Aplicación de la Ley

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Ley de transparencia desafíos en su aplicación

Ley de transparencia desafíos en su aplicación

la esencia del derecho, será cuestión a determinar en la aplicación de la ley. Tanto en este como en los otros ca- sos, puede ser una forma para que la administración se excuse de cumplir su obligación en forma eficaz. Más complejo se torna el panorama si se llegara a inter- pretar que la norma permite que la institución pública se excuse de entregar información, argumentando que ello implica un gasto no previsto o un costo excesivo. En efecto, como es de presumir que toda solicitud im- plicará un costo —no sólo los de reproducción sino que también los necesarios para reunir la información—, siempre podría argumentarse que la solicitud importa un gasto no previsto. Cualquier interpretación en esta línea debiera ser desechada de plano para así evitar que este artículo se transforme en una nueva causal de re- serva o secreto. Pareciera que la interpretación correcta debiera llevar a entender que la información debe ser siempre entregada de un modo costo-eficiente, es decir, al menor costo posible garantizando al mismo tiempo la entrega efectiva de la información. Si esto se logra informando por el medio que el requirente haya señala- do o por otro medio disponible, ya es una cuestión que deberá definirse en cada caso.
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La Ley del Talión

La Ley del Talión

Aunque, como queda dicho más arriba, la ley del Talión no se aplica universalmente en los países musulmanes, sin embargo, en pleno siglo XXI en Irán, bajo el gobierno fundamentalista islámico presidido por Mahmud Ahmadineyad, el ciudadano iraní Majid Movahedi, quien en 1994 había arrojado ácido sulfúrico al rostro de Ameneh Bahrami, una mujer de 24 años que quedó ciega y desfigurada porque se negó a casarse con él, fue condenado en marzo de 2009 por la Corte de Justicia de Irán a recibir cinco gotas del mismo ácido en cada uno de sus ojos, en aplicación de la Ley del Talión consagrada en la legislación islámica de ese país.
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LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL EN LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL EN LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La ampliación del objeto de los contratos de servicios y de las concesiones de servicios ha limitado el ámbito de aplicación del contrato administrativo especial. Solo los contratos celebrados por una Administración Pública podrán tener naturaleza administrativa especial, pero debido a que dicha calificación exige que lo haya declarado expresamente una ley o que tengan por objeto prestaciones distintas a los contratos nominados y a los calificados como contratos privados por la LCSP, su marco ha quedado reducido.

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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO MOTOR DE COHESIÓN SOCIAL TRAS LA LEY 9/2017.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO MOTOR DE COHESIÓN SOCIAL TRAS LA LEY 9/2017.

“hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales
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LA  NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: NOVEDADES Y CUESTIONES JURÍDICAS CONTROVERTIDAS

LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: NOVEDADES Y CUESTIONES JURÍDICAS CONTROVERTIDAS

adjudicó el puesto de Subdirector adjunto en el Departamento 1.º de la Sección de Fiscalización (área de Fiscalización Económica), apareció publicada en el BOE, núm. 37, de 13 de febrero de 2004, reproduciéndose íntegramente el texto de la misma y con un claro y preciso pie de recursos, y la alzada promovida por el demandante, aparece fechada y registrada ante dicho Tribunal de Cuentas el 15 de marzo de 2004, y resulta de aplicación el plazo de un mes para la alzada conforme el art. 115 de la Ley PAC, 30/1992, al estarse ante un acto expreso, cabe concluir que computado dicho plazo de fecha a fecha, según se infiere del art. 5.1 CC, de general aplicación, completando la regulación específica de la Ley PAC 30/1992, y aún iniciando el computo el día siguiente al de la notificación, según exige el art. 48.2 de la Ley últimamente citada, el recurso de alzada aparecía interpuesto fuera del plazo legal, según la jurisprudencia constante, cuya reiteración excusa su cita particularizada, acerca de que el computo de los plazo señalados por meses,, si se trata de un plazo procesal para interponer el recurso contencioso-administrativo, si bien se inicia el día siguiente al de la notificación del acto expreso, no culmina el día de la misma fecha que el del inicio del cómputo, sino el inmediatamente anterior, y ello para que aparezca respetada la regla del cómputo de fecha a fecha. De ahí que, en definitiva el día final para la interposición del contencioso, será el que corresponda en número al de la notificación. Es decir, y en el caso que se resuelve el 13 de marzo de 2004. Doctrina jurisprudencial que no se ve razón para que no sea aplicable a los plazos para interponer recursos administrativos, dada la dicción literal del art. 48.2 de la Ley PAC, que viene prácticamente a coincidir con la del vigente art. 46.1 de la Ley de esta Jurisdicción…”. Véase igualmente, la STS de 17 de enero de 2011, recurso de casación 5569/2006, y las que en ella se citan.
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MODIFICACIONES AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA POR LA LEY 8/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE COMERCIO DE CASTILLA-LA MANCHA

MODIFICACIONES AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA POR LA LEY 8/2014, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE COMERCIO DE CASTILLA-LA MANCHA

“(…) La flexibilización de  la reserva de suelo residencial destinado a vivienda protegida  en  dichas actuaciones en la Ley de Suelo, cuyo artículo 10 es modificado a este propósito en el  apartado  6  su  disposición  final  duodécima.  El  propósito  del  legislador  es  favorecer  la  rentabilidad y estimular así la decaída  iniciativa.  Para ello, mantiene  la reserva del  30 por  ciento  sólo  en  actuaciones  de  nueva  urbanización  y  la  rebaja  al  10  por  ciento  en  las  de  reforma  o  renovación  de  la  urbanización  ya  existente.  Pero  además,  la  disposición  transitoria  segunda  de  la  Ley  8/2013  permite  a  las  Comunidades  Autónomas  dejar  en  suspenso  la aplicación  de toda  reserva  legal  para vivienda protegida durante  cuatro años  contados  a  partir  de  su  entrada  en  vigor,  bajo  ciertas  condiciones.  Esta  exención  transitoria  no  altera  el  régimen  legal,  pero  sí  lo  deja  en  suspenso  mientras  prevé  que  durará la actual coyuntura de debilidad en el sector. 
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LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU CONTRARIEDAD CON EL DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU CONTRARIEDAD CON EL DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

normativa contraria al derecho europeo, es crucial, pues, por varias razones. En primer lugar, porque confirma la obligación que tienen todos los poderes públicos (incluidos Tribunales y Administraciones Públicas) de dar plenos efectos a las decisiones del Tribunal de Justicia, incluso cuando las consecuencias de la interpretación del Tribunal tienen efectos ex tunc. Pero la STC 145/2012, además, le otorga rango constitucional y la convierte en materia susceptible de amparo. Además, la sentencia da un paso más y reconoce la relevancia constitucional de la aplicación del Derecho de la Unión, pero más allá del supuesto clásico del planteamiento de cuestiones prejudiciales. Hasta la fecha, el artículo 24 de la Constitución había servido para proteger aquellos supuestos en los que un órgano jurisdiccional de última instancia no planteaba una cuestión prejudicial incumpliendo lo dispuesto en el artículo 267.3 TFUE. Y, por último, la STC 145/2012 va más lejos y se centra en aquellos casos en los que un órgano jurisdiccional desatiende su obligación de inaplicar una norma nacional previamente declarada contraria al Derecho de la Unión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

cláusulas que trasladen las exigencias y previsiones del artículo 12 LOPD, si bien ahora al haber sido derogado dicho precepto debe entenderse que resultará de aplicación la normativa actualmente vigente representada por el RGPD y la LOPDP Y GDD, que introduce algunas novedades como luego veremos. En el apartado tercero de la disposición adicional vigésima quinta LCSP se contiene una previsión relativa a la posibilidad de la subcontratación del tratamiento de los datos personales por cuenta de terceros, en donde se exige suscribir un contrato en los términos del artículo 12 LOPD condicionado al cumplimiento de los requisitos en ella expuesta y cuyo incumplimiento podría derivar en la consideración de que se ha producido una cesión inconsentida de datos entre el contratista y el subcontratista y, por tanto, un tratamiento ilícito de datos susceptible de generar responsabilidad en el marco del régimen sancionador previsto en materia de protección de datos. En este supuesto igualmente resultaría actualmente de aplicación el RGPD y la LOPDP Y GDD.
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EL CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA LEY 9/2017

EL CONTRATO DE SUMINISTRO EN LA LEY 9/2017

su día, el artículo 2.3 de la LCE dejaba fuera del ámbito de su ámbito, entre otros supuestos, “las operaciones que celebre la Administración con los particulares sobre bienes o derechos cuyo tráfico resulte mediatizado en virtud de disposiciones legales sobre productos intervenidos estancados o prohibidos”. Indicación en la que tenían perfecto encaje los suministros de energía eléctrica. Sucedió que la STJCE de 17 de noviembre de 1993, recaída en el asunto C-71/92, declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de las Directivas de contratación entonces vigentes, al mantener en vigor ciertas disposiciones que constituían una exclusión del campo de aplicación de la legislación nacional sobre contratación pública, citando expresamente el número 3 del artículo 2 de la LCE, anteriormente referido. Consecuencia de ello es que desde la aprobación de la Ley 13/1995 la legislación de contratos, ahora del sector público, omite toda exclusión de contenido similar. En la práctica, como se ha indicado, la contratación de energía ya se realizaba habitualmente a través del contrato de suministro y ahora la referencia expresa refuerza esta solución.
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The Act on neighborhoods in Catalonia: A gender perspective as a planning tool

The Act on neighborhoods in Catalonia: A gender perspective as a planning tool

No es posible hoy día, febrero 2011, realizar una evaluación completa de los resultados de aplicación de estos criterios ya que de los 148 proyectos financiados por la Ley de barrios son pocos los que han finalizado de manera completa sus proyectos. Si bien en muchos de los barrios de la primera y se- gunda convocatoria se puede ya analizar provisionalmente la aplicación de la ley como por ejemplo, el Barrio de Santa Caterina en Barcelona y Can Anglada en Terrassa. También podemos comprobar que dentro de las últimas propues- tas presentadas se intenta trabajar con mayor transversalidad aplicando los criterios de género en forma integral dentro del proyecto de reforma urbana.
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LA INNOVACIÓN EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: EL PAPEL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN.

LA INNOVACIÓN EN LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: EL PAPEL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN.

órgano de contratación negociará tanto las ofertas iniciales como las ulteriores a excepción de la definitiva (art. 179.3) y no podrán ser objeto de negociación ni los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Podrán ir presentando los licitadores ofertas sucesivas para mejorar su contenido hasta la oferta final, que será la evaluada por el órgano de contratación. En su desarrollo se irán excluyendo del proceso proyectos de investigación mediante la aplicación de las determinaciones y requisitos previstos en los pliegos. Es conveniente advertir que todas estas valoraciones llevan aparejada, en definitiva, una importante discrecionalidad que no ha de desembocar en arbitrariedad, precisamente por ello es importante acudir a la buena administración como principio de actuación administrativa y derecho fundamental que oriente, en definitiva, al aplicador del Derecho.
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PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA NUEVA LEY 1882 DE 2018 (COLOMBIA) Y ESPECIAL REFERENCIA COMPARATIVA CON LA LEY 9 DE 2017 (ESPAÑA)

PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA NUEVA LEY 1882 DE 2018 (COLOMBIA) Y ESPECIAL REFERENCIA COMPARATIVA CON LA LEY 9 DE 2017 (ESPAÑA)

Por consiguiente, se incorpora como cuarta novedad de la Ley 1882 de 2018 la “limitación de la responsabilidad directa de consultores, asesores externos e interventores, frente al alcance de su propio contrato”; en el sentido que la imputación del daño por acción u omisión, para que se configure su responsabilidad, tiene la condición específica que solo podrá derivar del incumplimiento directo de las obligaciones pactadas entre el consultor, asesor externo e interventor con la entidad contratante; por tanto, no procedería o se excluiría toda responsabilidad indirecta que no tengan origen en las obligaciones del negocio jurídico que los vincula, tal es el caso, de las acciones u omisiones del contratista principal, objeto de interventoría. De no ser así, “no se daría una correcta aplicación del derecho a la igualdad, en el entendido que se crearía un trato discriminatorio hacia ciertos agentes de la contratación al establecerse diferencias en cuanto a la forma de responsabilidad, sin una justificación constitucionalmente válida” 45 ; puesto que en últimas, la
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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

No hay que olvidar a este respecto las previsiones contenidas en el artículo 201 de la Ley sobre las obligaciones en materia laboral, que obliga a los órganos de contratación a tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones durante la ejecución del contrato, con especial referencia a los convenios colectivos, y la potestad atribuida a estos órganos de tomar las oportunas medidas para comprobar durante el procedimiento de licitación que los candidatos y licitadores cumplen aquellas obligaciones. Todo ello de la posibilidad legalmente establecida de imposición de penalidades, por los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos siempre que sea grave y dolosa.
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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

17 Tras la LORTAD, entró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD (a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) de la que cabe destacar, en primer término, su longevidad teniendo en cuenta que los rápidos avances que se producen en el ámbito tecnológico podrían haber dejado la norma jurídica obsoleta, lo que no se ha producido hasta ahora como consecuencia de ser una norma técnicamente avanzada para el momento en la que fue aprobada y flexible que ha permitido que fuera complementada por la jurisprudencia.
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Análisis de las instituciones del sistema de protección de menores

Análisis de las instituciones del sistema de protección de menores

[44] Aunque siguiendo el artículo 17.6 de la Ley Orgá- nica 1/1996, las resoluciones declarando la situación de riesgo de un menor sí podrán ser objeto de recurso ante el Juzgado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. [45] A título ejemplificativo, considera que existe si- tuación de riesgo y no de desamparo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 4/2002, de 10 de enero de 2002 (LA LEY 10693/2002), la cual anula la situación de desamparo que se había acordado de dos menores, atendiendo por un lado al interés del menor y al prin- cipio del mantenimiento en su familia de origen y, por otro, a la mejoría de la enfermedad mental de la madre y a la abstinencia absoluta del padre sobre cualquier be- bida alcohólica tras someterse a un tratamiento rehabi- litador. Por lo tanto, el Tribunal considera que han des- aparecido los indicios de abandono sobre los menores y que los padres pueden desarrollar correctamente las funciones de guarda y custodia. Debe tenerse en cuenta que debido a la gran trascendencia que la declaración de desamparo lleva consigo, provocando en ocasiones efectos irreversibles tanto en los menores como en sus progenitores, únicamente debe adoptarse en caso de que se constate que existe privación de la necesaria asistencia moral y material en los menores, lo que no ocurre en el presente caso.
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La Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental

La Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental

Como señala ESTEVE PARDO, el criterio que adopta la ley para situar los daños en el tiempo, es el de la producción del daño y no el de su conocimiento. Aquí hay que tener en cuenta que en lo que se refiere a los daños ambientales, es posible e incluso frecuente que medie un tiempo más o menos largo entre que la actividad se desarrolla, se produce el daño efectivamente y se tiene conocimiento de sus efectos (tres momentos). Esto es aún más claro si pensamos en daños causados por contaminación difusa.

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COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

procurador, con gran raigambre histórica en nuestro ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y activa, y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y las oficinas judiciales. Los procuradores han ido asumiendo, a medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan con su originaria función de representantes procesales de los litigantes. Así, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, especialmente con la reforma llevada a cabo en el artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vino a acentuar esa condición que viene caracterizando desde hace tiempo la actuación del procurador cuando desempeña su función como colaborador de la Administración de Justicia, en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que ya puso de relieve la necesidad de considerar «la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del procurador como representante de los ciudadanos ante los tribunales, pudiera al mismo también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este estudio».
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EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA LEY 4/2011, DE 11 DE MARZO, DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA LEY 4/2011, DE 11 DE MARZO, DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Asimismo, al igual que fija la duración máxima de los procedimientos que  tengan por objeto faltas muy graves o graves, 12 meses 34 , sería necesario que se  estableciera  también  la  previsión  expresa  para  las  faltas  leves,  para  evitar  la  inseguridad jurídica que pueda generar la indeterminación del plazo de duración  máxima  del  procedimiento  en  el  supuesto  de  faltas  leves.  Ante  el  silencio  del  artículo comentado, cabrían dos posibles soluciones: una de ellas, sería entender  aplicable,  con carácter supletorio  la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que en su  artículo 69 modifica  la  disposición  adicional  vigésimo novena de  la  Ley  14/2000,  estableciendo que el procedimiento disciplinario de los funcionarios, regulado en  el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración  del  Estado (Real Decreto 33/1986)  es  de  12  meses (esta  solución  podría resultar  contradictoria  con el espíritu de la Ley, ya que ha establecido expresamente  ese  plazo para las faltas graves y muy graves, omitiendo las leves); la otra posibilidad  sería  entender  que  resulta  aplicable  el  plazo  de  tres  meses  que  con  carácter  supletorio establece el artículo 42.3 de la Ley 30/92.  En cualquier caso, sea cual  sea  la  decisión  adoptada  en  cuanto  a  la  duración  máxima  del  procedimiento, 
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LA LEY 4/2016, DE 15 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA: ANTECEDENTES Y SUJETOS OBLIGADOS DEL ARTÍCULO 4

LA LEY 4/2016, DE 15 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA: ANTECEDENTES Y SUJETOS OBLIGADOS DEL ARTÍCULO 4

29 En materia de sociedades mercantiles la LTBGCM se encarga, sin embargo, de suplir una omisión relevante en la LTBG. Obsérvese que el hecho de circunscribir la asimilación administrativa, respecto a las máximas obligaciones sobre transparencia, a las sociedades participadas públicamente en más de un 50%, deja fuera de este ámbito una buena parte de los denominados “poderes adjudicadores” que según ya se ha encargado de enseñarnos la jurisprudencia europea, son perfectamente asimilables a Administraciones Públicas en campos relevantes de la transparencia, como es el caso de la contratación administrativa. En efecto, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considera poderes adjudicadores, además de las Administraciones Públicas “stricto sensu” a “Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) 20 que hayan sido creados específicamente
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No a la Ley antiterrorista Declaración Encuentro Memoria Verdad y Justicia Septiembre de 2007

No a la Ley antiterrorista Declaración Encuentro Memoria Verdad y Justicia Septiembre de 2007

Las organizaciones abajo firmantes repudian la sanción de la Ley Antiterrorista exigida por el gobierno de Bush e impulsada por el Poder Ejecutivo. Esta ley tiene como objetivo extender el poder de represión al movimiento popular, ampliando las atribuciones de organismos de inteligencia, fiscales y jueces. Se enmarca en la doctrina jurídica más retrograda y fascista, crea delitos que no penan hechos sino a quienes pertenezcan a una organización política, social, gremial o de DDHH, que arbitrariamente sea definida como “terrorista”.
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