es importante traer a colación lo fallado –en vía cautelar– respecto a la naturaleza del acto que versa sobre la exclusividad en el enlace inter- nacional por el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 4, con fecha 17/5/94, en la causa Telintar S.A. v. Comisión Nacio- nal de Telecomunicaciones s/ varios, en donde se dijo –frente a la discusión que existía en la causa acerca de la naturaleza del acto administrativo que disponía sobre la exclusividad alu- dida–: «Obsérvese que el aspecto más importante de la res. 668, lo constituye la revocación de su similar 5004. Del considerando de ésta se extrae que sus disposiciones zanjaron una polémica de ri- betes claramente particulares. Por un lado, una empresa norteamericana –Gateway– se quejaba de la exigencia de licencia nacional y del bloqueo de líneas por parte de Telintar y ésta se defendía de lo que consideraba una violación de su licencia de exclusividad. El resguardo de estos intereses tiene una naturaleza individual, pero se hace a través de una disposición de contenido normativo que proyecta sus efectos de un modo socialmente promiscuo. En realidad es natural que ello suceda cuando está en juego la exclusividad de un servicio: ésta es reclamada por un particular y el modo de responder a ese reclamo resulta, de ordinario, plasmado en una disposición normativa, sustan- cialmente erga omnes».
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04- Sammartino, Patricio - La noción de acto administrativo en el estado constitucional

04- Sammartino, Patricio - La noción de acto administrativo en el estado constitucional

i) Los actos jurídicos del derecho privado. Inicialmente, la nota del interés público, que está en el corazón mismo de todas las instituciones del derecho de la función administrativa, insufla al acto administrativo diferencias estructurales y funcionales significativas con respecto al acto o negocio jurídico. La gravitación del principio de legalidad en aquél, como se explicó, no es similar a la que exigen los actos jurídicos: mientras para los particulares el ordenamiento normativo tiene predominantemente contenido negativo, ello no es predicable para los órganos que despliegan función administrativa, pues para éstos la juridicidad opera, esencialmente, como un presupuesto básico de actuación. En este aspecto coinciden todos los ordenamientos y posiciones doctrinales antes relevadas.
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