ARBITRAJE NACIONAL

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El recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012

El recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012

Esta investigación integra el análisis de los escenarios en los cuales se configura la vía del recurso extraordinario de anulación en el contexto del arbitraje Nacional, con el fin de determinar cuáles son los límites del control judicial ejercido sobre los laudos nacionales, proferidos en virtud de la jurisdicción especial de los árbitros. La constitución política de 1991 incluyó por primera vez en el artículo 116, la posibilidad de que los particulares ejerzan transitoriamente la función pública de administrar justicia, en esta disposición se encuentra el origen formal de los métodos alternativos de solución de conflictos. La norma constitucional ha permitido la colaboración de los particulares en la consecución de los fines del estado, concretamente en lo relativo a la efectiva administración de justicia; es por eso que cobra especial importancia el estudio de instituciones jurídicas como el arbitraje, que de la mano con la jurisdicción permanente, facilitan el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.
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REGLAMENTO DE ARBITRAJE NACIONAL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA

REGLAMENTO DE ARBITRAJE NACIONAL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA

1. Cuando las partes hayan acordado someter cualquier controversia que ha surgido o pueda surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, a arbitraje bajo el Reglamento de Arbitraje Nacional del Centro, o cuando no hayan designado reglas particulares pero hayan indicado el sometimiento de la solución de su disputa a arbitraje en el Centro, dicho arbitraje será conducido de conformidad con este Reglamento, salvo en lo modificado por las partes.

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Carácter excepcional del arbitraje nacional en contratación pública

Carácter excepcional del arbitraje nacional en contratación pública

Este cuerpo de normas contiene la del artículo 41, relativa al contrato de explotación minera, que es aquel que deben suscribir el Estado y los concesionarios mineros, dentro de 6 meses contados a partir de la resolución declarativa del inicio de la etapa de explotación, que en general se refiere a los términos, condiciones y plazos para la construcción, montaje, extracción, transporte y comercialización de los minerales obtenidos dentro de la concesión. Y respecto de este contrato, la disposición citada señala que las discrepancias que pudieran surgir solo podrán ser resueltas por los jueces comunes y por instancias de arbitraje en Latinoamérica. En tal sentido, la disposición es concordante con la norma constitucional que la establece, según se la invocó en párrafos anteriores y dicha coherencia se explica también por la fecha en que fue expedida la ley, con posterioridad a la vigencia de la Constitución de la República. No obstante, resulta interesante resaltar dos características fundamentales de esta disposición: que se trata de una facultad ajustada al convenio arbitral que debe incluirse en el contrato de explotación minera; y, que solamente admite instancias de arbitraje en Latinoamérica. Respecto de estas últimas cabe preguntarse si el arbitraje nacional cae dentro de esta definición, porque nuestro país pertenece a Latinoamérica, aunque si observamos el contexto constitucional de esta norma, el artículo 422 de la Norma                                                             
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La autorización del Procurador General del Estado para el sometimiento a arbitraje nacional en los contratos estatales

La autorización del Procurador General del Estado para el sometimiento a arbitraje nacional en los contratos estatales

Debo indicar que no me ha quedado claro en la sentencia que he citado, cual es la posición de la Corte respecto de las causales de la acción de nulidad del laudo arbitral, considerando que todas ellas buscan garantizar el debido proceso en un juicio arbitral. Concluyo que la Corte acepta la posibilidad de interponer una acción extraordinaria de protección en el caso de que las causales del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación no sean suficientes para precautelar la violación de derechos constitucionales. 42 Sobre este punto, tal como lo señale en líneas anteriores, no existe un pronunciamiento definitivo sin embargo, podría concluirse a partir de lo expuesto tanto en la resolución citada como de lo señalado en la sentencia NO. 169-12-SEP-CC de 26 de abril de 2012 dictada por la Corte Constitucional dentro del caso No. 1568-10-EP, que esta sería la posición de la Corte Constitucional.
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Aplicación del Discovery en la Legislación Ecuatoriana. Una alternativa anglosajona para el arbitraje nacional

Aplicación del Discovery en la Legislación Ecuatoriana. Una alternativa anglosajona para el arbitraje nacional

El arbitraje en este sentido ofrece un mecanismo mucho más rápido y eficiente. El tribunal arbitral que conoce la controversia tiene un término máximo de ciento cincuenta días para resolver el conflicto y dictar el laudo desde se declara competente. Este término puede ser prorrogable por máximo otros ciento cincuenta días por acuerdo de las partes o por decisión del tribunal. 2 Por otro lado, el sistema arbitral busca que la resolución de las controversias se realice de la forma más transparente posible. Si se toma en cuenta que el arbitraje es un sometimiento de carácter voluntario de las partes al sistema arbitral, lo lógico sería pensar que las partes se han sometido al mismo por buscar celeridad, transparencia, experiencia en los árbitros y en general un mejor manejo de la controversia, considerando que en la mayoría de los casos existe un costo mayor a aquel del sistema ordinario.
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Las medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la Ley 1563 de 2012

Las medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la Ley 1563 de 2012

“El desarrollo legal de la institución arbitral tiene un claro fundamento constitucional -ya referido-, que permite la atribución de funciones judiciales a los particulares (Artículo 116 C.P.). Dicha autorización no puede concebirse como una forma de limitar el derecho fundamental de acceso a la justicia que el propio ordenamiento superior reconoce a todos los ciudadanos -Artículo 229 C.P.-; en primer lugar hay que recordar que cualquier regulación en materia de arbitraje debe fundarse en el respeto estricto de derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad entre todas las personas; por otro lado, en razón de que los árbitros -como los jueces ordinarios- deben (i) cumplir con términos perentorios y (ii) que sus pronunciamientos están sometidos a la revisión eventual por parte de otras autoridades además de contar con el poder vinculante de cualquier sentencia, y, por tanto, no puede decirse que la utilización del arbitramento constituye un atentado al principio que asegura pronta y cumplida justicia para todos los ciudadanos.”
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Arbitraje nacional e internacional, el laudo : nulidad y ejecución

Arbitraje nacional e internacional, el laudo : nulidad y ejecución

"Podrá negarse eficacia extraterritorial a un sentencia cuando haya sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del Estado Parte ante el cual se invoca". Para concluir, cabe observar que curiosamente este texto normativo, excluye de su ámbito de aplicación al arbitraje. Final- mente, el artículo 5 del citado marco normativo condiciona la eficacia de las sentencias ex- tranjeras a que, además de tener carácter de cosa juzgada, sean susceptibles de reconoci- miento o ejecución en todo el territorio del Estado donde fueron pronunciadas. Tal como lo ha advertido la doctrina argentina, el fundamento de esta norma radique en la necesidad de eli- minar diferencias entre Estados federales y unitarios, teniendo claro que la sentencia extran- jera resulta eficaz en el país de origen, independientemente de su forma de gobierno.
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Las medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la Ley 1563 de 2012

Las medidas cautelares en el arbitraje nacional a partir de la Ley 1563 de 2012

El arbitraje corresponde a una de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, por cuanto en su desarrollo se cumplen varios de sus postulados, como el de facilitar el acceso a la administración de justicia, el de corresponder a un trámite que se adelanta sin dilaciones, con garantía para los intervinientes a sus derechos de defensa, audiencia y contradicción, dentro de un debido proceso que conduce inexorablemente a la adopción de una decisión de fondo sobre la litis en un plazo razonable.
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La autonomía de la voluntad privada en el ámbito artículo 58 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional - el alcance de la facultad de las partes en un arbitraje para fijar sus reglas de procedimiento

La autonomía de la voluntad privada en el ámbito artículo 58 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional - el alcance de la facultad de las partes en un arbitraje para fijar sus reglas de procedimiento

La discusión en este punto apenas comienza y debe ser profundizada tanto por el sector académico como por los operadores jurídicos en el país a la luz de la filosofía del nuevo Estatuto. El resultado de esta labor puede llegar a caer en el mismo punto que en el que cayó con la legislación anterior, a saber, la limitación y sometimiento de la autonomía de la voluntad a los procedimientos consagrados el leyes estatales. Esto sería desafortunado, e incluso iría en contra de la intención del legislador a la hora de estructurar la Ley 1563. Por este motivo, el presente escrito hace el llamado para que se analice la facultad de las partes para fijar sus reglas de procedimiento a la luz de las nuevas corrientes al respecto, siendo la más importante t un referente obligatorio, el nuevo Estatuto de Arbitraje. Cabe recordar que los procedimientos, cualquiera que sea su naturaleza, no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr la materialización del derecho sustancial de una manera pronta, eficiente, pero siempre con rigor y apego a la ley.
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La noción de orden público en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y su influencia en el arbitraje nacional

La noción de orden público en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y su influencia en el arbitraje nacional

Finalmente, una vez analizados todos los elementos presentados por la normativa, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional propongo determinar que el alcance de la noción de orden público en el Derecho Privado ecuatoriano tiene su límite en el concepto de orden público internacional. Entonces, en mi opinión podemos realizar una distinción entre la noción de orden público interno e internacional en el Ecuador teniendo en cuenta que se asimila el orden público con el ordenamiento interno generalizado, pasando a ser este la definición de esta variante de orden público. Es por esto que se confunde dicha noción con la de Derecho Público, sin embargo algunos pronunciamientos de la Ex Corte Suprema han zanjado dicha disputa estableciendo que no toda norma de Derecho Público es orden público. Por ende, se denota que cuando el legislador emplea dicha terminología lo hace para referirse a elementos específicos de la norma, como para otorgarle jerarquía a las normas que considera de orden público por lo que podemos inferir que se hace alusión a los principios fundamentales detrás de las mismas y no la totalidad de la ley en un Estado.
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Una aproximación al régimen del arbitraje nacional del nuevo estatuto del arbitraje en Colombia, Ley 1563 de 2012

Una aproximación al régimen del arbitraje nacional del nuevo estatuto del arbitraje en Colombia, Ley 1563 de 2012

De otra parte, y acerca de los árbitros que resolverán en equidad, no coinci- dimos con el Estatuto en la exigencia de que incluso en este tipo de arbitraje los árbitros deban ser colombianos. Este requisito puede justificarse cuando la reso- lución del conflicto haga necesario el conocimiento de la legislación colombiana, toda vez que se presupone que serán los colombianos quienes la han estudiado, aunque claro está, ello también podría refutarse comoquiera que nada impide que alguien que no goce de la calidad de colombiano la conozca. Sin embargo, cuando se habla de un arbitraje en el que no se requiere dominar la normativa interna del país para resolver el conflicto, no se justifica que se exija como un requisito indispensable, teniendo en cuenta que no hay salvedades legales, el gozar de la nacionalidad colombiana. Lo deseable sería que tal condición, o restricción si se quiere, no se hubiese contemplado para los arbitrajes en equidad; no encontramos razones suficientes para impedir que una persona idónea para resolver un conflicto, pero no colombiana, pueda ejercer como árbitro de un arbitraje que se resolverá aplicando criterios de equidad.
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Ruta histórica legislativa del arbitraje nacional Colombiano

Ruta histórica legislativa del arbitraje nacional Colombiano

“Superada la tendencia de desconfianza que impregnó durante años a las legislaciones latinoamericanas en materia de arbitraje, la mayor parte de ellas, desde la década de l990, se apresuró en fortalecerlo en el ámbito comercial internacional con el objetivo de brindar un marco jurídico adecuado y convertirse de paso en sedes arbitrales. En tal escenario, la adopción de una ley moderna constituía la llave para integrarse a este campo de acción y promover un ambiente favorable al uso del arbitraje como medio de solución de diferencias internacionales. Tal actuar desató lo que se denominó una verdadera
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REGLAMENTO GENERAL CONCURSO UNIVERSITARIO DE ARBITRAJE NACIONAL

REGLAMENTO GENERAL CONCURSO UNIVERSITARIO DE ARBITRAJE NACIONAL

El concurso es organizado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estarán vinculados como jurados, árbitros nacionales e internacionales de las listas del Centro de Arbitraje, y podrá contar con patrocinadores.

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El arbitraje y los economistas,

El arbitraje y los economistas,

Resumen:   Sigue estando de actualidad la lentitud de la justicia en España, que ya denunciaban la Ley de Madrid de 1502 y las Ordenanzas de Bilbao de 1737, y sigue sin despegar el arbitraje, que estas mismas Leyes proponían como solución alternativa. El balance no puede ser, por tanto, más descorazonador. España cuenta con una buena Ley de Arbitraje y sólo necesitaría del interés de los llamados operadores jurídicos para que nuestro país se pudiera convertir en un centro de referencia internacional en materia de arbitraje. La falta de interés por el arbitraje contrasta, sin embargo, con el hecho de que los problemas más importantes de España se hayan resuelto -y se estén resolviendo- mediante el arbitraje. Es necesaria una labor pedagógica para dar a conocer a los estudiantes de Derecho, a los juristas, a las empresas y a la ciudadanía, las ventajas del arbitraje (confidencialidad, ausencia de rigorismos procesales, flexibilidad y libertad, decisión por especialistas, pacto anticipado sobre el pago de costas, rapidez en los resultados y neutralidad, entre otras muchas).
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El arbitraje societario.

El arbitraje societario.

Así pues, la impugnación de los acuerdos sociales, en resumen, tan sólo podrá realmente someterse, con carácter general, a un arbi- traje societario si el convenio arbitral se halla con[r]

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El arbitraje deportivo

El arbitraje deportivo

c) Transcendencia que ha venido motivada, porque el fenómeno deportivo reclama rapidez y tendencia a la inmediatividad en la solución de los conflictos que se susciten en él. En efecto, el desarrollo de los acontecimientos deportivos, la corta vida profesional de los deportistas y los intereses económicos y sociales, que hoy día han aumentado, si lo comparamos con hace años, así lo exigen. Esto ha dado lugar al frecuente uso de instituciones de arbitraje para la solución de este tipo de conflictos, ya que a través del arbitraje se consigue solucionar el conflicto en cuestión, con las exigencias deportivas mencionadas anteriormente, de una manera rápida y eficaz
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El arbitraje internacional

El arbitraje internacional

El Estado colombiano debe ceder los principios de territorialidad de la ley frente a las tendencias de la internacionalización de los negocios, frente a la existencia de una sociedad mundial de empresarios y comerciantes que de- sarrollan sus actividades en todos los puntos del planeta; lo cual hace nece- sario aceptar, indiscutiblemente, que las controversias o conflictos en que se enfrenten empresarios de diferentes países sólo pueden resolverse a tra- vés del arbitraje internacional, como un mecanismo indispensable, confia- ble, flexible y adaptable a todos los tiempos y circunstancias como lo exige el tráfico mercantil internacional del siglo XXI.
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Litigación y arbitraje

Litigación y arbitraje

Como consecuencia de la nueva regulación así como de la atribución de funciones para algunas de estas cuestiones además de a Jueces y Secretarios Judiciales a Notarios y Registradores se modifican numerosas normas cuyo contenido se interrelaciona entre sí. Entre otras, el Código Civil; el Código de Comercio; la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de Registro Civil; la Ley del Notariado; la Ley Hipotecaria; la Ley de la Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento; la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley de Contrato de Seguro; la Ley de Sociedades de Capital; la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad; y la Ley por la que se regulan determinadas Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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Litigación y Arbitraje

Litigación y Arbitraje

La nueva norma que se aplicará en materia civil y mercantil con independencia del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo, actuará como marco general y tendrá carácter subsidiario respecto de las normas de Derecho de la Unión Europea y a los Tratados Internacionales así como de las normas sectoriales específicas tales como la Ley Concursal, la Ley de Adopción Internacional, del Registro Civil, Consumidores y Usuarios, Ley de Arbitraje, Ley y Reglamento Hipotecarios, Código de Comercio y Reglamento del Registro Mercantil y las normas de Derecho Internacional Privado de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que se aplicarán con carácter prioritario, sin perjuicio del carácter supletorio de los preceptos de esta Ley.
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El arbitraje en equidad

El arbitraje en equidad

de arbitraje técnico), pues, de lo contrario, se entiende que el laudo se profiere en derecho. En nuestro medio, tanto el arbitraje doméstico como el internacional se deciden en derecho, salvo pacto de equidad o técnico. El acogimiento nuestro a la modalidad del arbitraje en equidad está dado por el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, que recopiló al artículo 111 de la Ley 446 de 1998, y ésta, a su vez, al artículo 1 del Decreto 2279 de 1989, con excepción de las situaciones a que se refieren los artículos 171 y 228 del Decreto 1818 de 1998. (Hoy se reconoce el arbitraje en equidad como una especie generalizada de arbitramento en el derecho anglosajón y, en particular, en el internacional, y en este último se recurre a él cuando no existen tratados o convenios vigentes, o no existen prácticas de costumbre con reconocimiento). Son, pues, las partes sustantivas en conflicto las que determinan cuándo y bajo qué tipo de limitaciones de diverso orden pueden los árbitros decidir en equidad, y no está permitido al árbitro modificar o alterar su contenido ni precisar efectos diferentes a los fijados en el pacto. Somos de la opinión de que el árbitro en equidad, si bien tiene facultades para apartarse de disposiciones legales que no tengan carácter de orden público, no puede alterar el contenido ni los efectos del convenio arbitral, a menos que las partes le confieran atribuciones para variar su alcance y consecuencias, o que dicho pacto, como se indica, vulnere el orden público.
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