CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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Fundamentos de la Constitución de la República del Ecuador de 2008

Fundamentos de la Constitución de la República del Ecuador de 2008

La Constitución de un país es un documento tan importante como los símbolos patrios que lo representan, dado que significa la identidad nacional y el proyecto de Estado como la regulación legislativa de mayor rango y relevancia político-jurídica. No se puede tener una identidad si no se exponen y se declaran abiertamente sobre lo que se es como nación. De allí se deriva la importancia de disponer de documentos jurídicos que establezcan todo lo que signifique identidad y regulación jurídica nacional. Por ello, es importante analizar, de forma crítica, si ésta constitución responde a los parámetros de la filosofía que le da sustento, tanto en lo político, como en lo jurídico y si llega a estar en consustancia con el trabajo de los constituyentitas para lograr afinidad e identidad con el ciudadano común. En este trabajo, se parte de las siguientes interrogantes: ¿Qué teorías filosóficas, políticas y jurídicas son útiles para analizar y evaluar la constitución de 2008?; ¿Cuál es su postura crítica frente a esas teorías y cómo las utilizaría para evaluar la constitución de 2008? De allí que, se presenta un análisis subjetivo desde una perspectiva crítica acerca de las filosofías políticas que han servido de soporte en el proceso de redacción de la Constitución de la República del Ecuador 2008, no sin antes contextualizar dentro de teoría, la pertinencia de conceptos claves como los son la filosofía, la filosofía política y la filosofía jurídica.
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Proyecto de reforma al reglamento de la ley orgánica de educación intercultural para evitar la vulneración de los derechos de las madres solteras adolescentes consagrados en la constitución de la República del Ecuador, fundamentado en los casos de la Parr

Proyecto de reforma al reglamento de la ley orgánica de educación intercultural para evitar la vulneración de los derechos de las madres solteras adolescentes consagrados en la constitución de la República del Ecuador, fundamentado en los casos de la Parroquia Siamiátug, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar

Que el señor LUIS ORLANDO LEMA TIERRA, alumno de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, ha culminado con su Trabajo de Tesis, previo a la obtención del Título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA con el tema: PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MADRES SOLTERAS ADOLESCENTES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, FUNDAMENTADO EN LOS CASOS DE LA PARROQUIA SIMIÁTUG, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR, fue revisado y aprobado, al haber cumplido con las normas legales y reglamentarias de la institución universitaria, en consecuencia autorizo su sustentación, considerando que el problema planteado es real y amerita esta investigación, por lo que se aprueba la misma para su presentación, disertación y defensa ante el respectivo jurado.
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Constitución de la República del Ecuador. Año de 1852. ( Folleto).

Constitución de la República del Ecuador. Año de 1852. ( Folleto).

Art. 70. También será responsable por traición ó conspiración contra la República, ya sea que favorezca los intereses de una nación estrada ó enemiga contra la independencia ó intereses del Ecuador, 6 ya que favo­ rezca directa ó indirectamente la destrucción ó altera­ ción de la Constitución del Estado, por medio de escri­ tos, representaciones ó actos tumultuosos. Es responsa­ ble ademas por infrinjir la misma Constitución: por atentar contra los otros poderes: impedir la reunión y deliberación del Congreso: negar la sanción de las leyes y decretos acordados constitucionalmente, y por pro­ vocar una guerra injusta.
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El dispositivo de vigilancia electrónica contemplado en el código orgánico integral penal frente al derecho de no ser discriminado

El dispositivo de vigilancia electrónica contemplado en el código orgánico integral penal frente al derecho de no ser discriminado

El derecho a no ser discriminado se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1789). Art.2; la que establece: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía." Nuestra Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en el numeral 2 del Artículo: 11, que: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”.
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Las políticas públicas y las enfermedades catastróficas

Las políticas públicas y las enfermedades catastróficas

y catastróficas el mismo que fue Publicado en el R. O. No. 807 - miércoles 10 de octubre de 2012 para ello se fundamentó en que la Constitución de la República del Ecuador de la República del Ecuador manda “Articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustente el buen vivir…”; a parte de ello, el artículo 50 ibídem ordena: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.”; para la implementación de estas disposiciones la Norma Suprema en el artículo 361 establece que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”; Una vez delimitada la norma constitucional la Ley Orgánica de Salud dispone: “Articulo 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.” ; atribuyendo en base del artículo 6 ibídem, dicha rectoría al Ministerio de Salud Pública.
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El potencial desmercantilizador del derecho en las propuestas del Buen Vivir

El potencial desmercantilizador del derecho en las propuestas del Buen Vivir

Estas reformas normativas abren interrogantes en cuanto a su efectividad: ¿puede el derecho contribuir a la desmercantilización de la naturaleza?, ¿qué respaldos institucionales se precisan para tornar efectivas las normas jurídicas del Buen Vivir/ Vivir Bien que abordan la cuestión ecológica desde un enfoque de no mercado? La hipótesis preliminar de la cual surgen estas preguntas es que las normativas del Buen Vivir/Vivir Bien, si bien configuran una apuesta por la desmercantilización de la naturaleza, presentan insuficiencias y contradicciones que limitan su efectividad. Este trabajo se propone, mediante el análisis socio-jurídico de una serie de postulados de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 y de las leyes 71 de Derechos de la Madre Tierra de 2010 y 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 2012, ambas de Bolivia, indagar en torno al potencial desmercantilizador que estas reformas presentan en el marco de las disputas ideológicas de los procesos socio-políticos que las sustentaron.
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La acción de repetición y la Constitución de la República del Ecuador

La acción de repetición y la Constitución de la República del Ecuador

El estudio de casos análogos que han llegado a resolverse en sede jurisdicciones demuestran la necesidad de formular una reforma legal para superar los impedimento alegados y poder aplicar la norma constitucional que consagran el derecho de repetición que tiene un doble propósito, por una parte proteger el patrimonio del estado que puede ser distraído en el pago de indemnizaciones onerosa y por otra parte fortalecer la seguridad jurídica que es un elemento sustancial para la imagen internacional del estado que tiene que enviar el mensaje de que en Ecuador se actúa en base a reglas claras y reglas pre establecidas.
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Garantías jurisdiccionales en la Constitución de la República del Ecuador

Garantías jurisdiccionales en la Constitución de la República del Ecuador

2. La acción procederá contra sentencias o autos definitivos, a lo cual se le debe sumar lo contemplado en el artículo 437 de la Constitución vigente, esto es, resoluciones con fuerza de sentencia. La norma no distingue si las decisiones provienen de tal o cual juicio, por lo tanto ya sea que se trate de una acción de condena, declarativa, constitutiva, ejecutiva o precautoria, se puede plantear esta garantía jurisdiccional, lo cual quiere decir, según mi criterio, que por ejemplo, contra una sentencia dictada dentro de un juicio ejecutivo por la segunda y última instancia, puede recaer una acción extraordinaria de protección. Tampoco se distingue sobre la materia en la cual se puede plantear la acción, de tal forma que es indiferente si se trata de un juicio civil, penal, administrativo, de tránsito, etc.; en toda sentencia o auto definitivo dentro de aquellos, cabrá procedentemente. Y más grave aún, es el caso, de las resoluciones con fuerza de sentencia, toda vez que se puede, entonces, considerar que esta acción se puede plantear incluso contra decisiones de órganos no jurisdiccionales sino simplemente administrativos, tal es el caso de por ejemplo las resoluciones que se emitan por el Servicio de Rentas Internas. Si bien en el caso de resoluciones de carácter administrativo, existe la posibilidad de plantear recursos y por lo tanto, no se cumplirá por completo con los requisitos de la norma constitucional, sin embargo dicho aspecto tiene una excepción que más adelante paso a analizar y que como consecuencia hace que esta posibilidad de atacar una resolución administrativa si quepa. Si consideramos esta institución como un recurso, debemos recordar lo que se plantea en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, esto es, mientras la ley no lo deniegue, se entenderá que lo concede.
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Propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomis Y Descentralización para un eficiente cumplimiento del reclamo administrativo en los Gad´S

Propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomis Y Descentralización para un eficiente cumplimiento del reclamo administrativo en los Gad´S

Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, hace referencia, a la organización de los gobiernos autónomos descentralizados como Gobiernos Regionales, Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales, y como los ciudadanos habitan dichas circunscripciones territoriales, pueden recurrir ante las mismas para hacer valer sus derechos, pero podría manifestarse que estas no están cumpliendo por medio de la administración los objetivos planteados, porque es notorio, que la Ley no manifiesta el derecho al reclamo de una manera puntual, tal como lo hace el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, en su art. 172, así:
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Proyecto de constitución política de la República del Ecuador.

Proyecto de constitución política de la República del Ecuador.

13. Sólo durante el estado de sitio, ordenar el arresto de los sindicados de perturbar el orden in- teri r ó la seguridad exterior de la República; pero no puede condenarlos ni penarlos de modo alguno, pues solo el Tribunal Civil es el que puede y debe juzgarlos inmediatamente, y según el resultado del juicio, condenarlos, confinándolos ó desterrándolos. — Pero si el sindicado pide, antes de terminarse el juui», salir al exterior, el Presidente de la Repúbli­

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La influencia del Neo-constitucionalismo en el Derecho Laboral Ecuatoriano

La influencia del Neo-constitucionalismo en el Derecho Laboral Ecuatoriano

La Constitución de la República del Ecuador de Montecristi declara en su artículo primero ―El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos‖. La pregunta salta de inmediato, ¿por qué se incluye tal definición en el artículo sobre la naturaleza del Estado, dejando de lado la definición de 1998 del ―Estado de derecho‖? Parecería que se intenta superar la noción del Estado de Derecho, que tiene la connotación de que la sociedad se rige por el derecho vigente. La nueva definición coloca directamente lo ―constitucional‖ como centro del acuerdo jurídico político de la sociedad y única inmediatamente ―de derechos‖, en plural que supone que el Estado es garante de ellos. En suma, se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a la vez profundizar la vigencia y garantía de derechos.
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Análisis jurídico doctrinario para una propuesta de reforma constitucional que considere el carácter vinculante a la consulta previa, libre informada en relación de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovable

Análisis jurídico doctrinario para una propuesta de reforma constitucional que considere el carácter vinculante a la consulta previa, libre informada en relación de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables

En el Ecuador, país que ha demostrado ser huérfano de una cultura constitucional que le permita disponer de una sólida base institucional, la participación ciudadana ha seguido el rumbo impuesto por toda otra constitución en la que se han inspirado o de las que nuestros constituyentes han copiado; vale decir que del derecho a elegir y ser elegido no ha pasado de ser la forma de participación que ha ido solidificando, mal o bien, la llamada democracia formal o representativa; salvando la consagración del plebiscito o del referendo impuestos, más que como un derecho político del pueblo, como un mecanismo para que los ostentadores del poder busquen legitimar sus intereses, no henos tenido ninguna forma institucional de participación ciudadana sino hasta la aprobación de la Constitución de la República del 2008, en cuyo texto se articulan, los derechos fundamentales de la persona, las obligaciones garantistas de Estado, el reconocimiento del derecho de las minorías y grupos vulnerables y, de manera primordial, el derecho de la sociedad en general o de los colectivos específicos, de ser consultados en varios emprendimientos oficiales, especialmente en aquellos que pueden afectar al ser humano en su salud o vida, al medio ambiente o en general al equilibrio con la naturaleza. Quiere esto significar que, al menos en teoría se consagra una amplia participación del individuos y de los grupos sociales en la toma de decisiones estatales que permitan la consagración de la verdadera participación ciudadana; por desgracia, la falta de cultura constitucional que dejamos dicha. Hace que toda la supuesta conquista en materia de participación ciudadana se haya perdido en los vericuetos contextuales de la carta magna y, cuando no, en la injerencia del hiperpresidencialismo que permite que todas las funciones del estado estén directamente conectadas y dependiendo de la función ejecutiva.
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Evaluación Financiera del Distrito 05D02 zona 3 Provincia de Cotopaxi cantón La Maná, de enero a diciembre del 2014

Evaluación Financiera del Distrito 05D02 zona 3 Provincia de Cotopaxi cantón La Maná, de enero a diciembre del 2014

La Constitución de la República del Ecuador señala al Estado como responsable de establecer estrategias para garantizar la universalidad del acceso a la salud, una de las experiencias para lograr el acceso a los servicios de salud y por tanto hacer uso de su derecho a la salud, constituye la estructuración e implementación de la Red Pública Integral de Salud “RPIS”, cuyo fin persigue mejorar el acceso a la salud, sin barreras geográficas, organizacionales, institucionales, económicas; con este propósito y con el MSP como órgano rector, las instituciones públicas del sector salud se encuentran atravesando por un período de re direccionamiento, en este sentido resulta prescindible establecer puntos de partida que contemplen un análisis situacional de los procesos involucrados; sin duda alguna la evaluación financiera es uno de los puntos álgidos que presenta el actual sistema de salud; se hace necesaria entonces la indagación en este ámbito, para poner en evidencia puntos críticos de la gestión, lo que determinará cualitativamente la orientación y/o reorientación de los mismos, mediante el análisis de resultados y la propuestas de estrategias.
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El derecho al matrimonio igualitario de personas del mismo sexo.

El derecho al matrimonio igualitario de personas del mismo sexo.

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, establece una serie de garantías respecto al derecho de igualdad que poseen todas las personas. En su artículo 11, numeral 2, se establece: “Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:… 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
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Las reformas al código de la niñez y adolescencia publicadas en el registro oficial 180 del 10 de febrero de 2014, vulneran el principio de proporcionalidad y afectan el interes superior de los adolescentes en conflicto con la ley penal

Las reformas al código de la niñez y adolescencia publicadas en el registro oficial 180 del 10 de febrero de 2014, vulneran el principio de proporcionalidad y afectan el interes superior de los adolescentes en conflicto con la ley penal

diferir las iniciativas en ese sentido; la selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas; cuando así proceda y sea compatible, con el ordenamiento jurídico, la policía, la fiscalía u otros organismos que se ocupen de casos penales deberán estar facultados para retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. A efectos de decidir si corresponde el retiro de los cargos o la institución de actuaciones, en cada ordenamiento jurídico se formulará una serie de criterios bien definidos. En casos de poca importancia el juez podrá imponer las medidas adecuadas no privativas de la libertad, según corresponda; esta garantía, en nuestra Constitución de la República del Ecuador, se la ve prevista en el artículo 195.
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Aplicación del trámite del visto bueno en la legislación Ecuatoriana

Aplicación del trámite del visto bueno en la legislación Ecuatoriana

Vásquez López nos dice “El Ecuador posee de una legislación coherente y conexa en el tema de los derechos de los trabajadores, la que tiene que ser aplicada y cumplirla de conformidad a sus preceptos legales contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, como del Código del Trabajo; y, viene desarrollando programas generales de capacitación a empresarios y empleados a fin de refrescar los conocimientos sobre los principios y derechos del trabajador, encontrar los problemas y buscar soluciones; en que en el país todos los derechos de los trabajadores están perfectamente reconocidos y estructurados tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, lo que hay que hacer es potenciar para que se cumplan, cuyo trabajo recae en el Ministerio del ramo, que debe fomentar que se apliquen y se respeten tanto para trabajadores como para empresarios, porque mejorará todas las relaciones laborales y solucionará muchos conflictos
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“La expropiación y su incidencia frente a las normas del debido proceso en el Municipio del cantón Riobamba  durante el periodo  enero 2015 – junio 2015”

“La expropiación y su incidencia frente a las normas del debido proceso en el Municipio del cantón Riobamba durante el periodo enero 2015 – junio 2015”

68 En el mecanismo contemplado en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se establece que cuando la máxima autoridad de unas institución pública resuelve adquirir un bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, se debe cumplir el siguiente procedimiento; declarar la utilidad pública o interés social; intentar lograr una acuerdo directo con el titular del bien expropiado; otorga la posibilidad de impugnar el precio en vía administrativa; y , en el supuesto de que no sea posible llegar a un acuerdo directo, proceder con el juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo el artículo 323 de la Constitución, establece que las instituciones del Estado “previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley”. Se podrá declara la expropiación de bienes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
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Anteproyecto de ley reformatoria a los articulos, 115,118 y 120, del codigo civil ecuatoriano, que permite disminuir la desorganización familiar y desprotección de los niños, niñas y adolescentes por causa del divorcio

Anteproyecto de ley reformatoria a los articulos, 115,118 y 120, del codigo civil ecuatoriano, que permite disminuir la desorganización familiar y desprotección de los niños, niñas y adolescentes por causa del divorcio

deseaba divorciarse pero lo veía complicado pues su esposo residía desde hacía cinco años en España. Ella mantenía con su cónyuge contactos telefónicos y epistolares frecuentes, a pesar de la reticencia de él a seguir con los mismos pues, ya había encontrado a otra persona junto a la cual deseaba seguir su vida. El abogado consultado por la mujer le sugirió que al estar su cónyuge en España, simplemente se demandaba el divorcio por abandono y la citación pertinente debía realizarse mediante publicaciones por la prensa, pues el profesional del derecho "presumía" que la citación de una demanda iniciada en Ecuador no se la podía realizar en España. La mujer, con el asesoramiento del abogado, efectuó la declaración juramentada de serle imposible determinar la residencia del demandado, se realizaron las publicaciones por la prensa y la contienda prosiguió. En esta pequeña historia podemos encontrar desde negligencia profesional, hasta infracciones al Código Penal. La mujer que deseaba divorciarse conocía perfectamente el lugar de residencia del demandado, aunque este fuere en el extranjero, lo que es evidente por el contacto epistolar. Al conocer la residencia del demandado la señora cometió el delito de perjurio (arts. 354 y siguientes del Código Penal), pues hizo una declaración juramentada ante autoridad pública.
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Necesidad de crear la Superintendencia de Gestion Ambiental en el marco juridico de la legislacion ecuatoriana

Necesidad de crear la Superintendencia de Gestion Ambiental en el marco juridico de la legislacion ecuatoriana

La Protección de los Derechos Ambientales, con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, dentro de la acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución de la República. Se ha previsto que toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. El Presidente de la Corte del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones.
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El chantaje dentro del código orgánico integral penal como parte constitutiva de varios tipos como la intimidación, extorsión, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar

El chantaje dentro del código orgánico integral penal como parte constitutiva de varios tipos como la intimidación, extorsión, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar

Los casos de extorsión que se dan en el Ecuador se han llegado a determinar que los denunciados en la Fiscalía del Estado, confirman que este tipo de delitos, se han vuelto un negocio rentable, que usufructúan los delincuentes de la explotación psicológica de los ciudadanos honestos; delito que se clasifica en extorsiones: comunes, subversivas, sexuales, carcelarias, vehicular, mexicana, emocional, lo que implica al ciudadano común, el caer en un estado de ansiedad generalizada, angustia, depresión, preocupación, aislamiento, rabia, ataques de ira, etc. Sin saber que hacer al respecto, si denuncia o no este ilícito a las autoridades competentes, por lo que debemos ver el problema desde el punto de vista de la víctima, quien es extorsionado emocionalmente, previo a esto es analizado por el delincuente o extorsionador, quien generalmente busca un blanco que tenga baja autoestima, dependiente, frágil, inseguro, lábil, con cargo de conciencia y remordimientos sentimentales, que exacerben su equilibrio mental y procurar un condicionamiento al miedo y al temor que provoca el extorsionador con las amenazas a la integridad física y psicológica de la víctima, familiares y demás seres queridos; a su estabilidad emocional, económica, estatus quo, etc.
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