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La justicia restaurativa en el ámbito penal

La justicia restaurativa en el ámbito penal

Otra de las consecuencias derivadas de la reducción de la Justicia restaurativa a la mediación penal, es la consideración de que esta solo va a ser aplicable a delitos leves. Debemos tener en cuenta que en la mediación penal no hay dos partes debatiendo a cerca del alcance de un acuerdo, sino que lo fundamental va a ser el diálogo en sí mismo, pues este será el que ayude a la víctima a reparar el trauma derivado del delito. Podemos extraer la conclusión, por tanto, de que las víctimas de delitos más graves son las que más ayuda habrá de precisar para afrontar el daño, pudiendo ser los procesos restaurativos los más adecuados a tal fin, constituidos como un complemento del sistema penal. Si la víctima quiere participar en un proceso de estas características, no debemos excluirla en base a que su estatus como víctima es derivado de un delito de naturaleza grave, pues supondría atentar contra el principio de igualdad. Nadie mejor que la propia víctima para determinar si desea o no someterse a un proceso restaurativo en función de sus propias necesidades y emociones, de lo contrario el legislador estaría adoptando una postura sumamente paternalista 72 , que en nada favorecería la consecución

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Regulación del uso de drones y sus límites en el ámbito penal

Regulación del uso de drones y sus límites en el ámbito penal

En este caso, las chicas que fueron grabadas han visto vulnerado su derecho a la intimidad y a su propia imagen. 27 Ellas se encontraban en una situación de privacidad ya que estaban en su barco y el hombre a través de un dron ha invadido su privacidad sin su consentimiento. Por casos como este aparece la necesidad de reforzar la vigilancia en base a los avances de las nuevas tecnologías ya que debido a ellas es mucho más fácil vulnerar estos derechos. Unas chicas pueden estar disfrutando de su libertad y su derecho a la intimidad en su barco y un individuo lo tiene tan fácil como, desde su otro barco, estar grabándolas, es decir, además de estar invadiendo su esfera privada y personal, estamos hablando de una intromisión ilegítima, sin su consentimiento. 28 Si además de captar y grabar imágenes, existe una difusión podríamos estar hablando de un delito tipificado en el Código Penal. Sobre este tema también se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso en el que captaban imágenes sin consentimiento a grandes distancias. 29

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La responsabilidad penal de la persona jurídica como mecanismo necesario en el ámbito penal para la protección del ambiente en el departamento de la libertad

La responsabilidad penal de la persona jurídica como mecanismo necesario en el ámbito penal para la protección del ambiente en el departamento de la libertad

_________________________________________________________________________ Que, el Ministerio Público por los hechos que se describen en el considerando primero, acusa a Aldo Edgard Algobando Company como autor del delito Ambiental en la modalidad del delito de Contaminación del Ambiente en agravio de La Sociedad y del Estado, por hechos ocurridos el 27 de marzo del 2011. Que a fin de resolver la excepción que se plantea se debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el inc. 1 del art. 339 del Código Procesal Penal, “la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”. En el presente caso la formalización de la investigación ocurrió el 19 de octubre del 2011, en consecuencia fecha en que se produjo la suspensión de la prescripción; y estando a que el delito por el cual se procesa al acusado es el de Contaminación del ambiente, el que tiene una sanción máxima en su figura culposa no mayor de tres años de pena privativa de libertad, es de colegir que el plazo ordinario de la prescripción es de tres años y el extraordinario de cuatro años y seis meses. Que el mencionado artículo 339, generó la dación del Acuerdo Plenario 01-2010, según el cual el artículo 339 inc. 1 establece una suspensión según la cual la formalización de la investigación suspende el curso de la prescripción de la acción penal, es decir deja de computarse desde que se declara, regulando la institución de la suspensión, no siendo posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de interrupción de la prescripción por que la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. Posteriormente el Acuerdo Plenario 03-2012 ratifica el Acuerdo Plenario 01-2010 señalando que el artículo 339 inc. 1 del Código Procesal Penal del 2004 no ha derogado ni modificado las reglas contenidas en el artículo 83 del Código Penal vigente. El artículo 84 del Código Penal tampoco ha sido derogado por el inciso 1 del artículo 339 del Código

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Análisis comparativo de las garantías sustantivas y procedimentales en el ámbito penal castrense

Análisis comparativo de las garantías sustantivas y procedimentales en el ámbito penal castrense

Penal común. En base a lo anterior, la técnica legislativa del nuevo Código Penal Militar se ha visto influenciada y ha tenido que adaptarse a la nueva condición de la norma. Debemos entender como técnica legislativa al arte de legislar de forma clara y eficaz, buscando no solo una redacción coherente de las leyes sino también su compenetración con el resto del ordenamiento jurídico. Esto ha supuesto una disminución importante del número de artículos en comparación con el anterior cuerpo normativo, tanto en la parte general por la inserción de un conjunto de mejoras en el marco interpretativo y garantista de la normativa punitiva militar, como en la parte especial con la disminución de ilícitos salvando solo aquellos que afectan propiamente a los bienes jurídicos castrenses. Paradójicamente, aunque se haya producido una reducción en el número de disposiciones, la jurisdicción militar ha sufrido un aumento del número de casos de los que conoce como consecuencia de la inserción de algunos supuestos como son el tráfico de drogas en los cuarteles, iniciando así la lucha contra la posesión y venta de estupefacientes dentro de los recintos de las Fuerzas Armadas, las maniobras militares y las operaciones que tengan un carácter internacional. También se añade como novedad en la Ley Orgánica 14/2015 la incorporación del acoso sexual como delito dentro del ámbito castrense, lo que se ha traducido en un aumento importante del número de casos como consecuencia del creciente número de incorporaciones de mujeres como miembros de las Fuerzas Armadas. Pero a pesar del amplio número de denuncias por acoso sexual el 76% de las mismas terminaron archivadas durante la fase de diligencias previas o con una sentencia desestimatoria, produciéndose solamente 22 condenas entre 2004 y 2015. 14 El caso más famoso

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Sistemas procesales y tratamiento procesal de la colusión : análisis desde el ámbito penal y administrativo

Sistemas procesales y tratamiento procesal de la colusión : análisis desde el ámbito penal y administrativo

En concordancia, con lo dicho en Colombia bajo un leve análisis del sistema procesal penal, lo primero que se observa es que desde la promulgación del acto legislativo N° 03 del 19 de diciembre de 2002, se inició el proceso de reforma al sistema penal, como alternativa al sistema mixto existente para ese momento; dicho sistema, propone una serie de características que maximizan su adecuación, entre las cuales se destacan: i) la división de roles en tres la Fiscalía y el Juez, ii) Principio de oportunidad, iii) Control de garantías, iv) Oralidad en audiencias, v) Principio de concentración. Se debe tener en cuenta, que en Colombia el proceso penal está dividido en dos fases (Gómez, Bayona, Ospina & Mejía, 2017): la investigación y el juzgamiento, repartida de forma bilateral en la Fiscalía General de la Nación la primer y la segunda en la rama judicial, por intermedio de sus jueces. (Reyes, 2005). Ahora bien, en referencia al sistema procesal penal brasileño, lo primero a tener en cuenta, es que Brasil es una república federal, compuesta por justicias estaduales en sus 26 estado y 1 Distrito Federal según lo instituido en su Constitución así, “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (Asamblea Constituyente, 1988, art. 18). Teniendo en cuenta, su organización político administrativa existe un modelo de organización, llamado la unión (Asamblea Constituyente, 1988, art. 20) y es por medio de ella que se organiza la política criminal, el tratamiento y legislación de la violación de la normatividad penal, los sistemas procesales, y también otros asuntos de índole nacional y todo esto se debe a que:

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Algunas cuestiones relativas al delito de negativa a someterse a las pruebas de medición de alcohol y drogas

Algunas cuestiones relativas al delito de negativa a someterse a las pruebas de medición de alcohol y drogas

En el ámbito penal, el texto aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, mantuvo los delitos tipifi cados en el Código Penal de 1973, cuya rúbrica era de los “delitos contra la Seguridad del Tráfi co”, dentro de los delitos denominados “contra la Seguridad Colectiva”, e introdujo la tipifi cación de un delito de desobediencia especial, alterando parcialmente la regulación expuesta en la norma de 1973, concretamente en el artículo 380, dirigida para “el conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la conducción bajo la infl uencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” remitiendo a efectos de pena al delito de desobediencia del artículo 556 Código Penal (en adelante CP). En su Exposición de Motivos, se prescribe que se “defi ne los delitos y las faltas que constituyen los presupuestos de aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal(…). Ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, fi guras delictivas que han perdido su razón de ser”. Con esta norma, esta categoría de delitos pasó a regularse en el Capítulo IV del Título XVII, del Libro II.

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La criminalización del prostituyente en el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual : estudio desde una perspectiva feminista-abolicionista del derecho

La criminalización del prostituyente en el delito de trata de personas, con fines de explotación sexual : estudio desde una perspectiva feminista-abolicionista del derecho

conculcados de una manera gravísima por las maniobras criminales perpetradas. Por ende, ambas partes se encuentran en un idéntico rol de protagonismo, lo cual importa no perder de vista los derechos y garantías de la persona damnificada, y del resto de sus conciudadanos, en particular, a vivir en un mundo lo más ajeno posible a la delincuencia y el daño social que ella produce. Constitucionalmente o mejor dicho, convencionalmente, esta es la postura correcta (interpretación que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos da al art. 8.1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento con jerarquía igual a nuestra Constitución Nacional –art. 75 inc. 22°- sobre el acceso a/y la obtención de justicia). ―Las últimas reformas en el ámbito del derecho penal sexual están impregnadas de una nueva perspectiva que se posiciona desde el lugar de la víctima, alentado sin dudas por la perspectiva elaborada por los movimientos feministas, que consideran a los delitos sexuales una muestra acabada del ejercicio de la violencia masculina contra las mujeres…en el derecho penal, la víctima o el ofendido revestían un papel secundario, accesorio, donde la conflictividad social originada por la comisión del delito se ubicaba entre los estrechos márgenes del autor y la sociedad representada por el Estado.‖ (ABOSO, op. cit., 2014, pp. 22-23) Sin embargo, la nueva perspectiva de tratamiento punitivo de los delitos sexuales ha impuesto el resurgimiento de la figura de la persona damnificada.

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Análisis del sistema de mediación penal juvenil en Cataluña

Análisis del sistema de mediación penal juvenil en Cataluña

Según un estudio 38 sobre mediación con jóvenes inmigrantes, existe en estos casos un desequilibrio adicional entre las partes, al margen de sus papeles diferenciados (infractor/víctima), que se relaciona con los referentes culturales y sociales. A la asimetría de edad hay que añadirle la de la nacionalidad y la etiqueta de “extranjero”, así como la situación social y los referentes culturales (donde se incluye también el conocimiento del funcionamiento de sistema judicial y el dominio del idioma), lo que resulta en un mayor desequilibrio de poder que afecta negativamente a las dinámicas comunicacionales necesarias en la mediación. A este respecto es importante que el mediador desempeñe funciones no sólo de mediador penal sino también intercultural. En relación al tiempo de latencia hasta el inicio de los procedimientos, según los datos que se obtuvieron lo idóneo sería esperar como mínimo 4 meses desde el hecho pero no más de 6 para iniciar el programa de mediación y reparación, ya que en este tiempo de

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Portable Document Format (PDF)

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RESUMEN De las múltiples dimensiones del problema de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja o de ex pareja, en este artículo abordaremos lo que concierne al análisis de las producciones discursivas de actores/as institucionales que forman parte del proceso judicial. Nuestra intención es indagar en la relación que se establece entre el derecho penal y la violencia de género a partir de la reciente aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género en España (LO. 1/2004) desde una perspectiva teórica que asume principalmente las aportaciones de la psicolo- gía social y el feminismo socio-jurídico. Nos hemos aproximado a los instrumentos jurídi- cos – la Ley Integral de Violencia de Género – a través de los discursos de los/las agentes jurídicos, con una mirada que cuestiona los valores, tantas veces proclamados, de univer- salidad, objetividad y neutralidad del Derecho.

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LA MEDIACIÓN PRE PENAL :UNA POSIBLE SOLUCIÓN ANTE LA POSIBLE DESPENALIZACIÓN DE LAS FALTAS

LA MEDIACIÓN PRE PENAL :UNA POSIBLE SOLUCIÓN ANTE LA POSIBLE DESPENALIZACIÓN DE LAS FALTAS

El sistema judicial está continuamente adaptándose a las nuevas necesidades sociales. En la actualidad hay un colapso en los Juzgados penales, motivado muchas veces por denuncias y conflictos que podrían resolverse por otros medios descongestionando las sedes judiciales. Con la nueva reforma del código penal, en el que se prevé la despenalización de algunas faltas, va a ser necesario un sistema de resolución alternativa de esos conflictos con el fin de satisfacer el orden social y la reparación a la víctima, pensemos que si no se introduce la mediación penal, estaríamos en una situación en que muchas conductas infractoras quedarían impunes, dejando desprotegida a la víctima. El orden jurisdiccional penal produce una victimización secundaria a la víctima, la mediación penal supone una alternativa a la resolución del conflicto rápida,(pensemos que muchas denuncias se archivan nada más llegar al juzgado, y las que prosperan pueden tardar más de un año en celebrarse el juicio) en la que la víctima es protagonista de su propia historia, y es ella la que decide como se la va a reparar el agravio sufrido. Igualmente la introducción y desarrollo de la mediación penal supondría, en los tiempos de crisis económica en los que vivimos, un ahorro en costes, según estadísticas del CGPJ, un juicio de faltas cuesta a la administración 1.300 euros, un procedimiento de mediación no llegaría ni a la mitad de ese coste. La administración de justicia al descongestionarse permitiría dar salida a otros temas judiciales que se encuentran actualmente casi paralizados en los juzgados.

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Tipicidad de las amenazas en un contexto de violencia de género

Tipicidad de las amenazas en un contexto de violencia de género

No estaría configurada la conducta si consideramos que quien principalmente puede disponer de su libertad en tal sentido es un fiscal instructor, en caso de una prisión preventiva (al menos por ahora 35 ); un magistrado, si ha de confirmar la medida 36 , o condenar a la persona con una pena de esa índole 37 ; o personal policial que aprehende de modo impostergable, cuando alguien es sorprendido cometiendo el delito en flagrancia 38 . Es que, aún si la mujer cumpliera alguno de tales roles, lógicamente, tampoco estaría avocada a una causa que la involucre. Por esta razón, el mal futuro no es gobernable por su propia voluntad y queda así la cuestión vinculada a un futuro procedimiento judicial a través de la formulación de una denuncia penal que ésta haría en contra del hombre.

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TítuloEjecución penitenciaria y riesgo: los instrumentos de valoración y gestión del riesgo en el modelo de penalidad español

TítuloEjecución penitenciaria y riesgo: los instrumentos de valoración y gestión del riesgo en el modelo de penalidad español

vigente. Esto no significa, en modo alguno, que el sujeto deba asumir unos estándares vitales o morales determinados, ya que resultaría una intromisión en su autodetermina- ción personal a todas luces inapropiada y totalmente intolerable. La reeducación persigue que el sujeto deseche la idea de volver a delinquir. Dicho de otro modo, su éxito se centra en modificar la actitud del individuo para que transforme sus conductas. Por lo tanto, esta es una labor que tiene como gran protagonista al sujeto infractor. Por el contrario, la reinserción social posee una naturaleza mucho menos individualista. A través de la re- inserción social se pretende que el Estado promueva las condiciones necesarias para que las personas infractoras no vuelvan a delinquir. Asimismo, la reinserción social también busca la implicación de la sociedad en esta tarea. La colaboración colectiva resulta de gran importancia, en tanto que permite desarrollar proyectos o iniciativas que el sujeto infrac- tor, a título individual, no podría poner en práctica. El prisma desde el que puede incidir la sociedad resulta diferente y totalmente complementario con el que pueden desarrollar los individuos de manera particular. De este modo, se puede observar como el binomio reeducación-reinserción cuenta con un primer componente de naturaleza individual, que profundiza en la relación sistema penal-individuo, y con un segundo componente que intenta construir relaciones sistema penal-sociedad que ayuden a cimentar un clima colectivo de cohesión social.

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Reflexiones metodológicas inconclusas: el trabajo de campo en el ámbito de la justicia penal juvenil

Reflexiones metodológicas inconclusas: el trabajo de campo en el ámbito de la justicia penal juvenil

Nuevamente, en el diálogo con Adalberto, se manifestaba un fondo de experiencia compartida que podríamos llegar a mantener con la agrupación estudiantil de la que Bruno había formado parte en su juventud, la cual luego habría caído en el olvido al adoptar el rol de agente estatal. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos había señalado Luis, la referencia a cualquier experiencia de militancia en el CIR podría restarnos puntos. ¿Cómo se pondría en juego este “olvido” de la militancia de Bruno, en un partido no afín al que representa actualmente, con la expresión de Luis en relación a que la mención a una experiencia de participación en el CIR podría “restarnos puntos”? Por otra parte, si bien Adalberto destacaba la experiencia de militancia previa de Bruno, también nos decía que era “un tipo bien de carrera”. En la jerga utilizada en el ámbito de la Justicia Penal Juvenil (y en otros ámbitos estatales), decir que un funcionario viene “de carrera” significa plantear que su cargo es producto de sus credenciales profesionales y expertiz, y que ha pasado por diversos puestos de trabajo dentro del amplio mundo de las esfera pública vinculada a lo social. Implica, además, la oposición entre aquellos funcionarios que son “de carrera” y aquellos que son “de la gestión”, es decir, aquellos que han accedido a su puesto en base a su militancia partidaria y sus credenciales políticas, y que son fácilmente removibles al cambiar el signo político de la gobernación. Cabe mencionar, sin embargo, que los límites entre una situación y la otra no siempre están del todo claros hacia el exterior de las disputas que mantienen los funcionarios “de carrera” con los “de la gestión”: en numerosas oportunidades los primeros manifiestan también un gran grado de compromiso y adhesión al signo político gobernante.

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Con la colaboración de Laura Vozmediano Sanz e Izaskun Orbegozo Oronoz

Con la colaboración de Laura Vozmediano Sanz e Izaskun Orbegozo Oronoz

En cuanto a los delitos contra la libertad, en 2008 se incoaron un total de 765 procedimientos penales por delitos de esta clase, cifra un 4,01 por 100 por debajo de los 797 procedimientos del año 2007, lo que constituye un dato esperanzador que se espera confirme una tendencia descendente apreciada en años anteriores y que se había interrumpido en 2007.El desglose de los procedimientos por delitos contra la libertad ofrece los siguientes datos estadísticos: los incoados por delitos de amenazas pasan de los 588 en 2007 a los 562 en 2008, lo que supone un descenso del 4,42 por 100; los incoados por delito de coacciones se mantienen, desde los 190 del año pasado a los 194 de este año, y bajan muy significativamente los delitos de detención ilegal, que pasan de los 19 en 2007 a los sólo nueve en 2008, lo que supone un descenso del 52,73 por 100 respecto del año pasado, lo que resulta especial- mente significativo no sólo porque constituye la modalidad más grave de este delito, sino también porque la mayor parte de tales detenciones se producen en el ámbito de la violencia doméstica. Por último, y en cuanto respecta a los procedimientos por delitos contra el orden público, a lo largo de 2008 y por estas modalidades delictivas se incoaron un total de 660 procedimientos, frente a los 568 del año anterior, lo que supone un incremento del 16,19 por 100. Entre estos, 297 asuntos se refieren a delitos de atentado, 42 a desobediencia, 223 a resistencia, 67 a desordenes públicos, 17 a tenencia ilícita de armas, 10 a depósitos de armas y cuatro a tenencia de explosivos. Así pues, la modalidad delictiva más virulenta (el delito de atentado) ha experimentado un importante incremento, pasando de los 249 de 2007 a los 297 en 2008, lo que porcentualmente representa el 19,27 por 100 de incremento. Respecto de los delitos de resistencia, pasan de 47 a 42, lo que constituye un descenso del 10,63 por 100, bajando también los desórdenes de los 90 a los 67, lo que constituye un 25,55 por 100 menos con relación al ejercicio anterior. Los procedimientos por delitos de desobediencia se incrementan desde los 155 en 2007 a los 223 en 2008, lo que porcentualmente representa un aumento del 43,87 por 100.

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Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal

Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal

78 La utilización de la doble condición presunto autor/autor, presunta víctima/víctima pretende llamar la atención sobre el momento en que se produce la intervención mediadora, antes o después de sentencia. Creemos que la utilización de los términos debe tomar en cuenta, sobre todo, las exigencias derivadas del principio de presunción de inocencia como regla de tratamiento. En las conclusiones del Seminario que sobre Mediación Penal, dirigido por el magistrado Juan Pedro Yllanes, se celebró en Madrid los días 1 a 3 de junio de 2005, dentro del Plan de Formación Continuada del CGPJ, se hacía una particular llamada de atención sobre esta cuestión. Vid. Conclusión 8ª. El grupo de trabajo también reveló la preocupación relativa a que la consideración, en los estadios previos del proceso, del presunto ofendido por el delito como víctima, puede trasladar al inculpado una imagen de falta de imparcialidad del tribunal. Dicho riesgo obliga a cuidar la asignación de los roles procesales y a valorar tanto el lenguaje como las actitudes que se derivan de la presuntiva atribución de los mismos. Al igual que el inculpado no puede ser tratado como culpable antes de sentencia firme, en cuanto ello comprometería su derecho a la presunción de inocencia en su dimensión como regla de tratamiento procesal, los tribunales tampoco pueden atribuir de forma conclusivamente acrítica la condición de víctima, cuando dicha condición es negada por el inculpado, como núcleo de su defensa. Ello, sin embargo, no implica que el presunto ofendido no pueda ostentar los derechos de información y de participación que deben reconocerse a toda persona por el simple hecho de aparecer probablemente como tal. El equilibrio y ponderación de los jueces en el manejo del conflicto constituyen, por tanto, herramientas decisivas para que cada uno reciba el tratamiento procesal que le corresponde.

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Aproximación al programa experimental sobre mediación penal de adultos del Consejo General del Poder Judicial

Aproximación al programa experimental sobre mediación penal de adultos del Consejo General del Poder Judicial

A iniciativa del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Celima Gallego, y el Fiscal codirector de estas Jornadas entonces vocal del CGPJ, se puso en marcha un Programa Experimental sobre Mediación en proceso penal de adultos al que se han ido incorporando Jueces y Magistrados, Abogados, Fiscales, Secretarios Judiciales y Mediadores de todo el territorio nacional y, en concreto, Juzgados de Madrid, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Calatayud, Jaén, San Sebastián, Bilbao, Córdoba, Baracaldo, Vitoria, Huelva, Cádiz y Valladolid de todas las categorías ( Instrucción, Penal y Secciones de AP) y con aplicación a todas las fases ( instrucción, enjuiciamiento y ejecución), entre otros.

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DIRECTIVA 201229UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001220JAI del Co

DIRECTIVA 201229UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001220JAI del Co

(64) Una recopilación de datos estadísticos sistemática y ade­ cuada constituye un componente esencial de la formula­ ción efectiva de políticas en el ámbito de los derechos establecidos en la presente Directiva. Con el fin de faci­ litar la evaluación de la aplicación de la presente Direc­ tiva, los Estados miembros deben comunicar a la Comi­ sión los datos estadísticos pertinentes en relación con la aplicación de los procedimientos nacionales para las víc­ timas de delitos, que incluya, como mínimo, el número y tipo de los delitos denunciados y, en la medida en que se disponga de dichos datos, el número, edad y sexo de las víctimas. Entre los datos estadísticos correspondientes se podrán incluir datos registrados por las autoridades judi­ ciales y los cuerpos policiales, y, en la medida de lo posible, los datos administrativos compilados por los servicios sanitarios y sociales, las organizaciones públicas y no gubernamentales de apoyo a las víctimas o los servicios de justicia reparadora, y los de otras organiza­ ciones que trabajan con víctimas de delitos. Entre los datos judiciales se puede incluir información sobre delitos denunciados, número de casos investigados y personas procesadas o con sentencia condenatoria dictada. Los datos administrativos basados en la actuación de servicios pueden incluir, en la medida de lo posible, datos sobre la manera en que las víctimas utilizan los servicios facilita­ dos por organismos públicos y las organizaciones públi­ cas y privadas de apoyo, así como el número de deriva­ ciones de víctimas por parte de la policía a los servicios de apoyo, el número de víctimas que solicitan apoyo y que reciben o no reciben apoyo o justicia reparadora.

17 Lee mas

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL

A través del diàleg amb la víctima el delinqüent assumeix la seva responsabilitat pel fet comès afavorint així una millor reinserció social i, alhora, la víctima pot veure reconeguts i satisfets els seus interessos lesionats mitjançant una reparació material i/o psicològica per part del seu agressor. Com defensa San Martín Larrinoa (1997), la utilització de la mediació en l’àmbit penal està donant lloc a la superació del binomi tradicional delinqüent - Estat, per deixar pas a d’altres paradigmes en els que la presència de l’Estat es va desdibuixant.

41 Lee mas

Subsistencia de la aplicación de la teoría del funcionalismo sistémico, para explicar el fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano

Subsistencia de la aplicación de la teoría del funcionalismo sistémico, para explicar el fin de la pena y el ámbito de protección del derecho penal peruano

Esta corriente nacida dentro de las políticas económicas desarrolladas por el economista de Milton Friedman, ha traído grandes repercusiones en el derecho penal y la vez paradojas y contradicciones con los postulados del denominado libre mercado, puesto que el modelo de estado basado en el libre mercado propone la mínima e indispensable intromisión del estado en la vida pública, sin embargo contrario sensu se observa que actualmente hay una tendencia a la expansión de derecho penal, ampliando el ámbito de protección bienes jurídicos en pro de intereses cada vez más más difusos y con un subsecuente endurecimiento de las penas. En efecto este modelo la función del estado cumple la función de proteger los mecanismos de funcionamiento de la libre competencia que, según la teoría económica, indirectamente apuntan a incrementar el bienestar general: la libertad de competencia, la lealtad de competencia, el sistema crediticio, el sistema de subvenciones, el funcionamiento de la bolsa. “…Tras lo dicho anteriormente, no debería sorprender que se produjera una invasión del Derecho penal con nuevos tipos penales; solamente se trata de la decisión legislativa de querer reforzar las áreas extrapenales relacionadas con el funcionamiento del sistema económico…” 98

216 Lee mas

Análisis jurídico-penal de la discriminación en el ámbito laboral

Análisis jurídico-penal de la discriminación en el ámbito laboral

También parece improbable que hayan accedido a puestos dentro de la Administración en los que tengan el poder necesario para cumplir con el tipo penal referido. Respecto a la alegación de encontrarse en estado de intoxicación plena por bebidas alcohólicas o consumo de drogas, de cualquier clase, así como bajo la influencia del síndrome de abstinencia, será inadmisible por dos motivos: primero es necesario que en el momento exacto de la comisión del delito el sujeto activo esté, efectivamente, en una situación de intoxicación plena o bajo la influencia del síndrome de abstinencia, lo que es difícil en un delito como el de discriminación laboral en el que existe un plazo para cumplir con el mandato y evitar colmar el tipo penal omisivo. Entendemos, pues que no se puede justificar la inejecución del “requerimiento o sanción administrativa” porque justo el día que vencía el plazo se encontraba en una de las situaciones citadas ya que, si tenía intención de cumplir con ellos lo habría hecho previamente. Pero, además, si nuestra argumentación no resulta convincente, es doctrina jurisprudencial constante, la idea de que “lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones”. De este modo, la decisión de mantener la situación discriminatoria debería reportarle algún beneficio relacionado con el apoderamiento del alcohol o drogas, lo cual no tiene ningún sentido en el delito de discriminación laboral 112 .

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