Alianzas Público Privadas

Este tema frente a las alianzas público privadas, debe analizarse desde dos puntos de vista. En principio, pueden tornarse como estrategias distintas para cumplir este objetivo. El primero de ellos, se fundamenta en la necesidad de invertir en el sector ambiental y mediante la figura jurídica de las APP, se pretende, por parte de las instituciones de carácter internacional, lograr sinergias representativas y certeras en lo que se refiere a los objetivos económicos- ambientales de la región. La estrategia de inversión privada en este campo tiene que ver con una visión integral del desarrollo, basada en el principio de que “es más costoso reparar que prevenir”. El segundo análisis debe hacerse desde la necesidad de enmarcar la sostenibilidad ambiental en los nuevos modelos de contratación estatal, en donde, no solo el valor y la calidad de las obras o servicios contratados, son la prioridad de las instituciones. Hay que tener en cuenta que, hoy en día, los temas sociales y ambientales representan, en muchos casos, gran parte del presupuesto del proyecto y es aquí en donde las figuras de las alianzas público privadas, juega un rol especial ya que son modelos de gestión que deben ser integrales e incluyentes y su proceso debe considerar, en todo momento, el concepto de desarrollo sostenible (Comisión Económica para America Latina y el Caribe, 2002).

La Tesis “El Rol de las Alianzas Público Privadas en las inserción de las PyME’s en los Mercados Internacionales”, contiene la problematización que da origen al tema de estudio en el que se plantea el contexto en el cual se desempeñan las Pequeñas y Medianas Empresas PyME’s, en el momento actual, y su importancia en la generación de empleo en todos los rincones del mundo incluidos nuestra provincia y país. De igual forma en estas páginas se detalla la justificación en los distintos aspectos que se consideran para la realización de la tesis y dentro del Marco Teórico (numeral 4 de la tesis), se desarrollan los conceptos fundamentales a ser utilizados en la presente investigación, haciendo énfasis en las Alianzas Público Privadas, por cuanto su conocimiento es poco extendido en nuestro medio y resulta trascendental para los objetivos de la tesis, en esta parte se incluye además de los conceptos básicos acerca de este tipo de alianzas, sus tipos e información relevante de su conformación y estructuración. Se incluye un análisis introductorio de las PyME’s y su situación en el país, y los conceptos mas importantes que tienen relación al Comercio Internacional.

Las alianzas público-privado (PPPs) - esto es, políticas que conllevan algún nivel de colaboración entre el sector público y el privado en la provisión de servicios públicos - han adquirido gran centralidad en la agenda educativa global. Como consecuencia de ello, actualmente, las PPP están muy presentes en las discusiones de reforma educativa que se dan tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo, y se están promoviendo mayores dosis de participación privada, elección escolar y competición entre centros en el marco de los sistemas educativos. Este artículo explora los orígenes de la idea de las PPPs en el campo de la política educativa y, concretamente, qué organismos internacionales y mediante qué mecanismos están promoviendo su implementación a escala global. El artículo también pone de manifiesto los puntos débiles de los argumentos y las metodologías en que se sustentan las prescripciones de políticas de los defensores de las PPPs y, a su vez, plantea una agenda de investigación alternativa al estudio de los efectos de las PPPs basada en la conocida como ‘evaluación realista’.

Este proceso de reforma a la norma plantea dos procesos no incorporados en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera –APP, la privatización y concesión; sin embargo, señala la necesidad de incorporar mecanismos alternativos a los ingresos públicos para la recaudación de ingresos. Este marco extenso normativo permite al Estado, por una parte, la incorporación activa de la sociedad civil en la gestión de asuntos de interés colectivo como el desarrollo de proyectos de obras y servicios públicos. Igualmente, genera las condiciones necesarias para atraer la inversión nacional y extranjera privada necesaria para la implementación de proyectos prioritarios y estratégicos al brindar seguridad jurídica al sector privado, lo que constituye de acuerdo con Montalvo (2017) una de las preocupaciones de los inversionistas extranjeros, dado los continuos e impredecibles cambios en las regulaciones. Sin embargo, en materia tributaria la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera –APP, le asigna de forma discrecional a la potestad del Presidente de la República de simplificar los procesos y procedimientos en el ámbito de la Función Ejecutiva, mediante decreto ejecutivo.

El tema de investigación no ha sido objeto de estudio en el Ecuador porque existen muy pocas publicaciones del mismo, por lo que el tipo de investigación a utilizar es exploratorio, un estudio piloto que se empleará para identificar una problemática, y su diseño será de tipo investigativo porque utilizaremos técnicas de estudios como la observación participante, la revisión documental, y el estudio de casos. Finalmente, luego de haber recopilado información teórica y estadística podremos proponer un modelo de Alianzas Público-Privadas que permita desarrollar el nivel de vida de los habitantes del Ecuador, a través del mejoramiento en el sector industrial y el crecimiento de las exportaciones.

Además de los índices anteriormente citados, se encuentran algunas problemáticas de tipo estructural que intervienen a la hora de considerar la solución al tema de los niveles de pobreza en el país: (I) existen niveles de desigualdad de ingreso más altas que las desigualdad en las oportunidades, (II) se han profundizado las brechas entre la pobreza urbana y rural, siendo mayores los niveles en ésta última, lo que aumenta la polarización entre estos dos sectores. En ese sentido, se observa que tanto a nivel nacional como regional (departamental y municipal) existe una apuesta por la implementación de estrategias para la superación de la pobreza, en donde se identifican dos puntos claves: (I) la necesidad del Estado de establecer alianzas con otros sectores de la sociedad para lograr hacer frente a la problemática de pobreza y atender las demandas de la población en dicha condición de vulnerabilidad y, (II) la creación de capacidades y oportunidades se convierte en uno de los ejes centrales dentro de la política para la superación de la pobreza.

la violencia causante de migración del campo de los PPRs, generando en estos PPRs poca participación en las actividades económicas nacionales, lo que representa una baja tasa de crecimiento agrícola en Colombia, bajo nivel de capital humano, baja productividad y altos niveles de informalidad por parte de los productores. El estudio identificaba las variables que permitan la articulación de manera sostenible a los pequeños productores rurales con entidades públicas y privadas de manera efectiva, identificando y proponiendo que las alianzas verticales de las cadenas de valor son mecanismos necesarios para alcanzar la articulación. El caso de estudio la producción de diferentes variedades de ají picante en el valle del cauca producidas por PPRs conformadas por unidades familiares campesinas que son actores principales dentro de la alianza junto, con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas encargadas de apoyar los procesos de articulación de PPRs con la empresa privada, a fin de prestar servicios de financiación a proyectos de investigación, asistencia técnica, capacitación y comercialización. (Gutierrez, 2011)

América Latina y el Caribe, sobre todo nuestro país, tiene la necesidad de recibir inversiones en proyectos debido a la tendencia a la baja que se ha mantenido en los últimos 7 años. Estas inversiones permitirán generar un mayor ingreso de divisas, la multiplicación de plazas de trabajo y una estabilidad económica durable a largo plazo; pero para esto los inversionistas deben percibir y apreciar que existe una estabilidad jurídica para garantizar sus inversiones, unos incentivos para generar ganancias y repatriarlas a sus países de origen y la apertura de un gobierno que esté dispuesto a trabajar en conjunto con la empresa privada y no un gobierno que confronte con ellos. Nuestro país quiere mostrar que está dispuesto a garantizar inversiones a largo plazo, a resguardar la seguridad y estabilidad jurídica de las mismas, y sobre todo a generar incentivos para los inversionistas a través de algunos cuerpos y reformas legales, y más específicamente con la aprobación de la Ley Orgánica de Incentivos para Alianzas público-privadas, el financiamiento productivo y la inversión extranjera

El concepto de renegociación en sí no tiene por qué ser considerado siempre como algo negativo. Los contratos de concesión y participación público-privada son contratos incompletos, lo que lleva a que la incertidumbre que envuelve las previsiones de las partes (sobre todo en infraestructuras del transporte) haga necesario permitir un cierto grado de flexibilidad para lograr el reequilibrio de intereses entre las partes en caso de una desviación sobrevenida respecto a las previsiones iniciales. El problema de las renegociaciones aparece cuando su abuso delata un comportamiento oportunístico de una de las partes. Los estudios mencionados previamente apuntan a que lamentablemente esta tendencia es más habitual de lo deseable en nuestro ámbito. Este tipo de abusos puede terminar neutralizando el incremento de la eficiencia económica que justifica el desarrollo de proyectos de colaboración público privada. TEN“ CENTENO, “ntonio y otro. Inversión en infraestructuras: Cuando lo público y lo privado se dan la mano. Revista Journal. Georgetown University-Universia. Volúmen 4, N° 2. ISSN: 1988-7116. Pág. 99. Sitio web: file:///C:/Users/Miguel/Downloads/386-1036-1-SM%20(1).pdf

La Constitución de 1886 soportó 67 reformas constitucionales, entre ellas, afirma Molina Saldarriaga (2016), como las más destacadas: la reforma del 27 de marzo de 1905(Acto general y reformatorio de la Constitución Nacional), la cual estuvo precedida de la separación de Panamá en 1903. Esta reforma modificó los procesos legislativos ordinarios, determinó la competencia legislativa para la organización del territorio, eliminó la vicepresidencia de la República y su de signatura, limitó además la propiedad privada por motivos de utilidad pública, permitió la reforma constitucional mediante una asamblea nacional pudiendo ser convocada por el Congreso, el Gobierno Ejecutivo o por solicitud de las mayorías de las municipalidades, y suprimióel Consejo de Estado.El Acto Legislativo 1 de 1910(Asamblea Nacional de Colombia, 1910), la cual estuvo marcada por el restablecimiento de las Asambleas Departamentales, laconstitucionalización de la oposición, en tanto se les permitió la participación y representación de las minorías. La reforma del 5 de agosto de 1936(Congreso de Colombia) por su parte, modificó el régimen de la nacionalidad, otorgándoles por adopción a todos los hispanoamericanos y brasileros, garantizó la propiedad privada y privilegió el interés público y la utilidad pública sobre el particular. El año 1945 también estuvo marcado por otra reforma constitucional a través delActo Legislativo 1(Congreso de Colombia, 1945); en esta se permitió a la mujer obtener la ciudadanía a los 21años de edad, pero sin derecho al voto popular, se reformó al Congreso en sus atribuciones y funcionamiento y se estableció su régimen de inhabilidades. El 4 de octubre de 1957, en el gobierno de Mariano Ospina, se dio otra reforma que permitió la igualdad de derechos políticos a las mujeres, repartición igualitaria de los cargos públicos entre los partidos liberal y conservador(Junta Militar del Gobierno de la República de Colombia, 1957). La reforma del 11 de diciembre de 1968(Congreso de Colombia, 1968), se modificó el sistema de mayorías establecido por la reforma del 57 instituyendo la mayoría simple, salvo para algunos casos excepcionales, se crea las categorías de leyes cuadro o marco, se separan las funciones del ejecutivo respecto de las funciones de las demás ramas, y se definieron expresamente las funciones como suprema autoridad administrativa y como jefe de Estado presidente, y se creó las áreas metropolitanas entre otros.

Así pues, el impulso a estas nuevas formas de prestación de servicios en que se sustituye sustancialmente la presencia de la administración pública, proviene de fuerzas que ha animado y promovido la globalización económica y financiera, principalmente, pues: “la globalización económica ha reducido el margen de actuación de los gobierno nacionales y éstos han perdido gran parte de su poder tradicional y de sus objetivos sociales, el Estado ha sido sustituido por una oligarquía económico política. Lo público se ha disuelto en una gestión privada desgobernada en cuanto a los intereses sociales y colectivos pero muy rentable para los gestores” (Nieto, 2008: 38).

El concepto de alianzas público privadas (APP) para el desarrollo se configura a partir de acuerdos de cooperación en que los individuos, grupos u organizaciones convienen trabajar conjuntamente para cumplir una obligación o realizar una iniciativa específica. Estas asociaciones se han entendido en Colombia como una auténtica nueva forma de vinculación entre el sector público y el sector privado, orientadas a permitir un uso más sofisticado de la experiencia de este último. Partiendo de la diferencia en los intereses de las partes, uno de los principales desafíos que enfrentan las APP es el esquema de asignación y mitigación de riesgos en las entidades territoriales donde tienen lugar y generan impactos. Por consiguiente, es fundamental la participación de un tercer actor en estas asociaciones, quien pueda ser garante del conocimiento técnico para advertir sobre los posibles riesgos en los territorios y empoderar a las sociedades con competencias para decidir e incidir de manera eficaz sobre sus procesos endógenos; el actor llamado a fortalecer las APP como estrategia de desarrollo es la Academia.

En el Documento se expresan tres consideraciones que no se pueden dejar perder de vista: el primero, el reconocimiento que la realización de los ODS no es solo responsabilidad de los gobiernos, de la institucionalidad internacional o de todos los países en su conjunto, sino de todas sus partes interesadas, entre las que están las organizaciones sociales, empresariales y, por supuesto, los ciudadanos de cada país; el segundo, su carácter sistémico y complejo, lo que lleva a que en ella se reconozca que “(…) la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son interdependientes” (13); y la tercera, la obligatoriedad de pensar el DS desde 5 componentes esenciales para su realización y reforzamiento: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Este trabajo tiene como objetivo investigar la relación entre el marco regulatorio y la efectividad de los contratos de concesión de carreteras realizados en cuatro países de América Latina: Colombia, Chile, México y Perú, que durante los últimos treinta años implementaron entusiastamente el modelo de Alianzas Público Privadas (APP) pero con una variedad de resultados en el desempeño. A partir de un análisis anidado con enfoque de análisis institucional comparativo, que vincula un análisis cuantitativo para 77 concesiones de carreteras en los cuatro países y dos estudios de caso se estudia la variedad en la efectividad de los contratos de concesión intra-país y entre países, y el papel de terceros actores en el proceso causal que vincula el marco regulatorio con la efectividad. El proceso causal garantiza que el Sector Público pueda manejar mejor el riesgo regulatorio, mejorar su capacidad de implementación local, mejorar el monitoreo y supervisión sobre el concesionario, y minimizar el riesgo de construcción. Por tanto, el argumento principal es que la acción de terceros actores que velan –directa o indirectamente- por el interés público y se constituyen en garantes de que el Estado lleve a cabo sus responsabilidades cuando cede tareas al sector privado, es fundamental para limitar la captura y búsqueda de rentas de grupos de interés.

Rodolfo Garbanzo, director de investigación y educación médica del Hospital Clínica Bíblica menciona que una institución académica como el TEC cuenta con el potencial para investigar, creando alianzas de conocimiento y empresas. Garbanzo acota que entre las posibilidades de in- vestigación en seres humanos están áreas como la biología molecular, la medicina preventiva, investigación sobre virus, fármacos adecuados y eficaces, e incluso ir más a fondo en patologías como la diabetes, entre otros.

Las normas vigentes representan solo un punto de partida para el tratamiento de la contabilidad y la declaración de datos en el caso de las APP. El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) y el Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC 1995) abarcan algunas de las operaciones que caracterizan a las APP, entre ellas los arren- damientos, mientras que el SEC 1995, junto con el Manual sobre el déficit público y la deuda pública del SEC 1995, abarca la infra- estructura pública construida y explotada por el sector privado. En el Manual de estadísticas de finanzas públicas 2001 (MEFP 2001) del FMI se propone un marco para la declaración de informa- ción fiscal en el que se integran los flujos y los saldos y se pone más el énfasis en la declaración de información y la presentación de balances en base devengado. Ese marco es por lo tanto tam- bién muy adecuado para la declaración de datos sobre las APP, aunque no brinda hoy una cobertura integral de tales operaciones.

El pasado 31 de enero, la jueza 56 del Circuito Penal de Bogotá expi- dió una sentencia de tutela con efectos inter communis en la que decla- ró la persistencia del estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas —declarado en 1998 por la Corte Constitucional— y además amparó los derechos fundamentales del tutelante y los demás internos de la Cárcel Modelo de Bogotá. Dentro de las órdenes que impartió la jueza se destacan: (i); [sic] que el director de la Cárcel Modelo se abstenga de recibir más internos en el establecimiento por un periodo de tres (3) meses (ii); [sic] que el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios gestionen el traslado de todas las personas condenadas recluidas en la Cárcel Modelo a las penitenciarías del país, teniendo en cuenta que en la Modelo solo deben estar personas sindicadas (iii); [sic] que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales pertinentes ante la posible existencia de fosas comunes con cadáveres al interior de la Cárcel Modelo (iv); [sic] y que la Secre- taría Distrital de Salud haga visitas periódicas al establecimiento de reclusión para comprobar que existen allá las condiciones mínimas para recluir seres humanos. Durante el curso del proceso, el juzgado solicitó al Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de Prisiones de la Universidad de Los Andes un concepto sobre el caso, el cual fue determinante para expedir las órdenes mencionadas. 40

PERFIL TURISTA: El tipo de huésped turista usa el servicio hotelero en un 20%, los aspectos primordiales de este perfil son: la ubicación del Hotel, una conectividad directa con el centro de la ciudad e importantes vías turísticas (Ruta Embrujo llanero – Piedemonte llanero), además de accesibilidad a transporte urbano. Sin embargo, predominan otras variables como variedad gastronómica, entre ellas la comida típica llanera, platos internacionales y alimentos saludables (orgánicos), y alianzas turísticas con la posibilidad de conocer lugares emblemáticos, históricos y representativos de la ciudad. Por último, la preferencia de menor importancia es el aire acondicionado, debido a que el huésped permanece en el hotel pocas horas al día durante su estadía. (Ver Ilustración 13).

Y cuando uno ya está en la práctica de hacer este tipo de proyectos, pues uno se da cuenta que si bien hay riesgos que son públicos, no todos representan, en algún punto, desembolsos por parte del presupuesto público, sino que hay otros mecanismos para poder compensar riesgos, ya sea con ampliación de plazos de los proyectos, o de pronto con, no sé, permitirle al dueño del proyecto generar un ingreso adicional con otros, a través de otro esquema, no sé, si puede existir esa posibilidad, o de pronto recortar el tiempo del contrato, o no sé, o acortarle el alcance de las actividades que tiene que hacer durante la vida del contrato, o sea, hay diferente maneras en las cuales uno dice: “Si se llega a materializar el riesgo, pues yo lo compenso de otra manera dentro del contrato, pero no con recursos públicos, propiamente dichos, entonces, cuando la estructuración es así, pues, esos proyectos, ya al final, no tienen que hacer todo el trámite ante el Ministerio y eso pasa, digamos eso pasa..

de estos retos, para José María Figueres Olsen, las alianzas público-privadas son un imperativo ético y moral y «lo justo y lo correcto» para hacer frente al reto del desarrollo, la exclusión social y a las ex- pectativas de muchos ciudadanos en un mundo que está más conectado que nunca. También señala que hay temas que son responsabilidad de todos, espe- cialmente el medioambiente, que necesi- tan de una acción conjunta. Tennyson está de acuerdo con este análisis pero destaca, asimismo, que la razón más im- portante para la formación de alianzas es la innovación: «Desde mi punto de vista, las buenas alianzas son innovadoras: si una alianza no está haciendo algo nuevo, entonces ¿para qué molestarse?». Además de por las razones generales señaladas anteriormente, las alianzas se ven condicionadas por el entorno econó- mico, político, cultural y social del lugar en donde operan. Asimismo, cualquiera que sea la meta o el objetivo común, los miembros se han unido en base a los posibles incentivos para sus propias or- ganizaciones, los cuales también varia- rán de acuerdo con el contexto específi- co de cada una de ellas y del sector al que pertenezcan. En relación con Améri- ca Latina, estos razonamientos están bien expuestos por Enrique V. Iglesias, quien es de la opinión de que las alian- zas público-privadas son importantes desde tres puntos de vista: por su papel en las economías mixtas; como instru- mento para la inversión en infraestruc- turas; y como elemento para fomentar la cohesión social. Igualmente explica