Aplicación del delito de terrorismo

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El delito de terrorismo según el ordenamiento jurídico español  Delimitación y aplicación jurisprudencial del tipo

El delito de terrorismo según el ordenamiento jurídico español Delimitación y aplicación jurisprudencial del tipo

Por otra parte, la acusación alega que la desvinculación de los hechos con un delito de terrorismo por la falta de conexión de los acusados con una organización terrorista no constituye el dato más relevante para considerar un delito como terrorista, sino estaríamos ante un caso de terrorismo porque los acusados han actuado según las pautas marcadas por ETA, con su finalidad de expulsar a los guardias civiles de Navarra; estando además dos de los procesados integrados en OSPA y, además, actuaron por medio de la violencia, lo que constituiría un delito de terrorismo si cumpliera alguna de las finalidades del artículo 573 del Código Penal. De forma que, si una acción violenta se comete por una finalidad ideológica impulsada por una organización terrorista, dicha acción es constitutiva de un delito de terrorismo, aunque el sujeto no esté integrado en ninguna banda.

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Violación del principio garantista en la aplicación de penas por delito de terrorismo dentro del estado Peruano en el periodo de 1992-2014

Violación del principio garantista en la aplicación de penas por delito de terrorismo dentro del estado Peruano en el periodo de 1992-2014

así, el primer instrumento legal se encuentra en el decreto legislativo 046. Este decreto data del 21 de marzo de 198179 que ha sido modificado y derogado para pasar a otros más específicos conforme avanzan las acciones subversivas; como el principal que regula los actos propios al tipo penal de terrorismo que es el decreto ley 25475 que analizaremos más adelante, antes adelantaremos que este dispositivo legal se elaboró y se puso en vigencia en una situación especial que data del 06 de mayo de 1992, posterior al autogolpe de estado del entonces presidente Alberto Fujimori. El parlamento disuelto el control absoluto en el ejército y el mando político de una dictadura engendro leyes de corte inquisitivo marcial y riguroso para combatir la subversión, la separación de poderes se concentró en el ejecutivo, el parlamento que significa la expresión máxima del liberalismo democrático y voluntad popular se destruye, era evidente que el resultado devendría en apócrifos dispositivos como la ley antiterrorista, antiliberal y anti garantista, situación que podría tener un periodo temporal de aplicación en tiempos de guerra, pero la pregunta luego de más de 20 años es porque aún sigue vigente estas normas violatorias?, ¿Porque esa excepcionalidad maximalista es más bien una normalidad permanente en nuestros días? El decreto 25475 entre otros puntos establece lo siguiente:

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Inexistencia del terrorismo en Chile como delito penal

Inexistencia del terrorismo en Chile como delito penal

la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a veinticinco ni superior a treinta y cinco días. Al acusado se le entregará la copia de la acusación, en la que se dejará constancia, además, del hecho de encontrarse a su disposición, en el tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación”; Artículo 227: “Registro de las actuaciones del ministerio público. El ministerio público deberá dejar constancia de las actuaciones que realizare, tan pronto tuvieren lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo. La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas que hubieren intervenido y una breve relación de sus resultados”; Artículo 228: “Registro de las actuaciones policiales. La policía levantará un registro, en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez. El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado alguna información. En todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral” y ; Artículo 259: “Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa: a) La individualización de el o los acusados y de su defensor; b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica; c) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal; d) La participación que se atribuyere al acusado; e) La expresión de los preceptos legales aplicables; f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio; g) La pena cuya aplicación se solicitare, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Si, de conformidad a lo establecido en la letra

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Concepto de terrorismo en la jurisprudencia colombiana

Concepto de terrorismo en la jurisprudencia colombiana

La Corte Constitucional tiene una postura que amplía la definición de terrorismo, y hace que el tipo penal tome nuevos elementos para su tipificación y abarque conductas que no se han establecido por el legislador previamente, pero que en virtud de principios como el principio del “pacta sunt servanda” que señala que todo tratado obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (Corte Constitucional,2014) hace que la descripción típica terrorismo se amplifique pues la corte sostiene que “se tiene que la remisión realizada por la Convención a las conductas contenidas en dichas disposiciones no ofrece dificultades, desde la perspectiva constitucional, en tanto el Estado colombiano ha prestado su consentimiento para hacer parte de estos instrumentos internacionales, lo que impone la aplicación de los principios del pacta sunt servanda y de buena fe en la ejecución de los tratados. En ese sentido, si tales convenciones y convenios hacen parte de la legislación interna y las conductas tipificadas en los mismos fueron declaradas constitucionales por este Tribunal, nada se opone a que integren la definición del delito de terrorismo.” (Cursivas fuera del texto)(Corte Constitucional, 2008)

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Análisis dogmático-penal del delito de financiamiento del terrorismo

Análisis dogmático-penal del delito de financiamiento del terrorismo

Respecto de las demás modalidades de la conducta típica, recaudar significa, entre otras cosas, “cobrar o percibir dinero”. Aquí se requiere que los fondos queden efectivamente en poder del sujeto activo, quien debe guardarlos o mantenerlos en custodia a la espera de su utilización. No es requisito que haya sido él mismo quien gestionara su entrega, aunque esto es indiferente para la aplicación del tipo penal (si lo hizo se le sancionará por aplicación del artículo 8 en su modalidad de solicitud, mientras que en caso contrario se castigará por la recaudación). Se debe incluir en esta hipótesis, por ejemplo, a aquel que facilita su cuenta bancaria para recibir depósitos (aquel que los realiza será un proveedor, si los fondos son propios, o un coautor de la recaudación, si son ajenos).

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Análisis Médico Legal en sujetos drogodependientes de la suspensión de la ejecución de las penas por sometimiento a tratamiento

Análisis Médico Legal en sujetos drogodependientes de la suspensión de la ejecución de las penas por sometimiento a tratamiento

El delito es un fenómeno sociopolítico en proceso de rápida expansión, estrechamente relacionado con la estructura global de la sociedad por lo que su análisis debe hacerse como parte del análisis de las estructuras sociales (Conde- PumpidoTouron, 1985). Los sociólogos, los criminólogos y los penalistas, sin embargo han encarado el crimen durante tanto tiempo como una desviación individual que aún hoy es difícil el estudio del fenómeno delictivo como una actividad colectiva. Desde esta perspectiva de fenómeno social es como ha de contemplarse globalmente la delincuencia asociada al consumo de drogas, en cuya etiología y extensión tiene gran incidencia la actitud social ante la droga. En este sentido la consideración social de un determinado producto como ilegal, incide de modo muy determinante en la generación de actividades delictivas.

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Caracterización de la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés post-traumático en personas afectadas por terrorismo de Estado en Chile: Un cercamiento a la evaluación del daño/Characterization of the Severity Scale of Disorder Symptoms in Po

Caracterización de la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés post-traumático en personas afectadas por terrorismo de Estado en Chile: Un cercamiento a la evaluación del daño/Characterization of the Severity Scale of Disorder Symptoms in Po

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el que investiga la tortura de 31 sobrevivientes, civiles y ex militares constitucionalistas, en la Academia de Guerra Aérea (AGA); en esta causa se sobreseyó temporal y parcialmente respecto de 14 querellantes pues se estimó que, al no diagnosticar el Servicio Médico Legal un TEPT u otras secuelas psicológicas “graves”, no lograba acreditarse el delito, aun cuando dichas personas fueron calificadas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En este caso el peso de la prueba terminó recayendo en los denunciantes, mostrando una deficitaria ponderación de la evidencia.

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La aplicación de la conciliación en el delito de hurto y sus efectos jurídicos

La aplicación de la conciliación en el delito de hurto y sus efectos jurídicos

“El principio de oportunidad, mediación y conciliación... siendo conceptos que pertenecen a una visión global del problema de la reacción social, constitucional y legal de las agencias oficiales del Estado, ante aquellas manifestaciones problemáticas -delito y delincuencia-; es menos cierto que la Política Criminal del Estado, como acepción general no ha de confundirse con los mecanismos y/o métodos que la pueden llegar a materializar. En efecto, un asunto es lo que significa una seria Política Criminal del Estado, tanto en su sentido amplio, histórico y político como en la estricta y práctica significación; y cosa igualmente distinta es la adecuación metódica y/o epistemológica que acerquen a dicha concepción general con su realización práctica. Ello es, se ha de distinguir entre el concepto general y su particular implementación. Por tanto, política Criminal de Estado, principio de Oportunidad y justicia restaurativa, la mediación y la conciliación no son conceptos similares, investigación claramente nos manifiesta acerca del principio de Oportunidad, “nuestro sistema penal tiene una base inquisitiva pues señala que tiene como regla casi absoluta que todo delito debe ser investigado y sancionado, en base al principio de legalidad, por el cual ante la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, existiría la obligación de perseguirlo y sancionarlo a través de las entidades competentes del Estado” (Ore, 1999, pág. 129).

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Historia y evolución del terrorismo  Los vestigios del terrorismo en España  El desarrollo del terrorismo Yihadista

Historia y evolución del terrorismo Los vestigios del terrorismo en España El desarrollo del terrorismo Yihadista

El concepto de terrorismo se podría calificar como complejo, debido a las distintas finalidades a las que se ha visto sometido a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, este término fue usado por los monárquicos para definir los actos que se llevaban a cabo con el fin de mantener a la sociedad sometida y evitar conspiraciones contra la Revolución -recordemos que estas ejecuciones solían ser públicas-. Dio sus primeros pasos bajo la forma de terrorismo de Estado, era una violencia quebrantada por las instituciones públicas contra sus enemigos; no un ataque contra la soberanía lanzado por un grupo de fervientes como ocurre hoy en día. De esta manera, el mismo Robespierre 7 dijo que “el terror no es otra cosa que la justicia rápida, severa e inflexible (…)” 8 .

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La aplicación excesiva de la caución en el delito de receptación

La aplicación excesiva de la caución en el delito de receptación

Hay que tener claro que la receptación es un delito autónomo y a pesar de que este es creado o percibido en base a un delito en referencia que puede ser de robo o del hurto, ya que su existencia depende de que haya otro delito que fue cometido en primer orden, de alguna u otra manera es el aprovechamiento que logra el sujeto activo de los bienes de la comisión de un delito del cual no tiene la característica de autor; se parte de una incorporación al sistema de comercio de unos objetos que proceden de un delito es decir que se presume desde el principio que el comercio de las mismas no es lícito y lógicamente por ello apare la figura de la receptación para poder penar este tipo de conductas(Ocaña, 2015).

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Aplicación del principio de objetividad en el delito de robo

Aplicación del principio de objetividad en el delito de robo

Es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito, el tipo penal es la descripción de un acto o misivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. (Machicado, 2009, pág. 1). La conducta del delincuente al momento de cometer el ilícito, es lo que la norma sanciona con la aplicación de una condena, pues el tipo penal esta normado en el Código Orgánico Integral Penal. Si un acto no estuviera tipificado como delito no se pudiera sancionar a una persona. Hago notar que han aparecido nuevos tipos penales y en ellos igualmente se han plasmado el tipo de pena que debe aplicarse en caso de que una persona violente de alguna manera las nuevas normativas legales.

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La aplicación del principio de legalidad en el juzgamiento del delito de genocidio

La aplicación del principio de legalidad en el juzgamiento del delito de genocidio

A lo largo de la historia se tiene que tomar en cuenta que este tipo de delito, denominado en la actualidad como genocidio se ha practicado desde tiempos ancestrales tales como, la destrucción de Cartago en el año 146 a. C., la destrucción de Jerusalén en el año 72, las guerras religiosas del Islam y las cruzadas, así como las masacres de Gengis Khan y Tamerlán, que este periodo se lo puede catalogar como la era antigua en la evolución de la historia, a medida que el hombre fue desarrollándose fue buscando y descubriendo medidas alternativas que le ayudaran a conseguir lo que deseaba y para lograr este ideología sentía la necesidad de exterminar naciones o grupos que por sus diferencias se creía que eran inferiores. Es de esta manera que se quiso globalizar este término dando significado a las grandes masacres cometidas contra varios grupos de personas en diferentes países, en razón de sus diferencias raciales, étnicas, políticas, en fin, cualquier característica que les indujera a creer que esas diferencias eran extremas y suficientes, hasta el punto de acabar con la vida de más de una persona. Se debe tener en cuenta que los derechos humanos reconocidos a nivel mundial por las Naciones Unidas garantizan los derechos individuos de las personas.

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Aplicación del principio de proporcionalidad de la pena en el delito de hurto

Aplicación del principio de proporcionalidad de la pena en el delito de hurto

Desaparecida la esclavitud, al menos en sus formas más groseras, la libertad personal está garantizada en el orden civil, y es irrenunciable e inalienable. Así que la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. La pena es necesariamente individual y el castigo impuesto debe causar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se imputa; al elaborar la sentencia se debe incluir una motivación completa y suficiente, y la regulación de la pena respectiva en caso que se hubiera declarado la culpabilidad del procesado; la sentencia que declare la culpabilidad determinará con precisión el delito por el cual se condena y la pena que se impone. Este principio, no obstante, en ocasiones continúa siendo considerado como un componente de los principios de razonabilidad, congruencia, adecuación, igualdad y exceso de poder, que se utilizan para evaluar la legalidad de los actos administrativos.

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SOBRE EL TERRORISMO Y EL ESTADO

SOBRE EL TERRORISMO Y EL ESTADO

Se puede decir por lo tanto que el secuestro de Moro era la cosa menos imprevisible del mundo, puesto que era la menos imprevista, lá dove si puó ció che si vuole 22 , es decir en el seno del poder. Primero se temía que De Martino, amigo de los estalinistas, llegara a la presidencia de la República, y haciéndole pagar unos cientos de millones para recuperar a su hijo, se destruyó la reputación de este "socialista"; el sucesor de Leone estaba desde entonces señalado públicamente. Moro, al que se podía chantajear con mucha menos facilidad que a De Martino o a Leone, era por lo tanto más peligroso, porque era más fuerte; por otra parte Moro era el responsable del pacto con los estalinistas y, como presidente de la República, habría tenido todavía más responsabilidades. Dos y dos son cuatro, incluso en política: 16 de marzo de 1978; el Presidente debe morir, por dar la vuelta al título de un libro de Andreotti. Seis meses después de la operación de vía Fani, cuando la política antiestalinista de Craxi daba sus primeros frutos, Amintore Fanfani, apodado en toscano il Rieccolo 23 , lanzaba su primer vigoroso ataque contra el gobierno, contra el secretario de la D. C., contra el "gobierno de concentración", contra el "acercamiento" realizado pro Moro, denunciando "los abusos del unanimismo", la ineficacia del gobierno "equívoco" de "unidad nacional" y anunciando la superación "de un estadio político" - recogiendo así los aplausos de los craxistas y suscitando "recelos" en los estalinistas. Aunque Fanfani sea el hombre político italiano que ha coleccionado, después de Berlinguer, el mayor número de chaquetas, a pesar de esto, Fanfani no es un cretino; más inteligente que hábil y menos espabilado que ingenioso, il Rieccolo no ha hecho más que sacar las conclusiones políticas del asunto Moro, hasta tal punto es cierto que el terrorismo es la continuación de la política por otros medios.

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La aplicación del principio de oportunidad, frente a la impunidad del delito

La aplicación del principio de oportunidad, frente a la impunidad del delito

“El principio de legalidad procesal, quiere decir, que la represión del delito es una actividad obligatoria de los órganos predispuestos, que no puede ser declinada bajo ningún punto de vista, no pueden aplicarse criterios de clasificación, puesto que la función persecutoria se deriva de un deber que emana del poder soberano del Estado, en concreto, el poder penal estatal, que es confiado a los órganos de justicia, para una efectiva realización de la justicia, de imponer una pena a todos aquellos que han quebrantado el contrato social. Una justicia criminal así concebida ha demostrado con creces que no está en posibilidad de ofrecer respuestas reales y efectivas al problema delictivo… como si la única finalidad de la justicia penal fuese la efectiva imposición de una pena… (2011, pág. 158)

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La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el delito de estafa

La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el delito de estafa

Del criterio del autor antes señalado podemos deducir, que no es menos cierto que la aplicación de la prisión preventiva tiene un fin precautelatorio, pero por otro lado, también es una medida restrictiva del derecho fundamental de libertad individual, en virtud que, si bien se intenta buscar que se lleve adelante el proceso sin dilaciones, no deberíamos dejar de lado los principios fundamentales del procesado como el derecho a la inocencia, por lo cual su libertad individual se vería restringida aun sin haber una sentencia de por medio. Por ser el cuerpo legal con mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico citamos a la Constitución de la República del Ecuador misma que en su Art. 77 numeral 1, en concordancia con el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal establece: “la privación de libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de una pena”. (Código Orgánico Integral Penal).

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Despenalización del delito de malversación de fondos del código penal peruano

Despenalización del delito de malversación de fondos del código penal peruano

Y que un Estado de Derecho se fortalece cuando los miembros de las instituciones estatales actúan respetando los derechos y garantías fundamentales y cuando el aparato estatal está construido sobre los pilares de la ética, la transparencia y el principio de legalidad. Y, en este proceso de fortalecimiento y de gobernabilidad democrática, el sistema de justicia juega un papel importante, por tanto, el derecho penal moderno no responde a la persecución penal del delito de malversación de fondos como política criminal del Estado; y, que el derecho penal debe ser la última instancia a la que se sometan los conflictos sociales (Derecho Penal Mínimo) para su solución y de este sentido, con esta investigación, se propone extraer del ordenamiento penal nacional el delito de malversación de fondos y allanar el interés, tanto de las personas relacionadas al área de derecho penal, de los legisladores y de toda la sociedad en su conjunto, para que juntos analicemos las ventajas y desventajas que conlleva actualmente tener tipificado este delito, así como, de despenalizarlo.

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La Justicia Universal en España: reformas legales y análisis jurisprudencial

La Justicia Universal en España: reformas legales y análisis jurisprudencial

Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil 112 y su Protocolo complementario 113 (apartado g) del artículo 23.4 LOPJ), consistentes en la realización de actos de violencia que constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave o la destruya o le cause daños que la incapaciten para el vuelo o coloque un artefacto o sustancia capaz de destruirla o causarle daños que la incapaciten para el vuelo o destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea y supongan un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo o reporte informes falsos de manera intencionada suponiendo un peligro a la aeronave en vuelo, incluyendo las tentativas así como la complicidad con los presuntos autores 114 . El Convenio en su artículo 5, como otros Convenios que hemos ido viendo, sugiere a los Estado miembros que tomen las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre este tipo de delitos en los casos que el delito se cometa en tal Estado o a bordo de una aeronave de pabellón de tal Estado o arrendada sin tripulación pero que la oficina principal esté en tal Estado o que la aeronave aterrice en tal Estado con el sospechoso aún a bordo. Si nos fijamos, el artículo 5 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y el

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Trastornos de la personalidad en reclusos que han cometido delitos agravados

Trastornos de la personalidad en reclusos que han cometido delitos agravados

Desde la mirada de la psicología forense, la capacidad de ser imputable implica tener la facultad de delinquir, la que a su vez requiere un sano juicio (entender) y una voluntad conservada: incluye querer y dirigir la acción hacia un objetivo discernido (Caneo,2012). Discernir es la noción de diferenciar entre el bien y el mal; la capacidad supone requisitos, como la inteligencia y libertad, cualidades para comprender e idear la conducta y la capacidad de ejecutar el plan optado. (Caneo 2012). Dado que la personalidad es una condición estable en el tiempo, pero que presenta persistencia de la capacidad de enjuiciar, discernir y comprender el acto, es imputable, pero presenta en sí mismo la vulnerabilidad a presentar estados que enturbian u obscurecen el discernimiento, la volición y la comprensión de las normas sociales, que configuran un atenuante de la imputabilidad. (Caneo, 2012) Por consiguiente, el concepto de imputabilidad que tiene una base psicológica, comprende el conjunto de facultades psíquicas mínimas que debe poseer un sujeto autor de un delito para que pueda ser declarado culpable de este (Tiffon, 2008). Según Gisbert (2000), los aspectos psiquiátrico-forenses de la imputabilidad que cabría considerar según la comisión de un delito serían: un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico; existencia de plena conciencia de los actos que se realizan; capacidad de voluntariedad o volitiva. (Celedón & Brunal, 2011)

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Exclusión del delito de terrorismo de la ley de la criminalidad organizada en el Perú

Exclusión del delito de terrorismo de la ley de la criminalidad organizada en el Perú

En efecto, en la legislación que se ha puesto en vigencia con el objeto de intentar o posibilitar el control de la denominada criminalidad organizada, se ha incluido varios tipos penales, que si bien es cierto, se ha justificado la connotación de su inclusión, no se llega a comprender, en rigor, por qué se ha excluido el delito de terrorismo, ya que su estructura y composición vienen a ser, en esencia, similares a la de los delitos comprendidos como criminalidad organizada, en apariencia entonces, la no inclusión del delito en mención no tendría razón de ser y se apartaría del combate de este ilícito los beneficios y demás herramientas procesales, que si favorecen el denominado control de la criminalidad organizada; es por ello que la presente investigación pretende contribuir a esclarecer la aparente sin razón de la no inclusión del tipo penal en referencia, de esta manera se tendrá mayores elementos para la comprensión cabal de las diferencias, que proyectándose a manera de razones, sustentarían su no inclusión, que es causa del trabajo investigativo.

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