Ayuda Oficial al Desarrollo Seguridad

El CAD considera muy positivo que España haya establecido la reducción de la pobreza como el objetivo fundamental de su cooperación al desarrollo. También destaca que la igualdad entre hombres y mujeres y la protección del medio ambiente sean objetivos básicos de su cooperación y pone de relieve la importancia que España concede a la satisfacción de necesidades sociales básicas como medio para luchar contra la pobreza. Por razones de eficacia, la OCDE confirma la opción española de concentrar sus esfuerzos en aquellos países y territorios con los que tiene una especial afinidad. El CAD reconoce que España disfruta de ventajas comparativas respecto a otros donantes en su cooperación con Iberoamérica por el idioma común y por la existencia de fuertes vínculos culturales e históricos. Igualmente, debido a la transición económica y política que ha experimentado España en los últimos años, el CAD cree que la Cooperación Española puede apoyar especialmente las reformas que emprendan países en desarrollo en cuestiones clave como la reforma judicial, la descentralización, los impuestos o la formación de fuerzas de seguridad. El CAD considera que España podría liderar la coordinación con otros donantes para llevar a cabo una cooperación más eficaz en sectores que atañen a la reforma económica y política en Iberoamérica y otras áreas.

La actual política migratoria de la UE está definida por la Agenda Europea de Migración y el Marco de Asociación con terceros países. Esta estrategia surge como un mecanismo de emergencia ante el crecimiento puntual de las llegadas de migrantes irregulares a la UE en el año 2015, extendiéndose durante los años posteriores pese al descenso en el volumen de llegadas. Tal y como se ha demostrado, la estrategia se focaliza de manera explícita y expresa en reducir la migración en la UE a través del control de las salidas en origen y el fomento del retorno de migrantes que residen irregularmente en la UE. El enfoque restrictivo de la UE se pone de manifiesto en la medida en que todos los esfuerzos buscan limitar al máximo la mi- gración procedente de África. Esto responde a una visión securitiza- da de las migraciones, al considerar que constituyen una amenaza para la seguridad identitaria de la UE. En este sentido, la UE pone en marcha medidas excepcionales, como la movilización extraordi- naria de recursos, o la subordinación de políticas, como el comercio o el desarrollo a los objetivos de la política migratoria.

Este artículo, llamado precisamente artículo de la coherencia ha sido la base para buscar la coherencia entre políticas con objetivos tan diversos y en ocasiones contrarios como la Política Agrícola Común (PAC), la Política de Pesca y otras con la Política de desarrollo. 49 En la reciente Comunicación de la Comisión sobre Política de Desarrollo de la Comunidad Europea que, de alguna manera, supone un cambio tras la elecciones europeas, y la entrada de un nuevo Colegio de Comisarios se dedica un apartado a lo que se denomina "evitar una incoherencia no intencionada" en el que se dice que "este control de la coherencia es importante en muchas esferas de las políticas comunitarias, entre otras, el comercio, la agricultura, el medio ambiente, la energía, la investigación y el desarrollo tecnológico, la pesca, la inmigración, el asilo, la prevención de conflictos, la sanidad, la competencia, la protección del consumidor y la ayuda humanitaria" 50 . Este reconocimiento de las posibles incoherencias entre desarrollo y ayuda humanitaria en unos momentos en que , ¡ por fin! dependen de un único Comisario es importante y debe servir para aumentar la coherencia entre estas dos intervenciones.La coherencia, sin embargo, esta afectando actualmente más , como veremos a continuación , a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

A nivel político, a Colombia le favorece el hecho de ser calificado de país de renta media alta porque le permite participar en la oferta de cooperación y negociar bajo otras modalidades, fortalecer acuerdos de colaboración con países que requieran de su experiencia en determinadas áreas (como seguridad, por ejemplo), pero a nivel económico no le favorece porque disminuye de demanda de cooperación o porcentaje de ingresos que recibe a través de la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo (en adelante AOD 7 ).

Los compromisos del G8 tienen buenas intenciones, pero son deficientes en cuan- to al establecimiento de los mecanismos de acción y el cumplimiento de los com- promisos financieros. Incluso la contabilización de los recursos destinados a la agricultura presenta complejidades. Si bien la AOD cuenta con un sistema de monitoreo en el CAD, las descripciones de los proyectos son muy generales y no se han establecido criterios compartidos para diferenciar acciones de seguridad, ayuda alimentaria y agricultura a pequeña escala (Schwegmann et al., 2014). Finalmente, de acuerdo a un estudio de Alabi (2014), como resultado del reciente crecimiento de AOD bilateral en materia agrícola, se ha incrementado la pro- ductividad, aunque no influyó en el aumento del producto interno bruto (PIB) regional.

La Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas (OSRI), tiene como objeto social “llevar a cabo la prevención, evaluación, aviso, investigación y respuesta a las acciones, tanto internas como externas, que afecten el normal funcionamiento de las tecnologías de la información del país” ((OSRI), 2018). También se cuenta en Cuba con el centro de Ciberseguridad del Espacio, que es una “estructura especializada que contribuye al fortalecimiento de la seguridad en el ciberespacio cubano, fomentando la cooperación entre todos los factores que inciden en la ciberseguridad a nivel nacional y potenciando la colaboración internacional en esta esfera. Tiene como misión contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el ciberespacio cubano y coordinar de manera efectiva la gestión de los eventos cibernéticos que impactan en la ciberseguridad de la nación” (CSC, 2018).

El 3 de marzo de 2010 la Unión Europea presentó la comunicación de la Co- misión titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (Comisión Europea 2010), en la que se agruparon los objetivos necesarios para coordinar un modelo de crecimiento económico y so- cial para sus –entonces– 27 miembros. El objetivo para la década de 2010-2020, es converger en un modelo común que haga de Europa una economía inteli- gente, mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; sostenible, a través de la promoción de un uso más eficiente de los recursos, e integradora, con el fomento de un alto nivel de empleo y de cohesión social y territorial. En el ámbito de la integración social, se crea la iniciativa «Pla- taforma europea contra la pobreza», que pretende «garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo lleguen a todos y de que las personas afectadas por la pobreza y la exclusión social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad». El objetivo especí- fico de la UE es reducir en 20 millones el número de personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza. En el caso de España, la contribución acordada para cumplir el objetivo supone reducir entre 1,4-1,5 millones de per- sonas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en el período 2009-2019 (Llano Ortíz 2017). Dado que la más reciente estimación ha sido de un aumento en el indicador de 1,32 millones, para cumplir el objetivo España deberá reducir las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en más de 2,7 millones en los cinco años que median entre 2016 y 2020 (Llano Ortiz 2017).

En los países del norte, esta tendencia corres- pondió con una disminución dramática del inte- rés público en problemas de desarrollo del Sur. Tras el desencanto con los resultados de desarro- llo obtenidos en países como Cuba, Nicaragua, Tanzania o China – vistos por movimientos de solidaridad como pioneros de modelos alternati- vos –, quedó una frustración profunda con la política de desarrollo. Frente a dificultades finan- cieras en los países donantes y frente a los pocos resultados contundentes tras medio siglo de coo- peración internacional, aumentaron las voces que cuestionaron la justificación de esta cooperación. La industria de la ayuda - consistiendo en las admi- nistraciones y las elites de los expertos en ayuda, los evaluadores de los informes de los países, los

Siguiendo con el análisis de los países donantes de AOD en América Latina, y tal y como manifiesta Tezanos (2010) en la década pasada la ayuda desembolsada resultó “ser excesivamente fragmentada y volátil, lo que pudo haber menoscabado la eficacia de las actuaciones”. Efectivamente, el gran número de donantes, con aportaciones a programas diversos, dependiendo de las prioridades de cada país donante, ha dificultado la concentración de recursos para la consecución de los objetivos y prioridades de los países receptores. Por otro lado, la volatilidad de las ayudas, esto es, los descensos anuales de los fondos y el no cumplimiento de compromisos, entregando en ocasiones cantidades inferiores a las acordadas, impide hacer proyecciones a medio plazo, lo que pone en riesgo la viabilidad y sostenibilidad de los programas de desarrollo. Finaliza el autor señalando que “en la medida en que en los últimos años se ha producido una retirada de donantes bilaterales de ALC, se ha minorado el problema de la fragmentación, si bien a costa de incrementar la volatilidad de los recursos.”

Tal y como se indicó en la introducción al definir los objetivos del presente trabajo, es nuestro propósito en este apartado, realizar un estudio de las acciones de Cooperación Universitaria al Desarrollo en las Universidades Públicas Españolas, en la medida en que creemos que elaborar una cartografía detallada de la misma contribuye a mejorar el conocimiento de la forma y la medida en que estas instituciones contribuyen al esfuerzo nacional en cooperación y a mejorar su eficacia.

Los productos alimenticios recibidos como donaciones, que son vendidos en el mercado interno del país receptor de la ayuda, impactan de forma negativa sobre la capacidad de pro- ducción local, en la medida en que aumentan la oferta en el momento de su importación, provocando una contracción au- tomática del tamaño del mercado interno para los productores locales. Al aumentarse la oferta del producto donado, los pre- cios locales tienden a contraerse, lo que desalienta a los pro- ductores locales a mantener dicho cultivo que es, en conse- cuencia, reemplazado por los productos ingresados como do- nación primero y reemplazado luego por las importaciones. Ésa ha sido la historia del trigo en el Ecuador, producto en el que fuimos autosuficientes unas décadas atrás, y que actual- mente proviene en el 96% de las importaciones. 18 Una situa-

En tercer lugar, el estudio de los resultados de la AOD ha permitido determinar qué representa este tipo de ayudas en India y Marruecos y demostrar las hipótesis de partida. La AOD destinada a Marruecos ha sido insuficiente, en algunos de los ODM con meta 2015 los resultados son negativos, mientras que en otros se evoluciona hacia una mejora: las últimas estadísticas demuestran que Marruecos podría convertirse en uno de los pocos países en cumplir la mayor parte de esos objetivos, sin embargo estos resultados no se han traducido en una mejora de la calidad de vida de la sociedad marroquí. Con respecto a India (segundo país receptor de AOD), se observan una serie de diferencias: las estadísticas muestran la desigual utilización de la ayuda, acompañada de la mala gestión e ineficacia de la misma. Además, India cuenta con un rasgo que la diferencia de Marruecos y es que se posiciona como un país receptor pero a la vez donante de AOD, situación propiciada por el despliegue económico que ha experimentado. A pesar de ello, a diferencia de Marruecos, India no va a poder cumplir los ODM debido a problemas de gestión política interna, una de las principales causas de fracaso. Los resultados experimentados han sido positivos en algunos campos, sin embargo son insuficientes. Así las cosas, cabe poner en duda la transcendencia real de la AOD y su relación con el compromiso internacional de cumplir los ODM.

La premisa de su pregunta es consistente con una percepción generalizada en los países ricos. La gente piensa que los países ricos ya han gastado sumas casi infinitas de dinero en la erradicación de la pobreza, sin resultados, y que sería pura estupidez seguir gastando. Hay tres cosas para decir en respuesta a ello. Primero, el trillón de dólares gastado en ayuda oficial al desarrollo en las últimas décadas no es una suma tan grande como suena. El mundo gasta un trillón de dólares cada año en las fuerzas armadas – 2,2% del producto global anual. Hoy en día, la ayuda oficial al desarrollo alcanza a más o menos $100 mil millones anualmente, que es casi el 0.28% del producto nacional bruto de los países ricos y el 30% del déficit colectivo anual de los pobres del mundo de la línea de pobreza más alta del Banco Mundial (definido en términos de gasto en consumo anual por persona que es igual en poder adquisitivo a $786 en los Estados Unidos en 1993).

En este espacio lo primero que queremos destacar es el hecho de que el Informe de Desarrollo Humano 2013 del PNUD tuvo como tema central de estudio y título El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso que “analiza la geopolítica de nuestros tiempos, examinando cuestiones y tendencias emergentes, así como a los nuevos actores que están dando forma al paisaje del desarrollo” (PNUD, 2013:iv). Allí Akihiko Tanaka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, expresa que “la cooperación Sur-Sur y la co- operación triangular han crecido rápidamente en los últimos años. Han dejado atrás su papel tradicional de complementos de la cooperación Norte-Sur y ahora son una fuente indispensa- ble de intercambio de conocimientos e innovación para muchos países en desarrollo” (PNUD, 2013:68).

El grupo estaba formado por: Abdulatif Y. Al-Hamad de Kuwait, Director General del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, por David Bryer de Reino Unido, ex Director del Oxfam, Mary Chinery-Hesse de Ghana, ex Directora General Adjunta de la OIT, Jacques Delors de Francia, ex Ministro de Finanzas y Presidente de la Comisión Europea, Rebeca Grynspan, ex Vicepresdiente de Costa Rica, Alexander Livshitz Director del Banco de Crédito Ruso, Abdul Majid Osman, ex Ministro de finanzas de Mozambique, Robert Rubin, ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Manmohan Singh, ex Ministro de Finanzas de la India y Masayoshi Son, Presidente y Director Ejecutivo de la Empresa Japan Softbank (op. cit.). El informe A/55/1000 (Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Financiación para el Desarrollo, 2001, junio 26), instó a los países en desarrollo a asumir políticas fiscales equilibradas, disciplina macroeconómica, bases fiscales seguras e instalación de planes de pensión. Advirtieron que la reducción de la deuda de los países pobres no era suficiente para que crecieran económicamente. Sugirieron que se destinara 7% del PNB a la asistencia oficial para el desarrollo, tal como se había estipulado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la formación de un fondo común no condicionado. También recomendaron establecer una Organización Tributaria Internacional y un Consejo de Seguridad Económica, la democratización de la OMC y que el FMI asignara más derechos especiales de giro (DEG).

mo. Analizando experiencias pasadas po- demos avanzar algunos escollos frecuen- tes en la ejecución de estos programas. Los programas de desarme-desmoviliza- ción-rehabilitación han ofrecido, en oca- siones, resultados un tanto decepcionan- tes. Los motivos son de diversa naturaleza. El más frecuente ha sido la ausencia de un acuerdo político estable entre ex belige- rantes o la desconfianza ante el gobierno resultante del conflicto. Es el caso de la Re- pública Centroafricana. En otros ejemplos, como Sierra Leona o Liberia, los proble- mas son más bien de orden económico y, en concreto, la cuestión mal resuelta de la reinserción de ex combatientes en la vida civil y de su empleo. Por el contrario, un caso de programa exitoso ha sido Etiopía. Los factores económicos pueden plan- tear dos tipos de dificultades. Por un lado, la incapacidad de la economía local para encontrar un dinamismo propio, una vez cortada la ayuda externa, que ofrezca a la población los «dividendos de la paz» –y ello puede provocar una frustración desestabilizadora–. Por otro lado, la crea- ción durante el conflicto de una econo- mía de guerra. La gama de actividades es muy diversa. Pueden ser actividades aso- ciadas a la financiación de las hostilida- des, como el caso de los llamados «dia- mantes de la sangre». Puede tratarse de actividades ilegales que surgen por la falta de control del Estado y la aparición de zonas sin ley, como son el contraban- do y el tráfico de seres humanos. Por úl- timo, podemos encontrarnos con activi- dades que surgen como mera estrategia

La  situación  de  una  persona  en  IT  surge  cuando  una  enfermedad  o  accidente,   sea   cual   fuere   su   origen,   le   impide   de   forma   temporal   el   desarrollo   normal   de   su   trabajo,  con  la  consecuente  pérdida  económica.  Son  múltiples  y  variados  los  factores   que  pueden  influir  en  su  origen  además  de  la  propia  etiología  causal  del  proceso,  que   finalmente   determina   la   alteración   de   la   salud   del   trabajador   y   la   consiguiente   catalogación   en   contingencia   derivada   de   esta   relación   causal   o   no   con   el   trabajo   desempeñado  (enfermedad  común  o  profesional,  accidente  de  trabajo  o  accidente  no   laboral)   (Vaquero   Abellán   M   et   al;   2012)   (López   Bonilla   IM   et   al,   2002).   Entre   estos   aspectos  fundamentales  a  considerar  están:  los  factores  individuales  (estado  previo  de   salud,   características   personales,   edad   (a   mayor   edad   mayor   duración   del   proceso),   sexo/género   (las   mujeres   suelen   tener   procesos   más   largos),   situación   familiar   (con   hijos   menores   o   familiares   dependientes);   los   factores   laborales:   condiciones   y   ambiente   en   el   trabajo,   cultura   de   la   empresa,   políticas   en   la   gestión   de   la   IT   en   la   propia  empresa,  etc.;  y  los   factores  socio-­‐económicos:  características  del  mercado  de   trabajo   (tasa   de   desempleo,   temporalidad...)   el   sistema   sanitario   (lista   de   espera,   acceso  a  especialistas…),  las  políticas  sociales  y  legales,  entro  otros  muchos  factores,  lo   que   hace   de   la   IT   una   situación   de   pluricausalidad   y   también   de   muy   variadas   repercusiones  (Vaquero  Abellán  M  et  al,  2013).  

CEG: En Brasil había y sigue habiendo muchas personas que pasan hambre. Es un problema huma- no. Desde su primer día en el cargo, el Presidente Lula ha dicho que toda persona tiene derecho a tres comidas al día. Esta máxima está en la raíz de todos sus programas sociales, como Bolsa Familia. Bolsa Familia es un programa de transferencia en efectivo que establece ciertas condiciones. Por ejemplo, se da a las mujeres pobres a condición de que envíen a sus hijos a la escuela y los vacunen. También se da a las mujeres embarazadas, a condición de que consulten a un médico durante el embarazo. De manera que incluye un componente sanitario y educativo. Pero hemos observado que Bolsa Familia no sólo contri- buye a sacar a las personas de la pobreza, sino que también las ayuda a entrar en el mercado de traba- jo. Una persona que tenga suficiente para comer, vestir y llevar una vida digna se encuentra en una posición mejor para buscar un empleo que la que pasa hambre. El objetivo principal del Presidente Lula ha sido garantizar a todos los ciudadanos de Brasil unos ingresos mínimos para una vida digna, a fin de que todos –y no sólo unos pocos– partici- pen del desarrollo del país.

2. Un segundo aspecto está relacionado con la creación de la Fundación ínteramericana para el Desarrollo y Formación de Fondos de Pensiones Laborales, que cuenta entre sus socios fundadores a importantes dirigentes de movimientos sindicales de la región; de la Confederación General de Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), de miembros del departamento de los Sindicatos de la Construcción de la AFL/CIO, del Sindicato Luz y Fuerza, de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, así como de asesores y académicos en materias laborales y sindicales. En los marcos de la propuesta de esta Fundación, se reconoce que no obstante la buena acogida dada a la privatización de la seguridad social por parte de las instituciones financieras, la reacción de los trabajadores, sus representantes sindicales y otros grupos, no ha sido favorable. Los trabajadores y otros sectores sociales de Ecuador han logrado cambiar el enfoque del debate sobre el tema durante la campaña electoral. Políticos antes favorables a una reforma, han modificado su postura. Ha habido casos más contundentes: los sindicatos uruguayos derrotaron un intento de modificar el sistema estatal por la vía de un plebiscito en 1995 y en Bolivia, en marzo de 1996, los sindicatos dispusieron una huelga general en contra de las medidas que pretendían reformar el sistema de reparto. A principios de 1998, los sindicatos brasileños reaccionaron contra la reforma del sistema previsional, propuesta por el gobierno.

España, por tanto, no recibe pago alguno a diferencia de los Programas de Conversión en Inversiones Privadas. Esta aparente falta de con- trapartida beneficiosa y la importancia que algu- nos modelos de crecimiento económico otorgan a la inversión pública, hacen que esta forma de conversión se plantee como una ayuda al desa- rrollo. Sin embargo, hay un gran número de razones para que España tenga interés en favore- cer un determinado tipo de inversiones públicas en el país deudor, como pueden ser la ventaja competitiva de las empresas españolas exporta- doras en determinado tipo de proyectos o la importancia económica de determinadas regio- nes del país deudor para el acreedor, bien sea por producción de energía o tránsito de mercan- cías, por ejemplo.