COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

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La seguridad humana analizada a través de las solicitudes de medidas cautelares presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Ecuador durante los años 2003-2013

La seguridad humana analizada a través de las solicitudes de medidas cautelares presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Ecuador durante los años 2003-2013

A pesar de que se contaba con el cuerpo legal suficiente para receptar las denuncias, los países del Continente no veían la necesidad de atender a los requerimientos de información que la CIDH les hacía, esto se daba ya que este organismo no ejerce ningún tipo de acción coercitiva hacia los Estados, además hay que recordar que en esa época varios países se encontraban pasando por crisis especialmente en temas de seguridad nacional y seguridad jurídica, siendo esta una época de dictaduras, guerras civiles y transformaciones sociales, por lo que los Estados tenían sus objetivos puestos en los temas de seguridad, dejando totalmente de lado los temas vinculados a las posibles violaciones a derechos humanos, es decir que desde una visión de las teorías de las relaciones internacionales el realismo era la posición que se enmarcaba en esta época.

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Análisis de la constitución de la “Red Transnacional de Defensa” en torno a los derechos de personas con orientación sexual diversa, a partir de su incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el curso del caso 11.656 Martha Lucí

Análisis de la constitución de la “Red Transnacional de Defensa” en torno a los derechos de personas con orientación sexual diversa, a partir de su incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el curso del caso 11.656 Martha Lucí

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, fue creado en 1978 como una institución de carácter civil, sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá, Colombia, que desarrolla actividades en América Latina. El sello distintivo de ILSA ha sido el de agenciar un discurso y una práctica critica del derecho, la cual, busca ajustarse a los cambiantes contextos políticos, sociales y económicos de la región latinoamericana; región en la que participa activamente en diversas redes con entidades académicas, sociales y no gubernamentales propiciando intercambios teóricos y políticos sobre las consecuencias de la globalización en su modalidad hegemónica, las formulaciones integrales de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la (re)construcción de nociones alternativas del derecho que permitan generar procesos de exigibilidad; todo ello con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales en las luchas por la realización de sus derechos. Ver Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos. Quienes somos. 2010. Documento electrónico.

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Argentina y Brasil frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos : el rol de las organizaciones no gubernamentales en el cambio político doméstico

Argentina y Brasil frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos : el rol de las organizaciones no gubernamentales en el cambio político doméstico

individual abarcó peticiones y casos, medidas de protección, solicitudes de información del artículo 41 de la Convención y procedimientos del artículo XIV de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Así como el sistema de peticiones y casos pasó a estar compuesto por cuatro etapas distintas: i) estudio inicial o sección de registro, que consiste en la revisión inicial de toda petición recibida para analizar si los elementos del artículo 28 del Reglamento fueron cumplidos, ii) admisibilidad, en la cual está en la revisión detallada de cada expediente, remisión de las partes pertinentes que serán enviadas al Estado, proceso de contradictorio y después la preparación de un informe de admisibilidad, iii) fondo, donde se transmite a las partes el informe de admisibilidad, posteriormente habrá un proceso de contradictorio que podrá resultar en la elaboración de un informe de fondo, conforme el artículo 50 de la Convención, iv) seguimiento de recomendaciones, que se inicia a partir de la transmisión a las partes del informe de fondo o del informe de solución amistosa, y consiste en informar a los órganos políticos el estado de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Asimismo, también se destacan otras fases en el sistema de petición individual, tales como: i) solución amistosa, que consiste en el diálogo entre las partes para que se logre alcanzar decisiones acordadas, la cual puede ser realizada en cualquier fase del examen de una petición, ii) litigio ante la Corte o Grupo Corte, se refiere a uno de los requerimientos de la Convención Americana, que exige la presencia de la Comisión en todos los casos ante la Corte, y medidas cautelares que se fundamenta en el propósito de la CIDH de asegurar una respuesta inmediata ante la solicitud de medidas cautelares. 26

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La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano: sus logros y dificultades

La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano: sus logros y dificultades

La Declaración Americana es un instrumento de cumplimiento obligatorio para los miembros de la Organización de Estados Americanos. Así tuvo oportunidad de resolverlo (Resolución 3/87 del caso 9647) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mencionado caso la CIDH dictaminó que los Estados Unidos violaron los artículos I y II de la Declaración Americana (derechos a la vida y a la igualdad) al haber ejecutado bajo pena de muerte a dos personas que cometieron los delitos condenables con la pena capital antes de cumplir los dieciocho años de edad.

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Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia

Fundamentación y aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia

135 “En otras palabras, los pocos asuntos en que la Comisión no desea inhibirse de opinar en esta materia, es el de la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos perpetrados con anterioridad al estableci- miento del régimen democrático. Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro [...] Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión, la que ―claro está― deberá ejercerse responsablemente; la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente derecho interno de cada país, o el otorga- miento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias” CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1985-1986. OEA. Serie L, V. II. 68 documento. 8 Rev. 1.

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Análisis del daño psicológico desde la perspectiva psicosocial en tres casos fallados por la corte interamericana de derechos humanos CIDH

Análisis del daño psicológico desde la perspectiva psicosocial en tres casos fallados por la corte interamericana de derechos humanos CIDH

En las tres (3) Sentencias dictadas por la Corte IDH; se evidencia el reconocimiento de las víctimas; para el Caso de 19 Comerciantes se contempla a los familiares de los 19 comerciantes detenidos, ejecutados y desaparecidos, como víctimas y el daño psicológico sufrido. Así mismo, se encuentra para el Caso Masacre de Santo Domingo, cómo la Corte, dio por probado que en los hechos presentados sobre el caserío de Santo Domingo, causó la muerte de 17 personas, entre ellos niños y niñas y lesiones de 27 personas civiles; La Corte reconoce el estado de Vulnerabilidad de las víctimas, no solo por ser población civil, sino también por las características colectivas, socioeconómicas de pobreza e indefensión de la población especialmente de los niños y niñas incumpliendo el Estado con su obligación especial de protección de estos últimos, el marco de un conflicto armado internacional. En el Caso Valle Jaramillo y otros, la Corte IDH señala que el Estado era conocedor del grave riesgo que defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia fueran víctimas de violencia, por lo tanto era deber del Estado crear las condiciones para su protección y tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal. Por lo tanto, era evidente la situación de riesgo del señor Valle Jaramillo, por las denuncias públicas que realizaba como defensor de los derechos humanos dentro del conflicto interno colombiano. El hecho Violento, dejo como como víctima Mortal al Señor Valle Jaramillo y como Víctimas sobrevivientes a su hermana y cuñado.

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Sigue el Estado hostigando brutalmente a Ayotzinapa

Sigue el Estado hostigando brutalmente a Ayotzinapa

Los familiares y el colectivo recordaron que el cuerpo de Julio César fue encontrado por militares el 27 de septiembre de 2014, quienes dieron aviso al Ministerio Público en Iguala y estuvieron presentes durante la diligencia de levantamiento de cadáver. “La autopsia realizada en Iguala se hizo sin profesionalismo ni rigor alguno, concluye que el rostro de Julio fue arrancado por fauna del lugar. Las autoridades del Estado de Guerrero hicieron caso omiso de las claras señales de tortura que presentaba su cuerpo”, recordó la familia, que denunció que toda la investigación llevada a cabo por la Procuraduría de Guerrero está llena de errores, omisiones y carencias, “lo cual sido documentado por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI)”.

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"Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en México" Seminario Taller de Mauro Arturo Rivera León

"Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en México" Seminario Taller de Mauro Arturo Rivera León

Por último, ya en la parte final de la exposición, se hicieron algunos señalamientos prospectivos de los diversos aspectos abordados, respecto del impacto y de la decisión consciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle mayor visibilidad e importancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana inclusive en casos puramente nacionales, lo cual se refleja no sólo en la cantidad de interacciones al efecto ---en incremento después del inicio de la discusión Varios 912/2010--- sino también en el incremento cualitativo. Asimismo se mencionó tangencialmente el participar de la nueva noción de derecho público internacional (en cuanto a que toma la esencia del derecho público tradicionalmente nacional, y lo lleva al ámbito internacional, este último marcadamente ajeno a lo nacional) Que este nuevo entendimiento resulta inteligente en cuanto que permite tomar lo mejor de lo nacional para llevarlo a lo internacional, sin desdoro de ninguno de los dos ámbitos, pero sobre todo, que deja recaer el peso de la autoridad pública de los organismos internacionales en principios propios de lo nacional, como está sucediendo en la labor que viene desarrollando la CIDH.

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20 claves comprender DH.pdf

20 claves comprender DH.pdf

decenio de 1930, que culminaron en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), pusieron fin a la idea de que cada Estado por su cuenta tenía la última palabra en el trato que daba a su ciudadanía. La firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945 situó los derechos humanos en la esfera del derecho internacional. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron adoptar medidas para proteger los derechos humanos. Tres años más tarde, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos proporcionó al mundo “un ideal común para todos los pueblos y naciones”, basado en el “reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo). La visión contemporánea de los derechos humanos está dotada de una sólida base jurídica y un amplio reconocimiento formal y protección legal. En muchos casos ello se consagra en las Constituciones de los países, con frecuencia en forma de Carta de Derechos. Además, se han establecido diversas instancias de protección independiente, configuradas ya sea como tribunales nacionales e internacionales, o como Instituciones Nacionales, Defensorías u Ombudsperson, a los cuales las personas pueden recurrir en busca de justicia y reparación invocando un número considerable de normas y las correspondientes obligaciones contraídas por los Estados.

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La eficacia de la prisión preventiva en los juzgados de investigación preparatoria de Trujillo en el periodo 2014   2015 a la luz  de los estándares internacionales

La eficacia de la prisión preventiva en los juzgados de investigación preparatoria de Trujillo en el periodo 2014 2015 a la luz de los estándares internacionales

Dentro de tal contexto, se describe una realidad problemática en el rol judicial al imponer la medida sin atender la finalidad cautelar establecida en los instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; así como la problemática en el rol fiscal y judicial al momento de solicitar y declarar la fundabilidad de la prolongación de la medida, a fin de suplir las negligencias cometidas por ambas instituciones, luego de percatarse que el juicio oral no inició pese a que el plazo impuesto originalmente para la medida llegó a su vencimiento. Para ello, se realizó un análisis de los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en materia de prisión preventiva; así como las prisiones preventivas declaradas fundadas por los Juzgados de Investigación Preparatoria durante el periodo 2014-2015, con la finalidad de determinar si dichos estándares vienen siendo tomados en cuenta por los Juzgados de Investigación Preparatoria de Trujillo y, primordialmente, si la prisión preventiva impuesta por dichos órganos jurisdiccionales en el periodo 2014-2015, ha cumplido con la finalidad de garantizar la presencia del imputado al juicio oral en un plazo razonable, de conformidad con los estándares internacionales.

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Sección Jurisprudencia

Sección Jurisprudencia

23. De ese modo, la Corte, al mismo tiempo en que ha innovado y dado un salto cualita- tivo en su jurisprudencia - de creciente importancia en los últimos años - en materia de Medidas Provisionales de Protección, también ha actuado con prudencia: ha escu- chado atentamente los alegatos orales de la Comisión y del Estado y constatado la gran seriedad de ambos en el tratamiento del tema en sus intervenciones durante la referida audiencia pública ante el Tribunal; ha reconocido la alta complejidad del pro- blema aquí abordado en sus distintos aspectos; ha cuidado de no prejuzgar el fondo del caso pendiente ante la Comisión Interamericana (en particular en cuanto a la cuestión de las garantías del debido proceso legal); se ha mostrado sensible a las necesidades de protección; y ha contribuido a la caracterización definitiva del carácter tutelar, más que puramente cautelar, de las medidas provisionales de protección en el universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (cf. supra). 24. No puedo, pues, dejar de expresar mi esperanza de que las providencias que venga a tomar la República Dominicana, en conformidad con las Medidas Provisionales de Protección individualizadas en la presente Resolución de la Corte, se reviertan en beneficio de todas las demás personas - no señaladas nominalmente en el petitorio de la Comisión Interamericana - que se encuentren en la misma situación de vulnera- bilidad y riesgo. El Derecho no opera en el vácuo; evoluciona en función del atendimiento a las necesidades sociales y del reconocimiento de los valores subyacentes a sus normas.

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Análisis jurídico de las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los países signatarios

Análisis jurídico de las medidas cautelares impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los países signatarios

En el caso de que no se haya respondido al requerimiento en quince días, según el ERJAFE 32 , el acto se encuentra suspendido tácitamente, aunque en la práctica jamás la autoridad administrativa reconoce esta suspensión. También es procedente la suspensión del acto administrativo tributario mientras se tramita la impugnación en el Contencioso Tributario, previa caución rendida por el recurrente. Lo mismo ocurre en el recurso de casación de una sentencia ejecutoriada, que se puede suspender mediante el rendimiento de una caución. Pero en todo caso, la cautelar no aplica “en la ejecución de órdenes judiciales”. Según la jurisprudencia obligatoria publicada por la Corte Constitucional, el juez no puede “adelantar criterio y menos aún pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido. La medida cautelar puede ser adoptada en primera providencia, cuando a criterio del juez existan presunciones de una posible vulneración de derechos constitucionales que no pueda esperar a la sentencia, pero aquello no

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Apuntes acerca de los enfoques del derecho: una mirada más allá del tridimensionalismo

Apuntes acerca de los enfoques del derecho: una mirada más allá del tridimensionalismo

Ahora bien, si se llegara a una conclusión en un sentido afirmativo con relación al anterior interrogante, habría que decir entonces que estamos frente a un ordenamiento positivo supralegal que convertiría el derecho positivo nacional en una suerte de trámite, o en términos procesales, en una primera instancia, incluso, en un ordenamiento positivo justificado en cláusulas iusnaturales bajo definiciones abstractas de declaraciones que viran su sentido única y exclusivamente en abstracciones bien intencionadas de difícil materialidad en los Estados latinoamericanos, al respecto, un ejemplo tristemente colombiano, en el país existe desaparición forzosa, ¿el convenio contra la desaparición forzada (principio pro hominem) puede detener ese suceso? Es cierto, que podría eventualmente encontrar responsables por las manifiestas desapariciones, siendo el Estado el primero en responder ante el contexto monista del derecho internacional, ¿pero la existencia del convenio frenará la desaparición forzada en Colombia? ¿La protección de los derechos del niño logrará que desparezca el trabajo infantil? Existen ejemplos, donde la vinculatoriedad del bloque de constitucionalidad y los fallos de la Corte Interamericana generan cambios (ver los pies de página de estos trabajos), pero claramente, esas mutaciones suceden porque el derecho nacional mediante el poder del Estado y el ejercicio de su gobierno se ven compelidos a hacerlo ¿es necesario obligarles siempre para que cumplan lo que sus respectivos derechos positivos nacionales contemplan?

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Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en la construcción de políticas públicas de igualdad y no discriminación  La Libertad, 2018

Movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en la construcción de políticas públicas de igualdad y no discriminación La Libertad, 2018

Entre las conclusiones señala: La significación y los alcances de la sexualidad en las diferentes culturas humanas se han construido sobre algunas premisas esencialistas, las cuales han supuesto su invisibilización en muchos discursos o su visibilización desde discursos dogmáticos y con pretensión de universalismo. Es necesario abrirse a la consideración de la posible reconstrucción de muchas instituciones a la luz de la realidad contemporánea. Esto abarca por cierto toda clase de instituciones que crean las personas para su vida en sociedad, sean sociales, normativojurídicas, políticas o de otro orden. Es importante precisar claramente los alcances de las distinciones odiosas que afectan a muchas personas en el goce de sus derechos ya que se trata en verdad de un fenómeno social que al proyectarse a lo jurídico puede tomar la forma de una discriminación sin causa objetiva y razonable frente a la que se debe intervenir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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Comisión de dereChos humanos

Comisión de dereChos humanos

pe y negligente, en contra de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, al desaparecerla, es un pésimo antecedente a la hora que su secretario de Trabajo y Previ- sión Social y su partido, postulan una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya que representa la can- celación, vía decreto, de conquis- tas sindicales y derechos laborales fundamentales consagrados en la Constitución política. La medida, desde el contexto que presenta- mos, adquiere nitidez y coheren- cia, como una política de estado adversa y contraria a los derechos humanos laborales, y no sólo como un caso aislado ante otros diversos e inconexos. La demolición de la estabilidad en el empleo será el comienzo de la demolición de los derechos del trabajo consagrados en la Constitución de 1917 y en el aparato internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Pensamos que si una modificación legal al marco laboral actual resul- ta contradictoria con la necesaria dignificación de los hombres y mujeres del trabajo –afectando a los más pobres y en función de in- tereses particulares– no puede ser apoyada desde nuestra perspectiva y llamamos a no respaldarla de ningún modo, pues nuestra prio- ridad es la dignidad de la persona humana.

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Derecho a la vida

Derecho a la vida

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención, este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.

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Derechos de la mujer : II Informe sobre Derechos Humanos

Derechos de la mujer : II Informe sobre Derechos Humanos

1. El tema escogido por el Comité Directivo de la FIO para este II Informe sobre Derechos Humanos, hecho suyo por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, cofinanciado por la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional, y gestionado por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alcalá, enlaza di- rectamente con el planteamiento básico del Informe anterior (Migraciones, Dykinson / Ciudad Argentina, Madrid / Buenos Aires, 2003): llamar la atención sobre un colectivo objeto del interés prioritario de todos o casi todos los organismos inte- grantes de la Federación. En esta ocasión, la propuesta partió de la Red formada por un activo grupo de funcionarias de las Defensorías, especialmente dedicadas a la promoción y protección de los derechos de la mujer. Este grupo había sido creado en el marco del primer curso interamericano de Derechos Humanos de De- fensores del Pueblo, realizado en Costa Rica en 1996, por representantes de las Defensorías de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Mé- xico, siendo reconocido por la FIO en el Congreso de Toledo de 1997 y consoli- dándose como Red en su primera reunión formal, que tuvo lugar en Costa Rica, en 1997, donde se aprobó un texto del siguiente tenor: «La incorporación de la perspectiva de género debe hacerse siempre que se defiendan los derechos huma- nos de cualquier persona y, por ende, en todo el quehacer de las Defensorías es indispensable que existan instancias específicas de defensa, promoción y amplia- ción de los derechos humanos de las mujeres» 1

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Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

A escasos ocho días después del fallo de Carvallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve la sentencia de Barrios Altos contra Perú. Repasamos resumidamente los hechos: el 3 de noviembre de 1991, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el vecindario conocido como Barrios Altos, en la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una “pollada” - una fiesta para recaudar fondos para hacer reparaciones en el edificio. Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos, uno de marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi. Estos automóviles portaban luces y sirenas policiales, que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos. Los atacantes se encubrieron sus rostros con pasamontañas y obligaron a las presuntas víctimas a arrojarse al suelo. Una vez que éstas estaban en el suelo, les dispararon por un período aproximado de dos minutos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas, permanentemente incapacitada. Posteriormente, con la misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos vehículos, haciendo sonar nuevamente las sirenas. De acuerdo con la sentencia en el apartado de hechos, las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados trabajaban para inteligencia militar. Pertenecían al Ejército peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo, contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso 122 .

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Consulta previa en caso Cerromatoso: etnoreparación como consecuencia jurídica de la implementación del mecanismo de defensa de los Derechos Humanos

Consulta previa en caso Cerromatoso: etnoreparación como consecuencia jurídica de la implementación del mecanismo de defensa de los Derechos Humanos

En estos casos el papel del legislador es de suma importancia, ya que no solo se deben tener en cuenta sus capacidades analíticas, también la imparcialidad a la hora de emitir un juicio, es decir que puede decirse que es el sujeto de la toma de decisiones y por ende debe tener los argumentos suficientes para garantizar los derechos humanos a las poblaciones más vulneradas. Sin embargo no se puede afirmar que en casos en los cuales no se garantizan o respeten estos derechos, son los legisladores quienes tienen la absoluta responsabilidad, ya que como lo manifiesta Cubides (2012), es de resaltar que las comunidades étnicas o afrodescendientes en la mayoría de los casos no cuentan con el conocimiento jurídico necesario para entender las dimensiones que la Consulta Previa puede tener en la vida de estas comunidades, esto ocasiona que debido a la vulnerabilidad ya mencionada, se genere abusos de parte de terceros interesados en la explotación de recursos naturales existentes en los territorios habitados por dichas comunidades, de ahí la importancia de la intervención del legislador para garantizar el amparo de los derechos de estos sujetos de especial protección.

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Mujeres y violencia sexual: un breve contexto del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia

Mujeres y violencia sexual: un breve contexto del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia

Si bien en Colombia existen antecedentes en materia de atención a población víctima; una ley la cual marco un hito importante en materia de reconocimiento de derechos a las víctimas, fue la Ley 1448 de 2011, en donde se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se decretan otras disposiciones. Esta ley desarrolla procesos de atención, asistencia y reparación integral para éstas (víctimas del conflicto armado colombiano), donde se busca que ellas sean compensadas de la manera más completa posible por los desagravios y los daños causados. Además, con esta ley se genera un proceso de acompañamiento por parte del Estado colombiano, en el cual se pretende respetar la dignidad a las personas que vivieron diferentes hechos victimizantes, como por ejemplo desplazamiento forzado, secuestro, despojo o abandono forzado de tierras, tortura, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento de menores y delitos contra la libertad sexual; entre otros (2011).

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