Calificación jurídica

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Presupuestos para la calificación jurídica en los preacuerdos como forma de terminación anticipada del proceso penal, desde el principio de legalidad que integra el debido proceso

Presupuestos para la calificación jurídica en los preacuerdos como forma de terminación anticipada del proceso penal, desde el principio de legalidad que integra el debido proceso

Hernández), b.- Que para la legalidad del preacuerdo se debe tener en cuenta que existe una fase fáctica y probatoria para llegar a la negociación, que debe coincidir con la realidad de la conducta típicamente relevante (sentencia de 8 de mayo de 2007, radicado 190016100602200780231, sala penal del Tribunal superior del Distrito Judicial de Popayán, MP. Jesús Alberto Gómez Gómez. c.- “se deben formular tanto la imputación como la acusación, con todos los factores que incidan en el grado del injusto… los cargos en sus componentes facticos y jurídicos resultan inmodificables en eventos de allanamientos, acuerdos o preacuerdos…” ( sentencia de la corte suprema de justicia, providencia 28 de noviembre de 2007 que fue traída a colación dentro de la sentencia de la corte constitucional C-025 de 2010, MP. Humberto Antonio Sierra Porto). De otro lado la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. 27759 del 12 de septiembre de 2007, MP. Alfredo Gómez Quintero, habla de la imputación jurídica circunstanciada, en donde no se le pueden dar a los hechos sino la calificación jurídica que verdaderamente corresponda, donde solo se puede hacer una negociación de la imputación bajo los presupuestos de legalidad penal, tipicidad plena, trasparencia y lealtad con la administración de justicia. Igualmente el expediente No. 29979 del 27 de octubre de 2008 MP Julio Enrique Socha Salamanca, dice que el Fiscal no tiene la plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, si no que se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. En la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que corresponden a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el código penal. Esto quiere decir que la calificación jurídica se hace en base a un delito preexistente en la Ley penal.-

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Interpretación y calificación jurídica de hechos

Interpretación y calificación jurídica de hechos

se. Por una parte, es cierto que la estimación de la relevancia y de la reserva no es ni mecánica ni lógica y viene exigida por el derecho, de manera que no es una valoración fáctica como la que concluye hechos a partir de indicios, y requiere una motivación de distinto tipo, como argumenta la sentencia citada. Por otra parte, sin embargo, la relevancia y la reserva se valoran con criterios de experiencia –lo dice la propia sen- tencia– que no son necesariamente jurídicos. Aunque pueda parecer hilar demasiado fino, creo que hay que distinguir entre valorar o interpretar los hechos para decir si la información era o no relevante y de acceso reservado en sentido general o público, y valorar o calificar los hechos –o interpretar el derecho– para decir si la información era o no relevante y de acceso reservado a efectos del tipo penal. Hay un juicio de experiencia que después se califica jurídicamente; y esta secuencia es lo que divide la  cuestión fáctica de la jurídica. Esto explica que sea admisible una prueba pericial sobre la relevancia y la disponibilidad de la información, la cual no tendría cabida si se trata- se únicamente de hacer una valoración jurídica, porque esta compete exclusivamente al juzgador. En realidad, valorar si la información era relevante y su acceso reservado no es muy distinto que valorar si hubo beneficio o perjuicio económico: se trata de esti- maciones de hecho que se hacen para su posterior calificación jurídica. La calificación jurídica puede mantener la valoración fáctica o corregirla: a veces el decisor considera que el derecho exige algo más o algo menos que lo que dan a entender los textos lega- les. Puede ocurrir, por ejemplo, que el tribunal considere que la información usada por el acusado era objetivamente relevante, pero no lo suficiente para integrar el tipo del artículo 285 CP.

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El debido proceso y la variación de la calificación jurídica de la conducta disciplinaria

El debido proceso y la variación de la calificación jurídica de la conducta disciplinaria

El derecho disciplinario es una rama que ha presentado un desarrollo significativo en Colombia en los últimos años, en razón precisamente a la importancia que representa para el correcto y adecuado funcionamiento de la función pública en el país. Esta rama del derecho ha ido evolucionando a medida de su aplicación, por lo que es importante precisar ciertos conceptos que se han venido aplicando y determinar la incidencia de los mismos en el marco de los procesos que adelantan en materia disciplinaria contra servidores públicos y particulares que ejercen función pública. Sin embargo, la Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 165 que es posible que el operador jurídico disciplinario modifique la calificación jurídica del hecho concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, esto representa para el sujeto disciplinable una carga dentro del proceso que puede derivar en una violación a los principios del derecho fundamental al debido proceso. Este artículo de reflexión busca mediante la interpretación de los postulados del Código Único Disciplinario y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el debido proceso, verificar si existe vulneración al debido proceso del sujeto disciplinable al permitir la variación de la calificación jurídica, en el sentido que los argumentos de la defensa cambian sustancialmente de acuerdo a la calificación jurídica que se impute, por lo que la defensa técnica no resultaría totalmente garantizada en estos casos.

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La calificación jurídica registral de las resoluciones judiciales en el sistema registral peruano

La calificación jurídica registral de las resoluciones judiciales en el sistema registral peruano

Para finalizar, no dudamos de la sana intención del legislador procesalista de que al normar el ampliatorio, lo ha hecho con la real intención de resolver este problema. Convencido como ellos, concordamos que la patria y específicamente el pueblo requieren de una justicia eficaz y oportuna, con disposiciones transparentes, precisas e indubitables, destinadas a servir a los intereses nacionales. En tal sentido reconocemos su capacidad, sin embargo estamos también claros de lo que expresamos, lo hacemos con el firme convencimiento de contribuir al desarrollo y entendimiento de que tanto la función registral como la jurisdiccional son engranajes importantísimos en la consecución de la justicia y de la seguridad jurídica que todos anhelamos.

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				Los límites a la autonomía de la Fiscalía en la adecuación típica de la conducta punible.

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discrecionalidad de la Fiscalía se ve seriamente limitado, toda vez que la denominación jurídica que se atribuye a una determinada conducta es un imperativo del que únicamente puede prescindirse frente a circunstancias previamente reguladas (Barbosa, 2005, p. 90). Si la Fiscalía, como titular de la acción penal, contara con un margen absoluto de discrecionalidad al momento de encuadrar los comportamientos en los tipos penales descritos por el legislador, se desconocerían todas las garantías inmersas en el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que se soslayarían los postulados de verdad y justicia a que tienen derecho las víctimas en vigencia de la Ley 906 de 2004, los mismos que sin lugar a dudas deben ser reconocidos por el propio ente fiscal. Igualmente, es el juez quien, como máximo director del proceso penal, debe cumplir el mandato constitucional del artículo 230 según el cual los jueces solo están sometidos al imperio de la ley, y, en virtud de ello, siempre serán garantes del cumplimiento de la misma; por ello, en su función de control de garantías tienen el deber de verificar la legalidad de la imputación y ello no implica la intromisión en la función de la Fiscalía de acusar, pues se supone que ella tiene sus argumentos para soportar su calificación jurídica de conformidad con la ley. Control de la acusación por vulneración grave al principio de taxatividad

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El delito de estafa y los nuevos medios de pago

El delito de estafa y los nuevos medios de pago

Por ello si de desdobla la calificación jurídica del uso de la tarjeta de modo que su uso en local comercial es constitutivo de estafa, pues se acepta doctrinal y jurisprudencialmente que la persona que habiéndose hecho con una tarjeta de la que no es titular, finge serlo en una operación presencial, consiguiendo de este modo, que el establecimiento le proporcione bienes o servicios, consuma un delito de estafa, pues provoca, presentando la tarjeta, una apariencia de crédito o de garantía de pago de la que realmente carece y provoca, de este modo, una disposición que ha de ser asumido por una persona jurídica que se comprometió a ello bajo presuposición de normalidad de uso, y su utilización en cajero es merecedor de la calificación de robo, nos hallaríamos ante dos delitos distintos en concurso, un robo con fuerza en las cosas en relación a los cajeros, y un delito de estafa en cuanto a su uso en establecimientos comerciales -en los hechos probados, apartado cuarto se recoge como las tarjetas regalo de El Corte Ingles sirvieron para el clonado de diversas tarjetas, realizándose con siete de ellas operaciones ilícitas- y resultaría absurda y más grave para el acusado esta separación en dos delitos de lo que no es sino una única intención y manifestación delictiva de obtener metálico o efectos mediante las tarjetas, que merece la única respuesta punitiva de la estafa. (...)"

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Razones jurídicas para garantizar la debida motivación en las disposiciones fiscales de archivo sobre daño psíquico en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

Razones jurídicas para garantizar la debida motivación en las disposiciones fiscales de archivo sobre daño psíquico en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

Respecto a una adecuada calificación jurídica de los hechos objeto de imputación, para garantizar el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el Art. 139, inc. 5, de la Constitución Política del Perú, y de esta manera el archivo de los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar estén debidamente motivados, se advierte que en las diez disposiciones analizadas han hecho una correcta calificación jurídica del tipo penal, sin embargo se evidencia que solo lo menciona de manera genérica sin hacer una adecuada motivación. Asimismo se ha corroborado en las encuestas aplicadas en donde de las diez encuestas a la primera pregunta referida en qué tipo penal se encuadran los hechos antes descritos, todos han contestado que estamos ante un caso de Agresión en contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en su modalidad de agresiones psicológicas, que está previsto en el artículo 122-B del Código Penal.

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Historia de la Calificación: Calificación Inicial Octubre de 2003

Historia de la Calificación: Calificación Inicial Octubre de 2003

Una calificación de riesgo emitida por BRC INVESTOR SERVICES S.A.- Sociedad Calificadora de Valores- es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello no asumimos responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.

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Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad

Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad

La excepción, como hemos dicho, es el derecho de los artistas. Para estos últimos el legislador español decidió reconocer no sólo la potestad para comercializar con sus ejecuciones o interpretaciones, sino también el derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus ejecuciones o interpretaciones y a oponerse a la deformación de sus ejecución o interpretación que lesione su prestigio o reputación (art. 113 LPI). Con ello, se creaba un derecho doble moral de paternidad y de integridad del artista, equiparable al del autor. El legislador discrimina así el contenido de los derechos de autor y afines en función del origen del resultado de la actividad humana, como un ejercicio de la libertad creadora de la persona o, por el contrario, como el ejercicio de la actividad comercial o de la inversión. El artista no crea, pero sí interpreta o ejecuta lo creado por otro y muchos autores entienden aquí que el potencial de la interpretación o de la ejecución puede llegar hasta el punto de producir una realidad distinta de la obra programada por el autor (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2012). Solamente los productos que sean resultado de la primera libertad -la libertad de creación y producción artística, científica o literaria- serán protegidos en el plano moral. De ahí que la calificación que estos merecen dentro del sistema jurídico tenga que ser, necesariamente, distinta de la que reciben los otros derechos de propiedad intelectual.

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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

Las coberturas exigidas al originador al comienzo del proceso ascendían a casi el 14% del valor de la emisión y su objetivo primordial era el de mitigar los riesgos que en ese entonces fueron identificados. A octubre 31 de 2003 las coberturas con que cuenta el patrimonio superan las estipuladas en el prospecto; en efecto, el Fondo del Dinero que debía ser constituido y mantenido en mínimo 4% de la emisión (o títulos en circulación) se encuentra actualmente en 4.86% de la misma, la Serie Subordinada que al comienzo del proceso representaba el 9.3%, ahora se encuentra en niveles del 25.01% y finalmente el sobrecolateral, constituido por los excesos de cartera y recursos líquidos que soportan la emisión pasaron de representar Historia de la calificación. AAA Enero 1.999

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Percepción de los Alumnos sobre la Calidad del Servicio Educativo Brindado por un Instituto Superior Tecnológico  Arequipa – 2016

Percepción de los Alumnos sobre la Calidad del Servicio Educativo Brindado por un Instituto Superior Tecnológico Arequipa – 2016

59 demás subindicadores, infiriendo que algunos de los profesores además de demostrar que la puntualidad es un valor demuestran también que es una forma de manifestar interés y respeto a los alumnos. De otro modo me parece interesante resaltar que la Tabla N°6 (El desarrollo del curso en relación al cumplimiento del sílabo) y Tabla N°8 (Término de clases respetando el tiempo promedio) coinciden en porcentajes de mala calificación lo primero se debe a que los profesores realizan sus programaciones semestrales; sin embargo muy pocos; pero los hay se retrasan en el dictado del curso por inconvenientes que no saben manejar como: feriados y reuniones no planificadas. Lo segundo alude a que muy pocos profesores toman más tiempo de lo estipulado en terminar su sesión didáctica. No obstante en la Tabla N°07 (Capacitación de profesores para la enseñanza) la mediana calificación arroja 68.03% siendo el resultado más bajo en relación a los demás subindicadores que comprenden este indicador, pudiéndose deber a que algunos de los profesores solo se preocupan en impartir conocimientos a los alumnos olvidando el orden que estos hallan en su mundo social, cultural y económico. Los profesores además de ser competentes y contar con criterio deberán poseer una visión prospectiva.

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Historia de la Calificación

Historia de la Calificación

El fondo presentó una composición conservadora de su portafolio en relación al riesgo de crédito y una adecuada diversificación respecto a los tipos de emisores en los que invierte, hecho que genera una cobertura apropiada del riesgo de deterioro de la calidad crediticia de alguno de ellos. La calificación ponderada promedio para el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2004 fue AAA, y ningún emisor, diferente al gobierno, representó más del 5.5% del valor total del portafolio. El 79.86% de los recursos estuvieron invertidos en títulos calificados AAA, el 5.52% en AA+, el 2.94% en AA, el 0.98% en AA-, el 0.05% en A, el 0.54% en BBB, el 0.37% en títulos con calificaciones especulativas y el 9.75% restante en renta variable e inversiones en el exterior.

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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

la colocación de los títulos esto es, derechos notariales y de registro asociados a la firma de contratos de usufructo, calificación inicial de los títulos, inscripción anticipada de los títulos en el Registro Nacional de Valores, inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia, honorarios del agente Estructurador, honorarios auditores técnicos (visita inicial), impresión del prospecto de colocación y avisos de oferta pública, impuestos sobre gastos pretransaccionales, comisión de originación a Propalma S.A., 80% de la suma a cancelar a los Palmicultores por concepto de anticipo del precio del usufructo pactado en los contratos de compraventa de usufructo el cual tendrá que ser cancelado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se publique el aviso de oferta, comisión al agente colocador, impuestos y demás gastos requeridos para poner en marcha el proceso.

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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

La calificación asignada considera como una fortaleza la existencia del Soporte Parcial por Reducción de ingresos y devaluación. Si bien el contrato de concesión establece que el Concesionario asumirá el riesgo derivado de las reducción de ingreso y de las devaluaciones reales del peso durante la etapa de construcción, también establece que el INCO deberá proporcionar, durante los primeros nueve períodos semestrales contados desde el inicio de la etapa de construcción en el caso del Soporte Parcial por Reducción de ingresos y doce períodos semestrales en el caso de Soporte Parcial por Reducción de devaluación, un soporte que cubre dichos riesgos de manera que cualquier desbalance respecto a los ingresos requeridos para cubrir eficientemente las obligaciones del Fideicomiso, sean compensados. Los recursos que la dirección general de Crédito Público autorizó al INCO para provisionar dicho soporte ascienden a $ 20.667 millones.

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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

La calificación asignada considera como una fortaleza la existencia del Soporte Parcial por Reducción de ingresos y devaluación. Si bien el contrato de concesión establece que el Concesionario asumirá el riesgo derivado de las reducción de ingreso y de las devaluaciones reales del peso durante la etapa de construcción, también establece que el INCO deberá proporcionar, durante los primeros nueve períodos semestrales contados desde el inicio de la etapa de construcción en el caso del Soporte Parcial por Reducción de ingresos y doce períodos semestrales en el caso de Soporte Parcial por Reducción de devaluación, un soporte que cubra dichos riesgos de manera que cualquier desbalance respecto a los ingresos requeridos para cubrir eficientemente las obligaciones del Fideicomiso, sean compensados. Los recursos que la dirección general de Crédito Público autorizó al INCO para provisionar dicho soporte ascienden a $ 20.667 millones.

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FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN

La calificación vigente de los Bonos Ordinarios Polipropileno del Caribe S. A. otorgada en julio de 2005 es AA+ (Doble A más) en grado de inversión a largo plazo, la cual indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses, con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta. El signo positivo sugiere que la calificación se aproxima a la categoría inmediatamente superior.

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Las presunciones jurídicas

Las presunciones jurídicas

Por su parte, como indicamos atrás, las normas de valoración también encuentran puntos de divergencia con las presunciones y ficciones jurídicas. En lo que respecta a las presunciones, la primera diferencia que podemos anotar consiste en que el proceso presuntivo recae sobre los hechos, mientras que el proceso valorativo se circunscribe a las cosas: magnitudes y bienes. También tenemos que, como se desprende de lo ya expuesto, el proceso deductivo de la presunción debe estar expresamente establecido en la disposición normativa que la contenga, mientras que el proceso deductivo de la norma de valoración tiene lugar a priori en la mente del legislador, razón por la cual no se evidencia de la estructura jurídica de la norma que la expresa, que simplemente se limita a exponer el producto objetivo del valor determinado. Y por último, las pre- sunciones jurídicas se desenvuelven en el ámbito de la prueba, su carga y objeto, razón por la cual son aplicables a discreción del órgano decisor, esto es, son de aplicación facultativa, mientras que las normas de valoración no están enmarcadas en el mundo de

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El principio de irretroactividad en derecho tributario

El principio de irretroactividad en derecho tributario

Este posicionamiento quiebra cuando se pretende trasladar la concepción amplia de retroactividad al plano de la producción normativa, como límite frente al Legislador o el titular de la potestad reglamentaria. Las normas jurídicas – y especialmente las normas de Derecho público – suelen regular pro futuro las situaciones preexistentes. Nuestro Tribunal Constitucional ha venido rechazando desde sus primeros pronunciamientos que el principio constitucional de irretroactividad (sea el expresamente consagrado en el art. 9.3 CE, sea el que se considera implícito en el principio de seguridad jurídica) prohíba la “retroactividad de grado mínimo” (SSTC 27/1981 y 6/1983). Esta circunstancia ha llevado a algunos autores a afirmar que el concepto de retroactividad en el plano de la producción normativa debe ser más estricto que en el plano de la aplicación normativa; en definitiva, que deben mantenerse concepciones diferentes de la retroactividad, según la concreta manifestación del principio de irretroactividad en que nos situemos 25 . Éste será uno de los interrogantes planteados y tratados en nuestro análisis.

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Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 12 de noviembre de 1993. Pieza de calificación de la quiebra. Recurso de casación

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 12 de noviembre de 1993. Pieza de calificación de la quiebra. Recurso de casación

Las sentencias resolutorias del incidente de oposición a la declaración de quiebra han accedido también, sin mayores problemas, a casación; a título de ejemplo, véanse las sentencias de 24-1-90 (22); 23-2-90 (712); 10-3-90 (1686); 5-6-90 (4738); 4-7-90 (5774) y 17-4-91 (2719), aunque la cita podría llegar a ser tan abundante como la realizada con referencia a la pieza de calificación. Y lo mismo puede decirse de las impugnaciones de los acuerdos de las Juntas de reconocimiento y graduación que, pese a que, según lo expuesto más arriba, no deberían tener acceso a casación, lo han venido teniendo de hecho, como muestran, y se limita también la cita a las más recientes, las sentencias de 11-2-86 (543) y 29-10-91 (7243).

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“Desestimación de la personalidad jurídica de las compañías”

“Desestimación de la personalidad jurídica de las compañías”

procesales y honorarios profesionales de los abogados que patrocinan esta causa, con fundamento en los artículos 1588 y siguientes del Código Civil.- Aceptada la demanda al trámite en la vía ordinaria y citado el demandado, comparece a fojas siete de los autos excepcionándose en la siguiente forma: No ejerzo ningún tipo de representación en la Compañía aludida, ni he celebrado ningún contrato, por lo que existe falta de personería activa y pasiva.- Negativa pura y simple de sus fundamentos.- Reconvengo por el daño moral que se me provoca con una afrenta para mi reputación, provocando efectos negativos de orden síquico, fijando en la suma de cincuenta millones de sucres.- Tramitada la reconvención y trabada la litis se convoca a las partes a junta de conciliación, diligencia en la que no se consigue acuerdo alguno.- Concedido el término de prueba y concluido el mismo, encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: En el trámite de la causa no se ha omitido solemnidad sustancial que lo vicie de nulidad, por lo que se declara su validez.- SEGUNDO: Al resolver una causa, en primer término debe considerarse las excepciones dilatorias, las que hace relación a la capacidad de las partes para comparecer en juicio. El demandado alega ilegitimidad de personería activa y pasiva. Con el documento de fojas 19 el demandado demuestra que el señor Mario Terreros Serrano es el Gerente General de Importadora Terreros Serrano Cía. Ltda. y no de Importadora Terreros Serrano S.A. persona jurídica diferente, pues la primera es una compañía de Responsabilidad Limitada y la segunda y una Compañía Anónima, y como se ha demandado al señor Mario Santiago Terreros Serrano en su calidad de Gerente Propietario de Importadora Terreros Serrano S.A. procede la dilatoria alegada.- TERCERO: El documento de fojas dos no tiene firma de persona alguna que acredite el cobro del precio de la factura de venta, a la que se refiere la demanda, advirtiendo que los cheques librados por el costo de la factura, no se encuentran efectivizados y los ha presentado el actor en el proceso (fojas 14 a 16) de manera que no es verdad que se haya cancelado el valor de la compra previo a la entrega de la mercadería.- CUARTO: El demandado no ha probado la reconvención deducida, por lo que no se lo admite.- Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara sin lugar la demanda, por improcedente. Sin costas. Sin lugar la reconvención.- Notifíquese.-

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