CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES

En el caso de los Consejos Regionales Ambientales, estos fueron establecidos solo después de una orden judicial de la Sala Constitucional. Su gestión de parte de las Áreas de Conservación se hace de forma marginal y ausente de todo manejo profesional de la facilitación de entes colectivos. No cuenta el MINAE con los cuadros técnicos necesarios para gestionar la participación. Esta cae como recargo en uno o varios funcionarios de manera aleatoriao. No hay una estrategia de desarrollo de estas instancias. Esto desincentiva la participación y deslegitima la LOA, pues la perspectiva ciudadana es que dichos consejos no sirven para nada. La razón es que los mismo no son operativos.

Según Castro (2010) el hecho que los conflictos socio ambientales ocurran principalmente en distritos cuya población en situación de pobreza se encuentre por encima del 50% no es casualidad. Por un lado, las poblaciones pueden percibir que el asentamiento de una empresa minera cerca de sus localidades puede afectar sus recursos naturales, primordiales para su subsistencia, y esto a su vez contribuye a generar más situación de pobreza. De otro lado, el nivel de pobreza de las familias dedicadas a la actividad agropecuaria hace que exista una presión sobre el medio ambiente y ambos contribuyen a un malestar y descontento social que se puede traducir en conflictos.

Los problemas ambientales inherentes a estos conflictos siguen presentes. Sirve esta situación para señalar la corta vida “’útil” de los conflictos ambientales. Los conflictos expresan la preocupación ciudadana por los asuntos de interés público, sin embargo los mismos se encuentran integrados como parte de la vida social y política junto con otros asuntos de igual o mayor relevancia para la población. Esto hace que la ventana de atención pública hacia los problemas ambientales sea corta, la posibilidad de que un conflicto ambiental sea atendido y derive en una solución definitiva es pequeña. La construcción de soluciones para los conflictos ambientales no siempre se deriva directamente de una decisión judicial o administrativa, para ellas se requiere de decisión política clara, planificación técnica y financiera y un compromiso de ejecución y seguimiento que lleva mucho más que uno o dos años(Wondolleck & Yaffee, 2000).

En Perú, por otro lado, la insurrección armada de las guerrillas de los años 1980-1990 está ligada a procesos políticos y socio-económicos de larga data. El fracaso de la reforma agraria de 1970 dejó sin solución el problema del acceso a la tierra; una gran parte del campesinado pobre no tuvo acceso a medios de producción y a mercados para sus productos. La ausencia de un proceso de industrialización tuvo como efecto el crecimiento constante del desempleo en las ciudades desde 1970, lo que tuvo como efecto el desarrollo de olas de protesta masiva. Hacia 1990, Sendero Luminoso le disputaba el poder al Estado peruano y hacía peligrar el funcionamiento de la economía a través de atentados de sabotaje a la gran industria (Ruiz-Torres 2005). Entonces, Perú no era un país atractivo para la gran inversión minera: Sendero Luminoso realizaba ataques a asentamientos mineros, saboteaba la producción, atentaba contra gerentes de las grandes empresas mineras, extraía dinamita, tenía ascendencia entre sindicatos mineros e influenciaba huelgas mineras (Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo V, 2004). La derrota de Sendero Luminoso se convirtió en prioridad para el Estado peruano como medio necesario para crear las condiciones marco para la IED.

Resultado de esos procesos de concertación con personas naturales, empresas privadas nacionales y transnacionales, cooperativas y demás agremiaciones se crean 2 Parques Minero Industriales (PMI), los cuales están localizados al sur de la ciudad, cuyas licencias ambientales para la extracción oscilan entre los 20 y 30 años. Los PMI son: 1. Mochuelo (Ciudad Bolívar) y 2. Tunjuelito; para el año 2003 se adjudicó un tercer PMI en Usme -Ver mapa 1-. Dichos PMI son operados por empresas privadas de carácter nacional e internacional como Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio (adscrita a la arquidiócesis de Bogotá), algunas asociaciones de pequeños empresarios y sociedades anónimas. Es importante mencionar que estos 3 PMI funcionan legalmente por los aportes económicos y/o regalías que giran al distrito derivados de la venta de materiales de construcción en la ciudad. Mediante el Decreto 469 de 2003 queda estipulado que las entidades distritales que se encargaran de regular y supervisar los procesos de explotación minera, el manejo ambiental y social son: el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, actual Secretaría Distrital de Ambiente-, el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma de Cundinamarca -CAR-; algo preocupante resulta ser que a pesar de que estás instituciones sean las encargadas de regular la minería en la ciudad, cerca del 92% de la minería en Bogotá y en municipios de Cundinamarca es de carácter ilegal, ahondando aún más en los conflictos socio-ambientales.

Los análisis sobre los conflictos am­ bientales en Ecuador, relacionados al petróleo, en general, revelan la dinámi­ ca del conflicto y de sus autores, al igual que un ensayo de tipificación de los conflictos (de intereses, de motivacio­ nes, etc.) y han sido tratados más en re­ lación a sus consecuencias o posibilida­ des de solución.! Estos análisis tienen el mérito de mostrar la desigualdad de condiciones de los actores en relación al poder y la posibilidad de los extracto­ res de adquirir legitimidad para sacar re­ cursos imponiéndose a los que en prin­ cipio los poseen, los indígenas amazó­ nicos. La divergencia rvela igualmente, concepciones contrapuestas sobre el uso de los recursos e identidades socia­ les también diferentes que suscitan alia­ dos también diferenciados (ecologistas, sociedad civil, gobiernos, empresas). El mérito de G. Fontaine, a su vez, es su búsqueda de interpretación del signifi­ cado social de dichos conflic.1os. Los conflictos socioambientales serían la convergencia de movim-ientos sociales y movimientos identitarios (ecologismo y etnicidad). Su nexo a Touraine y a otros . analistas inspirados en la sociología de la acción como C. Gros e Y. Le Bot le llevan a privilegiar un significado en el marco general de lo que sería la ''histo­ ricidad" actual, precisamente la globali-

Bajo este marco y viendo la necesidad de proponer una herramienta que ayude a solucionar el conflicto del agua de manera cuantificable y cartográfica, se realizó la presente investigación. El objetivo del estudio, es conocer la relación entre la interacción de las aguas subterráneas con los yacimientos minerales, con la finalidad de explicar el estado actual de las características hidrogeológicas e hidroquimicas y determinar el origen de los diferentes metales pesados encontrados en algunos sectores de las comunidades del distrito de Jangas. A partir de estas relaciones se plantean las bases para la categorización de las aguas subterránea que sirvió como instrumento de gestión ambiental para replantear los estándares de calidad ambiental ECAs en este sector y contribuyo a solucionar los conflictos sociales.

La Defensoría del Pueblo define como conflictos manifiestos a: “aquellos que, empleando o no mecanismos institucionales previstos en la legislación, han alterado el orden público y producido al menos alguna de las siguientes situaciones: daños a la propiedad pública o privada; amenazas a la vida, integridad o salud de las personas; impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad; paralización de la provisión de servicios públicos. Cabe precisar que no toda movilización, acto de protesta o expresión de descontento indica necesariamente el desborde violento de un conflicto, como tampoco la existencia de un proceso de revocatoria en curso. Estos casos aluden, más bien, al ejercicio de derechos ciudadanos.” Reporte Nª3: Conflictos de distinta intensidad entre población y entidades públicas conocidos por la Defensoría del Pueblo. Al 15 de junio del 2004. En:

Colombia for more than sixty (6) decades has suffered the consequences of armed conflict; conflict that has beenover flowingin recent years by the intervention of new actors who have transformed it, generating more complex social and environmental conflicts, hence this document aims to develop documentary research that gathers information about social and environmental conflicts, which are part of the emerging categories that emerge from the research "Peacewith territorial approach: community practices and perceptions in three municipalities of the middle cupcake. Supplies for a social agenda". Documents and research that have been carried out and published in the last fifteen years (2004 – 2018) regarding the impact of the conflict on the social and environmental context, with a full overview of twenty (20) documents. It was worked under the qualitative- descriptive approach specifying the properties of the phenomenon that has been subjected to analysis, (social and environmental conflict). Sources were related and compared to critically analyze the information gathered on the subject in question. The socio-economic status and environmental damage generated in these three (3) municipalities Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) and San Pablo (Bolívar), the participation of the actors involved in the armed conflict, impact the country, and therefore to the whole world, forcing the State from being a mere observer to actively engaging in the implementation of measures that contribute to safeguarding the rights of the population and minimise the effects of armed conflict.

Una percepción de incompatibilidad de actividades económicas y formas de vida, básicamente entre actividades extractivas y agropecuarias, pudiendo ser las primeras propias de la gran o pequeña minería (artesanal o informal). Se trata de diferentes percepciones y preferencias relacionadas con el desarrollo y el modelo económico, que se expresan, sobre todo, en una o más de las modalidades de conflictos “socio-ambientales”. Un aspecto particular de esta problemática se asocia con grandes proyectos de inversión impulsados por el estado, que incluye importantes proyectos (caso Inambari) y la así percibida privatización de infraestructura pública (puertos) y que no van acompañados por una buena estrategia de relación con las comunidades involucradas o afectadas. Se percibe que la magnitud de estos proyectos alterara de manera sustancial las formas tradicionales de vida, sin que queden claros los beneficios de ellos. (Tanaka, 2011; 38)

Luego de la apropiación la materia y energía pasan por varios momentos que Toledo define desde una perspectiva socio-histórica más que física, cuando afirma que “producción, circulación, transformación y consumo son fenómenos que pertenecen al dominio de los intercambios entre los seres humanos” (Toledo, 2003: 139). En otro pasaje Toledo argumenta que en sociedades extractivas sin comercio “no existe aún circulación de lo producido... esto significa que en este nivel del desarrollo social los seres humanos se encuentran realizando solamente intercambios (ecológicos) con la naturaleza. Se apropian de la naturaleza que consumen y excretan todo aquello que producen” (Toledo, 2003: 146). Es decir, para Toledo la definición y cantidad de eslabones del metabolismo depende de la complejidad alcanzada por la formación social en cuestión. En cambio, desde un punto de vista estrictamente físico, los flujos materiales entre naturaleza y sociedad comprenden siempre el mismo tipo de procesos --físicos, químicos, biológicos-- cualquiera que sea el nivel de complejidad social: en todo momento existe una circulación de materiales y energía en la forma de bienes y servicios, objetos materiales que tienen una vida de transformación o desgaste para finalmente convertirse en desechos o energía disipada que el medio ambiente retoma e incorpora a los ciclos naturales (Schütze, 1992)

tienen un índice alto es más difícil que los conflictos se manejen de forma violenta y que si registran descensos sería mas fácil que los conflictos se manejasen de una forma violenta”, dice. El estudio podría interpretarse como un método para detectar deficiencias, carencias, necesidades o insatisfacciones sociales. Para acabar de desarrollar el modelo se trabaja en el diseño del software de gestión y en complementar el listado de indicadores estadísticos con entrevistas a actores clave “porque cuando los conflictos están en una fase de mayor escalada son difíciles de identificar a través de los números y se detectan mejor hablando con la gente. Hasta ahora la única alerta que hemos emitido ha sido detectada a través de entrevistas”, asegura Luis Sánchez. Los primeros monitoreos se han realizado en El Pangui, pero este año ya se replica el estudio en otros dos cantones, en Yacuambi y en Nagaritza, también en la provincia de Zamora. El objetivo es perfilar un Modelo que pueda ser aplicable en cualquier territorio del Ecuador. Queda trabajo por hacer pero ya hay un buen trecho caminado.

Otro fenómeno relacionado con el excesivo afán del estado por apagar conflictos, es que se evita que estos tomen su curso y vayan gene- rando debates de fondo, necesarios si se desea enfrentar las contradicciones estructurales (Fontaine 2003). En esta evitación el estado no actúa solo. Las empresas, los medios de co- municación e incluso la propia academia ha- cen poco por empujar estos debates, actuando más bien de una manera que los contienen. Dicho esto, hay que reconocer que el estado no habla con una sola voz a este aspecto. De hecho, se podría argumentar que entre los po- cos actores que intentan facilitar un debate de esta naturaleza, la Defensoría del Pueblo cum- ple un rol principal. Aunque no toma parte, persiste a través de sus intervenciones públicas (y privadas), en las que sostiene que Perú debe pensar en su futuro general y minero, con base en ciertos principios de derechos fundamenta- les y constitucionales, y entonces debatir el rumbo a seguir. A pesar de ser una importan- te voz en el conjunto estatal, lamentablemen- te otros órganos del gobierno y del sector mi- nero no la toman en cuenta, en el mejor de los casos, o buscan su deslegitimación, en el peor de ellos.

Un aspecto fundamental en cualquier discusión sobre métodos de negociación, 98 reside en comprender que el debate debería centrarse sobre los intereses en juego y no sobre en las posiciones presentadas por las partes. Empíricamente es posible imaginar una serie de conflictos derivados de las relaciones entre el hombre y los bienes ambientales, donde algunas de las partes se posicionen en contra de la utilización de un determinado recurso, mientras que otras se posicionen a favor de su explotación. La discusión sobre posiciones propiciará que sólo una de las partes salga vencedora de la confrontación o, al menos, que ninguna de las partes se vea totalmente satisfecha en sus reivindicaciones, con un resultado que cae en una posición intermedia entre cada pleito formulado 99 . Por otro lado, ocultos detrás de cada posición están los variados intereses perseguidos por todos los involucrados en el problema y que aún pueden entrar en conflicto 100 . Identificados los intereses, se ampliará el espectro de soluciones que se pueden aplicar a cada caso, permitiendo la construcción de un acuerdo legitimado para satisfacer a todos los participantes 101 . Asimismo, tratándose de conflictos complejos, tales como los relacionados con las cuestiones ambientales, en la misma mesa negociarán varias partes que, a veces forman coaliciones sin tener intereses en común, pero que comparten posiciones similares. Queda claro, por tanto, que cuanto mayor sea el número de partes en

xiii The research aimed to evaluate the socio-environmental perceptions from the communities of Platanales and Sanchez of Rio Grande dam in Chone canton, Manabi. It was run as a non-experimental research, bibliographic and descriptive methods with techniques of observation, interviews, field work visits and surveys to 70 families affected directly were employed. The results based on information from the studies identified the main features of the construction of Rio Grande dam, located at 15 km from Chone, 1 km downstream of the confluence of Rio Grande and Platanales River (geographical coordinates 9.923.000N and 612.700E). The dam is designed to regulate the contributions of water to Rio Grande with three purposes: to ensure the population and industrial supplies for Chone and surrounding towns until 2038, meet the demand for water for irrigation in an area of 2,220 ha and help reduce flood risks in city avenues by controlling Rio Grande. The reservoir will reach a working volume of 75.74 million cubic meters (cubic hecto meters), which will regulate 52.76 million cubic meters annually, allocating 40.81 million cubic meters (77%) for irrigation; and the remaining 11.95 million cubic meters (23%) for population and industrial supplies. The socio- environmental perceptions of the inhabitants which include environmental damage from burning, loss of natural resources such as soil, biodiversity, landscape, and water from the springs that families used to all kinds of consumption, affected by the construction of the dam.

En la actualidad, los mayores conflictos y movi- lizaciones están presentes justamente ahí donde los intereses económicos del gran capital entran en con- tradicción con los intereses de comunidades locales, habitualmente relacionados con sus condiciones de vida y de trabajo, pero también con la salvaguardia del patrimonio natural y cultural de sus territorios. En toda la región, se identifican movilizaciones y luchas, urbanas y rurales, relacionadas con la defensa y democratización del acceso a los recursos naturales, en particular, a la tierra y al agua. Todas estas luchas están estrechamente vinculadas con la conservación del medioambiente. Los conflictos ambientales pre- sentan un potencial de impacto en la región, donde hay varias movilizaciones alrededor de las constantes degradaciones medioambientales 3

Con los datos obtenidos se evidencia que la mayoría del grupo se identifica a sí mismos como personas con pensamiento crítico aplicado ya sea en la toma de decisiones, como en su forma de actuar, lo cual se afirma con la percepción del profesor quien ubica a la mayoría de las y los estudiantes como pensadores críticos; únicamente el psicólogo cree que pocas veces las y los alumnos son capaces de poner en práctica dicha fortaleza. El pensamiento crítico sirve sobre todo para que los individuos no actúen impulsivamente sino actúen en base a un análisis previo del contexto y así tomar la mejor decisión para ponerla en práctica, durante la adolescencia especialmente las y los jóvenes suelen actuar de manera impulsiva simplemente respondiendo a la emoción que una situación les hace sentir, lo cual podría desencadenar muchos conflictos sobretodos con los otros. Pero aparentemente el pensamiento crítico está siendo incluido en la forma de actuar y de reaccionar de cada uno de las y los estudiantes, dándoles la capacidad de ser negociadores cuando atraviesan una situación complicada o de problema con otro, ya no recurren a la disputa como la única solución sino más bien tomando a la comunicación como un recurso para llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes.

Mientras que los campesinos (y los terratenientes) en otras partes de Colombia y América Latina buscaron asegurar derechos territoriales a través de títulos, en el Pacífico, debido a la naturaleza de su economía extractiva, la tierra no era un recurso estratégico del que la gente tratara de apropiarse. Al contrario, como hemos visto, los conflictos y tensiones se desarrollaron alrededor del subsuelo y los productos forestales, más que en torno de la tierra misma. Desde finales del siglo XIX, el Estado ha considerado a los bosques, por una parte, como un obstáculo para la producción agrícola que es necesario remover y, por otra, como un recurso valioso (madera, caucho, quina, tagua, etc.) que, dada su natu- raleza silvestre, pertenece a la nación. En el último caso, el Estado ha reclamado derechos exclusivos de propiedad bajo figuras como «bosques nacionales», y ha otorgado permisos o concesiones tem- porales a los interesados en explotar esos recursos, a cambio de un pago. Como resultado, a la gente que habitaba esos territorios, antes de que fueran declarados públicos e inalienables, se le restringió o eliminó la posibilidad de adquirir títulos de propiedad sobre la tierra. Hacer frente a este problema se complicaba por la imposi- bilidad legal de establecer propiedades colectivas sobre los muchos espacios que eran de uso común. Incluso en los lugares donde sí era posible obtener títulos territoriales y mineros, la pobreza local, el analfabetismo y las grandes distancias con los centros de poder clausuraron efectivamente esa opción para los habitantes negros de esta frontera selvática.

La enunciación de este derecho en la Constitución como norma suprema garantiza a la población la ansiada justicia social. A partir de ello devienen el resto de leyes que apoyarán a la declaración del derecho fundamental; no podrán contradecirla y deberán ser claras. Actualmente existen muchas normas jurídicas y de diversas materias que tratan temas ambientales; por ejemplo las normas sobre agua relacionadas con el ambiente humano constan en el Código de la Salud; desde el punto de vista natural en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; y, de la óptica de recurso natural en la Ley de Aguas. Esto obedece a que, conforme surgían las necesidades del ser humano se iban creando leyes en las distintas áreas jurídicas, básicamente sobre productos alimenticios ecológicamente limpios, bienes de consumo y actividades productivas sin peligro para el ambiente, medio de vida natural ecológicamente puro y salubridad ambiental.

Este trabajo intenta demostrar como en el contexto de la evolución del derecho internacional relacionado con la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las ONG tanto nacionales como internacionales, fueron actores relevantes para que los conflictos socio-ambientales, surgidos a partir de la intervención de las empresas transnacionales en la región Amazónica del Ecuador, ganen notoriedad internacional, y se ejerza presión por vías no tradicionales al Estado para que se reconozcan las demandas de los actores locales. De esta manera, el esquema histórico establecido por el Estado ecuatoriano y las transnacionales fue redefinido por la presión de los actores sociales apoyados por la conformación de redes transnacionales de defensa. El resultado de estas acciones implica el establecimiento de la primera sentencia de una Corte nacional que obliga a una empresa transnacional a responder por la contaminación generada y los efectos que sufrieron miles de pobladores, tanto indígenas como colonos provenientes de otras provincias. Por otro lado, la postura neutral de los gobiernos ecuatorianos fue modificada con la nueva actitud del gobierno del presidente Rafael Correa, quien emprendió acciones de apoyo a las comunidades afectadas por la contaminación a través del lanzamiento de la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, pero también como una respuesta estratégica para contrarrestar el impacto negativo que tuvo la decisión de explotar los yacimientos petroleros dentro del Parque Nacional Yasuní.