COMPETENCIA DEL JUEZ

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Competencia del juez donde el menor tiene su "centro de vida"

Competencia del juez donde el menor tiene su "centro de vida"

En la causa “L. N. O. C/ A. D. S. S/Régimen de visitas” la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora (Buenos Aires), en sentencia de fecha 30/10/2015 se pronunció expresando que “Corresponde establecer desde un principio que en el análisis para la determinación de la competencia territorial del órgano con aptitud para resolver la materia objeto de autos la principal afectada resulta ser, en primera instancia, una persona menor de edad. Ello nos impone como punto de partida considerar, en primer lugar, el superior interés del niño entendiéndolo como “la máxima satisfacción, integral y simultanea de los derechos y garantías reconocidos en la ley”; el cual debe respetar entre otras cuestiones su "centro de vida”, entendiendo como tal “el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia” (el resaltado es propio. Art. 3, inc. "f"; Ley 26.061) Esta directiva prevalece no solamente en cuestiones de fondo, sino también en materia de competencia: es la residencia del niño el eje a tener en cuenta para determinar al Juez competente (Cfr. SCJBA, sent del 14/03/12). Ahora bien, las normas sobre competencia requieren ser interpretadas con una perspectiva diferente al régimen anterior a la sanción del actual Código Civil de la Nación. El art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación recepta el principio ya establecido en el art. 3° inc. f de la ley 26.061, citado ut supra, por ende de la armónica valoración de ambos se desprende que este principio rige en materia de responsabilidad parental, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. El fundamento por el cual este punto de contacto es el más protegido debe buscarse en el ya señalado concepto de "interés superior del niño", que se materializa también en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y el respeto por el derecho a la identidad. Conforme se ha pronunciado el máximo tribunal provincial, en los procesos donde se ventilan conflictos de familia se amplía la gama de los poderes del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice. Es evidente que en esos litigios aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal, limitarlo a lo meramente técnico e instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible (conf. Ac. 56.535, sent. del 16- III-1999)”.

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Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

Cuando se trata de juzgadores pluripersonales; esta voluntad se plasma con las firmas de todas y cada una de las juezas y jueces que integran el Tribunal que se pronunció. La falta de la firma de uno de las juezas o jueces que integran un Tribunal acarrea la nulidad de la sentencia, pues la ley exige que la decisión judicial contenga la expresión de la voluntad de todas aquellas personas que forman el Tribunal o la Sala y que participan de la decisión contenida en la sentencia; por ello el Art. 204 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que si una jueza o juez miembro de un Tribunal disintiere del criterio de la mayoría, podrá salvar su voto con la expresión de la causa de su discrepancia; pero aun en este evento, tanto el fallo de mayoría como el voto salvado, deberán contener la firma de todos los jueces y juezas, conjuezas y conjueces que hubieren votado, bajo pena de destitución si de hecho se negare a firmar; circunstancia que deberá constar en el proceso con la respectiva razón del actuario.

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Competencia del juez constitucional colombiano para ejercer control de constitucionalidad sobre tratados públicos en vigor en el orden internacional

Competencia del juez constitucional colombiano para ejercer control de constitucionalidad sobre tratados públicos en vigor en el orden internacional

la segunda (de competencia temporal por vicios forma- les), sostenida en fallo del 26 de julio de 1971, en la que se abstuvo de resolver sobre la constitucionalidad del artículo 1 del decreto número 1245 de 1969 “por el cual se aprueba el Acuerdo de integración sub-regional (Grupo Andino), sus- crito en bogotá el 26 de mayo de 1969 por plenipotenciarios de los Gobiernos de Colombia, bolivia, Chile, el Ecuador y perú”, consiste en admitir el control de constitucionalidad de los tratados públicos por vicios formales y antes de que sean perfeccionados en el orden internacional. Al decir de esta jurisprudencia, en virtud de la primacía del derecho de gentes, base de la seguridad internacional, basta con que se ejecute el canje de ratificaciones o el depósito de instrumentos, para que estas normas se reputen válidas e invulnerables.

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LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE COACTIVAS FRENTE AL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL

LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE COACTIVAS FRENTE AL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL

En el mismo sentido, varias han sido las críticas respecto de si un mismo sujeto es juez y parte, tal como lo comparte el autor Carlos Cabezas (2016, pág. 15) quien manifiesta que este presupuesto se opone a los principios de imparcialidad e independencia. Al respecto cabe señalar que la relación entre el coactivado y ejecutor coactivo difiere de la relación juez y demandado; esto con sustento en que el ejecutor coactivo tiene que ostentar legítimamente su cargo, que normalmente se instrumentaliza en un nombramiento. Este servidor, no está sometido a las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial (2015).

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TítuloCuestiones controvertidas en torno al procedimiento para decidir sobre la medida de libertad vigilada

TítuloCuestiones controvertidas en torno al procedimiento para decidir sobre la medida de libertad vigilada

El problema, reside en el supuesto contrario. El Informe del CGPJ sostiene que “Deben, pues, considerarse condiciones imprescindibles para la ejecución de la pena de libertad vigilada, en primer lugar, que el penado no haya cumplido antes la parte correspondiente de la pena de prisión en régimen de libertad condicional, por no haber reunido los requisitos correspondientes, salvo que exista un pronóstico de peligrosidad posterior e inexistente en esta fase previa de cumplimiento de la pena de prisión, y, en segundo lugar, con el mismo fundamento y con la misma salvedad, que se excluya la posibilidad de ejecutar esta pena mediante obligaciones o sistemas de control que supongan un régimen de vida más restrictivo que el del tercer grado penitenciario, en caso de que el penado haya accedido a él”. Por tanto, parece que pese a que el Código Penal, tras la reforma de 2010, establezca la competencia del Juez o Tribunal sentenciador, parece claro que salvo que exista un pronóstico de peligrosidad posterior e inexistente en esta fase previa de cumplimiento de la pena de prisión, cuando el Juez de Vigilancia Penitenciaria niegue al interno la libertad condicional, cumplirá de forma imperativa la medida de libertad vigilada impuesta en la sentencia. Sobre una posible solución para evitar que esto ocurra, véase, S ILVA S ÁNCHEZ , “El retorno de la inocuización. El caso de las reacciones jurídico-penales

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El papel del juez en los problemas de coordinación

El papel del juez en los problemas de coordinación

28. Con base en la experiencia alemana que reseña, H ABERMAS 30 dice que la Corte Constitucional Federal, al resolver conflictos de poderes (disputas intragubernamentales) afecta la separación de poderes, pero una justificación plausible de esta competencia –otrora considerada en cabeza de nuestra propia Corte Suprema- se apoyaría “en el recaudo técnico de dirimir conflictos entre entes gubernamentales que dependen de la colaboración” 31 . Sin embargo, acota que aquí la lógica de la separación de poderes no puede ser transgredida por medio de tribunales que carezcan de medios coercivos para hacer que un parlamento o una administración recalcitrantes cumplan sus decisiones. Por ende, aún en pos de esa colaboración, un límite a la decisión judicial sería la ejecutabilidad de la decisión. Nuevamente, Halabi no podía conminar al Legislativo a sancionar una ley de acciones de clase, puesta en mora reiterada en PADEC 32 . En otras palabras, allí donde no hay coerción para hacer cumplir cesa la jurisdicción, importante extremo al considerar al enfrentar un aparente conflicto intragubernamental.

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El oficio de juez en la Iglesia indiana

El oficio de juez en la Iglesia indiana

Por otro lado, el número de normas que tratan de la administración de justicia en general y del juez en particular son una muestra de la importancia que el legislador indiano otorgaba al tema en consonancia con la tradición canónica. Esta preocupación legislativa por el ejercicio de la potestad judicial de la Iglesia en nuestros días se traduce en un creciente número de investigaciones y ensayos sobre la cuestión, raramente –es necesario señalarlo–, analizados desde la óptica del derecho canónico y, en ocasiones prescindiendo o ignorando el ordenamiento canónico, o bien, confundiéndolo con el secular. Si bien estas investigaciones ofrecen a la comunidad científica aportes muy valiosos sobre las condiciones sociales de los actores intervinientes, los hechos sometidos a la consideración del juez, la participación de los diversos factores de poder, etc. la omisión del elemento canónico impide, por lo menos, una adecuada contextualización del objeto de estudio. Este análisis descriptivo del oficio de juez eclesiástico pretende ser una humilde contribución, y al mismo tiempo generar otras investigaciones

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Los límites al derecho a la ideología de los jueces desde el caso del juez cebull (ee.uu.) y el juez zaffaroni (argentina)

Los límites al derecho a la ideología de los jueces desde el caso del juez cebull (ee.uu.) y el juez zaffaroni (argentina)

Por ello la reciente Declaración de Londres sobre Deontología Judi- cial —elaborada en junio de 2012, en base al Informe emitido por el Gru- po de Trabajo de la Red de Consejos de Justica-2009/2010—, propicia el derecho a la ideología del juez y propone a éste, como deber de primer or- den: la reflexión sobre el papel que ocupa su ideología en la toma de deci- siones y en la argumentación de las mismas; atento que ello se relaciona directamente a la actual función creadora e integradora del derecho y, espe- cialmente, a la tarea encomendada al juez en la aplicación de normas y principios de textura abierta que reclaman valoraciones de tipo ponderativo. Se plantea así, una mirada de la judicatura en su conjunto, en cuanto asume a la ideología judicial como una precondición metodológica en los proce- sos decisionales que debe evaluar esos presupuestos y prejuicios ideológi- cos, como parte de su rol.

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Estatuto del juez y libertad de expresión

Estatuto del juez y libertad de expresión

Pues bien, dicho con brevedad, lo que la Sala 3.° del Tribunal Supremo preconiza en dicha sentencia es pura y simplemente un práctico vaciamiento de significado del art. 416.1 LoPJ a los efectos que aquí interesan. Lo relevan- te a la hora de ponderar si un determinado ejercicio de la libertad de expresión está sometido a límites no es la naturaleza pública o privada de la conducta del Juez, sino la incidencia que el ejercicio de tal derecho pueda tener en la con- fianza ciudadana en la administración Justicia, pues dado el deber de lealtad constitucional que los miembros de la carrera judicial tienen con el Poder Ju- dicial, en ningún caso su actuación podrá provocar una merma de dicha con- fianza: «Las obligaciones estatutarias de Jueces y Magistrados, y el orden disciplina- rio establecido para garantizar su efectividad, no puedan quedar limitados únicamente a la estricta actuación jurisdiccional que individualmente hayan de desarrollar, y que, por el contrario, trascienden y alcanzan a conductas ajenas a dicha actuación. Dicho de otro modo, Jueces y Magistrados, además de deber ejercer correctamente la función jurisdiccional, vienen obligados, mientras permanezcan en activo, esto es, en situación de habilitación legal para el ejercicio de dicha fun- ción, vienen obligados –se repite– a cumplir con el deber de lealtad constitucional.

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Sobre la labor del juez en la edad oscura

Sobre la labor del juez en la edad oscura

explicarían este mecanismo. El juez recibe el don de la justicia de la divinidad, como un regalo gratuito, de tal modo que al juzgar, no es él quien juzga de acuer- do con su raciocinio técnico (tecné), sino que lo hace por estar poseído de una fuerza irracional que lo impulsa a incorporar armonía en la Litis planteada. El juez – como Salomón en este caso – resulta tan solo un anillo de la cadena de imanes socráticos, en la cual el primero es la propia Divinidad, fuente emanadora de la justicia por cuanto es la ordenadora de la armonía eterna; el segundo es el juez, que recibe esa fuerza excitante y la aplica al caso concreto; el tercero, son las propias partes del litigio que entran en la cadena imantada en el acto mismo de la sentencia, sufriendo el arrebato de la vis divina y, finalmente, el cuarto eslabón es el pueblo mismo que se siente incorporado a la manifestación del Cielo y por ello se maravilla y se atemoriza ante la aplicación fulmínea del restablecimiento del orden armónico. Algo ha ocurrido en el cosmos con el “acto de justicia”. Una fuerza sabia ha descendido hasta alegrar el corazón de un pueblo duro y desampa- rado. Y al mismo tiempo, de este mismo pueblo, emerge un ansia de respeto que recorre el camino inverso de la cadena imantada, imponiendo dignidad al mismo juez y regresando al punto divino de partida. Por ello, para el hombre “tradicio- nal”, la salud pública de un estado depende directamente del mantenimiento de estos sucesivos “actos de justicia”.

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El perfil de juez en la selección de jueces

El perfil de juez en la selección de jueces

Nos interesa investigar: ¿cuáles son las causas que generan la desarticulación entre el perfil de juez y los mecanismos para su selección? Los componentes del problema los definimos así: el perfil del juez es una construcción modélica que contiene los rasgos básicos que debe poseer quien aspire a cumplir con la función que le corresponde desempeñar a un magistrado en un Estado Constitucional. El procedimiento de selección es un conjunto de técnicas diseñadas para escoger e incorporar personal a la organización, en este caso, incorporar magistrados al Poder Judicial. Estos elementos deben funcionar articuladamente, de manera que el procedimiento corresponda con el modelo de magistrado que se busca seleccionar, en una relación de medio a fin, por lo que si se quiere elegir jueces acordes con las demandas constitucionales, debe existir un mecanismo de selección apropiado para tal fin.

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La incompetencia del juez en los juicios de trabajo.

La incompetencia del juez en los juicios de trabajo.

definida ordinariamente por la ausencia de vínculos con uno de los extremos de la confrontación. De ordinario, la exigencia se limita a la ausencia de vínculos personales con el caso en sí o con sus protagonistas, que es el primero y más elemental de los niveles posibles. Pueden sin embargo presentarse ciertas formas de vinculación entre el órgano de decisión y el caso, cuya presencia no se considere formalmente como uno de los factores que resta imparcialidad: ¿Puede decirse que es imparcial la autoridad que, aunque sin relación alguna con el caso concreto ni con las partes en conflicto, afronta una situación personal idéntica a la de una de ellas? Aquí la vinculación no es directa y no habría motivo de excusa, ni fundamento para recusar al juez. Pero aunque sea más difícil de advertir en la práctica, no cabe duda de que la similitud de situaciones puede influir en la decisión. Aquí habría lugar a preguntarse si el principio constitucional podría servir para impugnar la intervención de un juez o de una autoridad administrativa en un caso determinado, invocando directamente dicho principio y a pesar de que la causa de excusa no esté específicamente prevista por la ley positiva.

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El control del juez constitucional

El control del juez constitucional

3 concentrado o difuso. En los sistemas de control de constitucionalidad difuso o de judicial review se ha escrito sobre el rol del juez, la independencia judicial, rendición de cuentas y responsabilidad de la judicatura. En el ámbito latinoamericano, los países que cuentan con más bibliografía sobre el tema son Argentina 5 , México 6 , y Colombia 7 . Los dos primeros, probablemente porque siguen más de cerca el sistema norteamericano de control de constitucionalidad. El tercero, por la importancia e influencia de la Corte Constitucional colombiana. En materia de control y responsabilidad de magistrados de tribunales constitucionales la literatura es escasa, pese a algunos trabajos referidos al caso colombiano; (vi) En general, quienes escriben sobre el tema son académicos que son o han sido jueces constitucionales. Esta literatura pone el acento determinar el perfil de juez constitucional que debe preferirse, los principios y valores que deben informar su actuar y la forma de elección de éstos, más que en procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad o el control de su labor una vez que el magistrado sea electo y en ejercicio de su función. Asimismo, otra característica del tratamiento de la cuestión es que muchas veces la forma en que se escribe sobre el tema adopta un matiz personal o testimonial, en que quien se ha desempañado en la magistratura habla desde su experiencia, más que una perspectiva propiamente académica Son ejemplos de esto los trabajos de Zagrebelsky, Barak, y en nuestro medio, Cea 8 ; (vii) Parte relevante de la literatura que aborda el tema desde una perspectiva institucional identifica control del juez constitucional con la posibilidad del control por parte del parlamento a través del juicio político, acusación constitucional u

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Quia sum fortis

Quia sum fortis

E l señor Arboleda en el informe que sobre crédito pú- blico presentó al senado, y que conocen nuestros lectores,* opina en un sentido enteramente opuesto al dictamen del productor de las especies antes transcritas. Dice el citado senador, y nosotros suscribimos a su opinión, que, dados dos contratantes, la nación y el ciudadano, los cuales no tienen juez superior en lo humano, por esto mismo es más odiosa la injusticia del más fuerte de los dos, si es que el más fuerte quiere hacer prevalecer sus intereses sobre las impotentes reclamaciones del más débil. la nación ejercitar la injusticia sobre sus acreedores interiores, luego no hacerlo, por lo mismo que en lo humano, parece poder hacerlo. T al es nuestro sentir. E l defensor del señor Murillo, cree por el contrario que, su- primido un juez que las partes contendien- tes, de éstas tiene derecho a imponer las condiciones que guste a la más débil, sin miramiento a la justicia ni temor a Dios, pues Dios y justicia son, para tales escritores, palabras vacías, según lo que lógicamente se desprende de sus palabras y de sus conclusiones.

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El juez como límite a la sobrecriminalización

El juez como límite a la sobrecriminalización

En este punto se ha podido determinar la afectación que acarrea la sobrecriminalización, sin embargo, también se ha resaltado el hecho que sus efectos negativos no solo quedan en la dación de la norma, sino que inciden en la libertad de la persona cuando se le apertura un proceso penal; por ello, se hace hincapié en el hecho que existe la posibilidad de que este efecto negativo de la sobrecriminalización pueda ser detenido por el Juez Penal Garantista en el proceso judicial al momento de resolver el caso en concreto, para ello, siendo necesario aplicar los Principios de Proporcionalidad, Mínima Intervención y Subsidiariedad (sin menoscabar la invocación de otros Principios).

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Aproximaciones a la Justicia de Paz en el Ecuador: Apuntes para su estudio e investigación

Aproximaciones a la Justicia de Paz en el Ecuador: Apuntes para su estudio e investigación

En esta última década, a partir de esta falta de legitimidad y de esta crítica social, se han llevado adelante publicitados y costosos programas de reforma, Existe una crítica social que señala que el sistema judicial no es un sistema independiente, que no hay autonomía del Poder Judicial y que el juez tiene una serie de limitaciones y condicionamientos, serias deficiencias legislativas con códigos procesales añejos, un sistema de razonamiento judicial que hace perder perspectivas y que deja permanentemente de lado la solución del conflicto quizá por ir a buscar frenéticamente una coherencia del sistema legal mediante interpretaciones legalistas. Son justamente estos temas los que queremos analizar, conocer y tener indicadores claros que nos permitan aportar con una investigación seria sobre lo que se busca revertir en el sistema judicial y cómo bajo el aporte de cada uno de nosotros pueda elaborar un cuerpo normativo que en base a las experiencias vividas nos permita construir una normativa aplicable pero también garantista.

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teoría general del proceso

teoría general del proceso

El nombre original del tribunal, introducido por la Ley de Justicia Fiscal de 1936, fue el de Tribunal Fiscal de la Federación, el cual conocía fundamentalmente de un juicio de nulidad fiscal, es decir, de un proceso a través del cual solo se podía pretender la anulación de un acto o de una resolución de carácter fiscal. A partir sobre todo de la anterior Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación publicada en el dof el 15 de diciembre de 1995, y su reforma del 31 de diciembre de 2000, el tribunal amplió su competencia para conocer de ciertos procesos de plena jurisdicción en materia administrativa, en los que la sentencia que dicta no se limita a declarar la nulidad o la validez del acto impugnado, sino que puede condenar a la parte demandada a llevar a cabo determinada conducta o bien constituir o modificar una situación jurídica determinada. Entre otras materias, el tribunal conoce de los procesos sobre: a) las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; b) los que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obras públicas, adqui- siciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal y por las empresas productivas del Estado, y c) las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un ex- pediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (art. 14, fraccs. vi, vii y xi de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). 72

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Aproximaciones a la justicia de paz en el Ecuador: Apuntes para su estudio e investigación.

Aproximaciones a la justicia de paz en el Ecuador: Apuntes para su estudio e investigación.

Esta pregunta provocó una dispersión de respuestas en cuanto a las materias que podría conocer un juez de paz. No hay respuestas mayoritarias que se inclinen hacia una o más materias. Sin embargo, el 33,33% de los entrevistados considera que las controversias en materia civil pueden ser conocidas por el juez de paz. Algo que llama la atención es que el 16,66% de los encuestados considera que el Juez de Paz sí podría conocer delitos penales. Hay respuestas que se inclinan a considerar diversas materias que están incluidas en la materia civil, pero se las hizo constar porque así fue como respondieron. También constan respuestas relacionadas con las materias especiales que sí podría resolver el juez de paz. Una de las entrevistadas (16,66%) respondió que no puede contestar esta pregunta y se limitó a decir que se imagina que podrían ser las causas de leve conocimiento. Esto demuestra que hay una apertura de los jueces de la justicia ordinaria para que ciertos asuntos que pudieran arreglarse por mutuo acuerdo entre las partes puedan ser conocidos y resueltos por los jueces de paz, así como también hay una minoría escéptica que no cree que las diversas materias puedan arreglarse de manera pacífica, sino que sólo mediante castigo.

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TítuloEl juez de violencia sobre la mujer: creación y competencia en el orden jurisdiccional penal

TítuloEl juez de violencia sobre la mujer: creación y competencia en el orden jurisdiccional penal

Esta idea de especializar los Juzgados en materia de violencia doméstica ya se recomienda por el CGPJ en su Acuerdo de fecha de 21 de marzo de 2001. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, como expe- riencia pionera que se considera positiva existen ya los Juzgados especializados en materia de violencia doméstica y malos tratos de Alicante, Elche y Orihuela. Respecto a esta experiencia pionera, que conoce en profundidad por ser Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, se expresa MAGRO SERVET, V., “Propuestas para una reforma legal integral en materia de violencia doméstica”, La Ley, N. 5210, diciembre 2000, www.laley.net: “Con fecha 22 de diciembre de 1999 La Ley me publicaba un trabajo en el que anali- zaba el desarrollo recorrido hasta la aprobación por el Pleno del CGPJ de fecha 1 de diciembre de 1999 de la especialización de los tres únicos Juzgados en materia de malos tratos que siguen vigentes hasta la fecha, los de Alicante, Elche y Orihuela. Recordábamos en el citado trabajo el importante informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ que abrió la puerta para que el Pleno del CGPJ celebrado el día 6 de octu- bre de 1999 encontrara una puerta abierta a la propuesta de especializar órganos judiciales en materia de malos tratos entre parejas, ratificándolo en el Pleno de fecha 1 de diciembre de 1999. Las ventajas de estos Juzgados las centrábamos en las siguientes causas: a) La centralización de las denuncias en un solo Juzgado permitirá un mejor control de la apreciación de la habitualidad por la vía del art. 153 del Código Penal en cuanto castiga esa situación que lleva a la convicción del juez de que la víctima, o cualquiera de las perso- nas citadas en el citado precepto, se encuentra en un estado de agresión física o psíquica reiterada con inde- pendencia del resultado producido. Este control de la habitualidad resulta difícil a veces si no existe esa cen- tralización de las denuncias por el juez. b) El control de la habitualidad precisará, también, un control infor- mático de las denuncias existentes, a fin de facilitar esta labor. c) El tratamiento unificado en un solo Juzgado permitirá positivizar la actuación del resto de Administraciones Públicas implicadas en la lucha contra este fenómeno, ya que podrán articularse planes comunes de actuación que se verán rentabilizados por esta cen- tralización de las denuncias. d) Será preciso que por parte de las Administraciones Públicas competentes se acentúen los cursos de formación para aquellos funcionarios, jueces, fiscales, y secretarios judiciales que van a asumir esta especialidad, así como que se doten los correspondientes medios humanos y materiales que hagan efectiva y eficaz esa especialización.

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La vinculación del juez a la jurisprudencia

La vinculación del juez a la jurisprudencia

Una posible solución para evitar la inseguridad jurídica y respetar, simultáneamente, la independencia judicial es diseñar un sistema en el que, estando el juez sometido a la ley y debiendo resolver conforme a la doctrina jurisprudencial, se le permita apartarse de la misma si contextualmente lo cree necesario, debiendo motivar especialmente el por qué de tal desvinculación. Es evidente que la motivación es una exigencia ineludible en cualquier sentencia ex art. 24 CE. y que su ausencia permitiría interponer recurso por infracción procesal (art.469 y 470 de la LEC) al tratarse de un derecho fundamental de esta naturaleza, sin perjuicio de su acceso al propio recurso de casación por concurrir “interés casacional” (art. 477.2.3 LEC) 94 .

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