CONSEJOS MUNICIPALES

El sistema de Salud Brasilero busca una nueva práctica en salud, incorporando las ideas de la Promoción de la Salud como estrategia fundamental. Como las prácticas de la promoción de la salud deben desarrollarse en todos los ámbitos del Sistema, preocupa como se vienen expresando en los Consejos Municipales Gestores de la salud, espacios participativos decisivos de las Políticas de Salud. Investigación cualitativa, donde se verifi ca en que medida los discursos/acciones/deliberaciones de los Consejos Gestores de Salud y de Derechos de los Adultos Mayores de un Municipio del Sur de Brasil, se aproximan a las ideas de la Promoción de la salud. Se realiza análisis cualitativo de discurso de las actas de reuniones de los años 2005-2006 de estos consejos. Se privilegian dos ejes recomendados en la Carta de Ottawa: Políticas Públicas Saludables y Reorientación de los Servicios de Salud. La discusión sobre Políticas Públicas Saludables, es prácticamente inexistente en las reuniones. La reorientación de los servicios de salud tampoco es mencionada. La mayoría de los registros se refi eren a la acreditación de los servicios de asistencia médica secundaria o terciaria y los discursos y acciones relativos a atención primaria son prácticamente inexistentes. Se concluye que los discursos y prácticas en estos consejos municipales están distantes de las ideas de la Promo- ción de la Salud, aun cuando constatamos algunos cambios. El consejo discute sobre deshumanización en la asis- tencia en salud y acoge la política de estrategia de salud de la familia, recién implantada. En el Consejo de Derechos de los adultos mayores, aun cuando se percibe preocupación por la calidad de atención hay un fuerte sesgo de asis- tencialismo en las acciones, lo que genera dependencia en prejuicio de la autonomía de los sujetos. Palabras clave: promoción en salud, atención primaria de salud, políticas públicas de salud, participación social.

Por último, no queremos terminar este artículo sin exponer los principales problemas que tuvieron que afrontar los consejos municipales durante el período en el que existieron. Una vez constituidas las corporaciones, y al margen de las disputas políticas que nunca terminaron de desaparecer por completo, los nuevos ediles tenían que resolver los problemas planteados, sobre todo los derivados de la propia guerra civil. Una de las dificultades en el funcionamiento de la institución tenía como origen las continuas movilizaciones militares, reclutamientos que afectaban a los consejeros y que causaban un estado de permanente provisionalidad en la composición del órgano de poder local. La consecuencia de esa situación era la existencia de multitud de puestos sin cubrir en los distintos consejos, hasta el punto de provocar en algunos casos la falta de quorum y el consiguiente bloqueo de la institución. Así, los libros de actas de las corporaciones municipales contienen innumerables diligencias de aplazamiento o suspensión de las sesiones plenarias, por no haber acudido el número de consejeros suficiente para poder celebrarla. La falta de ediles, unido a las vacantes de secretarios y otros funcionarios, hizo que los consejos llegaran a la paralización administrativa en muchas ocasiones.

En el marco del convenio 4600004063 “Fortalecimiento Institucional de las en- tidades que prestan el servicio de asistencia técnica municipal en la transferen- cia de tecnología y extensión agropecuaria en el Departamento de Antioquia”, realizado entre la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Antioquia y la Universidad de Antioquia, el cual tuvo como finalidad el forta- lecimiento de la Asistencia Técnica Directa Rural en el departamento durante el segundo semestre del año 2015; se realizó un proceso de capacitación orientado al fortalecimiento de técnicos y líderes rurales, a través de la realización de talleres subregionales, para dar a conocer una metodología que permitiera la consolida- ción de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR).

Por último, un elemento fundamental para examinar en el presente acápite es precisamente el que tiene relación con la información que se recaudó de la efectiva aplicación de la moción de censura por parte de los concejos municipales, información que será analizada a través de la identificación de los resultados que generó cada uno de los 21 procesos o trámites iniciados durante los últimos ocho años. Como se puede observar en la siguiente gráfica, existe una importante diferencia entre los procesos que fracasaron y los que lograron su cometido de separar a los funcionarios de su cargo, donde podemos ver que solo en 2 de los 21 casos, es decir, en el 9,52% de los casos los concejos municipales culminaron el proceso de aplicación del más importante instrumento de control político establecido en la constitución Política de Colombia.

Aquel lector defensor de la institucionalidad discutirá en contra de la presente crítica, empleando argumentos que ratifican el carácter holístico del programa presidencial, a lo cual solo sobreviene la siguiente pregunta: Si la naturaleza, las competencias y los alcances de la oficina asesora alcanza los cánones de la realidad municipal ¿Cómo podría explicarse que permanezca impávida ante la ausencia de políticas municipales que propendan por el beneficio de las y los jóvenes y sólo se concentre en emitir conceptos a las entidades del orden departamental desconociendo lo que acontece en los municipios? ¿Será suficiente con dirigir solicitudes a las instituciones públicas y carecer de músculo institucional y financiero y ostentar un carácter centralizado para coadyuvar con los destinos de las y los jóvenes del territorio nacional? Evaluado ante los criterios que se han considerado en la presente investigación y su luz, es intrincado y extenso, todavía, el camino que le queda por recorrer, a la institucionalidad juvenil colombiana.

En su configuración, este consejo prácticamente se maneja de manera aislada al resto de la organización municipal política y administrativa, ya que únicamente se concentran en la distribución del PDR y, dado que sus decisiones son revisadas por la Unidad Técnica municipal, su autonomía disminuye proporcionalmente. De hecho, se mantiene una relación claramente vertical con las autoridades municipales y con muy escasa posibilidad para intervenir o, siquiera opinar, en acciones de gobierno. El plan de gobierno municipal y su distribución presupuestal, confirman nuestra observación de que en Irapuato, la atención del desarrollo rural es marginal frente a la promoción económica para elevar la inversión para actividades industriales en los sectores de alimentos, textil, automotriz y eléctrico, entre otros.

A nivel municipal y departamental existen los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, que en cabeza del alcalde o gobernador y la persona que cada uno delegue como coordinador o coordinadora, tienen la tarea de coordinar, asesorar, planear y hacer seguimiento a la Política Nacional de Gestión del Riesgo en el respectivo territorio. Esta es la principal instancia de toma de decisiones sobre gestión del riesgo de desastres en el territorio, en el marco de las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

A.R.1: Equipamiento de las UGA en 3 municipios, contratación de técnicos de UGA, Capacitación a los técnicos de las unidades ambientales, capacitación a los consejos municipales en gestión Integrada de recursos hídricos; generación de espacios de intercambio, discusión y transferencia de capacidades técnicas entre actores, conformando modelos participativos adaptados a las características propias de la localidad; elaboración participativa de planes de manejo, generación de ordenanzas locales, establecimiento de un plan de monitoreo de la calidad de la cuenca, dirigido desde la unidad de gestión ambiental de cada municipalidad.

Que el Artículo 27 de la Ley 1523 de 2012, crea los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD como instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente, Consejo que se habla creado en el Municipio Briceño mediante el Decreto 065 del 27 agosto de 2012.

Tercero. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Consejos Municipales de Fomento a la Lectura y el Libro, de acuerdo con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal confiere a los ayuntamientos del Estado, podrán ser integrados para su funcionamiento en un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo 21.- Los Consejos Municipales estarán conformados por un representante de cada Municipio nombrado por el Presidente Municipal y 4 integrantes, que serán designados por el Secretario de Cultura de entre los escritores, editores, productores, impresores, libreros o bibliotecarios del Municipio, de entre quienes se registren a la convocatoria pública que al efecto se emita, debiendo recaer en personas con experiencia en la materia.

En esta etapa se descompuso y organizó a la herramienta en elementos que pudieran elaborarse por separado y así hacer más fácil su comprensión ( ver anexo “Mapa Conceptual del Sistema de Integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales” ). Se describió la estructura relacional global de la herramienta y la especificación de lo que tendría que hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinarían unas con otras, cabe mencionar que por normatividad interna de la empresa se utilizó el manejador de bases de datos SQL Server. De esta fase se obtuvo lo siguiente:

2. La capacitación en sentido general y de manera particular en los decisores de los Consejos de Administración Municipales ha transitado por diferentes momentos como reflejo de la evolución de la problemática de los desastres asociados a los peligros de origen natural a escala mundial, regional, nacional y territorial, sobre todo a partir de la aplicación de la política de la Defensa Civil cubana. Y los resultados de los estudios que en el orden conceptual, organizativo, metodológico y práctico se han realizado demostraron la importancia de que los decisores, como actores sociales estén capacitados en materia de gestión para la reducción de riesgos por sismos, desde sus diferentes posiciones tanto como profesionales y como ciudadanos en función de transformar su desempeño en función de la gestión para la reducción del riesgo.

Los Consejos Municipales y Regionales tienen la potestad de sancionar a las autoridades de elección popular como Presidentes y Vicepresidentes Regionales y autoridades Municipales, a través del procedimiento administrativo sancionador de vacancia por estar inmerso en las causales de vacancia establecidos en sus leyes orgánicas, sin embargo este tipo de procedimiento administrativo es conducido de manera inadecuada, ya que, se vulnera ciertas reglas del procedimiento de vacancia, tales son los casos que se adopta acuerdos donde se declara la vacancia no cumpliendo con los dos tercios (2/3) que exige la ley para dicha declaración, en otros casos no se declara la vacancia a pesar de que existen suficientes elementos de prueba que acreditan las causales de vacancia, en otros situaciones se declara la vacancia sin existir suficientes pruebas que acrediten la causal de vacancia, tales son los casos que no se acreditan el grado de parentesco en la causal de nepotismo, además existe una inadecuada notificación de la solicitud de vacancia a la autoridad por la cual se solicita dicha vacancia, esto se presenta cunado no se cumple con el principio de legalidad, es decir, no se realiza la notificación de conformidad con las reglas de notificación establecidas en la Ley Nº 24777, Ley del Procedimiento Administrativo General, por ser a vacancia un procedimiento administrativo sancionador. Esto queda se corroborado en segunda instancia, vía recurso

La CF-88 presenta avances sustantivos más generales, como la descentralización, la reafirmación de derechos civiles y políticos, la ampliación de derechos sociales, la democratización del Estado y de sus relaciones con la sociedad mediante la previsión de instrumentos de democracia directa, mecanismos legislativos y jurídicos de parti- cipación, e instituciones participativas. La legislación federal en la década siguiente profundiza estos avances en el caso de las políticas sociales (salud, educación, asisten- cia social y derechos de niños y adolescentes), destacándose la creación obligatoria de consejos con funciones de control social y capacidad de gestión sobre los respectivos fondos presupuestarios. En el caso de la política urbana, el Estatuto de la Ciudad (Ley federal que regula la política de desarrollo urbano) está aprobado apenas desde el 2001, después de 12 años de trámite. Tal avance requirió movilizaciones y formas más institucionalizadas de acción colectiva, envolviendo negociaciones y choques en torno al contenido y aprobación de la ley. Como consecuencia, la concepción del Estatuto de la Ciudad encarna los principios de la función social y la gestión demo- crática de las ciudades (Brasil y Carneiro, 2009).

El Balance que hoy presento a la sociedad santandereana, reafirma mi profunda voluntad política y el compromiso adquirido al suscribir el PACTO POR LA TRANSPARENCIA de rendir cuentas a la ciudadanía de manera oportuna y confiable sobre el destino de los recursos públicos durante el primer año de una administración que ha trabajado sin descanso, de manera honesta, con total empeño, sustentada en la gobernabilidad y en atender con prontitud las peticiones de la comunidad; de hacer públicos los programas y proyectos a través de los Consejos Comunales de Gobierno y de manejar con transparencia y pulcritud los bienes del estado, en acatamiento al ordenamiento legal y de mutuo respeto a los órganos de control.

La Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos sólidos, ha sido el trabajo articulado de cuatro componentes sociales básicos: la iniciativa Privada, las instituciones Centrales de Gobierno, las Municipales y las Organizaciones Civiles, todos involucrados de alguna manera como grupos de entes relevantes en los procesos de producción, distribución, acondicionamiento, importación, exportación, consumo, manejo y disposición, y que de manera conjunta con la Comisión Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos, realizaron un proceso participativo que implicó el logro de consensos básicos y propuestas compartidas, habiéndose contado para su realización con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Técnica Alemana GTZ.

Los decisores juegan un rol decisivo en la esfera económica y social ya que dirigen, planifican y controlan los procesos de desarrollo en el nivel que actúan, en tal sentido: “…Es muy importante para la labor de los decisores que los mismos dominen y apliquen en su quehacer los documentos que rigen la política ambiental cubana y las estrategias ambientales priorizando la aplicación de las de educación ambiental. También es importante significar que los decisores deben tener como base orientadora para su gestión, que en Cuba, la protección del medio ambiente y el trabajo sobre la educación ambiental, figuran como prioridad básica que rigen el desarrollo político económico y social de la nación… En este sentido es básico también el papel de los decisores en la gestión para la reducción del riesgo de desastres” (Valdés, 2003: 21). Como parte de los puestos de dirección de los consejos de defensa municipales, los decisores tienen la responsabilidad de ejercer la dirección de las acciones ante una situación de desastres, la composición de sus grupos de trabajo se determinará por decisión de los presidentes de los respectivos consejos de defensa.

De igual modo, el artículo 6 hace una propuesta de coordinación territorial en dos direcciones (CE-CEM- CEC) que quedan reflejadas en el apartado 1 con la recomendación de comunicar sus decisiones a los Consejos Escolares de los centros docentes radicados en el término municipal, y en el apartado 2, con el precepto que recoge textualmente que “el Consejo Escolar Municipal elevará al Consejo Escolar de Canarias cuantos informes, propuestas e iniciativas considere convenientes, y fomentará la relación con las diferentes administraciones públicas en todas aquellas materias que le pueda afectar. Con el fin de formular propuestas que mejoren el funcionamiento y la articulación de los Consejos Escolares Municipales, al finalizar el año escolar también podrá elevar al Consejo Escolar de Canarias una memoria descriptiva de sus actividades.”.