Colaboración público-privada

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TítuloAsignación de riesgos en la colaboración público privada

TítuloAsignación de riesgos en la colaboración público privada

La STS de 14 de marzo 1985 me parece interesante por dos razones, la primera justifica su establecimiento y necesidad en fórmulas concesionales, que también aplicarían en la CPP, y en segundo lugar realiza algunas consideraciones para diferenciar el riesgo imprevisible y otras técnicas de equilibrio. Sobre lo anterior, indica la decisión que: “(…) La teoría del riesgo imprevisible es considerada de manera unánime por la doctrina como institución de imprescindible aplicación al área de las relaciones que la concesión de servicios públicos establece entre la Administración concedente y el concesionario, estando plenamente justificado en razones de buena fe, equidad, fuerza mayor, igualdad de cargas y continuidad del servicio público (…). El estudio de la situación doctrinal y jurisprudencial que se deja expuesta y de las diversas ideas y criterios que en la misma se entrecruzan conduce a estimar que la más matizada, progresista y aceptada construcción conceptual de la teoría del riesgo imprevisible es la que distingue entre el desequilibrio económico producida por la potestad variandi, el hecho del príncipe y el error del cálculo como causas que imponen a la Administración el deber de indemnizar al contratista tanto el daño emergente como el lucro cesante, lo cual supone restituir la retribución del concesionario a las condiciones inicialmente pactadas en atención al coste del establecimiento, los gastos de explotación y el beneficio industrial que determinaron en su momento inicial dicha retribución, y el desequilibrio producido (…)”.
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TítuloAnálisis de la colaboración público privada en la aplicación de innovaciones tecnológicas en destinos turísticos  Caso de estudio: Geodestino Ría de Arousa (Galicia, España)

TítuloAnálisis de la colaboración público privada en la aplicación de innovaciones tecnológicas en destinos turísticos Caso de estudio: Geodestino Ría de Arousa (Galicia, España)

En la investigación realizada, se ha constatado que en el año 2014 existían estructuras de colaboración entre los distintos agentes del sector del turismo en ese territorio y todos los entrevistados conocían las entidades creadas para la gestión de los planes: Mancomunidad Arousa Norte y Mancomunidad O Salnés. Además, mencionan como entidades de colaboración: Turismo de Sanxenxo, S.L., CETS (Consorcio de Empresarios turísticos de Sanxenxo), GAC (Grupos de acción costera), Deloa (Grupo de Desenvolvimiento rural en O Barbanza), asociación Mar de Arousa Norte, Ahituvi (Asociación hosteleros e iniciativas turísticas de Vilagarcía de Arousa), Fegatur (Federación Galega de turismo rural) y Visit Arousa.
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La organización de la colaboración público privada entre administraciones y comerciantes para la dinamización  urbana. Planteamiento de un modelo propio más allá de los BIDs

La organización de la colaboración público privada entre administraciones y comerciantes para la dinamización urbana. Planteamiento de un modelo propio más allá de los BIDs

Con  el  objetivo  de  superar  estos  problemas,  tanto  desde  el  ámbito  privado  como  desde  el  público  se  están  explorando diferentes  opciones con una clara orientación hacia  el modelo  de los BIDs (Aparicio  et al,  2010b;  Bratos,  2013; Frechoso  y  Villarejo, 2011;  Rovira  et al, 2012).  Sin  embargo  no son pocas  las  incertidumbres  o  reticencias  que  se  detectan  en  este  proceso  de  adaptación.  Así,  nos  encontramos  con la  imposibilidad  de  la  legislación española para apoyar la implantación del recargo obligatorio, característica principal del modelo y,  al  mismo  tiempo,  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  trasladar  esa  fórmula  al  ordenamiento  jurídico  español,  implicaría modificaciones legislativas de gran calado (Villarejo, 2016 y 2015).  
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Reformas de ida y vuelta en la gobernanza horizontal del bienestar: el caso de la colaboración público privada en la intermediación laboral en la Comunidad Valenciana

Reformas de ida y vuelta en la gobernanza horizontal del bienestar: el caso de la colaboración público privada en la intermediación laboral en la Comunidad Valenciana

Los resultados de la CPP en cuanto a cobertura son muy relevantes para saber si la decisión de recurrir o no a ella está justificada o no, pero igualmente lo es la medida en que su aplicación puede afectar a la ca- lidad del servicio prestado. Parece que el sistema público no cuenta con los recursos humanos necesarios ni los incentivos adecuados para ofrecer servicios individualizados de calidad a todos los parados y por ello, el uso de las agencias de colocación debería permitir un aumento de los recursos disponibles y un mayor grado de especialización que actualmente no existe (Bentolilla y Jansen 2013). Pero también en este sentido, Ne- gueruela ha denunciado (2013, 2015, 2016) la baja calidad de los servicios de intermediación prestados por las agencias de colocación colaboradoras en el caso de Galicia: escasa o nula atención personalizada a los desempleados a los que llaman generalmente desde teléfonos privados en horarios muchas veces intem- pestivos para convocarlos a citas en salones de hotel o pisos particulares, en donde se les facilitan listados generales de ofertas sin ningún tipo de filtro según circunstancias personales o simplemente, las claves para acceder a un portal de internet sin más información; y todo esto llevado a cabo por entidades que no dispo- nen de oficinas propias o que ni siquiera operan habitualmente en la comunidad autónoma.
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Estudio de las prioridades en la satisfacción de los stakeholders en proyectos de colaboración público privada de agua y saneamiento

Estudio de las prioridades en la satisfacción de los stakeholders en proyectos de colaboración público privada de agua y saneamiento

La validez externa o validez de generalización se refiere a si las asociaciones observadas en el estudio pueden generalizarse a partir de la muestra a la población (validez población), o a otras personas, organizaciones, contextos, o el tiempo (validez ecológica) (Bhattacherjee, 2012). Esta es una de las condiciones más difíciles de cumplir con el tipo de proyectos que se está estudiando, porque los proyectos de agua y saneamiento, si bien tienen un mismo propósito general en cuanto al servicio que se pretende ofrecer a una población, son típicamente diferentes unos de otros. Asimismo, los stakeholders involucrados, sobre todo aquellos relacionados con la comunidad, pueden ser muy diferentes de un proyecto a otro. Posiblemente los más estables son los relacionados con el sector público y el sector privado. Sin embargo esto no quiere decir que un estudio como este no deje lecciones importantes para otros proyectos similares. En particular, los determinantes de satisfacción empleados y el método utilizado de la presente investigación pueden ser valiosos para futuros proyectos de CPP, no solo relacionados con agua y saneamiento.
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TítuloLa Colaboración Público Privada en el Sector Turístico: Los entes mixtos locales de gestión y promoción turística en Galicia

TítuloLa Colaboración Público Privada en el Sector Turístico: Los entes mixtos locales de gestión y promoción turística en Galicia

crear, debido al retorno directo de beneficios tangibles fruto de las acciones de la asociación. En este caso, las empresas colaboradoras en la potenciación de ese determinado producto enfocarán las decisiones del ente de cara a ser las principales beneficiadas. Si bien es verdad, éste no es un fin del todo egoísta, ya que, con el desarrollo de una determinada actividad o producto turístico se favorece la situación general local del sector. Las entidades de destino, por el contrario, se enfrentan a una mayor complejidad a la hora de atreaer agentes del sector privado, debido a que su objetivo es generar beneficios para todas las empresas del destino, formen parte del ente o no. Esto provoca cierta abstención por parte de los agentes privados que mantienen la concepción de que si se abstienen van a seguir beneficiándose de las externalidades producidas por el sector público, este comportamiento moral se conoce como “free-rider”.
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TítuloNuevos derechos en la colaboración público privada

TítuloNuevos derechos en la colaboración público privada

escojan el modo de gestión que estimen más conveniente 12 . Este pluralismo potencial es obvio en el sector de suministro de agua, por ejemplo en Francia y en España. Es también notable que en Francia, antes de la adopción del cuadro legislativo sobre la CPP, habían sido introducidas delegaciones de servicio público y concesiones, como en materia del museo Jacquemart - André. El Instituto de Francia fue el primero, en 1990, en realizar delegaciones de servicio a un empresario privado («Cultures espaces»). El museo Jacquemart - André, en Paris, y las villas Kérylos y Ephrussi en la provincia, han sucesivamente constituido objeto de una transmisión de la gestión. En 1995 el museo se limitaba en un número de 20.000 visitantes anualmente y tenía un déficit operacional de 459.000 euros. Desde el inicio de la intervención del empresario privado, tuvo lugar un aumento del número de visitantes (entre 180.000 y 240.000) y también de los ingresos del Instituto, que oscilaron entre 137.000 y 150.000 euros. No se trata de un abandono de responsabilidades de parte del sector público sino de una repartición de competencias. El Estado prefiere concentrarse en la colección y la rehabilitación de las obras 13 . Este ejemplo se considera como de mayor importancia, dado que resultó que un objeto contractual, que por su propia definición no es lucrativo, es compatible con el modelo de concesión, tradicionalmente destinado a los objetos recíprocos, como ya señalado. Basado en ese precedente, el modelo de CPP, que tiene como órgano de competencia decisiva la «MAPPP» (Misión de Apoyo en la realización de la contratación de colaboración público-privada), es decir un organismo tecnocrático y no político, es utilizado en el sector cultural, con varios casos de éxito 14 . Éste es el caso del Museo nacional de las culturas de Europa y Mediterráneo, con sede en Marsella. Esta obra se puso en operación en 2013, año en el cual el mayor puerto del Mediterráneo era la capital cultural de Europa. La intervención en el puerto tenía un gran éxito, incluyendo la operación de una torre cerrada desde hace siglos, la fortaleza de San Juan 15 .
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Efectos económicos de las infraestructuras

Efectos económicos de las infraestructuras

En el modelo clasico, una expansión del gasto público induce una mayor producción y tipos de interés mas elevados, que reducen la inversión privada dada su sensibilidad a los tipos de interés. Para completar el modelo habría que señalar que, en el caso de una economía abierta, el efecto sería menor debido a las entradas de capital que contrarrestarían la subida de tipos pero con un déficit en la balanza externa y un deterioro en la competitividad de la economía. En este contexto, la distinción entre gasto público corriente e inversión pública es irrelevante a la hora de determinar el impacto de una política de gasto expansiva sobre la inversión privada.
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Asociaciones público-privadas : un análisis de marcos normativos en América Latina

Asociaciones público-privadas : un análisis de marcos normativos en América Latina

Las concesiones en este último país lograron que a partir de su implementación se hayan construido y renovado más de 2500 kilómetros de autopistas urbanas e interurbanas (MOP, 2012) Mientras tanto entre los casos que no dieron fruto, se puede destacar el de Colombia en el cual este mecanismo no logró desarrollar considerablemente el sistema vial. De acuerdo al Instituto Nacional de Vías de este país de un total de 11.040, 86 kilómetros de vías calificadas, el 75.29% están pavimentadas y el restante están sin pavimentar. De esas vías pavimentadas el 14.82 % se encuentran en muy buen estado, el 32,78% en buen estado, mientras que el restante se encuentra en regular, malo y muy mal estado (Invias, 2012) De igual modo es importante mencionar que uno de los grandes puntos a resaltar con respecto al tradicional modelo de concesiones, es el referente al pago que ejerce el Estado o su entidad correspondiente, hacia el consorcio o empresa privada. En el caso colombiano, el desembolso se realizaba más allá del cumplimiento del servicio (Ramírez, 2011), mientras que en otro caso como es el de Uruguay, es importante mencionar que a pesar que “ las obligaciones del concesionario incluyen una serie de obras obligatorias y cierto nivel de servicio en las rutas, su incumplimiento no tiene sanciones específicas, siempre que el valor actualizado del gasto realizado se mantenga en los niveles pactados ” (Pereyra , 2010, 219)
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LAS TRANSFORMACIONES DEL PAPEL ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS Y LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA LOCAL

LAS TRANSFORMACIONES DEL PAPEL ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS Y LA NECESIDAD DE CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA LOCAL

Hay que advertir, pese a esta criticable situación en lo que se refiere al reconocimiento legislativo de competencias concretas, que la LBRL ante- pone a la relación de materias en las que necesariamente debe intervenir el municipio (artículo 25.2 LBRL: seguridad en lugares públicos; ordenación del tráfico; protección civil, prevención y extinción de incendios; urbanis- mo; patrimonio histórico-artístico; medio ambiente; abastos y consumo; salubridad pública; atención primaria a la salud; cementerios y servicios funerarios; servicios sociales; agua y alumbrado público, limpieza viaria y tratamiento de residuos; transporte público de viajeros; actividades o ins- talaciones culturales o deportivas; enseñanza) una cláusula general habili- tadora de la iniciativa municipal cuyas virtualidades aún no han sido qui- zás del todo exploradas: «El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de activida- des y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las nece- sidades y aspiraciones de la comunidad vecinal» (artículo 25.1 LBRL). Esta cláusula podría permitir al municipio ir más allá de la literalidad de la legislación estatal y autonómica, allá donde no haya una atribución competencial expresa, pero si la Comunidad Autónoma ya se ha arrogado la competencia sobre la actividad o la titularidad del servicio poco o nada puede hacer un ente local en desarrollo del apartado 1 del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local.
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COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS: LA INTRODUCCIÓN DE LO-PRIVADA PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS: LA INTRODUCCIÓN DE LOS BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS: LA INTRODUCCIÓN DE LO-PRIVADA PARA LA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS URBANOS: LA INTRODUCCIÓN DE LOS BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El rápido crecimiento de los BIDs responde a diversos factores socioeconómicos y políticos. Es clara la influencia del declive de los centros de las ciudades unida a un urbanismo disperso generado por el desarrollo de una extensa red de autopistas; la proliferación de nuevos formatos comerciales; los problemas de organización y financiación de los municipios; o la tendencia a recurrir a sociedades o partenariados público- privados para llevar a cabo la revitalización urbana (Hoyt y Gopal-Agge 2007: 948). En línea con la última de las causas citadas, podría argumentarse que bajo la expansión de la fórmula de los BIDs subyace la creencia de que las ciudades existen para crear oportunidades individuales de acumulación de la riqueza y de que los líderes económicos son los mejor cualificados para dirigir las políticas públicas hacia tal fin. Esta condición ha jugado un papel central en la legislación y la política de los gobiernos locales en Estados Unidos (Briffault 1999: 470) y también en Canadá (Bradford 2003: 1020-1022). Las fórmulas de gobierno basadas en la colaboración público-privada reflejan la creencia neoliberal de que los fallos del Estado son probables, cuando no inevitables, y que, en consecuencia, para mejorar
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Formas de gestión de los servicios sociales  En particular, la vinculación de gestores privados al sistema público mediante conciertos y convenios

Formas de gestión de los servicios sociales En particular, la vinculación de gestores privados al sistema público mediante conciertos y convenios

Que son, o pretenden ser, algo distinto de los conciertos de gestión de servicios públicos sociales resulta con claridad de algunas de las leyes. Este es el supuesto de la trilogía que formula la Ley de Canarias: «Las Admi- nistraciones Públicas deberán cubrir los servicios básicos ... bien a través de su propia red, utilizando los sistemas de contratación previstos legalmente para la contratación de servicios por las Administraciones Públicas, o en concertación estable con los de los servicios de iniciativa social no lucrativa» (artículo 5, segundo párrafo). Bien es cierto que la escasa regulación legal de estos convenios paralelos a los conciertos obliga a una aproximación con reservas en la medida que, como se verá más adelante, algunos de ellos podrían ser explicados como medios de ejecución de políticas de fomento de la acción social. La clave se encuentra en el objeto del con- venio o concierto de colaboración, pero esto requiere un análisis casuístico, puesto que las leyes ofrecen pocos datos para llegar más allá.
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La emergencia de las alianzas público privadas en la agenda educativa global: Nuevos retos para la investigación educativa

La emergencia de las alianzas público privadas en la agenda educativa global: Nuevos retos para la investigación educativa

A partir de estos dos tipos de políticas que, en gran medida, corresponden a lo que Ball y Youdell (2007) denominan privatización exógena y endógena – respectivamente-, se constituyen los denominados cuasi-mercados educativos. Los cuasi-mercados difieren de los mercados puros en el sentido que si bien los primeros introducen mecanismos de mercado y elementos de competencia en los servicios públicos, los precios del servicio se alteran mediante la intervención estatal (Le Grand 1996). Las opciones políticas para promover la competencia dentro del contexto de los cuasi-mercados educativos incluyen, aunque no se limitan a: fórmulas competitivas de financiación educativa como los voucher o cheques escolares; la externalización de servicios educativos; la creación de centros financiados públicamente pero de gestión privada (como las escuelas charter); o la publicación de los resultados escolares y la eliminación de zonas escolares con la intención de facilitar la elección escolar (Lubienski 2009). Dichas políticas van a menudo de la mano de otras intervenciones como las evaluaciones basadas en pruebas estandarizadas y las políticas de rendición de cuentas (Waslander et al. 2010).
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Economía colaborativa: aproximación de estudio y su tipología

Economía colaborativa: aproximación de estudio y su tipología

La aparición de estas herramientas ha sido posible gracias al vertiginoso crecimiento en el desarrollo de aplicaciones y su optimización, la cual permite al usuario conectarse a las mismas vía ordenador, Tablet o Smartphone (Verkooij y Spruit, 2015). Esto significa que cualquier usuario puede acceder a este tipo de contenido, sin importar cuál sea su ubicación, siempre y cuando cuete con un dispositivo con acceso a internet. El 83.6% de los hogares españoles cuentan con al menos dispositivo móvil con conexión a internet. En cuanto a las tablets, están presentes en el 54.5%, aunque se prevé un estancamiento del crecimiento de este tipo de dispositivos. Contando con la posibilidad de conectarse a internet vía ordenador, el 86.4 % de la población tiene acceso a internet (INE 2017). 3 El ser humano tiene la necesidad de desplazarse y para ello podemos diferenciar entre transporte público y transporte privado
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TítuloA arbitragem nos contratos de parcerias público privadas: reflexôes dos modelos espanhol e brasileiro

TítuloA arbitragem nos contratos de parcerias público privadas: reflexôes dos modelos espanhol e brasileiro

De maneira resumida, podemos considerar que este modelo de contratação permite a participação da iniciativa privada no financiamento de projetos públicos. Sendo assim, os riscos e as responsabilidades se repartem entre ambos os setores. A principal vantagem para a Administração Pública é que a dívida, gerada pelo investimento, não se consolida contabilmente em seus orçamentos. Também evita que o gestor público necessite sobrecarregar o sistema de tributação, como fonte de ingressos, a fim de fazer frente ao capital necessário para a execução da estrutura pública. Por outro lado, o concessionário recupera tal investimento por meio de pagamentos fixos, garantidos pelo parceiro público.
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Régimen de colaboración público-privada y de la economía popular y solidaria de las empresas públicas metropolitanas del Distrito Metropolitano de Quito (Documentación)

Régimen de colaboración público-privada y de la economía popular y solidaria de las empresas públicas metropolitanas del Distrito Metropolitano de Quito (Documentación)

Que, el artículo 316 de la Constitución determina que: “El Estado podrá dele- gar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazas y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Esta- do podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía po- pular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.”; Que, el literal h) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Terri-
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Informe de Economía e Instituciones

Informe de Economía e Instituciones

Los contratos de Participación Público Privada, justamente, prevén que el privado en asociación con el Estado construya y obtenga la financiación para llevar adelante un proyecto definido con claridad de antemano y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra con una utilidad razonable en plazos largos. Los países que han aplicado este régimen en forma prolongada coinciden en resaltar que permite al sector público tomar ventaja de la oferta de financiamiento a largo plazo local e internacional para el financiamiento de infraestructura; permite beneficiarse de la experiencia y eficiencia del sector privado, descentralizar el diseño y la ejecución de obras; aumenta la transparencia en el Estado y los privados asumen parte sustancial del riesgo de construcción y obtención de financiamiento y de la cuantía de los flujos de ingresos futuros.
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Algunos aprendizajes y elementos clave para una nueva etapa de colaboración público-privada

Algunos aprendizajes y elementos clave para una nueva etapa de colaboración público-privada

Las administraciones públicas tienen como misión fundamental garantizar, bajo criterios de eficiencia y eficacia, la provisión de los servicios y las in- fraestructuras necesarios en tiempo y forma para generar las bases que permitan el desarrollo económico y social. Para ello, la suma de los bene- ficios de una mayor eficiencia en la gestión y de la reducción de los costes de oportunidad debe compensar los mayores costes de transacción, finan- ciación o de otra índole que puedan derivarse de la participación privada. El objetivo del presente artículo no es dar respuesta a estas cuestiones –rayaría en lo pretencioso–, sino analizar lo sucedido en el campo de las infraestructuras públicas impulsadas mediante fórmulas de CPP en el con- junto del Estado, y en particular en Cataluña. Así, situaremos el foco en el porqué del desarrollo de tales fórmulas y en su estructura de costes –con especial atención a los aspectos financieros–, y aportaremos, fruto de más de una década dedicada a su gestión, algunas reflexiones sobre sus pun- tos fuertes y débiles, así como sobre las posibilidades de mejora.
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Análisis comparativo de contratos de colaboración público-privada en carreteras en España

Análisis comparativo de contratos de colaboración público-privada en carreteras en España

largos plazos comprometidos implican en importantes riesgos a ambas las partes visto la dificultad de previsión de las condiciones macroeconómicas a un futuro distante. Se recomienda mezclarlo con otras alternativas. Àlvar (2006), recomienda que el monto total de inversiones gestionado por concesiones no sea superior a 20-25% del total invertido, tornándolo un sistema complementar a la inversión directa del estado en que Este régimen de contratación puede ser utilizado para viabilizar básicamente cualquier tipo de infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, presas, etc. Según Torrijos (2007) se trata de una estrategia de división de responsabilidades no reciente, visto su utilización tanto el desarrollo de los ferrocarriles en el siglo XIX como la inversión en el sector portuario en la cual España puede ser considerada una de las pioneras, en especial cuando analizamos la colaboración pública/privada en proyectos de carreteras.
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Fomento institucional de la colaboración público-privada como factor clave del desarrollo turístico

Fomento institucional de la colaboración público-privada como factor clave del desarrollo turístico

Para Pérez, Montesinos, Serrano y Fernández (2005), la cuestión relevante para los economistas es si el capital social (output derivado de las relaciones entre actores) es un asunto que puede (o no) ser expresado usando los conceptos de preferencias, expectativas, restricciones y equilibrio 8 . Del mismo modo, estos autores consideran que se le ha dado demasiada importancia al papel de las instituciones sociales y políticas así como a determinadas relaciones sociales como fuente principal del capital social. Si bien, no podrían descartarse, en ocasiones, el papel de las relaciones económicas o de mercado es tanto o más importante en el proceso de acumulación de capital social. Así mismo, si se siguen algunos de los principios y resultados que marca la teoría de juegos repetidos podría explicarse como las conexiones entre actores, que persiguen maximizar sus objetivos en un sistema turístico, pueden llegar a provocar acciones de colaboración o conductas cooperativas. De este modo, si la cooperación ofrece unas buenas expectativas para obtener beneficios, el valor de la misma en el presente es superior al valor que tendría la no-cooperación, por ello, lo lógico sería esperar que los grupos de interés del sector colaborasen entre sí. Esta confianza calculada o instrumental 9 explica como los agentes turísticos cooperarán por su propio interés y
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