Constitución económica

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De las mutaciones en la Constitución económica de 1978 a la reforma constitucional de su artículo 135

De las mutaciones en la Constitución económica de 1978 a la reforma constitucional de su artículo 135

pueden parecer a primera vista un tanto distantes o ajenos, pero reitero que han tenido para mí una gran relevancia. El primero de ellos es el haber participado como Letrado de las Cortes en la Junta Electoral Central desde su constitución el día 31 de marzo de 1977 –en virtud del Real Decreto-Ley 1977 de 18 de marzo, primera norma electoral para la celebración de las primeras elecciones democráticas en desarrollo de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977– hasta abril de 1985. Desde este observatorio pude ser testigo de todo el proceso constituyente y de formación y posicio- namientos programáticos en el orden económico de los partidos políticos con vistas a la primera convocatoria electoral para el 15 de junio de 1977 y, posteriormente, asistir a la sesión de 25 de diciembre de 1978 (Acta nº 44) por la que se proclamaba la ratificación de los resultados del Referéndum celebrado el 6 de diciembre por el que se aprobó la Constitución de 1978. El segundo observatorio, años más tarde, fue mi actuación como Letrado de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados durante el periodo 2000-2006. El art 77 de la Constitución reconoce el derecho de las Cámaras parlamentarias a recibir peticiones individuales y colectivas y remitir al Gobierno las peticiones recibidas, estando obligado éste último a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan. Pues bien, en esta Comisión se reciben miles de peticiones que afectan a la situación socioeconómica de los ciudadanos, y ello permite deducir un panorama sociológico de primera mano de como la ciudadanía percibe y argumenta sus problemas invocando la mayoría de las veces los preceptos de la Constitución económica como posible solución a sus necesidades y

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Constitución Económica Colombiana y Tributos territoriales. Un análisis jurisprudencial

Constitución Económica Colombiana y Tributos territoriales. Un análisis jurisprudencial

ocupó para el constituyente del año de 1991 un especial interés, al punto que los estudiosos del derecho económico, poco tiempo después de expedida la nueva Carta Política, no dudaron en aplicar en este tema la construcción germánica de las constituciones temáticas y hablar entonces de “Constitución Económica”, en el marco de una economía social de mercado. Aduce que “la Constitución Económica está integrada no solo por las disposiciones previstas en el título XII (arts. 332 a 373), sino por todos aquellos preceptos que sin importar su ubicación (parte dogmática o parte orgánica) constituyan cláusulas constitucionales que tienen incidencia en materia económica, comenzando por la redefinición del mismo modelo de Estado Social de Derecho. Uno de los principios fundamentales del derecho constitucional económico en Colombia lo constituye la libertad económica, también denominada en el siglo XIX libertad de comercio y de industria, entendida como la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio, libertad que se encuentra limitada por los poderes de intervención del Estado en la economía. Se trata de un derecho o libertad que tiene un doble contenido que se aprecia, por una parte, en la libertad de empresa que constituye nada menos que “el fundamento de la actividad particular y de los derechos inherentes a ella” y de otra, en la libertad de competencia, esto es, el derecho a competir o a participar en la actividad económica sin ser discriminado”.

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Constitución Económica, Democracia Social, Innovación y Cultura Económica del Cooperativismo Vasco

Constitución Económica, Democracia Social, Innovación y Cultura Económica del Cooperativismo Vasco

Todo esto debe interpelarnos a todos, juristas incluidos. Y hoy estamos en la sede de los abogados vizcaínos y en una Jornada coorga- nizada por la Academia Vasca de Derecho, la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo y un Instituto universitario, así que tenemos una ocasión inmejorable para refl exionar sobre ello. La innovación, que da título a la Jornada de hoy, también puede consistir en nuestro ámbito en que volvamos la vista hacia esa Constitución económica y transitemos por senderos poco hollados aún en los estudios de nuestra disciplina, pero eso sí, desde una nueva perspectiva: la de aquella que apuesta por avanzar en la consecución de una auténtica democracia económica, prestando atención a todos estos contenidos y derechos sobre los que hasta ahora hemos pasado de puntillas en nuestro quehacer académico. Son tiempos difíciles, de profunda crisis económica y en este mundo en el que nos ha tocado vivir, ya todo, incluida la crisis, tiene dimensión glo- bal y nos afecta a todos de pleno. Pero los tiempos de crisis son también oportunidades de cambio y de mejora, porque de la crisis también se puede resurgir cual ave fénix y para ello, la innovación es esencial.

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Constitución Económica Europea y modelo social: límites e ineficiencias de la integración negativa mejorada en la lucha contra la exclusión social

Constitución Económica Europea y modelo social: límites e ineficiencias de la integración negativa mejorada en la lucha contra la exclusión social

su nueva agenda a favor del crecimiento y del empleo, no hay una sola refe- rencia a mejorar la lucha contra la exclusión social, y las medidas llamadas a profundizar en la dirección apuntada por el tercer objetivo estratégico de Europa 2020 se adoptan bajo los parámetros de la falta de autonomía de la dimensión social europea. La Comisión considera necesario adoptar un en- foque integrado que combine las políticas estructurales, presupuestarias y monetarias reforzando la panoplia de la nueva GEE. Principalmente, se se- ñala que “ha llegado el momento de racionalizar y reforzar el Semestre Eu- ropeo para dotarlo de mayor eficacia. Un Semestre Europeo reformado debe perseguir la eficacia de la coordinación de la política económica a escala de la UE” (página 18). La racionalización del sistema de gobernanza europea para aumentar su eficacia y acrecentar el sentimiento de apropiación polí- tico de la gobernanza económica de la UE, implica una revisión del paquete de seis y el paquete de dos medidas legislativas que persevere en la respon- sabilidad presupuestaria a través de un saneamiento presupuestario respon- sable y favorable al crecimiento.

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La constitución económica de la Unión Europea y el difícil equilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales

La constitución económica de la Unión Europea y el difícil equilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales

Si la Unión económica va a suponer que no van a existir avances en la legislación social para toda la Unión, si incluso va a favorecer la «desregulación» en el ámbito de los Estados miembros, si no se van a salvaguardar los poderes de intervención sobre el sistema económico para compensar la hegemonía de la libertad de empresa, si no apren- demos las lecciones que nos enseñan la actual crisis económica, nos equivocaremos de rumbo. La Unión económica no puede ser utilizada para, si se me permite la expresión, «desregular», para permitir ma- niobras de empresas que persigan las legislaciones más favorables es- tableciendo, por ejemplo, centros empresariales en países miembros que posean una legislación social o fiscal menos desarrollada, o a tra- vés de la presión sobre los centros de decisión para que se produzca una competencia social a la baja, o para permitir políticas que provo- quen fenómenos de «dumping social». El mensaje no puede ser «el afán de lucro por encima de todo», porque eso sería letal para el fu- turo de la Unión. Todo esto me recuerda aquella reflexión que hacía el gran humanista inglés Santo Tomás Moro en su famosa obra «Utopía» cuando decía aquello de:

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La importancia del derecho a la información en las relaciones de consumo

La importancia del derecho a la información en las relaciones de consumo

En principio debemos decir que la Constitución es un documento de control del poder no solo político, sino también económico del Estado; ésta debido a su contenido, nos proporciona los parámetros dentro de los cuales se debe desenvolver éste, poniéndole límites al accionar de los agentes económicos en el mercado. En ese orden de ideas Deho, en el prólogo al prefacio de la primera edición de la obra «Derecho de los Consumidores» de Espinoza, señala: «(…) el catálogo de derechos del consumidor vendría a ser la faz económica de los derechos fundamentales del hombre, en cuanto menudo operador del mercado de bienes y servicios». Así, modernamente, surge la idea de la «Constitución Económica», que incorpora normas y principios jurídicos-económicos para proteger la dignidad humana, respetando la iniciativa privada, procurando un orden social justo; la constitución se convierte en la norma suprema de equilibrio de derechos entre la eficiencia económica y la justicia social. La Constitución Económica diseña entonces, la estructura y funcionamiento de la actividad económica de un Estado. Sobre esta idea, Gutiérrez 6 cita a

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Análisis de  las entidades financieras comunitarias del ecuador

Análisis de las entidades financieras comunitarias del ecuador

Las cajas comunitarias se han sostenido desde antes 1999, pero hay que reconocer que a partir de lo declarado en la constitución visibilizan a dichas entidades financieras comunitarias, aunque no tienen mayor respaldo en apoyo crediticio ni capacitación técnica, por parte del actual gobierno, pero siendo un sector vulnerable se han caracterizado por realizar microcrédito para fortalecer sus campos en temas productivos y emplear mano de obra familiar lo que conlleva a disminuir la pobreza en la zona.

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La extradición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

La extradición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

i. TRATADO INTERNACIONAL DE EXTRADICIÓN- Desconomiento/PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA: “Se desconoce el hecho real de que, con antelación a la Constitución, habían sido celebrados y perfeccionados por Colombia numerosos convenios internacionales sobre el tema, que en el plano jurídico no desaparecieron, en cuanto a los compromisos contraídos ni respecto de las obligaciones de ellos derivadas, al sólo conjuro de la nueva norma constitucional. Y no se olvide que, según la Constitución Política, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros valores, en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia. Uno de tales principios es el denominado "Pacta sunt servanda", que exige a las partes cumplir de buena fe los tratados que celebran. Si todos los Estados adoptaran la posición hoy asumida por esta Corte e hicieran prevalecer las cláusulas de sus constituciones sobre los compromisos internacionales ya contraídos por ellos, el Derecho Internacional perdería vigencia y los tratados públicos quedarían despojados de fuerza jurídica vinculante, para convertirse en catálogos de buenas intenciones, susceptibles de ser revocados unilateralmente según los cambios que, por su propia voluntad e intereses coyunturales, introdujeran los Estados Partes en el orden jurídico interno de cada uno. Se presentó un cambio de jurisprudencia de la Corte.”

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El derecho a la adaptación de la jornada  del artículo 34 8 del Estatuto de los   Trabajadores   Perspectiva jurídico constitucional y de género de las nuevas políticas de conciliación

El derecho a la adaptación de la jornada del artículo 34 8 del Estatuto de los Trabajadores Perspectiva jurídico constitucional y de género de las nuevas políticas de conciliación

Los magistrado-as que formulan el voto particular, partiendo de la base de que, en efecto, no tienen la competencia de asumir funciones legislativas, afirman que lo que la Sala debió llevar a cabo fue una interpretación de los preceptos invocados como infringidos, habida cuenta la especial naturaleza y trascendencia del derecho reclamado y la realidad social a día de hoy. Para estos magistrado-as, ciertamente existe un vacío legal en la redacción del apartado 5 del art. 37 ET, puesto que no aparece contemplado el derecho a la modificación de la jornada u horario de trabajo, pero advierten que mientras la reducción de jornada supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no es así en los casos de la adaptación o modelización del horario para compatibilizar las necesidades de cuidado. Además, consideran que las pretensiones de la trabajadora tendrían apoyo suficiente en el espíritu de la LCVFL 39/1999 recordando su exposición de motivos basada en los arts. 14 (igualdad ante la ley), 39 (protección social, económica y jurídica de la familia) y 9.2 (deber de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas) de la CE, con el objetivo de configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada, en concreto y en cuanto al redactado que incorpora el art. 37.5 del ET, asegurar el ejercicio adecuado de la patria potestad y el cuidado del menor o minusválido. Por último, los magistrado-as recuerdan a la Sala su sentencia de 20 de julio de 2000 en la que se declara que: “en la aplicación de las reducciones de jornada que establece el art. 37.5 Estatuto de los Trabajadores, ha de partirse de la base de que tal precepto forma parte del desarrollo

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La valoración trascendente de la actividad económica

La valoración trascendente de la actividad económica

La Constitución reco- mienda la urgencia de orientar la vida económica de indivi- duos y comunidades de un modo racional y humano, e in- vita a tomar ocasión de la ac- tual sensibilidad hacia las desi- gualdades sociales, para im- plantar principios de justicia y equidad postulados por la recta razón (n. 64). La Iglesia debe dejar oír su voz en estas cuestiones pero, en definitiva, se trata de una responsabilidad de los fieles cristianos, traba- jando junto a sus conciudada- nos. “Convénzanse los cristia- nos –leemos– de que al tomar parte activa en el movimiento económico y social de su tiempo, pueden hacer mucho por el bienestar de la humani- dad y la salvación del mundo. Procuren destacarse por su ejemplo, y adquirida la compe- tencia profesional y la expe- riencia necesaria, sepan guar- dar la debida jerarquía entre las actividades terrenas, en lealtad hacia Cristo y el Evan- gelio, de modo que su entera vida, tanto individual como social, esté impregnada por el espíritu de las bienaventuran-

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Instrumentos jurídicos, económicos y sociales para la protección ambiental : áreas protegidas y pago por servicios ambientales

Instrumentos jurídicos, económicos y sociales para la protección ambiental : áreas protegidas y pago por servicios ambientales

74 por la presencia de cultivos ilícitos y por el conflicto armado son áreas estratégicas por su importancia natural. Por esto, el esquema PSA puede ser el instrumento por medio del cual la población más afectada pueda hallar soluciones para los problemas que ha dejado el conflicto armado. De igual forma, para proteger las zonas que son habitadas por resguardos indígenas y grupos étnicos, el Decreto Ley 870 de 2017 establece de manera expresa la necesidad de la regulación del esquema de PSA que sirva de apoyo a la protección cultural y social de la población habitante de resguardos indígenas y, en general, grupos étnicos (artículo 3). El mencionado decreto hace un gran avance al consagrar la importancia de darle una protección más detallada de derechos en caminados al crecimiento social y económico, puesto que dentro del artículo 3 se menciona que el esquema de PSA se regirá por el principio de autodeterminación, la autonomía, la participación efectiva, el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, a la identidad, integridad social, económica y cultural, entre otros.

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Derechos humanos y deberes fundamentales. Sobre el concepto de deber constitucional y los deberes en la Constitución Española de 1978

Derechos humanos y deberes fundamentales. Sobre el concepto de deber constitucional y los deberes en la Constitución Española de 1978

El artículo 118 de la Constitución dispone que “es obligado cumplir las senten- cias y demás resoluciones fi rmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. Se trata de un deber impuesto no sólo a los ciudadanos, sino también (incluso principalmente) a otras instituciones y poderes del Estado. Por lo que se refi ere a las personas, desde luego están obligadas a cumplir las sentencias en cuanto las mismas se refi eran a ellos, y a soportar los efectos de su ejecución cuando les afecten directamente, y a ello pueden ser conminados en último tér- mino con la fuerza. Pero el deber de colaborar con jueces y tribunales se produce también en el curso del proceso, momento en el que se manifi esta principalmen- te en la obligación de acudir a declarar como testigos cuando sean llamados. En el ámbito penal esta obligación encuentra también una referencia constitucional expresa, ya que el último inciso del artículo 24.2 dispone que la ley regulará los casos en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos; ello implica, a contrario, que como regla general sí existe esa obligación de declarar. Y en efecto, como tal la recoge la ley procesal (artículos 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), aunque incluso podría llegar a incurrirse en un delito de obstrucción a la justicia (artículo 463 del Código Penal). Por lo demás, el tí- tulo XX del libro II del propio Código Penal recoge también otros delitos contra la

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Hacia un nuevo esquema de regulación económica : re-definición del papel regulador del Estado (Debate sobre la nueva Constitución)

Hacia un nuevo esquema de regulación económica : re-definición del papel regulador del Estado (Debate sobre la nueva Constitución)

Sin embargo, los intentos de constitución de modos de regulación coherentes se agotaron uno tras otro. Podemos distinguir al menos tres fases diferenciadas de este proceso: los ochenta, el inicio de los noventa y la dolarización. A pesar de la intensa propaganda en sentido contrario desplega- da por analistas (algunos de ellos de izquierda) de mucha presencia en los medios y la academia, en estas tres fases se constata una acumulativa profun- dización de las reformas neoliberales a partir de las prescripciones del FMI (el modelo de Pollak, de talla única, aplicado en todas las latitudes excepto en EEUU). Si no se cumplieron las metas compro- metidas es porque éstas se fijaron con la misma imagen del burro que para que tire de la carga, tenía amarrada la zanahoria siempre un poco más allá de lo que podía alcanzar. Como demuestra la evidencia econométrica del período y el análisis dinámico en base a vectores propios 3 , la combina-

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Causas y consecuencias de la informalidad Comercial y su incidencia en el desarrollo de las Pequeñas Empresas en la Provincia de San Román, 2016-2017

Causas y consecuencias de la informalidad Comercial y su incidencia en el desarrollo de las Pequeñas Empresas en la Provincia de San Román, 2016-2017

En este trabajo se ha realizado un estudio de análisis jurídico explicativo y descriptivo de la informalidad comercial, donde se ha constatado y se ha pasado en confirmar un mal económico en el sistema que aqueja no solo a la economía de la provincia de San Román sino también a la economía del país en general, esto es la informalidad económica, figura que se muestra en las actividades económicas que no son reportados, debido a que las empresas quieren evitar pagos impositivos al ingreso, al producto generado, pago a la contribuciones sociales, además de escapar a las regulaciones sociales o también es el caso de la complejidad administrativa de la administración pública para la formalización empresarial. También estrecha relación con el sector informal y el empleo informal.

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Economía de mercado o economía social y solidaria. Análisis del régimen constitucional del sistema económico ecuatoriano

Economía de mercado o economía social y solidaria. Análisis del régimen constitucional del sistema económico ecuatoriano

propiedades y su libertad natural y civil, es decir, son expresamente reconocidos los derechos de propiedad y libertad, que eran base para ejercer una actividad económica; en el artículo 21, mandaba al Estado a asignar una renta proporcional por el trabajo de sus funcionarios. En su Sección Segunda (artículos 22 a 33), respecto del Poder Ejecutivo¸ el artículo 23 establecía en este poder del Estado, el desempeño del gobierno económico en los ámbitos de la administración pública, hacienda y guerra, así como la protección de la industria, educación y prosperidad pública; y, en el artículo 25, le imponía la obligación de ―velar sobre la recaudación de los caudales públicos, custodia y adelantamiento del Tesoro Nacional y su inv ersión‖. En la Sección Tercera (artículos 34 a 44), establecía el Poder Legislativo, al que deba la facultad de formar los ―Reglamentos útiles, tanto en lo político y económico, como en lo militar: la corrección y enmienda de las Leyes perjudiciales a nuestra libertad y derechos [ … ] ‖ (artículo 34), en el artículo 35 determinaba que ―Es peculiar y privativo de este Poder el arreglar toda especie de tasas, contribuciones y derechos que deban exigirse, tanto en la cantidad como en el monto de su recaudación, o personas que deban exhibir con atención a las necesidades del Estado y a la posibilidad de los Contribuyentes [ … ] ‖. En su Sección Cuarta (artículos 45 a 54), instituía al Poder Judicial, sin normas de carácter o contenido de interés económico.

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Plan de negocio para la elaboración y comercialización de ají de maní en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2018

Plan de negocio para la elaboración y comercialización de ají de maní en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2018

La Constitución de la República del Ecuador plantea en el artículo 284 los objetivos sobre política económica, entre ellos: “Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional” (Asamblea Constituyente, 2008), por consiguiente, el modelo de negocio para la elaboración y comercialización de ají de maní en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se relaciona con los siguientes lineamientos de desarrollo del País:

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Roller Toaster Food Truck

Roller Toaster Food Truck

Las Gourmetería Urbana SAS se Constituyó ante Cámara de Comercio de Bogotá el día 13 de Enero del 2014. NIT: 900726645-1 Régimen Común. La forma legal seleccionada para la empresa fue la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S). El motivo principal por el cual se seleccionó esta forma jurídica de constitución es que es la modalidad que le ofrece la mayor cantidad de ventajas al pequeño emprendedor a la hora de crear su empresa. Por otro lado, los emprendedores también se vieron atraídos por esta modalidad debido a que en su inicio debían buscar reducir al máximo sus costos y esta forma legal es la que más lo facilita. Esto se debe a que la Sociedad por Acciones Simplificada no requiere un revisor fiscal, lo cual evita que se genere este costo adicional, por otro lado ofrece un beneficio importante al exonerar de impuestos a la empresa por el primer año de funcionamiento y genera la imposición del mismo de forma gradual para llegar al 100% en el cuarto año. Así mismo, esta forma legal le asegura a los socios que en caso de que la empresa no cumpla con los resultados esperados, los acreedores no podrán afectar su patrimonio personal. Dentro de las ventajas más relevantes para tomar la decisión, se puede encontrar en última instancia que esta forma legal no le exige a la empresa constituir una junta directiva.

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Tema5.La apertura economica en colombia.pdf

Tema5.La apertura economica en colombia.pdf

• La prestación de servicios públicos y sociales, tradicionalmente en manos del Estado, se vio suplantada o ampliada con la apertura a los privados, buscando ampliar la oferta en cantidad y calidad en un contexto de eficiencia económica:

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Sistemas y procesos como Gobierno Central. Diseño e implementación de un modelo de Gestión Administrativa y Financiera como Gobierno Autónomo Descentralizado en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Cayambe

Sistemas y procesos como Gobierno Central. Diseño e implementación de un modelo de Gestión Administrativa y Financiera como Gobierno Autónomo Descentralizado en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Cayambe

Con fecha 30 de noviembre de 2009, se aprueba la Ordenanza de Integración al Gobierno Local y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Cantón Cayambe, Articulo 1.- “Constitución. Se constituye el Cuerpo de Bomberos de Cayambe como una institución técnica, parte del sistema de seguridad del cantón, integrada a la estructura del Gobierno Municipal del Cantón Cayambe, por el proceso de descentralización y como institución de derecho público, sin fines de lucro, con total autonomía administrativa, operativa y financiera, al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinada específicamente a defender a las personas y las propiedades, contra el fuego, socorrer en catástrofes o siniestros y efectuar acciones de salvamento, rigiéndose por las disposiciones de la ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento”.

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El procedimiento establecido en el art. 19 de la lógica para determinar el monto de la reparación económica por violación a los derechos constitucionales, y los principios de celeridad y simplicidad

El procedimiento establecido en el art. 19 de la lógica para determinar el monto de la reparación económica por violación a los derechos constitucionales, y los principios de celeridad y simplicidad

Revisados todos los temas dentro de la Biblioteca de Santo Domingo y CEDIC de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, con la finalidad de verificar si existe una tesis o proyecto de investigación respecto a “EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART. 19 DE LA LOGJCC PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, Y LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y SIMPLICIDAD”, se constata que no hay una investigación sobre este planteamiento, mas como antecedente se debe tener en cuenta las tesis en: la UNIVERSIDAD DE CUENCA de la FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES con el tema: “EL NEO CONSTITUCIONALISMO Y LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN” realizado por el señor LUIS ALBERTO ILLARES LUPERCIO, en el año 2010; en la UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS de la FACULTAD DE DERECHO con el tema “LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO INSTRUMENTO DE REPARACIÓN EN ACTOS COMETIDOS POR AUTORIDAD PÚBLICA NO JUDICIAL Y PARTICULARES” realizada por la señorita ANDREA ESTEFANÍA ABAD REVELO, en el año 2013; UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES con el tema “ LA REPARACIÓN ECONÓMICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN” realizada por el señor RICARDO JAVIER ENRÍQUEZ CARRERA en el año 2013, circunstancia que sirve para el desarrollo del presente trabajo de investigación, considerando que de existir otra tesis o investigación de este tema será con un enfoque muy diferente al que se planteará en el desarrollo de la tesis.

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