Código Fiscal de la Federación

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Los comprobantes fiscales y las operaciones inexistentes del artículo 69-B, del código fiscal de la federación.

Los comprobantes fiscales y las operaciones inexistentes del artículo 69-B, del código fiscal de la federación.

El Código Fiscal de la Federación prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.

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La responsabilidad patrimonial del estado por la infamia que deriva del artículo 69 b del código fiscal de la federación

La responsabilidad patrimonial del estado por la infamia que deriva del artículo 69 b del código fiscal de la federación

La exhortación implícita de la autoridad fiscal a no realizar transacciones comerciales con los contribuyentes expuestos en la lista a que refiere el artículo 69- B del Código Fiscal de la Federación se desprende de sus párrafos cuarto, quinto y sexto, pues es muy palpable el temor que infunde a los terceros a contratar con el contribuyente ya expuesto, ya que si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción de operación inexistente ante la autoridad fiscal, el tercero adquiriría la obligación de demostrar que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales y en caso de no satisfacer las expectativas de la autoridad fiscal estaría obligado a presentar declaraciones complementarias en donde dejaría sin efecto fiscal los comprobantes ya declarados como apócrifos, situación que menoscabaría su patrimonio o en el peor de los casos estaría involucrado en un delito fiscal por simulación de actos o contratos.
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La inadecuada referencia a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la facultad de determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes, prevista en el artículo 58-A, fracción III, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

La inadecuada referencia a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la facultad de determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes, prevista en el artículo 58-A, fracción III, inciso b) del Código Fiscal de la Federación

Ante esto, se debe precisar que las autoridades fiscales también fungen como usuarios externos de la información financiera de los contribuyentes, motivo por el cual es de vital importancia que esta se encuentre preparada bajo bases uniformes de aplicación; sin embargo el legislador comete el error de hacer alusión a los extintos Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados dentro del texto del Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 58-A, fracción III, inciso b), ya que a partir del año 2006 son las Normas de Información Financiera la normatividad contable que rige en nuestro país.
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La importancia de los conocimientos sobre el recurso de revocación previsto en el código fiscal de la federación, en los alumnos que cursan el noveno semestre de la licenciatura en contaduría

La importancia de los conocimientos sobre el recurso de revocación previsto en el código fiscal de la federación, en los alumnos que cursan el noveno semestre de la licenciatura en contaduría

El recurso de revocación exclusivo de fondo tiene las mismas características que el nuevo proceso denominado juicio de resolución exclusiva de fondo. Es decir, ambos se sustentan en los principios de oralidad y celeridad, se tramitarán a petición del recurrente; se aplicarán las disposiciones del juicio contencioso administrativo, cuando en el capítulo respectivo no se prevea alguna disposición, entre otras. Estas figuras surgieron con el objetivo de que se emitan resoluciones de manera rápida e imparcial, y esto se logrará haciendo a un lado el exceso de formalismos procesales, buscando resolver las cuestiones de fondo que realmente interesan a las partes. 57 El 27 de enero de 2017 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación”, mediante el cual se adicionaron dos figuras jurídicas: el “juicio
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Alternativas para compensar los ingresos de las finanzas estatales por el impacto que tendrán por la eliminación de la tenencia

Alternativas para compensar los ingresos de las finanzas estatales por el impacto que tendrán por la eliminación de la tenencia

Debido a sus condiciones, este impuesto se aplica a todos los residentes del país y a los extranjeros que tienen negocios en el mismo. Así pues, en México éste es el principal impuesto, según los últimos datos obtenidos respecto a la recaudación tributaria, ya que representa más de 40% de los ingresos tributarios totales. Ahí se nota un avance, desde que dejó de ser un impuesto cedular (gravaba fuentes específicas del ingreso, trabajo u otras), hasta el día de hoy, en que grava con base comprensiva del ingreso, reduce los incentivos al cambiar de actividad por razones fiscales y limita las posibilidades de evadir el impuesto mediante subfacturación de ventas o sobrefacturación de compras. 40 Se estima que el sujeto pasivo de este impuesto es aquella persona física o moral que obtiene el ingreso, y se determina desde los criterios del domicilio y la ubicación de la fuente de ingreso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el régimen fiscal al que esté sometido el sujeto (contribuyente).
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Importancia del tribunal fiscal y sus medios de defensa

Importancia del tribunal fiscal y sus medios de defensa

40 plantea. En la realidad jurídica, empero, la improcedencia de cualquier acción específica se manifiesta en que ésta no consigna su objeto propio, o sea, en que no obtenga la pretensión del que la ejercita y precisa-mente por existir un impedimento para que el órgano jurisdiccional competente analice y resuelva dicha cuestión. Idéntico criterio tiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el precedente que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo VIII. Noviembre de 1991, pág. 185, que dice: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, ANTE EL TRIBUNAL FISCAL.- Las causas de improcedencia que determina la ley de la materia, ven o se refieren a la procedencia del juicio mismo, esto es, los motivos de improcedencia son en cuanto a que la acción en sí misma considerada no procede por las causas específicas consignadas en la ley; es verdad que las causas de improcedencia dan lugar al sobreseimiento, pero no necesariamente este sobreviene por alguna de esas causas, pues por ejemplo, de acuerdo con la fracción I del artículo 203 del Código Fiscal de la Federación, procede el sobreseimiento por desistimiento del demandante, lo anterior, no significa que el juicio sea improcedente; el juicio si procede y lo que acontece en ese caso es que la actora por propia voluntad desiste de su acción y ello hace que se sobresea el juicio, mas no significa que la acción en si misina sea improcedente. El autor Morcie establece que “la improcedencia de la acción se traduce en la imposibilidad de que ata, en su concepción genérica, logre su objeto, es decir, la dicción del derecho sobre la cuestión de fondo o sustancial que su ejercicio plantea; tal improcedencia se manifiesta en que la acción no consiga su objeto propio, o sea, en que no se obtenga la pretensión del que la ejercita y principalmente por existir un impedimento para que el órgano jurisdiccional competente analice y resuelva sobre la cuestión debatida.”En resumen, la improcedencia de la acción se traduce en la imposibilidad jurídica de que el órgano jurisdiccional estudie y decida dicha cuestión, absteniéndose obligatoriamente a resolver sobre el fondo de la controversia. El Código Fiscal de la Federación establece la improcedencia del juicio, por las causales y contra los actos siguientes: I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.
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La orden de embargo precautorio en México, dictada por una autoridad distinta a la jurisdiccional como violatoria de las garantías fundamentales creador de constitucionalidad

La orden de embargo precautorio en México, dictada por una autoridad distinta a la jurisdiccional como violatoria de las garantías fundamentales creador de constitucionalidad

FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ (VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 145, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece, como medida cautelar, el embargo precautorio con el fin de garantizar el interés fiscal, autorizando a las autoridades hacendarias a practicarlo respecto de contribuciones causadas pendientes de determinarse y aún no exigibles, cuando se percaten de alguna de las irregularidades a que se refiere el artículo 55 del propio ordenamiento legal, o cuando exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento a juicio de dichas autoridades, quienes cuentan con el plazo de un año para emitir resolución que finque el crédito que, en su caso, llegase a existir, lo que se traduce en una violación a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, al permitirse la traba de un aseguramiento respecto de un crédito fiscal cuyo monto no ha sido determinado, sin que sea óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que el numeral en comento utilice los términos "contribuciones causadas", toda vez que la causación de una contribución se encuentra estrechamente vinculada con su determinación, la que al liquidarse puede, incluso, resultar en cero. Por otra parte, la remisión al diverso numeral 55 del propio código, no torna constitucional el precepto, toda vez que las hipótesis previstas en este artículo sólo facultan a la autoridad a llevar a cabo el procedimiento para determinar en forma presuntiva la utilidad fiscal de los contribuyentes o el valor de los actos por los que deban pagar contribuciones, pero de ello no puede seguirse que el embargo precautorio pueda trabarse cuando el crédito no ha sido cuantificado ni particularizado, de modo que pretender justificar la medida en supuestos de realización incierta carece de sustento constitucional, porque no puede actualizarse la presunción de que se vaya a evadir lo que no está determinado o a lo que no se está obligado, máxime que el plazo de un año que tiene la autoridad fiscal para emitir resolución para fincar el crédito prolonga injustificadamente la paralización de los elementos financieros de la empresa, con riesgo de su quiebra.
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reg empresas 2 pdf

reg empresas 2 pdf

En los términos del Código Fiscal de la Federación, se establece que los contribuyentes cuentan con la opción de considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, el total del precio pactado, o bien, solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. Cualquier opción que se elija se deberá ejercer por la totalidad de las enajenaciones; sin embargo, la opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez, pero tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio. Cuando se opte por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado exigible o cobrado en el mismo, según sea el caso y enajene los documentos provenientes de cobro, que también provenieren de enajenaciones a plazo o los dé en pago, se deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la enajenación o dación de pago.
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Alegatos en el Juicio Contencioso Administrativo Federal ¿momento procesal oportuno para controvertir las pruebas exhibidas en la contestación a la ampliación de demanda?

Alegatos en el Juicio Contencioso Administrativo Federal ¿momento procesal oportuno para controvertir las pruebas exhibidas en la contestación a la ampliación de demanda?

los alegatos en cuanto que señalen nuevos actos impugnados, nuevos argumentos no hechos valer al presentar la demanda, o al contestarla, toda vez que, en primer lugar, el objeto de los alegatos no es el introducir nuevas cuestiones a la controversia, sino ponderar al valor de las probanzas presentadas. Así, la Sala Fiscal sólo estaría obligada a considerar los alegatos siempre y cuando lo en ellos contenido fuese propio de los mismos. Es decir, la Sala sólo considerará los alegatos en cuanto se refieran al valor de las probanzas presentadas y los razonamientos en ellos contenidos vayan dirigidos a determinar el alcance de cada una de ellas, mas en modo alguno deberán considerarlos en cuanto en ellos se introduzcan nuevos argumentos, ya que tal cuestión no es propia de los alegatos. Por otra parte, si la Sala resolviere el juicio en base a un nuevo argumento, o prueba, contenida en los alegatos de una de las partes, automáticamente estaría alterando la litis, pues se violaría el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación el cual establece que las Salas no podrán cambiar los hechos expuestos en la demanda y la contestación. A mayor abundancia, es pertinente señalar que en la exposición de motivos para la reforma del artículo en cuestión, no se encuentra ningún razonamiento relativo a los alegatos en particular, por lo que no puede asumirse que la intención del legislador haya sido la de permitir que mediante ellos se incorporen nuevos extremos a la litis. Y no puede ser de esa manera porque entonces, atendiendo al principio de equidad, sería necesario dar vista a una de las partes con los argumentos de su contraria y ello retrasaría notablemente la solución del conflicto, es decir, se instrumentaría un sistema de réplica y dúplica (desaparecido del ordenamiento adjetivo civil local desde la década de los sesentas) no previsto por el Código Fiscal de la Federación”.
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La revisión electrónica como herramienta de fiscalización trascendental de las autoridades fiscales federales

La revisión electrónica como herramienta de fiscalización trascendental de las autoridades fiscales federales

En los términos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades tributarias están obligadas a dar asistencia a los contribuyentes, y a explicar las disposiciones fiscales con lenguaje sencillo; establecer y mantener oficinas en todo el territorio nacional para auxiliar y orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso a través de medios electrónicos; elaborar formularios para declaraciones, de tal manera que no cueste trabajo llenarlos; señalar en forma precisa, los requerimientos mediante los cuales se les exija la presentación de declaraciones, avisos; difundir los derechos y medios de defensa que puedan hacerse valer en contra de las resoluciones fiscales; efectuar reuniones de información, sobre todo, cuando hay modificación de disposiciones; publicar anualmente las resoluciones que emitan las autoridades que establecen disposiciones de carácter general; dar a conocer en forma
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Los principios tributarios que se deben de establecer en la política fiscal para que sea eficaz y eficiente

Los principios tributarios que se deben de establecer en la política fiscal para que sea eficaz y eficiente

El PND estableció los objetivos para realizar cambios fundamentales que el gobierno impulsará: cambios que consoliden el avance democrático, que cambiara la inseguridad y termine con la impunidad, que permitan abatir la pobreza y lograr una mayor igualdad social; una reforma educativa que asegure oportunidades de educación integral y de calidad para todos los mexicanos; que se garantice el crecimiento con estabilidad en la economía, que tengan como objetivo fundamental ser justos; y aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en la tarea del gobierno y que descentralicen las facultades y los recursos de la federación.
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Diagnóstico como antecedente para el eficiente registro al RFC

Diagnóstico como antecedente para el eficiente registro al RFC

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, así como la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código. CODIGO FISCAL DE FEDERACIÓN (CFF).
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El recurso de revisión administrativa en jurisdicción especial de los tribunales colegiados de circuito. Estudio sobre la inobservancia del principio de igualdad jurídica procesal...

El recurso de revisión administrativa en jurisdicción especial de los tribunales colegiados de circuito. Estudio sobre la inobservancia del principio de igualdad jurídica procesal...

La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas”, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado articulo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas” las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o tácita, lo cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados..13
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El juicio de lo contencioso-administrativo en materia fiscal estatal

El juicio de lo contencioso-administrativo en materia fiscal estatal

El tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sonora tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos otorgados por la Ley a los gobernados, en Materia Administrativa propiamente, en Materia Administrativa Fiscal y en Materia Laboral, en este último caso por conflictos del Servicio Civil que se presentan entre el Gobierno del Estado de Sonora, los Municipios que lo integran y sus trabajadores; en los dos primeros casos el particular acude ante dicho Tribunal pidiendo la anulación del acto que consideran violatorio de sus derechos, concluyendo con una valoración Jurídica, que se formula en relación con el derecho del afectado por el acto Administrativo impugnado; lo anterior en el sentido estricto, ya que en sentido amplio el Tribunal de lo contencioso tiene por objeto esencial el mantenimiento de la Legalidad y de la actividad Administrativa de los órganos Estatales y Municipales.
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Reacciones frente a las formas relacionadas con la elusión fiscal

Reacciones frente a las formas relacionadas con la elusión fiscal

Al remitirse dicho dictamen a la Cámara de Senadores 6 , la propuesta fue desechada bajo el argumento de que los vocablos: “artificiales o impropios, idóneos o apropiados”, implican una alta subjetividad por parte del intérprete de la norma, por lo que la calificación de dichos actos variará en la medida en que cada persona los interprete a su manera, lo que se traduce en una absoluta inseguridad jurídica, puesto que, cualquier interpretación jurídica que realicen los contribuyentes obligados por la norma, estará en entredicho y sujeta a modificación, cuando la autoridad fiscal decida subjetivamente, que en un caso determinado debe prevalecer “el fondo sobre la forma”, incertidumbre que se torna más grave cuando la autoridad no ha ejercido sus facultades revisoras sin que éstas hayan caducado, ni el crédito prescrito, ya que en tal supuesto, las contribuciones pagadas pueden no ser las definitivas, dejando inconclusos los efectos de situaciones jurídicas ya consumadas. Por lo anterior, se consideró que el texto propuesto implicaba dejar en un estado de inseguridad jurídica al contribuyente, ya que las autoridades fiscales podrían recaracterizar las operaciones realizadas por los contribuyentes, sin que fuera necesaria la invalidez de las mismas por parte del Poder Judicial 7 .
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Transgresión de la garantía constitucional de audiencia por parte del servicio de administración tributaria, en la cancelación de los certificados que se utilizan para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, en el caso de la ilocali

Transgresión de la garantía constitucional de audiencia por parte del servicio de administración tributaria, en la cancelación de los certificados que se utilizan para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, en el caso de la ilocali

Por otro lado es menester puntualizar bien la naturaleza Jurídica del procedimiento Administrativo de ejecución para así ir observando su alcance, pues bien para Sánchez Gómez Narciso, “El procedimiento administrativo en cuestión, está constituido con un conjunto de formalidades legales, realizadas por una autoridad fiscal competente, y que llevan como destino lograr el entero de una obligación fiscal, que no ha sido cubierta dentro del plazo estipulado en la norma respectiva, y que por motivo se vale de ese instrumento el Estado, haciendo uso de su autoridad o poder coactivo para combatir la evasión fiscal y para que l deudor principal o terceras personas relacionadas con ese deber hagan el pago de los impuestos, derechos o contribuciones especiales omitidas en perjuicio, de los intereses económicos de la Hacienda Pública, obligando aun en contra de su voluntad a los sujetos pasivos que marque la ley, para que colaboren a sufragar el gasto público” 72
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Los derechos en el sistema tributario mexicano / Rights in the mexican tax system

Los derechos en el sistema tributario mexicano / Rights in the mexican tax system

DE LA GARZA Sergio Francisco, “Derecho Financiero Mexicano”, Porrúa, México, 1986. Por otra parte, el artículo 3 el Código Fiscal de la Federación 1981, define a los productos como las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. El modelo del Código Tributario para América Latina dice que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado del contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado”.
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La subordinación económica municipal y su debilidad financiera a causa de la ausencia de garantías jurisdiccionales de su autonomía fiscal

La subordinación económica municipal y su debilidad financiera a causa de la ausencia de garantías jurisdiccionales de su autonomía fiscal

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana la potestad para crear contribuciones tiene su fundamento en la Constitución. En ella se fijan los límites, tanto formales como materiales, a los que están obligados los detentadores de tal facultad, con el fin de evitar la concentración de un poder excesivo y arbitrario en detrimento de los derechos de los contribuyentes, mediante tal potestad el Estado se inviste de facultades en apego al principio de reserva de ley, para establecer contribuciones, beneficios o prohibiciones de naturaleza fiscal. Del ejercicio de este poder surgen sujetos que por su desempeño se ubican en los presupuestos normativos establecidos en la ley tributaria, y se tipifican como obligados al pago de una contribución, o cumplimiento de una obligación. Para justificar la presencia del tributo es necesario desentrañar o clarificar el contenido de las nociones de poder o potestad tributaria. Ambos términos se confunden, mezclándose la acción del Estado como legislador y administrador. La potestad tributaria se ha entrelazado por mucho tiempo con el poder tributario, su uso ha sido indistinto, incluso se les tipifica como sinónimos. Empro, son conceptos cuyo contenido tiende a separarse. Por otra parte, resulta curioso usar la concepción de poder o potestad tributaria para aludir a la creación legislativa de normas impositivas, y no se use, de manera similar, una noción que identifica que la multitud de potestades ejercidas por el legislador en otros campos
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la Constitución Local y el Código Municipal aludido; en su integración y funcionamiento no es autónomo, pues el Juzgado Colegiado, que hace las veces de segunda instancia, está integrado por funcionarios del Ayuntamiento, que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro del gobierno, por las que reciben un salario, lo cual genera un nexo de dependencia con aquél, además de que el Presidente del Tribunal y los Jueces Unitarios son designados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal; tampoco se encuentra garantizada la permanencia de los Jueces municipales, ya que durarán en el cargo el tiempo que constitucionalmente permanezca el Ayuntamiento que los nombró, aunque el Presidente del Tribunal pueda ser ratificado, ya que no existe garantía objetiva de ello. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a los Juzgados Colegiados o Unitarios, que conforman el Tribunal de Justicia Municipal, el carácter de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y los procedimientos que observan en los conflictos que dirimen por disposición legal —resueltos en forma definitiva—, se pueden reconocer como procedimientos seguidos en forma de juicio a que alude el dispositivo citado, pues los preceptos que los regulan prevén la presentación de una demanda, su contestación, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, y el dictado de un fallo, los cuales constituyen elementos similares a los de un juicio; por tanto, sea que las violaciones se hayan cometido en el procedimiento o en la propia resolución, el amparo promovido contra los fallos definitivos dictados por dicho órgano municipal de manera colegiada o unitaria debe tramitarse en la vía indirecta ante el Juez de Distrito.
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