Conflictos Civiles

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Guerras europeas, conflictos civiles, proyectos nacionales. Una interpretación de las restauraciones napolitanas (1799-1866)

Guerras europeas, conflictos civiles, proyectos nacionales. Una interpretación de las restauraciones napolitanas (1799-1866)

Los conflictos civiles, producto de la crisis de legitimidad originaria, con- tinuaron, haciendo posible una hipótesis comparativa. En los territorios del otro lado del Atlántico, después de los años veinte, el final del control impe- rial fue seguido, casi siempre, de guerras internas, raramente resolutivas, que consolidaron, divisiones y comunidades políticas alternativas, alternando tre- guas, paces confusas o acuerdos. Estos conflictos tenían a veces líneas comu- nes con la Europa borbónica (la vinculación con la Iglesia católica, la relación entre centro y periferia, entre grupos urbanos y clases rurales) pero raramen- te pusieron en discusión las nuevas identidades nacionales o hicieron regre- sar los modelos tradicionales. En el mundo latinoamericano el desencuentro directo entre revolución y contrarrevolución, en los términos tradicionales, ha - bía concluido. Como han escrito Pérez-Vejo y López-Álves, el conflicto interno quedó como una regla en gran parte de aquel espacio político, desde México hasta Colombia o Uruguay. Era una confrontación entre liberales y conserva- dores, federalistas y centralistas, caudillos y centros urbanos, sobre diversos proyectos de nación y estado más que sobre complejos objetivos de poder que continuaron hasta final de siglo 49 .
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Ley de Conciliación extrajudicial y los conflictos Civiles en la Región de Puno.

Ley de Conciliación extrajudicial y los conflictos Civiles en la Región de Puno.

Sin embargo, el método de investigación jurídica a aplicarse preponderantemente será el método funcionalista, que deriva de la sociología jurídica (que tiene por objeto de estudio la eficacia del derecho), partiendo de la realidad concreta (hechos, conflictos civiles) como el centro de análisis de los problemas que la Ley de Conciliación con su falta de vigencia obligatoria y sus constantes modificaciones viene ocasionando a los pobladores de la región Puno; por considerar disfuncional, invasor e intervencionista la existencia de nuestro abundante derecho codificado, es decir no tenemos un derecho positivo auténtico, representativo, funcional, válido, trascendental, principista, (pudiendo innovarse hacia el método realista), por el que la interpretación se realiza atendiendo a los requerimientos apremiantes de la realidad social del momento actual, basado en el aprendizaje histórico con aportes del método iusnaturalista (sobre el derecho positivo, existe un derecho superior: el derecho natural).
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El juez de pequeños daños como una alternativa para solucionar los pequeños conflictos civiles

El juez de pequeños daños como una alternativa para solucionar los pequeños conflictos civiles

y crea la jurisdicción especial de paz atendiendo a los siguientes principios: primero, está orientada a lograr la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares; segundo, sus decisiones deberán ser en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad; tercero, la administración de justicia de paz debe cumplir con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional; cuarto, todas sus actuaciones serán verbales, salvo las excepciones señaladas en dicha ley; quinto, es independiente y autónoma con el único límite de la Constitución; sexto, será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas o costas que señale el Consejo Superior de la Judicatura; séptimo, es obligación de los jueces de paz respetar y garantizar los derechos, no sólo de quienes intervienen directamente en el proceso, sino de todos aquellos que se afecten con él; octavo, su objeto es lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento; noveno, conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; décimo, no tienen competencia para conocer de las acciones constitucionales y contencioso- administrativas, ni de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extra matrimoniales.
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El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia.

El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia.

El impacto del desplazamiento sobre el bienestar de los hogares genera vulnerabilidades que deben ser atendidas por políticas especialmente dirigidas a este grupo de la población. Sin embargo, las dinámicas del desplazamiento forzoso imponen restos importantes al momento de diseñar las políticas necesarias. En casos de conflictos de baja intensidad, como es el caso colombiano, el principal reto se presenta en el momento de identificar la población desplazada. Dado que la mayoría de los desplazamientos ocurren de forma individual, un sistema de asistencia basado en mecanismos de oferta implica costos muy altos. En Colombia, el Sistema Único de Registro (SUR) es el encargado de la asistencia a la población desplazada. El SUR es un sistema basado en mecanismos de demanda en el que la población desplazada debe acudir a las oficinas del gobierno para poder acceder a la asistencia estatal. El objetivo de este trabajo es evaluar dicho sistema e identificar en qué medida los mecanismos de demanda pueden excluir grupos particulares de la población desplazada, a partir de una encuesta de hogares aplicada a 2.322 hogares desplazadas ubicados en 48 municipios y 21 departamentos de Colombia. Para alcanzar dicho objetivo, la investigación analiza en qué medida los sistemas de ayuda basados en mecanismos de demanda pueden excluir grupos particulares de la población objetivo; examina las características de los hogares que influyen sobre la decisión de declarar y la inscripción en el SUR; y, determina la medida en la que la exclusión depende de las decisiones del hogar en la etapa de declaración o de decisiones institucionales en la etapa de registro. Los resultados muestran que la exclusión depende en gran medida de las decisiones del hogar y en menor medida de determinantes institucionales. La decisión de declarar depende en gran parte de la vulnerabilidad de los hogares después del desplazamiento, del estatus económico en el municipio de origen, y del proceso de migración.
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Eficacia de la mediación previa en los conflictos civiles, durante los primeros seis meses de entrada en vigencia la ley 260

Eficacia de la mediación previa en los conflictos civiles, durante los primeros seis meses de entrada en vigencia la ley 260

Para poder dedicarse a la administración institucional de los mecanismos alternos de solución de conflictos, las entidades deberán contar con una autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren autorizadas por una ley especial o si se tratare de la conciliación, mediación o arbitraje laboral que tiene, en la regulación nacional, normas especiales vigentes. El Ministerio tendrá la potestad de otorgar la autorización correspondiente, después de verificar la existencia de regulaciones apropiadas, recursos humanos e infraestructura adecuados, y además elementos propios para el funcionamiento de un centro de esa naturaleza. Para tal efecto, el Ministerio establecerá, vía reglamento, las deposiciones de carácter general que regularan los requisitos, la autorización, así como su revocación, para las entidades interesadas en brindar el servicio de administración de mecanismos alternos de solución de conflictos.
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Países en desarrollo y globalización: ¿Gandores o Perdedores?

Países en desarrollo y globalización: ¿Gandores o Perdedores?

En algunos países hubo una notable recupera- ción de la actividad económica al reducirse los conflictos civiles (el caso de Sierra Leona y la República Democrática del Congo), mientras [r]

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Los conflictos sociales como conflictos discursivos

Los conflictos sociales como conflictos discursivos

Ambos modos de pensar tienen ejemplos para sostener su ar- gumento. Los que sostienen el primero hablan de que a lo largo y ancho del país hay protestas, mítines, plantones, marchas y huelgas de campesinos, mineros, maestros, movimientos urbanos popula- res, deudores de la banca, obreros, colonos, burócratas, vendedores ambulantes, taxistas, microbuseros y grupos de diferentes religiones. Raúl Jiménez afirma que entre 1982 y 2006 hubo “13 mil 908 huel- gas, 2 millones 120 mil 322 conflictos laborales”, un promedio de 1.5 huelgas por día (Jiménez Lescas, 2007: 263 y 266) . Esto es para ellos señal de que como escribió Carlos Monsiváis: “La sociedad ya es incapaz de soportar por más tiempo la tensión”, y como afirmó Luis Hernández Navarro, “La resistencia seguirá frente al avasalla- dor avance del autoritarismo”. Hay quien llega más lejos y lo consi- dera señal de que “se ha desbordado a las instituciones” 42 y hay in-
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GUERRAS CIVILES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACION, Las: NUEVOS CONFLICTOS Y NUEVOS PARADIGMAS

GUERRAS CIVILES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACION, Las: NUEVOS CONFLICTOS Y NUEVOS PARADIGMAS

Pero la problemática legítima que ésta infor- ma en materia de conflictos se basa en incon- sistencias. En particular, ya sea que se decida ignorarla (Kaplan, Collier) o que no se la tome muy especialmente en cuenta (Kaldor), esta ideología se prohíbe –debido a los procedimien- tos y olvidos evocados anteriormente– pensar en lo que es interno al nuevo “lado de los buenos” (el de la democracia y de la ley) que se opone a los diferentes bárbaros. Tal es el caso (con conse- cuencias particularmente graves para la preven- ción o resolución de conflictos) del aspecto sombrío, ilícito, e incluso criminal del nuevo or- den internacional. Sin embargo aparece bien, por un lado, que este último exista bajo el manto de la legalidad (e incluso a veces con los mismos protagonistas: empresas o gobiernos), y, por el otro, que toque al mundo estigmatizado y perse- guido de los tráficos y del crimen internacional. A este respecto, el caso angolés resulta extrema- damente interesante. Contrariamente a la visión habitual, no se trataba de una guerra manejada, por parte del gobierno, con y para el petróleo, y por otro lado, con y por los “diamantes de san- gre”. Se trataba de una guerra que, a partir de ahora con otros recursos que los de la época de la Guerra Fría, siempre había sido una guerra por el poder. Hubo diamantes ilegales tanto del lado de Unita como del lado del gobierno y su nomenklatura. Y estas piedras, incluyendo las de Unita, circulaban por los circuitos legales del co- mercio mundial del diamante; eran lavadas e intercambiadas por armas por intermedio de os- curos traficantes, pero también por jefes de Esta- do (principalmente africanos y amigos de Francia) por la rebelión, para el beneficio perso- nal de otros. En cuanto al petróleo, tal vez admi- tiremos más fácilmente de ahora en adelante que las grandes multinacionales (y no solamente Shell), que por demás se compromenten en for- ma ostentosa en esfuerzos de “gobierno de em- presa”, otorgaron a la presidencia angoleña fabulosas sumas (comparadas con los presupues- tos de varios países africanos) sin preocuparse por tenerlas en cuenta, ni preocuparse de que fueran vertidas en el presupuesto angolés. Y hoy sabemos que esas sumas sirvieron para la com- pra de armas a la vez que al enriquecimiento ampliamente ilegal, según las leyes nacionales e internacionales, de hombres de negocios in-
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El Curador Procesal en el Proceso Civil: Organo de Auxilio Judicial o Sujeto Pasivo del Proceso en los Juzgados Civiles del Módulo Corporativo Civil y Laboral del Cusco Durante los Años  2005, 2006, 2008 y 2009

El Curador Procesal en el Proceso Civil: Organo de Auxilio Judicial o Sujeto Pasivo del Proceso en los Juzgados Civiles del Módulo Corporativo Civil y Laboral del Cusco Durante los Años 2005, 2006, 2008 y 2009

En doctrina encontramos posiciones contrarias en relación con la finalidad del proceso, especialmente con relación al proceso civil. Para un sector de estudiosos el proceso constituye una institución de derecho privado, por lo que para ellos el proceso tiene por finalidad decidir conflictos producidos entre los particulares y conciben al proceso como la discusión que sostienen las partes con arreglo a determinadas normas procesales, sobre sus respectivos derechos y que termina con una decisión del organismo encargado de dirimir la controversia. Según este criterio, cuya concepción es claramente privatística, el proceso es una contienda entre particulares, en la que el interés público solo interviene para imponer ciertas normas que aseguren un correcto debate, una adecuada libertad para aportar las pruebas y una justa decisión. En otras palabras, el proceso es un instrumento que el Estado pone en manos de los particulares para la protección de sus respectivos derechos subjetivos.
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Los conflictos de familia: ¿conflictos de autoestima?

Los conflictos de familia: ¿conflictos de autoestima?

A partir de la observación participante 2 , los grupos focales y las entrevistas aplicadas a los interesados, se logró rescatar la concepción de los actores en cada una de las familias[r]

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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la ONU establece que sin ninguna restricción indebida los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos y tener acceso en condiciones de igualdad a la función pública, y la convención Americana de Derechos Humanos de la OEA en su arto 23 establece que los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas su país. En cuanto al sufragio, todos los Instrumentos jurídicos Internacionales ya mencionados lo recogen como un derecho para manifestar la voluntad del pueblo a través de elecciones autenticas, periódicas, por sufragio universal, igual y secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto; a formar parte del gobierno a través del procedimiento mencionado sin distinciones ni restricciones.
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TítuloEl Léxico de la construcción naval en el siglo XIX

TítuloEl Léxico de la construcción naval en el siglo XIX

Los astilleros civiles Es necesario en este momento demorarnos en los arsenales civiles o particulares que en los últimos años del pasado siglo no sólo se dedicaron a la construcción de [r]

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Implementación de un sistema de medición del clima y desempeño laboral en el Grupo Quirola de la Ciudad de Guayaquil

Implementación de un sistema de medición del clima y desempeño laboral en el Grupo Quirola de la Ciudad de Guayaquil

Contiene información relacionada con los principales problemas que se manifiestan dentro del Grupo Quirola, destacando casusas y efectos que se generan dentro del ambiente laboral. De acuerdo a la investigación realizada, entre los problemas analizados se destacan el nepotismo, los conflictos emocionales y la organización poco profesional de ciertos directivos al momento de tomar decisiones. Como consecuencia de aquello, la rentabilidad del negocio se ha visto afectada pues, con un personal desmotivado o con problemas, es difícil llevar a cabo una actividad de forma ágil y eficiente.
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LAS GUERRAS CIVILES ARGENTINAS

LAS GUERRAS CIVILES ARGENTINAS

Para resolver el problema de la solidaridad entre los individuos de cada región, usamos todavía, como los países del Viejo Mundo, el ‘estado de sitio’: es razonable esperar que alguna vez surgirá de la experiencia propia, y mediante mutuas concesiones, otro acuerdo pacífico y estable. Sin embargo, nuestro gobierno cambia de titulares con tal frecuencia que es difícil conservar unidad en la legislación durante muchos años seguidos; alguna vez, para defender contra esa inconstancia grandes principios –tolerancia religiosa, libre navegación de los ríos– fue preciso insertarlos en tratados internacionales. A base de nuevas investigaciones y sin apartarme gran cosa de datos ya conocidos, aspiro a demostrar que las guerras civiles argentinas ofrecen un sentido suficientemente claro en cuanto se las relaciona con ciertos aspectos económicos de la vida nacional. No entiendo con ello desconocer la existencia de otros móviles ajenos al malestar económico, ni he creído necesario volver a detallar la forma de los sucesos, porque en esa parte el tema está casi agotado. Me parece evidente que junto a la lucha por los intereses materiales, aparece de ordinario algún ideal. No intento aquí, pues, una explicación total del fenómeno.
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Valoración dogmática del concepto combatiente en el conflicto armado colombiano

Valoración dogmática del concepto combatiente en el conflicto armado colombiano

61 Los niños y las niñas en los conflictos armados se encuentran protegidos por el DIH desde una doble perspectiva: (i) en su calidad de civiles afectados por las hostilidades y (ii) como sujetos vinculados a ellas en conflictos armados internacionales y no internacionales, de acuerdo con los artículo 77 del Protocolo I y al artículo 4º del Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra, respectivamente, siendo el reclutamiento y la participación de menores de 15 años de edad en los conflictos armados, una conducta prohibida por el DIH. Los Estados Parte se comprometen a tomar todas las medidas legislativas necesarias para sancionar a las personas culpables de infracciones graves contra esos Convenios y se obligan a enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido infracciones graves contra esos tratados o a transferirlos a otro Estado para que los enjuicie, siendo de resaltar que la distinción que las normas del DIH hacen entre niños y adolescentes en lo que respecta al marco de protección particular a los menores de 15 años reclutados o utilizados en el conflicto, no desvirtuaba la prevalencia de los derechos de los menores de 18 años en el ordenamiento interno, dado que el esquema de protección constitucional colombiano cobija a todos los individuos que se encuentran en esa franja cronológica (Sentencia C240, 2009). (Subrayado fuera de texto)
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Conflicto armado interno y conflictos sociales  Rupturas y continuidades

Conflicto armado interno y conflictos sociales. Rupturas y continuidades

La mujer en este periodo fue violentada con la justificación de que su cuerpo era un trofeo de guerra, algo naturalizado en medio del conflicto armado interno. Las tantas violaciones sexuales y las muchas esterilizaciones forzadas quedan como un lastre en la historia contemporánea del Perú. Actualmente el Registro Único de Víctimas-RUV consigna la cifra de 2,838 mujeres que han sido violadas o violentadas sexualmente durante el conflicto armado y la gran mayoría de casos judiciales por estas violaciones a los derechos humanos aún están sin resolverse, reproduciendo la misma lógica de antes. Esta lógica no solo es visible en estos casos, también la vemos y palpamos en el maltrato de muchos operadores de justicia hacia las mujeres violadas o violentadas sexualmente, generándose faltas a las normas que establecen protocolos en tratamientos tan delicados. Por supuesto, estas mismas lógicas subalternizadoras se repiten entre los policías, fiscales y demás operadores de justicia frente al maltrato hacia las mujeres durante los conflictos sociales, como es el caso de Conga. Existe un video que circula en las redes sociales donde puede apreciarse el maltrato y los golpes que recibieron, durante el desalojo a familia Chaupe en la zona de la Laguna Azul, la mamá, Máxima Acuña de Chaupe, y a las hijas, golpeadas y maltratadas por decenas de DINOES. Esta situación contrasta, a su vez, con la pasividad de fiscales y jueces cuando las mujeres viudas, huérfanas y madres de asesinados, denuncian a los policías por los abusos cometidos contra sus familiares.
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Tipologia de los conflictos armados en el derecho internacional humanitario

Tipologia de los conflictos armados en el derecho internacional humanitario

Otra posibilidad es que las fuerzas armadas de un Estado se enfrenten con un grupo armado situado en el territorio de un Estado vecino. En ese caso, no hay extensión o exportación de un conflicto preexistente. Las hostilidades surgen en un contexto transfronterizo. Si el grupo armado actúa bajo el control de su Estado de residencia, cabe definir las hostilidades como un conflicto armado internacional entre los dos Estados implicados. En cambio, si el grupo actúa por iniciativa propia, sin estar al servicio del gobierno del Estado donde se encuentra, la clasificación del conflicto se torna más problemática. Cabe preguntarse si el empleo de la fuerza por parte de un Estado en el territorio de otro implica necesariamente la existencia de un conflicto armado internacional. Si es así, ¿debe considerarse a los miembros del grupo armado como civiles que participan directamente en las hostilidades? ¿Se- ría más apropiado pensar en un conflicto armado no internacional transfronterizo aunque surja entre los dos Estados un conflicto armado internacional paralelo? Por el contrario, ¿el conflicto deberá considerarse como de carácter no internacional sólo si el Estado de residencia del grupo armado acepta o tolera la intervención del Estado vecino? ¿La ausencia de consentimiento implica necesariamente que la situación corresponde a un conflicto armado internacional? 77 Por último, ¿consti-
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Las asociaciones civiles

Las asociaciones civiles

Como es sabido, las “simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto”, fue - ron escuetamente previstas por Vélez en el artículo 46, sin disponer nada sobre ellas. La Ley 17.711, a su turno, reformó ese único artículo referido a ellas, con algunas imprecisiones que originaron debates abiertos hasta el día de hoy.

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Derechos civiles de la mujer

Derechos civiles de la mujer

Desapareciendo la autoridad del padre, la hija queda sornetida a un tutor que goza de todas las facultades necesarias para cuidar i adrninistrar 10s bienes d e s u pupila, careciendo d e[r]

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Estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos a través de la asignatura cultura física de la licenciatura en educación física recreación y deportes en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

Estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos a través de la asignatura cultura física de la licenciatura en educación física recreación y deportes en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

que acaba por perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la organización. De aquí derivaban, por ello, estrategias que sugerían al dirigente una intervención oportuna -a través de una cuidada programación de las actividades y de la utilización de los procesos de control- para prevenir o limitar al máximo situaciones de conflicto» (Ghilardi y Spallarossa, 1983, p. 125). Labor del directivo será, pues, analizar las causas de los conflictos para evitar que se produzcan. En consecuencia, con este pensamiento, la valoración del buen directivo escolar debe contemplar de forma prioritaria su mayor o menor competencia para evitar el conflicto en la organización. Un ejemplo de ello lo encontramos en Isaacs: «La actuación pronta de los directivos en estas cuestiones debe evitar las situaciones en que exista una auténtica lucha de poder que requiere la intervención de una tercera persona. Si no intervienen a tiempo, el antagonismo puede recrudecerse. Luego vienen las presiones para apoyar a un grupo u otro. Surgen unos líderes y se deja de buscar un término medio. En resumen, conviene evitar a toda costa estas situaciones, porque, aunque se resuelva el problema eventualmente, deja recuerdos que son difíciles de borrar» (Isaacs, 1991, pp. 261- 262).
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